Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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La artista y gestora cultural Patricia Galassi visitó el estudio Heinrich y Loyola de la FM de la Calle. Fue durante la columna de Astor Vitali en el programa En Eso Estamos. En el transcurso de la entrevista la “Tana” habló de los proyectos teatrales y musicales en los que participa, el estreno de su próxima obra, el viaje que realizará a Europa en los próximos días, la debilidad de las políticas culturales hacia los espacios de arte y cultura y las dificultades para el desempeño del trabajo artístico.
“Любо́вь сильне́е сме́рти и стра́ха сме́рти”. “El amor es más fuerte que la muerte, y que el miedo a la muerte”. I.Turguénev (1818-1883)
Los trabajadores y trabajadoras de la cultura lamentan el fallecimiento de la pianista Elena Juc. La maestra nació en Chisinau, actual República de Moldavia.
Estudió en la Escuela de Música Nº2 bajo la responsabilidad de la maestra Tamara V. Popova y en la Escuela Nacional Especial de Música “Eugeniu Koka” dirigida por la maestra Lubov E. Mezhebovskaia.
Luego de su graduación, concursa y gana el ingreso a la Academia de Música Nacional de Chisinau. Allí se forma junto al maestro Sergei F. Besiadynsky y la maestra Olga Yuhno.
Es en esta última institución donde se desempeña como maestra repertorista y acompañante en la Cátedra de Canto Lírico.
En su país natal, fue invitada a trabajar como maestra interna del Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Chisinau (República Moldova) en 1994.
Cuatro años más tarde ingresa a la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca en l que se desempeñó como maestra interna.
Como solista realizó numerosos conciertos en agrupaciones de cámara y líricas. Últimamente se presentó integrando la formación de Eledia Sonans Trío. Colaboró también en otros proyectos musicales.
Nuestra ciudad tuvo el privilegio de contar entre su plantel de trabajadores públicos una pianista de fuste, sensibilidad musical notoria, estudio claro y seriedad profesional
Sus compañeros y compañeras la despiden con dolor. El público también.
(Por Francisco J. Cantamutto) La semana pasada el grupo francés Suez consiguió el fallo contra Argentina, obligando al país a pagarle 405 millones de dólares. El grupo y el gobierno sonrieron ante la decisión.
La prenda de cambio del régimen económico-político de la Convertibilidad fueron las privatizaciones. Éstas permitieron hacer negocios a tres grandes actores del capital: los acreedores financieros (que cambiaron bonos por acciones), a operadores internacionales (que se hicieron a precio de bicoca de empresas monopólicas), y al capital nacional desplazado (que participó como socio local, realizando grandes ganancias retirándose rápidamente). El proceso tuvo una velocidad y profundidad impactante a escala mundial, al quedar casi todos los activos vendidos entre 1990 y 1993. YPF fue la entrega que tardó hasta 1999 en terminar de enajenarse. Muy poco quedó por rematarse. Las privatizaciones quedarán –y con razón- en el imaginario como el cenit del desguace neoliberal.
Las condiciones de las concesiones estuvieron plagadas de irregularidades. Tanto así que sus ventajas terminaron por jugarle en contra al resto del capital. El emergente Grupo Productivo (comandado por la Unión Industrial) reclamó en el año 2001 por una devaluación, pesificación de la economía y cesación de pagos. Y obtuvo, de la mano de Rodríguez Saá y Duhalde, todo lo que quería. La pesificación, en particular, afectó a las privatizadas: mediante la ley de Emergencia Económica, se pasaron sus tarifas a pesos y se las congeló (¡antes estaban indizadas por la inflación estadounidense!), debiendo renegociar los futuros aumentos con el gobierno. En los hechos, con una devaluación de casi el 200% y una inflación minorista de más del 40%, el cambio de 2002 fue un cambio de las rentabilidades relativas entre fracciones del capital: la industria desplazó a las privatizadas.
Las privatizadas desplegaron la presión por diversas vías. A través del FMI, se insistió sin descanso por un reajuste tarifario. Esta estrategia se acompañó por la apertura de juicios en tribunales internacionales contra Argentina: el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial en primer lugar. El gobierno de Duhalde estaba más preocupado por contener las tarifas que por revisar el negociado, por lo que trató de destrabar el diálogo relajando los compromisos de las privatizadas: éstas pudieron incumplir los objetivos de calidad del servicio, de inversión, de contratación de fuerza de trabajo, de abastecimiento, entre otros. A cambio, además, recibieron subsidios del Estado, que se convirtieron en la partida de gasto de mayor crecimiento desde entonces.
Incluso con estos alivios, las empresas mantuvieron la presión, y algunas de ellas (gas y electricidad) obtuvieron en enero de 2003 un aumento del 10%. El acuerdo con el FMI llegó de inmediato, para “garantizar la gobernabilidad”. Sin embargo, había quedado claro que el negocio de las privatizaciones ya no era lo que fue. Quedaba clara la voluntad de sostener un régimen de acumulación donde ya no eran el centro. Muchas de las empresas, europeas en particular, estaban modificando su estrategia de negocios, y se retiraban de América Latina rumbo a Asia. No obstante, mantuvieron los juicios contra Argentina, por si acaso.
El laudo del CIADI
La semana pasada el Grupo francés Suez ganó su juicio en el CIADI, obligando a Argentina a pagarle 405 millones de dólares. Suez había sido una demandante tardía, pues recién en 2006 acudió al tribunal, cuando el gobierno de Kirchner decidió estatizar la empresa, y crear AySA para abastecer de agua y cloacas en Buenos Aires y 15 partidos del conurbano. Se cerraba así la fallida concesión de 1993. La empresa calificó de positivo el fallo, a pesar de que había reclamado una cifra que triplicaba la que obtuvo.
Es justo por ello que el ministro de economía Axel Kicillof no tuvo reparos en afirmar que el fallo le daba la razón al gobierno, porque “no le reconoció el daño moral, no le reconoció la indemnización, lo único que pretendió reconocer es un monto por lo que ellos estiman que eran las inversiones que había que devolver”. Agregó incluso más que “Es un fallo contra la empresa, porque reclamó por todo”, y obtuvo sólo una parte. Aún así, el ministro anunció que el dictamen se apelará. La Procuración Nacional del Tesoro se encargaría de ello, lo que podría dilatar hasta 3 años que el fallo quede firme.
Ya en 2013, otro grupo de 5 empresas (Azurix, CMS Gas, Continental Casualty, Vivendi y National) habían ganado sendos juicios en el CIADI, obligando a Argentina a pagar 677 millones de dólares. En esa ocasión, se optó por pagar con bonos públicos, y obligando a hacer algunas reinversiones. Se alegó que esto destrabaría la llegada de fondos por partes de los organismos internacionales de crédito. Se sabe de otros grupos que avanzan sus juicios en este tribunal, como el Grupo Marsans por la concesión de Aerolíneas Argentinas, que está además asociado a otra calaña de buitres del sistema financiero. Se trata de Burford Capital Limited, un fondo creado en 2009 para financiar juicios corporativos, dirigido por sir Peter Middleton, quien durante 30 años formó parte del Ministerio de Hacienda británico, para pasar luego a ser titular del grupo Barclays Bank. Por cierto, la reapertura del canje en 2010 se hizo a pedido de este banco, junto al Deutsche y el Citibank.
Sin embargo, estos organismos nunca fueron para Argentina una fuente central de fondos. Se trata de una puerta de entrada a una ruta de deuda e inversión extranjera más amplia. Como parte de la “hoja de ruta” que anunció allá por 2010 el entonces ministro Amado Boudou, se trata de pagar y destrabar juicios, para volver al mercado internacional de crédito.
El CIADI es un tribunal que resuelve controversias entre países y empresas extranjeras. Una de las instituciones que deleitó a Michael Hardt y Antonio Negri cuando pensaron su obra Imperio. Tiene, sin embargo, una particular tendencia: en ningún caso ha fallado favor de los países, sino que siempre defendió los intereses de las empresas de los países centrales. Como institución judicial, parece faltarle algo de justicia. Por este motivo, Bolivia, Ecuador y Venezuela se retiraron de ese falso tribunal. Argentina decidió quedarse, lo que no era otra cosa que aceptar futuros fallos en su contra. Se trata de una continuidad en la cesión de soberanía que guarda lógica con las reformas estructurales de la dictadura y los noventa: delegar en tribunales externos decisiones políticas. No sólo el CIADI se encuentra en esta línea de continuidad: de los 58 Tratados Bilaterales de Inversión firmados durante la Convertibilidad, 55 se mantienen en vigencia. Igual que con los canjes de deuda, que mantuvieron la validez de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera, lo que permitió a Griesa su prepotencia.
Resulta de máxima importancia que Argentina se retire de estos tribunales y desconozca su autoridad, si quiere recuperar margen de autonomía política frente a la estafa del capital extranjero. Tentarlo y pagarle para que regrese, no es una política nacional y popular.
(Por Francisco J. Cantamutto) Tras la decisión del Citybank de retirarse del negocio de la deuda argentina, el gobierno ha salido a presionarlo para garantizarse su apoyo en la pelea contra el fondo buitre MNL Capital.
La batalla judicial con el fondo buitre MNL Capital y su juez neoyorquino, Thomas Griesa, no cesa. Tras haber conseguido el año pasado los fallos firmes para cobrar el 100% del valor de los bonos comprados a precio de remate, más intereses vencidos y punitorios, el juez se ha dedicado a trabar pagos todas las veces posibles, de modo de forzar a Argentina a cumplir con su fallo. El mes pasado, trabó al Citybank los pagos de bonos regularizados en los canjes. Lo llamativo fue que estos pagos debían realizarse en Argentina, bajo ley argentina, por la sede local del banco. Es que en esta cruzada, Griesa no reconoce límites a su jurisdicción. Detrás de MNL Capital, hay otros fondos buitres que buscan ganar los mismos privilegios que el juez otorga, reclamando pagos por 5.400 millones de dólares. Se ha denominado a estos buitres “me too” (“yo también”).
El gobierno argentino, que capitalizó políticamente el antagonismo con esta fracción de rapiña del capital (“Patria o buitres”), se ha sostenido firme en su postura de no pagar en estos términos. Esto no deja de ser llamativo, ya que la “hoja de ruta Boudou” que venía cumpliendo a rajatabla indicaba el pago de todas las acreencias y litigios (Club de París, CIADI, Repsol, etc.). Al vencerse la cláusula RUFO a fin de 2014, era esperable que el gobierno buscara un arreglo veloz con MNL Capital, dado que disponía de los fondos. Habiendo transcurrido el primer trimestre del año, queda claro que no es la estrategia elegida por el gobierno, que se ha sostenido firme en su batalla en este frente, a pesar de continuar pagando toda otra deuda –y, hay que insistir, negándose a auditarla.
El Citybank trató de destrabar los pagos apelando la medida en diversas instancias, sin lograr mayores resultados. A fines de marzo, se conoció que la centenaria entidad bancaria había pactado con el fondo buitre que se le habilite la posibilidad de pagar los siguientes vencimientos, a cambio de no volver a apelar y retirarse del negocio de la deuda argentina. Una actividad que le reditúa 17 millones de dólares al año, a pesar de constituir sólo el 2% de sus negocios en el país. De esta forma, abandonaría esta actividad a cambio de ahorrarse problemas.
El ministro de economía Axel Kicillof reaccionó duramente esta semana. “En lugar de plantarse, acuerdan en Nueva York y toman el camino del abandono. Los han abandonado de la Argentina los buitres”, sorprendió en declaraciones el ministro. El increíblemente extraño argumento sería que el Citibank debería ser un camarada en la batalla contra MNL Capital, traicionando su propia naturaleza como conocida ave de presa financiera. El gobierno pretende, continuando con lo que ha sido su estrategia de alianzas hasta hoy, poner buitres (que cobran) contra buitres (que reclaman).
Kicillof señaló que el gobierno está pidiendo ante la justicia que se declare nulo el pacto entre el City y MNL Capital, haciendo nulas todas las acciones que del mismo se derivan. Para ello interpuso una medida cautelar, alegando que el pacto firmado en Nueva York va en perjuicio de Argentina y los propios clientes del City, por afectar tanto la regulación de la deuda pública argentina como los negocios locales. No deja de ser llamativo que el gobierno pretenda que la justicia nacional amplíe su jurisdicción a un trato hecho en el exterior, entre entidades con afinco en otro país. Un fabuloso enredo jurídico.
El City buscó aquietar las aguas, señalando que su decisión de retirarse del negocio fue previa al pacto. De todas formas, sus propios alegatos indican que resultaron posteriores a las resoluciones del juez, indicando que el banco no quiere litigar por este negocio. Señaló que actuó bajo las leyes argentinas en todo momento.
El gobierno argentino ha desplegado un accionar decidido de cumplir sus amenazas. El Banco Central inhabilitó al CEO del Citybank en el país, Gabriel Ribisich, quitándole la licencia para operar en el país. Además, se suspendió al banco como operador bursátil. Le reclama, en definitiva, pagar con lealtad las ingentes ganancias que obtiene.
Al mismo tiempo, ha apelado el fallo ante la Corte de Nueva York. Alega el gobierno que Griesa confunde deuda nominada en dólares con deuda externa. “El juez Griesa piensa que como el dólar es la moneda mundial, su jurisdicción es el mundo”, señaló Kicillof. La deuda en cuestión es deuda doméstica, de acuerdo con su jurisdicción de aplicación, pero nominada en dólares.
Esta misma semana, el gobierno argentino encontró el apoyo explícito de otra gran ave carroñera. El Fondo Monetario Internacional dio a conocer un avance de su Informe sobre Estabilidad Financiera, donde cuestiona severamente la agresividad de los fondos de inversión, que ponen en riesgo al sistema financiero internacional. Pidió por ello mayores regulaciones de los Estados, un reclamo que se empalma de perillas con el proyecto de regulación presentado por Argentina ante la ONU. El FMI, que ya había advertido sobre los hedge funds y ahora incluyó a los fondos comunes de inversión, reclamó por mayor supervisión activa, con más datos y vigilancia. Estos fondos manejan hoy más de 75 billones de dólares, superando todo el PBI del mundo.
El gobierno argentino, pues, no está solo en su batalla. Si bien el camarada Citybank parece querer hacerse a un costado, otros compañeros –como el FMI- salen al cruce. Aislar a Griesa y el MNL Capital es la estrategia. Todos los demás buitres que quieran participar de la cruzada, son bienvenidos.
(Por Francisco J. Cantamutto) Trueque oscuro mediante, Griesa habilitó los pagos de bonos al Citibank, y éste renuncia al manejo de la cuenta argentina. MNL Capital extorsiona, el resto del mundo buitre cobra.
Continuando con el affaire de 2014, el juez neoyorquino Thomas Griesa trabó este mes un nuevo pago de bonos al Citibank por 3,7 millones de dólares, en resguardo de los intereses del fondo buitre MNL Capital de Paul Singer, quien tiene a su favor una sentencia por 1330 millones de dólares. Para que la parodia sea total, no sólo es de subrayar la desproporción entre los fondos trabados y los demandados (lo importante es el gesto, no la magnitud), sino que la medida pretendía aplicar a los negocios del City en Argentina, asumiendo que el juez de Nueva York podía sentar precedente sobre la legislación argentina.
El gobierno argentino amenazó con quitarle la licencia para operar en el país al Citibank si éste obedecía a Griesa. El banco, apoyado por el gobierno nacional, presentó un pedido de excepción para poder pagar, y una medida de no innovar, ambas denegadas por el juez. El City se encontraba atrapado entre perder el millonario negocio en Argentina y hacer caso al juez-buitre, perdido en un fango legal. Es que Griesa está más bien solo en su cruzada.
El Bank of New York Mellon, que también fue trabado el año pasado por Griesa para realizar pagos de bonos argentinos por 539 millones de dólares -y perdió por ello parte del negocio, trasladado al Nación Fideicomiso-, avanzó en las cortes. Obtuvo un fallo favorable por parte del juez británico David Richards, habilitándolo a pagar bajo la legislación correspondiente; esto es, no la estadounidense sino la inglesa. El fallo estuvo presionado por un grupo de buitres de alta talla: Quantum Partners, de George Soros, y los fondos Knighthead Master Fund LP, RGY Investments LLC y Hayman Capital Master Fund LP. El Bank of New York Mellon, usando este fallo británico, ya apeló ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, para pagar a los bonistas. Lo que tenemos es buitres de un lado, extorsionando, y buitres del otro, cobrando.
Sin embargo, el viernes pasado el affaire tuvo un nuevo giro cuando Griesa habilitó al Citibank a pagar los bonos bajo legislación argentina, tanto para los vencimientos del 31 de marzo como los del 30 de junio. El capital financiero que trasladó sus bonos a esta legislación, haciendo uso de lo habilitado por la “Ley de Pago Soberano” de septiembre del año pasado, podrá cobrar. Y el gobierno, tal como desea expresamente, podrá pagar. Y el Citibank podrá intermediar. ¿Cuál es el truco?
Según se desprende de un comunicado del MNL Capital de este lunes, Singer negoció con las autoridades del Citibank –y así quedó expresado en la autorización de Griesa- para que el banco se hiciera a un lado en el negocio del pago de los bonos. El Citibank renunció a volver a apelar ante el juez para poder habilitar pagos, y abandonará el negocio de intermediación de estos títulos públicos. Siendo apenas el 2% de sus negocios en el país, el City no tuvo demasiado problema en ceder esto y ahorrarse los problemas. “Escribimos para notificar a Su Señoría, en vista de los recientes acontecimientos, que el Citibank ha decidido que su filial argentina, Citibank Argentina, desarrolle y ejecute un plan de salida de su negocio de custodia en la Argentina lo antes posible”, se leía en el documento difundido por el City.
MNL Capital y Griesa buscan extender la claúsula Pari passu (de igual tratamiento entre acreedores) a los bonos bajo legislación argentina, de modo de ponerse primeros en la fila para cobrar. Si bien tienen el fallo favorable y firme en la justicia norteamericana, el gobierno argentino ha eludido pagarles transfiriendo la jurisdicción hacia Argentina, Inglaterra y Francia, obteniendo resultados favorables. Incluso la iniciativa de una regulación para reestructuraciones de deuda pública en Naciones Unidas encontró apoyo.
El oficialismo, incluyendo prensa y economistas afines, festeja esto como un logro incontestable. “Argentina empezó a arrinconar a los holdouts”, se puede leer en esta clave. La imagen es desafortunada, por decir lo menos. En un rincón están MNL Capital con Griesa, pero la omisión es que del otro lado del cuadrilátero, Argentina camina acompañada del capital financiero internacional: ya referimos en esta misma nota cómo buitres de escala planetaria (Soros) acompañan al gobierno en su estrategia. ¿Cómo puede resistirse el capital financiero ante un gobierno que dice que lo único que quiere es pagar, “y no lo dejan”? Argentina, declarado desde la llegada de Boudou al ministerio de Economía hace casi 6 años ya, lo único que busca es volver al mercado internacional de capitales; es decir, volver a endeudarse. La estrategia de pagos, a costa de vaciar las arcas fiscales, ha sido la promesa, cumplida a rajatablas, al capital financiero y especulativo del mundo. El avaricioso MNL hace de buitre malo, para que el resto de los buenos buitres puedan seguir acompañando al gobierno argentino.
(Por Francisco J. Cantamutto) El sábado pasado sesionó la convención del partido radical en Gualeguaychú, y resolvió aliarse al PRO de Mauricio Macri, lo que desató la controversia. Las tensiones históricas de la UCR repercuten en las alianzas del 2015.
La convención nacional del radicalismo el año pasado terminó con incidentes y golpes, que salieron a la luz expresando el nivel de desacuerdo interno de la centenaria Unión Cívica Radical. Esta vez dejaron literalmente afuera a la mayoría de sus militantes: mientras congresales sesionaban a puertas cerradas, afuera la Juventud Radical clamaba por ser escuchada. El resultado fue fatídico: por 186 votos a favor y 130 en contra, se aprobó la alianza electoral con el PRO de Mauricio Macri, llevando al presidente del partido, Ernesto Sanz, como precandidato a las primarias abiertas de agosto.
El PRO, en permanente ascenso desde las manifestaciones del 18F, festejó el anuncio: lo coloca como el principal referente de la renovación conservadora de cara a las elecciones de octubre, polarizando con el gobierno. La derecha que gana elecciones y gobierna, el sueño del conservadurismo desde hace un siglo, se ve ahora apadrinado por el partido heredero de aquel movimiento que le arrebató el gobierno a la oligarquía hace un siglo atrás. El PRO había ya logrado atraer a figuras convocantes del peronismo más conservador –como el siempre esquivo Reutemann- y recientemente había soldado su alianza con Ia Coalición Cívica de Elisa Carrió. Sin embargo, tenía un severo problema: la falta de un aparato nacional, que le permita proyectar gobernabilidad hacia el interior del país, donde no cuenta con intendentes ni gobernadores. Esto es lo que le ofreció Sanz en bandeja: un aparato político de escala nacional. Su oferta era menos relevante por los votos del radicalismo –que se dividirán- que por su inserción territorial nacional en el Estado.
Si bien el ex presidente De la Rúa salió a apoyar el acuerdo, alegando un extraño ejemplo de diálogo, esto no repite la Alianza que ganó en 1999. En aquel entonces, si bien con un proceso de tendencial vaciamiento de sus cuestionamientos (reducidos, en la práctica, contra la corrupción), el FREPASO se había formado con los sectores de centroizquierda peronista críticos de las reformas menemistas. A esa centroizquierda, tibia, que quería gobernar, el radicalismo también proveyó del aparato político. Y en la interna, la conservadora línea delarruísta se impuso, y todo su programa con ello. Ahora, la tendencia interna más conservadora –Sanz- encuentra su socio en el espacio de centroderecha ante un gobierno populista. De hecho, en el registro ideológico liberal de esta alianza, “populista” significa avasallamiento de las instituciones, falta de división de poderes, autoritarismo. No en vano, la heroína de la república perdida, Elisa Carrió, se halla a gusto. El arco empresarial más liberal (Sociedad Rural a la cabeza) ha saludado esta reunión, gustosa de saberse con chances de tener revancha en el gobierno.
Perdía así la propuesta de Cobos, de darle al partido un programa y un candidato, y luego salir a negociar con quien fuera. Aunque su prioridad era el moribundo FAUNEN –con la mitad de sus fuerzas ya en la diáspora- no descartaba alianzas con Sergio Massa. Su argumento no era ilógico: reforzar cierta coherencia ideológica con fuerzas más cercanas (PS y GEN a la cabeza). Figuras fuertes del partido como Gerardo Morales y Ricardo Alfonsín apoyaban la estrategia de Cobos. Pero el electoralismo de Sanz tuvo más fuerza: ganar elecciones, aunque sea bajo programa ajeno.
Una parte del radicalismo se sintió defraudado por la estrategia, y no debe olvidarse esto. La Juventud que puertas afuera abucheó a Enrique Coti Nosiglia, alegando que se estaba entregando el partido en bandeja a la derecha. Nito Artaza ya renunció a la Mesa de conducción nacional, y dejó en claro que su opción sería entonces seguir a Margarita Stolbizer y el GEN, más cercanos ideológicamente. El líder del Movimiento Nacional Alfonsinista, Leopoldo Moreau, señaló también que habrá fractura del radicalismo.
Un largo camino de bifurcaciones
Si bien es cierto el derrotero del partido a perder todo rasgo popular, también lo es que conviven en el radicalismo (o en el “pan-radicalismo”) convive más de una dos grandes tendencias ideológicas: una más socialdemócrata y una más liberal-conservadora. La tensión entre ambas ha sido motor de históricos conflictos y rupturas de la fuerza política, por supuesto, ligadas a coyunturas específicas de cada época. Se la conoció con los personalistas y antipersonalistas, se la volvió a ver con la UCR Intransigente y la del Pueblo.
Cuando la ALIANZA tomó la deriva neoliberal más excluyente, uno de los primeros apoyos en retirarse, fue el de una parte del propio radicalismo: fue Alfonsín uno de los líderes de la retirada del gobierno –aunque lo hizo sin dinamitar desde el inicio la relación. El ARI inicial se conformó como una salida de centroizquierda de la UCR. Cuando estalló la Convertibilidad, fue la tendencia más conservadora la que colapsó sin rumbo. Alfonsín, promotor de Duhalde a la presidencia desde el Congreso, ordenó las huestes durante un tiempo. Incluso apoyó a Kirchner en el primer año de gobierno, hasta que en 2004 el santacruceño igualara toda la política de derechos humanos desde el regreso a la democracia, anulando del relato histórico los Juicios a las Juntas y poniendo a Alfonsín en el mismo plano que el menemismo. Pero mientras el radicalismo apoyaba a Kirchner, se produce una escisión por derecha: Recrear, el partido de López Murphy, ¡acusaba de populismo a la UCR!
Una vez producida la ruptura, el alfonsinismo perdió fuerza en la estrategia de acompañamiento crítico al kirchnerismo. La centroizquierda legislativa parecía tener poco rol ante la gestión del kirchnerismo. El ARI empezó a expulsar a figuras más progresistas (Cafiero, Macaluse, Maffei), girando a la derecha. Al interior de la UCR creció el sector que leía al gobierno como una continuidad populista del menemismo. Ángel Rozas, Gerardo Morales y Roberto Iglesias lideraron este cambio, alegando que no había que confundir a la juventud: la UCR es progresista, no es el PC. Cuando esta deriva ganó control del partido, los radicales no liberales, optaron por dos caminos: unos formaron una nueva escisión (el GEN), otros se integraron al gobierno a través de cargos o alianzas (Cobos, Colombi, Brizuela del Moral, Saiz). El pan-radicalismo quedó así desplegado en múltiples órdenes: desde la derecha más reaccionaria (Recrear), una más republicana (ARI), tendencia liberal (UCR oficial), socialdemócrata (GEN), y en el gobierno kirchnerista (radicales K).
Las alianzas que buscó cada tendencia son expresivas de las tensiones. Recrear terminó fagocitado por el pujante PRO poco tiempo después. El GEN se alió con el PS en Santa Fe por 2006, armando el Frente Cívico. La UCR oficial se tentaba entre esta salida, y alianzas electoralistas de distinto cuño: derivó de Lavagna como candidato oficial en 2007 a apoyar a de Narváez en 2009. El radicalismo no lograba poner candidatos propios en la contienda.
Cuando ocurre el “voto no positivo” de Cobos en el conflicto de 2008, una parte de las huestes regresan al partido, y se abre la oportunidad de unificar fuerzas. Así se fue construyendo el FAP, y luego UNEN, uniendo al pan-radicalismo con otras fuerzas: GEN, ARI y UCR se enlazaban con el PS y Libres del Sur. Por este camino fue que lograron ser la segunda fuerza en las elecciones de 2011, aunque muy por detrás del gobierno.
Ahora bien, al reafirmar el kirchnerismo su fuerza propia, el radicalismo volvería atrás sus pasos: si la distinción progresista no le resultaba, había que insistir con la salida conservadora. A nadie engaña que hubo sectores dinamitando el FA-UNEN desde dentro. La salida de Carrió hacia Macri no era la primera corrida a la derecha del pan-radicalismo. Ahora se sumó la conducción de la UCR, dejando nuevamente huérfanos a los sectores socialdemócratas, que otra vez deberán buscar dónde cobijarse. La tensión entre ambas tendencias no es nueva. Quizás la cita de Alfonsín sobre que el partido no debe seguir a la sociedad si ésta gira a la derecha aplique mejor diciendo que no todo el partido ha de seguirla: otra parte lo sentirá como el canto del cisne.
(Por Francisco J. Cantamutto) Un nuevo traspié en la gestión de pagos totales del gobierno nacional: el juez Griesa volvió a trabar pagos de deuda. El kirchnerismo y su inusitado esfuerzo por pagar a toda costa en año electoral.
Año electoral, las tesis simplonas de ciencia política estimarían un automático esfuerzo del gobierno por gastar en ámbitos redituables en votos. Lo que ese análisis no mira es cuando el gobierno busca también ganar el voto del capital. El kirchnerismo, además de los (valiosos) anuncios de aumentos en los montos y universo elegible del PROGRESAR y la AUH, continúa con su política de “pagador serial” de la ilegal e ilegítima deuda externa. Los intentos denodados por volver al mercado de crédito internacional –hoja de ruta Boudou- estás trabados por la avidez de un pequeño grupo de fondos que logra trabar los pagos. El gobierno no ceja en su voluntad de pago, y cosecha los apoyos más diversos: desde G77 + China y la asamblea de Naciones Unidas, a especuladores de alto vuelo como George Soros o Nicola Stock.
La traba actual
Tras quedar firme el fallo de Thomas Griesa el año pasado, el juez neoyorkino ha incrementado su presión sobre Argentina. Aunque hasta el momento no ha tenido logros mayores, la acción del magistrado tiene cada vez menos tapujos en expresar su defensa irrestricta a los intereses de los fondos buitres liderados por Paul Singer. Nuevamente, el juez pretende trabar los pagos a bonos normalizados en canjes anteriores. Por este motivo, Argentina desplazó al Bank of New York Mellon como intermediario, dándole esta potestad al Nación Fideicomisos. Esta vez, la medida de Griesa afectó al Citibank, trabándole el pago de 3,7 millones de dólares por vencimientos del bono PAR a fines de este mes, buscando forzar el default técnico de Argentina. Se trata, a las claras, de otra bravuconada del juez, pues la cifra ensombrece ante los 1.330 millones que el fondo de Singer reclama: no importa el monto en juego, lo que se busca es obligar a Argentina a pagarles en contante y sonante.
Mientras tanto, el fondo buitre MNL Capital continúa apretando las clavijas por donde puede. Recientemente, Noble Energy anunció reevaluación del potencial de las reservas petroleras off shore de las Islas Malvinas. Noble Energy, petrolera con sede en Houston, cuenta con el respaldo financiero de Elliot Managment Corporation y Oz Management, ambas de Singer, y del fondo BlackRock, a través del cual Elliott transfiere fondos, conocido por ser parte de la fraudulenta quiebra de gráfica Donnelley. Pero también participan del negocio el Bank of New York Mellon, Soros, JP Morgan, Goldman Sachs y Shell. El Grupo de Tareas Estadounidense sobre Argentina (ATFA, por sus siglas en inglés) difundió un artículo advirtiendo a la Argentina que si entra en “default técnico”, se pondrían en peligro las inversiones para explotar el yacimiento de Vaca Muerta, nave insignia del proyecto energético del gobierno tras la nacionalización parcial de YPF. Es decir, el futuro energético del país parece estar en manos del capital que el gobierno dice enfrentar.
El Citibank ya solicitó un stay (jerga para la medida de no innovar mientras no se resuelve la causa principal) para poder pagar los próximos vencimientos. Ya avisó que además apelará la disposición, por ser un verdadero contrasentido. Los pagos, si bien en dólares, proceden bajo jurisdicción argentina, sobre la que, naturalmente, Griesa no tiene potestad alguna. Justamente, con este criterio, la justicia británica acaba de darle la razón a George Soros, que demandaba también el derecho al cobro de los bonos argentinos con legislación inglesa. En Bruselas y en Nueva York también hay presentaciones judiciales contra el juez de Singer.
La posición “nacional y popular” del Citibank y Soros, por supuesto, no se asienta más que en sus propios negocios: quieren poder cobrar bonos, y realizar las intermediaciones del caso, cobrando las comisiones correspondientes. El Citi, con más de un siglo operando en Argentina, ha sido un actor clave de la gestión de la deuda nacional: imposible olvidar su rol en la “bonificación” de la deuda con el plan Brady a comienzos de los noventa, y el uso de esos bonos para participar de las privatizaciones. El viejo “socio” del Estado argentino no quiere perderse esta gallina de los huevos de oro, que tanto cuando neoliberal como cuando nacional y popular lo hace parte de sus negocios. Para dejar claro que este acompañamiento debía ser por partes iguales, el gobierno puso al City bajo aviso: si no logra hacer cancelar los pagos de los bonos Par, se vería sancionado, incluso se lo amenazó de quitar las licencias para operar en el país, afectando así sus operaciones locales.
“Griesa se ha convertido una vez más en cómplice del intento de extorsión de los fondos buitre. Y además, en esta ocasión, pretende con otra orden insólita que el Citibank de Argentina y sus directivos actúen en contra de las leyes argentinas”, señaló el Ministerio de Economía a través de un comunicado. “La República reitera que continuará efectuando los pagos de toda su deuda normalmente, en cumplimiento de sus obligaciones legales. Y recuerda que aquellas entidades que operan en el país están obligadas a cumplir la legislación nacional, y que las autoridades locales serán inflexibles en asegurar su cumplimiento” termina el cable, explicando que el capital financiero con interés en participar del negocio en Argentina tendrá que ponerse de su lado. Siendo el sector de mayores ganancias de los últimos 5 años, es dudoso que la banca le quite su apoyo. Menos cuando se advierte con tanta elocuencia: el gobierno quiere pagar todo lo que se pueda pagar.
Ese elusivo objeto de deseo gubernamental
No pocos opinan que se viene un ciclo de endeudamiento fuerte tras las elecciones de este año. La mejora en los indicadores de sustantabilidad de la deuda y su política de pago a rajatabla le han permitido al gobierno ganarse el apoyo de prácticamente toda la comunidad financiera internacional, a excepción de un pequeño grupo de fondos buitres. Cualquiera de los candidatos con mayor intención de voto (Scioli, Massa, Macri) representaría una normalización conservadora que podría aprovechar del saneamiento kirchnerista para volver a endeudar al país.
Si bien este panorama es bastante acertado, tiene el defecto de omitir los denodados esfuerzos del kirchnerismo por volver al mercado internacional de capital. Ese fue el objetivo declarado del canje de 2005, de su reapertura en 2010, del pago al Club de París, a Repsol, al CIADI del Banco Mundial, entre las medidas más sonadas. Boudou declaró al asumir como ministro en 2010 que volver al crédito era su guía, y su ascenso a vicepresidente no parece cuestionar esta guía de acción. El conflicto con algunos fondos buitres ha sido una distracción en esta política coherente y sistemática de pago.
A mediados del año pasado, la deuda total consignada por el gobierno nacional –excluyendo provincias, municipios, empresas públicas y organismos descentralizados- llegaba a los 210.800 millones de dólares. Incorporando las obligaciones contraídas en la segunda mitad del año, la cifra total tendría hoy un piso de 250.000 millones de dólares. Esto es casi un 65% más de la deuda que el kirchnerismo encontró al asumir en 2003. Mientras tanto, se pagó deuda por 190.000 millones de dólares. El gran cambio tiene que ver con los acreedores: el 58% de la deuda está ahora en manos de organismos estatales, que nunca exigirán el cobro. Es decir, se pagó deuda ilegal a acreedores buitres a cambio de desfinanciar el Estado: todos esos recursos podrían haberse utilizado para fines productivos o distributivos. Este ajuste encubierto –se da en contexto de cierta holgura de recursos que esconde el efecto neto- es el que habilita ahora a volver a endeudar el país, ahora con acreedores externos, a los que no se deja de tentar.
Entre el 22 y 24 de abril se realizará en Buenos aires una reunión de organizaciones populares para reclamar por la suspensión de pagos y auditoría de la deuda. Esta demanda bien podría ser acompañada por otros países, no sólo de la región, sino de Europa. Una cosa es clara: éste no es el programa del gobierno.
