Desaparición de Facundo: la jueza rechazó las detenciones

La jueza federal María Gabriel Marrón desestimó el pedido de detención de cuatro efectivos de la Policía Bonaerense solicitados por la querella que impulsa la madre de Facundo Castro Astudillo.

“El fiscal, fundadamente, no acompañó a la querella, por lo tanto no hay requerimiento de instrucción que habilite la acción penal y por ende la producción del acto jurisdiccional (detenciones)”, resolvió.

Marrón compartió los argumentos del fiscal Ulpiano Martínez en relación a Alberto González y Siomara Flores, difundidos este fin de semana en un comunicado oficial.

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“La evidencia comprueba prima facie la geolocalización de los nombrados en ocasión de tomar contacto con la víctima Facundo José Astudillo Castro y lo ocurrido en dichas oportunidades, siendo sus narraciones coherentes y contestes entre sí. Al mismo tiempo que resultan compatibles con los informes y pericias de los teléfonos celulares de todos los sujetos involucrados, los informes y la pericia del móvil policial conducido por González, la documentación aportada, y los otros testimonios receptados, entre otros elementos de prueba”, escribió.

Para la jueza, “–al menos, de momento-, no hay fundamento suficiente para dudar de los testigos señalados, no obstante la facultad de los representantes de la víctima de recurrir la decisión ante el tribunal superior”.

En cuanto a Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhinca, se remitió al rechazo al pedido de detención realizado por el propio fiscal, “sin perjuicio de lo que resulte del avance de la pesquisa”.

Cabe destacar que, en una segunda recusación contra Martínez, tanto Cristina Castro como la Comisión Provincial por la Memoria el plenteó del fiscal estaba “condenado al fracaso de antemano”.

“Se constatan pedidos de imputaciones y detenciones lo suficientemente endebles, como en el caso de los agentes policiales Curruhinca y Sosa, y que por tanto hallaron el rechazo como destino. Tal precedente negativo signó, ante pruebas sobrevinientes, su alejamiento de la posibilidad de imputar y detener personas sospechadas de participación, como en el caso de los cuatro agentes policiales con evidencias notorias”, afirmaron Adolfo Pérez Esquivel y el equipo jurídico del organismo.