Megacausa Zona 5: “La violencia sexual fue dirigida a las víctimas para su quebrantamiento moral”
Semanas atrás la querella de de H.I.J.O.S. y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de la dra. Mónica Fernández Avello, amplió la acusación por delitos sexuales e hijos/as de personas secuestradas como víctimas directas. En el mismo sentido la fiscalía se plegó a las imputaciones y las defensas las rechazaron. Resta la resolución del Tribunal.
Avello, en su exposición, avanzó en considerar a hijos e hijas de personas detenidas y secuestradas como víctimas directas del terrorismo de Estado. Y además amplio el requerimiento por 8 casos de delitos sexuales en cautiverio, “por primera vez se van a incluir cuatro denuncias de hombres, dos de ellos pertenecientes a disidencias sexuales”.
Por su parte, la fiscalía adhirió a lo planteado por la querella: “Entendemos que estos hechos, con la privación de la libertad y abandono de los hijos de las víctimas, forman parte de esta violencia, los niños y niñas violentados lo fueron en el secuestro de sus padres y de irrupción violenta en los domicilios. No se modificaron los casos descriptos sino que agregaron precisiones sobre esta modalidad desarrollada”.
En relación a los delitos de abuso sexual, la fiscalía agregó otras 3 víctimas que estuvieron detenidas en la Unidad Penal 4. “Hay una serie de hechos que -a diferencia de los anteriores- se conocieron durante el debate, que conforman un pedido de ampliación de la imputación”.
“La violencia fue ejecutada por los mismos agentes que ejecutaron la privación ilegal de la libertad, tuvo lugar durante el transcurso de los secuestros y formaba parte del mismo plan criminal sistemático. Esta violencia se inserta en el conjunto de prácticas dirigidas a las víctimas para su quebrantamiento moral en el régimen de deshumanización a las que fueron sometidas por lo que hablamos de delito continuado y agravaciones de relaciones de sometimiento”, señaló Pablo Fermento.
Las defensas se plegaron a lo dicho por la abogada oficial Cintia Bonavento: “Solicitamos la desestimación del requerimiento de la parte acusatoria. No se trata de hechos que surgieron en este debate, ya eran conocidos por la fiscalía. Si se permite que ahora se amplíen los requerimientos se habilita una nueva oportunidad para que la acusación corrija sus errores u olvidos en el momento de la etapa acusatoria”.
El defensor Marcelo Llambías acotó que “el carácter finito de la existencia humana no solamente perjudica a la víctima. En la audiencia de jueves pasado hubiera contado el testimonio de Abel Carlos Balda y de la madrina del primogénito de Cabezón que estaba presente el día de su nacimiento. Estos fueron ofrecidos hace 4 años y lamentablemente han fallecido, lo cual afectó la defensa material, matemáticamente la afectó en un 40%, una suerte de indefensión biológica. El mismo padecimiento que sufren las víctimas la sufre el imputado al impedírsele ser juzgado en un plazo razonable. Esta causa se inició en el año 2007, 16 años atrás”.
Marcelo Ganuza declaró en favor del imputado Claudio Kussman. Se conocieron en el mismo taller mecánico a donde llevaban sus motos. El testigo, quien ya había sido citado por la defensa de Juan Carlos Curzio en el Juicio Triple A, se refirió al secuestro y persecusión que padeció durante la dictadura aunque evitó responder a las preguntas de la Fiscalía al respecto.
“En diciembre del 79 me dijo el mecánico que me iban a matar. Es posible que este señor (Kussman) me haya salvado la vida. Un tipo que andaba en moto a la luz del día, paseando, no puede haber estado dentro del terrorismo de Estado”, dijo en referencia al ex bonaerense.
Claudio Kussman fue ex integrante de la Unidad Regional V de la policía provincial desde septiembre de 1975 hasta enero de 1980. Laura Manzo -secuestrada en 1975- testificó en relación a los abusos a los que fue sometida en el centro clandestino policial. Manzo pudo identificar a sus torturadores: Pedro Noel, Jesús Salinas y Claudio Kussman.
Audiencia 64
Este jueves se realizó una nueva audiencia en la cual declaró Jorge Daniel Elizondo, convocado por la defensa oficial. Fue conscripto de la banda del Batallón de Comunicaciones 181. Señaló que tuvieron solo adiestramiento musical y brindó precisiones sobre las guardias.
En 1977, durante un rastrillaje en el marco de una investiación sobre el robo de un fusíl, encontraron una escalera a un foso. “Había una puerta de madera con un pasador y había una habitación de material. Las paredes estaban escritas y una decía ‘presos por injusticia”, dijo. Además contó que otro colimba le comentó que en el gimnasio había mujeres detenidas a las que les tenían que dar de comer.
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— FM De la Calle (@FMdelaCalle) August 24, 2023
También prestó testimonio Norberto Rubén Bustamante quien afirmó que hizo el servicio militar en 1977 en el Batallón de Comunicaciones 181. Explicó su rol y las recorridas a las que los mandaban en los operativos.
Por último, el tribunal reprodujo la declaración del ex colimba del Batallón, Horacio Raúl Cianci, chofer y asistente del mayor Ibarra, jefe de la patota denominada «Equipo de Combate contra la Subversión».