byfmdelacalle/30 noviembre, 2023/inDerechos Humanos, Lesa Humanidad, Noticias

Ciencia y lesa humanidad: financiamiento e intervención de genocidas argentinos en Centroamérica

Una investigación conjunta entre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), arrojó información acerca del rol de la última dictadura argentina en América Central en los ’80. El estudio dio lugar a que los investigadores se desempeñen como peritos en juicios de desaparición forzada.

Julieta Rostica, investigadora del CONICET, contó a FM De la Calle que “es una investigación que empezó en el año 2012, ya hace muchísimos años, transitando un archivo muy importante que tenemos en nuestro país, que es el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

“Nos encontramos con que había una documentación interesante para sistematizar y empezar a explorar. Ahí nació una investigación que ha tenido muchísimos resultados a lo largo del tiempo, como nuestra participación como peritos en algunos juicios por desaparición forzada de personas en América Central”.

Rostica refirió que el proceso comenzó reuniendo esa documentación, ordenándola de manera cronológica y registrando fechas significativas y nombres. Además, relevaron documentos secretos y públicos que cotejaron con otras informaciones.

La especialista en sociología histórica actuó como perito en la causa por la desaparición de Marco Antonio Molina Thiessen, un niño guatemalteco de 14 años. Por el caso fue condenado en 2018 Manuel Callejas y Callejas, el director de Inteligencia cuando se lo llevaron.

En 1981 Emma Guadaulupe Molina Theissen, una activista oriunda de Guatemala de 21 años, fue arrestada por el ejército e interrogada en una base clandestina en Quetzaltenando, donde fue sometida a distintos tipos de vejaciones e incluso la privaron de comida, lo que ocasionó que perdiera peso y lograra zafar de las esposas para escapar del cautiverio. Sin embargo, al día siguiente el ejército fue a buscarla a su domicilio y como no la hallaron, secuestraron a su hermano menor.

Rostica fue convocada 37 años después por el Ministerio Público de Guatemala para realizar el peritaje del secuestro de la activista.

“Los periodistas habían reconstruido alguna idea e hipótesis en relación a esto, a los vínculos entre la dictadura militar argentina y los gobiernos represivos centroamericanos pero lo que no se podía era respaldar esto con certezas, con documentos oficiales”.

Acerca de los vínculos con Guatemala, Honduras y El Salvador, aseguró que fueron diferentes: en Guatemala afirmó que “hay que hablar de genocidio” y que allí Argentina intervino formando personal de inteligencia para que ocupara puestos. Respecto de Honduras, las relaciones iniciaron antes con la formación en cursos especiales de inteligencia que tenían objetivos específicos como la “instrucción en lucha contra la subversión”.

“A fines de la década del ’50 y el ’60 en Argentina hubo una impronta muy fuerte de la escuela francesa, entonces, lo que tiene que ver con la práctica de la tortura o la desaparición forzada de personas, o con una idea de planificación de centralización de la información y las operaciones, aparentemente el formato represivo de Argentina se vincula más con la escuela francesa que la estadounidense”.

“Es ese plus que nosotros le demos en América Central porque imagínate que tuvo una impronta muy fuerte Estados Unidos en la formación militar estadounidense, la Escuela de las Américas estaba ahí. En lo que tiene que ver con materia de seguridad nacional uno sí lo puede vincular con la escuela estadounidense, lo que fue a dar Argentina es una formación muy fuerte en inteligencia y esto que tenía que ver con el combate a lo que la escuela francesa llamaba guerra revolucionaria”, agregó Rostica.

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Respecto del financiamiento, puntualizó que en el caso guatemalteco la documentación de la comunicación con Estados Unidos da cuenta de la disconformidad de ese país con la magnitud del terrorismo estatal que superó ampliamente lo vivido en Argentina desde el ’76, por lo que retiró todo tipo de sustento económico y apoyo militar.

“Paradójicamente encontramos una serie de convenios firmados con Argentina en ese momento. Convenios financieros por 30 millones de dólares y los documentos secretos del Banco Central con un banco guatemalteco, donde se estaba permitiendo a fabricaciones militares de Argentina la venta de armas por un monto similar”.

No hicieron un seguimiento particular sobre el juzgamiento de los militares involucrados en esos enlaces aunque sí tienen una primera aproximación ya que “uno puede ir suponiéndolo a medida que uno va pidiendo los legajos. Porque muchos de los legajos que pedimos no están disponibles porque están en juzgados de distintas partes del país”.