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(Por Francisco J. CantamuttoLa búsqueda de confluencias y coordinación de la resistencia al ajuste avanza semana a semana. El gobierno de Cambiemos no cede ni se detiene en su programa de ajuste social. Los datos oficiales acusan evidencia de recesión y aumento de los despidos, sin mayores éxitos en materia de reducción de inflación o atracción de inversiones. Hasta el momento, sólo malas noticias para las clases populares trabajadoras.

Este sesgo anti-popular parece estar particularmente ensañado con las empresas recuperadas. La semana pasada, la cooperativa RB fue duramente reprimida, y varios de sus trabajadores llevados detenidos. Por más tiempo, la cooperativa que edita Tiempo Argentino, fue brutalmente atacada esta semana por patotas, aprovechando la zona liberada por las fuerzas de seguridad. Las cooperativas Chilavert y Cueroflex se encuentran en guardia desde hace 10 días ante la posibilidad de cortes de servicios, ante la imposibilidad de pagar las enormemente elevadas tarifas. Universal, otra cooperativa de Avellaneda, fue amenazada de corte, con la gendarmería acompañando a representantes de la empresa proveedora. Se suma a la ola de vetos de Vidal en la provincia contra las recuperadas. Parece que el gobierno tiene particular interés en bloquear esta posibilidad de acción ante la fuerte avanzada de despidos y quiebras, resultantes de su propio programa.

En otro orden, se multiplican las redes de pequeños comerciantes y empresarios PyME que organizan en sus zonas diferentes medidas de protesta: bocinazos, cortes parciales de calles, radios abiertas. La realidad de la recesión y el aumento de tarifas aparece como insostenible. Asimismo vecinos/as y centros culturales intentan poner sobre la mesa las dificultades de llegar a fin de mes. Diferentes abogados están promoviendo la presentación de amparos y cautelares por el aumento, y sugiriendo el pago con impugnación, que permitiría acumular reclamos ante el daño provocado. La asociación Nace un derecho puso a disposición un modelo de impugnación para poder hacerlo. Las cautelares han prosperado ya en las provincias de Córdoba y Mendoza, y diversas localidades de Buenos Aires y Chubut.

La Multisectorial de CABA -como decenas de otras en el resto del país- está haciendo un esfuerzo por funcionar como vaso comunicante entre estas realidades y las múltiples iniciativas de resistencia al ajuste. La confluencia en su seno de múltiples organizaciones permite el diálogo y coordinación de las acciones.

En tal sentido, se llevarán adelante múltiples acciones de protesta los días 9 y 13 de julio, en diferentes espacios de la ciudad, bajo la misma consigna: contra el ajuste, los despidos y el tarifazo. Esta misma preocupación convocará a una movilización conjunta de cooperativas de construcción, nucleadas en la CNCT, y la red gráfica ante los ministerios de Infraestructura, Energía y Trabajo. La promesa de planes especiales de tarifas para entidades sin fines de lucro lleva más de un mes de dilaciones, sin ningún anuncio concreto. Finalmente, la Multisectorial está llamando a una Marcha Federal para los días 17, 18 y 19 de agosto, para confluir en Plaza de Mayo desde diferentes puntos del país.

Ante el programa de ajuste, el descontento es generalizado y las formas de protesta múltiples. Pero aún hay un largo camino por recorrer para coordinar y potenciar políticamente estas iniciativas. Las Multisectoriales aparecen como una opción para ello.

(Por Francisco J. Cantamutto) El gobierno de Cambiemos está impulsando un proyecto político regresivo, que enfrenta diversas limitaciones. El programa del gobierno no muestra grandes novedades respecto de los pronósticos iniciales. Se trata de un cambio en favor de los sectores más concentrados de la economía, con particular énfasis en los capitales que operan en el sector financiero, los exportadores y el de servicios. La panoplia de políticas aplicadas apunta a elevar la rentabilidad de estos sectores, en detrimento de todas las clases populares y las fracciones menos concentradas del propio capital (PyMEs).

La mayoría de representantes empresarios en el gabinete nacional es la forma más evidente de este sesgo, pero su manifestación más cruda son las políticas económicas. Esto desmonta el argumento de “darle tiempo” al gobierno: a medida que los meses pasan, sólo se hace más visible que apunta a beneficiar a unos pocos y perjudicarnos a la mayoría. La supuesta lucha contra la inflación no parece ser el objetivo real del gobierno; caso contrario, está fracasando de manera estrepitosa, pues hasta el momento lo que hay es una aceleración respecto del año previo.

Más allá de este sesgo general, la disputa sobre la orientación concreta del proyecto no está saldada. Se requiere de fuerza política para poder convalidar la forma específica del nuevo bloque en el poder. Y es ahí que el gobierno enfrenta desafíos de diferente orden: a) un mundo en crisis donde las oportunidades escasean, b) la resistencia social que no cede, y también c) las disputas entre las propias fracciones ganadoras del bloque en el poder. Sin dudar del sesgo regresivo general, estas tres condiciones significan dificultades reales para llevar adelante el programa. Nos concentramos en la última.

Disputas dentro del bloque

Las fracciones ganadoras del nuevo orden político-económico son los capitales concentrados exportadores, los que operan en los servicios públicos y los financieros (que no se limitan a la banca). Cada fracción ha reclamado medidas en su favor, y definen los lineamientos centrales del programa del gobierno. De conjunto, han recibido transferencias de ingresos calculadas en $281.106 millones, o unos 19.383 millones de dólares.

Así, la devaluación de diciembre y febrero, junto a la quita o reducción de retenciones a las exportaciones, elevaron las ganancias de los sectores exportadores, en particular, del agro y la minería. También se apostaba a darle competitividad a los sectores industriales concentrados que exportan. El problema en este respecto se vio por partida triple.

En primer lugar, el error de suponer que se trataba de un problema doméstico y no de un cuadro de crisis mundial y de nuestros principales socios (Brasil en particular). El referendo en Gran Bretaña para salir de la Unión Europea ha reforzado la tendencia a devaluaciones generalizadas, limitando el alcance de esta política como factor de competitividad. Mejores precios no compensan la falta de demanda. En segundo lugar, el ajuste cambiario impulsó una aceleración de la inflación. El dólar pasó de $9,50 en diciembre a $16 a fines de febrero, momento en el que el Banco Central reforzó su intervención para lograr bajarlo hasta $14. Es decir, desde diciembre hasta antes del Brexit, la devaluación fue del 47%. Pero la inflación promedio, en el mismo plazo, fue del 28% (datos de la CTA), erosionando gran parte de las ganancias de competitividad. Y tercero, un lugar especial ocupan los 4 aumentos en los combustibles, que favorecieron a las grandes petroleras (que tienen su hombre en el ministerio de energía, Aranguren). Estas subas han erosionado particularmente la competitividad, y provoca una disputa explícita entre fracciones ganadores con el nuevo gobierno: la Sociedad Rural ha señalado que por esta vía se le fueron tres cuartos de lo ganado con la quita de retenciones.

Por otra parte, el aumento de tarifas de los servicios públicos busca elevar las ganancias de las empresas que operan en el sector, a pesar de que no se ha mostrado hasta el momento ninguna prueba pública de que el atraso en las tarifas ocasione pérdidas. Su incremento obedece a prioridades de economía política: el sector está controlado mayormente por capital de origen extranjero, al que Cambiemos busca beneficiar. Los servicios públicos (energía y transporte  en particular) impactan en las estructuras de costos de todos los sectores, lo que opera en especial detrimento de la producción industrial y la construcción, golpeando incluso a sectores exportadores. Estos incrementos elevaron la inflación en el segundo trimestre, lo que de conjunto golpeó muy duro los presupuestos de los hogares.

El problema aquí es este carácter transversal: la suba ha afectado a muchos sectores sociales, que han presentado reclamos por vías judiciales, manifestaciones y petitorios, que han puesto freno transitorio y parcial a algunos aumentos, pero su alcance es limitado. Las subas hasta ahora realizadas componen entre un tercio y la mitad de lo previsto por el gobierno. Esto significa que la negociación y conflicto actual son la primera etapa de una batalla que se repetirá en algunos meses. El desgaste político no es solo para los sectores afectados que hoy peticionan, sino para el propio gobierno que de esta forma pierde por partida doble: no alcanza aún los valores esperados, lo que atenta contra su asociación con el capital extranjero, y sin embargo las subas ya estipuladas impulsan la inflación.

Y finalmente, el tercer socio y gran ganador, es el capital financiero. Las políticas en su favor han sido sistemáticas, debido al peso central que ocupa la deuda en el proyecto de Cambiemos. El canje de 10.000 millones de dólares de deuda intra-Estado por bonos con privados, el pago a los fondos buitres con una emisión total de 16.000 millones más, y la apertura a emisiones de bonos provinciales; todos títulos que pagan elevados intereses en corto plazo. Sin embargo, la joya del esquema han sido, sin duda, las LEBAC emitidas por el Banco Central. Estas letras llegaron a pagar 38% anual de interés en renovaciones cada 35 días, una fuente inmensa de rentabilidad. El ejercicio es interesante: un operador que haya cambiado dólares por pesos a fines de febrero (a $16), y haya renovado 3 veces esos fondos en LEBAC, y los haya retirado a dólares nuevamente las semanas previas al Brexit (amenaza conocida con antelación) a $14, obtuvo una rentabilidad cercana al 28% en dólares… ¡¡¡en un trimestre!!! Un negocio impresionante, que explica por qué el presidente Macri dijo que pensaba repatriar fondos que mantiene en el exterior, para invertirlos en bonos.

El problema es que esta auténtica timba implica un incremento del déficit cuasi-fiscal, contra los supuestos objetivos del gobierno. Además, con estas tasas de rendimiento, no hay ningún incentivo a prestar a sectores productivos, lo que implica menor inversión. La recesión es la actualidad y el horizonte cercano. Finalmente, las letras emitidas son equivalentes a todos los billetes circulando en la economía, y son de muy elevada liquidez, lo que significa que pueden correr al dólar con mucha facilidad, como de hecho, comenzaron a hacerlo la última semana de junio, elevando nuevamente el tipo de cambio por encima de los $15. Esto agrega inestabilidad cambiaria a los demás riesgos económicos y políticos que frenan toda recuperación de la actividad.

Como se ve, el gobierno no tiene las cuentas fáciles. Sus políticas está orientadas de manera muy evidente a beneficiar a los sectores más concentrados del capital, pero no está claro que tenga la capacidad para subordinar a quienes pierden. Más aún, las disputas entre las diversas fracciones del bloque en el poder no alcanzan tampoco un acuerdo estable aún, lo cual redunda en la presión que mejor conocen: la extorsión económica mediante recesión. Hasta que la correlación de fuerzas entre clases y al interior del bloque en el poder no alcance algún tipo de estabilidad -siempre precaria- no es esperable que la economía se recupere, más allá de promesas y deseos. El pato de la boda, claro, lo pagamos las clases populares, afectados por la inflación, recesión y creciente desempleo.

(Por Agostina Costantino y Francisco Cantamutto) La crisis mundial tuvo sus primeras manifestaciones en Estados Unidos en 2007, y estalló al año siguiente sumando a casi toda Europa. Su primera etapa adoptó la forma de una crisis hipotecaria, asociando el negocio inmobiliario con las finanzas. Con este diagnóstico en mente, los gobiernos de los países centrales adoptaron medidas de salvataje a la banca, por un monto cercano a los 1,6 billones de dólares, reduciendo las tasas de interés prácticamente a cero.

Pero los fundamentos de la crisis no eran financieros sino reales, por lo que este gigantesco salvataje no logró reanimar la inversión, dejando a todas las potencias en un bajo crecimiento, cercano a la recesión. Y sin embargo, el diagnóstico generalizado habla de una crisis ya superada. Nada más lejano. Los organismos financieros se ven obligados a corregir cada año sus estimaciones de expansión de la economía mundial, reduciendo sus expectativas originales.

La continuidad de las políticas de ajuste social y salvataje bancario están mostrando efectos perversos en la Unión Europea. No sólo la conocida disputa con Syriza en Grecia sino la reciente salida de Gran Bretaña reconocen su origen en este proceso. La economía estadounidense, en cambio, se ha reanimado relativamente el último año, lo que indujo a una veloz -aunque limitada- suba de sus tasas de interés de referencia. Esto ha producido un efecto de retracción mundial de los capitales hacia el país potencia, fortaleciendo el dólar frente a otras monedas. El reciente Brexit ha reforzado esta tendencia preexistente aún más.

La desaceleración de las economías centrales impactó sobre la demanda global, lo que está produciendo efectos sobre las economías dependientes y las llamadas emergentes . China, en particular, ha iniciado un giro hacia el desarrollo del mercado interno, pero continúa arrastrada atada a la demanda externa. Por ello, su crecimiento se ha ralentizado (por primera vez en 25 cae debajo del 7%), y resulta insuficiente para traccionar al resto del mundo. Ante este escenario, ha realizado pequeñas devaluaciones del yuan, que tienen gran impacto.

América Latina y el Caribe

Para nuestra región, las noticias no son auspiciosas. Los precios de las materias primas caen por tercer año consecutivo, alcanzando mínimos en décadas, lo que presiona sobre las cuentas externas y fiscales. Si bien se espera una caída del PBI regional del 0,3%, esto esconde situaciones diferentes a nivel subregional.

Los países exportadores de materias primas, y en particular, los que exportan petróleo, ubicados en general en Sudamérica, han sufrido con más fuerza el impacto de esta fase de la crisis. Estos países habían estado relativamente menos resentidos en años previos, gracias a la aún persistente demanda china y la especulación con los mercados a futuro de los commodities, situación que comenzó a agotarse hace unos tres años. Este contexto ha servido de fondo para una avanzada generalizada de sectores conservadores y liberales, en algunos casos logrando ganar por el voto (como Argentina) y en otros mediante artilugios palaciegos (como Brasil), reforzando la agenda norteamericana para la región, que incluye un giro de integración hacia las iniciativas del TTP.

El caso de Brasil es particularmente ejemplificador. Las políticas de ajuste iniciadas por Dilma no fueron suficientes ni para reactivar la economía ni para desactivar el impeachment. La devaluación del real no ha logrado impulsar las exportaciones, en un marco de demanda interna desplomada. La recesión del gigante del Sur afecta (su PBI cae un 3%) en especial a Argentina, que destina casi toda sus exportaciones industriales a ese país. Tanto de manera directa como mediante el efecto multiplicador de Argentina, por la vía del comercio y la de la inversión, la crisis de Brasil golpea a Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Venezuela es otra economía muy afectada, pues su bienestar reposa casi por completo en la renta petrolera (su PBI cae casi un 6%). Su crisis también impacta sobre otros países centroamericanos (Nicaragua y El Salvador) y del Caribe (Granada, Haití y Jamaica), con los que tiene múltiples acuerdos bilaterales de cooperación, en particular en el sector de hidrocarburos. Afectados por esta falta de fondos y la disminución de las exportaciones de materias primas, varios países de esta subregión se ven en problemas (Belice, Guyana, Suriname, y Trinidad y Tobago).

Sin embargo, no toda la subregión se ve influida por estas mismas fuerzas externas. Muchas de estas economías son importadoras netas de energía, por lo que la caída de los precios internacionales en realidad las beneficia. Además, la lenta recuperación de la economía estadounidense impulsa la demanda de exportaciones de México, y parte de Centroamérica y el Caribe, especializados en maquila para aquel mercado. En aquellos donde el peso del turismo internacional es elevado (como Barbados, Granada, Saint Kitts y Nevis y Santa Lucía) la situación es de hecho promisoria. La mayoría de estos países dependerá de que la moneda china -que compite por el mercado estadounidense con una canasta de bienes semejante- no sufra nuevas devaluaciones que les quiten competitividad.

Así pues, la nueva fase de la crisis mundial está generando nuevos efectos sobre la región, renovando la dependencia generalizada y la falta de autonomía para dirigir un proceso de desarrollo. El giro regional hacia economías más abiertas, integradas bajo la égida del capital norteamericano, no parece sino reforzar esta dependencia.

(Por Francisco J. Cantamutto) La organización de la bronca es un proceso paulatino, pero firme, de los primeros meses de Macri.

Nuevamente, se reunió el lunes la Multisectorial de CABA en el hotel recuperado BAUEN. Y otra vez se hicieron presentes cooperativas de trabajo, sindicatos, empresas recuperadas, asociaciones de jubilados, clubes de barrio, asociaciones de consumidores, empresarios PyME, centros culturales, vecinos de diferentes comunas. ¿El factor aglutinante? Expresarse contra el tarifazo y el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos.

El espacio continúa funcionando como un nodo de coordinación de múltiples iniciativas, como los bocinazos de las comunas 3, 7 y 12 o la radio abierta y pegatina de boletas de la comuna 4. La presentación de amparos y cautelares colectivas contra el tarifazo, el aviso y solidaridad entre cooperativas que resisten los cortes y desalojos. Esta semana se tomó nota del frazadazo convocado por CTA-A para el miércoles a las 18 en el obelisco, y de la convocatoria a movilizarse el jueves a las 12 frente a la nueva sede de la jefatura de gobierno, en Parque Patricios, convocado por ATE Capital.

Las propuestas de acciones para expresar el rechazo al modelo económico y político son muchas, y la Multisectorial se debate entre diversas formas de unificar los reclamos pero también fomentar intervenciones simultáneas y dispersas, con consignas comunes. Esto parte de una caracterización del gobierno de Cambiemos, como un proyecto político antipopular, pero con capacidad de gobierno.  La fortaleza que mostró ante las gigantescas movilizaciones del 1 de mayo y del 12 de mayo (universidades), frente a las cuales no se doblegó, y mantuvo sus políticas de ajuste. Los funcionarios de Cambiemos han mostrado una excelente disposición para lo que llaman “dialogar”, que significa dilatar indefinidamente en el tiempo una negociación, a la espera de la desmovilización. Es el esquema que han adoptado en los Ministerios de Trabajo y de Energía para evitar dar solución a los efectos de las políticas en marcha.

Apenas estos días, mientras se posponen una y otra las reuniones, los desalojos y los cortes avanzan, estando bajo amenaza las cooperativas Chilavert y Cueroflex, tras el violento episodio de otra recuperada, RB, la semana pasada. Asimismo, la noticia llegó desde Rosario, cuya Multisectorial fue reprimida el 20 de junio, hechos que tomaron estado público merced de la cobertura mediática. El presidente optó por adoctrinar niños/as con consignas partidarias y reprimir cualquier expresión de desacuerdo, apenas con metros de diferencia.  El gobierno llama el diálogo, dilata y reprime, todo con un fuerte cerco mediático.

Por eso se vuelve muy necesario actuar en la opinión pública, entre vecinos/as, en el territorio.

Con esta preocupación en mente, se ha planeado ya la posibilidad de coordinar un festejo del 9 de julio alternativo, por una segunda independencia. Asimismo, está firme la propuesta de coordinar hacia una Marcha Federal el 17 de agosto, partiendo de diferentes puntos del país. Para construir solidaridad y coordinación, se está creando ya una red federal de Multisectoriales, que hoy se multiplican por todo el país.

Una cuestión es clara: la bronca y el descontento están presentes. De lo que se trata es de organizarlos.

Foto: FACTA.

(Por Francisco J Cantamutto) Los aumentos de tarifas son presentados al público como una necesidad indiscutible… ¿es tan cierto esto?

Uno de los factores de conflictividad más marcados de las últimas semanas es el tarifazo, que se empieza a sentir en las nuevas boletas de agua, luz y gas. Este tarifazo se suma al aumento en el transporte público, que ya atacó el bolsillo en este 2016, y el 4° aumento de los combustibles desde diciembre. Ante los reclamos, el polémico ministerio de Energía Aranguren sugiere trasladar a precios. Por eso, su impacto en el resto de los precios de la economía se está viendo con el correr de los días, en función del traslado de costos a precios en las cadenas de valor. El límite parece ser la demanda, que lleva ya 5 meses de caída en el consumo minorista.

Ahora bien, la pregunta clave es si era necesario este aumento. El argumento del gobierno es que las tarifas venían retrasadas desde hace años, y por ello el sector desinvirtió, generando los problemas de oferta que tenemos hoy, que provocan cortes del servicio. ¿Es tan así?

Uso político de la inflación

Los descontentos se multiplican por doquier ante la inflación que no cede y la recesión que se profundiza. Las políticas del gobierno de Cambiemos ha puesto al país ante este escenario: estancamiento con inflación. Sin embargo, no se trata de un “error de cálculo”, sino una estrategia deliberada. Como reconoció en varias oportunidades el presidente del Banco Central, Sturzenegger, la cota última del aumento de precios es justamente la recesión: la caída de la demanda del mercado interno se traduce en la imposibilidad de trasladar aumentos de costos, frenando así la inflación mediante la recesión. El detalle es que esto implica caída de la actividad, del empleo y los salarios.

La inflación es utilizada así como instrumento para regular la orientación general de la economía. Es un error creer que todos pierden con la inflación: hay sectores concentrados del capital que reciben transferencias en el corto plazo, y ven sus ganancias incrementadas con el nuevo rumbo. Al respecto, Hagman, Harracá y Wahren mostraron que en 5 meses de gobierno, Cambiemos produjo una transferencia de ingresos equivalente a $281.106 millones, unos 19.383 millones de dólares. Una vez que la recesión produzca cierres de pequeñas empresas, quiebras de cooperativas, y un incremento del desempleo, las grandes empresas podrán contratar trabajadores/as en condiciones más precarias y por salarios menores.

En este esquema, las tarifas de los servicios públicos son un instrumento clave de política económica en la historia económica argentina. Analizando los años de posguerra, el investigador Guillermo Vitelli propuso la existencia de un modelo recurrente de plan de estabilización y ajuste que sirve, con recaudos, para comprender la actualidad. Según encontró, en repetidas ocasiones, el gobierno impulsa una aceleración inflacionaria para modificar los precios relativos de la economía, favoreciendo determinados sectores productivos. Una vez conseguida esa nueva orientación, los precios se “congelan”, y se espera que estas ganancias reactiven la economía. Actualmente, estaríamos en la fase de aceleración inflacionaria: devaluación y quita de retenciones, suba de la tasa de interés, y… aumento de tarifas. Cada medida apunta a un sector de capitales: elevar las ganancias  de los exportadores, las finanzas y las empresas de servicios públicos. Se espera que estos sectores impulsen la actividad, una vez que estas ganancias los tienten a invertir.

Tarifas congeladas

Los servicios públicos fueron privatizados durante los noventa, todos ellos con esquemas regulatorios muy laxos y permisivos. Todo ello habilitó a que los capitales que compraron a precio de bicoca estas empresas gozaron de rentas cuasi-monopólicas. Las escasas inversiones y fallas de servicio fueron parte de los descontentos que provocaron la caída de la Convertibilidad. En ese escenario, que incluía cortes de ruta de vecinos enfurecidos, fue que Duhalde congeló las tarifas como parte de la ley de emergencia n° 25.561 en enero de 2002. La intención de fondo era subsidiar la tasa de ganancia industrial, al reducirle un costo central de producción, e indirectamente, al permitirle pagar salarios más bajos.

En lugar de promover una revisión del esquema regulatorio, lo que procedió desde entonces fue una negociación empresa por empresa para analizar posibles aumentos de tarifas. En las escasas audiencias realizadas quedó claro que esto era imposible. Para compensar al capital ubicado en estas ramas de servicios, se instrumentaron las transferencias desde el Estado, que fue el rubro de mayor crecimiento del gasto. Los subsidios al sector energético pasaron de $1.157 millones en 2005 a $135.000 en 2015, siendo el componente más importante de las transferencias a sectores económicos, casi un 3% del PBI. Esto es el triple de lo que se gastó en la Asignación Universal por Hijo/a. Este es uno de los sesgos relevantes del gasto público durante el kirchnerismo.

Estas transferencias permitieron que este sector obtuviera ganancias, pero se vieran supeditadas a negociaciones permanentes, que ponían imprevisibilidad y asimetrías entre las empresas. Éstas respondieron conteniendo la inversión, lo que afectó a la calidad del servicio. Esta extorsión fue sumada al argumento de que este gasto presiona al alza el gasto público, induciendo al déficit fiscal y con ello, presuntamente, a la inflación. Por ello, según Cambiemos, es necesario aumentar las tarifas para bajar el gasto e impulsar la inversión.

Los problemas de este razonamiento son múltiples. Primero, mayores ganancias no implican mejores servicios y, mucho menos, mayor inversión: lo prueban las últimas dos décadas y media de gestión privada de los servicios públicos. Segundo, no es cierto que el sector esté teniendo pérdidas por tener las tarifas congeladas: ¿por qué pagar este costo social de ganancias empresariales que se fugan, si se puede gestionar desde el propio Estado? Tercero, con el mismo criterio de compensar precios retrasados, los trabajadores estatales y los informales tienen salarios reales atrasados desde 2001: ¿por qué no mejorarles los salarios a ellos? Cuarto, el impacto de las subas no parece apuntar a corregir los desfasajes: como se ve en la tabla adjunta, los principales afectados por el aumento de las tarifas fueron los comercios –que no pueden aumentar sus precios por falta de demanda- y los hogares más pobres (R1). ¿Qué corrección es ésta, que favorece a los más ricos y mantiene el subsidio a la industria? Se trata, sin más, de una gran avanzada contra los sectores populares y el capital de menor escala.

El debate dentro del gobierno es que este aumento dosificado de tarifas contradice el objetivo de reducir la inflación, y lograr de una vez la nueva estructura de precios relativos. La usina neoliberal FIEL, que tiene al ministro Aranguren en su consejo directivo, había advertido de este dilema al inicio del ajuste. Si no aumentan por cuotas, se produce una explosión social; si aumentan por cuotas, la inflación y la recesión son el único horizonte. En ningún escenario, nuestras necesidades son contempladas.

 

Categoría Consumo anual (en m3) Tarifa normal (en $ por m3) Aumento Gasto mensual promedio (en $)
Marzo Abril Marzo Abril
Residencial 1 250 0,9015 4,3463 482% 19 91
Residencial 2-3 1.000 0,8134 3,2074 394% 68 267
Residencial 3-4 2.200 2,1726 6,4788 298% 398 1.188
Comercial 110.000 0,4535 2,8181 621% 4.005 25.466
Industrial 3.200.000 0,0406 0,0975 240% 10.817 26.009

Elaborado a partir de datos de la Universidad de Belgrano.

(Por Francisco J Cantamutto) La propuesta de confluencia entre sectores afectados por el ajuste del gobierno nacional tuvo éxito y mantiene su convocatoria.

El día lunes se hizo la segunda reunión de la Multisectorial en el hotel BAUEN, con gran confluencia de organizaciones. Entre otras, se sumaron a las que participaron en la anterior reunión el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Club Matienzo, ATACA, Centro Cultural de la Cooperación, Cooperativa de Consumo la Yumba, Cooperativa educativa 9 de julio, Teatro Fray Bocho, integrantes de la Asociación Argentina de Actores, Librerías de la calle Corrientes, Centro Cultural Recuperado Olga Vázquez (La Plata), Cooperativa La Minga, Asociación de Docentes de Educación Física (ADEF), Construyendo culturas, entre otras.

Una sorpresa fue que se presentaron entre los participantes, representantes de multisectoriales de zona Norte de conurbano (Vicente López), de vecinos organizados de La Plata y de las asambleas de Juan B Justo y de San Telmo. Esto dio fuerza a la idea de federalizar la forma de construir y darle densidad nacional. Como dijo otro interlocutor más tarde, “encarnarla en las bases, agregar todas las broncas”.

Se revisaron las acciones acordadas de la semana previa. Tanto los clubes de barrio como las cooperativas y recuperadas lograron que los atendieran a partir de las manifestaciones que hicieron. A los clubes se les ofreció un descuento del 40% en gas y agua, que rechazaron por insuficiente. La negociación, dijeron, ahora seguía con la Multisectorial. Es decir, dieron más fuerza al espacio común. A las cooperativas y recuperadas les abrieron mesas de negociación en los Ministerios de Energía y de Trabajo. La reflexión fue que esto muestra que si bien el gobierno no es débil, sí cede ante la presión y se ve obligado a negociar. Aún está por verse qué se consigue.

Entre otras propuesta estuvo la de hacer los pagos de boletas impugnados, para agotar la vía administrativa. Se presentó además la propuesta de un amparo colectivo en Capital Federal, reuniendo la mayor cantidad de casos posibles para hacer la presentación. El jueves se prevé realizar una jornada de protesta distinta contra el tarifazo: el torneo de fútbol Juanjo Aranguren frente al ministerio de Energía. Los premios serán un sol de noche y un juego de velas. Esta acción, propuesta por los clubes de barrio, ganó rápidamente simpatías, pues permite expresar el problema de otra manera. La invitación está abierta a participar del torneo de protesta.

Se valoró mucho la propuesta, y a partir de ella se mencionaron otras formas de involucrar a sectores no organizados: bocinazos en los cruces de calle, apagón coordinado, el frazadazo, etc. Se remarcó que es importante construir no sólo juntando organizaciones, sino ayudando a organizar en el lugar: el barrio, la empresa, etc. Hubo al respecto un pequeño debate sobre el vínculo con los partidos políticos. Sintéticamente, se aceptó que pueden participar de la Multisectorial y apoyar todas sus iniciativas, pero la Multisectorial no es de los partidos, sino que los partidos participan de ella.

“Hay que armar el rompecabezas de los sectores afectados”, se dijo, apuntando a reunir lo que está hoy separado. El gobierno sabe negociar dividiendo, se insistió, es importante estar juntos para presionar. “No se pelea sólo contra el tarifazo, es contra un modelo de ajuste”. La confluencia de diferentes experiencias debe permitir avanzar un paso más que la pura negativa, que es un buen comienzo pero debe superarse. Por eso se insistió con ir pensando en confluencias. La idea de festejar un 9 de julio alternativo tuvo mucha aceptación, para lo cual se insistió con la idea de una Marcha Federal, a propuesta de ATE Capital.

El rumbo de la Multisectorial es un camino en construcción, y es una cuestión de tiempo llegar a ver sus alcances. Lo que queda claro es que está sirviendo como espacio de convocatoria para múltiples afectados por las políticas del gobierno de Cambiemos. Y la recuperación experiencias previas, en especial de 2001, se hace desde un tejido social más integrado que entonces, y con menos ingenuidad política. El ajuste no será tan fácil como creían.

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(Por Francisco J Cantamutto) Reunidos para resistir el ajuste, se propuso la constitución de una coordinadora multisectorial.

Ante el escenario abierto por el tarifazo y otras medidas de ajuste social, FACTA y otras organizaciones llamaron a una reunión el día lunes en el hotel BAUEN para debatir la situación y posibles acciones. La lista de oradores fue abierta, y el micrófono pasó de mano en mano, donde se presentaron y explicaron su situación muchas organizaciones muy diversas. Había clubes de barrio, empresas recuperadas, cooperativas, sindicatos, jubilados, PyMEs, trabajadores informales, gestores culturales, entre otros. Algunos partidos políticos se hicieron presentes para acompañar, pero no lideraron la reunión.

El clima general de la reunión fue de mucha bronca por las políticas del gobierno nacional, sin ninguna respuesta para los sectores populares y laburantes. La caracterización que se hizo del proyecto del gobierno nacional fue que éste intenta realizar un feroz ajuste, aún si esto implica dejar fuera y sin contención a la mayoría de la clase trabajadora. El aumento de tarifas y de combustibles, la apertura a las importaciones, la devaluación fueron las políticas más criticadas, como parte de un programa más general de ajuste. Ante esto, el gobierno es muy astuto dividiendo a los afectados, dando algún subsidio o contención pero por separado y con muchas limitaciones. Por ejemplo, los clubes de barrio criticaron la devolución del 40% del aumento, porque sólo era para el gas, dejando fuera los demás servicios, y aún así implicaba un aumento del 150-200% sobre lo que pagaban antes. La respuesta que parece venir es puramente represiva.

El objetivo del gobierno, hubo acuerdo, es crear recesión y desempleo, de manera de bajar los salarios. Representantes de cooperativas y PyMEs señalaron que no había que ponerse a competir “entre pobres”, que el problema era el capital concentrado. Con desempleo y salarios bajos, ponen contra las cuerdas a todos los sectores populares. Se añadió además, desde el Programa Facultad Abierta, que las Empresas Recuperadas eran atacadas por vía económica, judicial y política, justamente porque mostraban una alternativa para los y las laburantes ante estas crisis: tomar las herramientas y ponerlas a trabajar. No se están atiendo sus pedidos, se vetan los proyectos que éstas promueven y llegan con inspecciones imposibles de cumplir. Desde la recuperada Por Más Tiempo señalaron que tenemos que recuperar nuestra herramienta principal de trabajo, que es la palabra.

Los dirigentes de clubes de barrio señalaron que su realidad es semejante, y que de obligarlos a cerrar, implicaría que miles de pibes pierden el lugar de contención. Representantes de la cultura explicaron que el gobierno ya venía complicando la gestión independiente en la ciudad de Buenos Aires, cerrando espacios y centros culturales. El tarifazo pone en riesgo de cierre a estos espacios.

Según se señaló en la reunión, los pedidos de tarifas “sociales” no son una alternativa real, pues son parciales (todas implican aumento), llenas de trámites y que provocan división. Hubo un acuerdo muy general  en la necesidad de ganar la calle, y se señaló que eso ya se está haciendo, pero por separado. Esta semana protestan en la Capital los clubes de barrio (martes), recuperadas (jueves) y consumidores y usuarios (viernes).

Por esto se remarcó la necesidad de empezar a confluir entre todos los sectores afectados. La consigna fue unidad en la acción, es decir, actuar conjuntamente en lo que hay de acuerdo, con independencia de que luego cada sector tenga sus particularidades. Lograr la mayor unidad posible con acciones concretas. Confluir en todo lo que se pueda, y golpear a la vez. Se habló de conformar una Multisectorial, con mesas específicas de trabajo. Se señaló la necesidad de hacer esto de manera Federal, recuperando la experiencia de 2000-2001.

Se comenzaron a intercambiar experiencias de protesta y acciones para resistir. Por ejemplo, la presentación de medidas cautelares y amparos ante el ajuste, promover una ley de emergencia laboral y PyME, bocinazos, veredazos, entre otras. Se insistió en hablar con los y las vecinas, compañeros y compañeras de trabajo, para convocar de manera amplia. Todas las acciones sirven, pero quedó claro que era necesario impulsarlo en las calles y en unidad.

Por todo lo anterior, las reuniones van a seguir, buscando unidad, comunicación y coordinación. El próximo lunes 13 es la próxima cita, en el mismo lugar.

Entre otras organizaciones, se presentaron en la reunión: FACTA (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados), ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), CTA, FECOTRA (Federación de Cooperativas de Trabajo), representantes de clubes de barrio, CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo), FECACYA (Federación de Cooperativas Autogestionadas de la Carne y Afines), Sindicato de Obreros Curtidores, Federación Gráfica Bonaerense, Confederación Nacional de Jubilados, APYME, CGE (Confederación General de Empresas), Fedecámaras, Central de Trabajadores Informales, Comerciantes contra el Tarifazo, Alerta PYME, Programa Facultad Abierta de la UBA, Instituto Scalabrini Ortiz, Cultura Unida, Unión de Usuarios y Consumidores.

(Por Francisco J Cantamutto) El enorme malestar social que crea el plan de ajuste provoca discusiones dentro del gobierno. Los problemas políticos del ajuste económico.

El gobierno de Cambiemos tiene disputas internas, que se han hecho conocer –otra vez- como de “halcones y palomas”. La metáfora es mala porque aquí no hay relación predatoria entre ambos tipos de aves ni dietas disímiles; se refiere apenas a los diferentes estilos para aplicar un mismo programa económico. Por un lado, están quienes pretenden un ajuste más brutal, profundo y veloz, en clave de shock. Por otro lado, están los que creen que es mejor dosificar la administración de políticas, permitiendo ajustes graduales. No son posiciones siempre fijas, porque se cruzan perspectivas ideológicas, vínculos con diferentes sectores empresariales y lecturas del proceso político. Créase o no, la pelea la vendrían ganando los gradualistas.

Por ejemplo, el primer debate en este sentido se dio en torno a la devaluación de diciembre. En ese caso, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el coordinador del equipo económico Gustavo Lopetegui creían necesario ir con calma, mientras que el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay y el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger creían necesario liberar totalmente el tipo de cambio. El riesgo percibido por los primeros era el riesgo de un exceso de devaluación (que el dólar llegara a $20, por ejemplo), mientras que los segundos creían que era una buena señal de libertad al mercado. Si bien al inicio primó esta última visión, la segunda devaluación en febrero obligó a intervenir en el mercado para contener la estampida.

En el mes pasado trascendieron nuevos chispazos, en relación al control de la inflación y el nivel de las tasas de interés. Prat Gay habría criticado que las tasas de referencia –como las LEBAC, al 37,5% anual- estaban demasiado altas, y esto bloqueaba la inversión. Esto llevaría a una parálisis de la actividad. Sturzenegger, por su parte, criticó que su par no era lo suficientemente veloz en la tarea de reducir el déficit fiscal, lo que lo obligaba a emitir pesos y buscar formas de licuar esa emisión. Esto llevaría a dificultades para reducir la inflación. Esta discusión, sin embargo, se dio en el marco de un diálogo fluido –facilitado por el viceministro Pedro Lacoste- y objetivos de política compartidos. Reducir la inflación –aún a costa de recesión-, generar clima de inversiones, y luego recién reactivar la economía. Por eso ambos ponían las fichas en el segundo semestre, ahora trasladado al 2017.

Más radicales se presentan otros sectores del propio gobierno (Carlos Melconian, presidente del Banco Nación) y sectores afines (como Daniel Artana, de FIEL, o Dante Sica, de la consultora ABECEB) que insisten con que la frecuencia semanal de malas noticias genera malestar, y la “sensación” de que no hay buenas perspectivas. Esto atentaría contra el “clima de inversiones”, posponiendo las decisiones que permitirían a la economía salir del actual trance. Por ejemplo, el índice de confianza al consumidor relevado por la Universidad Di Tella muestra caídas mes a mes, lo que implica menor demanda y, por ello, demora decisiones de inversión.

Esta obsesión con la inversión no es trivial, pues se supone que es el objetivo ulterior de la política de estabilización y ajuste, presentado como lucha contra la inflación y la “herencia” kirchnerista. Según el razonamiento del gobierno, con cuentas fiscales balanceadas, menores tasas de inflación y un clima de previsibilidad, las inversiones llegarán y reactivarán la economía. Prat Gay comenzó su tarea, con los despidos en el Estado y el arreglo con los buitres, la tarea recae ahora en otros funcionarios. Concretamente, les tocaría la posta a la canciller Susana Malcorra y el ministro de Producción Francisco Cabrera, encargados de atraer la inversión extranjera. El 23 de marzo pasado, en un encuentro de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense se anunció –por tercera vez- una Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, de gestión compartida por estos funcionarios. Pretenderían transformar al ente mixto (público-privado) Fundación Exportar, para que promueva conjuntamente exportaciones e inversiones. Hasta ahora los resultados concretos son esquivos: no hay prácticamente nada que anunciar respecto a inversiones.

Cabrera es además acusado de no ofrecer ninguna contención a las PyMEs, actualmente en pie de guerra por el tarifazo y la apertura de importaciones. Pero aquí es donde el límite no es personal, sino de la fuerza política. El sentido general de las reformas neoliberales fue claro desde sus inicios: privilegiar la estructura de poder definida en el mercado y sostenida por el Estado para la toma de decisiones que afectan a la sociedad. Eso significa que el Estado pone toda su estructura al servicio de los sectores más concentrados del capital, no se achica ni minimiza, sino que modifica su accionar. Tampoco significa que el empresariado concentrado tenga acuerdos plenos respecto de todo un programa, sino apenas de su sentido general contra las clases populares –y fracciones más débiles del propio capital. Esto explica que incluso en el marco de las reformas estructurales de la última dictadura en el país o durante la Convertibilidad se dieran disputas al interior del bloque en el poder, con personeros políticos representando fracciones de capitalistas.

Ya a fines del siglo XX, a la luz del enorme descontento social de las reformas, dentro de la propia ortodoxia mundial comenzaron a plantearse cuál era el problema. El supuesto, claro, es que las reformas neoliberales son beneficiosas y sobre esto no hay discusión. Un documento muy circulado del Banco Interamericano de Desarrollo –una de las instituciones de crédito responsables de presionar por las reformas- presentaba ya en el 2000 lo que veían como problema: la duración total y secuencia de aplicación de las mismas. Este debate lo había planteado casi una década antes la pretendida heterodoxia del mainstream, que coincidía con el sentido general de liberalización y apertura, pero que, a diferencia de sus pares más tecnócratas, tomaba en consideración los problemas políticos (por ejemplo, leer aquí un conocido texto de 1992 de Dani Rodrik). Esta variante que ganó espacio con el estallido de la crisis mundial en 2008: economistas igualmente neoliberales, pero con consideraciones políticas (como Stiglitz o Krugman). ¿Cuál es el debate? Cuán rápido y profundo tomar las mismas medidas, de manera de evitar alianzas sociales y políticas que las resistan.

Es por eso que el propio Prat Gay dijo, ese mismo 23 de marzo pero en la Sociedad Rural, que eligieron “el camino del gradualismo porque es el único posible”. Un ajuste más acelerado no sólo foguearía la resistencia en las calles, sino que impediría el juego de alianzas en el Congreso y las provincias, que tan bien llevan adelante otros gradualistas como Frigerio y Pinedo. El problema de esta estrategia es el malestar permanente por las medidas contrarias a los intereses populares: ¿hasta cuándo podrán sostener el discurso de la “herencia K”?

No hay que confundirse, por dosis o por shock, todos en el gobierno quieren aplicar el mismo veneno.

(Por Francisco J Cantamutto) Se trataría el día de hoy en Diputados el proyecto de ley ómnibus del gobierno, mezclando un reclamo justo con una gigantesca estafa.

Cambiemos vuelve a mostrar que sabe hacer política, que no son unos improvisados. Recuperando la iniciativa, enviaron un proyecto de ley ómnibus que mezcla temas y problemas, opacando el debate y manejando la agenda de debate. Este punto es central, pues de esta forma oblitera el veto a la ley anti-despidos, del que nos separa menos de una semana. Modificando la agenda a altas velocidades, dificulta la constitución de una agenda sostenida que, en el debate, mostraría sus claros sesgos de clase.

El proyecto de ley busca tratar a un mismo tiempo varios asuntos diferentes, sintéticamente reunidos entre la Amnistía Fiscal y el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Al enredar un nuevo blanqueo de capitales con aumentos en haberes jubilatorios, genera falsas impresiones para lo que en rigor es una nueva estafa.

La ley de blanqueo

El estallido de los Papeles de Panamá ha puesto en el centro de atención las prácticas fraudulentas del capital, que se aprovecha de legislaciones laxas para evadir impuestos y regulaciones. Esto incluye el lavado de dinero de actividades ilícitas, como narcotráfico o trata de personas. Este escándalo involucra de lleno al presidente Mauricio Macri, del que se han detectado al menos 3 cuentas offshore no declaradas. Esto incluye a la ahora famosa Fled Trading, que el presidente no declaró, luego negó que haya tenido actividad, y ahora se supo que desarrolló el millonario negocio de Pago Fácil en Brasil. Macri además incorporó en su última declaración jurada, una cuenta en Bahamas –otra cueva fiscal- por 18 millones de dólares, que ofreció repatriar porque, según parece, tras medio año de su propio gobierno, empieza a confiar en sí mismo.

Resulta difícil de creer que gobiernos asociados a los propios capitalistas que practican estas maniobras vayan a alterar sustancialmente el mecanismo, pero sí pueden tomar algunas medidas que calmen al público indignado. Ha llegado la hora de una nueva ronda de lavado. La Ley de blanqueo de capitales, llamada de manera irónica Amnistía Fiscal, se propone habilitar el ingreso de dinero a la economía formal sin investigar ni preguntar nada por su origen. Se calcula que habría entre 270.000 y 440.000 millones de dólares fugados del sistema económico, disponibles para ingresar al blanqueo. Este dinero puede estar en cuentas o colocaciones en el exterior, pero también en cajas de seguridad dentro del país. Por presión del pan-radicalismo, la tratativa en el Congreso quitó la posibilidad de ingresar al blanqueo a funcionarios públicos con cargos activos en los últimos 5 años.

Como en cada ocasión que esto ocurre, el gobierno afirma que este será el último canje, y que al dar garantías –certidumbre- al capital será un éxito. En esto, no se distingue de los 9 blanqueos que hizo el kirchnerismo desde mediados de 2013, mediante los cuales habría logrado captar unos 2.370 millones de dólares colocados en títulos públicos (Cedin y Baade). Cambiemos es más ambicioso y busca captar casi diez veces esa cifra, unos 20.000 millones (aunque mencionaron también un objetivo superior de 60.000 millones). Para distinguirse de sus predecesores, impone una “multa” a los capitales blanqueados, que arrancan en el 5% para sumas de entre $305.000 a $800.000 y 10% por montos superiores, tasa que se incrementará el año entrante. Esta “multa” es una broma por permitir blanquear capitales y evadir impuestos por montos muy superiores (IVA, Ganancias, Bienes Personales, etc.). Se propone destinar esta recaudación directamente a ANSES.

La reparación jubilatoria

Los juicios a la ANSES por actualización de haberes constituyen una verdadera maquinaria perversa. Aprovechando las múltiples formas de la precarización y flexibilización laboral, los pagos de jubilaciones y pensiones comenzaron a atrasarse de manera sistemática durante la Convertibilidad. Esto da inicio a reclamos de los beneficiarios por recomposición de sus haberes, en juicios que cobran algunas veces tarde, y otras nunca llegan a ver. El reclamo por recomposición de las jubilaciones y pensiones es histórico y tiene múltiples ribetes. Las moratorias jubilatorias del kirchnerismo sirvieron para ampliar el universo de cobertura –que hoy llega al 97%- pero no atendieron a este problema de los montos cobrados. El fallo de la Corte Suprema por el caso Badaro tiene años sin surtir efecto en los pagos.

Cambiemos toma así una demanda justa (el aumento de los haberes), pero para hacerlo nos extorsiona con su ley de blanqueo de capitales. Alegando que los recursos de ANSES son insuficientes para hacer estos pagos, proponen financiarlos con las penalidades cobradas a los blanqueadores. De acuerdo con los objetivos declarados de 20.000 millones de dólares que ingresen, esto significaría $300.000 millones, que con una tasa máxima del 10%, significarían $30.000 millones para la ANSES. Esta cifra no alcanza ni la mitad de lo que hoy rinde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que mediante diversas colocaciones genera unos $75.000 millones al año. Las penalidades del blanqueo, además, servirían por única vez, y no como un flujo de ingresos. A todas luces insuficientes, el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso reconoció que podrían obtener más recursos vendiendo las participaciones que tiene el organismo que dirige en 45 empresas privadas.

He allí el meollo de este segundo asunto: el gobierno pretende deshacerse de las participaciones estatales en empresas privadas, legado de la estatización de las AFJP. Aunque sólo en pocos casos esta participación fue conflictiva, al gobierno le resulta ideológicamente indigerible, y bien podría tratarse a ésta como la primera privatización macrista. Los beneficios de esta venta para ANSES están por verse.

La ley de blanqueo y la venta de acciones serían ingresos por vez única, lo que no permite sostener pagos sistemáticos a jubilados y pensionados. A esto debe sumarse los despidos, que erosionan la base de aportantes, lo que da poca credibilidad al anuncio. Aún más, el proyecto de Primer Empleo enviado al Congreso propone, igual que hiciera Cavallo, reducir los aportes patronales para teóricamente fomentar la contratación en blanco. Esto no ha funcionado en Argentina ni en otros países del mundo: su efecto será menores aportes a ANSES. Todo esto contribuye al desfinanciamiento de la caja jubilatoria, que el gobierno deberá resolver en los años por venir. La toma de deuda o nuevas privatizaciones no deben descartarse.

La ley de blanqueo es un auténtico desfalco, pero también una demostración de habilidad política de Cambiemos y falta de compromiso popular real de la mayor parte de las otras fuerzas políticas en el Congreso –que juegan el juego del gobierno. No debe confundirse su profundo sesgo ideológico liberal con torpeza: esa subestimación facilitó que ganaran la elección de 2015. Analizar el carácter regresivo de la medida no debe hacernos perder nuestra agenda.

(Por Francisco J Cantamutto) El gobierno emitió la deuda por 16.500 millones de dólares y pagó a los buitres con juicios ganados. ¿Se viene una nueva ronda de endeudamiento?

Los buitres se anotaron la gran conquista que buscaban. El gobierno les presentó el pre-acuerdo en la corte de Thomas Griesa y los fondos aceptaron. Para ello, Cambiemos llevó a la negociación el apoyo político alineado entre la mayor parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, constituyendo una auténtica política de Estado: la garantía de continuidad del arreglo más allá de cualquier vaivén gubernamental. Se dificultó así, como lo hizo el canje de 2005 y el pago al FMI de 2006, la posibilidad de una auditoría integral de la deuda, cuyos orígenes ilegales e ilegítimos están ya probados.

Con este apoyo del establishment político, que aprobó la emisión de deuda por hasta 16.500 millones de dólares, el gobierno presentó la oferta a los fondos buitres que litigaron en Nueva York, entre los cuales se encontraba el más conocido de todos, NML Capital, de Paul Singer. La recepción fue excelente, pues se les propuso el pago completo de capital, intereses atrasados y punitorios, costas de juicios, comisiones y  otros rubros no especificados. Con la anuencia de los litigantes, el juez Griesa otorgó el permiso para el pago y levantó las medidas cautelares que dificultaban a Argentina emitir nueva deuda en Estados Unidos.

Con el mismo apuro que ha mostrado el gobierno para resolver todas las necesidades del capital concentrado, el 22 de abril se lanzaron al mercado los nuevos bonos autorizados por el Congreso. Un total de 16.500 millones de dólares, a una tasa de interés anual promedio de 7,14%, con maduración a 3, 5, 10 y 30 años. La operación marcó el evidente apoyo del capital financiero al rumbo elegido: el gobierno recibió una demanda cercana a los 67.000 millones, 4 veces más que lo ofertado. Es decir, Cambiemos fue capaz de colocar la nueva deuda emitida para pagar a los buitres, y constató la ansiedad del empresariado por participar en una nueva ronda de endeudamiento masivo. Debe señalarse que esta emisión fue la más grande de un país periférico en los últimos 20 años.

Los bancos colocadores de los bonos cobraron una comisión de casi 30 millones de dólares. Se trató del JP Morgan, Deutsche, Citibank, HSBC, Santander, BBVA y UBS. Los cuatro primeros habían participado de la estafa de diciembre, cuando se hicieron de títulos en manos del Banco Central cobrando un interés de 7,8%. Los dos primeros son las entidades donde trabajaron el ministro Prat Gay y el secretario Caputo.

Los 9.300 millones ya fueron depositados para pagar a los fondos buitres. El 26% de la transferencia fue a manos de Paul Singer, quien no demoró en calificar de “campeón de las reformas” a Macri en la conocida revista Time. Parece que pagar escribas para obtener adulación es una práctica válida para este gobierno también. El gobierno anunció que finalizó así el conflicto de “15 años”. Sin embargo, aún queda cerca de un 1% de bonos en manos de holdouts sin arreglar, y ya comenzaron los reclamos de los buitres que habían participado de arreglos previos (el fondo Greylock, que canjeó en 2010, presentó un reclamo por trato desigual). Incluso la prensa amiga del gobierno detectó que el riesgo de nuevos litigios no es nulo, al menos mientras se continúe operando bajo la ley estadounidense.

El remanente de la emisión de deuda, de poco más de 7.000 millones de dólares, fue a apuntalar las reservas del Banco Central, que de esta forma superaron su nivel de 2015. La constante salida de dólares del Central no ha mermado: el primer trimestre del año cerró con déficit comercial –fruto de la avalancha de importaciones-, los grandes operados agroexportadores siguen sin liquidar operaciones y la presión ahorrista se sostiene. El Banco que preside Sturzenegger está librando una batalla cotidiana por contener el tipo de cambio, vendido dólares en el mercado cambiario y “tentando” a los inversores con ofertas “atractivas”. Se trata de la emisión de LEBAC en pesos, que están pagando hasta 38% anual en plazos que van desde los 35 días, permitiendo un negocio formidable a la banca, empresas con liquidez e incluso algunos ahorristas minoristas (que alcanzaron el 5% del mercado). El retorno de la bicicleta financiera a través de LEBAC y NOBAC ha llevado el pasivo del Central a 507.000 millones de dólares, una cifra comparable con el PBI nacional.

Ante el interés del capital financiero, el gobierno ya anunció –a través del secretario Caputo- que realizará nuevas colocaciones de deuda. El déficit fiscal proyectado para el 2016 es de 24.283 millones de dólares, que se suman a vencimientos de deuda por 12.463 millones más. Para compensarlos, se prevé tomar deuda con organismos internacionales de crédito, con el Banco Central, con la ANSES y colocar en el mercado interno.

Este último punto es clave: el gobierno de Cambiemos prevé sostener la oferta de opciones financieras muy rentables dentro del mercado interno, buscando captar excedentes disponibles en el país. Las políticas aplicadas desde diciembre han favorecido al conjunto del empresariado más concentrado, que se encuentra con recursos invertibles, pero que no está dispuesto a colocar si no es en negocios de muy elevada rentabilidad. Esto desmorona -dentro del propio discurso del gobierno- la idea de que a la economía argentina le faltan recursos para invertir y sea necesario buscar capitales en el exterior. La búsqueda de capitales en el exterior que inició Macri en Davos es una opción de política y no una “necesidad”, como el gobierno pretende difundir.

El arreglo con los buitres en Nueva York no significa “la vuelta de Argentina al mundo” (¿a dónde se habría ido si no estaba en allí?), sino el inicio de una nueva ronda de endeudamiento externo. Esta ruta es la que, con reparos pero en el mismo sentido, inició el gobierno previo en 2014, cuando decidió pactar en el CIADI y arreglar con el Club de París. La cúpula empresarial se encuentra con bajos niveles de deuda y está tentada por ingresar en esta nueva fase de expansión financiera. La toma masiva de deuda, además, podría permitir financiar el consumo de los sectores sociales que sobrevivan el ajuste, fungiendo como mecanismo legitimador. Para las clases populares, ningún beneficio se puede prever de este rumbo. Más bien al contrario, como se vio la semana pasada con las protestas de la comunidad universitaria, el uso de recursos para los pagos de deuda parece estar desplazando otros gastos fiscales… como la educación. Lamentablemente, lógica de este ajuste ya la conocemos, y no termina bien.

(Por Francisco J Cantamutto) La inflación se erigió como el problema central para Cambiemos, orientando la política económica. Pocos resultados positivos y crecientes límites a esta estrategia.

Resulta difícil de descifrar cómo se reparten los funcionarios del gabinete que creen en lo que afirman y aquellos que aprovechan de un discurso para esconder el rumbo real de las políticas. La falta de efectividad que han mostrado hasta ahora las soluciones neoliberales propuestas hace sospechar la existencia de objetivos diferentes a los anunciados públicamente, o el fracaso empírico de estas teorías.

El gobierno sostiene que la inflación es el problema central de la política económica. Una baja tasa de inflación permite un horizonte de previsibilidad sobre los precios relativos, lo que, siempre según este enfoque, incentivaría la inversión bajo señales de mercado. Y por ello la estabilización de precios es el centro mismo de gravitación de la acción estatal en la materia: el gobierno procura alinear la política fiscal, monetaria, comercial y cambiaria para lograr ese objetivo.

En materia comercial, la primera semana de gobierno se eliminaron la mayor parte de los controles y regulaciones, esperando que los precios nacionales se alineen con los internacionales “eliminando distorsiones”. Los precios externos funcionarían así como límite al aumento de los locales. Esto incluye la eliminación de las retenciones a las exportaciones, pero también de las Declaraciones Juradas Adelantadas de Importaciones. Por el momento, los efectos de esta medida han sido básicamente dos. Por un lado, el saldo comercial ha pasado al déficit, debido al ingreso inmediato de artículos trabados por las DJAI, en un auténtico aluvión de productos. Por otro lado, dirigentes industriales ya han avisado al gobierno que, por este incremento de la competencia, están en riesgo la continuidad de 7.000 empresas, y alrededor de 100.000 empleos.

En materia cambiaria, en un inicio, el gobierno pretendió librar al mercado el nivel de tipo de cambio, nuevamente, bajo la idea de lograr un “precio” del dólar de equilibro, no sesgado por la voluntad política. Por ello, una de las primeras políticas fue eliminar los controles para la compra de dólares, el mal llamado “cepo”. Sin embargo, luego de la segunda devaluación en febrero, que disparó el dólar de 13 a 16 pesos, obligó a Sturzenegger a revisar la estrategia, y abandonar la flotación libre. El Banco Central comenzó a intervenir en la plaza cambiaria, lo que logró estabilizar el dólar en torno a los 14,50 pesos, pero produjo continua salida de reservas. Como recién señalamos, por la vía del comercio los dólares comenzaron a salir en lugar de entrar, siendo que además el complejo agroexportador liquidó la mitad de lo que había prometido. Los 5.000 millones de dólares obtenidos por el canje de letras intransferibles por bonos negociables se dilapidaron rápidamente. Esto hizo evidente la necesidad de complementar la estrategia.

La política monetaria apuntó inicialmente a un objetivo de inflación: reducir la emisión de pesos para quitar circulante, conteniendo así el aumento de precios. El problema fue doble: por un lado, la reducción del déficit no avanzó a la velocidad esperada, y por otro, contener nuevas devaluaciones estaba erosionando las reservas demasiado rápido. El Banco Central optó por intensificar la esterilización de la emisión, mediante la colocación de letras (LEBAC). Mediante estos títulos, el Central retira pesos del circulante, ofreciendo una colocación financieramente atractiva, que compita contra el dólar, conteniendo de esta manera la fuga sin perder tantas reservas. El mayor “mérito” de esta estrategia ha sido rehabilitar una nefasta forma de especulación financiera: las empresas con liquidez suficiente y los bancos compran estos bonos, obteniendo rendimientos que alcanzan el 38% anual de interés. Este proceso cohíbe otro tipo de inversiones productivas, que no logran alcanzar estos niveles de rentabilidad, forzando a la recesión. Este riesgo fue abiertamente reconocido por Sturzenegger como un efecto esperable, que en cualquier caso, aporta al objetivo de reducir la inflación por la vía recesiva. En el caso de los bancos, el negocio es redondo porque pueden captar pesos de ahorristas no sofisticados mediante plazos fijos, que pagan alrededor del 25% anual: es decir, logran un elevado rendimiento con fondos ajenos.

La estrategia está entrando en problemas porque la presión del mercado hacia el dólar no cesa, y las LEBAC deben ofrecer cada vez mayores rendimientos a corto plazo. Las LEBAC se están colocando a 35 días, con lo cual con una frecuencia casi mensual el Banco Central debe sumar la renovación de estas LEBAC a las necesidades de “aspirar” pesos del mercado, multiplicando las promesas de pago de manera incremental. Esto está produciendo un severo incremento del déficit cuasi-fiscal, contrario a los dichos del propio gobierno en relación a la política de reducción de este déficit. La presión es tan elevada, que se rumoreó la semana pasada la posibilidad de aplicar un plan estilo “Bonex” (preludio de la Convertibilidad) o Corralón (aplicado por Duhalde en 2002). Se trataría de la colocación forzosa de bonos a largo plazo, que reduzcan compulsivamente los pesos disponibles para presionar contra el tipo de cambio.

Finalmente, la política fiscal se orientó, al menos en el discurso, a la reducción del déficit, causa primaria de la inflación para el gobierno. Se priorizó el recorte del gasto público. Acusando ineficiencia o corrupción, se han recortado planes (como el Conectar Igualdad), paralizado pagos de obra pública y, especialmente, despedido trabajadores. Los despidos son sistemáticamente tratados –aunque sin presentar ninguna prueba- como una limpieza del Estado en aras de eficiencia (menos recursos para mejores resultados). Sin embargo, las remuneraciones de funcionarios jerárquicos se han incrementado, y se han comprometido nuevos gastos, entre los cuales los pagos de deuda son el más significativo. El principal ahorro provendría de la reducción de los subsidios a los servicios públicos, vía aumentos de tarifas. Por el lado de los ingresos fiscales, la eliminación de retenciones ha quitado una fuente central de recaudación. El aumento del mínimo no imponible resulta extraño, porque fue anunciado como un alivio esta carga (es decir, se preveía menos pagos por esta vía), pero acabó con más trabajadores pagando este tributo que con la escala previa.

Las dificultades para reducir el déficit fiscal y cuasifiscal, ponen en problemas la intención del gobierno de contener la emisión monetaria. Por ello se comprende la importancia clave que tiene la ruta de la deuda para Cambiemos. La deuda se erige como la fuente de financiamiento que compensa esta supuesta reducción del déficit, y es por ello la clave de sostenibilidad del proyecto de Cambiemos.

Hasta el momento, la inflación no se ha reducido, sino que se incrementó respecto de la herencia kirchnerista. En los primeros meses acumula cerca de un 15%, lo que ha puesto en duda el objetivo anunciado del 25% para todo el año. A la vista de este pésimo resultado, resulta llamativo que el gobierno insista con suponer el déficit y la emisión como fuentes de la inflación, y no la asocie con la devaluación, la quita de retenciones o los aumentos de tarifas que aplicaron desde diciembre. Evidentemente, el gobierno tiene una mala teoría para sus políticas, o sus objetivos no son los que declara en público.

(Por Francisco J Cantamutto) El escándalo conocido a nivel mundial como los Papeles de Panamá recién empieza a desplegarse. En Argentina,  el impacto fue inmediato, dado que involucra al propio presidente Macri y todo su entorno familiar. Hasta el momento las explicaciones son escasas y las pruebas directamente nulas, apelando –como ya es costumbre- a la fe y la buena voluntad.

El origen del escándalo

La cantidad de documentos hackeados del estudio Mossack Fonseca es varias veces más grande que los involucrados en el Wikileaks, del que aún surgen novedades. Procesarlo demanda mucho tiempo, y los alcances del escándalo están lejos de conocerse. Esta ha sido la razón aducida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), que procesa los documentos mediante un software de reconocimiento gráfico.

Si bien esto probablemente sea cierto, esta asociación de periodistas creada en 1997 no es exactamente neutral. Según denunció Julian Assange, la misma es financiada por Organized Crime and Corruption Reporting Project y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Níkolás Stolpkin completa la lista con otros destacados aportantes: Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Open Society Foundations, Ford Foundation, Carnegie Corporation of New York. Open Society Foundations responde al especulador global George Soros, mientras que la Ford tiene conocidas relaciones históricas con la CIA. Aunque la fuente del hackeo es anónima, su procesamiento claramente responde a urgencias de geopolítica estadounidenses. Esto explicaría por qué no abundan en la lista del escándalo nombres de esta nacionalidad.

Pero el origen no debe opacar los hallazgos reales, sino más bien explicar el foco de énfasis al inicio: por qué aparecen unos nombres antes que otros. De hecho, dado que Estados Unidos cuenta con sus propias zonas de secrecía -Delaware, Wyoming, Nevada-, de mucha mayor escala que Panamá: los estadounidenses pueden aprovechar sus propios “paraísos”. En el listado se ha visto afectado, por ejemplo, el primer ministro David Cameron, que tras mentir públicamente 3 veces al respecto, debió aceptar haber obtenido rédito de una sociedad creada por su padre. Como participan del consorcio grandes medios de comunicación de la mayor parte del mundo, con agendas sólo en parte homogéneas, lo que dificulta contener la información. De hecho, el diario alemán Süddeutsche Zeitung (aquí traducción) se sorprendió del trato amable que la prensa argentina dio al presidente Macri.

Es que los representantes por Argentina en el ICIJ son periodistas de La Nación y Canal 13. Su objetivo de búsqueda primario era la ex presidenta Cristina Fernández, y “tropezaron” con estos casos alrededor del ahora presidente Macri. Mostrando lo sesgado e interesado de su investigación, el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon reconoció que poseían esta información sensible antes de la segunda vuelta electoral, y decidieron evitar su estado público hasta ahora. Información que sin dudas hubiera incidido en el resultado, pues hubiera puesto en duda la transparencia promocionado por Cambiemos.

El impacto local

Las cuentas offshore son instrumentos financieros utilizados a escala mundial, con el objeto de ocultar información y evitar el pago de impuestos. Apañados por leyes locales que permiten estas prácticas, las empresas y los empresarios más poderosos toman provecho de ellas, incluyendo actividades ilícitas. Las acciones de Cambiemos desde que inició su gobierno no han contribuido a controlar el uso de estas cuentas, sino más bien lo contrario. La quita de controles a los movimientos de capitales (incluyendo la desaparición del mal llamado “cepo”) y los despidos masivos en la Unidad de Investigación Financiera facilitan los usos ilícitos de las cuentas offshore.

Ahora bien, esto no debe sorprender que en el marco de un gobierno cuyas figuras centrales están implicadas en este tipo de prácticas. La investigadora de CONICET y UNSam, Ana Castellani, ubicó a 7 funcionarios del gabinete nacional con cuentas offshore:

– Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Involucrado en Kalushy SA, en Panamá. Avruj señaló que la empresa fue creada por la ONG B’nai B’rith, para la que trabajó. La organización lo negó de manera contundente.

– Carlos Augusto Lo Turco, Subsecretario Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Involucrado en Marbira SA, en Panamá.

– Jesús María Silveyra Subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria. Involucrado en Trafimex SA Holding Corporation, en Panamá.

– Clarisa Lifsic, Secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones. Involucrada en 4 empresas en Chipre desde mediados de los años ´90, de las cuales tres continúan activas a la fecha. Orsett Investments Limited, Emerging Ukranian Limited, Ukranian Dolphin Limited y Prior Investments Limited.

– Hugo Darío Miguel, Subsecretario de Planeamiento en la Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones. Involucrado en TESACOM Panamá SA.

– Jorge Braulio Norverto, Subsecretario de Ciberdefensa en el Ministerio de Defensa. Involucrado en La Jotabe, en Florida.

– Maria Paula Schiappapietra, Subsecretaria de Comercialización de la Economía Social de la Secretaria de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social. Involucrada en Los Didis, en Florida.

Por supuesto, hay que agregar al listado al presidente Mauricio Macri, con al menos dos sociedades registradas en Panamá que lo ubican como director, Fleg Trading y Kagemusha. La última en operatoria y la primera vigente entre 1998 y 2008, ambas sin declarar por el presidente. De esta segunda, Macri dijo que no tuvo operatoria porque el negocio en Brasil no prosperó. Sin embargo, ha trascendido recientemente que el negocio en cuestión, la expansión del Pago Fácil en el país vecino, ocurrió bajo el mando del consorcio Macri durante el período 2001-2006, para ser luego vendido al socio Western Union. Es decir, el presidente habría mentido en su declaración jurada y en su excusa pública, siguiendo el patrón del inglés Cameron. Como señalamos, todo el entorno familiar de Macri está implicado con cuentas de este tipo en Panamá, lo que favorece la naturalidad con la que Macri reacciona ante las preguntas: forma parte de lo “normal” para el empresario.

El gobierno no ha dado hasta ahora ninguna explicación, y no ha aportado pruebas: todo se reduce a la voluntad de quien quiera creer. Los libros de las cuentas offshore podrían ser aportados por sus titulares si así lo quisieran. Como ya dijimos, no sólo la sospecha por actividades ilegales, sino la evasión y elusión impositiva, además de la falsedad de las declaraciones juradas, son elementos para cuestionar el accionar del gobierno. El discurso de la transparencia queda muy rápidamente desprestigiado.

(Por Francisco J Cantamutto) El consenso social es bastante amplio respecto de la corrupción: se trata de un flagelo que nos daña como sociedad. Resulta difícil encontrar alguien que defienda abiertamente la corrupción, incluso cuando a todas luces la práctica resulta más extendida que lo que se reconoce. ¿Por qué se sostiene entonces esta práctica delictiva? El tratamiento mediático generalizado pretende afirmar que se trata de la falta de altura moral de algunos individuos, que toman provecho de su posición de poder en algún escalafón del Estado para sacar provecho particular. Y seguramente algo de esto puede haber, pero… ¿es ésta toda la historia?

Trama de corrupción

Cuando se habla de corrupción se la asocia de manera más o menos automática la culpabilidad al funcionario público involucrado, olvidando relativamente la contraparte privada. Sin embargo, para que el acto de corrupción ocurra, son casi siempre necesarias al menos dos partes: es extraño el caso de un funcionario que actúe sin socios. Es que la corrupción cumple una función específica dentro del sistema nacional de acumulación: suele ser el precio pagado para obtener negocios asociados a posiciones monopólicas o cuasi-monopólicas. Dicho de otra forma, en la pelea por obtener negocios protegidos, la corrupción es un mecanismo que “acelera las gestiones”.

Esto ocurre en todos los países del mundo, donde grandes capitales han sido acumulados y se expanden de la mano de la demanda o la protección estatal. Dejemos claro algo: no todos los negocios con el Estado necesitan estar “sucios”, simplemente, ensuciarlos los facilita. Ocurre a toda escala: desde la compra de insumos básicos (papel o comida) pagada con sobreprecios o adjudicada sin licitar, hasta la venta de activos estatales (las privatizaciones de los noventa fueron una gigantesca estafa) o la colocación de deuda (¿no es extraño que la JP Morgan “le preste” a un ex empleado suyo en el gobierno?). Las posiciones protegidas por el Estado son un botín que merece disputarse, y en caso de escándalo, dejar caer el peso sobre la moral individual en lugar de la economía política.

Al enfocarse solo en los funcionarios corrompidos, hay un claro sesgo anti-político, que busca mancillar toda actividad estatal como moralmente dudosa, y al mismo tiempo desplazar el debate de la política a la ética: en lugar de discutir proyectos políticos, reducir el problema a la gestión “honorable” de lo existente. Esta fue el eje de la propuesta de la Alianza, que ganó en 1999 prometiendo conservar la Convertibilidad como modelo, pero gestionarlo sin corrupción. Esa fantasía acabó en unos meses con el escándalo de la ley “Banelco” de reforma laboral, y finalmente, con la crisis de 2001. Antes que eso, y mostrando la asociación de este discurso con el proyecto neoliberal, la corrupción había sido utilizada como excusa para justificar el proceso de privatizaciones: quitar de lo público las empresas las eximiría de desfalco. Sabemos con certeza que acabaron por convertirse en un nicho de ganancias privilegiadas e incumplimientos sistemáticos.

Proyectos políticos

Justamente, uno de los pocos puntos consistentes del discurso de campaña de Cambiemos (y del Frente Renovador) fue el combate a la corrupción, aunque esta vez sin preservar “el modelo”. ¿Por qué? Porque se caracterizaba al “modelo” sólo por su asociación con la corrupción: el kirchnerismo se veía reducido a una horda de saqueadores de los fondos públicos. Como ya hemos insistido, esta lectura es una expansión en clave liberal del planteo agrario de 2008, que logró presentar un malestar corporativo como un problema social, que afecta a la mayoría. La intervención del Estado es presentada como fuente de ineficiencia, malgasto, debido a la dudosa moral de malos “administradores”. Reemplazándolos por buenos “equipos” dirigidos por gerentes exitosos, la acción del Estado podría corregirse. Por eso, el Estado reclamado por el empresariado concentrado y el defendido por Macri no es un Estado “chico”, sino uno más eficaz en sus objetivos. El problema es político: cuáles son sus objetivos. Al enfocarse sobre esta forma de comprender la corrupción, Cambiemos evita de manera enfática pronunciarse sobre desfalcos privados.

Las cifras de la corrupción son, lamentablemente, malas. Tomemos la estimación realizada por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que los diarios Clarín y La Nación toman como la mejor disponible, lo que quita sospechas de favorecer al gobierno previo. Según esta ONG, entre 1982 y 2007 se registraron 750 causas por corrupción, de las cuales sólo el 3% llegó a condena, prescribiendo la mayoría –mostrando la impresionante y aborrecible impunidad. Siempre según este informe, estas causas involucran un total de 13.000 millones de dólares, lo que constituye un verdadero agravio a la función pública, y la pérdida de valiosos recursos que podrían ser usados para inversión en educación, infraestructura, vivienda o salud, por ejemplo. Estos robos son reprobables, y no deben quedar impunes (incluyendo los que involucran al presidente y sus funcionarios, muchos con causas pendientes).

Ahora bien, esta cifra palidece ante los montos de la fuga de capitales. Usando los datos del especialista Jorge Gaggero, en el mismo período, se fugaron del país entre 171.000 y 342.000 millones de dólares. Esta fuga no ha ido toda a paraísos fiscales y sólo en parte está ligada a actividades ilegales. Pero sin dudas es dinero quitado de nuestra economía, que dejó de producir y dejó de aportar en impuestos, utilizando prácticas reprobables como subdeclaración de exportaciones o sobredeclaración de importaciones. En sus estimaciones más cautas, Gaggero indica que esta fuga significó una merma de recursos fiscales de alrededor de 1.250 millones de dólares por año. Serían unos 18.000 millones de pesos de abril de 2016, lo que equivale al 75% del monto anual presupuestado para Ciencia y Técnica o para Promoción y Asistencia Social. La fuga de capitales es un problema económico y fiscal, y a Cambiemos esto no parece importarle.

Dejémoslo claro: la corrupción es un flagelo y debe condenarse. No sólo en las causas previas, sino en las que involucran al actual gabinete. Pero al utilizarlo como eje privilegiado de intervención, se pretende evitar la discusión estrictamente política sobre los objetivos que se persiguen y los sectores sociales que se benefician. La asociación del déficit fiscal como problema y la corrupción como su origen tiene la intención de mancillar la actividad política, y darle solución mediante mayor presencia del mercado. Por eso, el sesgo elegido de las políticas de Cambiemos es darle rienda suelta a los actores empresariales poderosos. Las quitas de controles y regulaciones al comercio exterior y al movimiento de capitales aplicadas por Cambiemos facilitan esta fuente de elusión y evasión fiscal. Se trata apenas de otra de las pruebas de que Cambiemos sólo gobierna para empresarios.

(Por Francisco J Cantamutto) Se desató esta semana un nuevo escándalo mundial por la filtración de documentos de sociedades offshore en Panamá. Escándalo político y ético que involucra a Macri.

A fines del siglo XIX los isleños de Gran Caimán salvaron a los tripulantes de un navío inglés encallado, y por esa acción, el rey Eduardo III los eximió para siempre del pago de impuestos. Así se resume la historia del primer paraíso fiscal, atando en el mismo relato la expansión de ultramar, el colonialismo y las necesidades del capital. El problema se ha vuelto mucho mayor en este siglo XXI. El escándalo estalló esta semana con la filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio jurídico Mossack Fonseca (cuarto creador de sociedades offshore a nivel mundial) sobre la actividad empresarial en Panamá, entidad clasificada como paraíso fiscal en casi cualquier índice que se consulte. Entre 140 políticos en el mudo, apareció el nombre del Gerente de la Nación Mauricio Macri.

¿Qué son los paraísos fiscales?

Hay acuerdo en que… no está claro. Algunas organizaciones prefieren hablar de jurisdicciones de secrecía, para enfatizar el rasgo central. Se pueden enumerar 4 características:

  1. Laxa regulación financiera. Se permite realizar múltiples actividades económicas casi sin control alguno. Esto implica no sólo la facilidad para constituir y desmembrar sociedades casi sin requisitos, sino el énfasis en el secreto bancario, razones que facilitan la llegada de dinero cuyos dueños no quieren preguntas.
  2. Baja o nula tributación. Estas jurisdicciones usan la baja fiscalidad para atraer inversiones, lo que implica que una facilidad para evitar pagar impuestos en sus países de origen y en los que actúan.
  3. Carácter de enclave. Muchas veces las facilidades de los puntos anteriores aplican sólo para no residentes, estableciendo un doble estándar difícil de justificar con los residentes. El enclave significa que estas actividades no generan encadenamientos en el resto de la economía, más allá de su ínfimo impacto en el empleo. Se produce así una dualidad en la jurisdicción a todo nivel.
  4. Autarquía de la jurisdicción. No necesariamente se trata de países, muchas zonas de secrecía son provincias o territorios de ultramar (colonias). Sólo requiere la posibilidad de definir reglas de tributación y regulación de la actividad económica. El caso más conocido por los fraudes en Argentina es el del Estado de Delaware, en Estados Unidos.

La proliferación de estas zonas de secrecía tiene directa relación con la mundialización del capital en la etapa abierta a fines de los años ’70. A partir de allí, la desregulación financiera y comercial ha sido la regla, fomentando la competencia entre países para atraer inversiones en condiciones cada vez más ventajosas para los capitalistas y con menos impacto en la economía “huésped”. Esta lógica aplica en general para la inversión extranjera: incluso la CEPAL –de postura favorable a la atracción de esta inversión- ha indicado en sus últimos informes que este pasivo implica salidas sistemáticas para la región que llevan a sobrepasar el monto de los ingresos. Si en nuestro país tenemos discusiones sobre qué efecto positivo puede conllevar el incentivo a las inversiones, por ejemplo, en la megaminería, estas dudas se expresan con más claridad en estas jurisdicciones: elevados beneficios para los inversores y muy poco para los receptores.

Aún con estas  características básicas, las estimaciones son difíciles de realizar. La organización de justicia impositiva (Tax Justice Network) encuentra 72 paraísos, mientras que la OCDE, bajo la presión de las principales potencias, detectó en 2009 la existencia de apenas 42. La mirada de esta organización evita pronunciarse de manera contundente sobre las prácticas de secrecía en países desarrollados. La base de datos del Índice de Secrecía Financiera estimó un ranking que consideró no sólo la falta de regulación sino el peso de cada paraíso, y muestra en primer lugar a Suiza, seguido por Hong Kong y Estados Unidos. Luxemburgo ocupa el sexto lugar, Alemania el octavo, Japón el 12° y Reino Unido el 15°. Es decir, no se trata de pequeños países sin recursos.

Aunque la secrecía impide estimaciones precisas, hay algunos datos contundentes. La OCDE señala que el 84% de los fondos que operan en estas jurisdicciones tiene origen ilegal. Es decir, se trata del lugar de lavado de dinero sucio proveniente del tráfico de armas, narcóticos, personas, órganos, corrupción. Entre los países dependientes, sin embargo, la proporción parece invertirse: según la ONG Global Financial Integrity de los 1,1 billones de dólares salidos de estos países durante 2013, el 83% corresponden a manipulaciones de precio por parte de empresas trasnacionales. Esto significa subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones por operaciones internas a la propia empresa, lo que se conocen como precios de transferencia del comercio intra-firma (el 60% del comercio mundial). Es decir, no sólo delincuentes utilizan estas zonas, sino también “respetables” empresas de renombre. Ese año salieron de Argentina 17.171 millones de dólares, suficiente para cubrir todo el déficit fiscal. El experto Jorge Gaggero ha estimado que los montos de fuga de dólares al exterior han estado asociados al endeudamiento externo, lo que quiere decir: la deuda –como la que quiere tomar el gobierno-va fundamentalmente a financiar estas salidas.

Doble moral, y doble ganancia

El uso de los paraísos, entonces, conlleva una fuerte sospecha de ilegalidad junto a la certeza de elusión de impuestos. Aunque podemos dudar sobre lo primero, sobre lo segundo no hay ambigüedad. El peso del escándalo de los Papeles de Panamá recae entonces por varias vías sobre el actual presidente Mauricio Macri. El mismo aparece sindicado como director de la empresa Fleg Trading Ltd. entre 1998 y 2008, y de una segunda llamada Kagemusha, constituida en 1981 y aún en operatoria. En ambos casos, Macri eludió presentar este dato en sus declaraciones juradas como servidor público: siendo diputado desde 2005, jefe de gobierno porteño entre 2007 y 2015 y actual presidente, se trata de una omisión sospechosa. En primer lugar, porque no queda si participó como accionista –debido a que las acciones están sin nominar-, en cuyo caso correspondía informarlo. En segundo lugar, hay una zona gris legal en la AFIP respecto de si debía declarar su rol como director, pero no hay dudas al respecto si por esa actividad tuvo algún tipo de ingresos: ¿es acaso creíble que sea director por más de 3 décadas de una empresa que no le retribuye un centavo? En ambos casos, Macri habría infringido la ley. Hasta el momento, no ha ofrecido pruebas que respalden sus comentarios en la materia.

Pero aún si no violó la ley, caben objeciones de orden político y ético. Por lado, Cambiemos ha enfatizado la necesidad de reducir el déficit fiscal, recortando subsidios y planes sociales, volcando el ajuste sobre los sectores más vulnerables. En el mismo sentido ha justificado los masivos despidos en el Estado, entre los cuales están los más de 100 de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), dedicada a investigar estas prácticas ilícitas. Y sin embargo, mostrando un doble estándar de moral entre discurso y práctica, Macri decide colocar sus recursos en un paraíso fiscal, evitando pagar impuestos en el país. Es decir, una injusta exención impositiva para quienes fugan recursos de nuestra economía. Por otro lado, resulta también reñido con el objetivo declarado de atraer inversiones la práctica de hacer sus propias inversiones en estos paraísos: ¿qué clase de confianza busca infundir entre sus colegas si él mismo no está dispuesto a invertir su riqueza en su país?

Macri no parece esforzarse en justificarse, como buen empresario. Tanto los despidos en la UIF como la rápida y profunda desregulación del mercado cambiario (que incluyen el levantamiento del “cepo”) van en la línea de habilitar más de estos desmanejos e ilícitos empresariales. No se trata de un efecto lateral, es el proyecto mismo de Cambiemos.

(Por Francisco J Cantamutto) La visita de Obama a nuestro país dejó múltiples polémicas. Qué anuncios trajo en materia económica.

Obama termina su mandato con una agenda renovada para América Latina, concebida históricamente por Estados Unidos como su “patio trasero”. La rehabilitación de las relaciones con Cuba como hito histórico fue “compensada” visitando luego Argentina para felicitar al flamante Gerente de la Nación. En sus acotados discursos no evitó decir que había apoyado este cambio, lo que Macri reconoció como una ayuda clave. Acomodando un discurso que rezuma banalidad como forma de evitar las definiciones, se dejaron algunos anuncios relevantes.

La última gran ofensiva imperialista fue el proyecto continental lanzado a inicios de los noventa, conocido como “Iniciativa para las Américas”, luego devenido en ALCA. Este proyecto fue derrotado en Mar del Plata en 2005, gracias a la organización coordinada a nivel continental de diferentes movimientos sociales. Bush hijo debió retirarse sin conquistas. Este proceso se dio en el marco de ascenso de diferentes gobiernos de tintes populares. Durante este período se produjo una creciente penetración del capital chino en la región, que se consolidó como socio comercial de la región y como fuente de capitales, consolidando una relación de tipo dependiente. La competencia entre capitales chinos y estadounidenses ha tenido el Caribe como uno de sus espacios clave, con el proyecto chino de abrir un canal en Nicaragua para competir con el de Panamá como epicentro.

Naturalmente, Estados Unidos no abandonó sus intereses en la región, pero demoró en reorganizar sus proyectos. Una de sus estrategias centrales fue incitar la agenda de la Alianza del Pacífico como alternativa a los gobiernos “populistas”. Se trataba de una alianza entre países con tratados de libre comercio con la potencia del Norte, que evitan redistribuciones “populistas” del ingreso. La agenda, retomada en múltiples medios locales, tiene ahora una nueva etapa con la caída de los precios de los commodities (que mermó los recursos disponibles en la región) y la desaceleración de los procesos de integración regional, como explica el experto Leandro Morgenfeld.

Justamente, los principales acuerdos en materia económica estuvieron orientados en la desregulación del comercio. Según explica Verbitsky, hubo acuerdos sobre garantías de propiedad intelectual (más pagos de royalties), de simplificación de trámites comerciales, de asistencia técnica en materia de telecomunicaciones y cooperación nuclear. De la mano del acuerdo entre YPF y Chevron (que permanece secreto, a pesar de la orden judicial de hacerlo público) fue la base para acuerdos en materia de energías no convencionales, cuya explotación ha permitido a Estados Unidos alcanzar en producción a Arabia Saudita, tal como explica Julio Gambina. La canciller Malcorra dijo sin tapujos que el horizonte es un acuerdo de libre comercio, aunque por la vía del MERCOSUR. Es decir, la agenda que enterramos hace una década, vuelve al pie del cañón.

El comercio bilateral entre Argentina y Estados Unidos ha caído año a año, siendo nuestro tercer socio comercial, muy por detrás de Brasil y apenas debajo de China. El saldo ha sido crecientemente deficitario para Argentina desde hace años, alcanzando los 4.272 millones de dólares en 2015. El resultado de estos acuerdos de mayor desregulación será, pues, mayor déficit, y por lo tanto, mayores salidas de divisas.

A cambio, la Cámara del Comercio estadounidense en Argentina anunció en el predio de la Rural inversiones por 13.800 millones de dólares durante el mandato de Macri. La suma no llega a compensar las salidas esperadas por el arreglo con los fondos buitres, cuya aprobación legislativa está ya culminándose. Estados Unidos no muestra así demasiado énfasis en recuperar posiciones inversoras en el país, dejando en espera de mejores anuncios al gobierno de Macri. El país del Norte viene perdiendo posiciones de inversión año a año en toda la región, además de convalidar la trayectoria en materia de negocios en el país: producción de bienes primarios y servicios. Vale decir que Argentina tuvo un descenso de la inversión extranjera en 2014 debido al pago a REPSOL por YPF. Contrario a lo que Macri señaló al levantar las regulaciones en materia de remisión al exterior de utilidades, el país no dejó de ser atractivo para el capital extranjero, al menos no se detecta eso en los números del último estudio disponible de la CEPAL. Este estudio indica además que el saldo neto de la inversión extranjera en la región es negativo, pues la salida por pagos de royalties y utilidades sobrepasa las entradas de nuevas inversiones.

Es decir, los acuerdos fomentan mayores déficits comerciales, mayores salidas de royalties y pagos de utilidades. En una economía que aqueja de falta de dólares, este rumbo no parece ser la solución. Del mismo modo que no lo está siendo el arreglo con los buitres, el gobierno reafirma el carácter dependiente de nuestro país, sin ninguna concesión. El componente ideológico del libre comercio parece nublar los análisis más básicos.

(Por Francisco J Cantamutto) La política económica de Cambiemos se ha destacado por generar un notable aumento de la inflación, superando con creces cualquier herencia. El ataque al bolsillo.
Pocos fenómenos económicos tienen un impacto tan visible y directo como la inflación, notable en las compras cotidianas, que permiten a cualquiera tener una noción. Y sin embargo, la discusión científica sobre su medición y sus causas es compleja, normalmente en el debate por marcados sesgos ideológicos.
Los últimos años han sido muy prolíficos en este debate, debido a la evidente reaparición del fenómeno. Argentina tiene una larga historia con la inflación, encontrando incluso episodios hiperinflacionarios que sirvieron de excusa para programas económicos muy regresivos: el ocasionado por Celestino Rodrigo en 1975 (prolegómeno de la avanzada neoliberal), las explosiones en la sucesión de Alfonsín a Menem (1989 y 1990, prolegómeno de la Convertibilidad). La lógica es relativamente simple, y no por eso menos efectiva: crear caos económico para justificar medidas regresivas, vendidas como la solución. Sin que nos hayamos siquiera acercado a una híper, lo cierto es que la dinámica inflacionaria de dos dígitos que arrastramos desde hace algunos años sirvió de excusa a la entonces oposición para fomentar el programa de ajuste que hoy aplican en el gobierno.
Es posible que la explicación más difundida de la inflación es la promovida por el neoliberalismo, repetida hasta el hartazgo: el Estado gasta de más y para financiarse usa la “máquina de imprimir billetes”, lo que genera inflación. Cuando además se acusa al gobierno de populista, se repite otro anatema neoliberal –legado de un pésimo estudio de Dornbusch, autor muy leído en los cursos de macroeconomía básica- que es señalar que este gasto estatal busca redistribuir “lo que hay”, dañando la producción. El legado último del populismo sería entonces estancamiento e inflación. No es difícil ver –no hay que ser economista para entenderlo- que se trata de un dogma político, que se esfuerza por enseñar que el más mínimo intento de modificar la situación social se paga caro (ver si no, la evidente avanzada política sobre los gobiernos populares de la región).
El mérito neoliberal es haber vuelto sentido común este dogma, que se pretende como argumento aún cuando carece de pruebas. La ventaja política es simple y perversa: siempre desde un punto de vista liberal, se presenta al Estado como una entidad ajena, separada incluso, extraña a la sociedad, cuyo accionar siempre es opresivo. Si hay inflación, la culpa no tiene que ver con clases o dinámicas propias de la sociedad y el mercado: se trata del monstruo que imprime billetes. Y si este es el problema, la solución es su subversión: evitar que emita billetes, evitar que gaste.
El programa de Cambiemos es explícito y claro en esto: el ataque a la inflación viene por la vía de reducir cierto gasto público y evitar monetizar lo que quede. La reducción del gasto está expresada en el recorte de subsidios de las tarifas y los despidos masivos, mientras que otros gastos no se tocan –como los sueldos de funcionarios políticos. Para evitar emitir por el saldo restante, su proyecto es financiarlo con deuda: por ello el énfasis obsesivo del gobierno para arreglar con los fondos buitres. Vale aclarar que la nueva toma de deuda financiaría el mismo programa de ajuste, incrementando sus costos vía intereses, con lo cual ese camino sólo lleva a mayores problemas que los actuales.
¿Y qué está pasando con la inflación? Son conocidos los problemas de credibilidad que arrastra el INDEC desde la intervención en 2007. Como “solución”, el nuevo gobierno ha procedido a un “apagón” de información, dejándonos sin datos hasta agosto. Si usamos los datos de las consultoras privadas, auspiciados en el Congreso, o el del instituto de estadística de CABA, el resultado es incontrovertible: la inflación, aunque alta, venía desacelerándose el último año, y a partir de noviembre ha sufrido una marcada aceleración. Esto significa, sin dudas, que Cambiemos le agregó varios puntos a la “herencia”.
¿Cómo los agregó? Mediante el anuncio de la devaluación en campaña, su puesta en práctica inmediata al asumir, la quita de retenciones y liberación de cuotas para la exportación de productos de la canasta básica, el aumento de tarifas de electricidad (y anuncio de aumento de gas y transporte), la nueva devaluación de febrero y la desarticulación del programa Precios Cuidados (despidos filmados incluidos). Todas resoluciones del nuevo gobierno que elevaron la inflación, que son de su exclusiva responsabilidad.
Los datos relevados muestran que estas medidas han acelerado el ritmo de aumento de precios. Haciendo números redondeados, la tasa mensual fue del 4% en diciembre y enero, y 5% en febrero. Ese ritmo marca un 35% de inflación respecto del año pasado. Pero si extendemos este ritmo al resto de 2016, indicarían un incremento total del 60%. Un trabajo firmado por Panigo, Rosanovich, García y Monteagudo –provenientes de diversas universidades nacionales- calculan que el efecto dispar de esta aceleración, que afecta particularmente a las clases populares, debido a la mayor incidencia de la canasta de alimentos y servicios básicos en su consumo, que son justamente los rubros de mayor aumento relativo (frente a otros servicios). Así, calculan que en CABA, mientras que quienes se ubican en el primer decil de la distribución de ingresos (los hogares más pobres) perdieron casi 24% de su ingreso en los últimos meses, quienes se ubican en el decil 10 (los hogares más ricos encuestados), perdieron “apenas” el 11%. Es decir, el costo de la inflación no se reparte parejo. Vale recalcar que en este cálculo no incluye –debido al alcance de la encuesta- a los verdaderos ricos del país, los dueños de las grandes empresas, quienes difícilmente hayan perdido.
Es que, en última instancia, son los despidos y la reducción del salario real los que llevarán a una caída de la demanda y una recesión –ambas ya en curso. La recesión será la que ponga límite al aumento de precios. El gobierno contribuye activamente a esta recesión, al elevar la tasa de interés de referencia del Banco Central al 38%, con la excusa de atraer capitales, lo que hace inviable cualquier inversión productiva. Al evitar monetizar, genera iliquidez, lo que impulsa la recesión. De allí que las expresiones sobre el impulso a la inversión, y la toma de deuda como salida al ajuste son simples engaños, como nos acostumbró Cambiemos desde la campaña. El ajuste ya está en curso, y las políticas de este gobierno van en esa misma dirección.
Qué parte de este programa es perversidad y qué parte ideología pura, es difícil de determinar. Lo que queda claro es que es un programa a favor de unos pocos. Quizás su crítica a la inflación durante el kirchnerismo era que no lo hacían con suficiente brutalidad.

(Por Francisco J Cantamutto) El viernes pasado, el ministro Prat Gay presentó ante la comisión de Presupuesto y Hacienda la propuesta oficial de arreglo con los buitres. Una entrega sin reparos.

Continuando el camino del Gerente de la Nación, que abrió las sesiones ordinarias del Congreso el martes, el ministro Prat Gay fue el viernes a presentar el pre-acuerdo con los fondos buitres a la comisión de Presupuesto y Hacienda. La propuesta, que se difundió en la edición matutina del diario La Nación antes de ingresar al Congreso, va en línea con lo que ya conocíamos del pre-acuerdo negociado en Nueva York. El gobierno abiertamente pidió por un tratamiento veloz, que permita tener dictámenes –por mayoría y minoría- para tratarlo en pleno del Congreso esta misma semana. Un apuro evidente para poder cumplir con la exigencia del juez Griesa de tener el acuerdo cerrado antes del 14 de abril, para que el acuerdo tenga validez.

El borrador de proyecto tiene 17 puntos, que incluyen la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y la habilitación para emitir nueva deuda por 15.000 millones de dólares. Como ya explicamos, la derogación de las leyes apunta a un acuerdo político amplio, que el gobierno se está esforzando en conseguir (la actividad de Marcos Peña en este sentido es frenética). El Frente Renovador ha hecho críticas tibias para poder obtener algo a cambio en la negociación: al igual que el resto de los gobernadores peronistas, están interesados en conseguir fondos de la co-participación para sus alicaídas finanzas. El Frente para la Victoria tampoco tomó posición contundente, disponiéndose a negociar. El Frente de Izquierda, en cambio, ya expresó su repudio.

La presencia del ministro en la comisión tuvo su momento mediático ante los cruces con su predecesor en el cargo y actual diputado, Axel Kicillof. Más allá de las chicanas, el intercambio puso de soslayo algunas continuidades reales. Prat Gay defendió el acuerdo como “una cuestión de Estado”, lo que se acerca de manera evidente a la declaración del pago de deuda como de  “interés público”, tal como figura en la Ley de Pago Soberano del kirchnerismo. Se trata, en efecto, de una auténtica política de Estado, de continuidad que excede a las fuerzas políticas en el gobierno, garantizando los intereses de los acreedores por encima de los vaivenes nacionales. Tal como Prat Gay retrucó a Kicillof, la gestión de este último convalidó los pagos al Club de París, a REPSOL y los juicios ante el CIADI. El actual acuerdo de Cambiemos es apenas una versión menos camuflada de este mismo rumbo.

En efecto, el “equipo Cambiemos” no tiene reparos en dar cuenta de su intención de gobernar para unos pocos poderosos. El Financial Times –genuino representante mediático del poder financiero estadounidense- editorializó que este arreglo se trataba de una conquista de los fondos buitres. En esa nota, se explicó que estos operadores estarían obteniendo ganancias que van de 846% hasta 3.186% del capital invertido, un negocio formidable que no tiene nada que ver con los supuestos recortes que promociona Prat Gay. Los fondos buitres están obteniendo ganancias siderales por este arreglo, que percibirán en efectivo. Una bicoca de 11.648 millones de dólares, que se obtendrían mediante nuevos bonos, que pagan el 7,5% de interés anual –por los que se pide autorización al Congreso. Es la emisión de deuda más grande de un país periférico en los últimos 20 años. El remanente por el que se pide autorización tiene que ver con otros fondos que aún no entran al arreglo (en Nueva York, Alemania y Japón, principalmente). Es decir, la farsa no termina aquí, sino que las entregas continuarán.

Según el ministro, se espera que tras arreglar con estos fondos, Argentina podrá endeudarse al 6% de interés, lo que representaría un punto y medio menos que lo que paga actualmente. Esto resulta interesante, porque nos explica cuál es el beneficio esperado de este arreglo, que sería el endeudamiento más barato. Ahora bien, para que los intereses ahorrados superen el costo de este arreglo, habría que emitir nueva deuda por… ¡778.933 millones de dólares! Esto es aproximadamente (usamos el último dato oficial conocido) el triple de la deuda pública actual, o diez veces la deuda pública externa. O, puesto de otra manera, es cerca de dos PBI completos de Argentina. Una auténtica locura: la única manera de “amortizar” el arreglo con los buitres sería endeudarnos hasta la médula.

Cuando el ministro habla de que es la única vía para frenar el ajuste, simplemente está chantajeando. Aunque los perfiles de vencimiento de esta nueva deuda van de los 5 a los 30 años, los pagos de intereses anuales consumirán fondos públicos que deberán quitarse de otros usos, llevando, de manera directa, al ajuste. Dado que el gobierno entiende que la presión fiscal argentina es excesiva, no se pueden prever incrementos de la tributación: ¿a qué tasa debería crecer el país para que el Estado tenga fondos para pagar esta deuda sin ajustar? A una tasa mayor a la que promete por intereses, es decir, por encima del 7,5% anual, lo cual constituiría una auténtica proeza en el marco global recesivo actual. Si el país no crece a esas tasas y el Estado no aumenta la recaudación, no queda otra salida que el ajuste. Es decir, arreglar con los buitres significa más ajuste.

El argumento de que la deuda se utilizará para invertir en infraestructura es simplemente una pantalla para negociar con los gobernadores. La inversión pública, salvo por contados insumos, se paga en pesos, por lo que la deuda en dólares no es necesaria para financiarla. Y, de cualquier modo, está por verse que los mercados estén dispuestos a prestar más fondos después de la gigantesca emisión de bonos para pagarle a los buitres.

Argentina no tiene por qué aceptar este arreglo. No traerá ningún beneficio económico al país, aunque sí suculentas ganancias a los peores actores del sistema financiero internacional. Argentina no se cae del mundo por no aceptar este acuerdo, más bien cae al abismo en caso de aceptarlo. La deuda que se reclama es ilegal, ilegítima y usurera. El fallo de Griesa es cuestionable por todos sus ángulos: Argentina no tiene por qué aceptarlo como válido. Detener los pagos y auditar es el camino: no sólo por legítimo y legal, sino por económico.

(Por Francisco J Cantamutto) Macri dio inicio a las sesiones ordinarias del Congreso, y adelantó el pedido de aval para el pre-acuerdo con los fondos buitres.

Luego del anuncio informal de pre-acuerdo, el mediador Pollack y el ministro argentino Prat Gay confirmaron la semana pasada los términos de la negociación. Según el ministro de la JP Morgan y el Gerente de la Nación, se termina así el prolongado conflicto y el país verá llover crédito barato. “Mucho se habló del acuerdo con los holdouts. Ahora dependerá del Congreso si terminamos o no de cerrar este conflicto que lleva 15 años. Confío en que va a primar la responsabilidad sobre la retórica”, explicó Macri en el Congreso. Sin embargo, sus afirmaciones son fruto de la imaginación o simples falsedades.

¿El conflicto lleva 15 años?

En el 2001 se declaró el default de la mitad de la deuda pública, dando inicio a una serie de prolongadas negociaciones que llevaron adelante Duhalde, Kirchner y Fernández a través de sus equipos. En el curso de esas negociaciones, se pagó por adelantado al FMI y a otros organismos internacionales de crédito, se arregló con el Club de París, se aceptaron los reclamos ante el CIADI del Banco Mundial. En todos estos casos se pagó toda la deuda, más intereses caídos, punitorios y costas de juicios.

Pero además, se realizó el mega-canje en 2005, reabierto en 2010 y en 2013, regularizando así el 93% de la deuda originalmente defaulteada. Para esto, se realizó una quita de capital, pero se reconocieron todos los intereses caídos, capitalizándolos (integrándolos al principal de la deuda) con excelentes rendimientos financieros, y en algunos casos con premios atados al crecimiento del PBI. La enorme parte de estos bonos canjeados habían sido comprados tras el default por debajo de su valor (algunas compras se hicieron al 20% del valor nominal), por lo que se trató de un excelente negocio para los acreedores.

La presidenta Cristina Fernández aseguró –acertadamente- que su gobierno era un “pagador serial”, dispuesto a asociar a los acreedores en el crecimiento del país. En tal brío, la última información oficial indica que el país pagó 192.000 millones de dólares durante la “década larga” kirchnerista. La orientación general fue: abonar deuda a privados, en especial, deuda en moneda extranjera, colocando deuda en el mercado interno, en especial, dentro del propio Estado. Este cambio tiene la ventaja de un manejo más fácil (el Estado negociando consigo mismo), pero de ninguna forma resolvió el problema de fondo. Tanto así, que una de las primeras medidas de Macri fue canjear bonos intransferibles en manos del Banco Central por títulos negociables, que vendió a 5 bancos extranjeros a precio vil (pagaron la mitad de su valor) y pagando el elevadísimo interés del 7,8% anual. El cambio, aun si valorado positivamente, era superficial.

En estos 15 años, los sucesivos gobiernos se esforzaron denodadamente por cumplir con el capital financiero mundial, pagando y negociando hasta el único límite de la sustentabilidad: pagar “sólo” hasta donde se pudiera pagar.

Cambiamos, empeoramos

La negociación macrista fue una concesión entre pares. Enviar a negociar a JP Morgan-Prat Gay y a Deutsche-Caputo con viejos camaradas no podía tener un resultado diferente. Desesperados por obtener fondos para su programa de ajuste –que está llevando la economía a una recesión-, abiertamente aceptaron cualquier reclamo. La quita promocionada del 25% se trata de una estafa: la deuda en negociación fue adquirida por la séptima parte de su valor, representando este pago una descomunal ganancia para los buitres.

No en vano, finalmente aceptaron la oferta NML Capital y Aurelius, los fondos buitres administrados por Paul Singer, beneficiarios de las sentencias del juez Griesa. Con ellos y los fondos que ya habían aceptado, quedaría regularizado el 85% de los holdouts, que son un 7% de la deuda total defaulteada en 2001. Este dato es muy relevante, porque entonces aún queda un 1% de acreedores sin acordar, que bien podrá iniciar nuevos juicios al país para obtener más concesiones. Desconocemos aún si el 93% que canjeó su deuda antes no abrirá también reclamos para obtener las ventajas, encontrando su propio Griesa que interprete la ley según lo que convenga al acreedor.

El pre-acuerdo incluye una cláusula política. Se trata del pedido de derogación de la ley Cerrojo (N° 26.017) y la mal llamada de Pago Soberano (N° 26.984). La primera está de hecho suspendida desde 2013, pero en su texto señala que no podrían ofrecerse mejores condiciones a los acreedores que las del canje 2005. La segunda, aunque declara de interés público el pago de deuda, obstaculiza los pagos y la jurisdicción extranjera (aunque no los prohíbe). Ninguna es un problema real para el arreglo, pues ambas se pueden sortear: la preocupación es política. Sabiendo que este pre-acuerdo implicará un cuantioso pago en efectivo (un total de 6.500 millones de dólares, según el propio gobierno) en el marco de un programa de un brutal ajuste social, es esperable que tarde o temprano desate una reacción popular. Los buitres quieren asegurarse el apoyo de toda la camarilla política ante este acuerdo, no sólo el gobierno; tal es el motivo de este requisito.

El gobierno de Cambiemos –como reverso del kirchnerismo- nos quiere convencer que, en efecto, el discurso previo era un enfrentamiento real, y que llegó la hora de suavizar las cosas. Que si cedemos en todas las demandas, lloverán fondos para el país. Además de lo falso del diagnóstico sobre lo pasado, la idea de que nuevos fondos llegarán y que además serán baratos es la expresión del más puro deseo, sin ningún aval real. No se ha ofrecido ningún dato que muestre: 1) que los intereses que pagará el país vayan a bajar (la emisión de bonos de enero fracasó en este sentido); 2) si esa potencial baja de intereses será mayor que el costo de pagar este arreglo; 3) si esos posibles fondos tienen alguna beneficio para el pueblo, o seguirán financiando más pagos al capital (o sea, deuda para la deuda).

Es prioritario y urgente bloquear la aprobación de este acuerdo en el Congreso, y repudiarlo en las calles. Este negocio entre camaradas no traerá nada bueno para el pueblo argentino. Hay que reactivar la comisión de investigación, con participación de las organizaciones sociales.