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En el marco de la investigación por las causas de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, los fiscales Horacio Azzolin y Andrés Heim recusaron a la jueza María Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca por considerar que había perdido la imparcialidad que debe tener como jueza del caso.

Los fiscales solicitaron, además, se declare la nulidad de la decisión de la jueza de ordenar de oficio una medida de prueba por considerarla una intromisión en las facultades privativas de los fiscales, con un fundamento aparente y a pesar de otras diligencias de prueba que se están realizando en un sentido similar.

En el marco de la instrucción delegada que tienen los fiscales se han dispuesto una serie de medidas de prueba que buscan despejar interrogantes relacionados con diversas circunstancias de la causa entre las que se encuentran las razones por las cuales el cuerpo de Facundo Astudillo Castro fue hallado en el estuario de Bahía Blanca.

Entre esas diligencias, el 23 de octubre pasado se ordenó realizar un estudio de mareas sobre el estuario durante el período comprendido entre el 30 de abril y el 12 de septiembre, con el objetivo de determinar, entre otras cosas, la altura que tuvo la marea en los lugares donde fue hallado el cuerpo de la víctima, en donde fue hallada su mochila y donde, según el GPS, reportó un móvil policial. El estudio se encomendó al el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET) y al Servicio de Hidrografía Naval (SHN).

El 2 de febrero de pasado el IADO-CONICET, el SHN y el Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida – CERZOS (CONICET/UNS), acompañaron un informe titulado “Análisis de los niveles de inundación por marea en la zona interna del Canal Principal de Bahía Blanca”. Los fiscales consideraron que el estudio no se correspondía a la totalidad de los puntos del peritaje y que presentaba irregularidades formales, razón por la cual el 5 de febrero decidieron solicitar a los peritos que subsanen estas cuestiones y presenten un nuevo informe.

El mismo día en que se presentara el informe referido, en nombre del IADO se presentó también otro documento titulado “Análisis de la situación en el campo con relación al caso Coirón N° 46030/2020 – FBB 8640/2020”. A criterio de los fiscales el documento era inusual: un integrante de una de las instituciones que debían hacer el peritaje había decido presentar un informe en el que se reflejaba un estudio de campo realizado sin autorización de los investigadores ni control de las partes. El trabajo, además, sostenía hipótesis y arribaba a conclusiones que no se le habían solicitado sin contar con todos los elementos del caso.

Los fiscales resolvieron devolver el informe, recordándole al firmante que su actuación se debe ajustar a las directivas encomendadas expresamente. En ese mismo contexto, la jueza María Gabriela Marrón intimó a los fiscales a subir al sistema de gestión Lex100 el informe del IADO ordenado por esta parte, cosa que se hizo. Se excluyó, desde luego, el informe no ordenado y devuelto.

Sorpresivamente para los fiscales, el 10 de febrero la jueza Marrón dispuso ordenar al IADO un estudio de campo sobre el estuario de Bahía Blanca, argumentando que era complementario de la autopsia que ella había ordenado. Invocó como cita legal el instituto de las “medidas para mejor proveer” y consideró que eso no implicaba reasumir la instrucción del caso, cuya instrucción se encuentra delegada en el Ministerio Público Fiscal en función de lo previsto en el artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.

Azzolin y Heim consideraron que esta última decisión era nula y así lo solicitaron. En su presentación indicaron que en el marco de la instrucción delegada le está vedado a los jueces adoptar medidas de oficio, ya que las mismas afectan la independencia del Ministerio Público, conforme el artículo 120 de la Constitución Nacional, y violan el debido proceso. Valoraron además que la fundamentación era aparente, ya que el instituto de “medidas para mejor proveer” está previsto para otro proceso (el civil y comercial), para otra etapa del proceso (el plenario) y para otros presupuestos (hechos contradictorios) y, por eso, inaplicable al proceso penal. Consideraron además equivocada la mención a que la decisión no implicaba reasumir la instrucción del sumario; por el contrario, entendieron que cuando un juez actúa de esa forma esta, en los hechos, tomando a su cargo la investigación del caso.

Además de nula, los fiscales consideraron que la decisión de la jueza de forzar la realización de ese estudio, que no había sido ordenada inmediatamente después de la devolución del informe, implicaba cristalizar su postura sobre el caso, que había insinuado previamente, y que se traduce en que Facundo Astudillo Castro falleció ahogado accidentalmente en el estuario de Bahía Blanca el cual habría pretendido cruzar a pie. Los fiscales indicaron que esto implica perder la imparcialidad debida a todos los jueces y por eso solicitaron su apartamiento.

Azzolin y Heim, titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), respectivamente, firmantes del pedido de recusación, fueron designados el pasado 28 de agosto de 2020 -mediante la Resolución PGN 197/20– para intervenir en la investigación  en forma conjunta o alternada con el fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez.

(Por Adriana Meyer – Ojos Vendados) Tras un análisis minucioso de los elementos forenses de todo el expediente que ubican a Facundo en vida y luego de su desaparición, así como del hallazgo y posterior autopsia del cuerpo, la médica forense y criminóloga Virginia Creimer como perita de la familia Castro concluyó que esa investigación fue «ineficaz, ineficiente, tardía y defectuosa», y que por lo tanto quedan abiertos los interrogantes principales sobre lo sucedido. «Hay preguntas que desde el 30 de abril de 2020 se hacen Cristina Castro, el resto de su familia y buena parte de la sociedad, pero aún no han sido respondidas fehacientemente por el Estado: ¿Qué pasó con Facundo Astudillo Castro? ¿Cuándo murió? ¿Dónde murió? ¿Qué hechos y circunstancias ocasionaron su muerte violenta por asfixia por sumersión? ¿Qué hechos y circunstancias llevaron a que, con excepción de una de sus zapatillas, casi todas sus pertenencias aparecieran en diversos momentos y lugares, tan disímiles como un calabozo y un patrullero de Origone, un patrullero de Bahía Blanca y otra zona del cangrejal de Villarino Viejo?», se preguntó la perita Creimer.

Resulta que «de las 15 especies de diatomeas que aparecieron en la médula ósea de Facundo solo cinco coinciden con la toma de agua del lugar donde fue encontrado el cadáver». Por lo tanto, entre las medidas de prueba que el juzgado se niega a proveer, está el «análisis del agua de las dependencias policiales» por donde habría pasado el joven. La experta puso de manifiesto la insistencia del resto de los peritos que participaron en la autopsia para descartar lesiones en vida, y luego así aventurar que no hubo terceras personas en la escena del crimen. Pero la paradoja es que si no hubo lesiones vitales tampoco pudo haberse tratado de un «accidente».

El peritaje de Creimer indicó que la custodia del cuerpo y la ropa de Facundo no debió estar a cargo de una fuerza policial, y cuestionó la forma en que se realizó su levantamiento. Según ella, las conclusiones de la autopsia ignoraron el contexto descripto en la causa, como por ejemplo el hallazgo de una de las zapatillas del joven en perfecto estado al lado de sus restos esqueletizados, y de un cabello en uno de los patrulleros que coincide con el ADN de Facundo, entre otros varios elementos. Creimer arribó a diferentes conclusiones con los mismos datos, a saber: el informe de entomología sobre las especies encontradas sobre sus huesos «habilita a pensar en la posibilidad de que Castro no haya muerto en ese lugar y que sus restos hayan sido plantados».

El documento de casi 200 páginas servirá como punta de lanza en la nueva batalla judicial que emprenden Cristina Castro y sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio en los tribunales internacionales, luego de denunciar «sucesivas trabas» del juzgado a cargo de María Gabriela Marrón, recusada por la familia pero ratificada en la causa por la Cámara Federal de Bahía Blanca. Así, a nivel local podría consolidarse un estancamiento, más allá del esfuerzo de los fiscales especiales Andrés Heim y Horacio Azzolín y los propios letrados de Cristina que siguen sumando nuevos elementos para profundizar su hipótesis respecto al protagonismo de la Policía Bonaerense en la desaparición forzada del joven.

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Si bien la Cámara ordenó a la magistrada la realización de las medidas de prueba pendientes que piden los fiscales y la familia, nada se ha movido en su juzgado en tal dirección. Marrón y el fiscal Ulpiano Martínez fueron acusados por la querella particular y la que encabeza la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de «contribuir al encubrimiento del hecho para beneficiar a los uniformados, con la estrategia de abonar la hipótesis de un presunto accidente en el que Facundo habría perdido la vida». 

El año pasado, en ocasión de la reunión donde surgieron las conclusiones de la autopsia, la perito de la familia firmó en disidencia. Virginia Creimer sostenía que debía ser un «ateneo» para debatir las conclusiones pero cuando llegó el informe final ya estaba redactado. En ese momento, le hizo saber de tal irregularidad a la jueza Marrón, pero ante la inacción de la magistrada, Creimer procedió revisar punto por punto el informe y a marcar sus acuerdos y disidencias, tal como quedó plasmado en el acta de ese día. El artículo 262 del Código Procesal Penal establece que «los peritos practicarán unidos el examen, deliberarán en reunión secreta, a la que sólo podrá asistir el juez, y si estuvieren de acuerdo redactarán su informe en común. En caso contrario, harán por separado sus respectivos dictámenes”. Este sitio junto a La Izquierda Diario accedieron ese dictamen de la experta y perita de parte de la familia, que ya forma parte del expediente.

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Creimer indicó: «Por el propio carácter de parte de esta perita, pero sobre todo por los resultados obtenidos tras un minucioso análisis de todas las evidencias científicas obrantes en la causa, se concluye que las respuestas a las preguntas precedentes deberían ser respondidas a partir de la producción de otras medidas de prueba, rastrillajes y peritajes que nos acerquen lo más ajustadamente a la verdad de los hechos. En ese marco, no hay más que considerar lo que ya expresó la querella a la que asisto, a través de dos pedidos de recusación al fiscal de la causa, una apelación por negativas de la jueza a producir medidas de prueba determinantes y un recurso de queja presentado ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. En todas esas instancias la propia madre de Facundo Castro aseguró que la falta de respuestas a esas preguntas aún irresueltas se debe a una ineficaz, ineficiente, tardía y defectuosa investigación por parte del Estado y sus instituciones. Esa sentencia exime a esta perita de mayores argumentaciones. De lo que sí está respondido científica y pericialmente, lo que sigue es todo cuanto puedo informar:

* Dónde estuvo y qué hizo Facundo antes de su desaparición

Surge de las declaraciones testimoniales de Virginia María Gongora, Daniel Gayte y Juan Francisco Cardona que Facundo, luego cenar en la casa de su amigo Daniel Gayte y de permanecer allí la madrugada del día 30 de abril, aproximadamente a las 4 o 5 de la mañana salió hacia Bahía Blanca, adonde planeaba llegar caminando o haciendo dedo. Se dirigía a la casa de Daiana González, con quien había mantenido una relación de pareja mucho tiempo. Góngora, mamá de Daniel, confirma que el 29 de abril Facundo se encontraba en su casa, se quedó a cenar y al día siguiente, cuando ella se despertó, el joven ya no estaba. Cuando le consultó al hijo, éste le dijo que a las 4 am se había ido. Que su hijo le escribió a Facundo y éste no volvió a responder. En su declaración adjuntó capturas de pantalla de una conversación que tuvo con Daiana González el día 3 de junio de 2020, donde la joven le dice que Facundo debía haber ido a su casa el 29 de abril, pero nunca llegó.

Juan Francisco Cardona, también amigo de Facundo, confirmó que Facundo se encontraba viviendo en su casa y trabajando con él en su cervecería, Turmalina. Que el día 27 de abril le pidió a Facundo si podía irse, ya que no tenían espacio porque llegaba su hermana a la casa. El 30 de abril a las 20:21 pm Cardona recibe un mensaje de texto (SMS) desde el número de Facundo, que dice que se había quedado sin señal, sin batería y que después lo llamaba. Nunca lo llamó. El 1 de mayo Cardona envió un nuevo mensaje a Facundo, que no fue entregado.

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En la causa consta la declaración de Nancy Moncada, quien al tomar conocimiento de que se estaba buscando a Facundo se presentó espontáneamente en la dependencia comunal de la localidad de Hilario Ascasubi. La vecina de Mayor Buratovich dijo que en los últimos días del mes de abril, entre las 8:30 y 9, mientras se dirigía desde Ascasubi a Buratovich, sobre la Ruta 3, cerca del Puente Blanco, vio a un joven haciendo dedo. Ella le dijo que podía llevarlo hasta la entrada de Buratovich. Él subió y se pusieron a conversar, Facundo le dijo que tenía que ir a Bahía Blanca urgente, que se había quedado sin trabajo y que le quedaban 50 pesos en el bolsillo. Es posible inferir que Facundo fue dejado por Moncada en el ingreso a Buratovich, aproximadamente entre las 9 y 9:30 del jueves 30 de abril. Como corroboración científica de la presencia de Facundo allí se puede ver el informe de la empresa AMX CLARO donde surgen tres llamados salientes del celular de Facundo, a las 7:07, 9:05 y 9:06, que impactaron sobre la antena de Ascasubi.

A partir de la llegada a Buratovich, tal como consta en el expediente, Facundo tomó contacto con personal policial de la zona en distintas oportunidades y en el siguiente orden: primero con Jana Curuhuinca y Mario Sosa (fs. 70), luego con Siomara Flores y finalmente con Alberto González. A partir de las diversas declaraciones testimoniales se reconstruye que el 30 de abril de 2020 Facundo se encontraba caminando por la Ruta Nacional 3 en dirección Pedro Luro-Bahía Blanca cuando fue detenido, al menos, en dos oportunidades por agentes de la Policía de la provincia, uniformados y con móviles de la fuerza a su disposición. Los agentes Sosa y Curuhuinca detuvieron a Facundo mientras transitaban por la calle San José Obrero y la Ruta 3, km 779. Allí lo interceptaron en virtud del DNU 297/20, identificándolo como Facundo Astudillo. Al declarar el joven que no poseía permiso de circulación, le notificaron de la infracción al artículo 205 de Código Penal.

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Asimismo, consta el asentamiento de la prevención a Facundo en el libro de la comisaría de Buratovich. En el celular de Curuhuinca (fs. 1547) quedó registrado ese contacto, mediante una fotografía en la que Facundo aparece de espaldas junto a Mario Sosa y de frente al móvil 23.630 (de Buratovich) y dos imágenes (anverso y reverso) del DNI del joven. Mediante informe pericial se establecen las semejanzas entre Facundo y la persona de espaldas de la fotografía. A su vez, el informe de DATIP concluye, luego de realizar un análisis sobre la imagen, que Facundo en ese momento tenía la zapatilla izquierda puesta.

Sosa y Curuhuinca declararon que, luego de constatar el domicilio de Facundo, lo dejaron seguir camino a Bahía Blanca por la ruta. Cristina Castro declaró que a las 13:33 habló con Facundo, que él le dijo que estaba en Buratovich, que mantuvieron una discusión hasta que en un momento la madre del joven escuchó un golpe seco, como que se golpeó el celular de Facundo, y luego se cortó la comunicación. Esa llamada se encuentra científicamente probada mediante el informe de AMX CLARO.

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La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) corrobora que del informe de AMX CLARO sobre el teléfono de Facundo se desprende que hasta el 29 de abril se produjeron comunicaciones a través de celdas de Pedro Luro; que el día 30 las primeras 3 comunicaciones se cursaron a través de una celda de Ascasubi. A las 10 surge que el efectivo de la policía bonaerense Delgado le dice al efectivo de la policía bonaerense Sosa “si se hace el pajero, bajalo”. Las siguientes 7 llamadas del celular de Facundo se hicieron a través de una celda ubicada en Buratovich, con un último registro de llamada saliente a las 13:33 hs. A partir de ese momento no se encuentran datos técnicos positivos sobre la ubicación de Facundo.

* Dónde estuvo Facundo después de su desaparición

En la búsqueda de Facundo se solicitó el 20 de julio el allanamiento, registro y secuestro de elementos policiales de la subestación Policía Comunal de Teniente Origone, y el secuestro de elementos que puedan pertenecer a Facundo. El Poder Judicial designó formalmente como perito de parte de la querella particular al adiestrador canino Marcos Herrero. En ese allanamiento se encontró el primer elemento perteneciente a Facundo en forma fehaciente: una bolsa con un paquete de cigarrillos y una esfera con forma de sandía con una vaquita de San Antonio dentro, la cual Cristina Castro reconoce como pertenencia de su hijo. Luego lo demostraría presentando amuletos iguales pertenecientes a los hermanos de Facundo (todos regalados por la abuela materna una década atrás). 

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De los sucesivos peritajes de móviles policiales, tres camionetas Toyota Hilux y un auto particular Chevrolet, dieron resultado positivo con el can Yatel; el mismo perro encontró en la comisaría de Origone la bolsa con los cigarrillos y el amuleto de Facundo; el can Duke marcó rastros en una casa color rosada; Yatel también marcó restos óseos y en el patrullero Toyota Etios de Bahía Blanca marcó con insistencia el asiento de atrás, tanto desde el interior como desde el baúl (…) Se recomendó efectuar un nuevo peritaje con desarmado de asientos del vehículo con el asesoramiento de licenciado en criminalística, experto en accidentología vial (peritaje mecánico) para el correcto desarmado de los elementos del móvil. En ese nuevo peritaje Yatel halló un trozo de mineral conocido como turmalina que es compatible con el colgante que Facundo usaba siempre y llevaba el día de su desaparición.

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* Qué pasó con el hallazgo del cadáver, el lugar donde apareció, su levantamiento e identificación y los peritajes posteriores

El 15 de agosto a las 17 la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal (PFA) recibió un llamado de la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca. El propio fiscal Santiago Ulpiano Martínez avisó que “un señor de nombre Maximiliano -quien sería pescador-, tendría información trascendente con relación a la búsqueda de Facundo». Por orden de Martínez, la PFA se dirigió al lugar marcado por Maximiliano y realizó una inspección en el canal “Cola de ballena”, donde se logra avistar sobre el suelo que, a simple vista, se trataría de un cuerpo humano en estado cadavérico.

Pocas horas después del hallazgo (entre las 21 y las 22) se hicieron presentes en la delegación Bahía Blanca de la PFA los ciudadanos Pablo Daniel Núñez Pablo y Damián Orlando Garcés (ninguno de nombre Maximiliano). Ambos afirmaron que esa tarde estaban pescando en Villarino Viejo cuando a la orilla de un canal, sobre una zona de barro húmedo y matorrales bajos, vieron un esqueleto enterrado en el barro. En fecha 16 de agosto se comienza un rastrillaje del lugar abierto siendo las 13:30, «con un perímetro SIMPLE de 100 m de largo x 30 mts de ancho». Interviene en el levantamiento del cuerpo el Equipo Argentino de Antropología Forense. «En este acto debe destacarse que no se observan los protocolos internacionales básicos de intervención pericial en los hallazgos de cuerpo, a través de un equipo interdisciplinario conformado por Fotógrafos, Planimétricos, Criminalistas, Rastros y Médicos Forenses. El análisis del lugar del hecho resulta de esta manera incompleto, circunstancia que se corrobora al encontrarse en forma posterior otros restos humanos correspondientes al mismo cadáver», afirmó Creimer.

A las 11:40 llega el EAAF, a las 12 comienza la inspección y a las 13:30 se produce el hallazgo de un cadáver humano incompleto. Estaban presentes la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería. Se hizo presente Cristina Castro, acompañada por Virginia Góngora y los letrados de la querella en autos. Llama la atención que, atento el estado de esqueletización del cuerpo hallado, la zapatilla encontrada a pocos metros, que se correspondería con la que vestía Facundo al momento de su desaparición, se encuentre en total estado de indemnidad. También apareció un trozo de tela con elástico con tela camuflada de varios colores, trozos de telas de otros colores que corresponderían a vestimenta, una plantilla de zapatilla e incluso un trozo de cuarzo. Se efectuaron levantamientos fotográficos y métricos respecto de una huella dispuesta en el suelo y que corresponderían a un vehículo.

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En el marco de estas claras fallas en el análisis del lugar del hecho primigenio, se realiza el 21 de agosto un nuevo relevamiento del área donde se encontró el cuerpo hallándose nuevos restos óseos (un humero, una escápula, entre otros) y más restos de ropas. Sin tener en cuenta las directivas internacionales y nacionales de no involucrar a las fuerzas de seguridad en casos de lesiones, vejámenes y torturas (Protocolo de Estambul) y/o muerte en custodia o con participación de personal policial (Protocolo de Minnesota), se ordena a la Policía Federal Argentina la recolección de agua del lugar para posible cotejo posterior. Pero esta toma se realizó cinco días después del hallazgo y a 80 metros de donde estaba el esqueleto.

El 1 de septiembre se realiza un nuevo levantamiento de restos óseos en las cercanías del hallazgo primario, siendo descartados para la investigación. «A lo largo de toda la diligencia se mantuvo una interacción permanente con el doctor Luis Fondebrider, director ejecutivo del EAAF, quien manifestó que ‘la mandíbula es humana’, y que ‘esos huesos no le faltan al cuerpo que levantamos nosotros‘». Este hallazgo hizo sospechar a los abogados de la querella sobre la posibilidad de que el sitio fuera un cementerio clandestino utilizado por la policía local.

* Qué pasó en la autopsia realizada en la ex ESMA

Una vez reunido el equipo de profesionales propuesto por el Equipo Argentino de Antropología Forense en causa 8604/2020 caratulada: N.N. s/AVERIGUACIÓN DE DELITO, se procedió a la realización de los estudios con el objeto de determinar la identidad, la data, causal, y modo de la muerte. «Es de destacar que, si bien quien había sido encomendado a dirigir el procedimiento fue el EAAF, fue el doctor Cohen del Cuerpo Médico Forense (CMF) quien decidió el orden y la metodología de exposición de las conclusiones preliminares de cada equipo/profesional presente en la autopsia, cuando sólo era un perito más de los convocados, lo cual se encuentra corroborado por las filmaciones de la autopsia», indicó Creimer en sus conclusiones del peritaje de casi 200 fojas.

Creimer expresó que fue «llamativa la insistencia con la cual Cohen pretendía descartar las circunstancias violentas de la muerte de quien se presumía como Facundo Astudillo Castro. Esto es, tras cada exposición pericial, sin requerimiento de persona alguna, el perito hacía una ‘traducción’ de lo expresado remarcando la ausencia de lesiones vitales». La paradoja es que tal insistencia también se lleva puesta la hipótesis del «accidente», porque esa también es una muerte que deja en el cuerpo signos de lesiones vitales.

Para la médica forense y criminóloga, las conclusiones científicas aplicadas al análisis forense global del caso indican que:

– La última acción de Facundo comprobada en la causa fue la conversación telefónica con su madre a las 13:33 hs del 30/4/2020, lo que está certificado tanto por el testimonio de Cristina Castro como por el informe de AMX CLARO de las llamadas recibidas por Facundo, ubicando la celda de su celular en Mayor Buratovich. A partir de ese momento no se encuentran datos técnicos positivos sobre la ubicación de Facundo.

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– En la búsqueda de Facundo se allanó y registró parte de la subestación Policía Comunal de Teniente Origone, con la participación de Marcos Herrero y su perro Yatel, como perito de parte de la querella particular. Allí encontró un primer elemento perteneciente a Facundo en forma fehaciente: una bolsa con un paquete de cigarrillos y una esfera con forma de sandía con una vaquita de San Antonio dentro, la cual Cristina Castro reconoció indubitablemente como pertenencia de su hijo.

– Mientras que otros elementos pertenecientes a Facundo, incluyendo material genético (coincidencia con Cristina), también fueron hallados en otros rastrillajes y peritajes; tanto el hallazgo del cuerpo del joven como su mochila fueron protagonizados por eventuales pescadores que (supuestamente) pasaban de casualidad por los sitios indicados.

– Como consta en las actas de la PFA, el 15 de agosto tres pescadores (uno por un lado y dos por otro), aparentemente de forma espontánea, dieron aviso de la existencia de un cadáver en el canal “Cola de ballena” de Villarino Viejo. Inmediatamente la Policía Federal, cumpliendo órdenes de la Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca, se hace cargo del arribo al lugar y de la custodia de la escena hasta el día siguiente.

– El 16 de agosto el Equipo Argentino de Antropología Forense interviene en el levantamiento del cuerpo. A las 13:30 se comienza un rastrillaje del lugar abierto, con un perímetro simple de 100 metros de largo x 30 de ancho. En este acto debe destacarse que no se observan los protocolos básicos de intervención pericial en los hallazgos de cuerpo, a través de un equipo interdisciplinario conformado por Fotógrafos, Planimétricos, Criminalistas, Rastros y Médicos Forenses. El análisis del lugar del hecho resulta de esta manera incompleto, circunstancia que se corrobora al encontrarse en forma posterior otros restos humanos correspondientes al mismo cadáver.

Llama la atención que, atento el estado de esqueletización del cuerpo hallado, la zapatilla encontrada a pocos metros, que se correspondería con la que vestía Facundo al momento de su desaparición, se encuentre en total estado de indemnidad.

– El 25 de agosto se realizó la autopsia al cuerpo encontrado, en el Laboratorio del EAAF ubicado en la ex ESMA. Allí la doctora Marta Maldonado (odontóloga forense CMF) fue clara y contundente sobre la impregnación hemática de los dientes del maxilar inferior de la víctima de autos (Pink Teeth), estableciendo que se trataba de un fenómeno vital y violento, como lo había hecho en casos previos. Allí el doctor Jorge Pereyra (radiólogo forense CMF) estableció preliminarmente que no existían fracturas de tipo vital en huesos largos, lo que descartaría una caída accidental desde altura, una posibilidad ventilada en algunos medios a partir de las versiones filtradas desde la fiscalía de Martínez y el juzgado.

– Del examen de la médula ósea extraída de Facundo se obtuvieron muestras cuyo resultado fue el hallazgo de numerosas cubiertas celulares y fragmentos identificables de al menos 15 especies diferentes de diatomeas. En la muestra de agua, se identificaron 17 especies de diatomeas, de las cuales 5 estuvieron presentes en la muestra de médula ósea. «El hallazgo de diatomeas en la médula de un cuerpo establece que su muerte ha sido violenta, por asfixia por sumersión. Dicha aseveración confirma que Facundo murió por el ingreso de un medio líquido (como el agua) que poseía en suspensión microorganismos como las diatomeas identificadas en el análisis de referencia.

El hallazgo de diatomeas en la médula de un cuerpo establece que su muerte ha sido violenta, por asfixia por sumersión. De las 15 especies encontradas en la médula de Facundo, sólo 5 coincidían con las 17 obtenidas en el agua colectada por la Policía Federal cinco días después del hallazgo y en una zona alejada del sitio donde fue encontrado el cuerpo de Facundo. En tanto que se obtuvieron datos fehacientes sobre la presencia de objetos perteneciente a Facundo en las dependencias policiales donde fue apercibido, sería procedente analizar también el agua de las dependencias, a fin de determinar la existencia de diatomeas en las mismas. 

– Desde el punto de vista lesionológico, los Dres. Roberto Cohen (médico forense CMF) y Alejandro Rullán Corna (médico forense CMF), establecieron que no se encontraban en los restos encontrados desprovistos de partes blandas, lesiones de características vitales. 

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– El entomólogo deja en claro que mínimamente la muerte de Facundo se produjo 40 días antes de su intervención, pero no puede establecer ni el momento en el cual se produjo la muerte ni siquiera un plazo máximo estimativo. Resulta de gran interés remarcar que el mismo constata la presencia de especies que colonizan los cuerpos en avanzados estados de putrefacción o directamente cuando ya se encuentran esqueletizados. Por ello, no se puede descartar que la muerte de Facundo no se haya producido en este lugar y que su cuerpo haya sido plantado en el mismo. Del análisis realizado por el médico radiólogo se puede concluir que Facundo no posee en el cráneo ni en los huesos largos traumatismos compatibles con fracturas secundarias a jumping ni a defenestración (caídas de altura coincidentes con el supuesto accidente). Facundo estuvo desaparecido 107 días, desde el 30 de abril al 15 de agosto. Las pericias entomológicas concluyen que el cadáver tenía al momento de la autopsia un mínimo de 40 días de fallecido, pero no pudo establecer ningún máximo. Es decir que nadie ha podido determinar aún si Facundo murió el mismo 30 de abril, o algún día de mayo, o de junio o incluso algún día de la primera quincena de julio.

– Debe quedar en claro que, la presencia o ausencia del Pink Teeth no influye en el hecho de que la muerte de Facundo fuera mediante una muerte violenta por asfixia por sumersión. Sin perjuicio de ello, podría hablarnos de una compresión extrínseca del cuello que hubiera provocado la muerte de Facundo o su pérdida de conciencia. También podría hablarnos de una sumersión violenta que hubiera provocado la muerte de Facundo por este mecanismo, tal como la doctora Maldonado sostuvo en causas previas que, de no aclarar su posición, deberán ser revisadas. (Este cuestionamiento de la perita alude a que Maldonado dijo en la autopsia que el diente rosa era un fenómeno ocurrido en vida, pero en el informe final se desdijo).

– Del minucioso trabajo del equipo tafonómico surge que el cuerpo de Facundo fue atacado por carnívoros medianos o pequeños, presumiéndose el directo accionar del zorro que habita en la zona. También se infiere que el cuerpo ha sido rotado, ya que si bien fue encontrado en decúbito ventral (boca abajo), para recibir el accionar de esta fauna debió encontrarse en posición inversa, es decir en decúbito dorsal (boca arriba). Resulta de interés adicional tener en cuenta que la bibliografía utilizada es sobre una experiencia con coyotes, teniendo estos animales un porte mayor, equivalente a aproximadamente quince kilos más que los animales sindicados en este caso. Finalmente, el tiempo de exposición en el lugar a la totalidad de la fauna de la región se estima en un plazo de 28 días.

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Para la médica forense, los peritos del Cuerpo Médico Forense se expiden sobre la presencia de lesiones postmortem descartando la posibilidad del accionar de terceras personas sin tener un conocimiento cabal y contextualizado de todo lo actuado en autos (ni elementos científicos para llegar a esa conclusión), como lo establece el Protocolo de Minnesota, mecanismo a ser aplicado en casos de desaparición forzada de personas.

Asimismo, resulta de interés el hecho de que, ante el desconocimiento de los hechos acontecidos en autos (aparición de la mochila de Facundo con toda su ropa), los profesionales hayan considerado que las mismas podrían haber sido extraídas por la fauna autóctona, es decir, que las cosas de Facundo se las habrían «llevado» los animales que atacaron su cadáver. Vale recordar, como dato de contexto, que la mochila conteniendo la ropa, el teléfono celular y demás pertenencias de Facundo apareció el 12 de septiembre a unos 4 kilómetros de donde había aparecido el cadáver y que el informe de la autopsia se presentó el 1 de octubre, 19 días después de ese hallazgo.

En definitiva, Creimer en nombre de la familia plantea que lo esencial para el esclarecimiento del caso sigue siendo un misterio. Y su informe ratifica que las respuestas a esas incógnitas las tiene el Estado, como presunto desaparecedor de Facundo Astudillo Castro.

Un episodio sucedido en noviembre debería ser suficiente evidencia de que este nuevo caso de un desaparecido en democracia no tiene «dos campanas» sino víctimas y encubridores, que vienen amenazando a la familia y a los testigos desde el día cero. Sino de qué otro modo se explica el apriete que recibió Cristina Castro en noviembre por parte de un policía que le dijo: “Quedate tranquila que la jueza cierra la causa y después te la vas a tener que ver conmigo”. La misma amenaza viene pronunciando la madre de las hermanas policías implicadas en el caso. ¿Por qué será que están tan seguros del cierre del expediente?

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El camarista Pablo Candisano Mera ratificó a la jueza Gabriela Marrón al frente de la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.

Para el magistrado las querellas encabezadas por Cristina Castro y la Comisión Provincial por la Memoria “no han logrado demostrar la existencia de elementos que abonen a la afectación de la garantía constitucional invocada”, es decir, el temor de parcialidad.

La causa continúa con apelaciones pendientes en la Cámara Federal bahiense y con la producción de medidas de prueba. Las querellas recurrirán nuevamente la resolución contra el apartamiento de Marrón y la denunciarán ante el Consejo de la Magistratura.

Defensa corporativa de la Bonaerense

Mediante sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, la madre del joven de Pedro Luro cuestionó a la jueza por denegarles medidas de prueba orientadas a dilucidar la responsabilidad de la Policía Bonaerense en los hechos.

Se le reprochó a la titular del Juzgado Federal N°2 hacer “una defensa corporativa” de la fuerza de seguridad y reclamaron revisar el comportamiento de los efectivos en el marco de las infracciones por violación al aislamiento obligatorio.

La querella denunció que la Bonaerense actuó de manera discrecional, sin control judicial y con criterio de selectividad -apuntando a personas humildes y migrantes– y abusando de la fuerza física.

De hecho, Facundo fue interceptado en Mayor Buratovich y en Teniente Origone y no hubo consulta a la propia jueza Marrón ni al fiscal Ulpiano Martínez -ambos de turno-, ni lo trasladaron a su domicilio.

Por otra parte, la querella planteó una queja por las sospechas de Marrón sobre la propia Cristina Castro, su orden de investigar al perito Marcos Herrero y la denuncia contra uno de los abogados de la familia.

Al rechazar su recusación, Marrón advirtió “una deformación del instituto utilizado para apartar al juez natural de la causa, tergiversando el alcance y contenido de reglas básicas del debido proceso, de los derechos de las víctimas, las garantías constitucionales, la validez probatoria, descontextualizando las circunstancias y los hechos de la causa”.

Candisano Mera afirmó que “el temor de parcialidad en el juzgador, aun cuando no esté incluida expresamente en el catálogo de motivos o causales de apartamiento de magistrados reglados en el art. 55 del CPPN, resulta una causal válida de recusación”.

“Sin embargo, los supuestos de recusación no deben constituir para las partes un instrumento para separar al juez interviniente del conocimiento de la causa”.

El camarista sostuvo que “la Corte Suprema ha sostenido la improcedencia de la recusación de los jueces fundada solamente en su intervención oportuna en un proceso, en el marco de sus propias funciones”.

“No compartir el criterio utilizado por quien decide, sólo habilita al presentante a deducir los recursos pertinentes pero carece de entidad como supuesto objetivo capaz de generar un ‘temor de parcialidad’ que justifique su recusación”.

Candisano Mera manifestó que “más allá del acierto o no de aquellas decisiones y de la terminología utilizada, en razón de tratarse de una resolución dictada en cumplimiento de una obligación constitucional, sobre los puntos sometidos a su consideración, habilitada y fundada, descalifica de plano la alegada parcialidad, por no verificarse sospechas objetivamente justificadas que permitan afirmar –fundadamente– que la magistrada no utiliza como criterio de juicio el previsto por la ley”.

Por último, aclaró que aún están pendiente de resolución las apelaciones a muchas de las medidas tomadas por la jueza Marrón.

Foto: LB24.

El 30 de diciembre se cumplen ocho meses desde la partida de Facundo Castro de Pedro Luro y de su interceptación por parte de efectivos de la Policía Bonaerense. Nada más se supo de él hasta que sus restos fueron encontrados a mediados de agosto en Villarino Viejo.

“La justicia no tiene los mismos tiempos que nosotros, se nos hacen lentos pero en la tardanza han surgido siempre más pruebas que conllevan a no descartar la desaparición forzada y la muerte de Facu”, señaló Virginia Góngora, madre de uno de los amigos del joven.

Días atrás, la jueza Gabriela Marrón rechazó la recusación que en su contra habían planteado las querellas y la Fiscalía. Ahora es la Cámara Federal de Apelaciones la que debe definir si continúa o no al frente de la causa.

“En lo personal he pasado por todas las emociones, lo hemos vivido con tranquilidad, mis hijos, yo, el equipo Turmalina que son sus amigos. Nos hemos contenido muchísimo, siempre entre todos. Se que se va a hacer justicia, va a tardar. Confío plenamente en los abogados, esto no tiene que volver a pasar más”, afirmó Góngora.

Señaló que “se tranquilizaron los hostigamientos policiales gracias a que se hizo público”. Sin embargo, hace algunos días el Municipio de Villarino multó a un amigo del joven con más de 200 mil pesos por realizar una pintada pidiendo justicia.

“Pensamos que nos iban hacer pagar lo que hicimos como para dejar tranquila a la gente, pensé que quedaba así nomás. El intendente le puso precio al pedido de justicia”.

“Lo que queríamos era visibilizar, no dejar que la gente vea que se tiene que hacer justicia. Primero se había organizado hacer con stencil algo lindo, en color violeta, el color de Facu y después seguimos haciendo pintadas”.

Al momento de balancear los resultados de la semana que pasó Cristina Castro en Buenos Aires, durante la cual se reunió con el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, entre otros funcionarios, Góngora manifestó que “fueron más palabras que promesas”.

“Personalmente no esperaba nada de los políticos pero no dejó de ser positivo que vaya a Buenos Aires, se integraron dos fiscales nuevos y eso hizo que se movieran un montón de cosas. Pero las palabras se las lleva el viento”.

Finalmente la mamá de Facundo, Cristina Castro, recusó a la jueza Gabriela Marrón. En el escrito presentado por sus abogados sostiene que la actitud de la magistrada tuvo “un antes y un después” de la recusación contra el fiscal Santiago Ulpiano Martínez.

“Su conducta obstruye la instrucción, avasalla las funciones principales del Ministerio Público Fiscal, instaura sospechas en el accionar de la víctima, manipula elementos de prueba dándole un sentido diferente al que consta en el expediente, demora y desestima medidas esenciales para esta investigación sin una argumentación jurídica fuerte y protege a las fuerzas de seguridad”, manifestó.

Tras el rechazo al pedido de secuestro de celulares policiales y el allanamiento al puesto de Teniente Origone, Castro le reprochó a la jueza: “Seguramente para la sociedad sea ‘fácil creer que haya sido la policía’ como usted manifestó, más si las medidas de coerción son denegadas. No hay manera entonces de refutar ciertas hipótesis”.

Leandro Aparicio dijo a FM De la Calle que Marrón perdió la imparcialidad y adelantó que la denunciarán al Consejo de la Magistratura.

El abogado cuestionó “la actuación de Marrón a partir del 13, 14 de abril, con el chico en Bahía al que le pegó la policía. Se abre un protocolo donde ya no te llevan a la comisaría y te hacen un ‘acta volante’. Esa información no es la oficial pero la jueza no recibe más en formato papel. El 26 de junio recién recibe la causa de Facundo. Eso es un antecedente de porqué la Policía tenía esa carta blanca para hacer lo que quería sin rendir cuentas a la jueza”.

La magistrada “dejó de controlar, uno ve la diferencia entre las causas que empiezan el 1 de mayo con el dr. López Da Silva, él sí pide las actas en formato papel, había una demora de unos días pero llegaban. Eso es muy importante cuando nadie ve como irregular que a Facundo lo hayan parado tres veces”.

Otros de los motivos de la recusación son “la denuncia que le hace a (Luciano) Peretto por una supuesta filtración cuando ese Juzgado es un colador y la denuncia que pretenden hacer a Marcos Herrero. Además, desconfía del relato de la víctima -de lo que dice Cristina de la sandía-, es una abogada más de los policías, no incorpora la prueba, además del esfuerzo que realiza por dar por sentado hechos que no están en el expediente”.

“Marrón, en la recusación al fiscal, cita una serie de fallos y nos explica muy bien cuál es el comportamiento de un fiscal respecto de la víctima. Después de toda esa manifestación, entendemos que el comportamiento fue dejar hacer y dejar pasar entre la jueza y el fiscal. El fiscal no pide medidas de prueba, no apela nada. Se quedó esperando a ver cómo se archiva la causa”, destacó el letrado.

“En este caso particular, como no había personas mencionadas, lo que hace es delegar toda investigación en Fiscalía, una vez que delega no puede investigar como ella quiere. Está metiendo pruebas que son absurdas e ilógicas las formas de llegar a esas conclusiones. Está forzando los resultados y las pruebas para proteger policías”.

Otras novedades

Más allá de la recusación, en los últimos días declaró nuevamente la ex novia de Facundo. “Contó cómo el 7 de julio a las 10:30 la llevaron hasta el Penna para que diga que la ropa (que se halló en el lugar) era de Facundo. Sin orden de nada. Esto aparece a partir del 18 de agosto en el expediente, dos días después que aparece el cuerpo. Insiste la Fiscalía y aparece el acta. (…) El comisario Bezos le dijo que se quede tranquila que estaban trabajando”.

Aparicio mencionó que tuvieron otra audiencia por la activación de un celular a nombre de Facundo a las 11 de la mañana del 15 de agosto, día en que aparecieron los restos del joven. “La empresa nos dice que vende chips y el kiosco los revende. Esta empresa nos dice que tiene zonas de Mar del Plata ¿Cómo puede ser posible que este chip que alguien pide a nombre de Facundo tenga característica de Bahía? ¿Que cuando lo activa pide un número diferente y la segunda es un call center?”.

Marcelo González, ex cuñado de Facundo Castro, reclamó ser incorporado al Programa de Protección de Testigos. Luego de denunciar los aprietes de la Bonaerense tuvo que dejar su casa y su trabajo en Buratovich e instalarse con custodia en Bahía Blanca.

“Es complicada mi situación porque me encuentro sin trabajo, las deudas empiezan a aparecer, estoy encerrado hace tres meses. Me gustaría que algún funcionario público me pueda ayudar”, dijo a FM De la Calle.

González comentó que la oferta para ingresar al Programa estuvo al principio de la investigación. Mientras vivía en Villarino “pedimos un tiempo para organizarnos con la casa que tuve que dejar, cuando me organizo y tengo todo resuelto y decido ingresar al programa me lo niegan y me dicen que no cumplo con los requisitos. ¿Tengo que perder algún integrante de mi familia o me tiene que pasar algo a mí para que se den cuenta?”.

“Salir a buscar trabajo es complicado porque como saben que soy testigo de la causa de Facundo prefieren no darme un empleo, se me complicó todo”, argumentó.

Contó que sus hijos “se adaptaron rápidamente, aunque están tomando conductas extrañas por el cambio, incluso yo no soy el que era antes, vivo nervioso, preocupado, asustado, mi denuncia es contra la Policía Bonaerense, estoy enfrentado directamente con una fuerza”.

Finalmente, destacó que continúa recibiendo amenazas: “Me abrieron el Facebook de lugares diferentes de Villarino, me aparecieron mensajes en el teléfono, he recibido mensajes en Facebook de amenazas directas: ‘Ya sabemos que estás en Bahía’. Más allá de que tenga custodia, ¿cómo puedo retomar mi vida de ante?”.

La Cámara Federal de Bahía Blanca aceptó el recurso de queja presentado por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín –acompañado por las querellas particular e institucional– y ordenó a la jueza María Gabriela Marrón revisar su decisión de denegar medidas de pruebas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y las querellas.

Los camaristas sostuvieron que la decisión de la jueza podría acarrear un daño irreparable en la instrucción porque afectaría el avance de la línea de trabajo que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, principal hipótesis de la parte acusadora.

El allanamiento del puesto de vigilancia de Teniente Origone y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares relacionados con los policías vinculados a la causa, entre las medidas de prueba en debate.

El pasado 15 de octubre, la titular del Juzgado Federal Nº 2 rechazó masivamente medidas de pruebas solicitadas por los fiscales de la Procuvin y de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia, la querella particular y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

La decisión fue cuestionada por la parte acusadora y casi diez días después, el 26 de octubre, la jueza declaró inadmisible el recurso de apelación. En ambos casos, Marrón desestimó los planteos del Ministerio Público Fiscal y las querellas, quienes advirtieron que el rechazo de las diligencias solicitadas ponía en serio riesgo el avance de la investigación de lo que, hasta el día de hoy, siguen considerando la hipótesis más robusta de la causa: la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

Ante el rechazo de la apelación, los fiscales Heim y Azzolín presentaron un recurso de queja que fue aceptado por la Cámara Federal de Bahía Blanca. Con el voto de los dos magistrados, el fallo declaró que la apelación estuvo mal denegada y, por lo tanto, obliga a la jueza Marrón a volver a considerar lo pedido por fiscalía y querellas.

Al momento de rechazar la apelación, Gabriela Marrón había argumentado que, si bien las partes pueden proponer diligencias investigativas, el juez tiene la potestad de practicar sólo las que considere pertinentes y que su resolución es irrecurrible. Sin embargo, los dos jueces de Cámara le recordaron que la potestad de dirigir el proceso no es un principio irrestricto y cede cuando se ven afectado intereses superiores.

“La magistrada podrá compartir o no los pedidos que formulen las partes, pero en modo alguno puede definir e indicar qué hipótesis y qué elementos de la misma deben seguir y considerar los acusadores”, habían sostenido los fiscales en el recurso de queja.

Para los jueces Pablo Candisaro Mera y Pablo Larriera, la denegatoria de las medidas de prueba solicitadas podría afectar el avance de una de las vías de investigación que, por imperio de ley, se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal. Y podría traducirse en un perjuicio de imposible reparación ulterior.

Entre las medidas de prueba que están en debate, se encuentra el pedido de allanamiento del puesto de vigilancia de Teniente Origone, donde ya se encontró un amuleto que pertenecía a Facundo Astudillo Castro, y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares de policías vinculados con los agentes que tuvieron contacto con Facundo el día de su desaparición.

Sobre el puesto policial en Origone, cabe recordar que la jueza Marrón ya rechazó tres veces el allanamiento. A pesar de los reiterados pedidos de la querella para que se preserve el lugar, tampoco dispuso ninguna medida cautelar que ordene la inalterabilidad del edificio y sus adyacencias.

Tal como vienen sosteniendo los fiscales y las querellas, la demora de estas diligencias atenta contra la posibilidad de encontrar elementos de pruebas valiosos para la investigación. La misma situación ocurre con los teléfonos celulares; esto último, incluso, ya fue corroborado en la causa: los informes realizados por DATIP sobre los celulares secuestrados a las y los policías que tuvieron contacto con Facundo el 30 de abril dan sobrada cuenta de los intentos por eliminar información del día de la desaparición y los días posteriores.

El fallo de la Cámara abre una nueva posibilidad para que la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro se siga investigando. Coincida o no la jueza con la hipótesis de la parte acusadora.

Fuente: Andar.

A seis meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, su familia, amigos, amigas y organizaciones se movilizaron este viernes en Pedro Luro y en Bahía Blanca.

“Cada vez somos menos pero hay dos veredas: la que está de lado de la verdad y la justicia y la que está del lado de los asesinos y delincuentes. Nosotros estamos del lado de la verdad y justicia. Mataron su cuerpo, jamás podrán matar su alma. Facundo era semilla, era canción, que se haga justicia”, exclamó Cristina Castro al cierre de la manifestación de Luro.

La marcha partió desde la plaza central hasta la globa del ferrocarril. Antes de comenzar, Cristina dijo a FM De la Calle que “hace seis meses que nos ha cambiado la vida, nos arrebataron al flaco, estamos peleando para que los que le hicieron daño paguen tras las rejas. Nos cuesta horrores pelear contra este sistema nefasto y corrupto, estoy peleando contra los tres poderes. Las cosas tienen que cambiar. Facu no va a volver pero queremos que no le pase más a ningún pibe”.

En Bahía Blanca, frente al Juzgado Federal, el abogado querellante Leandro Aparicio sostuvo que “tuvimos testimonios que nos permiten afirmar y ampliar la responsabilidad en civiles del Municipio de Villarino”.

“Hemos sufrido denuncias, (Luciano) Peretto, (Marcos) Herrero y yo por otra causa. Por distintas circunstancias que nos ponen para hacernos dudar del camino que transitamos y que, por supuesto, vamos a acompañar siempre a Cristina en su pedido hasta que caigan todos”, agregó. 

Finalmente, agradeció “a todas las organizaciones que vinieron, sin chicana digo, hubiera sido bueno ver a gente de Frente de Todos porque Facundo era un chico que militaba en ese movimiento. Me parece que siempre hay que estar con los de abajo, en este caso Facundo que era un chico que venía a Bahía y que fue desaparecido por la policía, por fiscales, por jueces, periodistas y políticos”.

Cristina Castro confirmó a FM De la Calle que, horas antes de que el cuerpo de Facundo fuera encontrado por un pescador en el cangrejal de Villarino Viejo, se activó una línea de celular con el DNI de su hijo.

“(La Policía) tiene el documento de Facu, lo siguen teniendo. Se habilitó una línea de teléfonos con la documentación de Facu, fue el mismo día que apareció el cuerpo en el cangrejal. Dos días antes una policía publicó que Facundo estaba conectado a través de otra línea y una barbaridad de cosas que dijo. Ellos siguen teniendo cosas de Facu, el documento nunca apareció, yo se que las tienen ellos”, declaró.

Mañana se realizarán movilizaciones en Pedro Luro y en Bahía Blanca para pedir justicia por Facundo a seis meses de la desaparición forzada seguida de muerte.

“Estamos pidiendo justicia por Facu y para que no vuela a pasar nunca más. Hasta no tener a los asesinos tras las rejas no voy a parar. Esta vez fue mi Facu pero que no le vuelva a pasar a ningún pibe, la impunidad y corrupción es tan grande que algo tiene que cambiar, no pueden seguir desapareciendo y asesinando a nuestros jóvenes”, afirmó Cristina.

En cuanto a los avances de la causa mencionó que “cada día estamos más seguros y tenemos más certezas de que a Facu lo mató la policía bonaerense. Seguimos sin entender a esta jueza que denunció a Marcos Herrero, un perito tan respetable. No sabemos si quiere que la recusemos. Sabía que había delegado toda la responsabilidad en Ulpiano Martínez, que no estaba haciendo nada y que iba a tratar de desviar la investigación. Al poner dos fiscales que trabajan a la par nuestro le molestó, por eso nos deniega las prueba. (…) Es una hija de la dictadura y así se comporta”.

Mañana, una movilización a pie y en autos partirá a las 17 desde la Plaza Pablo González de Pedro Luro. En Bahía Blanca, la CTA realizará una marcha y caravana con puntos de encuentro a las 17:30 en Alem 1253 y a las 18 en Plaza Rivadavia.

“Lamento muchísimo no poder estar allá, mi familia en este momento tan duro me necesitan en Luro, los acompaño con el corazón y salgamos todos a pedir justicia”, dijo Cristina y agradeció el apoyo de las y los bahienses.

Por último, en relación al desalojo de centenares de familias en Guernica, dijo que “un policía con más sueldo reprime con más ganas, que no nos pase por arriba, Argentina tiene que despertarse, no permitir que nos sigan maltratando y reprimiendo. Tenemos que salir a la calle”.

A pocos días de cumplirse seis meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, tres amigues y compañeres de la cervecería donde trabajaba el joven de Pedro Luro hablaron con FM De la Calle.

El próximo viernes 30 una movilización a pie y en autos partirá a las 17 desde la Plaza Pablo González de Pedro Luro. En Bahía Blanca, la CTA realizará una marcha y caravana con puntos de encuentro a las 17:30 en Alem 1253 y a las 18 en Plaza Rivadavia.

El termómetro marcaba 31 grados. El sábado más caluroso de septiembre, a la hora de la siesta, se abre bajo un sol que raja la tierra el local en pleno centro de Luro. Afuera, unas típicas mesas con banquetas de madera. Adentro, detrás de unas cortinas, un salón con barra, paredes rojas, varios vinilos colgados en las paredes, un disco de “El Gitano” inmóvil arriba de la puerta que va al baño.

Kufa trabajaba en la bacha. Detrás de la puerta vaivén que va hacia la cocina quedó su delantal, sucio, tal y como lo dejó antes de irse la última noche. Sus amigues piensan enmarcarlo y colgarlo en la pared.

“Era técnico en casi todo”, dice Mailén y Celeste agrega que “siempre estaba para todo, por más que no tenía que hacerlo lo hacía”.

También hay, en un espacio pequeño al lado del lavamanos, un rincón en el que se halla una manzana del tamaño de un nuez con una vaquita de San Antonio. Es un amuleto muy parecido al que encontraron en el puesto policial de Origone y que Facundo llevaba siempre consigo.

“Cuando me enteré de lo que estaba pasando fue algo doloroso, raro de él porque siempre estaba por todo el pueblo, lo veías a las cinco de la tarde en un barrio y a las ocho de la noche en otro, era raro que nadie lo viera. No era de irse de la nada, si bien salía a dedo para Bahía no iba a desaparecer sin comunicarse”, cuenta Sandro con quien se conocían de chicos y después de varios años volvieron a reencontrarse en “Turmalina”.

Entre todes tienen un grupo de WhatsApp en el cual organizaban la búsqueda de Kufa. Ahora lo usan para difundir novedades en torno a la causa, se avisan cuando salen, cuando vuelven, si ya llegaron, si ven algún movimiento raro.

“Siento miedo, mucho miedo. Si bien le tengo un cierto respeto a las autoridades, desde que pasó esto, cuando pasa un patrullero algo me pasa en el cuerpo, mucho miedo y bronca. De acá salimos tarde, dos, tres de la mañana. Primero estoy atenta a todo, si nos llega a pasar algo tener pruebas, vi unas lucecitas y no te explico el terror que me dio pensar que era la policía”, comenta Mailén.

Para Celeste “es una sensación rara. Dicen ‘bueno si te pasa algo lo primero que llamás es a la policía’. Si me pasa algo lo pienso, no se si llamaría”. 

“Queremos que se haga justicia y que paguen quienes tengan que pagar, que la gente no se quede dormida y no se calle”, pide Mailén.

La Comisión Provincial por la Memoria y los abogados de Cristina Castro adhirieron a la apelación de la Fiscalía tras el rechazo a la realización de medidas de prueba solicitadas a la jueza Gabriela Marrón en la causa de Facundo Castro.

Margarita Jarque destacó en FM De la Calle “el peligro de la demora de toma de decisiones, se ve como un apresuramiento de parte de la jueza en ir clausurando determinados elementos de la causa”.

Para la integrante de la CPM, Marrón hace una utilización errónea del resultado de la autopsia. La pericia encabezada por el EAAF, “viene a traernos información sobre el cuerpo de Facundo pero que no puede quitarle valor a otras pruebas de la causa”.

“Concretamente hablamos de la actividad policial profusa el 30 de abril, falta de colaboración de parte de los policías del Partido de Villarino, la jueza valoró que entregaron ‘voluntariamente’ sus celulares, cuando la causa está plagada de informes de la DATIP y vemos el lado B, hay conversaciones con jefes, vemos mensajes borrados que se encuentran en esos celulares. Corresponde hacerlo por lo menos para que la prueba no se pierda”. 

Jarque señaló que insistirán en la recolección de otras medidas, faltan análisis “confirmando otros estudios de ADN, pruebas de celulares, estudios oceanográficos que pidieron los fiscales”.

Respecto del rechazo al allanamiento al destacamento policial de Origone, la abogada sostuvo que debería realizarse un nuevo pocedimiento “porque este puesto tiene sectores aledaños donde puede dar resultados, lo mismo que la prueba de luminol que no había sido resuelta en esa oportunidad”.

“Entendemos que la jueza debería habilitar los propios interrogantes: ¿por qué asumir que Facundo murió en ese lugar (la ría en Villarino Viejo) y descartar que pudo estar en otro lugar antes? ¿Podría haber estado en Origone? ¿No podría haberse producido la muerte en otro lugar de la misma zona de similares características al lugar del hallazgo”, se preguntó. 

Jarque afirmó que “hay beligerancia en el modo de dirigirse a los fiscales (…). Hay como una suerte de obstinación propolicial, es muy importante tener el contexto, tener en cuenta qué fuerza está investigando, hay mucho escrito sobre el espíritu de cuerpo que caracteriza a las fuerzas policiales, a la Policía Bonaerense” 

Destacó que según el Registro de Violencia Institucional de la Procuración “Bahía es el segundo departamento judicial con casos de violencia policial luego de La Matanza. Eso no necesariamente lleva a la responsabilidad  de la policía pero es un contexto que hay que analizar”. 

Jarque dijo que “obviamente” una de las variables que considera la querella es la recusación de Marrón: “Las cosas se dan de un modo que no nos queda otra manera porque lo que se pone en riesgo es la investigación y llegar a la verdad y, luego, a la justicia. Eso es lo que indican los pactos internacionales, es precisamente lo que se indica en estos procesos”. 

Desprotección de testigos

El testigo Marcelo González advirtió esta semana a FM De la Calle que la jueza Marrón levantó la custodia de Prefectura que le había otorgado tras denunciar a la policía de Buratovich por amenazarlo y hostigarlo para que asuma responsabilidades en la desaparición de su ex cuñado.

“Es preocupante porque fue un proceso rápido, se notificó y se quitó la custodia casi todo al mismo tiempo. No hubo posibilidad de preguntarle a Marcelo, no se usaron los programas de acompañamiento, se basó en informes de la Prefectura”, comentó Jarque.

Opinó que “son resoluciones que hablarían de momentos de clausura, cuando hace un mes planteamos situaciones (de hostigamiento) que no eran aisladas respecto de Cristina, abogados, amigos de Facundo lo hicimos pidiendo un habeas corpus, allí tuvimos que soportar ya un mes de trámite, está en Cámara de Apelaciones la negación a ese recurso que firmó Da Silva”.

(Por Comisión Provincial por la Memoria) La jueza federal de Bahía Blanca Gabriela Marrón rechazó una gran cantidad de medidas pertinentes de pruebas que solicitaron los fiscales y las querellas de la causa Facundo Astudillo Castro. La decisión se funda en una arbitraria y antojadiza interpretación de la prueba y expresa claramente una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo. Ante la gravedad institucional de este hecho, el Estado tiene la obligación de realizar una investigación profunda, expeditiva y eficaz; sin embargo, la actitud de la jueza Marrón es diametralmente opuesta y de seguir este camino, sólo será garantía de impunidad.

Con las pruebas que existen en la causa Facundo Astudillo Castro, la hipótesis más robusta sigue siendo la desaparición forzada seguida de muerte. Esta valoración es compartida por la querella familiar, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -querella institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura- y los fiscales Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia.

Sobre la base de ese material probatorio, los fiscales pidieron una serie de nuevas medidas de prueba; entre ellas, el secuestro de los teléfonos celulares de los policías superiores de los agentes vinculados a la investigación y el allanamiento de destacamentos policiales donde se encontraron objetos pertenecientes a Facundo Astudillo Castro.

A pesar de la enorme pertinencia de este pedido, fundado en pruebas ya existentes en el expediente, la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón rechazó una gran parte las diligencias solicitadas por los fiscales y las querellas. La decisión será apelada ante la Cámara Federal, sin embargo la actitud de la jueza pone en peligro el curso de la causa y es casi una declaración de sentencia que sólo será garantía de impunidad.

Cuando se investiga delitos de gravedad institucional, como la desaparición forzada de personas, las recomendaciones internacionales y las reglas y principios procesales de la normativa nacional obligan a las y los funcionarios judiciales a adoptar medidas que promuevan una investigación profunda, expeditiva, eficaz y respetuosa de las víctimas. Todo lo contrario a lo que está haciendo la jueza Marrón.

La decisión de rechazar masivamente las medidas de prueba se fundan en una temprana valoración que arrojará un solo resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo. Una decisión parcial y antojadiza que no se ajusta a las reglas de fundamentación de las decisiones jurisdiccionales. Más grave aún, denegar las peticiones probatorias de los fiscales, tiende a establecer una peligrosa brecha entre la verdad material y la verdad judicial.

Contrariamente a lo que quiere suponer la jueza Marrón, hacer lugar a estas medidas de prueba de ninguna manera significa desconocer el principio de inocencia. En cambio, rechazar las medidas como hizo, sí es una falta institucional grave: la debida diligencia le impone a la jueza, ante un conflicto de garantías constitucionales, la necesidad de preservar la investigación. Una vez más, con toda claridad, la decisión de la jueza parece estar adoptada en la voluntad de no investigar.

En la arbitrariedad de sus decisiones, insistimos todas tendientes a concluir la investigación sin llegar a la verdad, llega a cuestionar la palabra de Cristina Castro, la mamá de Facundo, víctima y querella de la causa. Y, fundamentalmente, se pronuncia extensamente para desacreditar el perito de parte, el adiestrador canino Marcos Herrero.

De esta manera, busca restar valor a dos pruebas claves de la causa: el amuleto hallado en el puesto de vigilancia de Teniente Origone y un pedazo de turmalina encontrado en un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca, el mismo que el 8 de mayo, sin razón alguna y alejado decenas de kilómetros de su radio de circulación, estuvo en la zona donde posteriormente fueron hallados los restos de Facundo. Según la información brindada por la empresa Megatrans, prestataria del monitoreo del servicio AVL, el móvil se geolocalizó durante aproximadamente tres horas (entre las 12 y 15:45) en diverso puntos del cangrejal, llegando a estar a sólo 800 metros del lugar del hallazgo del cuerpo esqueletizado.

Los argumentos para desacreditar los peritajes recaen en tantas irregularidades y contradicciones que resulta difícil de explicar y mucho más difícil de entender: por un lado, invalida el hallazgo de estos objetos sin cuestionar las actas de allanamiento y registros, y sin poner en duda a los funcionarios actuantes de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y los testigos. Por otro lado: si como ella sostiene fuera imposible encontrar rastros 72 horas después de la desaparición de una persona, ¿por qué ordenó y avaló el peritaje en su momento? Una verdadera sinrazón.

Más aún, en el transcurso de la causa, la policía bonaerense cometió una serie de delitos e irregularidades que no se explican si no es para encubrir hechos y desviar la investigación: allanaron el domicilio de la ex pareja de Facundo sin orden judicial; amenazaron, hostigaron y pretendieron imputar al ex-cuñado de Facundo; persiguieron y atemorizaron a testigos, abogados y familiares y presentaron testigos falsos o que declararon sin informar que eran policías. Una maquinaria policial puesta al servicio de generar impunidad.

A pesar de reconocer la historia de hechos de violencia institucional, la jueza parece desconocer la verdadera complejidad de estos procesos en donde se sospecha la intervención de una fuerza de seguridad. La falta de voluntad de investigar y la demora en las medidas de pruebas sólo atenta contra la verdad, la justicia y la reparación.

El Estado argentino se comprometió ante los organismos internacionales a investigar y juzgar los delitos de gravedad institucional; incluso en este caso, a partir de una presentación de la CPM, interviene el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. La jueza federal Gabriela Marrón debe estar a la altura de esta responsabilidad; y si no lo está, entonces deberá el Estado encontrar el camino institucional para garantizar que la investigación continúe hasta llegar a la verdad.

Uno de los abogados de Cristina Castro, Luciano Peretto, dijo que el fallo de la jueza Gabriela Marrón que deniega medidas de prueba como el allanamiento a dependencias policiales y el secuestro de teléfonos de efectivos de la Bonaerense es “escandaloso”.

“Es doblemente grave porque rechaza esta medida y las vuelve no operativas. Si en un fallo que se carga en el sistema público se advierte de los 50 teléfonos que se van a secuestrar, ¿que van a hacer los primeros que se enteran? Eliminar, cambiar, perder y esos teléfonos no van a estar, esa información no va estar”, declaró a FM De la Calle.

Afirmó que la titular del Juzgado Federal 2 “se ha dedicado a defender a ultranza el rol de la policía y ha relativizado sus actitudes autoincriminatorias”.

En el marco de una entrevista para el tercer capítulo del documental ¿Quién mató a Facundo?, Peretto destacó que “nada deja de escandalizarnos” en la causa y lo ejemplificó con la convocatoria por parte del fiscal Ulpiano Martínez a peritos que “contradigan la postura de Marcos Herrero cuando el procedimiento se llevó a cabo en el marco de la legalidad, con testigos, sin reservas en el acta, absolutamente filmado”.

“A la jueza Marrón hay que definirla por cuál ha sido su comportamiento. Lo cierto es que, a 160 días de la desaparición, a la única persona que tiene denunciada en el expediente es a mí porque supuestamente había revelado un secreto profesional que yo en esta causa no tengo. El secreto profesional es de los peritos, dice que yo suscribo a un acta de confidencialidad que no lo puede probar porque no lo suscribí”. 

Peretto mencionó los “mensajes de texto entre los policías que dicen ‘vos quedate tranquilo que nadie va a saber que fuimos nosotros’. Encontrar material genético de Facundo arriba de un patrullero después de un contacto no declarado. De encontrar pertenencias de Facundo en un calabozo, después de borrar mensajes, aplicaciones. Después de todo eso la jueza no solamente no tiene a nadie imputado sino que se ha dedicado en este fallo a defender a ultranza el rol de la policía”.

 “En un momento del fallo dice ¿quién no borra mensajes? ¿quién no desinstala aplicaciones? ¿quién no cambia el número de teléfono? Y ataca a los que han sumado a la construcción de esta hipótesis: a Marcos Herrero, no es normal que haya encontrado la sandía de Facundo, el hermano tiene una igual, dejando entrever que podría haber sido colocada cuando la primera que llega es la Federal, cuando nadie tuvo contacto salvo el jefe del operativo, cuando está filmado el procedimiento policial, cuando se repite la escena,  la bolsa con la vaquita se coloca en el mismo lugar y los perros no lo advierten”.

El abogado se preguntó: “¿Va a decir que los mensajes lo colocamos nosotros? ¿Va a decir que la turmalina la colocamos nosotros? ¿Que intervenimos los GPS de los patrullero y colocamos un Toyota Etios de la Policía de Bahía 35 minutos detenido al lado del cuerpo, merodeando donde aparece la mochila? Es inexplicable”.

Sin embargo, el querellante aseguró que están convencidos de que “hay cosas que no van a dejar dormir nunca a los que intentan encubrir, que fueron burdos y evidentes”.

“(El policía de Origone Alberto) González ha sido el mal alumno que en su libreta anotaba datos de la causa. No los van a dejar dormir los mensajes de texto, los testigos que vieron, los GPS que hablaban, las capturas de pantalla del facebook de la mamá, la manipulación de información en lectoras de patente”.

“Con todas esas circunstancias, sea con esta jueza u otro, la causa de Facundo está muy cerca de la verdad, independientemente de que eso sea un escollo más dentro de la investigación, nada ha sido fácil”, concluyó Peretto.

La jueza Gabriela Marrón rechazó allanar el destacamento policial de Teniente Origone y la comisaría de Cerri y secuestrar los teléfonos celulares de decenas de efectivos vinculados a la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro.

Las medidas habían sido solicitadas por los fiscales Horacio Azzolín y Andrés Heim con la intención de reconstruir la jornada del 30 de abril y, si se determinase que el joven no falleció ese día, conocer con quiénes se comunicó y en qué lugares habría estado. También investigan si intervinieron terceras personas en su deceso, “lo que -destacaron- no fue establecido en el informe pericial remitido por el EAAF”.

Marrón dedica su fallo a excusar a los policías implicados y a atacar al perito de la querella, Marcos Herrero, a quien pretende que se investigue por los hallazgos de su perro. Por otra parte, acusa a Heim y Azzolín de no buscar la verdad sino “solamente a compeler la responsabilidad policial en el evento”.

La resolución puede ser apelada ante la Cámara Federal. Las querellas analizan recusar a Marrón.

Fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín.

La jueza sí ordenó que el policía Alberto González presente su libreta personal, en la cual registró los datos de Facundo aunque aparece “información antedatada” sobre la Testigo H. De no cumplirse voluntariamente será la Gendarmería la encargada de hacerlo.

Por otra parte, ordenó al Municipio de Villarino que entregue la información de todas las lectoras de patentes cercanas al puesto de control fitosanitario con el registro de los vehículos que pasaron del 30 de abril hasta el 8 de mayo. En la causa hay tres versiones: una planilla incompleta aportada por Senasa y dos versiones recortadas y “disímiles” entregadas por funcionarios municipales.

Aceptó, además, el pedido de información a las empresas correspondientes respecto a la titularidad de cuentas de redes sociales y correos electrónicos que pertenecerían a varios policías.

“Una actuación sistematizada para entorpecer la investigación”

Los fiscales encontraron “comunicaciones sugestivas entre miembros de la policía y el borrado de otras” en el análisis efectuado por la DATIP sobre las extracciones forenses de algunos de los teléfonos secuestrados, junto a imágenes que “no tendrían anclaje en su versión de los hechos”.

Advirtieron que existen rastros con ADN compatible a Facundo “en el interior de un móvil policial en el que supuestamente no habría estado”, lo que se suma al hallazgo de su amuleto en la sede policial a la que pertenece dicho vehículo y que, a su vez, “tenía asignado un celular del que se borraron registros de comunicaciones”.

Mencionaron la piedra turmalina del colgante de Facundo encontrada en el baúl del patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca que reportó “movimientos, cuanto menos extraños”, que lo ubicaron cerca del lugar donde se encontró el cuerpo del joven.

Y agregaron que en el interior de la mochila de Facundo estaba el pantalón con el que se lo ve junto a Mario Sosa en la foto tomada por Jana Curuhinca la mañana del 30 de abril. Allí también había otras prendas “aparentemente dañadas”, su registro de conducir pero no su DNI y un cartel con la inscripción ‘Médanos’ que “no habría sido escrito por Astudillo”.

Estas son algunas de las pruebas que llevaron a Heim y Azzolín a reclamar que la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad entregue los teléfonos personales y oficiales de 46 agentes policiales de Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Teniente Origone, Médanos, Gral. Cerri y Bahía Blanca.

Horas después de conocer las conclusiones de la autopsia, escribieron: “En el particular contexto de actuación general de la policía de Villarino, (las diligencias solicitadas) permitirían analizar un esquema de actuación sistematizada, coordinada y organizada en torno a la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, aunque encaminada a entorpecer el curso de la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte”.

(Agencia Andar) Ante las dilaciones en la investigación para conocer qué pasó con Facundo Astudillo Castro, la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires, presentó un nuevo informe ante Comité contra la Desaparición Forzada de ONU y solicitó su intervención.

Para el organismo es urgente que el Estado cumpla y averigüe las circunstancias de la desaparición y muerte del joven y se garantice con mayor celeridad que los responsables sean condenados.

En julio, cuando se desconocía el paradero de Facundo Castro, desaparecido el 30 de abril en Mayor Buratovich, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ordenó al Estado Argentino una serie de medidas urgentes para encontrarlo, llevar adelante una investigación independiente y brindar protección a los testigos que declararon en la causa cuyos testimonios fortalecen la hipótesis de la responsabilidad policial.

Esta acción de la ONU fue en respuesta al pedido realizado por la CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y querellante en la causa conjuntamente con la familia.

Luego de enviar sus observaciones preliminares al Comité en septiembre, el organismo presentó un nuevo informe donde reitera medidas de protección para los testigos de la causa, el cese de la persecución de los defensores de los derechos humanos involucrados, la realización de las pericias requeridas y solicita se evalúe las actuaciones llevadas hasta el momento por la Justicia Federal.

El 1 de octubre el Equipo Argentino de Antropología Forense presentó las conclusiones de los estudios realizados sobre los restos humanos hallados de Facundo Astudillo Castro. Dichos peritos dictaminaron que la muerte de Facundo se produjo por “asfixia mecánica por sumersión (ahogamiento) tratándose de una muerte violenta, no pudiéndose determinar con rigor científico que se trate de uno u otro modo de muerte: suicida, homicida o accidental”.  Llamativamente, minutos después de la presentación de ese informe, la Jueza Federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, emitió un comunicado donde hacía referencia a que Facundo habría alcanzado la muerte “sin participación de terceros”.

Según el informe presentado por la CPM dicha aseveración es producto de una lectura sesgada del informe de la autopsia, donde se insinúa que la muerte no fue homicidio. Según lo declarado por la médica forense Virginia Créimer, perita de parte de la familia de Facundo Castro, en el caso se descarta “in limine” el suicidio y, sobre las hipótesis de accidente que se plantean, el informe explica que no hay lesiones vitales que, si se hubiera accidentado en el lugar, el cuerpo las tendría que tener.

Estos datos del informe final de la autopsia, sumados a las pruebas que se siguen volcando a la causa a nivel testimonial, pericial y documental, resultado del trabajo de los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín, quienes lograron avanzar y superar los obstáculos interpuestos por el fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez (fiscal inicial de la causa que fue recusado por ambas querellas sin éxito),  permiten sostener como hipótesis que Facundo fue víctima de una desaparición forzada seguida de muerte y profundizar la investigación al respecto.

Cabe recordar que en agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH  también se pronunció luego de reconocer el planteo realizado por la CPM, de tomar medidas cautelares donde se señaló la intervención de la policía bonaerense, la misma fuerza sospechada de la desaparición del joven, en la investigación. La resolución 43/2020 de la CIDH remarcó a necesidad de acciones urgentes, que ya habían sido solicitadas por el Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas también a pedido de la CPM y, reclamó al Estado una investigación exhaustiva donde además se garantice la protección e integridad de los familiares y sus representantes. Lamentablemente, esas recomendaciones no han sido escuchadas.

Por otro lado, la intimidación a testigos por parte de las fuerzas de seguridad, a la familia de Facundo, a sus abogados, amigxs y compañerxs de trabajo no ha cesado, muy por el contrario, se han agravado con el paso del tiempo. Para resguardar la integridad de estas personas, la CPM  ha presentado hábeas corpus en el ámbito de la Justicia Federal pero, y como expresa en la denuncia, “las resistencias y la insuficiente gestión de la jueza Gabriela Marrón hace que continúe en trámite. Un caso que tiene estrecha vinculación con una grave violación de derechos humanos, que está en investigación, el estado de temor de los y las afectadas, ameritaban el dictado de la protección convencional requerida”. A quince días del planteo, no hay resolución firme.

Avances de la investigación

La CPM detalló pormenorizados detalles sobre los avances en la investigación que refuerzan la hipótesis de desaparición forzada.

  • En relación al móvil policial que el 8 de mayo se habría detenido durante unos 35 minutos a unos 800 metros del lugar donde se hallaron los restos de Facundo y, que según el Ministerio de Seguridad tenía una anomalía en el funcionamiento del sistema de georreferenciación, se informó que la empresa Megatrans, prestadora y encargada de realizar el mantenimiento de los sistemas de A.V.L. afirmó que del estudio de las posiciones GPS tomadas en días previos y posteriores, no se hallaron ningún tipo de fallas en los equipos instalados en los móviles policiales. A su vez, se explicó que el “salto” producido entre la Localidad de Bahía Blanca y Villarino que se debió a la intermitencia de satélites en vista para geo posicionar correctamente al móvil, lo que para la CPM indica “que en la zona de Villarino existen suficientes reportes que permiten determinar con certeza que el equipo geo posicionó al móvil en esa zona, permaneciendo allí durante más de tres horas”, dicen en la denuncia.
  • Los perros  del perito de parte Marcos Herrero dieron el alerta de la existencia de rastros sobre la posible permanencia de Facundo en el patrullero secuestrado. De la revisación completa surgieron varios elementos que se encuentran bajo análisis (manchas, filamentos pilosos, etc.) pero la prueba  más contundente, reconocida por Cristina Castro, mamá de Facundo, fue “un conjunto de fragmentos “vidriosos” que se corresponderían con un mineral conocido como turmalina”. Facundo, al momento de su desaparición, utilizaba un colgante en su cuello con una turmalina engarzada.
  • Un testigo de identidad reservada (M. P.), quien declaró que la noche del 11 de mayo, mientras se encontraba a bordo de una embarcación cumpliendo tareas en el Puerto de Ingeniero White en la costa de Bahía Blanca, visualizó un conjunto de luces inusuales sobre la zona en la que meses después se encontraría el cuerpo de Facundo.
  • En la causa se secuestraron ocho celulares pertenecientes a la policía bonaerense. Sólo 5 fueron periciados y están incorporados a las miles de fojas del expediente. De tres teléfonos celulares aún no hay información: uno pertenece un agente de la dependencia policial de Teniente Origone, otro al puesto policial de la misma localidad y por último, el de la policía Siomara Flores, quien dijo haber llevado a Facundo desde la Localidad de Mayor Buratovich a Teniente Origone el día 30 de abril de 2020.
  •  El 13 de septiembre un pescador halla la mochila con  pertenencias de Facundo en la zona. Cristina da cuenta de que faltan cosas: documento de identidad, un tarjetero, una tarjeta bancaria, un cinto, entre otras pertenencias; verifica que parte de la ropa está con roturas no se corresponden con su estado preexistente.
  • En el cangrejal en que se encontró el cuerpo de Facundo, también se halló una cantidad de huesos humanos que no pertenecían a  la víctima  y que han sido sometidos a peritajes aun en trámite. Estos hallazgos harían prever que podría tratarse de un lugar utilizado para descarte de cuerpos humanos.
  • Aún se esperan los resultados de algunas de las pruebas de cotejo de A.D.N. a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre material hallado en los levantamientos de rastros realizados sobre los móviles policiales de Mayor Buratovich, Teniente Origone y la U.P.P.L. de Bahía Blanca. Con fecha 1 de octubre, la última prueba presentada por la unidad fiscal confirmó que las muestras halladas en el móvil que era utilizado por el agente Gómez, son compatibles genéticamente con Facundo.

Simultáneamente, la CPM presentará un informe de similar contenido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por otra parte, requerirá información a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires respecto del estado de las actuaciones relativas al accionar de los policías involucrados en diversos tramos de los hechos que se investigan del Partido de Villarino, de la ciudad de Bahía Blanca y de la localidad de Gral. Daniel Cerri.

La periodista Adriana Meyer, quien cubre la investigación sobre la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro para Página/12, conversó con FM De la Calle sobre la nueva etapa de la causa.

“El uso del lenguaje nunca es neutro ni casual y se juega con esto del informe final de la autopsia como final de la causa. Es la antítesis. La causa, previo a la autopsia, había tenido un vuelco importante cuando empezaron a trabajar los fiscales Heim y Azzolin, hay nueva prueba que los querellantes prefieren no revelar porque está en marcha”, apuntó.

Meyer, quien publicó recientemente una nota de opinión titulada “Que parezca un accidente“, afirmó que “buscar la mayor objetividad no implica ser neutrales. Algunos periodistas critican respecto de quienes investigamos lo de adherir a la posición de la familia: a la víctima hay que escucharla en serio”.

Respecto del hallazgo de ADN de Facundo en un patrullero, señaló que se trata de un cabello “que como no esta el bulbo, se puedo dar con ADN mitocondrial que corresponde a Cristina. Eso sumado a una certera identificación de los testigos de uno de los policías sospechados, una serie enorme de medidas que hacen a la querella estar esperanzada que se va a llegar al pedido de encarcelamiento e indagatoria de los sospechados”.

Meyer sostuvo que “hay que reiterar y machacar, ante enormes esfuerzos por encubrir, que el objeto de la causa desde que pasó al fuero federal es desaparición forzada. Pasa el tiempo y ves operadores periodísticos que responden a sectores de la policía y sectores muy conservadores del Poder Judicial que vuelven a a la carga con la hipótesis del accidente, que no fue descartada pero está muy abajo, la primordial sigue siendo la desaparición forzada de persona”.

En relación al informe de los resultados de la autopsia destacó que “hay tergiversación en el sentido de mencionar la posibilidad de accidente cuando la autopsia dicen que con lo que hay, un cuerpo desmembrado, sin carne, es decir, unos huesos y esqueleto incompleto, pusieron que fue una muerte violenta de asfixia por sumersión, pero no hay elementos para afirmar ni que fue un homicidio ni un accidente ni suicidio. La hipótesis de suicidio nunca fue hipótesis para los investigadores”.

“También es cuestionable que la autopsia haya afirmado con tanta elocuencia la no intervención de terceros. Eso, según expertos que consulté, va a ser respondido en la investigación penal”.

¿Qué matices hay en el trabajo y el rol del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y peritos de la Corte?

“Hay un primer cuestionamiento dicho por Creimer, que no hubo un ateneo, una discusión previa y cuando ella fue a la reunión el informe ya estaba redactado. Salvando eso, el día de la reunión tuvo discusiones fuertes respecto a algunas disidencias, especialmente con equipos de la Corte y de la justicia. No cargaría las tintas sobre el Equipo, así como son hiper profesionales y rigurosos, su capacidad empieza y terminan en una excelente identificación de huesos. Esta causa es mucho más que un conjunto de huesos”.

Agregó que “lo que cuestionaba Creimer no tenía que ver con el EAAF sino con la odontóloga que le dijo a la mamá de Facundo una cosa el día de la autopsia y después se desdijo. A las claras hubo presiones para que el informe dijera algunas cosas. Por lo que dijo Creimer, a ella también la querían presionar para que firme en conformidad, el lío se armó cuando ella dejó escrita su disidencia”.

Asimismo la periodista señaló que el hecho que la jueza no haya incluido esta firma en disidencia parcial de la perito de la querella en el comunicado entregado a los medios “no es neutral”.

“Me hace acordar a los 55 peritos de (el juez Gustavo) Lleral de la causa Maldonado, resultó que eran 26. No soy quien para cuestionar a un perito, pero hay cosas operativas. ¿Por qué la jueza omitió semejante cosa? La disidencia de la perito es lo que permite seguir debatiendo en la causa y que esto no sea un cierre”, señaló.

Meyer afirmó que “en la desaparición forzada el encubrimiento de la fuerza sospechada es parte del mismo delito. En la primera parte del expediente había solo versiones policiales. Cuando eso llega a la instancia que se agota la causa provincial y pasa a federal, un organismo como la Comisión Provincial por la Memoria y Amnistía ven que hay elementos. Esos organismos no se meten si no ven claramente la intervención de la policía”.

“Esto recién empieza”, dijo Cristina Castro tras conocer los resultados de la autopsia a los restos de su hijo. Afirmó, además, que recibió resultados de análisis de ADN que identificaron su perfil genético en una de las pruebas secuestradas en la investigación.

Se excusó de brindar mayor información pero sostuvo que “si hay ADN concordante conmigo es porque mi hijo estuvo en ese lugar”. Según pudo conocer FM De la Calle, la muestra correspondería a un pelo sin bulbo con ADN compatible con Facundo.

Se trataría de uno de los elementos encontrados en el patrullero Toyota Hilux, interno 22788 patente EPH-491, que el día de la desaparición del joven era conducido por el policía Alberto González del destacamento de Teniente Origone.

En un calabozo externo de dicha sede de la Bonaerense, el perro Yatel, del entrenador Marcos Herrero, encontró el amuleto de Facundo. El mismo can había ladrado, gemido y rascado de manera “concluyente” en la patrulla. “En algún momento Facundo estuvo en esa camioneta”, dijo entonces Herrero.

Con los resultados positivos del allanamiento del 31 de julio, la querella pidió ampliar el relevamiento del puesto de Origone junto a Herrero e integrantes de la Policía Científica. Quieren que se “proceda a requisar, recolectar rastros y someter a pruebas de sustancias hemáticas a través del dispersado de luminol”. La jueza Gabriela Marrón nunca lo permitió.

González declaró que el 30 de abril un vecino lo llamó porque había un chico caminando a la vera de la ruta. Relató que se dirigió al KM 750, requisó a Facundo y tomó una foto de su carnet de conducir. Como desde Médanos le advirtieron que ya había sido infraccionado, lo dejó seguir.

En el marco de un rastrillaje, González dijo a Cristina Castro que su hijo continuó camino a pie hacía Bahía Blanca. Sin embargo, días atrás había declarado en sede policial que lo había levantado una Duster Oroch.

Allí se vincula con el testimonio de la Testigo H, acercado a la causa por les bonaerenses Mario Gabriel Sosa y Siomara Flores cuando su fuerza ya estaba apartada. Sosa y Jana Curuhinca fueron quienes infraccionaron a Facundo por la mañana en Buratovich. Flores es media hermana de Curuhinca.

Los testimonios de González y la Testigo H son contradictorios en varios puntos. Por ejemplo, hay una diferencia de siete kilómetros entre el sitio en el que cada cual ubica los hechos, en si hubo o no participación de un segundo policía y en la manera en que estaba estacionado el patrullero.

A mediados de junio, González recordaba llamativamente con exactitud el domicilio de la novia de Facundo a donde le habría manifestado que se dirigía.

Otro documento “curioso” es su libreta de trabajo. En una de sus hojas se leen los datos de la Testigo H y debajo los de Facundo. “En la hoja donde tomé los datos de este chico, figuran los datos de una señora (XX), recuerdo que eso fue anotado porque varios días antes me avisan que esta señora se había escapado de un control de tránsito en Mayor Buratovich y que salga y la intercepte, por eso yo anoté en la libreta eso”, intentó explicar el teniente primero.

Foto libreta: Adriana Meyer.

“Ser joven no es delito”, es el título de esta segunda entrega de la serie ¿Quién mató a Facundo? Un documental urgente en tiempo real. El capítulo cuenta la vida y militancia de Facundo en Pedro Luro, un pequeño pueblo del partido de Villarino, al sur de la provincia de Buenos Aires.

En este capítulo acompañamos durante un mes a Cristina Castro, la madre de Facundo, que comenzó peregrinando por comisarías y llegó a la Quinta de Olivos exigiendo nuevas autoridades en la causa judicial. También grabamos con Vanesa Ganduglia y Mercedes Hollmann, ex docentes de la experiencia cultural-educativa Semillero Cultural, quienes relatan el contexto en el cual Facundo se convirtió en un militante involucrado con los derechos humanos y la realidad política.

También conocemos a algunos de los amigos de Facundo, o el Kufa como solían llamarlo, quienes reconstruyen la personalidad y las actividades que realizaron durante la adolescencia. El archivo del documental muestra a Facundo en todas sus facetas, el rapero, el militante por los derechos humanos, el peronista y el más divertido de sus amigos.

“¿Quién mató a Facundo?” es un documental urgente porque busca responder y desarticular una enorme maquinaria de prensa montada para encubrir a los responsables del crimen. Se produce y emite en episodios, que van siguiendo en tiempo real la causa judicial que investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, luego de tres controles de Policía Bonaerense.