Marcelo González identificó ante la justicia a tres de los cuatro policías de Villarino que lo agredieron y amenazaron para que asumiera la responsabilidad de algún delito contra Facundo Castro durante la búsqueda del joven de Pedro Luro.

A partir de la difusión de los rostros de los policías implicados en el caso, el testigo reconoció a Sosa y a Jana Curuhinca. Se trata de los efectivos que el 30 de abril infraccionaron a Facundo por violar la cuarentena. Sosa “todo el tiempo me decía que tenían que entrar a mi casa, que tenían que ver qué era lo que tenía adentro, si tenía escondido a Facundo”, dijo a FM De la Calle.  

González declaró en la Fiscalía Zonal de la dra. Leila Scavarda, en una investigación desprendida de la causa que tramita la justicia federal. La Comisión por la Memoria gestionó un habeas corpus en su favor por la persecución policial que padecía en Buratovich. “Pude salir de Villarino, estoy con custodia. Estoy esperando que este problema se resuelva para retomar mi vida habitual”.

“Entré a mi Facebook, vi la publicación y pude reconocer a uno de los policías. Es el que me llevó en el móvil esa noche que supuestamente me iba a allanar mi casa, ese tal Sosa”, aseguró.

González recordó que el 26 de junio fue convocado a la Comisaría de Mayor Buratovich donde “recibí un apriete de cuatro policías. Me tienen hasta las 23 y me dice el jefe de Pedro Luro (Fernando Grilloni) que tenía que esperar a un móvil que supuestamente eran los agentes que tenían que revisar mi casa. Llegan, una mujer policía que la puedo identificar pero que no vi fotos y este muchacho que vi en la publicación en Facebook”.

Grilloni “me amenazó que me iba a pegar, es la persona que más puedo identificar porque fue la que me hizo pasar un momento muy malo”. Por otro lado, identificó a Jana Curuhinca: “Estaba caminando en el pasillo, nerviosa, preocupada y me observaba muchísimo. Estuve 15 minutos sentado, iba y venía todo el tiempo. En la declaración pude comentar esto. Me parecía rara la actitud por cómo se comportan los policías”.

A diferencia de lo ocurrido en casa de su hermana en Bahía Blanca, en su caso el allanamiento ilegal “no llegó a concretarse porque estaba con mi grupo familiar en mi domicilio y vieron que había mucha gente de testigo”.

Sosa “todo el tiempo me decía que tenían que entrar a mi casa, que tenían que ver qué era lo que tenía adentro, si tenía escondido a Facundo.  Se quedaron 5 minutos frenados con la patrulla frente de casa, se ve que tuvieron una comunicación por teléfono y se fueron”.

La cacería de Sosa

González afirmó que anteriormente había tenido contacto con Sosa. “A principios de abril me agarraron en cuarentena porque Villarino estaba en fase 1. Esta misma persona me llevó a la comisaría, me labraron el acta y me tuvieron dos horas en un calabozo encerrado a mí y a mi sobrino. Yo en su momento no lo hice público, se me pasó por alto”.

“Ellos te veían en la calle y te metían adentro de la patrulla. Me llevaron, me sacaron todas mis pertenencias, el celular, los documentos. Me sacaron todo como si fuera un delincuente. Me metieron en un calabozo, le pusieron una esposa a la puerta para que no pudiera salir. Me tomaron fotos de frente, de espalda, se reían, se burlaban. Me han tratado muy mal. Por suerte los pude identificar e hice la denuncia correspondiente”, detalló.

González agregó que a su sobrino “le hicieron preguntas de todo tipo, le preguntaron si consumía droga, si tomaba alcohol, preguntas que no venían al tema, se supone que nos agarran porque estamos rompiendo la cuarentena”.

En aquella ocasión, antes de liberarlo, “fueron a constatar mi domicilio, charlaron con mi mujer y me llevaron con la patrulla. Me dijeron que tenía que quedarme sin salir a la calle por 15 días y tuve que cumplirlos sin poder salir porque si me agarraban de vuelta me meterían preso”.

La detención fue días antes de la desaparición de Facundo: “Estaban cazando gente, salían a buscar gente, los cargaban en la patrulla, los dejaban dentro de un calabozo. Como se porta la policía en Villarino deja mucho que desear. Yo no sé si algún funcionario público sabe”. González mencionó que su problema “no es con la policía en general” sino que “estoy en contra de estos cuatro que fueron los que me hostigaron y me amenazaron”.

El fiscal Santiago Martínez convocó a peritos adiestradores de perros para cuestionar el trabajo de Marcos Herrero y su perro Yatel en el rastreo de la esencia de Facundo Castro en patrulleros y dependencias policiales de la Bonaerense. Mientras el rionegrino y su can encontraron el amuleto del joven de Pedro Luro en un calabozo y marcaron su olor en tres vehículos, los perros de la Federal pasaron de largo.

Herrero fue convocado por Cristina Castro por recomendación de Mónica Cid, quien esta mañana reivindicó su trabajo al recordar su intervención en la búsqueda del cuerpo de su hija Micaela, víctima de grooming seguido de femicidio.

“Vengo escuchando cada barbaridad, a un perito que dice que es imposible que después de tanto tiempo se encuentren rastros cuando Marcos volvió después de ocho meses y encontramos la billetera de (Jonathan) Luna y otros elementos. Que se lo ponga en tela de juicio a él y a la mamá es terrible. Él trabaja para la justicia, duele muchísimo, cuando la miseria de las personas hace que se piense mal, que su trabajo no es verídico. Dan pena”, dijo a FM De la Calle.

Herrero y su perro Duke encontraron el cuerpo de la niña el 28 de mayo de 2016 luego de seguir su rastro por más de 10 kilómetros. Había desaparecido el 23 de abril. Entre el 11 y el 18 de marzo de 2017 volvieron al lugar y encontraron las llaves de Mica y la billetera del femicida.

Cid recordó que en la búsqueda de su hija “habían trabajado dos perros más, trabajó K9 de Punta Alta y la Policía Federal. Nadie dio encontró nada”.

Al ser consultada acerca de los resultados negativos de los perros rastreadores de las otras fuerzas en el caso de Facundo, afirmó: “No me llama nada la atención, lamentablemente los perros no están preparados o no saben leer lo que el perro les está indicando”.

El abogado querellante Leandro Aparicio adelantó que la semana que viene comienza una nueva ronda de declaraciones testimoniales y que este viernes se realizaba la pericia al denominado “patrullero perro” -sin controles de GPS- secuestrado en Buratovich.

Respecto a la incorporación de dos nuevos fiscales, mencionó que “en función de lo que había hecho el fiscal (Ulpiano) Martínez, que no abonaba esta teoría, le preguntamos ¿cuál es la teoría que tienen? Desaparición forzada -nos dijeron-. La única hipótesis es la desaparición forzada. Ahora con el agravante de la muerte. Lo que se investiga es la actuación estatal, a través de la Policía de Buenos Aires”.

Aparicio destacó que “en función de los hallazgos (de restos óseos en Villarino Viejo), vamos a pedir un rastrillaje completo”. “Se encontró una mandíbula, se consultó con el Equipo Argentino de Antropología Forense y dijeron que no es la de Facundo. Anoche se encontró un cuerpo, desconocemos si pertenece a la mandíbula que se encontró hace tres días. No sabemos si son dos cuerpos o tres. O más”.

Para el letrado los análisis de los restos deberían estar a cargo del EAAF: “Yo a la Policía Federal no quiero darle nada, no confío en absolutamente nada”.

En cuanto al estudio de los registros telefónicos de los policías bonaerenses dijo que requirieron información a “la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) y no a la Federal cuyos informes están incompletos y malintencionados. Se esperará para que cuando se formulen las detenciones e imputaciones sea un cuerpo orgánico y sustentado con pruebas. Nos van a permitir explicar situaciones que no sabemos porqué el fiscal hizo todo lo posible para impedir y detener las pruebas que tenemos”.

También confirmó que se encontraron capturas de pantalla del facebook de Cristina Castro en el teléfono de Siomara Flores realizadas el 1 de mayo, un día más tarde de la salida de Facundo a la ruta.

“Hay muchas cosas para saber de Siomara, las llamadas perdidas con la hermana (Jana Curuhinca) que borró de su teléfono y del vínculo de Siomara con algunas personas, otros policías”, detalló.

Por último, Aparicio comentó: “Pedimos un nuevo allanamiento al destacamento de Origone, que la jueza nos denegó. Parecía que había sangre en las paredes y queremos hacer la prueba de luminol”.

Foto: CPM.

Los fiscales marcaron su decisión de continuar la investigación que “gira en torno a la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro seguida de muerte, con las connotaciones y particularidades que este tipo de causas conllevan y el trágico desenlace que, finalmente, se acreditó”.

(Comunicado de Fiscalía) Luego de que el Juzgado Federal Nº2 de Bahía Blanca informara que los restos encontrados el 15 de agosto corresponden a Facundo Astudillo Castro, los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, Andrés Heim y Horacio Azzolin decidieron ayer que la totalidad del expediente y sus actuaciones anexas estén a disposición de las partes, como así también que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) coordine y concentre la actividad pericial, entre otras medidas adoptadas de acuerdo a los alcances de una reunión que los representantes del Ministerio Público Fiscal mantuvieron el martes con Cristina Castro Alaniz, sus abogados y la querella institucional.

Azzolin y Heim -titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y subrogante de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, y de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), respectivamente- fueron designados el 28 de agosto por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, para intervenir en forma conjunta o alternada con Martínez. La decisión se plasmó en la Resolución MP 197/20.

El martes de esta semana los tres representantes fiscales mantuvieron un encuentro con la querella particular constituida por la mamá de Facundo Astudillo Castro, Cristina Adriana Castro Alaniz, sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto Ithurralde, la representante de la Comisión Provincial por la Memoria en su carácter de querella institucional, Margarita Jarque, y Malena Derdoy y Paola Rosero, directora de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y coordinadora del área de Violencia Policial de esa dependencia, respectivamente. En esa reunión -celebrada un día antes de que la magistrada María Gabriela Marrón notificara los resultados del cotejo de ADN realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)- las partes compartieron puntos de vista y aspectos del curso del proceso y se acordaron ciertos lineamientos para su desarrollo y continuidad; se escuchó especialmente a la mamá de Facundo, para quien se puso a disposición la continuidad y refuerzo del acompañamiento que exige el hecho objeto de investigación.

Los fiscales marcaron en su decisión de ayer que “gira en torno a la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro seguida de muerte, con las connotaciones y particularidades que este tipo de causas conllevan y el trágico desenlace que, finalmente, se acreditó”.

Los fiscales explicaron que las diligencias se ordenaron en función de los alcances de esa reunión y de las exigencias del estado actual de la causa, como lineamiento de trabajo para encarar la nueva etapa de la investigación.

En ese sentido, designaron a la DATIP para que concentre y coordine, en lo sucesivo, la totalidad de estudios periciales de todas las especialidades, técnicos y químicos, entre otros, que se hayan dispuesto y concluido, que se encuentren pendientes y aquellos que se proyecten ordenar. Las diversas divisiones de la Policía Federal Argentina (PFA) que están llevando a cabo análisis sobre teléfonos, equipos de geolocalización, inspecciones en espacios físicos y vehículos, libros de guardia policiales, entre otros, deberán remitirle sus informes técnicos en el estado en que se encuentren, “mediante la debida preservación de la cadena de custodia de los objetos, dispositivos y materiales objeto de pericia de que se trate”. De esa manera, será la DATIP quien sistematizará la información y hará consideraciones en el marco de un análisis integral sugerido por la PROCUVIN.

Para evitar interrupciones o traslados innecesarios, sobre ese punto se aclaró que previamente a su remisión DATIP deberá evaluar “si de acuerdo a los alcances o especificidad de algunos de ellos, su abordaje puede ser afrontado técnicamente” y, en caso contrario, “se informe inmediatamente a la investigación qué gabinete especializado entiende que podría ejecutarlo”.

Martínez, Azzolin y Heim también fijaron un cronograma para continuar recibiendo declaraciones testimoniales de manera virtual, que serán grabadas. En caso de ser necesario, quienes testifiquen y lo soliciten podrán contar con el acompañamiento de la DOVIC.

Asimismo, el equipo fiscal le hizo saber a las partes que se harán las gestiones necesarias para que en lo sucesivo la totalidad del expediente y sus actuaciones anexas estén disponibles “a través del Sistema de Gestión de Expedientes Judiciales LEX100 y, cuando eso no sea posible, se compartirán los archivos a través del servicio de nube del Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

Esas medidas forman parte de un paquete en el que también se encuentran el repaso de una veintena de estudios periciales e informes que restan ser examinados, finalizados o realizados; requerimientos de información telefónica de agentes policiales; al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y sobre los móviles que circularon por la Ruta Nacional 3 entre Mayor Buratovich, Teniente Origone y General Daniel Cerri y adyacencias desde el 30 de abril pasado, entre otras.