“Hay una gran demanda, interés y consenso político en la extracción del litio”

Castillo Díaz estuvo presente en San Salvador el día siguiente a que el pueblo jujeño se anoticiara de la aprobación de la modificación parcial del texto constitucional de la provincia.

“Fue aprobada en menos de un mes, es un tiempo muy corto para los temas que se abordan en una reforma constitucional de esa índole”, añadió.

La letrada refirió que el tema del litio es “muy sensible” porque “viene fogoneado desde el plan internacional, hoy tanto Europa como Norteamérica están en una pugna feroz por el control de esta cadena de suministros de estos minerales que se llaman críticos como el litio para la transición energética”.

En ese camino, explicó que hay una gran necesidad de acceder a minerales en una competencia por la producción de baterías especialmente en el escenario de guerra y crisis energética en Europa.

“Hay una necesidad local de acceder a divisas y es muy flexible el modo en el que se conceden las autorizaciones para extraer estos minerales con la búsqueda de que ingresen estas divisas y ahí vemos como un factor común una vulneración de los derechos humanos de las comunidades indígenas”.

Desbalance hídrico

Castillo Díaz detalló que abajo de los salares hay agua, de allí se extraen millones para la extracción de litio, lo que genera un desequilibrio hídrico que produce una afectación de la disponibilidad del recurso vital para la región -donde las lluvias son escasas- y al modo de vida de originarios y originarias.

“Hoy tenemos 40 proyectos mineros en el país en distintos grados de avance, operando hay 2, pero hay anuncios de proyectos que vienen y proyectos que se expanden. El tema es que no se hacen estudios del impacto ambiental de estos proyectos que miren cuál es el impacto acumulado en el agua o en el ecosistema en general”.

Sin embargo, continúan avanzando “sin saber si el agua va a aguantar o qué puede pasar”.

“Hay una gran demanda, un interés y un consenso político en la extracción del litio más allá de los colores partidarios y eso en el territorio se vive con mucha angustia”, relató la abogada.

“Se avanza en estos acuerdos sin resguardo de las comunidades y la ciudadanía en general. No se llevan adecuados procesos de consulta libre, previa e informada con las comunidades indígenas ni tampoco se cumple con el acceso a la información o la participación con los procesos de evaluación de impacto ambiental”, detalló.

“Huella de sal” y otros procesos de consulta que no se respetan

La especialista expresó que hay una gran cantidad de herramientas vinculados a los procesos de evaluación y de consulta que incluyen protocolos propios elaborados por indígenas como el que se llama “Huella de sal”, donde ellos establecen cómo deben ser consultados.

Un ejemplo es el Kachi Yupi, un procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado para las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc.

“Hay un convenio internacional que es el Convenio 169 de la OIT, que establece que las comunidades deben ser consultadas de buena fe de acuerdo a sus tiempos y a su institucionalidad”, detalló Castillo Díaz.

El artículo 4 del convenio establece que deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

“Las comunidades indígenas, que están en la primera línea de defensa del ambiente son las más agredidas”.

Especificó que “debe ser el Estado quien lleve adelante ese proceso y no las empresas”, y quien cumplimente las leyes ya vigentes y acuerdos que tienen más jerarquía que las provincias -dueñas de los minerales dentro de los límites del territorio-.