byFM De la Calle/13 julio, 2022/inBahia Blanca, Derechos Humanos, Judiciales, Noticias, Política, Vivienda

Toma de Don Bosco: la Cámara ordenó instancia de diálogo “obligatorio”

En plena pandemia más de 300 familias sin techo se instalaron en los terrenos de Don Bosco al 4000. Desde entonces, ADIF y Unión Ferroviaria requieren su desalojo. La justicia advirtió que “la solución exige abordar cuestiones de trascendencia política, social y/o económica, por lo que debe procederse de una forma cuidadosa de los derechos de los legítimos poseedores y propietarios como así también de los ocupantes”.

“Somos cinco, estábamos alquilando, mi marido es persona de riesgo, doble operación de riñón, la única que mantiene todo soy yo. Así como yo hay mucha gente, nadie nos da respuesta y lamentablemente nosotros no nos vamos a mover. Hay que pelearla y seguir aguantando sin luz y sin agua. Tampoco podemos pagar un alquiler y con los chicos es complicado”, comentaba Cecilia a FM De la Calle en septiembre de 2020.

Días atrás, los camaristas Leandro Picado y Pablo Larriera destacaron el fracaso de gestiones promovidas hasta la fecha ante el pedido de desalojo acompañado por el fiscal Santiago Ulpiano Martínez.

Las mismas debieron contemplar la atención a las condiciones de vulnerabilidad de las familias desde las áreas sociales de la Provincia y el Municipio, para las cuales “no resulta posible que dilaten ni ignoren su participación activa en el asunto”.

Ahora, al rechazar nuevamente el desalojo, la Cámara Federal resolvió que todas las partes alcancen “una solución pacífica del conflicto que dé respuesta efectiva a las necesidades sociales que puedan encontrarse implicadas –habitacionales, sociales y económicas–”.

“Peleandolá para poder tener un techo para mis hijos”

La mesa “deberá establecerse e iniciar el tratamiento de la cuestión en un plazo no mayor a 30 días, improrrogable, perentorio y de acatamiento obligatorio, y deberá procurar arribar a esta solución en un plazo no mayor a tres meses, informando cada 10 días los avances al Juzgado interviniente, el que deberá monitorear e instar su actividad en caso de no observarla”.

Tienen que concurrir querellantes, Fiscalía Federal, Ministerios de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Ministerios de Hábitat y Desarrollo Urbano y de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Bahía Blanca y su sector de Acción Social y representantes de los ocupantes del predio.

Se trata de las tierras de calle Don Bosco a la altura del 3900/4200 hasta el límite con la empresa de Verificación Técnica Vehicular, Yaguar y la empresa MTU y a su ancho con calles Pampa Central y Ugarte.

Toma de tierras: “Vamos a seguir porque necesitamos el techo para nuestros hijos”

La denuncia originaria fue presentada en agosto de 2020 por Gustavo Ruíz Díaz, secretario general de la Unión Ferroviaria. Desde el inicio, el Juzgado Federal N°2 pide informes sobre la situación del predio: quiénes y cuántas son las personas que se instalaron allí y cuáles son sus características etarias y socioeconómicas, “para poder determinar la mejor forma de proceder, mediante medidas que no impliquen necesariamente el uso de la fuerza”.

El 5 de octubre de aquel año se reunieron en el Municipio comisarios de la Policía Bonaerense, el secretario de Seguridad, delegados de Gendarmería Nacional, directivos por la Unión Ferroviaria y abogados para evaluar “la disponibilidad de recursos para afrontar un posible desalojo. La Gendarmería informó que podía nutrirse de personal de otras jurisdicciones y la Municipalidad y la Policía provincial se comprometieron a brindar apoyo y colaboración para posibilitar la recuperación del predio”.

En abril de 2021 desde el área comunal de Políticas Sociales se indicó que “cuenta con recursos económicos (tarjeta social de alimentos y ayudas económicas) para dar respuesta a problemáticas de subsistencia o habitacionales, siempre que la evaluación socioeconómica realizada por profesionales idóneos, lo amerite”.

Toma de Don Bosco: “Nadie se comunicó, seguimos como al principio”

En junio, ante la insistencia del Martínez y la ADIF para llevar adelante indagatorias a algunos de los vecinos de la toma, la jueza Gabriela Marrón volvió a rechazarlo dado que existía una “delicada situación” que “excede el ámbito penal”, resultando necesario “estudiar, analizar, valorar y resolver la situación actual de las personas involucradas en el caso, ya que no todas son pasibles de igual tratamiento. Debe necesariamente distinguirse entre los individuos y las familias pertenecientes a grupos vulnerables, y los sujetos que se aprovechan de ellos, del entorno y realizan especulaciones y actos ilegales, con relevancia penal sobre los inmuebles”.

Se opuso al desalojo forzoso porque “en muchos casos profundizan la desigualdad y los conflictos sociales que afectan a sectores de la sociedad vulnerables, y que no advierte la necesidad del uso de la fuerza que propone el Fiscal, correspondiendo reubicar a las familias vulnerables, previa identificación de tales grupos, con el auxilio del Ministerio de Seguridad y del de Desarrollo Social de la Nación, de la Municipalidad de Bahía Blanca, entre otros”.

La nueva instancia se abre, según Picado, “bajo la convicción de que existen medidas posibles más contundentes a tomar por parte de las dependencias estatales y municipales con competencia social y asistencial en pos de agotar todas las instancias posibles antes de proceder al desalojo peticionado, medidas que deberán centrarse principalmente en brindar solución a las problemáticas sociales y habitacionales que puedan presentar quienes detentan el predio sin derecho a hacerlo”.

Familias de la toma de Don Bosco se manifestaron en el Municipio

Agregó que esto no implica desconocer los derechos de los querellantes “sino que constituye un paso previo destinado a lograr una pronta restitución de las tierras, idealmente sin ocupantes o con el mínimo posible, habiendo instado para ello –ahora de una forma más firme– a los organismos que deben dar respuesta, que no son otros que los estatales y municipales”.