Alegato de Fiscalía en caso Almada: “Es un claro caso de violencia institucional”
El viernes por la tarde el fiscal Marcelo Romero Jardín (UFIJ N° 8) y el abogado Leandro Aparicio llevaron adelante los alegatos en el juicio por encubrimiento del crimen de Ángel Almada. Los abogados de los acusados adujeron nulidad y reclaman absolución de sus defendidos. El fallo de la jueza Susana González La Riva (Juzgado Correccional N°3) se dará a conocer este martes a las 12.
El representante del Ministerio Público Fiscal encontró prueba suficiente para acusar a cuatro de las seis personas imputadas: tres policías por incumplimientos en sus deberes y al ex delegado de Ingeniero White, Macelo Acosta por usurpación de autoridad.
El fiscal sostuvo que se trata de un claro caso de “violencia institucional”, que el ex delegado “reemplazó al fiscal poniéndose al frente de la investigación”, incidiendo en ella y coartando el derecho de acceso a la Justicia por parte de la víctima y su familia.
Según la prueba recogida a partir de las diferentes declaraciones testimoniales, para el funcionario no cabe duda de que, durante las primeras horas de la investigación, se ignoraron todos los procedimientos básicos de investigación, se omitió informar al fiscal de turno, se alteró el escenario donde fue encontrado el crimen, se instigó a testigos menores de edad para que declaran que Ángel era depresivo, que había ingerido alcohol y que se había suicidado.
Cabe recordar que los profesionales de la salud que atendían al joven por un cuadro de trastorno alimenticio negaron durante sus testimonios la posibilidad de una conducta suicida. Por el contrario, su psicoterapeuta Miriam López manifestó que era un joven aferrado a la vida y con muchos proyectos por delante, entre los que se encontraba la orquesta escuela de White.
Por otra parte, Romero Jardín solicitó dar intervención a la fiscalía de turno para investigar a otra agente policial, Aylen Nahuelhual, que participó de los interrogatorios a los jóvenes amigos de Ángel durante los primeros días de la investigación. Esto surge a partir del planteo de una de las abogadas defensoras (del ministerio de Defensa) que arguyó desigualdad ante la ley ya que su defendida estaba en las mismas condiciones que la mencionada funcionaria policial.
¿Qué pidió Fiscalía?
Para el ex delegado municipal, Marcelo Acosta, pidió 1 año de prisión en suspenso (pena máxima prevista para el delito por el que se lo acusó) e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos, fijar domicilio y someterse al control de Patronato de Liberados.
Para Andrés Emir Mansilla, solicitó la pena de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena para ejercer cargos públicos, fijar domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados por espacio de 2 años. (La pena máxima prevista para el delito por el que se lo acusa es de 2 años de prisión)
A Marcelo Fabián De La Rosa pidió que se lo condene a 1 año y 4 meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena para ejercer cargos públicos, fijar domicilio y someterse al control de Patronato de Liberados por espacio de 2 años.
En relación a Claudia Elizabeth Olivera, requirió la pena de 1 año de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos, fijar domicilio y someterse al control de Patronato de Liberados.
En tanto, el fiscal desistió de acusar a Ceballos y a Ayala por entender que durante el debate no se produjo prueba suficiente de sus participaciones en los hechos endilgados.
El abogado Leandro Aparicio mantuvo en representación de Ángel y su familia la acusación sobre todos los imputados ya que consideró que el Ceballos y Ayala participaron de las circunstancias que hicieron posible el desvío de la investigación durante las primeras horas.
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