Elevan a juicio a Montezanti por su participación en la Triple A
El Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca elevó a juicio la investigación seguida contra Néstor Luis Montezanti por su participación en el grupo paraestatal que actuó en Bahía Blanca y a la que se le atribuye la comisión de 24 homicidios entre los años 1974 y 1975.
Además, la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, encabezada por el fiscal Miguel Ángel Palazzani solicitó este miércoles la elevación a juicio de la investigación seguida contra el exmilitar Roberto Carlos Brunello por la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de 42 víctimas.
Montezanti se desempeñó como presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad hasta el 2016, cuando fue acusado como autor de los delitos de lesa humanidad de asociación ilícita en concurso real e intimidación pública.
La existencia de la asociación ilícita fue reconocida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense en la sentencia dictada en la causa “Triple A” en 2021. Allí fueron condenados otros 4 integrantes.
En lo que concierne al delito de intimidación pública, Montezanti deberá responder sobre la ocupación armada de las instalaciones de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) entre agosto y noviembre de 1974. Hubo testimonios de estudiantes que lo vieron junto a otras personas armadas, también pertenecientes al grupo.
Además, en 1975 en la Universidad Nacional del Sur, tres miembros de la asociación ilícita asesinaron al estudiante David Hover Cilleruelo.
Por ese homicidio, uno de los autores, Jorge Argibay, designó a Montezanti como su abogado de confianza. Siendo ese uno de los tantos vínculos que fiscalía reconstruyó entre el acusado y otros miembros del grupo paraestatal.
En este camino, la fiscalía analizó la continuidad de Montezanti en la Triple A hasta su incorporación formal como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 de Bahía Blanca entre los años 1980 y 1982.
Montezanti fue imputado en 2015 e indagado por primera vez en 2018, luego de renunciar como juez de la Cámara Federal bahiense. Hasta ese año, no había acatado las citaciones, por lo que se declaró su rebeldía y prohibición de salida del país.
Finalmente fue procesado en 2020 en orden a los delitos por los que ahora es elevado a juicio oral.