byFM De la Calle/22 junio, 2022/inArgentina, Judiciales, Lesa Humanidad, Noticias

“No podemos permanecer impávidos ante el avance del negacionismo”

El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Guillermo Torremare, declaró en la Megacausa Zona 5. Fue convocado por su investigación sobre el terrorismo de Estado en Tres Arroyos. En diálogo con FM De la Calle analizó los recientes fallos que beneficiaron a varios genocidas.

“Hemos intentando echar luz, las represiones son totales, abarcadoras, no solamente tienen que ver con un secuestro y con una privación de libertad o con una desaparición, lo cual es el grado máximo. Hemos tratado de demostrar cómo esas represiones son en todas las instituciones, cómo se colonizó el poder judicial, las organizaciones de la sociedad civil, la CGT”, afirmó.

El abogado puso como ejemplo el registro de “testimonios de las y los bibliotecarios de la época que nos decían qué libros no podían estar en las bibliotecas públicas y, más allá de lo que es realmente traumático que tiene que ver con los secuestros y desapariciones, finalmente con todo el manto de silencio que hay sobre ellos”.

“Terminé leyendo la carta que en el año 78 el padre de un secuestrado le manda al almirante Massera, donde le dice que quiere saber, ya no le importa más nada, si está vivo o muerto, quién lo mató, quiere saber qué es de su hijo. Esa incertidumbre que ha hecho que miles de personas mueran sin saber cuál ha sido el destino y que tiene que ver con los 400 niños y niñas que viven entre nosotros con una identidad cambiada porque fueron apropiados”, comentó respecto al caso de Carlos Rivada y Beatriz Loperena.

Torremare es coautor, junto con Andrés Vergnano, del libro “22 los tresarroyenses desaparecidos”. Recordó que su investigación comenzó en 1998 con la “idea de que eran entre 9 y 10. Terminamos la investigación 3 años después con la claridad de que eran 22. Hoy sabemos que son 26 porque no todo el mundo denuncia en el momento que a uno le parece oportuno sino que las denuncias se hacen cuando se puede, hechos que aparecen por el entrecruzamiento de datos, esta historia es memoria viva”.

“Por eso hay que trabajar permanentemente en este tema, esto tiene que ser cotidiano. Esperamos que desde la currículas escolares sea un tema de trabajo permanente con los y las jóvenes. Todavía falta mucho en ese sentido, recorremos escuelas como militantes de derechos humanos y falta información, nos sorprendemos de que no se sabe mucho de todo lo que pasó. Si no se sabe esto que pasó se hace lugar al negacionismo, si el negacionismo gana esto vuelve a ocurrir pasado mañana”.

En cuanto al avance del negacionismo, Torremare sostuvo que “hay posiciones diferentes sobre si penalizarlo o no, cuándo, cómo, con qué penas, a quiénes. Es un debate que tenemos que darnos. No podemos permitir permanecer impávidos ante la avanzada negacionista en Argentina”.

Por otra parte, ante el planteo que abogados/as de represores hicieron ante la Cámara de Casación respecto a una supuesta discriminación, afirmó que “en cada querella en la que participamos planteamos que las sanciones a prisión tienen que ser en cárceles a cumplir, el único lugar para los genocidas es en la cárcel común”.

“Repudiamos estas decisiones judiciales de otorgar prisiones domiciliarias cuando no están dadas las condiciones de necesidad para eso. Si me dice fulano está preso y se deprime porque está preso, y bueno, es obvio que se va a deprimir. La prisión domiciliaria es para cuando es imposible que una persona detenida pueda continuar viviendo dentro del sistema penitenciario. Esto no se verifica en estos casos. Es un privilegio que el Poder Judicial -al que venimos criticando duramente- está dando”.

“Se quejan de que se encuentran en situación de mayor discriminación y maltrato que cualquier persona en conflicto con la ley penal, cuando uno ve que la mayoría de condenados por crímenes de lesa humanidad la están pasando en domiciliaria se da cuenta que no es así, que los privilegiados son ellos. Plantean que se están haciendo juicios a débiles ancianos por hechos de hace más de 40 años. No se dice que en Argentina existieron más de 15 años de la más absoluta impunidad, que estos juicios debería haberse llevado a cabo a partir de 1984 y no de 2006. Nos gustaría tener un debate donde podamos poner estas cosas de manifiesto para que nadie se sienta engañado”.

Días atrás un fallo de la Casación ordenó la reapertura de la causa que investiga la bomba colocada por Montoneros en la Superintendencia de Seguridad Federal.

Torremare explicó que “entramos en otro debate que es cuándo algo de lesa humanidad y no está prescripto o cuándo estamos ante delitos comunes. En estos casos tenemos la certeza de que estamos ante delitos comunes y, por lo tanto, están prescriptos. Lo que parecería es que el Poder Judicial tiende a querer congraciarse con sectores de la sociedad que enarbolan esta teoría de los dos demonios que está hoy claramente superada”.

El titular de la APDH, detalló que “para que sea lesa humanidad necesitamos que sea un ataque sistemático contra la sociedad civil, hecho por quien detenta el poder del Estado o tiene poder territorial. Imaginemos que soy parte de la organización armada insurrecta que domina una provincia determinada, si tengo el poder real sobre esa provincia, manejo las fuerzas, puedo cometer delitos de lesa aunque no sea el Estado. Además, tiene que ser parte de un ataque sistemático, planificado contra población civil. Se tienen que dar esas tres cosas juntas para estar frente a delitos de lesa humanidad, lo dice el Estatuto de Roma que es la norma jurídica que hace a la calificación legal”.