Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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La ex concejala (FpV) Gabriela Bustos será juzgada por los delitos de falsificación de documento público, uso de documento público adulterado y fraude a la administración pública. Es por la utilización en beneficio propio de pasajes de transporte del Hospital Penna durante 2011, cuando era empleada administrativa en Región Sanitaria I con funciones en el área de asuntos legales del nosocomio.
Los jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Pablo Hernán Soumoulou y Guillermo Alberto Giambelluca rechazaron planteos de la defensa y ratificaron la elevación a juicio firmada por la jueza de Garantías Gilda Stemphelet.
La causa se inició a fines de 2011 a partir de la denuncia formulada por el director del Hospital Penna, César Comezaña.
Stemphelet acreditó que desde el 11 de enero y hasta el 1 de diciembre de aquel año se utilizaron una serie de Formularios de pedidos de prestación de servicios, otorgados al Hospital Penna, para cargar en cuenta corriente del Ministerio de Salud provincial, “previamente sustraídos de la oficina administrativa de la Dirección (…) presentándolos luego en la empresa prestataria del servicio, Transportes Plaza S.A.C.”, la cual extendía posteriormente boletos para viajar a Buenos Aires.
“En dichas circunstancias de tiempo y lugar se ha falsificado la firma inserta en los mismos, estampando la rúbrica del Director del Nosocomio, Dr. César Comezaña; para de esa manera obtener los mentados pasajes y con dicho accionar y ardid desplegado, haber provocado un fraude engañando a la Administración Pública, quien, como consecuencia de ello, resultó perjudicada patrimonialmente por el pago efectuado de los pasajes emitidos en beneficio de la autora, como a favor de terceras personas no autorizadas”, aseguró la jueza.
El abogado Gustavo Giorgiani había planteado la nulidad por entender que se había vulnerado el derecho de defensa de Bustos para quien solicitaba el sobreseimiento.
Hace cuatro años que el escritor y actual delegado de escritores y escritoras en el Consejo Consultivo del Instituto Cultural Omar Chauvié comenzó a organizar, junto a otrxs, una serie de actividades que, desde hace tres, se realizan bajo el nombre de Ciclo Tímico.
“Comenzó con el propósito de retomar la modalidad de las lecturas pero siempre ligada a distintos proyectos que tengan que ver con la producción poética en general. Entonces, el eje ha sido poesía y edición independiente”, aseguró a FM De la Calle el docente.
“Se trata de poner atención a un fenómeno que es histórico, pero que es una cuestión sobre la que se viene reflexionando hace no tanto tiempo y que tiene que ver con el lugar que tiene la mediación editorial. Es decir, en el resultado final que tiene el libro hay una parte de sentido que tiene que ver con el trabajo editorial”, reflexionó.
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Tal como informamos ayer, la dirección del Hospital Penna decidió, sin dialogar con trabajadorxs ni profesionales, modificar la disposición de pacientes por grado de complejidad, en lugar de por servicios.
La secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Viviana Marfil, dijo a FM De la Calle que “es muy grave porque los fundamentos del doctor Comezaña, (director de la institución), son las necesidades de cama. Las mismas 20 habitaciones que venimos denunciando que están clausuradas hace más de tres años porque no arreglan sus baños. Ahí tiene las necesidades de las habitaciones”.
Además, la dirigente aseguró que “aparte (Comezaña) habla de cuidados progresivos. Se debe realizar en acuerdo con el personal médico, el de enfermería, el de limpieza. Y el único lugar que tiene el requisito de cuidados progresivos es la Patrulla. Es un lugar donde se atienden los pacientes inmunodeprimidos. Es un paciente oncológico, con HIV, trasplantado, entre otros. El trabajador tiene una capacitación muy importante”.
Por otra parte, preocupa el contexto en el que se anunció la medida. Según la titular de la organización sindical, “esto está pasando a cinco meses de terminar su gestión”.
ATE denunció hace dos años la presencia de asbesto. “Vino la Superintendencia de la Oficina de Trabajo y certificó lo que nosotros decíamos. Certificó lo que veníamos diciendo de los residuos patogénicos que es más grave, están depositados es bolsas rojas y se está generando un foco de contaminación ambiental para el propio hospital, para las escuelas de alrededor y para la comunidad”, finalizó Marfil.
Por otra parte, profesionales que desempeñan su labor en el nosocomio también manifestaron diferencias con la gestión saliente.
Pablo Acrogliano, de la Asociación de Profesionales del Hospital Penna, aseguró que “estos cambios están enmarcados en una decisión política tomada desde hace varios años por la dirección del Hospital. Una modalidad de atención que se llama de cuidados progresivos. Los pacientes dejan de pertenecer a los Servicios para ser atendidos por niveles de complejidad”.
Para lxs profesionales, “si uno lo mira, se sienta y lee lo que son los cuidados progresivos uno podría estar de acuerdo porque se optimiza, no sólo los recursos humanos, sino también el recurso edilicio y material del Hospital. La pregunta es si el hospital está en condiciones edilicias y de personal para poder sostener esto”.
Por otra parte, el neumonólogo explicó que “hemos vivido en carne propia esto cuando desarticularon el servicio de neumotisiología. El tema es que la transición se viene haciendo de una manera poco articulada. Más bien se impone. Ustedes piensen que cambiar una estructura de pensamiento cuesta mucho”.
Acrogliano sostuvo que “esto va más allá del servicio de Patrullas. Pasó con oncología y pasó con neumonología. La pregunta es si ediliciamente hoy el hospital está en condiciones de hacer esto. La respuesta es: basta venir y ver el hospital”.
Finalmente, el médico indicó que “no sirve tomar decisiones con un portazo. Esto hay que charlarlo. Hay que trabajar con el personal y con los enfermos (crónicos) que se ven totalmente desvalidos ante estos cambios bruscos”.
El viernes pasado tuvo lugar en el Concejo Deliberante una reunión entre docentes sindicalizadxs en SUTEBA y legisladorxs bonaerenses. Participaron del encuentro Santiago Nardelli, Héctor Gay, Nidia Moirano y un representante de Marcelo Feliú.
“Ninguno da respuesta al problema de fondo que no es ninguna novedad”, aseguró en diálogo con FM De la Calle Monserrat Gayone, integrante del gremio docente. “Lo que cruzaba la reunión del otro día es ir a decirles a los legisladores que desde el 3 de enero del 2012 rige un decreto de restricción en materia de recursos humanos en la administración pública provincial”, agregó.
Lxs trabajadorxs observan la creación de “un macabro sistema administrativo que va desglosando las altas, se elevan rápidamente a La Plata, de la decisión del gobierno de pagar. Es una restricción que no cumple con la Constitución, ni el Estatuto del Docente, ni con ninguna ley ni con el derecho humano de nadie”.
La dirigente aseguró que la política administrativa “pasa por encima de todos los derechos para crear un efecto que se ve en los números, que es que en la provincia desde el 2011 están subejecutando el presupuesto”.
Las autoridades del Hospital Penna definieron modificar criterios de distribución de pacientes. Para el próximo miércoles, según denuncia la organización Ayuda al Leucémico (AYUDA-LE), se “cerrará el servicio de Patrullas”.
Se trata de “un sector de aislamiento para aquellos enfermos que están inmunodeprimidos”, dijo a FM De la Calle María Teresa Caporicci, presidenta de la ONG. “También es utilizado a veces para trasplantados. Es de aislamiento pero puede estar un familiar en ese momento acompañando al paciente. Es muy importante que eso siga funcionando”, aseguró.
Por otra parte, la vocera de la institución agregó que “la dirección del Hospital dice que va a haber un cambio y se va a distribuir por áreas, no de patologías general, sino por complejidad”.
Consultada por la continuidad del trabajo de asistencia que realizan en caso de concretarse la medida, Caporicci sostuvo que van a “estar siempre al lado de los que nos necesitan. Pero creemos que no es bueno para el paciente estar al lado de personas con otra patología”.
A través de redes sociales, diferentes personas expresan su rechazo a la planificación de la dirección del hospital y convocan a realizar una concentración mañana a las 9 frente al municipio.
La Comisión Directiva provincial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) definió un paro para hoy. “El sábado 27 fue el día del trabajador estatal. En la provincia de Buenos Aires llevamos conflictos cada año porque no sabemos si va a ser asueto o no, porque el gobernador firma el decreto a último momento, de forma tal que la gente no se entera que puede tomarse el día pese a que está otorgado”, dijo a FM De la Calle el subsecretario interior zona sur de la organización, Gustavo García.
Este año el día de reconocimiento laboral “cayó sábado y tampoco tuvimos respuesta en cuanto a trasladarlo al día lunes para que la gente puede festejar su día con un asueto. Por eso desde la comisión directiva se tomó la decisión de tomarlo igual el día mediante una medida fuerza”.
Por otra parte, para tranquilidad de afiliadxs a esta organización, el dirigente aclaró que “las presentaciones legales están todas cumplimentadas en tiempo y forma”, de manera que el paro se enmarcaría en un derecho constitucional, por lo que no debería haber descuentos.
“El Ministerio de Trabajo de Nación ratificó el acuerdo salarial para el sector de trabajadorxs de Gas y Petróleo. El convenio consta de un 28 % de aumento (en rigor, menos porque es un 16 % en mayo y el 12 restante en octubre). También se modificaron las categorías que implica un 3 % más, una suma fija de $ 2000 en septiembre, una modificación en el pago de las horas en días feriados”, dijo a FM De la Calle el Secretario General del Sindicato de del Petróleo, Gas y Biocombustibles, Gabriel Matarazzo.
A su vez, el dirigente gremial aclaró que en “lo que no hubo acuerdo, pero allí va a trabajar el Ministerio, es que en caso de accidente de trabajo los muchachos no pierdan el cobro de la vianda diaria”.
Para el día de hoy ya deberían normalizarse todos los servicios vinculados al sector, incluso el abastecimiento de garrafas.
Esta mañana el ex titular de la Agencia Ambiental Sebastián Serra, el director de Medio Ambiente Gastón Lucatini y el gerente de Bahía Ambiental Sapem Adrián Saschrgorodsky fueron denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y la posible malversación de fondos nacionales destinados a la erradicación de basurales, los cuales fueron levantados sin el previo control de vectores generando la invasión de roedores en varios establecimientos educativos.
El abogado Leandro Aparicio explicó en diálogo con FM De la Calle que el municipio identificó más de cincuenta basurales -entre minibasuarles medios y grandes (históricos)-, generó un programa de erradicación y asignó recursos para tal fin a Bahía Ambiental Sapem (BAS).
“En los documentos de proyecto, tanto del Programa de Erradicación de Minibasurales como también en un documento elevado a Nación por el cual se recibieron los recursos económicos para levantar los basurales, la Agencia Ambiental estableció como política levantar primero el basural y luego hacer el control de vectores”, planteó el letrado.
Un año después la comuna presentó un informe en el cual concluyó que “levantaron cerca de 14.000 toneladas de residuos procedentes de basurales, significando un 16% de todos los residuos recolectados por la BAS en el mismo período”.
Sin embargo, para Aparicio, “no hay constancia alguna de que se hayan realizado los tratamientos de vectores correspondientes en cada uno de los basurales, ni antes ni después de sanearlos, lo cual sería grave porque no solamente que no se ejecutaron los controles de vectores sino que tampoco en definitiva se gastaron los recursos que eventualmente pudieran estar asignados para esta tarea”.
“La negligencia y la imprudencia, sumado a la irresponsabilidad y la ausencia de una correcta práctica de saneamiento en la gestión de los basurales provocó una gran proliferación de roedores en toda la ciudad, afectando principalmente el normal dictado de clases en aproximadamente cuarenta establecimientos educativos”.
Finalmente, el denunciante afirmó que Serra y Lucatini “mintieron públicamente reconociendo que siempre se hicieron los tratamientos de vectores en cada basural” y que Saschrgorodsky dijo “que BAS realiza la limpieza de basurales y que previamente le avisan a Saneamiento, pero la verdad es que no hay constancia de ninguna comunicación de este estilo”.
El abogado de parte Rodrigo Zeballos Bilbao dijo a FM De la Calle que “ayer estuvieron por Bahía Blanca la mamá y la abuela de Kati y tomamos la decisión de apelar la excarcelación extraordinaria que concedió la juez de garantías” a Daiana Sánchez, única acusada por el crimen de Katherine Moscoso. “También apelamos las pericias realizadas, puntualmente la siquiátrica y la sicológica. Ella quedó en libertad en la tarde, no obstante eso”, agregó el letrado.
De esta forma, “el expediente subió a la Cámara para ser analizada la apelación nuestra”.
La excarcelación dictada no implica la desvinculación de Sánchez del curso judicial. “Sin duda que ella sigue imputada en la causa. Hay que seguir avanzando en este proceso de investigación con muchas pruebas pendientes, como las de laboratorio”, sostuvo el abogado.
Finalmente, respecto de las hipótesis de parte acerca de las responsabilidades en el crimen, Zeballos Bilbao afirmó que tiene “el convencimiento de que en todos los supuestos Daiana no puede llevar a cabo sola el crimen. Hay un tercero que habrá que ver quién es. La causa está en proceso de investigación respecto de ese punto”.
“Hemos podido aprobar los parámetros urbanísticos. Es la posibilidad de subdividir el macizo que la nación había desafectado del Ejército para destinarlo al programa PROCREAR”, dijo a FM De la Calle el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos.
Concretamente se aprobó “la subdivisión en lotes pequeños, acordes a las necesidades de los vecinos. Se estableció un mínimo de frente de 8 metros o 10 metros y una superficie mínimo de entre 230 y 250 metros cuadrados”.
Por otra parte, luego de analizar los tipos de edificación a aprobarse, el cuerpo definió que “solamente se podrán construir viviendas unifamiliares”.
Además, el concejal informó que “se pudo avanzar en un borrador de loteo que alcanza a más de 500 terrenos. Ahora es el PROCREAR el que tiene que presentar finalmente ese plano de subdivisión y a partir de allí avanzar con las obras de infraestructura necesaria para finalmente poder hacer entrega de los terrenos”.
Paralelamente “el área del Banco Hipotecario ya tiene los pliegos preparados para poder iniciar la licitación de forma inmediata. Allí se abrirá un primer registro para que quienes salieron sorteados en el primer sorteo puedan reinscribirse, ya que es necesario saber cuántas son las personas que hoy están en condiciones de seguir adelante con el programa”.
Mayoría calificada
Por otra parte, el titular del órgano deliberativo se refirió a la investigación que evalúa posibles sanciones aplicables al concejal Ricardo Pera por intentar agredir a la abuela de Daiana Herlein, Irma Díaz, y golpear a los ediles Sergio Massarella, Gustavo Mandará y Manuel Mendoza. “En una sesión especial que se fijó ayer, el día 8 de julio cada uno de los concejales deberá haber evaluado los informes para saber si corresponde una sanción o no”, dijo esta mañana.
Consultado acerca de los motivos por los que se definió sesionar sin presencia de público, Mandolesi Burgos arguyó que “los antecedentes que venimos teniendo en el Concejo Deliberante, sobre todo el día de la creación de la comisión investigadora, nos llevaron a tener cierta precaución”. Al mismo tiempo aclaró que “la sesión es pública, los medios de comunicación acreditados previamente van a poder estar presentes y va a ser transmitida en vivo”. Sin embargo, “en cuanto a la presencia de público en general, se decidió que debíamos resguardar el ámbito del Concejo y al personal que allí trabaja”.
Finalmente, el dirigente político destacó el carácter especial de la votación que dirimirá la suerte de Pera respecto de sus responsabilidades en los hechos que se le imputan. “Esto necesita una mayoría calificada. Se necesitan 16 votos. Los concejales no sólo deciden una sanción sino una misma sanción. Pueden ser un apercibimiento, una multa o finalmente la destitución. Hoy tenemos 11 bloques políticos. Es necesario que haya una confluencia de 16 concejales que voten en un mismo sentido. No sólo definir si las conductas del concejal Pera son pasibles de sanción, sino cuál”, explicó.
En otras palabras, en caso de no se consiga el número de votos antedicho, no habría sanción.
“Hace trece años que no tenemos justicia y los responsables políticos de los asesinatos de Maxi (Kosteki) y Darío (Santillán) siguen estando impune” dijo a FM De la Calle Vanina Kosteki, hermana de una de las víctimas de la masacre de Avellaneda.
“En este año en particular tenemos que lamentar de que sean candidatos a gobernador tanto Solá como Aníbal Fernández. Es muy lamentable que los responsables políticos se sigan reciclando y los gobiernos, tanto de Cristina como en su momento el de Néstor, sigan defendiendo y apañando a los funcionarios responsables de la masacre. Desde Duhalde hasta el último responsable de la SIDE que era Soria”, expresó.
Respecto del rol de la justicia, Vanina informó que siguieron presentando “peticiones para investigar. Lo último que hicimos fueron las cadenas de mando y saber quiénes son los que dieron las órdenes para reprimir. Hemos pedido las escuchas y las respuestas siempre han sido negativas”.
A su vez, “ahora ha asumido una nueva fiscal. Nos reunimos la semana pasada con la procuradora general Gils Carbó, y nos ha prometido tratar de tener un diálogo con la fiscal para poder avanzar. Pero nosotros vemos que no hay interés de seguir avanzado”.
Desde el miércoles el Juzgado Federal Nº1 está a cargo del juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. El trámite fue formalizado por autoridades del Consejo de la Magistratura tras la no renovación por parte del plenario del cuerpo de las subrogancias de Santiago Martínez y Claudio Pontet.
Tal como sucedió con la conformación del Tribunal Oral, la llegada de un funcionario ajeno a la corporación judicial a las oficinas que ocuparon alguna vez los jueces del aparato represivo Guillermo Federico Madueño y Jorge Francisco Sutter -luego defensor de genocidas- y, ya en democracia, su buen amigo Alcindo Álvarez Canale, genera expectativas de cambio en las investigaciones que involucran a sectores del poder bahiense.
El flamante titular aseguró a FM De la Calle que está evaluando las causas en las que deberá intervenir, “conociendo a la gente” del juzgado y “con mucho trabajo”. Por el momento prefirió no hacer mayores declaraciones. Leer más
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, apoyó el pedido efectuado por el Consejo de Defensores Generales provinciales en el que solicitan revisar la situación de superpoblación en cárceles y comisarías. En una presentación, la funcionaria reclamó a la Corte Suprema de la Nación que haga lugar a un recurso presentado ante la gravedad institucional de los derechos fundamentales violados.
La Defensora Graciela Cortazar dijo FM De la Calle que “esta fue una presentación que hicimos intentando en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, llevar esta realidad que estábamos viendo de superpoblación carcelaria para ser tratada en el marco de aquel habeas corpus que lleva el nombre de Horacio Verbistsky. Hace muchos años la Corte de la Nación, ante una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), le ordena a la provincia de Buenos Aires que revea, no solamente las políticas carcelarias, sino también la cuestión normativa, y demanda a los jueces no utilizar excesivamente la prisión preventiva. El relevamiento que se había hecho por entonces ponía en severo riesgo de responsabilidad institucional por violación a los derechos humanos a la nación Argentina”.
En esa oportunidad, “lo que hizo la Corte de la Provincia de Buenos Aires fue dejar abierto el habeas corpus del CELS en lo que significaba cumplir con lo que la Corte de la Nación había dicho. Algunas cosas se hicieron”.
Sin embargo, Cortazar expresó que “a lo largo de estos años, después de un primer momento en donde hubo una modificación legislativa favorable y alguna merma en la cantidad de población carcelaria, luego de este primer momento, todo volvió a ser peor”.
Ante esta situación verificada por las defensorías, realizaron la presentación ante “la Corte de la provincia para que vea como desde aquel caso Verbitsky, y no solamente que nada cambió sino que las cosas han empeorado. Un poco en sintonía con lo que ahora planteó la Comisión Provincial por la Memoria”.
La defensora explicó que finalmente la corte provincial respondió que “el fallo Verbistky ha sido cerrado y ustedes tienen que ir por la vía ordinaria en lugar de una acción colectiva”.
Frente a la negativa, “nos fuimos a la corte de la Nación y ahí surge este dictamen (de Gils Carbó) que nos llena de muchísima esperanza porque lo que hace es ordenarle a la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) que se aboque a analizar que esta acción colectiva y resuelva verificar qué es lo que está pasando nuevamente en la Provincia de Buenos Aires con los lugares de encierro”.
En el distrito que ocupa a la Defensoría ubicada en Bahía Blanca “tenemos un observatorio”. Allí se constata que “las únicas intervenciones que el Estado hace es en realizar más espacios para alojar gente. Es cierto que la provincia está interesada en que no se produzcan violaciones o falta de atención de derechos en las cárceles y comisarías. Pero lo cierto también es que, en la medida que los jueces y los legisladores sigan produciendo resoluciones que lleven al encierro, no vamos a poder encontrar una solución porque la superpoblación nos va a volver a superar en estas intenciones de no afectar los derechos de las personas. Lo que hay que bajar son los niveles de prisionización”.
Según Cortazar, “hay que buscar alternativas. El encierro preventivo debe ser usado ocasionalmente y aquí se lo usa como regla. Y esto no solamente es una afectación de los derechos sino que es generadora de reincidencia (delictiva). En este sentido me parece que el Estado se está equivocando reincidiendo en la idea de encerrar como respuesta al conflicto penal”.
El último día de junio de 2014, el gobierno de Bahía Blanca anunció que a partir del primero de agosto de ese año quedaría prohibido el uso de tracción a sangre. La medida afectó a trabajadores y trabajadoras del cartón. Luego de arduas negociaciones al tiempo que móviles policiales ‘acompañaban’ el recorrido de muchxs cartonerxs, el municipio anunció una serie de medidas y se alcanzó un acuerdo con una gran parte de quienes vieron afectada su tarea.
Esta mañana el cartonero Juan Carlos Serrano dijo a FM De la Calle que están “en la misma situación desde hace un año. Con el mismo galpón, las mismas carretas, los mismos baños químicos, el agua que es una manguera sin canilla y la luz. Recibimos unas camperas hace quince días, después de un año de que las pedimos”.
Respecto de las promesas de los funcionarios de gobierno locales, el trabajador afirmó que “no hay guardería, no está el veterinario que iban a poner para los caballos, no tenemos seguro, no nos quieren blanquear, no tenemos nada de nada. De todo lo que habíamos acordado no ha llegado nada”.
Serrano afirmó que desde el gobierno “dicen que todavía no le estamos prestando un servicio a la Municipalidad y que no nos pueden blanquear hasta que no lo hagamos”.
Por las tareas realizadas a partir del mes que viene “vamos a cobrar 500 pesos más”, pasando a recibir $3500 mensuales por persona. En octubre cobrarían otro aumento de $500.
Actualmente trabajan unas 56 personas en el galpón donde se desempeña Serrano. Intentan gestionar una cooperativa para regularizar su situación y generar más oportunidades laborales.
Respecto de las tricicletas que las autoridades municipales ofrecieron como alternativa a la tracción a sangre, el cartonero afirmó que hace pocos días “fueron dos representantes a probarla y no les convenció porque son más chicas que las carretas que tenemos nosotros. Los compañeros no la quieren”.
Willy Traversa es autor y compositor de canciones que plasma a través del formato de banda de rock en sus producciones discográficas. Ahora está “terminando el tercer disco”. Hoy a las 21:30 se presentará en formato solista en el marco del ciclo que organiza todos los jueves la Unión de Músicxs del Sur en el Bar Don Osvaldo del Centro Cultural La Panadería (Lamadrid 544).
Las temáticas que ocupan sus obras son variadas. Entre ellas se encuentran el amor, el vínculo con su comunidad y preocupaciones sociales, ambientales y políticas.
“Villa Rosas es un barrio muy especial. Pasé parte de mi niñez y toda mi adolescencia ahí. Es importante por la barriada, por su club Libertad. Siempre lo visito, tengo amigos y a mi madre allá”, dijo a FM De la Calle, consultado por el “Villa Rosas blues” editado en su segundo disco, Paren.
En esa misma producción, la canción “Paren de contaminar” sintetiza la preocupación de amplios sectores sociales en torno de la contaminación ambiental por la que hoy existen causas judiciales que apuntan a las autoridades de la provincia y a empresas del polo industrial petroquímico. “Es algo que también me preocupa y nos preocupa a muchos bahienses. La tapa es bien representativa. Se ve bien toda la polución de la industria. Quiere significar la contaminación en un polo hiper contaminante. Muchas veces nos olvidamos o nos hacen olvidar”, dijo el músico.
“De ese disco una de las canciones que más me ha llamado la atención lo que produce en la gente es ‘Primero nosotros’. La canción habla de cosas simples. Se marca la diferencia que hay con los Estados Unidos. Está dedicada a la gente que mira más hacia fuera y no observa lo que nosotros tenemos en nuestra tierra”, concluyó.
“Quédese tranquilo Galante, su hija no está en peligro. A ella no le va a pasar nada, a lo sumo no va a ser promovida en su carrera profesional”, dijo a fines de la década del ’70 el actual camarista Néstor Luis Montezanti al padre de la bailarina Anahí Galante. “Fue una profecía confirmada”, recordó desde Nueva York la ex militante de la Juventud Universitaria Peronista al ser consultada por FM De la Calle.
Cuando la represión se acentuó sobre lxs estudiantes de la Universidad Nacional del Sur y comenzaron a caer algunos de sus compañeros, decidió refugiarse en Buenos Aires. Volvió a la ciudad en 1977 y se reintegró al Ballet del Sur. Su padre marino, “peronista y libertario” recurrió a Montezanti, “abogado de las fuerzas armadas”, para saber si su hija estaba marcada por los genocidas.
Néstor Montezanti preside la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y es docente del Departamento de Derecho de la UNS. Fue Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 durante el terrorismo de Estado, tarea que asumió con el padrinazgo del jefe del Destacamento 181, José Osvaldo Riveiro, el ex integrante de la Triple A condenado en Francia y prófugo de la justicia argentina, que afirmó conocerlo nada menos que desde el sangriento 1975. Un año antes, el camarista fue visto en la toma de la UTN bahiense junto a la patota del diputado y secretario de la CGT, Rodolfo “Fito” Ponce.
Estos antecedentes motivaron el pedido de juicio académico en la universidad y el de un jury en el Consejo de la Magistratura. Días atrás el organismo judicial removió a los subrogantes del Juzgado Federal Nº1, Santiago Martínez y Claudio Pontet, por obstaculizar las causas contra civiles imputados por crímenes de lesa humanidad. Si bien el camarista está excusado formalmente en las investigaciones sobre el terrorismo de Estado distintas organizaciones denuncian su influencia.
Esto se evidenció con su intervención directa en la exoneración del juez subrogante Álvaro Coleffi a fines de 2014, acción que motivó una nueva denuncia fiscal ante la Magistratura. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, es el responsable del expediente que cuestiona la capacidad ética de Montezanti para ser juez de la democracia habiendo sido PCI que, de no analizarse, prescribirá en los próximos meses. Lxs trabajadores de la justicia de la Nación que lo denunciaron, entre otras cosas por someterlos a condiciones laborales “humillantes y vejatorias”, ya conocen de archivos.
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