Oleoducto hacia el Golfo San Matías: audiencia pública sin público

Organizaciones socioambientales denunciaron inconvenientes para participar de una audiencia pública sobre la construcción de un oleoducto. “Fue ilegal, ilegítima, sin público y, por lo tanto, no tiene validez”, dijo a FM De la Calle Suyhay Quilapán, integrante de la Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas.

“Antes de concurrir a Añelo, las audiencias públicas que estaban pensadas para hacerse en Rio Negro estaban viciadas de errores administrativos que marcamos y logramos que se suspendieran, ahí empezamos a ver lo que iba a suceder en Neuquén y consideramos muy necesario involucrarnos”.

Las audiencias son procedimientos públicos de participación, en los cuales se se debe otorgar a la población la garantía de conocer de qué se trata el proyecto y la posibilidad de manifestarse en forma previa al dictado de una decisión que puede afectar sus derechos. 

 “No vimos posibilidad de inscripción virtual, nos informaron que había que concurrir de forma presencial, teniendo distancias de 600kms, por eso hicimos una nota para la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén, pero desconocieron el formato de participación, la presencialidad iba a ser en la audiencia”, expresó Quilapán.

La referente agregó que “como asamblea integramos la multisectorial donde hay muchas organizaciones que no pudieron participar directamente. Nos preguntamos si las audiencias públicas son el espacio para que la ciudadanía pueda dar su opinión, pensamos que de alguna manera hubo una intencionalidad por parte de YPF y de la Subsecretaría de Ambiente para que no se permitiera la participación”.

Las organizaciones plantearon que es ilegítima e ilegal por el formato que se le dio a la audiencia pública. “Es una audiencia de la ciudadanía pero es no vinculante, es decir que la persona que está haciendo el registro puede decidir si se incluye o no la apreciación que desarrolle la ciudadanía”. 

Por otra parte, expresaron que en cuestiones ambientales, el proyecto en sí, no está siendo considerado de la manera adecuada al ser segmentado en tramos, sin tener en cuenta su totalidad en el estudio de impacto ambiental. 

“Esto da cuenta de un Estado que no nos está  garantizando ni resguardando nuestros derechos. Nos preocupa la ausencia de Río Negro en la audiencia y que no se respete el derecho indígena”.

Quilapán comentó que “no se está garantizando la consulta previa libre e informada, que la garantiza el Convenio 169 de la odisea a las comunidades originarias, concretamente en el tramo de Neuquén, por ejemplo, la comunidad impactada por el proyecto no fue consultada.

El derecho constitucional no fue respetado porque, afirmó Quilapán, “se hizo en formato de encuesta y la entrevista o una encuesta no responden al formato real de la consulta previa libre e informada”.

Por su parte, en la provincia de Río Negro, también se verá afectada una comunidad mapuche de Sierra Grande. El Parlamento Mapuche denunció que no se los consultó y que no conocen el proyecto.  

“Hay una lógica que se viene instalando hacia las organizaciones socioambientales, nos parece que no es viable, hay otros modelos desde donde se puede enriquecer pero con una instancia de diálogo, no es que los gobiernos pueden hacer y deshacer a su gusto”, expresó Quilapán. 

Comentó que para las asambleas “no hay recursos naturales, son bienes naturales comunes que necesitamos resguardar y proteger; no son propiedad de empresas, son de quienes habitamos ese suelo y con responsabilidad”.

En relación al tipo de proyecto, la referente dijo que “hay otros modelos de desarrollo, en los cuales la centralidad no es el capital sino el pensar para las generaciones futuras, sin que peligre la vida. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los estudios ambientales”.

“Nos planteamos cuál es la finalidad de este tipo de proyectos, generar fondos para pagar una deuda externa que no contrajimos, ingresos a una empresa como YPF que es nacional en un 51%, pero hay un 49% que corresponde a las multinacionales”.

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