(Por Giuliana Crucianelli) La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se aprobó el 29 de diciembre pasado y se reglamentó el 15 de enero. Sin embargo, el aborto por causales ya era legal desde su incorporación en el Código Penal hace cien años. Ahora bien, ¿desde dónde partimos? ¿Qué trabajo se venía haciendo en Bahía y la región con lo que ya era ley? ¿Qué posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo, estipulada por el CP, había hasta la aprobación de la ley?

En el 2012 la Corte Suprema reinterpretó el marco normativo y precisó el alcance del aborto no punible o ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Puso fin a la incertidumbre relacionada con el alcance del artículo 86 del CP en tanto ‘algunas instancias judiciales han entendido que éste sólo se aplica respecto de la víctima de una violación que poseyera alguna discapacidad mental, criterio que llevaba a que la cuestión se judicializara a lo largo del país con resultados adversos y, en algunos casos, con riesgo a la realización del aborto o a la salud de la madre’.

Sabemos que por más de avanzada que sea la ley, si no se lleva a la práctica es letra muerta. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires realizó el primer informe (en CIEN años) de gestión de la ILE, durante el primer semestre del 2020. Hasta entonces no existían registros ni datos oficiales sobre la interrupción del embarazo sistematizados y confiables, necesarios para la toma de decisiones y el monitoreo de la política pública. Por lo tanto, no era posible establecer la cantidad de ILEs que se realizaban en la PBA.

Región Sanitaria

En la Región Sanitaria 1, que comprende 15 municipios, quienes hasta la aprobación de la ley contaban con equipos de ILE, eran tan solo cinco: Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Coronel Rosales y Adolfo González Chávez.

“En aquellos municipios donde no hay equipos se cuenta con derivación al (Hospital) Penna y llegan las demandas del 0800 de salud sexual para poder coordinar el acceso a esa práctica. Llega una solicitud por mail, me contacto con la persona y en el caso que no pueda trasladarse a Bahía coordinamos con el Municipio para que le garantice el acceso al viaje”, señaló a FM De la Calle, Mariana Rubio, referenta regional del Programa de Salud Sexual y reproductiva del Ministerio de Salud provincial.

En abril y mayo del corriente año las demandas de ILE a nivel provincial superaron las 500 secuencias mensuales. “La duplicación de casos en el primer semestre de este año corresponde entre otros motivos con el ASPO”, señalan en el informe.

¿Qué pasa en Bahía?

En lo regional, se estima que se realizan 50 interrupciones legales del embarazo al mes. La mitad o más corresponden a Bahía.

“Desde el primer nivel de atención, en varias Unidades Sanitarias hay equipos que garantizan el acceso hasta la semana 12. En el Hospital Penna desde la semana 12 hasta la 19 se está atendiendo la demanda (para abortos no punibles no hay límite de edad gestacional). En el Penna se atiende a las mujeres de municipios que no cuentan con equipos de ILE. El Hospital Municipal no cuenta con equipo para garantizar la ILE”, destacó Rubio.

Según el informe del Ministerio “del total de interrupciones legales de embarazo registradas en la provincia, el 57% se realizaron en el primer nivel de atención, en su mayoría en Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS); mientras que el 40% en el segundo nivel, principalmente en hospitales provinciales”.

“En Bahía, antes de la pandemia había 56 unidades sanitarias funcionando, se redujeron para efectivizar la atención, pese a que en la red somos 30 efectores, son 15 unidades en las que funcionamos. Eso significa que una persona tenga que cruzar la ciudad para dar con alguien que garantice el derecho. La mayor parte de las ILE se garantizan en el primer nivel, sin embargo, en unidades sanitarias solo el 10% de efectores lo garantizamos. Esto sobrecarga al personal y genera barreras. Estamos esperando que la Secretaría de Salud dé una respuesta, generando una sensibilización al personal de la salud», destacó la médica e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, Belén Ferro Moreno.

Según Gabriel Peluffo, director del Hospital Penna “se trabaja en forma coordinada con la US. Se está cumpliendo lo que la ley propone, no hemos tenido grandes problemas con lo que marca la ley”.

Misoprostol

Desde el Colegio de Farmacéuticos señalaron en FM De la Calle que el precio del Misoprostol, medicación utilizada hasta la semana 14 para procedimientos ambulatorios, depende de la marca y del laboratorio. Actualmente se consiguen dos en nuestra ciudad: Oxaprost y Misop 200. Se venden bajo receta archivada, como los psicofármacos, y cuestan por encima de los 7 mil pesos la caja de 12 comprimidos.

En tanto, en el sistema de salud público, Mariana Rubio informó que “el Misoprostol viene directamente desde la provincia y el Penna recibe exclusivamente para su uso, y en Región Sanitaria hay para los municipios. A partir de marzo la provincia comenzó a garantizar la compra del Misoprostol y la distribución. El insumo esta garantizado desde allí para todos los municipios”.

Abortar acompañada de redes y organizaciones feministas

Sin embargo, por fuera del sistema de salud, también se aborta. Las Socorristas en Red contabilizaron del 1/1/2020 al 27/12/2020, 475 acompañamientos.

De esos datos se desprenden que “el 76% manifiesta haber sufrido algún tipo de violencia siendo la emocional y física las de mayores porcentajes.”

De las personas que abortaron con Socorristas “el 63% tienen hijxs. El 36% tiene trabajo formal, mientras que el 24 % trabajo informal y el resto (40%) no tiene trabajo”

La conquista de un derecho elemental para la autonomía de los cuerpos como lo fue la sanción de la Ley de IVE es un logro trascendental y ejemplificador en toda América Latina. Sin embargo, no hay que perder de vista la realidad a la que nos enfrentamos, desde dónde partimos y el trabajo que todavía resta hacer.

Será un nueva tarea de organización y pedagogía feministas poner las redes a rodar para supervisar, señalar y reclamar, cuando haga falta, la correcta implantación de la ley: sin dilaciones, sin maltrato, sin revictimización y como insistimos hace más de 30 años. Nos lo deben, nos lo merecemos.