A pocos días de cumplirse seis meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, tres amigues y compañeres de la cervecería donde trabajaba el joven de Pedro Luro hablaron con FM De la Calle.

El próximo viernes 30 una movilización a pie y en autos partirá a las 17 desde la Plaza Pablo González de Pedro Luro. En Bahía Blanca, la CTA realizará una marcha y caravana con puntos de encuentro a las 17:30 en Alem 1253 y a las 18 en Plaza Rivadavia.

El termómetro marcaba 31 grados. El sábado más caluroso de septiembre, a la hora de la siesta, se abre bajo un sol que raja la tierra el local en pleno centro de Luro. Afuera, unas típicas mesas con banquetas de madera. Adentro, detrás de unas cortinas, un salón con barra, paredes rojas, varios vinilos colgados en las paredes, un disco de “El Gitano” inmóvil arriba de la puerta que va al baño.

Kufa trabajaba en la bacha. Detrás de la puerta vaivén que va hacia la cocina quedó su delantal, sucio, tal y como lo dejó antes de irse la última noche. Sus amigues piensan enmarcarlo y colgarlo en la pared.

“Era técnico en casi todo”, dice Mailén y Celeste agrega que “siempre estaba para todo, por más que no tenía que hacerlo lo hacía”.

También hay, en un espacio pequeño al lado del lavamanos, un rincón en el que se halla una manzana del tamaño de un nuez con una vaquita de San Antonio. Es un amuleto muy parecido al que encontraron en el puesto policial de Origone y que Facundo llevaba siempre consigo.

“Cuando me enteré de lo que estaba pasando fue algo doloroso, raro de él porque siempre estaba por todo el pueblo, lo veías a las cinco de la tarde en un barrio y a las ocho de la noche en otro, era raro que nadie lo viera. No era de irse de la nada, si bien salía a dedo para Bahía no iba a desaparecer sin comunicarse”, cuenta Sandro con quien se conocían de chicos y después de varios años volvieron a reencontrarse en “Turmalina”.

Entre todes tienen un grupo de WhatsApp en el cual organizaban la búsqueda de Kufa. Ahora lo usan para difundir novedades en torno a la causa, se avisan cuando salen, cuando vuelven, si ya llegaron, si ven algún movimiento raro.

“Siento miedo, mucho miedo. Si bien le tengo un cierto respeto a las autoridades, desde que pasó esto, cuando pasa un patrullero algo me pasa en el cuerpo, mucho miedo y bronca. De acá salimos tarde, dos, tres de la mañana. Primero estoy atenta a todo, si nos llega a pasar algo tener pruebas, vi unas lucecitas y no te explico el terror que me dio pensar que era la policía”, comenta Mailén.

Para Celeste “es una sensación rara. Dicen ‘bueno si te pasa algo lo primero que llamás es a la policía’. Si me pasa algo lo pienso, no se si llamaría”. 

“Queremos que se haga justicia y que paguen quienes tengan que pagar, que la gente no se quede dormida y no se calle”, pide Mailén.

(Por Comisión Provincial por la Memoria) La jueza federal de Bahía Blanca Gabriela Marrón rechazó una gran cantidad de medidas pertinentes de pruebas que solicitaron los fiscales y las querellas de la causa Facundo Astudillo Castro. La decisión se funda en una arbitraria y antojadiza interpretación de la prueba y expresa claramente una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo. Ante la gravedad institucional de este hecho, el Estado tiene la obligación de realizar una investigación profunda, expeditiva y eficaz; sin embargo, la actitud de la jueza Marrón es diametralmente opuesta y de seguir este camino, sólo será garantía de impunidad.

Con las pruebas que existen en la causa Facundo Astudillo Castro, la hipótesis más robusta sigue siendo la desaparición forzada seguida de muerte. Esta valoración es compartida por la querella familiar, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -querella institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura- y los fiscales Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia.

Sobre la base de ese material probatorio, los fiscales pidieron una serie de nuevas medidas de prueba; entre ellas, el secuestro de los teléfonos celulares de los policías superiores de los agentes vinculados a la investigación y el allanamiento de destacamentos policiales donde se encontraron objetos pertenecientes a Facundo Astudillo Castro.

A pesar de la enorme pertinencia de este pedido, fundado en pruebas ya existentes en el expediente, la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón rechazó una gran parte las diligencias solicitadas por los fiscales y las querellas. La decisión será apelada ante la Cámara Federal, sin embargo la actitud de la jueza pone en peligro el curso de la causa y es casi una declaración de sentencia que sólo será garantía de impunidad.

Cuando se investiga delitos de gravedad institucional, como la desaparición forzada de personas, las recomendaciones internacionales y las reglas y principios procesales de la normativa nacional obligan a las y los funcionarios judiciales a adoptar medidas que promuevan una investigación profunda, expeditiva, eficaz y respetuosa de las víctimas. Todo lo contrario a lo que está haciendo la jueza Marrón.

La decisión de rechazar masivamente las medidas de prueba se fundan en una temprana valoración que arrojará un solo resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo. Una decisión parcial y antojadiza que no se ajusta a las reglas de fundamentación de las decisiones jurisdiccionales. Más grave aún, denegar las peticiones probatorias de los fiscales, tiende a establecer una peligrosa brecha entre la verdad material y la verdad judicial.

Contrariamente a lo que quiere suponer la jueza Marrón, hacer lugar a estas medidas de prueba de ninguna manera significa desconocer el principio de inocencia. En cambio, rechazar las medidas como hizo, sí es una falta institucional grave: la debida diligencia le impone a la jueza, ante un conflicto de garantías constitucionales, la necesidad de preservar la investigación. Una vez más, con toda claridad, la decisión de la jueza parece estar adoptada en la voluntad de no investigar.

En la arbitrariedad de sus decisiones, insistimos todas tendientes a concluir la investigación sin llegar a la verdad, llega a cuestionar la palabra de Cristina Castro, la mamá de Facundo, víctima y querella de la causa. Y, fundamentalmente, se pronuncia extensamente para desacreditar el perito de parte, el adiestrador canino Marcos Herrero.

De esta manera, busca restar valor a dos pruebas claves de la causa: el amuleto hallado en el puesto de vigilancia de Teniente Origone y un pedazo de turmalina encontrado en un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca, el mismo que el 8 de mayo, sin razón alguna y alejado decenas de kilómetros de su radio de circulación, estuvo en la zona donde posteriormente fueron hallados los restos de Facundo. Según la información brindada por la empresa Megatrans, prestataria del monitoreo del servicio AVL, el móvil se geolocalizó durante aproximadamente tres horas (entre las 12 y 15:45) en diverso puntos del cangrejal, llegando a estar a sólo 800 metros del lugar del hallazgo del cuerpo esqueletizado.

Los argumentos para desacreditar los peritajes recaen en tantas irregularidades y contradicciones que resulta difícil de explicar y mucho más difícil de entender: por un lado, invalida el hallazgo de estos objetos sin cuestionar las actas de allanamiento y registros, y sin poner en duda a los funcionarios actuantes de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y los testigos. Por otro lado: si como ella sostiene fuera imposible encontrar rastros 72 horas después de la desaparición de una persona, ¿por qué ordenó y avaló el peritaje en su momento? Una verdadera sinrazón.

Más aún, en el transcurso de la causa, la policía bonaerense cometió una serie de delitos e irregularidades que no se explican si no es para encubrir hechos y desviar la investigación: allanaron el domicilio de la ex pareja de Facundo sin orden judicial; amenazaron, hostigaron y pretendieron imputar al ex-cuñado de Facundo; persiguieron y atemorizaron a testigos, abogados y familiares y presentaron testigos falsos o que declararon sin informar que eran policías. Una maquinaria policial puesta al servicio de generar impunidad.

A pesar de reconocer la historia de hechos de violencia institucional, la jueza parece desconocer la verdadera complejidad de estos procesos en donde se sospecha la intervención de una fuerza de seguridad. La falta de voluntad de investigar y la demora en las medidas de pruebas sólo atenta contra la verdad, la justicia y la reparación.

El Estado argentino se comprometió ante los organismos internacionales a investigar y juzgar los delitos de gravedad institucional; incluso en este caso, a partir de una presentación de la CPM, interviene el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. La jueza federal Gabriela Marrón debe estar a la altura de esta responsabilidad; y si no lo está, entonces deberá el Estado encontrar el camino institucional para garantizar que la investigación continúe hasta llegar a la verdad.

La jueza Gabriela Marrón rechazó allanar el destacamento policial de Teniente Origone y la comisaría de Cerri y secuestrar los teléfonos celulares de decenas de efectivos vinculados a la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro.

Las medidas habían sido solicitadas por los fiscales Horacio Azzolín y Andrés Heim con la intención de reconstruir la jornada del 30 de abril y, si se determinase que el joven no falleció ese día, conocer con quiénes se comunicó y en qué lugares habría estado. También investigan si intervinieron terceras personas en su deceso, “lo que -destacaron- no fue establecido en el informe pericial remitido por el EAAF”.

Marrón dedica su fallo a excusar a los policías implicados y a atacar al perito de la querella, Marcos Herrero, a quien pretende que se investigue por los hallazgos de su perro. Por otra parte, acusa a Heim y Azzolín de no buscar la verdad sino “solamente a compeler la responsabilidad policial en el evento”.

La resolución puede ser apelada ante la Cámara Federal. Las querellas analizan recusar a Marrón.

La jueza sí ordenó que el policía Alberto González presente su libreta personal, en la cual registró los datos de Facundo aunque aparece “información antedatada” sobre la Testigo H. De no cumplirse voluntariamente será la Gendarmería la encargada de hacerlo.

Por otra parte, ordenó al Municipio de Villarino que entregue la información de todas las lectoras de patentes cercanas al puesto de control fitosanitario con el registro de los vehículos que pasaron del 30 de abril hasta el 8 de mayo. En la causa hay tres versiones: una planilla incompleta aportada por Senasa y dos versiones recortadas y “disímiles” entregadas por funcionarios municipales.

Aceptó, además, el pedido de información a las empresas correspondientes respecto a la titularidad de cuentas de redes sociales y correos electrónicos que pertenecerían a varios policías.

“Una actuación sistematizada para entorpecer la investigación”

Los fiscales encontraron “comunicaciones sugestivas entre miembros de la policía y el borrado de otras” en el análisis efectuado por la DATIP sobre las extracciones forenses de algunos de los teléfonos secuestrados, junto a imágenes que “no tendrían anclaje en su versión de los hechos”.

Advirtieron que existen rastros con ADN compatible a Facundo “en el interior de un móvil policial en el que supuestamente no habría estado”, lo que se suma al hallazgo de su amuleto en la sede policial a la que pertenece dicho vehículo y que, a su vez, “tenía asignado un celular del que se borraron registros de comunicaciones”.

Mencionaron la piedra turmalina del colgante de Facundo encontrada en el baúl del patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca que reportó “movimientos, cuanto menos extraños”, que lo ubicaron cerca del lugar donde se encontró el cuerpo del joven.

Y agregaron que en el interior de la mochila de Facundo estaba el pantalón con el que se lo ve junto a Mario Sosa en la foto tomada por Jana Curuhinca la mañana del 30 de abril. Allí también había otras prendas “aparentemente dañadas”, su registro de conducir pero no su DNI y un cartel con la inscripción ‘Médanos’ que “no habría sido escrito por Astudillo”.

Estas son algunas de las pruebas que llevaron a Heim y Azzolín a reclamar que la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad entregue los teléfonos personales y oficiales de 46 agentes policiales de Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Teniente Origone, Médanos, Gral. Cerri y Bahía Blanca.

Horas después de conocer las conclusiones de la autopsia, escribieron: “En el particular contexto de actuación general de la policía de Villarino, (las diligencias solicitadas) permitirían analizar un esquema de actuación sistematizada, coordinada y organizada en torno a la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, aunque encaminada a entorpecer el curso de la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte”.

Los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, Andrés Heim y Horacio Azzolin informaron que contextualizarán los resultados de la autopsia sobre los restos de Facundo Castro con los demás elementos incorporados a la causa e informes de diferentes organismos cuya producción se encuentra en curso.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal participaron del acto en el que se notificó el informe integrado de los estudios periciales realizados al cuerpo hallado en Villarino Viejo y escucharon de primera mano el parecer de las y los peritos intervinientes.

Por la tarde la fiscalía mantuvo un nuevo encuentro con la mamá de Facundo, Cristina Castro Alaniz, y los abogados de la querella, en el que analizaron e intercambiaron opiniones y puntos de vista respecto de los resultados al que arribó el equipo interdisciplinario que llevó a cabo la autopsia sobre los restos de Facundo.

Asimismo, en el marco de la hipótesis de trabajo que constituye el objeto procesal de la causa, es decir, la posible desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, que motivara la intervención de la Justicia Federal, se acordó continuar y profundizar la pesquisa.

La autopsia fue realizada el 25 de agosto por integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Cuerpo Médico Forense (CMF), el CONICET, las universidades de Quilmes (UNQUI) y del Centro (UNICEN) y una perito de parte.

La fiscalía recibió con cautela los resultados volcados en el informe y expresó que serán valorados en conjunto con los demás elementos de la investigación sobre los que se están trabajando y otros que están pendientes, en especial los relativos al análisis de los teléfonos celulares secuestrados, del posicionamiento de los móviles policiales y de estudios oceanográficos que se van a realizar en la zona.

Fuente: fiscales.gob.ar

Uno de los policías de la localidad bonaerense de Mayor Buratovich que retuvo en la ruta a Facundo Astudillo Castro el día en que fue visto con vida por última vez recibió un mensaje a su celular de parte de otro efectivo de esa jurisdicción en el que le dijo “si se hace el pajero, que lo bajen”, informaron este domingo fuentes de las investigación.

“Mensaje recuperado de un policía (si se ase el pajero vajalo –sic-) asesinos hijos de p—a”, publicó esta tarde en su cuenta de Twitter Cristina Castro, la madre de la víctima, aunque la mujer no dio precisiones sobre el emisor ni el receptor de ese mensaje.

Leandro Aparicio, uno de los letrados que representa a la madre de Facundo, confirmó a Télam la existencia de esa frase recuperada a través del análisis de las comunicaciones entre los policías investigados pero también se excusó de brindar mayores detalles para preservar el avance de la pesquisa.

Mensaje recuperado de un policia ( si se ase el pajero vajalo) asesinos hijos de p—a pic.twitter.com/bZAZEWsNsH

— Cristina Castro (@Cristin96056904) September 27, 2020

Sin embargo, una fuente de la investigación explicó a Télam que ese mensaje fue recibido por el oficial Mario Sosa cuando se encontraba en la ruta el 30 de abril último, (día en que desapareció Facundo), alrededor de las 10.11 y luego de hacer una consulta a la Subestación Comunal de Buratovich.

De acuerdo a la investigación, Sosa y la oficial Jana Curuhinca fueron los dos efectivos que retuvieron al joven cuando transitaba por la ruta hacia la ciudad de Bahía Blanca aunque ellos afirmaron que luego de infraccionarlo por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) lo dejaron seguir.

Según la fuente consultada, a partir del análisis de las comunicaciones que realizó Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración, cuando los efectivos que estaban en la ruta consultaron a la Subestación, una oficial que se encontraba allí le mandó luego un mensaje a Sosa en el que le indicó que otro oficial pedía que le pasaran a él “los datos completos y la foto” y un segundo en el que señaló “y si se hace el pajero que lo bajen”.

Mientras que Sosa, estando el móvil aún detenido en la ruta, le respondió minutos después con un “dale”.

Fuente: Télam.