byfmdelacalle/7 noviembre, 2022/inAmbiente, Bahia Blanca, Noticias

“La Cámara tiene que resolver si puede existir una conciliación sin reparación del medioambiente”

Lucas Beier, querellante por la Asociación de Pescadores Artesanales analizó en FM De la Calle el alcance de la nueva homologación en primera instancia de los convenios ambientales firmados por el fiscal Ulpiano Martínez y las empresas del polo petroquímico.

La jueza federal Gabriela Marrón homologó la semana pasada los acuerdos alcanzados por el fiscal federal con empresas investigadas por la contaminación del estuario con metales pesados. La conciliación se produjo en base a los mismos acuerdos que oportunamente rechazó la Cámara de Apelaciones por la falta de consulta a la querella y la Fiscalía especializada.

Involucran a Profertil, Compañía Mega, PBB Polisur, Oiltanking, Unipar Indupa, TGS y Refinería Bahía Blanca, las cuales asumieron el compromiso de mejorar el tratamiento de sus residuos y los vertidos a la ría.

“No sabemos si las empresas hacen esto, si van a realmente generar un impacto positivo en el estuario o no”, manifestó el abogado de los pescadores artesanales que promovieron la denuncia hace más de una década.

Beier explicó que “luego de que la Cámara revocó la homologación lo que hizo el fiscal fue llamar a una audiencia virtual, la cual se frustró por un problema técnico que tenía la fiscalía. La audiencia no se hizo nunca, entonces presentamos un escrito diciendo que nos oponemos a la propuesta de las empresas y fijamos pautas mínimas que consideramos que tiene que tener el acuerdo para poder existir una conciliación y que surja la extinción de la acción penal”.

“Acá lo importante es que tanto fiscal como jueza dicen que en cumplimiento de este acuerdo se extinguiría la acción penal, desaparece el expediente penal y quedan sobreseídos los imputados. Si fuese un acuerdo al solo efecto de mejorar el ambiente pero la causa penal sigue nosotros no nos opondríamos porque cualquier acuerdo que mejore aunque sea mínimamente es positivo, el tema es que tanto fiscal como jueza dicen si se cumple este acuerdo la acción penal se extingue y acá no pasó nada”, agregó.

Beier comentó que se opusieron: “Dijimos que considerábamos que tenía que haber una remediación del estuario para que haya extinción de acción penal y que, si bien sabemos que el estuario no se puede reparar, nadie puede sacar todo el metal pesado que tienen las especies que viven en el estuario, proponíamos como una especie de compensación que las empresas inviertan el dinero suficiente para hacer el plan de tratamiento de líquidos cloacales, ya ABSA dijo que hay que hacerlas pero que no tienen el dinero. El fiscal a todo lo que nosotros dijimos me imagino que lo leyó pero lo dejó ahí, y pide ahora la homologación de los mismos acuerdos que ya habían sido homologados por la jueza y revocados por la Cámara”.

El fiscal destacó ante la jueza que hay consenso en cuanto a la necesidad de instalar una planta de reúso de líquidos cloacales, “a efectos de dar un adecuado procedimiento a dichos efluentes con el objetivo de conseguir la reutilización del agua para uso industrial de las empresas del Polo Petroquímico que la demandan” la cual “brindaría una solución definitiva a lo que es hoy el principal agente contaminante (ABSA)”.

Sin embargo, sostuvo que no la incluyó en los convenios “por razones estrictamente económicas”. Todos los imputados la festejan pero nadie quiere poner la plata y no serán ni el fiscal ni la jueza quienes se lo ordenen: “Deberá ser objeto de posteriores negociaciones entre los interesados fuera del marco de esta incidencia y un objetivo primordial de las autoridades administrativas como parte de una necesaria política ambiental”.

Beier aclaró que “el IADO y el CTE dicen ‘es positivo lo que las empresas están proponiendo’, lo cual es bastante evidente porque si dicen voy a contaminar menos, por supuesto que es positivo. Pero dicen los resultados de esto los vamos a ver en un futuro y después de muchos monitoreos y controles, no sabemos si las empresas hacen esto si van realmente a generar un impacto positivo en el estuario o no”.

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“Más cuando el resto de los actores siguen realizando sus actividades normalmente y siguen dañando el medioambiente. Entonces, que las empresas hagan esto pero el resto de los actores sigan contaminando, dudo muchísimo que haya una mejora en la calidad ambiental del estuario”, relató respecto a ABSA.

“En cuanto a las gestiones realizadas por el sr. fiscal federal con ABSA S.A. no han llegado a un entendimiento que haga pasible la suscripción de un convenio como los ya concertados con las demás empresas, en razón de que el plazo de treinta (30) años propuesto por la empresa para su ejecución resulta excesivo, no advirtiendo la incorporación de nuevas obras (más allá de las que se encontraban en ejecución) que permitan una mejora cualitativa de la calidad de las aguas que actualmente son arrojadas –con un alto grado de contaminación– en el estuario”, afirmó la jueza.

Para el abogado querellante “aunque estos convenios sean homologados y las empresas cumplan con lo que hicieron, todo va a seguir como si nada. Acá hay que hacer un plan integral, entre todos y la Municipalidad que quedó afuera”.

“La jueza la vez pasada cuando había homologado decía que la extinción de la acción penal quedaba supeditada a que todo el resto de los actores también firmen un convenio. Ahora no, lo homologa y a lo único que queda supeditado es a que se cumpla lo que ellos propusieron”, analizó.

La causa original

“Todos los funcionarios públicos que tienen alguna injerencia están imputados. Se los tendría que llamar a indagatoria, la investigación penal va a seguir contra todos los que están denunciados. Hasta ahora el fiscal no ha resuelto nada con la causa principal, esto es una medida cautelar que tramita por un incidente los acuerdos”, expresó.

En este camino, reflexionó acerca de que “la causa principal, que el objetivo final es llegar a una sentencia condenatoria o absolutoria, está frenada hace 4 años y el fiscal no ha dicho nada, no sabemos cuál es la postura del fiscal, si considera que el delito se ha cometido”.

“El delito es poner en peligro la salud pública a través de sustancias tóxicas, no sabemos si el fiscal cree que el delito se cometió, no sabemos para el fiscal quién lo cometió, quiénes son los responsables, así que una vez que sepamos eso, el fiscal va a tomar la decisión de llamar a indagatoria o de absolver”, recordó.

¿Qué debería incluir la conciliación?

“Si ellos quieren resolver la causa penal por conciliación tienen que resolver también el tema de reparación. El Código Procesal Civil, dice que entre la causa penal y una civil, es prejudicial la penal. La penal tiene que estar resuelta para que el juez civil dicte una sentencia. Salvo que la causa penal esté muy atrasada, en este caso como estaba muy atrasada el juez pudo dictar sentencia. No es al revés, el fiscal o la jueza federal no puede decir ‘ah bueno como ya hay sentencia en la otra causa este tema no lo toco’”, aseveró.

El Juzgado Contencioso Administrativo condenó a empresas del polo petroquímico, ABSA, Azurix, el Consorcio de Gestión del Puerto, la Municipalidad y la Provincia por el perjuicio ambiental que provocaron al estuario. Deberán presentar planes de remediación y control, modificar parámetros de monitoreo y generar un fondo de 20 millones de pesos por daño moral colectivo.

En la justicia federal, según el fallo del tándem Martínez-Marrón, “en relación al pedido resarcitorio de la parte querellante en representación de los pescadores de la ría de Bahía Blanca, (…) ha quedado resuelto en sede provincial a través del trámite contencioso administrativo, lo que, a su criterio, y si bien fue permanentemente incluido en las propuestas y negociaciones impulsadas, al mediar ahora un decisorio expreso, se impide el avance sobre el particular, debiéndose de aquí en más estarse a lo decidido por el magistrado local, tanto en lo que hace a los daños y perjuicios – que se resolvió –, como en lo atinente a la remediación reclamada”.

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“Las empresas dijeron ‘yo no voy a recomponer nada’, -dijo Beier- no se comprometieron a recomponer absolutamente nada. Lo que tiene que resolver la Cámara es si puede existir una conciliación sin reparación del medio ambiente”.