byFM De la Calle/22 agosto, 2023/inAmbiente, Argentina, Bahia Blanca, Judiciales, Noticias, Política

Contaminación en la ría: indagatoria para algunos

Luego del cierre de la negociación con las empresas del polo petroquímico y los entes gubernamentales que contaminaron el estuario por el fracaso de los acuerdos impulsados por su fiscalía, Santiago Martínez llamó a indagatoria a un grupo de imputados. Se trata solamente de quienes fueron responsables de ABSA en los años de trámite de la causa.

A principios de julio, la Cámara afirmó que, pese a sus intenciones, la medida cautelar que debía prevenir -y de ser posible revertir- la contaminación se transformó en un “instrumento dilatorio” y una excusa para no avanzar en la acción penal contra las empresas imputadas. Los convenios, cuestionados por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría y la Fiscalía especializada en medio ambiente, alcanzaban a Profertil, Mega, Dow-PBB Polisur, Unipar-Indupa, Oiltanking, TGS y Refinería Bahía Blanca.

Contaminación en la ría: “No se ha verificado la voluntad de lograr el acuerdo”

La reacción de Martínez incluye la imputación a los administradores de ABSA y mantiene la impunidad sobre los empresarios y las autoridades municipales, provinciales y del Consorcio del Puerto.

Si bien dirige su pedido al juez Walter López da Silva, quien subroga el Juzgado Federal N°2 de Gabriela Marrón, estima que la resolución debería ser “analizada y considerada” por esta, quien “en escasos días se reintegra a sus funciones”.

Martínez autofesteja sus frustrados convenios unilaterales con las multinacionales petroquímicas: “Puede observarse sin mayor esfuerzo la permanente actividad desplegada por este Ministerio Público en lo que hizo a la celebración de acuerdos conciliatorios con otras partes del proceso y demás medidas precautorias, tendientes al restablecimiento de la situación ambiental del estuario bahiense”. Se adjudica “un resultado altamente positivo” respecto al polo “a excepción de a quien hoy se imputa (ABSA)”.

Recuerda que dichos expedientes fueron revocados por la Cámara Federal y no pierde estima al mencionar su incapacidad para lograr que las empresas contaminadoras se hagan cargo de la construcción de una planta de reúso clocal, la cual “claro está, permitiría alcanzar un alto y satisfactorio grado de excelencia como remediador de los daños”. Según el fiscal, esto “no debería quitar mérito a la enorme inversión que importaría la ejecución de las propuestas homologadas y su innegable efecto colectivo”.

Insistió en que su Fiscalía no podía llamar a indagatoria a los funcionarios contaminadores mientras oficiaba de “mediador” y se mostró “desconcertado” por la decisión de los camaristas de terminar con la medida cautelar que debía frenar o, al menos, mitigar la continuidad del daño al estuario.

En el caso de ABSA, Martínez afirmó que su propuesta “no resultó superadora del conflicto” y por ello avanzó con el llamado a indagatorias. “Se justifica la intervención represiva estatal pues se ha comprobado que ABSA, ha vertido a lo largo de los años, al menos desde el inicio de la presente investigación residuos cloacales sin la debida filtración -siquiera mínima- en dicha geolocalización, en claro atentado contra la salud pública de nuestra comunidad”.

El fiscal propone a la jueza que cite a los directivos de la empresa provincial a ejercer su defensa respecto al delito previsto por el art. 55 de la Ley 24.051, el cual reprime al “que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

Entre lo vertido por ABSA a la ría, Martínez resaltó “el potencial patogénico, no solo de la bacteria Escherichia Coli sino también de otras cepas perjudiciales para la salud (vibriones, cólera). Al ser arrojados dichos materiales al medio acuífero se dañó el medio ambiente así como la salud de las personas habitantes de la región y la degradación de los organismos vivos que allí se desarrollan, vulnerándose palmariamente el derecho de rango constitucional de las personas al medio ambiente sano”.

El planteo considera la eventual responsabilidad de “los funcionarios autorizantes o fiscalizadores o bien los ejecutores materiales del delito” y recuerda que “el funcionario que no ejerce los actos propios de poder de policía, otorgando o renovando certificados ambientales, presta colaboración necesaria para la comisión del delito”.

Los citados son: Raffaele Sardella (presidente desde el 12/5/17 al 18/2/20), Luis Juan Bouzon (vicepresidente desde el 12/5/17 al 16/5/18), Alejandro Emilio Marchionna Fare (vicepresidente desde el 17/5/18 al 18/2/20), Germán Ciucci (presidente desde el 19/2/20 al 13/10/21), Diego Menéndez (vicepresidente desde el 19/2/20 al 4/10/20), Roberto Walter Rojas (vicepresidente desde el 5/10/20 al 13/10/21), Carlos Roberto Blanco (presidente desde el 14/10/21 al 17/7/23), Carlos Alberto Coronel (vicepresidente desde el 14/10/21 al 17/7/23), Matías García (director titular desde el 12/5/17 al 17/7/23), Horacio Daniel Pascual (director titular desde el 12/5/17 al 17/7/23) y Héctor Hugo Domínguez (director titular desde el 12/5/17 al 17/7/23).