Panorama local a un año de la ley IVE

(Por Giuliana Crucianelli) El 30 de diciembre del 2020 se aprobó la Ley N° 27.610  de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esto significa que todas las personas tienen derecho a acceder, hasta la semana 14 de gestación, a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el único requisito es la expresión de tu voluntad. A partir de la semana 15, podés acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en caso de violación o si está en riesgo tu vida o tu salud. También, tenés derecho a la atención postaborto de calidad.

Según la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, entre enero y noviembre del 2021 se registraron 32.758 interrupciones de embarazo realizadas en condiciones seguras en el sistema público.

En los primero seis meses del 2021, 5.600 abortaron acompañadas por Socorristas. Seis de cada diez de quienes buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años, y el 4 por ciento eran adolescentes.

Desde la aprobación de la ley hasta el mes de noviembre aumentaron el número  de consultas por interrupciones de embarazo a la línea gratuita y confidencial del Ministerio de Salud: en 11 meses llegaron a 19 mil, casi la misma cantidad que se habían recibido ¡en diez años!, entre 2010 y 2020.

En la provincia de Buenos Aires, en diciembre de 2019 eran solo 55 municipios los que tenían equipos que garantizaban aborto y ahora son 125, de un total de 135.  Diez municipios no tienen pero en cinco de ellos –Carmen de Areco, Junín, Lobos, Monte Hermoso y Zárate– hay efectores provinciales. Los cinco que no garantizan la atención son San Miguel, Lezama, Tornquist, Capitán Sarmiento y Coronel Rosales,

En nuestra ciudad hace tiempo que organizaciones feministas, en conjunto con otras redes, han ido articulando acciones y estrategias para poder garantizar abortos por causales tal como lo establecía el Código Penal, previa aprobación de la ley IVE

Selva Lamtzev, médica generalista, dijo a FM De la Calle que “a un año de la ley IVE en la ciudad la situación cambió radicalmente, tanto la de las mujeres que solicitan un aborto como de los profesionales que garantizamos y las instituciones en las que trabajamos. Esto no fue espontaneo sino que antes, durante y después de la aprobación la militancia feminista en salud y por fuera, permitió que ya haya circuitos que trabajaban la ILE y ese trabajo fue clave para desarrollar las redes. La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, las Socorristas en Red y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito fueron construyendo esas redes, luego se dio la articulación de los profesionales con Secretaria de Salud, Hospital Penna, Hospital Municipal, Región Sanitaria y la Asociación Médica en relación al sistema privado”.

Según Región Sanitaria I, en Bahía Blanca podés acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en 18 centros de salud públicos. Entre ellos se encuentran centros de atención primaria de la salud de diversos barrios, el Hospital Municipal, el Hospital Penna, el centro de atención primaria de Cerri y el Hospital Menor Leonor De Carelli de Ingeniero White.

“Podría decirse que hubo buena disposición de los sectores ejecutivos. En el sector público la cantidad de consultas por aborto es mayor, pero es mayor el número de médicos y médicas que realizan IVE. Hay 18 unidades sanitarias donde hay profesionales que garantizan la práctica y también en cada área se identificaron objetores que de todas formas tienen que realizar el control pre y post aborto y derivar a la paciente. Sabíamos que la objeción de conciencia iba a ser una dificultad, hace falta trabajar con la formación profesional pero con requisitos para cargos médicos al sistema. No pueden seguir ingresando objetores porque esto restringe el derecho y sobrecarga a quienes si realizan IVE, por lo tanto, debería ser un requisito a un cargo público garantizar la IVE”, dijo la médica Lamtzev.

En relación a las consultas, existe un correlato entre los números nacionales y locales.

Lamtzev señaló que otra cuestión pendiente “es que si bien es notorio el aumento de consulta espontanea solicitando un aborto, sigue haciendo falta más difusión del derecho. Muchas mujeres no saben que pueden solicitarlo en la unidad sanitaria de su barrio, o en el hospital público o que tienen derecho a exigirlo en la obra social. Desde la implementación se logró que se contrate una profesional que garantice la IVE en el servicio de ginecología del Hospital Municipal, que hasta hace pocos meses era objetor. Es decir, que en los dos hospitales públicos se garantiza la práctica. Por otro lado se está garantizando en obras sociales como OSECAC, OSPeCoN y en los hospitales como el Privado del Sur y el Italiano”.

Por otro lado agregó que “desde la aprobación de la ley hemos contado con Misoprostol en forma ininterrumpida, principalmente del laboratorio LIF y aunque ha habido dificultades con algunos métodos anticonceptivos como los implantes, actualmente estamos pudiendo garantizar todos los metidos disponibles”.

Debido a la poca difusión sobre el acceso a este derecho y a las disposiciones dentro del sistema de salud sobre cuándo los abortos pueden ser ambulatorios y cuándo con internación hospitalaria, en muchas localidades la recepción de las solicitudes es irregular. Esta situación habilita a realizar una cantidad de derivaciones a hospitales regionales que generan irregularidades que se contraponen al cumplimiento de la ley, como lo que le ocurrió a Rocío, entre los meses de junio y julio de 2021.

Rocío es una adolescente de 16 años que vive en una localidad a 250 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca y que se comunicó con la colectiva socorrista Bahía Rosa porque quería abortar. Estaba atravesando un embarazo de 15 semanas que había confirmado mediante una ecografía.

Ni su padre ni su madre estaban al tanto de su embarazo y tampoco quería que supieran de su decisión de abortar. Su ginecólogo particular se declaraba objetor de la práctica. Por eso, decidió buscar otras alternativas. Rocío finalmente concretó la solicitud de IVE y pasados unos días, una ginecóloga se comunicó con ella. Le dijo que debido a la cantidad de semanas de gestación no iban a poder realizarle la interrupción ahí. Y le dieron una fecha de internación en el hospital Penna de Bahía Blanca para que acceda a la ILE.

La fecha llegó pero sin nada de información acerca del procedimiento: ni qué método utilizarían, ni cuánto tiempo estaría internada, ni si necesitaba llevar ropa, o toallitas, o cualquier otro elemento personal

Rocío tuvo que resolver por sí misma el traslado desde su casa hasta otra localidad donde ahí la esperaría un transporte que la llevaría al Penna.

A sus Viejos les había dicho que no volvería a dormir porque se quedaría en lo de una amiga. Ante tamaña soledad, las socorristas estuvieron cerca y pendiente de la chica.

Rocio quedo internada en una habitación, luego de tres colocaciones de Misoprostol recibió un llamado y su familia le dijo que no se podía quedar a dormir en lo de su amiga, que debía volver a su casa.

La chica se asustó, pidió interrumpir el tratamiento y volver a su hogar. El medico dijo comunicarse con sus padres para avisarles. Ese llamado nunca llegó y la activista socorrista se comunicó con la familia, que tampoco escucho a Rocío. Finalmente, la adolescente decidió continuar con el embarazo.

Por su parte, la activista socorrista, Juliana Montoya, destacó que “pueden ser muchos los obstáculos, dilaciones y burocracias para acceder un aborto en el sistema de salud, a eso se le suma cuando la protagonista es una niña o adolescente y encima si es de otra localidad. Las barreras empiezan a ser cada vez mayores, y las fallas del acceso a la IVE se acrecientan”

Lamtzev

“En Bahía se está pudiendo garantizar la ley en primer lugar por la militancia feminista histórica, y por la decisión política de efectores pero aún falta garantizar mecanismos que consoliden a largo plazo estas coordinaciones que no dependan de voluntades individuales. Hace falta mayor difusión en los medios y de las vías de denuncia en caso de obstrucción de derecho”.

“Es fundamental que las mujeres puedan defender este derecho, ya que la historia nos demuestra que los derechos de las mujeres siempre están en disputa y los logros no son inamovibles. Nos encontramos en una etapa de consolidación fundamental para garantizar el aborto legal a largo plazo”.

Montoya

“Seguir luchando la ley, seguir tomándola como un piso de posibilidades. Hay accesos desiguales en los territorios, no es lo mismo ser de una localidad grande que de una chica. Falta difusión de la ley, una difusión que no se haga por redes, poder acercarte a un hospital y que haya un cartel grande que diga ´Acá se garantizan abortos, es una opción´”.

“Ya que hubo una voluntad política que impulsó la ley, que también continúe para hacerla vivir, que no sea una ley que se vaya apagando o extinguiendo, que haya una voluntad constante para hacerla vivir y difundirla. Pensar a la salud desde un marco comunitario, y que haya instituciones que puedan ser más permeables a las pedagogías de cuidado que las organizaciones feministas o territoriales venimos trayendo”.