“Han institucionalizado el racismo”

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó una resolución que establece que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”. Gabriel Jofré, werken de la comunidad Malalweche dijo a FM De la Calle que “es un hecho insólito y hasta escandaloso”.

La iniciativa rechaza en uno de sus tres artículos la preexistencia de la comunidad en el territorio y, además, la Ley 26.160, que impide desalojos de tierras comunitarias indígenas. También se pronuncia en contra del reconocimiento que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realizó sobre algunos territorios mapuches que no podían ser enajenables ni transmisibles ni objeto de gravámenes o embargo.

“Están llevando un debate de manera desproporcionada porque están desconociendo la normativa vigente. Hace un mes y medio aproximadamente salieron 3 resoluciones que daban constancia en el Boletín Oficial que se había terminado el relevamiento técnico, jurídico, catastral que reconoce la ocupación tradicional, actual y pública de 3 lof”, explicó Jofré.

“Esto tuvo una reacción del senador nacional Alfredo Cornejo por Twitter que dijo ‘No hay ni hubo mapuches’ y empezó una escalada de violencia”.

“Ya hemos denunciado al gobernador, al Senado. Hemos hecho acciones por todos lados”, manifestó.

El resultado de la votación del proyecto en la Legislatura fue de 30 votos afirmativos, 8 negativos, 6 abstenciones y 4 ausencias.

Este tipo de decisiones, aclaró Jofré, tiene un tinte que es electoral y “tiene que ver con un sector de la población que percibe o que de alguna manera se ve convocado a estos discursos del odio, de la violencia y, por el otro lado, la defensa corporativa de ciertos intereses porque las resoluciones de esas comunidades indican que ocupan de forma tradicional y pública, o sea que viven en ese territorio y hay más comunidades que están proceso. Ahora que se retomó nuevamente el trabajo de relevamiento van a empezar a surgir nuevos relevamientos”.

“Más al subsuelo no se puede llegar porque han institucionalizado el racismo”.

“Generan una situación de acoso, de violencia y está la posibilidad de que se transmita al día a día, a las calles y a su vez el antecedente, porque no es una ley es una declaración pero genera fundamentos para que avancen en normativa que esperemos que no lo hagan”, añadió en ese sentido.

No quedan por fuera los intereses, “primero porque el efecto del cambio climático y las presiones que hay a nivel internacional que cada vez hay algo nuevo, pero hoy hay una guerra entre dos países que a nivel mundial proveen de alimentos y de recursos estratégicos a gran parte del mundo”.

En ese contexto, “tenemos la cuestión extractivista, no solo de petróleo con sus nuevas técnicas sino los recursos estratégicos como el oro, el cobre, la plata. Lo que han tenido que hacer es incorporar la normativa. Hay un decreto provincial -el 48- que rige desde 2018 para reglamentar el fracking, entonces Mendoza, dice ‘somos la primera provincia que reglamentamos’, y en el anteúltimo artículo reconocen el proceso de consulta a los pueblos indígenas. Ahora, cuando fueron a hacer la experiencia piloto al territorio y encontraron una comunidad, nosotros pedimos el proceso de consulta ¿y qué hacen? Desconocen a la comunidad”.

Finalmente, se refirió al descuido del ambiente ante las políticas de regulación de las actividades pese a que “hay una dirección provincial de protección del ambiente que en la zona sur de Mendoza que proveemos el 80% de petróleo y el gas desde hace años, hay 4 técnicos de la dirección de protección para un territorio que es como la provincia de Tucumán y más de 2 mil pozos petroleros. Es una risa, ese es el nivel de control que hay”.

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