Entradas

A pocos días de cumplirse seis meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, tres amigues y compañeres de la cervecería donde trabajaba el joven de Pedro Luro hablaron con FM De la Calle.

El próximo viernes 30 una movilización a pie y en autos partirá a las 17 desde la Plaza Pablo González de Pedro Luro. En Bahía Blanca, la CTA realizará una marcha y caravana con puntos de encuentro a las 17:30 en Alem 1253 y a las 18 en Plaza Rivadavia.

El termómetro marcaba 31 grados. El sábado más caluroso de septiembre, a la hora de la siesta, se abre bajo un sol que raja la tierra el local en pleno centro de Luro. Afuera, unas típicas mesas con banquetas de madera. Adentro, detrás de unas cortinas, un salón con barra, paredes rojas, varios vinilos colgados en las paredes, un disco de “El Gitano” inmóvil arriba de la puerta que va al baño.

Kufa trabajaba en la bacha. Detrás de la puerta vaivén que va hacia la cocina quedó su delantal, sucio, tal y como lo dejó antes de irse la última noche. Sus amigues piensan enmarcarlo y colgarlo en la pared.

“Era técnico en casi todo”, dice Mailén y Celeste agrega que “siempre estaba para todo, por más que no tenía que hacerlo lo hacía”.

También hay, en un espacio pequeño al lado del lavamanos, un rincón en el que se halla una manzana del tamaño de un nuez con una vaquita de San Antonio. Es un amuleto muy parecido al que encontraron en el puesto policial de Origone y que Facundo llevaba siempre consigo.

“Cuando me enteré de lo que estaba pasando fue algo doloroso, raro de él porque siempre estaba por todo el pueblo, lo veías a las cinco de la tarde en un barrio y a las ocho de la noche en otro, era raro que nadie lo viera. No era de irse de la nada, si bien salía a dedo para Bahía no iba a desaparecer sin comunicarse”, cuenta Sandro con quien se conocían de chicos y después de varios años volvieron a reencontrarse en “Turmalina”.

Entre todes tienen un grupo de WhatsApp en el cual organizaban la búsqueda de Kufa. Ahora lo usan para difundir novedades en torno a la causa, se avisan cuando salen, cuando vuelven, si ya llegaron, si ven algún movimiento raro.

“Siento miedo, mucho miedo. Si bien le tengo un cierto respeto a las autoridades, desde que pasó esto, cuando pasa un patrullero algo me pasa en el cuerpo, mucho miedo y bronca. De acá salimos tarde, dos, tres de la mañana. Primero estoy atenta a todo, si nos llega a pasar algo tener pruebas, vi unas lucecitas y no te explico el terror que me dio pensar que era la policía”, comenta Mailén.

Para Celeste “es una sensación rara. Dicen ‘bueno si te pasa algo lo primero que llamás es a la policía’. Si me pasa algo lo pienso, no se si llamaría”. 

“Queremos que se haga justicia y que paguen quienes tengan que pagar, que la gente no se quede dormida y no se calle”, pide Mailén.

La Comisión Provincial por la Memoria y los abogados de Cristina Castro adhirieron a la apelación de la Fiscalía tras el rechazo a la realización de medidas de prueba solicitadas a la jueza Gabriela Marrón en la causa de Facundo Castro.

Margarita Jarque destacó en FM De la Calle “el peligro de la demora de toma de decisiones, se ve como un apresuramiento de parte de la jueza en ir clausurando determinados elementos de la causa”.

Para la integrante de la CPM, Marrón hace una utilización errónea del resultado de la autopsia. La pericia encabezada por el EAAF, “viene a traernos información sobre el cuerpo de Facundo pero que no puede quitarle valor a otras pruebas de la causa”.

“Concretamente hablamos de la actividad policial profusa el 30 de abril, falta de colaboración de parte de los policías del Partido de Villarino, la jueza valoró que entregaron ‘voluntariamente’ sus celulares, cuando la causa está plagada de informes de la DATIP y vemos el lado B, hay conversaciones con jefes, vemos mensajes borrados que se encuentran en esos celulares. Corresponde hacerlo por lo menos para que la prueba no se pierda”. 

Jarque señaló que insistirán en la recolección de otras medidas, faltan análisis “confirmando otros estudios de ADN, pruebas de celulares, estudios oceanográficos que pidieron los fiscales”.

Respecto del rechazo al allanamiento al destacamento policial de Origone, la abogada sostuvo que debería realizarse un nuevo pocedimiento “porque este puesto tiene sectores aledaños donde puede dar resultados, lo mismo que la prueba de luminol que no había sido resuelta en esa oportunidad”.

“Entendemos que la jueza debería habilitar los propios interrogantes: ¿por qué asumir que Facundo murió en ese lugar (la ría en Villarino Viejo) y descartar que pudo estar en otro lugar antes? ¿Podría haber estado en Origone? ¿No podría haberse producido la muerte en otro lugar de la misma zona de similares características al lugar del hallazgo”, se preguntó. 

Jarque afirmó que “hay beligerancia en el modo de dirigirse a los fiscales (…). Hay como una suerte de obstinación propolicial, es muy importante tener el contexto, tener en cuenta qué fuerza está investigando, hay mucho escrito sobre el espíritu de cuerpo que caracteriza a las fuerzas policiales, a la Policía Bonaerense” 

Destacó que según el Registro de Violencia Institucional de la Procuración “Bahía es el segundo departamento judicial con casos de violencia policial luego de La Matanza. Eso no necesariamente lleva a la responsabilidad  de la policía pero es un contexto que hay que analizar”. 

Jarque dijo que “obviamente” una de las variables que considera la querella es la recusación de Marrón: “Las cosas se dan de un modo que no nos queda otra manera porque lo que se pone en riesgo es la investigación y llegar a la verdad y, luego, a la justicia. Eso es lo que indican los pactos internacionales, es precisamente lo que se indica en estos procesos”. 

Desprotección de testigos

El testigo Marcelo González advirtió esta semana a FM De la Calle que la jueza Marrón levantó la custodia de Prefectura que le había otorgado tras denunciar a la policía de Buratovich por amenazarlo y hostigarlo para que asuma responsabilidades en la desaparición de su ex cuñado.

“Es preocupante porque fue un proceso rápido, se notificó y se quitó la custodia casi todo al mismo tiempo. No hubo posibilidad de preguntarle a Marcelo, no se usaron los programas de acompañamiento, se basó en informes de la Prefectura”, comentó Jarque.

Opinó que “son resoluciones que hablarían de momentos de clausura, cuando hace un mes planteamos situaciones (de hostigamiento) que no eran aisladas respecto de Cristina, abogados, amigos de Facundo lo hicimos pidiendo un habeas corpus, allí tuvimos que soportar ya un mes de trámite, está en Cámara de Apelaciones la negación a ese recurso que firmó Da Silva”.

(Por Comisión Provincial por la Memoria) La jueza federal de Bahía Blanca Gabriela Marrón rechazó una gran cantidad de medidas pertinentes de pruebas que solicitaron los fiscales y las querellas de la causa Facundo Astudillo Castro. La decisión se funda en una arbitraria y antojadiza interpretación de la prueba y expresa claramente una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo. Ante la gravedad institucional de este hecho, el Estado tiene la obligación de realizar una investigación profunda, expeditiva y eficaz; sin embargo, la actitud de la jueza Marrón es diametralmente opuesta y de seguir este camino, sólo será garantía de impunidad.

Con las pruebas que existen en la causa Facundo Astudillo Castro, la hipótesis más robusta sigue siendo la desaparición forzada seguida de muerte. Esta valoración es compartida por la querella familiar, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -querella institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura- y los fiscales Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia.

Sobre la base de ese material probatorio, los fiscales pidieron una serie de nuevas medidas de prueba; entre ellas, el secuestro de los teléfonos celulares de los policías superiores de los agentes vinculados a la investigación y el allanamiento de destacamentos policiales donde se encontraron objetos pertenecientes a Facundo Astudillo Castro.

A pesar de la enorme pertinencia de este pedido, fundado en pruebas ya existentes en el expediente, la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón rechazó una gran parte las diligencias solicitadas por los fiscales y las querellas. La decisión será apelada ante la Cámara Federal, sin embargo la actitud de la jueza pone en peligro el curso de la causa y es casi una declaración de sentencia que sólo será garantía de impunidad.

Cuando se investiga delitos de gravedad institucional, como la desaparición forzada de personas, las recomendaciones internacionales y las reglas y principios procesales de la normativa nacional obligan a las y los funcionarios judiciales a adoptar medidas que promuevan una investigación profunda, expeditiva, eficaz y respetuosa de las víctimas. Todo lo contrario a lo que está haciendo la jueza Marrón.

La decisión de rechazar masivamente las medidas de prueba se fundan en una temprana valoración que arrojará un solo resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo. Una decisión parcial y antojadiza que no se ajusta a las reglas de fundamentación de las decisiones jurisdiccionales. Más grave aún, denegar las peticiones probatorias de los fiscales, tiende a establecer una peligrosa brecha entre la verdad material y la verdad judicial.

Contrariamente a lo que quiere suponer la jueza Marrón, hacer lugar a estas medidas de prueba de ninguna manera significa desconocer el principio de inocencia. En cambio, rechazar las medidas como hizo, sí es una falta institucional grave: la debida diligencia le impone a la jueza, ante un conflicto de garantías constitucionales, la necesidad de preservar la investigación. Una vez más, con toda claridad, la decisión de la jueza parece estar adoptada en la voluntad de no investigar.

En la arbitrariedad de sus decisiones, insistimos todas tendientes a concluir la investigación sin llegar a la verdad, llega a cuestionar la palabra de Cristina Castro, la mamá de Facundo, víctima y querella de la causa. Y, fundamentalmente, se pronuncia extensamente para desacreditar el perito de parte, el adiestrador canino Marcos Herrero.

De esta manera, busca restar valor a dos pruebas claves de la causa: el amuleto hallado en el puesto de vigilancia de Teniente Origone y un pedazo de turmalina encontrado en un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca, el mismo que el 8 de mayo, sin razón alguna y alejado decenas de kilómetros de su radio de circulación, estuvo en la zona donde posteriormente fueron hallados los restos de Facundo. Según la información brindada por la empresa Megatrans, prestataria del monitoreo del servicio AVL, el móvil se geolocalizó durante aproximadamente tres horas (entre las 12 y 15:45) en diverso puntos del cangrejal, llegando a estar a sólo 800 metros del lugar del hallazgo del cuerpo esqueletizado.

Los argumentos para desacreditar los peritajes recaen en tantas irregularidades y contradicciones que resulta difícil de explicar y mucho más difícil de entender: por un lado, invalida el hallazgo de estos objetos sin cuestionar las actas de allanamiento y registros, y sin poner en duda a los funcionarios actuantes de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y los testigos. Por otro lado: si como ella sostiene fuera imposible encontrar rastros 72 horas después de la desaparición de una persona, ¿por qué ordenó y avaló el peritaje en su momento? Una verdadera sinrazón.

Más aún, en el transcurso de la causa, la policía bonaerense cometió una serie de delitos e irregularidades que no se explican si no es para encubrir hechos y desviar la investigación: allanaron el domicilio de la ex pareja de Facundo sin orden judicial; amenazaron, hostigaron y pretendieron imputar al ex-cuñado de Facundo; persiguieron y atemorizaron a testigos, abogados y familiares y presentaron testigos falsos o que declararon sin informar que eran policías. Una maquinaria policial puesta al servicio de generar impunidad.

A pesar de reconocer la historia de hechos de violencia institucional, la jueza parece desconocer la verdadera complejidad de estos procesos en donde se sospecha la intervención de una fuerza de seguridad. La falta de voluntad de investigar y la demora en las medidas de pruebas sólo atenta contra la verdad, la justicia y la reparación.

El Estado argentino se comprometió ante los organismos internacionales a investigar y juzgar los delitos de gravedad institucional; incluso en este caso, a partir de una presentación de la CPM, interviene el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. La jueza federal Gabriela Marrón debe estar a la altura de esta responsabilidad; y si no lo está, entonces deberá el Estado encontrar el camino institucional para garantizar que la investigación continúe hasta llegar a la verdad.

Uno de los abogados de Cristina Castro, Luciano Peretto, dijo que el fallo de la jueza Gabriela Marrón que deniega medidas de prueba como el allanamiento a dependencias policiales y el secuestro de teléfonos de efectivos de la Bonaerense es “escandaloso”.

“Es doblemente grave porque rechaza esta medida y las vuelve no operativas. Si en un fallo que se carga en el sistema público se advierte de los 50 teléfonos que se van a secuestrar, ¿que van a hacer los primeros que se enteran? Eliminar, cambiar, perder y esos teléfonos no van a estar, esa información no va estar”, declaró a FM De la Calle.

Afirmó que la titular del Juzgado Federal 2 “se ha dedicado a defender a ultranza el rol de la policía y ha relativizado sus actitudes autoincriminatorias”.

En el marco de una entrevista para el tercer capítulo del documental ¿Quién mató a Facundo?, Peretto destacó que “nada deja de escandalizarnos” en la causa y lo ejemplificó con la convocatoria por parte del fiscal Ulpiano Martínez a peritos que “contradigan la postura de Marcos Herrero cuando el procedimiento se llevó a cabo en el marco de la legalidad, con testigos, sin reservas en el acta, absolutamente filmado”.

“A la jueza Marrón hay que definirla por cuál ha sido su comportamiento. Lo cierto es que, a 160 días de la desaparición, a la única persona que tiene denunciada en el expediente es a mí porque supuestamente había revelado un secreto profesional que yo en esta causa no tengo. El secreto profesional es de los peritos, dice que yo suscribo a un acta de confidencialidad que no lo puede probar porque no lo suscribí”. 

Peretto mencionó los “mensajes de texto entre los policías que dicen ‘vos quedate tranquilo que nadie va a saber que fuimos nosotros’. Encontrar material genético de Facundo arriba de un patrullero después de un contacto no declarado. De encontrar pertenencias de Facundo en un calabozo, después de borrar mensajes, aplicaciones. Después de todo eso la jueza no solamente no tiene a nadie imputado sino que se ha dedicado en este fallo a defender a ultranza el rol de la policía”.

 “En un momento del fallo dice ¿quién no borra mensajes? ¿quién no desinstala aplicaciones? ¿quién no cambia el número de teléfono? Y ataca a los que han sumado a la construcción de esta hipótesis: a Marcos Herrero, no es normal que haya encontrado la sandía de Facundo, el hermano tiene una igual, dejando entrever que podría haber sido colocada cuando la primera que llega es la Federal, cuando nadie tuvo contacto salvo el jefe del operativo, cuando está filmado el procedimiento policial, cuando se repite la escena,  la bolsa con la vaquita se coloca en el mismo lugar y los perros no lo advierten”.

El abogado se preguntó: “¿Va a decir que los mensajes lo colocamos nosotros? ¿Va a decir que la turmalina la colocamos nosotros? ¿Que intervenimos los GPS de los patrullero y colocamos un Toyota Etios de la Policía de Bahía 35 minutos detenido al lado del cuerpo, merodeando donde aparece la mochila? Es inexplicable”.

Sin embargo, el querellante aseguró que están convencidos de que “hay cosas que no van a dejar dormir nunca a los que intentan encubrir, que fueron burdos y evidentes”.

“(El policía de Origone Alberto) González ha sido el mal alumno que en su libreta anotaba datos de la causa. No los van a dejar dormir los mensajes de texto, los testigos que vieron, los GPS que hablaban, las capturas de pantalla del facebook de la mamá, la manipulación de información en lectoras de patente”.

“Con todas esas circunstancias, sea con esta jueza u otro, la causa de Facundo está muy cerca de la verdad, independientemente de que eso sea un escollo más dentro de la investigación, nada ha sido fácil”, concluyó Peretto.

La jueza Gabriela Marrón rechazó allanar el destacamento policial de Teniente Origone y la comisaría de Cerri y secuestrar los teléfonos celulares de decenas de efectivos vinculados a la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro.

Las medidas habían sido solicitadas por los fiscales Horacio Azzolín y Andrés Heim con la intención de reconstruir la jornada del 30 de abril y, si se determinase que el joven no falleció ese día, conocer con quiénes se comunicó y en qué lugares habría estado. También investigan si intervinieron terceras personas en su deceso, “lo que -destacaron- no fue establecido en el informe pericial remitido por el EAAF”.

Marrón dedica su fallo a excusar a los policías implicados y a atacar al perito de la querella, Marcos Herrero, a quien pretende que se investigue por los hallazgos de su perro. Por otra parte, acusa a Heim y Azzolín de no buscar la verdad sino “solamente a compeler la responsabilidad policial en el evento”.

La resolución puede ser apelada ante la Cámara Federal. Las querellas analizan recusar a Marrón.

Fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín.

La jueza sí ordenó que el policía Alberto González presente su libreta personal, en la cual registró los datos de Facundo aunque aparece “información antedatada” sobre la Testigo H. De no cumplirse voluntariamente será la Gendarmería la encargada de hacerlo.

Por otra parte, ordenó al Municipio de Villarino que entregue la información de todas las lectoras de patentes cercanas al puesto de control fitosanitario con el registro de los vehículos que pasaron del 30 de abril hasta el 8 de mayo. En la causa hay tres versiones: una planilla incompleta aportada por Senasa y dos versiones recortadas y “disímiles” entregadas por funcionarios municipales.

Aceptó, además, el pedido de información a las empresas correspondientes respecto a la titularidad de cuentas de redes sociales y correos electrónicos que pertenecerían a varios policías.

“Una actuación sistematizada para entorpecer la investigación”

Los fiscales encontraron “comunicaciones sugestivas entre miembros de la policía y el borrado de otras” en el análisis efectuado por la DATIP sobre las extracciones forenses de algunos de los teléfonos secuestrados, junto a imágenes que “no tendrían anclaje en su versión de los hechos”.

Advirtieron que existen rastros con ADN compatible a Facundo “en el interior de un móvil policial en el que supuestamente no habría estado”, lo que se suma al hallazgo de su amuleto en la sede policial a la que pertenece dicho vehículo y que, a su vez, “tenía asignado un celular del que se borraron registros de comunicaciones”.

Mencionaron la piedra turmalina del colgante de Facundo encontrada en el baúl del patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca que reportó “movimientos, cuanto menos extraños”, que lo ubicaron cerca del lugar donde se encontró el cuerpo del joven.

Y agregaron que en el interior de la mochila de Facundo estaba el pantalón con el que se lo ve junto a Mario Sosa en la foto tomada por Jana Curuhinca la mañana del 30 de abril. Allí también había otras prendas “aparentemente dañadas”, su registro de conducir pero no su DNI y un cartel con la inscripción ‘Médanos’ que “no habría sido escrito por Astudillo”.

Estas son algunas de las pruebas que llevaron a Heim y Azzolín a reclamar que la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad entregue los teléfonos personales y oficiales de 46 agentes policiales de Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Teniente Origone, Médanos, Gral. Cerri y Bahía Blanca.

Horas después de conocer las conclusiones de la autopsia, escribieron: “En el particular contexto de actuación general de la policía de Villarino, (las diligencias solicitadas) permitirían analizar un esquema de actuación sistematizada, coordinada y organizada en torno a la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, aunque encaminada a entorpecer el curso de la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte”.

(Agencia Andar) Ante las dilaciones en la investigación para conocer qué pasó con Facundo Astudillo Castro, la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires, presentó un nuevo informe ante Comité contra la Desaparición Forzada de ONU y solicitó su intervención.

Para el organismo es urgente que el Estado cumpla y averigüe las circunstancias de la desaparición y muerte del joven y se garantice con mayor celeridad que los responsables sean condenados.

En julio, cuando se desconocía el paradero de Facundo Castro, desaparecido el 30 de abril en Mayor Buratovich, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ordenó al Estado Argentino una serie de medidas urgentes para encontrarlo, llevar adelante una investigación independiente y brindar protección a los testigos que declararon en la causa cuyos testimonios fortalecen la hipótesis de la responsabilidad policial.

Esta acción de la ONU fue en respuesta al pedido realizado por la CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y querellante en la causa conjuntamente con la familia.

Luego de enviar sus observaciones preliminares al Comité en septiembre, el organismo presentó un nuevo informe donde reitera medidas de protección para los testigos de la causa, el cese de la persecución de los defensores de los derechos humanos involucrados, la realización de las pericias requeridas y solicita se evalúe las actuaciones llevadas hasta el momento por la Justicia Federal.

El 1 de octubre el Equipo Argentino de Antropología Forense presentó las conclusiones de los estudios realizados sobre los restos humanos hallados de Facundo Astudillo Castro. Dichos peritos dictaminaron que la muerte de Facundo se produjo por “asfixia mecánica por sumersión (ahogamiento) tratándose de una muerte violenta, no pudiéndose determinar con rigor científico que se trate de uno u otro modo de muerte: suicida, homicida o accidental”.  Llamativamente, minutos después de la presentación de ese informe, la Jueza Federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, emitió un comunicado donde hacía referencia a que Facundo habría alcanzado la muerte “sin participación de terceros”.

Según el informe presentado por la CPM dicha aseveración es producto de una lectura sesgada del informe de la autopsia, donde se insinúa que la muerte no fue homicidio. Según lo declarado por la médica forense Virginia Créimer, perita de parte de la familia de Facundo Castro, en el caso se descarta “in limine” el suicidio y, sobre las hipótesis de accidente que se plantean, el informe explica que no hay lesiones vitales que, si se hubiera accidentado en el lugar, el cuerpo las tendría que tener.

Estos datos del informe final de la autopsia, sumados a las pruebas que se siguen volcando a la causa a nivel testimonial, pericial y documental, resultado del trabajo de los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín, quienes lograron avanzar y superar los obstáculos interpuestos por el fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez (fiscal inicial de la causa que fue recusado por ambas querellas sin éxito),  permiten sostener como hipótesis que Facundo fue víctima de una desaparición forzada seguida de muerte y profundizar la investigación al respecto.

Cabe recordar que en agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH  también se pronunció luego de reconocer el planteo realizado por la CPM, de tomar medidas cautelares donde se señaló la intervención de la policía bonaerense, la misma fuerza sospechada de la desaparición del joven, en la investigación. La resolución 43/2020 de la CIDH remarcó a necesidad de acciones urgentes, que ya habían sido solicitadas por el Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas también a pedido de la CPM y, reclamó al Estado una investigación exhaustiva donde además se garantice la protección e integridad de los familiares y sus representantes. Lamentablemente, esas recomendaciones no han sido escuchadas.

Por otro lado, la intimidación a testigos por parte de las fuerzas de seguridad, a la familia de Facundo, a sus abogados, amigxs y compañerxs de trabajo no ha cesado, muy por el contrario, se han agravado con el paso del tiempo. Para resguardar la integridad de estas personas, la CPM  ha presentado hábeas corpus en el ámbito de la Justicia Federal pero, y como expresa en la denuncia, “las resistencias y la insuficiente gestión de la jueza Gabriela Marrón hace que continúe en trámite. Un caso que tiene estrecha vinculación con una grave violación de derechos humanos, que está en investigación, el estado de temor de los y las afectadas, ameritaban el dictado de la protección convencional requerida”. A quince días del planteo, no hay resolución firme.

Avances de la investigación

La CPM detalló pormenorizados detalles sobre los avances en la investigación que refuerzan la hipótesis de desaparición forzada.

  • En relación al móvil policial que el 8 de mayo se habría detenido durante unos 35 minutos a unos 800 metros del lugar donde se hallaron los restos de Facundo y, que según el Ministerio de Seguridad tenía una anomalía en el funcionamiento del sistema de georreferenciación, se informó que la empresa Megatrans, prestadora y encargada de realizar el mantenimiento de los sistemas de A.V.L. afirmó que del estudio de las posiciones GPS tomadas en días previos y posteriores, no se hallaron ningún tipo de fallas en los equipos instalados en los móviles policiales. A su vez, se explicó que el “salto” producido entre la Localidad de Bahía Blanca y Villarino que se debió a la intermitencia de satélites en vista para geo posicionar correctamente al móvil, lo que para la CPM indica “que en la zona de Villarino existen suficientes reportes que permiten determinar con certeza que el equipo geo posicionó al móvil en esa zona, permaneciendo allí durante más de tres horas”, dicen en la denuncia.
  • Los perros  del perito de parte Marcos Herrero dieron el alerta de la existencia de rastros sobre la posible permanencia de Facundo en el patrullero secuestrado. De la revisación completa surgieron varios elementos que se encuentran bajo análisis (manchas, filamentos pilosos, etc.) pero la prueba  más contundente, reconocida por Cristina Castro, mamá de Facundo, fue “un conjunto de fragmentos “vidriosos” que se corresponderían con un mineral conocido como turmalina”. Facundo, al momento de su desaparición, utilizaba un colgante en su cuello con una turmalina engarzada.
  • Un testigo de identidad reservada (M. P.), quien declaró que la noche del 11 de mayo, mientras se encontraba a bordo de una embarcación cumpliendo tareas en el Puerto de Ingeniero White en la costa de Bahía Blanca, visualizó un conjunto de luces inusuales sobre la zona en la que meses después se encontraría el cuerpo de Facundo.
  • En la causa se secuestraron ocho celulares pertenecientes a la policía bonaerense. Sólo 5 fueron periciados y están incorporados a las miles de fojas del expediente. De tres teléfonos celulares aún no hay información: uno pertenece un agente de la dependencia policial de Teniente Origone, otro al puesto policial de la misma localidad y por último, el de la policía Siomara Flores, quien dijo haber llevado a Facundo desde la Localidad de Mayor Buratovich a Teniente Origone el día 30 de abril de 2020.
  •  El 13 de septiembre un pescador halla la mochila con  pertenencias de Facundo en la zona. Cristina da cuenta de que faltan cosas: documento de identidad, un tarjetero, una tarjeta bancaria, un cinto, entre otras pertenencias; verifica que parte de la ropa está con roturas no se corresponden con su estado preexistente.
  • En el cangrejal en que se encontró el cuerpo de Facundo, también se halló una cantidad de huesos humanos que no pertenecían a  la víctima  y que han sido sometidos a peritajes aun en trámite. Estos hallazgos harían prever que podría tratarse de un lugar utilizado para descarte de cuerpos humanos.
  • Aún se esperan los resultados de algunas de las pruebas de cotejo de A.D.N. a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre material hallado en los levantamientos de rastros realizados sobre los móviles policiales de Mayor Buratovich, Teniente Origone y la U.P.P.L. de Bahía Blanca. Con fecha 1 de octubre, la última prueba presentada por la unidad fiscal confirmó que las muestras halladas en el móvil que era utilizado por el agente Gómez, son compatibles genéticamente con Facundo.

Simultáneamente, la CPM presentará un informe de similar contenido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por otra parte, requerirá información a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires respecto del estado de las actuaciones relativas al accionar de los policías involucrados en diversos tramos de los hechos que se investigan del Partido de Villarino, de la ciudad de Bahía Blanca y de la localidad de Gral. Daniel Cerri.

La periodista Adriana Meyer, quien cubre la investigación sobre la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro para Página/12, conversó con FM De la Calle sobre la nueva etapa de la causa.

“El uso del lenguaje nunca es neutro ni casual y se juega con esto del informe final de la autopsia como final de la causa. Es la antítesis. La causa, previo a la autopsia, había tenido un vuelco importante cuando empezaron a trabajar los fiscales Heim y Azzolin, hay nueva prueba que los querellantes prefieren no revelar porque está en marcha”, apuntó.

Meyer, quien publicó recientemente una nota de opinión titulada “Que parezca un accidente“, afirmó que “buscar la mayor objetividad no implica ser neutrales. Algunos periodistas critican respecto de quienes investigamos lo de adherir a la posición de la familia: a la víctima hay que escucharla en serio”.

Respecto del hallazgo de ADN de Facundo en un patrullero, señaló que se trata de un cabello “que como no esta el bulbo, se puedo dar con ADN mitocondrial que corresponde a Cristina. Eso sumado a una certera identificación de los testigos de uno de los policías sospechados, una serie enorme de medidas que hacen a la querella estar esperanzada que se va a llegar al pedido de encarcelamiento e indagatoria de los sospechados”.

Meyer sostuvo que “hay que reiterar y machacar, ante enormes esfuerzos por encubrir, que el objeto de la causa desde que pasó al fuero federal es desaparición forzada. Pasa el tiempo y ves operadores periodísticos que responden a sectores de la policía y sectores muy conservadores del Poder Judicial que vuelven a a la carga con la hipótesis del accidente, que no fue descartada pero está muy abajo, la primordial sigue siendo la desaparición forzada de persona”.

En relación al informe de los resultados de la autopsia destacó que “hay tergiversación en el sentido de mencionar la posibilidad de accidente cuando la autopsia dicen que con lo que hay, un cuerpo desmembrado, sin carne, es decir, unos huesos y esqueleto incompleto, pusieron que fue una muerte violenta de asfixia por sumersión, pero no hay elementos para afirmar ni que fue un homicidio ni un accidente ni suicidio. La hipótesis de suicidio nunca fue hipótesis para los investigadores”.

“También es cuestionable que la autopsia haya afirmado con tanta elocuencia la no intervención de terceros. Eso, según expertos que consulté, va a ser respondido en la investigación penal”.

¿Qué matices hay en el trabajo y el rol del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y peritos de la Corte?

“Hay un primer cuestionamiento dicho por Creimer, que no hubo un ateneo, una discusión previa y cuando ella fue a la reunión el informe ya estaba redactado. Salvando eso, el día de la reunión tuvo discusiones fuertes respecto a algunas disidencias, especialmente con equipos de la Corte y de la justicia. No cargaría las tintas sobre el Equipo, así como son hiper profesionales y rigurosos, su capacidad empieza y terminan en una excelente identificación de huesos. Esta causa es mucho más que un conjunto de huesos”.

Agregó que “lo que cuestionaba Creimer no tenía que ver con el EAAF sino con la odontóloga que le dijo a la mamá de Facundo una cosa el día de la autopsia y después se desdijo. A las claras hubo presiones para que el informe dijera algunas cosas. Por lo que dijo Creimer, a ella también la querían presionar para que firme en conformidad, el lío se armó cuando ella dejó escrita su disidencia”.

Asimismo la periodista señaló que el hecho que la jueza no haya incluido esta firma en disidencia parcial de la perito de la querella en el comunicado entregado a los medios “no es neutral”.

“Me hace acordar a los 55 peritos de (el juez Gustavo) Lleral de la causa Maldonado, resultó que eran 26. No soy quien para cuestionar a un perito, pero hay cosas operativas. ¿Por qué la jueza omitió semejante cosa? La disidencia de la perito es lo que permite seguir debatiendo en la causa y que esto no sea un cierre”, señaló.

Meyer afirmó que “en la desaparición forzada el encubrimiento de la fuerza sospechada es parte del mismo delito. En la primera parte del expediente había solo versiones policiales. Cuando eso llega a la instancia que se agota la causa provincial y pasa a federal, un organismo como la Comisión Provincial por la Memoria y Amnistía ven que hay elementos. Esos organismos no se meten si no ven claramente la intervención de la policía”.

“Esto recién empieza”, dijo Cristina Castro tras conocer los resultados de la autopsia a los restos de su hijo. Afirmó, además, que recibió resultados de análisis de ADN que identificaron su perfil genético en una de las pruebas secuestradas en la investigación.

Se excusó de brindar mayor información pero sostuvo que “si hay ADN concordante conmigo es porque mi hijo estuvo en ese lugar”. Según pudo conocer FM De la Calle, la muestra correspondería a un pelo sin bulbo con ADN compatible con Facundo.

Se trataría de uno de los elementos encontrados en el patrullero Toyota Hilux, interno 22788 patente EPH-491, que el día de la desaparición del joven era conducido por el policía Alberto González del destacamento de Teniente Origone.

En un calabozo externo de dicha sede de la Bonaerense, el perro Yatel, del entrenador Marcos Herrero, encontró el amuleto de Facundo. El mismo can había ladrado, gemido y rascado de manera “concluyente” en la patrulla. “En algún momento Facundo estuvo en esa camioneta”, dijo entonces Herrero.

Con los resultados positivos del allanamiento del 31 de julio, la querella pidió ampliar el relevamiento del puesto de Origone junto a Herrero e integrantes de la Policía Científica. Quieren que se “proceda a requisar, recolectar rastros y someter a pruebas de sustancias hemáticas a través del dispersado de luminol”. La jueza Gabriela Marrón nunca lo permitió.

González declaró que el 30 de abril un vecino lo llamó porque había un chico caminando a la vera de la ruta. Relató que se dirigió al KM 750, requisó a Facundo y tomó una foto de su carnet de conducir. Como desde Médanos le advirtieron que ya había sido infraccionado, lo dejó seguir.

En el marco de un rastrillaje, González dijo a Cristina Castro que su hijo continuó camino a pie hacía Bahía Blanca. Sin embargo, días atrás había declarado en sede policial que lo había levantado una Duster Oroch.

Allí se vincula con el testimonio de la Testigo H, acercado a la causa por les bonaerenses Mario Gabriel Sosa y Siomara Flores cuando su fuerza ya estaba apartada. Sosa y Jana Curuhinca fueron quienes infraccionaron a Facundo por la mañana en Buratovich. Flores es media hermana de Curuhinca.

Los testimonios de González y la Testigo H son contradictorios en varios puntos. Por ejemplo, hay una diferencia de siete kilómetros entre el sitio en el que cada cual ubica los hechos, en si hubo o no participación de un segundo policía y en la manera en que estaba estacionado el patrullero.

A mediados de junio, González recordaba llamativamente con exactitud el domicilio de la novia de Facundo a donde le habría manifestado que se dirigía.

Otro documento “curioso” es su libreta de trabajo. En una de sus hojas se leen los datos de la Testigo H y debajo los de Facundo. “En la hoja donde tomé los datos de este chico, figuran los datos de una señora (XX), recuerdo que eso fue anotado porque varios días antes me avisan que esta señora se había escapado de un control de tránsito en Mayor Buratovich y que salga y la intercepte, por eso yo anoté en la libreta eso”, intentó explicar el teniente primero.

Foto libreta: Adriana Meyer.

“Ser joven no es delito”, es el título de esta segunda entrega de la serie ¿Quién mató a Facundo? Un documental urgente en tiempo real. El capítulo cuenta la vida y militancia de Facundo en Pedro Luro, un pequeño pueblo del partido de Villarino, al sur de la provincia de Buenos Aires.

En este capítulo acompañamos durante un mes a Cristina Castro, la madre de Facundo, que comenzó peregrinando por comisarías y llegó a la Quinta de Olivos exigiendo nuevas autoridades en la causa judicial. También grabamos con Vanesa Ganduglia y Mercedes Hollmann, ex docentes de la experiencia cultural-educativa Semillero Cultural, quienes relatan el contexto en el cual Facundo se convirtió en un militante involucrado con los derechos humanos y la realidad política.

También conocemos a algunos de los amigos de Facundo, o el Kufa como solían llamarlo, quienes reconstruyen la personalidad y las actividades que realizaron durante la adolescencia. El archivo del documental muestra a Facundo en todas sus facetas, el rapero, el militante por los derechos humanos, el peronista y el más divertido de sus amigos.

“¿Quién mató a Facundo?” es un documental urgente porque busca responder y desarticular una enorme maquinaria de prensa montada para encubrir a los responsables del crimen. Se produce y emite en episodios, que van siguiendo en tiempo real la causa judicial que investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, luego de tres controles de Policía Bonaerense.

El subcomisario Pablo Reguilón, ex titular de la Subestación Policial de Buratovich, confirmó que desde días antes de la desaparición de Facundo Castro tenían la orden de “no mandar papeles” al Juzgado Federal “hasta que no termine la cuarentena”.

Se refería a las actas labradas por infracción del artículo 205 por violar el aislamiento obligatorio como la confeccionada por Mario Sosa y Jana Curuhinca al detener a Facundo a las 10 de la mañana del 30 de abril.

El dato fue aportado a la causa por un vecino de Buratovich que conversó con el efectivo en vísperas de una marcha por la aparición con vida de Facundo. Reguilón fue apartado de su cargo tras amenazar al abogado Luciano Peretto.

La querella solicitó y analizó el detalle de las infracciones realizadas días antes y después del 30 de abril. Según explicó el abogado Leandro Aparicio a FM De la Calle “se observa un control racial, gente boliviana en su mayoría o trabajadores de otros países, no los nacidos y criados en Buratovich”.

Comentó que vieron un cambio de criterio a partir del 20 de abril: “En primer momento los llevan al hospital, a partir de un día determinado no, no hay más informe médico. Después tenemos el despacho de la jueza que explica el tema del Covid, que no le manden papel. Y después vemos el criterio del otro juzgado donde la mandan con la regularidad habitual, no me preguntés porqué pero tardan seis días”.

“La de Facundo tardó 46 días, llegó el 26 de junio a las 14:15. Ese día fuimos con Cristina y Lucho Peretto al juzgado federal, preguntamos por la causa, no tenían idea. De ahí seguramente habrán llamado para que se la manden, supongo que habrá sido así”, sostuvo.

El testigo ratificó judicialmente lo que le dijo Reguilón: “¿Viste el quilombo que hubo en Bahía Blanca con el vago que sacó a pasear al perro y lo masacraron los vigi? Dos días después nos cita la departamental a los 40 jefes de toda la jurisdicción. Muchachos, el acta modelo es esta, completan con los datos, se notifica, copia de la imputación y nos vemos, que siga camino”.

El subcomisario se refería al caso de Luciano González quién recibió una paliza de parte de cuatro efectivos policiales y fue detenido la noche de 15 de abril cuando salió a pasear al perro por la cuadra de su casa en Bahía Blanca.

Reguilón aseguró que cuando se conoció la noticia de que buscaban a Facundo y que la familia denunciaba la desaparición forzada, llamó a Rodolfo Murillas, secretario del fiscal Santiago Martínez. “Es el mismo que me mandó a allanar la comisaría. Murillas, tengo actuaciones por infracciones al artículo 205 de este pibe que ahora está denunciado en averiguación de paradero. Ah mandamelas, dice”.

“Les mandé el sumario como para que tenga de qué hablar, porque no sabía ni la hora en la que habíamos hecho el procedimiento. Porque en un punto nos dijeron ‘no nos llamen más por cada infracción que hagan'”.

“Te podés imaginar los tipos que acostumbrados a manejarse con Suris, La Nueva Provincia y dos o tres causas más que tienen, se encontraron de un día para el otro con 5 mil causas adentro del juzgado y que por las 5 mil causas nosotros llamábamos al juzgado”, dijo el policía.

Los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, Andrés Heim y Horacio Azzolin informaron que contextualizarán los resultados de la autopsia sobre los restos de Facundo Castro con los demás elementos incorporados a la causa e informes de diferentes organismos cuya producción se encuentra en curso.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal participaron del acto en el que se notificó el informe integrado de los estudios periciales realizados al cuerpo hallado en Villarino Viejo y escucharon de primera mano el parecer de las y los peritos intervinientes.

Por la tarde la fiscalía mantuvo un nuevo encuentro con la mamá de Facundo, Cristina Castro Alaniz, y los abogados de la querella, en el que analizaron e intercambiaron opiniones y puntos de vista respecto de los resultados al que arribó el equipo interdisciplinario que llevó a cabo la autopsia sobre los restos de Facundo.

Asimismo, en el marco de la hipótesis de trabajo que constituye el objeto procesal de la causa, es decir, la posible desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, que motivara la intervención de la Justicia Federal, se acordó continuar y profundizar la pesquisa.

La autopsia fue realizada el 25 de agosto por integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Cuerpo Médico Forense (CMF), el CONICET, las universidades de Quilmes (UNQUI) y del Centro (UNICEN) y una perito de parte.

La fiscalía recibió con cautela los resultados volcados en el informe y expresó que serán valorados en conjunto con los demás elementos de la investigación sobre los que se están trabajando y otros que están pendientes, en especial los relativos al análisis de los teléfonos celulares secuestrados, del posicionamiento de los móviles policiales y de estudios oceanográficos que se van a realizar en la zona.

Fuente: fiscales.gob.ar

La experta en medicina legal Virginia Creimer dijo a FM De la Calle que firmó “en disidencia parcial” el informe final de la autopsia a los restos de Facundo Castro y subrayó que “es un resultado positivo para la investigación y para la posición de la querella sobre que había sido una muerte violenta y que había sido un homicidio”.

“Podemos decir que tuvo una asfixia que no se acerca a una asfixia por ahorcadura o por asfixia seca, que hay otras implicaciones. Más allá de eso, es importante tener en cuenta que cuando se habla de la muerte violenta por asfixia, se descarta el accidente, el suicidio y lo único que nos queda es el homicidio. A partir de este momento tenemos que empezar a hablar de homicidio”, enfatizó.

La especialista, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria investigando crímenes cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad, agregó que “se trata de lo que veníamos planteando, es decir, de una muerte violenta por asfixia”.

Consultada respecto a la aplicación del Protocolo de Minessota, la perito señaló que “debió aplicarse al momento de la operación de la autopsia y al momento del informe debió ser un análisis contextualizado, eso no ocurrió. No fue contextualizado”.

“Había cuestiones científicas con las que no coincidía en virtud de mi conocimiento de lo que dicen los 20 cuerpos de la causa. Planteé que había cuestiones que tenían que quedar aclaradas porque eran importantes para pasos investigativos posteriores. Hubo un rechazo absoluto por parte de les mismes perites de siempre que se dedican a obstruir diciendo que no era su función conocer lo que se había investigado en la causa y esto es absolutamente falaz”, afirmó.

Destacó que “si el Protocolo de Minessota establece que la investigación de les perites tiene que ser contextualizada, obviamente hay que tener conocimiento de lo que ha pasado desde el momento en el cual desaparece Facundo hasta el momento en el que se encuentra el cuerpo”.

“A esto sumarle la operación de autopsia, más todos los análisis que ocurrieron después. Porque si yo no tengo en cuenta esto, no puedo hacerme a la idea de que tengo que ir a buscar y cuáles son los diagnósticos presuntivos que puedo llegar a hacer”.

Creimer ejemplificó: “En mi profesión, en la medicina, cuando tenemos pacientes de alta complejidad y es muy difícil realizar el diagnóstico para realizar un tratamiento, hacemos un ateneo. Podemos hacer un parangón entre eso y el ateneo que se hizo hoy entre distintas especialidades. Se llega y se discuten los signos y síntomas del paciente pero no se llega sin leer la historia clínica, sin leer exámenes complementarios, las radiografías, los exámenes de laboratorio, porque sino de ninguna manera se puede llegar a una conclusión de certeza”.

La experta agregó que durante la pericia, “cuando por escrito dejé mi disidencia en cuestiones científicas y de forma, me decían e increpaban con que cuál era la bibliografía y que diera otro tipo de respuestas. Muy sencillamente yo les contestaba: las respuestas las voy a dar el día del juicio oral cuando cada une tenga que dar respuestas por los informes que hizo y por la experiencia científica que utilizó”.

Señaló que “lo más importante es que hubo una coincidencia plena en que llegamos a una conclusión de una muerte violenta por asfixia”.

Por último, apuntó que “el elemento de los dientes rosados es importante pero es uno de varios factores. Se sumaron nuevos factores a este fenómeno para llegar a una conclusión de que fue una muerte violenta por asfixia. Es un resultado positivo para la investigación y para la posición de la querella sobre que había sido una muerte violenta y que había sido un homicidio”.

Fotos: CPM y Adriana Meyer.

Esta tarde Cristina Castro encabezará una conferencia virtual organizada por Amnistía Internacional. Participarán también los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, la dra. Virginia Creimer y une representante del organismos de derechos humanos.

El EAAF determinó que Facundo Castro murió por “asfixia por sumersión (ahogamiento)”, aunque el informe final de la autopsia advierte que “el avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental”.

COMUNICADO DEL JUZGADO FEDERAL N°2

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó el informe integrado de los estudios de la autopsia realizada el 25 de agosto en el marco de la causa que investiga este juzgado Federal nº2 de Bahía Blanca a cargo de la doctora María Gabriela Marrón. Los principales resultados científicos son que:

• Los restos analizados, hallados el día 15 de agosto de 2020 en la zona del canal denominado “Cola de Ballena”, en las inmediaciones del área conocida como “Villarino Viejo”, provincia de Buenos Aires, pertenecen a Facundo José Astudillo Castro de acuerdo al proceso de identificación que combinó el análisis antropológico forense, médico forense, odontológico forense y genético forense.

• Los resultados del estudio biológico llevado a cabo en médula ósea determinaron la presencia de un número significativamente alto de restos de diatomeas (algas microscópicas), coincidentes con las de las muestras ambientales de agua y sedimentos tomadas en el lugar del hallazgo.

• Dichos resultados permiten aseverar, con el rigor científico necesario, que la muerte de Facundo José Astudillo Castro se produjo por asfixia por sumersión (ahogamiento). La sumersión (mecanismo asfíctico) es la causa de muerte por obstrucción de la vía aérea por el ingreso de líquidos durante el proceso de respiración bajo el agua, generando el ahogamiento (asfixia mecánica).

• El fenómeno “Pink Teeth” (diente rosado o coloración rosada por transparencia del esmalte) observado en las piezas dentales anteriores del maxilar inferior, debe ser considerado orientador pero inespecífico para establecer causa de muerte.

• Respecto al signo del diente rosado con relación a la causa de la muerte, descrito por la odontología forense en casi 200 años de investigación, los distintos autores han concluido que su presencia en forma aislada debe ser considerado orientador pero inespecífico para establecer causa de muerte, ya que puede hallarse en patologías infecciosas (fiebre tifoidea), en alteraciones de la hemoglobina (porfirias congénitas), en alteraciones químicas con cambios bruscos de presión (accidentes aéreos), como fenómeno postmortem en cuerpos hallados en ambientes fríos y húmedos, o en muertes violentas por asfixias mecánicas o químicas (ahogamiento, estrangulación, intoxicación por monóxido de carbono). Sin embargo, asociado a la presencia de diatomeas en médula ósea, complementa la condición de una asfixia por sumersión.

• El hecho de que la identificación de los géneros y especies de diatomeas halladas en la médula sean coincidentes con las recuperadas en muestras de agua y de sedimentos recogidos en el lugar del hallazgo de los restos es altamente indicativo de que se trata del medio en el cual se produjo la muerte.

• Se trató de una muerte violenta, por no ser natural. El avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental.

• Los restos óseos estudiados no presentaban lesiones vitales, de origen traumático, ni otras antemortem (previas a la muerte).

• En las diferentes piezas óseas observadas, y mediante el estudio de imágenes radiográficas, no se evidenciaron estructuras de densidad metálica, similares a elementos que puedan corresponderse con aquellos que producen injurias o lesiones (como por ejemplo proyectiles de arma de fuego, segmentos de arma blanca, entre otros).

• No se observaron cambios de coloración, u otros signos, en los huesos bajo estudio compatibles con el uso de sustancias ácidas, alcalinas o por exposición a una fuente emisora de calor.

• No se observaron signos de participación de terceras personas sobre los restos estudiados.

• Todas las lesiones y pérdida de algunas piezas dentales que presentaban los restos estudiados son postmortem (posteriores a la muerte), producto de depredadores y exposición medioambiental.

• El tipo, intensidad y tamaño de las modificaciones identificadas en los diferentes restos óseos analizados indican la acción de carnívoros de la familia de los cánidos de pequeño tamaño. De acuerdo a la fauna presente en el área, el zorro pampeano o gris constituye el principal agente que afectó al cuerpo.

• El patrón de ausencia de algunas partes del cuerpo de pequeño tamaño y de destrucción parcial de algunas partes de los elementos presentes es el esperado para la acción del zorro pampeano.

• La desarticulación y desplazamiento de ambos miembros superiores (uno de ellos hallado a 73,9 metros del cuerpo) y del miembro inferior derecho fue producida por este mismo cánido.

• Las marcas y fracturas producidas por carnívoros se produjeron con posterioridad a la muerte siendo, en consecuencia, no vitales. Presentan un patrón compatible con un acceso inicial a un cuerpo con presencia de órganos y tejidos blandos.

• Los hallazgos relacionados con la preservación y dispersión de los restos humanos son consistentes con procesos tafonómicos provocados por agentes medioambientales y bióticos (fauna) de la zona donde fueron encontrados.

• El cuerpo hallado en este ambiente habría estado sujeto -además de a la acción de animales carnívoros- a la fluctuación de agua por las mareas, la presencia de invertebrados (cangrejos) y aves, entre otros. Esta dinámica posiblemente generó el movimiento del cuerpo y la pérdida de las prendas de vestir.

• El intervalo postmortem estimado, es decir el tiempo mínimo transcurrido entre la muerte y el hallazgo, sería no menor a 30 días determinados por tafonomía (acción del ambiente) y entomología (micro fauna asociada a los restos); siendo el tiempo máximo estimado del período transcurrido desde la muerte mayor, pero no pudiendo determinarse científicamente.

• Del estudio forense no surgen elementos que permitan suponer que los restos humanos hayan estado en otro ambiente distinto al del hallazgo durante el intervalo postmortem consignado.

Todo lo descrito se encuentra fundamentado en los hallazgos, análisis y estudios complementarios realizados en los restos óseos de quien en vida fuera Facundo José Astudillo Castro por los peritos que participaron de la autopsia y firmaron el Informe integrado recibido por el juzgado: Dr. Luis Fondebrider (Antropólogo Forense, Director ejecutivo del EAAF), Lic. Analía Simonetto (Antropóloga Forense, Coordinadora del Laboratorio de Antropología Forense del EAAF), Dra. Mercedes Salado Puerto (Bióloga y Antropóloga Forense, Coordinadora de Identificación del EAAF), Dr. Luis Alberto Bosio (Médico Forense del EAAF); los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) Dr. Roberto Cohen (Médico Forense, CMF), Dr. Alejandro Rullan Corna (Médico Forense, CMF), Dra. Marta Maldonado (Odontóloga Forense, CMF), Dr. Jorge Pereyra (Radiólogo Forense, CMF), Lic. Mariana Selva (Antropóloga Forense, CMF); y los especialistas propuestos por el EAAF, Dra. Nora Irene Maidana (Laboratorio de Diatomeas Continentales del CONICET), Dr. Néstor Centeno (Entomología Forense de la Universidad de Quilmes), los especialistas en tafonomía, Dra. María Amelia Gutiérrez (Ciencias Naturales de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN), Dra. María Clara Álvarez (Arqueóloga, UNICEN) y el Dr. Cristian Ariel Kaufmann (Ciencias Naturales, UNICEN); y la perito de parte Dra. Virginia Creimer, consultora en Medicina Legal.

(Agencia Andar) El Juzgado Federal N 1 de Bahía Blanca desestimó un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por intimidación policial contra Cristina Castro, sus abogados y personas del círculo íntimo de Facundo Castro.

En un fallo contradictorio, el juez no desconoció las denuncias ni el testimonio de las víctimas, incluso remitió las copias del expediente para que se investigue si hubo delitos de acción pública pero concluyó que estos actos no representaban un riesgo inminente para la libertad e integridad.

La jueza Gabriela Marrón, quien debía atender esta presentación, se negó a hacerlo desobedeciendo el fallo de la Cámara. La CPM apeló en la instancia revisora la denegación del habeas.

Para la justicia, ni los patrulleros merodeando sus domicilios con luces apagadas ni los seguimientos en la vía pública sin orden judicial alguna representan un riesgo inminente a la libertad de las personas.

Esta decisión va a contramano de la actitud que se adoptó en otro momento; desde el comienzo de la causa que investiga la presunta desaparición forzada seguida de muerte, la justicia reconoció hechos de amedrentamiento. Hay dos antecedentes concretos: uno de ellos, el habeas corpus por el hostigamiento policial al ex cuñado de Facundo; el otro, la investigación judicial que se inició por las amenazas del subcomisario de Mayor Buratovich, Pablo Reguillón, al abogado Luciano Peretto.

El habeas corpus había sido presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene como querellante institucional en la causa central. La presentación del organismo denunciaba que “efectivos de la Policía Bonaerense continúan con sus apariciones repentinas y vigilan, sin causa legítima ni orden judicial, los domicilios y lugares de trabajo de los familiares de Facundo, así como de testigos importantes y abogados de la familia”.

Uno de esos episodios tomó notoriedad pública días atrás: un patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires estacionado, sin razón aparente, frente a la casa de Luciano Peretto. Cuando el abogado llamó a funcionarios de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense le dijeron que había móviles haciendo controles en el acceso al pueblo. Peretto vive a unas 15 cuadras del ingreso de Pedro Luro.

“Tengo mucho temor no sólo por mí sino, especialmente, por mi familia, porque tengo hijos pequeños”, declaró el abogado en la audiencia de habeas corpus citada por el titular del Juzgado Federal N 1 de Bahía Blanca, Walter Lopez Da Silva. En la misma audiencia, las siete personas amparadas por el habeas ratificaron los hechos denunciados.

El mismo juez valoró los testimonios eran “creíbles y verosímiles”, sin embargo rechazó el habeas corpus porque sostuvo que no existía una “amenaza actual, ilegítima e inminente a la libertad física”. Incluso, llegó a suponer en su resolución que la presencia y el merodeo de patrulleros de patrulleros podría sencillamente “tratarse de actividades congruentes con las propias funciones asignadas a las fuerzas de seguridad” en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

En los fundamentos, el juez Lopez Da Silva también justificó su decisión en la inexistencia de orden judicial de detención sobre las personas amparadas; una interpretación extraña puesto que el temor, que amerita el habeas, es por la consumación de acciones ilegales de la policía.

A pesar de intentar minimizar el riesgo que significan estos actos intimidatorios, ante la evidencia de los testimonios y la sistematicidad de estas prácticas, el juez abrió la posibilidad para que estos hechos sean investigados y remitió copia de la audiencia a la Fiscalía Federal N 1, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, en donde tramita la causa central, para que “de estimarlo conducente” investigue la posible comisión de delitos de acción pública.

Es decir, la decisión de desestima la pertinencia del habeas corpus para atender esta denuncia y delega la respuesta judicial en el mismo fiscal que ya fue recusado en más de una oportunidad por la querella; sobre su actuación, Cristina Castro ya dijo haber perdido toda confianza. Los cuestionamientos sobre su intervención llegaron a tal punto que el Procurador General de la Nación designó dos fiscales —Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia— para sumarse a las tareas investigativas.

Cabe destacar que el tratamiento del habeas corpus fue ordenado el viernes pasado por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca luego de haber sido desestimado en primera instancia por la titular del Juzgado Federal N 2 María Gabriela Marrón. Sin embargo, la jueza desoyó a la Cámara: ese mismo viernes decidió que no iba a tomar audiencia y en cambio iba a pedir informes a distintas fuerzas de seguridad; dos días después remitió el expediente al Juzgado Federal de turno.

Al momento de decidir por primera vez en el habeas, la jueza Marrón había declarado su incompetencia porque, contrariamente a lo señalado por la querella, entendía que no había relación con la causa por presunta desaparición forzada seguida de muerte que tramita en su juzgado. La Cámara antes y el Juzgado Federal N 1 ahora consideraron que estos hechos de intimidación policial debían tratarse en el juzgado y fiscalía donde tramita la causa central porque existe entre una pesquisa y otra una estrecha vinculación.

La suerte del habeas corpus vuelve, nuevamente a la Cámara; la CPM apeló la decisión del juez Walter Lopez Da Silva que rechazó el habeas corpus por no declararlo pertinente, pero reconoció al mismo tiempo que podrían existir delitos de acción pública.

En el escrito de apelación, la CPM sostuvo que la presencia policial en los hechos descriptos aparece como una amenaza velada y una vigilancia continua, e ilegítima por irrazonable, que no pueden considerarse como casualidades ni acciones desplegadas en el ejercicio del deber policial. Y agregó: “Los testimonios deben valorarse en el contexto de estar inscriptas en el curso de la investigación penal por la desaparición y muerte de Facundo”. Por ello el organismo ya había requerido “con carácter excepcional la radicación directa y asunción de competencia por el Juzgado Federal que se encuentra a cargo de la pesquisa principal”.

En cuanto a los argumentos técnicos utilizados por el juez federal López Da Silva para declinar la procedencia de la acción, la CPM resaltó que, de conformidad a la doctrina constitucional, indicios vehementes o incluso la duda bastan para otorgar la protección que brinda el habeas corpus. Y que el otorgamiento de esta acción no resulta incompatible con la posibilidad de denunciar la comisión de un delito de acción pública, tal como pudo prever el mismo juez.

El antecedente inmediato es promisorio: con el voto mayoritario de sus miembros, la misma Cámara Federal de Bahía Blanca entendió que, por la gravedad de la denuncia, era necesario dar trámite a la acción.

Mientras tanto, este jueves 1º de octubre, las partes recibirán en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense el informe de la autopsia al cuerpo de Facundo. Una medida de prueba que puede arrojar más luz sobre las causas de la muerte del joven que estuvo desaparecido desde el 30 de abril, luego de ser demorado por violar la cuarentena por agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

A cinco meses de la última vez que alguien vio con vida a Facundo, en la causa judicial la hipótesis más firme sigue siendo la desaparición forzada y una gran cantidad de indicios apuntan hacia la responsabilidad policial.

Foto: Facebook Cristina Castro.

A las 20:30 familiares, amigues e integrantes de la comunidad de Pedro Luro se reunirán en la estación del ferrocarril para encender velas en memoria de Facundo Castro al cumplirse cinco meses de su desaparición.

Será en vísperas de la entrega de los resultados de la autopsia realizada al cuerpo del joven, encontrado a mediados de agosto en Villarino Viejo. En el marco de la causa por desaparición forzada seguida de muerte el trabajo está a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

La audiencia comenzará a las 9 de la mañana y a su término el Juzgado Federal N°2 difundirá un comunicado con las conclusiones. La querella estará representada por la perito Virginia Creimer.

Por otra parte, este miércoles el bloque de concejales/as del Frente de Todos propuso poner el nombre de Facundo al predio del ferrocarril de Pedro Luro.

El edil Ignacio Dallavia dijo a FM De la Calle que el lugar “significó mucho para Facundo, era su casa, donde él pasaba gran parte de su tiempo, era un lugar de aprendizaje, de encuentro, de lectura, de trabajar por el otro, de trabajar por verdad y justicia, por la memoria. Facundo era un comprometido con la causa”.

“Hemos trabajado con vecinos de Pedro Luro y con compañeros en esta iniciativa, nos parece importante marcar ese lugar y que sea el símbolo de encuentro de todos los villarinenses con Facundo”, agregó.

Dallavia destacó que “es un proyecto muy completo, con todo el trabajo que realizaba y cómo se veía reflejado en el otro: un pibe bueno, alegre, de familia, murguero. Creemos que es en estos casos donde tenemos que visibilizar estas tareas que hacía Facundo como un montón de pibes más que trabajaban en el Semillero Cultural con un objetivo claro que era mantener viva la memoria del pueblo”.

Les concejales pretenden realizar un mural en uno de los galpones del sector para que “cuando nos acerquemos todos los vecinos a tomar un mate o compartir una actividad física estemos más cerca de Facu compartiendo ese mate”.

Uno de los policías de la localidad bonaerense de Mayor Buratovich que retuvo en la ruta a Facundo Astudillo Castro el día en que fue visto con vida por última vez recibió un mensaje a su celular de parte de otro efectivo de esa jurisdicción en el que le dijo “si se hace el pajero, que lo bajen”, informaron este domingo fuentes de las investigación.

“Mensaje recuperado de un policía (si se ase el pajero vajalo –sic-) asesinos hijos de p—a”, publicó esta tarde en su cuenta de Twitter Cristina Castro, la madre de la víctima, aunque la mujer no dio precisiones sobre el emisor ni el receptor de ese mensaje.

Leandro Aparicio, uno de los letrados que representa a la madre de Facundo, confirmó a Télam la existencia de esa frase recuperada a través del análisis de las comunicaciones entre los policías investigados pero también se excusó de brindar mayores detalles para preservar el avance de la pesquisa.

Sin embargo, una fuente de la investigación explicó a Télam que ese mensaje fue recibido por el oficial Mario Sosa cuando se encontraba en la ruta el 30 de abril último, (día en que desapareció Facundo), alrededor de las 10.11 y luego de hacer una consulta a la Subestación Comunal de Buratovich.

De acuerdo a la investigación, Sosa y la oficial Jana Curuhinca fueron los dos efectivos que retuvieron al joven cuando transitaba por la ruta hacia la ciudad de Bahía Blanca aunque ellos afirmaron que luego de infraccionarlo por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) lo dejaron seguir.

Según la fuente consultada, a partir del análisis de las comunicaciones que realizó Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración, cuando los efectivos que estaban en la ruta consultaron a la Subestación, una oficial que se encontraba allí le mandó luego un mensaje a Sosa en el que le indicó que otro oficial pedía que le pasaran a él “los datos completos y la foto” y un segundo en el que señaló “y si se hace el pajero que lo bajen”.

Mientras que Sosa, estando el móvil aún detenido en la ruta, le respondió minutos después con un “dale”.

Fuente: Télam.

La Cámara Federal ordenó a la jueza Gabriela Marrón convocar a una audiencia para escuchar a Cristina Castro y a un grupo de testigos de la causa por la desaparición forzada de Facundo que son hostigados por la Policía Bonaerense.

Es en el marco de un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria. La medida fue rechazada “in limine” por Marrón e involucra a cuatro amigues de Facundo, a Cristina Castro y a sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio.

“Estamos esperando la audiencia que corresponde, ver cuáles son las medidas que las personas quieren pedir, no todas prefieren tener custodia. Nos costó bastante llegar a una medida de protección”, dijo a FM De la Calle la abogada de la CPM, Margarita Jarque. 

La Cámara revocó el fallo de primera instancia con los votos de Silvia Fariña y Pablo Candisano Mera, quienes se opusieron al primer voto de Roberto Amábile.

Jarque mencionó que los hechos que originan el habeas corpus configuran “hostigamiento con una metodología bastante conocida en la policía que son rondines, pasada de patrulleros, parar el patrullero detrás de las casas, pegarle los patrulleros sobre sus autos a su círculo íntimo”.

También se contemplan los episodios sufridos por los abogados y “la muerte del perro de Facundo, en el caso de Cristina. Son prácticas conocidas en las causas donde la policía está imputada y desea cubrir de un manto de impunidad lo que pasa”.

La abogada destacó que no entienden el porqué de la decisión de la jueza dado que “ ha habido un caso, el de Marcelo González, en el que interpusimos un habeas corpus a su favor, rápidamente se avocó a eso y se dictaron las medidas de seguridad”.

En relación a las novedades de la semana, mencionó que “sabemos que se realizaron algunas pruebas respecto del hallazgo de la mochila y del móvil Etios, eso generó pruebas de laboratorio que estamos esperando. Ha llegado una parte importante de la prueba telefónica que estamos analizando”. 

Jarque destacó que “teníamos un informe de Policía Federal que era muy parcial respecto de teléfonos policiales, se insistía en un informe que cruce el contenido telefónico con los AVL y algo de eso es lo que ha llegado con un análisis más profundo que el de la Federal y sin consideraciones”.

Por último, respecto de la autopsia señaló que el informe final tiene fecha para el 1 de octubre. “Sabemos que por el estado en el que se encontró el cuerpo puede ser que arroje información acerca de la data de muerte y el medio y puede ser que eso tenga cierta debilidad por que es mucho el tiempo y el deterioro. Tendremos que ver qué dicen los expertos y la doctora Creimer que podrá adherir a ese dictamen o hacer el propio”.