Trata: “¿Quiénes son los que están consumiendo esos cuerpos?”

(Por Mauro Llaneza) La historiadora Valentina Riganti investigó las políticas públicas relacionadas a la explotación sexual y la implementación de tratados internacionales en Bahía Blanca durante la década del 90, cuando el país era gobernado por el menemismo y la ciudad por el linarismo. El Estado municipal, la justicia, la policía y los proxenetas aparecen como actores de una realidad en la cual “la situación de las mujeres que son explotadas sexualmente no se vio modificada”.

Si bien todavía existen dudas o complicidades en el Poder Judicial al aplicar la Ley 26.364 aprobada en 2008 –basta mirar las noticias de esta semana para comprobarlo-, dos décadas atrás la trata de mujeres con fines de explotación sexual se escondía en causas por facilitación de la prostitución o contravenciones.

Riganti plantea que la noción de “facilitación” descarga de responsabilidades al proxeneta y al Estado, el cual actúa como legitimador de una actividad prohibida, condenando la facilitación del hecho y no la explotación sexual. Desde este punto de vista, si una mujer se prostituye y el hombre sólo “facilita” la actividad, la acción ilegal queda ligada a la mujer-prostituta, descartándose la existencia de la coerción como posibilitadora de la explotación y, en ese sentido, marca una continuidad entre esta denominación y el “consentimiento” de la Ley de Trata eliminado en 2012.

En su visita a FM De la Calle la historiadora identificó continuidades y cambios: “Los mecanismos de cooptación, las formas de mantenimiento de las mujeres dentro del sistema prostituyente son siempre más o menos las mismas. Después hay rupturas que tienen que ver con las leyes, la federalización del delito de trata fue un cambio efectivamente aunque tiene muchos límites relacionados más que nada con lo presupuestario”.

Hoy como ayer se repiten factores que abonan la explotación sexual de mujeres y niñas: las dificultades sociales y económicas, los altos niveles de desempleo y pobreza -y en particular la feminización de esta última- y la ubicación geográfica de la ciudad como nodo de comunicaciones y articulación con el sur. “En un caso del ’92 la amenaza constante a las mujeres era ‘las vamos a llevar a Comodoro Rivadavia’, siempre está esa idea de ‘te llevo al sur y ahí ya no te encuentran más'”.

“Bahía Blanca en relación a la economía internacional siempre se planteó en el imaginario, en las representaciones, como una ciudad abierta al mundo, la ciudad puerto, la idea del corredor con el pacífico. Todo este incremento de circulación no solamente de personas sino de recursos sobre todo marca un ambiente favorable para el surgimiento de estas situaciones de clandestinidad”, explicó.

Riganti aclaró que al referirse a la “movilidad de personas e inmigración lo primero que se tiende a pensar es que hay que cerrar todas las fronteras, pero justamente uno de los causantes de esta situación de clandestinidad en que se encuentran las mujeres es la existencia de políticas migratorias muy rígidas. Está demostrado que mientras más flexibles sean, aunque no se levanten los controles pero que las personas tengan posibilidad de tener la ciudadanía, permite que las mujeres salgan más rápidamente de la situación de clandestinidad”.

En cuanto a las políticas nacionales de la década del 90, la investigadora menciona la tarea de las “manzaneras”. “Tenía que ver con entrar a las bases de los barrios, bien comunitario, eran punteras políticas la mayoría -sobre todo las que eran cabeza de la organización- y estaban vinculadas con el partido gobernante del momento. Eso hace que el PJ no pueda decir no estaba enterado de que esto estaba sucediendo. En algunas entrevistas aparece esto de que nosotras sabíamos que había mujeres que estaban en situación de prostitución pero hacíamos lo que podíamos. El problema principal en Bahía Blanca es el desempleo, no la prostitución. Esto siempre nos pasa a las mujeres, lo nuestro es un accesorio que si se puede se cubre y si no no”.

La intendencia de Jaime Linares estableció la libreta sanitaria para las mujeres prostituidas. “El problema fundamental es que muchos proxenetas tenían contactos con médicos y esas libretas aparecían firmadas a pesar de que las mujeres eran adictas, no usaban preservativo, estaban golpeadas todo el tiempo porque la clandestinidad y la explotación sexual hacen que se desarrollen relaciones muy violentas de parte de los proxenetas hacia las mujeres”. Para Riganti, el Estado legitimaba al proxeneta-explotador como “el intermediario que lleva a la mujer al hospital”.

La falta de atención integral de la problemática por parte de la comuna habilitó la intervención de organizaciones de la sociedad civil. Por entonces, Nido era la única que abordaba la violencia de género y por eso fue convocada en el marco del Plan Estratégico junto a Caritas, grupos scouts y otras instituciones de extracción religiosa. La entrevistada destacó que “es importante pensar desde dónde se está generando la política pública, a pesar de que discursivamente se habla de un enfoque de género, en realidad se está hablando desde el punto de vista moral, no es lo mismo a Iglesia Católica que agrupaciones feministas”.

En uno de sus estudios, Riganti concluyó que en Bahía Blanca, “los temas ‘de género’ fueron abordados sin analizar las relaciones de poder que actuaron en el marco de una sociedad patriarcal y capitalista, la cual estaba viviendo una profunda crisis económica y social. Esto respondió a planteos que concebían el lugar de ‘la mujer’ como separado de otros aspectos: así, se compartimentaron las instancias que atravesaban la realidad femenina, contrariamente a lo postulado en los tratados que planteaban la importancia de un enfoque ‘transversal’ de la cuestión de género”.

“El orden de prioridades implícito en la configuración de las políticas municipales -que ubicaron a las mujeres en su dimensión doméstica y maternal como ‘pilar de la familia’ y ‘variable de ajuste’- pudo verse en la distribución de fondos, al mismo tiempo que algunas de las implementadas no estuvieron controladas por el gobierno local y que las instancias ‘cívico-religiosas’ aumentaron su importancia. (…) La insistencia en la cuestión de la explotación sexual de mujeres en los tratados marca que había conocimiento y preocupación por el tema, pero no respuestas por parte de los gobiernos de todos los niveles”.

Cierre de cabarets

Al ser consultada sobre la ordenanza que prohibió el funcionamiento de cabarets y otros locales similares en el partido de Bahía Blanca, Riganti advirtió que “nunca terminó de despegar” el observatorio que debe evaluar su implementación y que la iniciativa “tiene un límite particular que es que lleva a las mujeres a una situación de clandestinidad, en ese sentido favorece la explotación”.

“El otro problema que tiene es que si habilitamos los cabarets es como caer en esta idea de que los proxenetas nos van a ayudar a llevar adelante las cuestiones sanitarias y van a colaborar con nosotros. Eso tampoco está bien, hay muchos límites ahí. Estás hablando directamente de la explotación sexual de mujeres y, por otro lado, las estás llevando a una situación de clandestinidad.

“La forma de manejar eso no es generar un cambio sobre las mujeres o sobre la prostitución sino sobre los prostituyentes. ¿Quiénes son los que están consumiendo esos cuerpos? Esas mujeres están ahí, siendo ofrecidas porque hay alguien que está pagando. ¿Los proxenetas de dónde sacan la plata que después le dan a la policía o a los políticos? Sale de los varones de la sociedad civil. Ahí está el cambio que hay que hacer”, afirmó.