byfmdelacalle/27 abril, 2023/inArgentina, Economía Solidaria, Noticias

Reclaman sanción de la Ley de Recuperación de Unidades Productivas

Edith Garay, secretaria de la Cooperativa La Matanza y militante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), contó la historia de la fábrica de tornillos y destacó que desde el MNER continúan reclamando por la Ley que está por perder estado parlamentario.

Fotos: La Vaca

“Empezamos el proceso de recuperación y todo lo que conlleva desde el año ’98 al año 2001, todo un proceso de no pagos, de un poco de vaciamiento de la parte administrativa y en el 2002 logramos tener la matricula nacional como cooperativa”, relató sobre su historia y añadió que “estuvimos en una montaña rusa como el país, con épocas buenas y épocas malas, algunas donde quizás el Estado nacional no invirtió en la industria nacional. Después tuvimos la pandemia, los últimos años fueron bastante catastróficos”.

Desde su experiencia, refirió que siempre tuvieron expectativas de que la situación iba a mejorar sosteniendo que la forma era apostando a la cooperativa, “un poco por convicción y otro poco porque el mercado laboral para ciertas edades se ve bastante cerrado. Se ve un poco de resignación en los compañeros por las edades”.

Por otro lado, Garay puntualizó que del ’98 al 2005 “fue el auge donde más empresas se recuperaron porque en ese momento estábamos en una crisis a nivel nacional y si bien no era algo que se conocía, la experiencia de que se podía recuperar empresas, había un Estado presente en el tema de matrículas”.

Hace más de 20 años vienen pidiendo la sanción de la Ley de Recuperación de Unidades Productivas. La última vez que se presentó el proyecto fue en 2020 cuando lo hizo el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Leonardo Grosso (FdT). Según Garay, están por volver a hacerlo, antes de que pierda estado parlamentario.

El proyecto de Ley señala que toda Unidad Productiva que se encuentre en estado de cesación de pagos, cierre del establecimiento, abandono de sus titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de las/os empleadores, disolución de la sociedad con causal de liquidación o de cierre por cualquier causa, y sin perjuicio de los procesos judiciales que pueda o no tener iniciados, podrá ser expropiada y cedida en favor de las/os trabajadores de la misma que se hallen conformados en cooperativas de trabajo o en trámite de constitución y que deseen continuar con la actividad productiva.

Es necesaria ya que “la inseguridad jurídica tiene dos facciones, una es que no te deja pensar, vos estás corriendo todo el tiempo sobre lo jurídico porque se demoró un papelito, se demoró el expediente y no te deja pensar en cómo vas a invertir, a qué vas a apostar, qué nuevo producto vas a sacar”.

“Queremos que se compensen esos créditos a favor de la unidad productiva, queremos que la provincia o la provincia o el Estado nacional sea el dueño de la propiedad, y que lo de en comodato a los trabajadores y trabajadoras que elijan seguir produciendo y en el momento en que eso no suceda más, que quede en manos del Estado”, explicó la secretaria.

Están trabajando en el proyecto junto a distintos diputados y diputadas nacionales y provinciales. El año pasado participaron en un encuentro nacional donde presentaron el proyecto en el anexo de diputados y diputadas, donde pudieron asistir gran cantidad de referentes de empresas recuperadas del país.

“Necesitamos un cambio cultural, queremos apostar a que hay una educación que puede y tiene que ser distinta porque muchas veces tanto el sistema de educación como el de salud excluye por un montón de particularidades a un montón de gente, entonces nosotros apostamos a la salud pública y lo mismo con la educación”, analizó.