byfmdelacalle/29 junio, 2023/inArgentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Judiciales, Lesa Humanidad, Noticias

Lesa humanidad: “La justicia fue lo más relegado y es lo que estamos tratando de desarrollar”

Este viernes se reunirá la Mesa de Discusión Institucional y Social región Patagonia/Pampeana convocada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad a cargo de María Ángeles Ramos. Los fiscales auxiliares de la ciudad, Pablo Fermento y Paula Molini, visitaron los estudios de FM De la Calle y adelantaron el estado de las causas que presentarán ante sus pares.

Participarán de la jornada organismos de derechos humanos, agencias fiscales, organizaciones sociales y querellantes en diversas causas por crímenes de lesa humanidad.

“Se hacen varias por año en distintas regiones del país, la última fue en Mendoza. La idea es avanzar para pasar en limpio lo que son las prioridades en la etapa de proceso de las causas que están conectadas”, explicó Fermento.

“Está bueno para advertir aspectos en común, situaciones que hacen a las tareas pendientes. Está el fenómeno de que es pluriofensivo y que tiene diferentes aspectos que hacen al juzgamiento, a la verdad. Tenemos las responsabilidades hasta la búsqueda de los desaparecidos, de enterramiento, de los niños nacidos en cautiverio”.

El funcionario explicó que no es posible abarcar cada una de esas líneas por lo que se han enfocado en el juzgamiento de las personas involucradas. Se busca que en las reuniones haya un intercambio transversal de cuestiones internas del Ministerio Público, el cual está dividido en una serie de procuradurías que monitorean la actividad en relación a los considerados delitos de mayor importancia, como los crímenes de lesa.

“Es una época donde hay distintos espacios de intercambio. Tenemos diálogo permanente con querellantes y más o menos la mirada va pasando sobre los mismos ejes, los ejes van, por un lado, por el punto final biológico, estamos a 45 años de los hechos y los imputados más jóvenes tiene por encima de los 60 o 70 años”, agregó el fiscal.

En ese sentido, se cuestionan lo que va quedando pendiente y aparecen las investigaciones por participaciones civiles demoradas por dificultades técnicas en el momento probatorio. Además, Fermento destacó los avances de la mirada del fenómeno histórico y sus variaciones en el tiempo, ya que primero se denominó dictadura militar, y luego dictadura cívico-militar eclesiástica. Algo similar ocurrió con la violencia sexual sobre mujeres y varones.

“La búsqueda de desaparecidos es una tarea que nunca se acaba y es compleja porque implica una articulación interinstitucional porque la fiscalía no realiza pericias, hay que coordinar con el Equipo Argentino de Antropología Forense o equipos interdisciplinarios para establecer desde las hipótesis hasta las tareas de exploración”.

Molini insistió con que ese es uno de los desafíos que se plantean de cara al futuro en función de la respuesta que da el Estado en ante la dificultad biológica del paso del tiempo.

“También entendemos que estos juicios tienen 3 facetas bien condensadas en lo que tienen que ver con Memoria, Verdad y Justicia. La justicia fue lo más relegado y es lo que estamos tratando de desarrollar en este momento”, añadieron.

“La verdad histórica es algo que no está sujeto al juzgamiento de responsabilidades concretas. De alguna manera se plantea recuperar lo que tiene que ver con los juicios por la verdad”, aclararon, ya que cuando no se podía llevar adelante el juzgamiento de responsabilidades penales, el Estado asumió el compromiso a partir de fallos de la Corte Interamericana de Justicia de realizar procesos para buscar a los desaparecidos.

En ese camino, creen necesario recuperar el carácter de víctimas de numerosas personas más allá de si se puede llevar adelante la imputación. En ese momento la responsabilidad no se podía concretar por las leyes de impunidad y ahora ocurre eso con el punto final biológico.

“Hay muchísimas personas para las cuales declarar en juicio tiene un carácter componedor en sí mismo, no queremos que se pierda esa faceta de los juicios. Se está barajando y pensando cuáles son las herramientas jurídicas para introducir este tipo de declaraciones”, comentó el letrado.

Debates orales

Fermento y Molini intervienen en la Megacausa Zona 5 junto al fiscal general Miguel Palazzani y José Nebbia. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca está integrado por Ernesto Sebastián, Sebastián Foglia y Marcos Aguerrido.

“Este tribunal le ha puesto mucha dinámica a las audiencias y parece estar interesado en que los procesos avancen de manera veloz”, puntualizaron.

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Los tiempos procesales en la etapa de juicio son elásticos, actualmente están recepcionando testimonios propuestos por la defensa y en ese marco intentan llevar adelante una agenda de 4 o 5 testigos por audiencia semanal.

“Pensamos que se va a prolongar, se incorporaron unos tramos nuevos que conllevaron todos los pasos de lectura de la acusación”, especificó el abogado.

“Además de este gran juicio -de la Megacausa Zona 5- que se está llevando adelante ahora con 37 imputados, 333 víctimas, que es uno de los juicios más grandes en la provincia de Buenos Aires, también tenemos causas muy importantes desde el punto de vista simbólico esperando para realizarse el juicio como la de Montezanti”.

Se trata del ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Néstor Luis Montezanti, procesado por los delitos de lesa humanidad de asociación ilícita e intimidación pública por su participación en la Triple A. La determinación la tomó en diciembre de 2022 el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca tras la investigación por su participación en el grupo paraestatal al cual se le atribuyeron 24 homicidios entre los años 1974 y 1975.

Fermento y Molini recordaron que su procesamiento está confirmado y aseveraron que se de definió el tribunal “que, como muchos del país, no está conformado con jueces titulares y hay un lugar vacante”. Molini agregó que “se generan cuestiones alrededor de eso, pasó una serie de recusaciones que propuso la defensa de Montezanti porque muchos habían intervenido en otras instancias”.

De esta manera, el tribunal quedó integrado con un juez oriundo de Córdoba que va a intervenir en todas las causas hasta que se designe un titular.

Requerimiento por crímenes de docentes de la Universidad Nacional del Sur

“En lo que es instrucción, el año pasado requerimos el caso de los docentes universitarios que son cerca de 30 víctimas en su mayoría docentes”, expresó Fermento. Fueron imputados un grupo de militares junto al ex dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, y el ex secretario judicial Hugo Sierra.

El fiscal observó que “lo simbólico es muy relevante” y que este caso es central en el trazado represivo propio de Bahía Blanca.

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“Estuvo una persona como (Adel) Vilas que tenía esta mirada de que no sólo había que ir por la subversión armada o el guerrillero. Él venía de Tucumán, del Operativo Independencia, dice que se dio cuenta que para luchar con el ‘enemigo interno’ había que ir a las raíces y acá lleva adelante esa tesis”, agregó. Vilas fue segundo comandante del V Cuerpo de Ejército. Su teoría era que el subversivo ideológico era igual o más peligroso que el guerrillero armado.

“Todos los profesores que fueron secuestrados en esta causa ya había sido cesanteados o expulsados de la universidad durante la época de Remus Tetu. Era una causa en la que había más de 50 imputados y se detuvo ilegalmente a cerca de 30”, explicaron. Lo que consideraban delictivo era la modificación de las currículas y por tanto, la modernización especialmente en Humanidades y Economía.

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“Muchas de ellas fueron en la delegación de la Policía Federal donde fueron torturados y llevados a la cárcel de Villa Floresta hasta que fueron llevados a distintas cárceles”.

Mencionaron que la causa comenzó con un hecho anecdótico: “Por unos alumnos del Colegio Nacional que le hicieron un chiste a una compañera haciéndole creer que vendían droga y a partir de esa denuncia uno de los padres de los alumna realiza la denuncia y se hacen allanamientos”.

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Es mediante las irrupciones en los hogares que se acredita que se trata de una broma pero al ingresar en una de las casas detectan “bibliografía subversiva”. Allí vivía Stella Maris Ramírez, que había estudiado asistencia social.

“Se arma una caza de brujas que termina en julio del ’76 con muchísimos docentes secuestrados”.

Textuales:

“En (la causa) Armada (los imputados) ya fueron juzgados pero pueden aparecer nuevos casos o denuncias. No tenemos por el momento responsables señalados que puedan llegar a juicio en lo inmediato”.
“En el juicio de Triple A se vio lo que era el proyecto de construcción del complejo industrial de la petroquímica que iba muy atado a lo que estaba pasando ahí. Muchas de las víctimas eran militantes del ámbito de la construcción y trabajadores de la petroquímica y la línea editorial de La Nueva Provincia planteando que tenían como objetivo boicotear este proyecto”.
“En el caso de La Nueva Provincia llegamos a hacer un estudio contable que determinaba como la empresa se ha beneficiado. Cualquiera podía ver cómo se monopolizaron los medios”.