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Aborto legal: ¿Qué hacer con la objeción de conciencia?

delacalle Ninguno 2 diciembre, 2020 - 2:29 pm en Feminismo, Géneros, Noticias, Política

El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo del gobierno nacional incluye la objeción de conciencia (OC) de profesionales de salud. La abogada e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Agustina Ramón Michel, analizó en FM De la Calle los alcances de la medida.

«Hay un mal uso y abuso de la OC, por eso no la incluyó la Campaña en su proyecto. El dictamen de 2018 la incorporó de manera individual y prohibía la institucional. El cambio respecto a esa media sanción es que (la propuesta del Ejecutivo) no prohíbe explícitamente la objeción de conciencia institucional pero tampoco la permite. No parecería ser tan problemático que no la prohíba, lo importante es que no la permitan», explicó.

La docente sostuvo que «la objeción de conciencia es la posibilidad de no cumplir con una obligación jurídica, en este caso el profesional de la salud está obligado a realizar una IVE, la OC es la posibilidad de negarse a cumplir la obligación alegando razones morales o religiosas».

«Puede ocurrir que todos los profesionales de una institución aleguen objeción de conciencia. Eso podía pasar también con lo que se aprobó en 2018, la institución no dice soy objetora sino que van todas las personas. Sería una OC institucional informal. Una de las cosas más importantes es ver que se precisen los deberes que tienen quienes objetan, no es admisible que una persona que tiene creencias morales o religiosas diga no voy a cumplir con mi deber de atender a una mujer y además le restrinja la información o no la derive o que objete en el hospital y no en su consultorio», comentó.

De acuerdo a una investigación de CEDES, les profesionales de la salud «no solo objetan por razones morales o religiosas, en muchas oportunidades tienen miedo al estigma de ser ‘aborteros’ en pueblos pequeños o recibir repudio de otros colegas. Ahí hay mucho por trabajar a través de capacitación, de redes, y con eso vamos a reducir la cantidad de objetores/as».

Registro: ¿sí o no?

Michel dijo que «a veces un registro de objetores parece ser la forma de resolver este problema pero lo cierto es que no lo es».

Destacó la experiencia de Santa Fe: «Se trataba de una gestión que había tomado la decisión de dar acceso al aborto por causales y quería usar un registro para entender cuál era la situación en el servicio de salud, cuántos eran los objetores y por qué razones. Con esa información fueron a trabajar a los centros de salud. Algunos objetaban para dar la píldora de emergencia porque decían que era abortiva, el Ministerio hizo una capacitación para mostrar que no era abortiva sino anticonceptiva. Después de las capacitaciones la cantidad de objetores se redujo un 35%».

«Imaginemos este registro en la provincia de Chaco o Tucumán donde no hay ley de salud reproductiva, ni protocolo ILE, donde la ministra dice llamarse celeste. Se va a abrir ese registro diciendo anotesé quien quiera, se van a anotar el 80% del personal por reaccionario, otros por devotos, otros por miedo a quedar fuera y ser señalados como ‘aborteros'», enfatizó.

Insistió en que «el registro en provincias que no tienen políticas de acceso al aborto es un arma de doble filo. De afuera parece una forma de tener cierto control pero en mi opinión no es la solución».

Tierra fértil para el acceso a la salud sexual

«Si esta ley sale, no llega a tierra árida donde está todo por hacerse, ya se viene trabajando en los centros de salud el acceso a la ILE. En todas las provincias hay uno o cientos de profesionales que lo garantizan. A quien objete tenemos que hacerle seguimiento, la institución tiene que insistir y exigir que cumpla con las obligaciones», comentó Michel.

Subrayó que «hay que poner en el centro el acceso, armar espacios para conversar, capacitar, todavía hay profesionales que se imaginan el aborto como algo complejísimo porque se imaginan lo que conocen desde la universidad y no se actualizaron».

«El de 2018 fue el debate legislativo más pedagógico de la historia argentina. No hay dudas de que la despenalización social empezó ahí», concluyó la abogada.

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