Contaminación en la ría: los empresarios deben ser indagados

La decisión, tomada por la mayoría compuesta por los jueces Pablo Candisano Mera y Pablo Larriera, se determinó en base a la queja de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría por la negativa de la jueza Gabriela Marrón a acusar e indagar a las autoridades de las multinacionales.

“Corresponde que se formulen las imputaciones pertinentes y se las comunique a las personas que corresponda (art. 294, CPPN), tomándose luego el temperamento que en la instancia de grado crean que corresponda, siempre y cuando se tenga como norte evitar dilaciones innecesarias que agraven aún más los extensos plazos que ha insumido la tramitación de la pesquisa hasta el momento, y recordando que los procesos judiciales deben respetar la garantía del plazo razonable”, sostiene el fallo.

La querella advirtió el riesgo de prescripción y la inacción por parte de la jueza y el fiscal Santiago Martínez “en pos de que la causa principal avance, rechazando todos y cada uno de los actos impulsorios y peticiones”. Afirmó que la prueba ya fue producida y evidencia conductas que adulteran y contaminan el estuario mediante el uso de residuos, con peligro para la salud y el ambiente. En el expediente fue informado oportunamente el listado de directores a indagar.

El fiscal general Horacio Azzolin reconoció la existencia de la prueba científica que confirma “que la ría y la biodiversidad que la compone está contaminada con metales pesados” pero opinó que el planteo de la querella “constituye un análisis genérico de la situación, sin reseñar circunstancias de modo, tiempo, lugar y una concreta individualización de las personas que se creen partícipes del delito”.

Este último eje es el argumento central de la jueza Marrón -sostenido en minoría por la camarista Silvia Fariña-. La titular del Juzgado Federal N°1 reividicó a su vez la homologación de acuerdos unilaterales con las empresas contaminantes a cuyo cumplimiento supeditaba el cierre de la causa. Al respecto, Candisano Mera recordó que la instancia fue suprimida meses atrás porque “se había constituido en un verdadero valladar para el avance de la causa penal”.

Además, tomó como un elemento central la extensión de la investigación “cuyo inicio data de 2011, que lleva 12 años de trámite y en la que se hallan involucradas no solo personas sino también derechos de raigambre constitucional, bienes jurídicos protegidos por diversas normas e incluso garantías constitucionales y trascendencia institucional; todo lo que hace imperiosa la necesidad de que la causa avance hacia una definición”.

Para el juez resulta “paradójico” que Marrón y el fiscal renieguen de la falta de identificación de las responsabilidades penales individuales de empresarios y funcionarios, “ya que son ellos, precisamente, quienes deben efectuar este trabajo intelectual, ya sea con las pruebas obrantes en la causa o, de ser necesario, ordenando aquellas conducentes a tal fin”.

Candisano les demandó un “rol activo y central” y manifestó que las causas por delitos ambientales “requieren que se imprima agilidad al trámite, ya que deben adecuarse a los tiempos reales en que se puedan estar llevando a cabo las consecuencias de los hechos”.

Unipar Indupa dijo que la contaminación es “de origen cloacal, no industrial”, mientras que Dow (PBB Polisur), Compañía Mega S.A. y Transportadora de Gas del Sur habían adherido al rechazo de la medida.

En julio de 2022, el Juzgado Contencioso Administrativo condenó a empresas del polo petroquímico, ABSA, Azurix, el Consorcio de Gestión del Puerto, la Municipalidad y la Provincia por el perjuicio ambiental que provocaron al estuario. Si el fallo queda firme deberán presentar planes de remediación y control, modificar parámetros de monitoreo y generar un fondo de 20 millones de pesos por daño moral colectivo.