Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
Noticias relacionadas
La Corriente Clasista y Combativa se movilizó esta mañana en el centro de la ciudad bajo la consigna “Tierra-Techo-Trabajo”.
Los reclamos principales son la Emergencia Alimentaria, el aumento de cupos de Salario Social Complementario, el aumento en el salario de las cooperativas que dependen del Estado, la Emergencia en Adicciones y la Emergencia Agripecuaria.
“Tenemos problemas con las salitas médicas, no hay médicos, no hay pediatras. Este gobierno nos trató de vagos y planeros, los invito a que vean los talleres que tenemos y los merenderos”, dijo a FM De la Calle la coordinadora de la CCC bahiense Marisa Ganio.
El Centro Mandela denunció que integrantes de comunidades originarias de Villa Río Bermejito (Chaco) son obligadas a tener relaciones sexuales a cambio de bolsones de alimentos que entrega en Ejército.
Rolando Núñez informó a FM De la Calle que tres mujeres testimoniaron en el marco de una asamblea que el organismo de derechos humanos realizó el fin de semana largo de Semana Santa.
“Una me contó que si no hacia eso no recibía las cajas alimentarias. El segundo testimonio fue similar y después vino el testimonio de una criolla que dijo que lo hizo una vez, que habló con su pastor y que le dijo que no tenía porqué hacer eso y que las cajas se las debían dar igual”.
Nuñez expuso la situación en una radio local y “se produjeron devoluciones por whatsapp. Cuando desgrabamos el reportaje y lo subimos a la página web, empezaron a venir comunicaciones de Sauzalito, en lo profundo del Impenetrable pero no con el Ejército sino con algunas ramas del sector político y municipal- Y en Nueva Pompeya nos dijeron que ocurría del mismo modo que en Sauzalito pero para conseguir trabajo. Esas comunidades son vulneradas hace décadas, son comunidades enteras que están desprotegidas”.
“Del poder político nadie se comunicó con Centro Mandela, del Poder Judicial tampoco. Anoche se presentó una persona del Ejército para conversar este tema. Si me van a tomar testimonio que sea por escrito, que venga con DNI, con acreditación de pertenecer al Ejército, con nombre de superiores y vamos a filmar la entrevista. No sé si era o no del Ejército Argentino. Calculo que deben estar investigando”, finalizó Nuñez.
A principios de mes el Municipio clausuró los carritos del Parque de Mayo destacando algunas falencias en los locales e inconvenientes con los permisos de venta de bebidas alcohólicas.
Horas después concesionarios y entidades públicas que alquilan los comercios se reunieron con el secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni, quien afirmó que pretenden hacer nuevas licitaciones para “embellecer” el lugar.
“Nos quieren sacar a todos, prohíben a las instituciones renovar contratos con nosotros, la mayoría dicen que están ilegales porque no tienen contrato y son ellos los que no se los dan. Entonces no se puede tramitar ni habilitación ni ReBA ni nada de lo que exige la Municipalidad”, comentó a FM De la Calle Adriana González, administradora de “Negro el 11”.
“La Municipalidad se lo da a las instituciones y ellas lo alquilan a los concesionarios. La nuestra es Patronato de la Infancia pero también está el Hospital Municipal, Ayuda-Le, Hogar del Anciano. Pagamos un alquiler mensual y renovamos contrato todos los años, lo que exige la Municipalidad. Sin eso no podés hacer ningún trámite”, señaló.
Por Ruta 3, a casi cuatro horas de Bahía Blanca, se ubican Barker y Villa Cacique. En ambas localidades viven unas cuatro mil personas que dependen de la cementera Loma Negra, la cual amenaza con despedir a 265 de sus 330 empleados.
“Esto que nos vienen a proponer como alternativa es un suicidio, lo que le decimos a Loma Negra es que venga y nos mate, que nos asesinen ellos, que nos manden los telegramas”, comentó Martín Isasmendi, secretario general del gremio de trabajadores mineros (AOMA).
Las comunidades nacieron junto con la fabrica a principios de la década del 50. “Dependemos cien por ciento de la cementera, toda la actividad económica de nuestro pueblo, docentes, todo el comercio local”.
“En el 2001 sufrimos el cierre de la empresa y se transformó en un pueblo fantasma, hubo jubilados y algunos vecinos que resistieron e hicieron grupos de trabajo en busca de alternativas laborales para los que habían quedado acá”, comentó Isasmendi.
“La empresa lo que dice es que Barker es improductiva, que la tecnología es vieja. Pero están en valores muy buenos de despacho de cemento. Va a estar cerca de las 12 millones de toneladas en este año”.
El dirigente explicó que “toman esta decisión porque están construyendo en Olavarría una fábrica nueva, esa inversión va a hacer desastres, la venden como una buena noticia pero esa empresa va a destruir otros lugares. Le hemos hecho millones de propuestas, para mejorar costos, logística y no aceptan nada. Desde la Secretaria de Trabajo lo que nos dicen es una decisión empresaria”.
En Benito Juárez funciona toda la cadena del cemento: “Desde la cantera hasta que la embolsamos y se va en los camiones. Y a su vez tenemos este otro producto que se llama filler, es piedra sacada de la cantera y no tiene valor agregado. Eso se va a Cañuelas, mezclan el filler con un cemento de Olavarría y una escoria de Ramallo, lo juntan y después lo embolsan”.
“Es peor dejar 50 empleados que cerrar. Agotan el recurso mineral porque se lo llevan en tren sin valor agregado. Que la vendan, que se vayan si no le servimos pero que dejen el recurso natural para que el que venga a explotarlo garantice los puestos de trabajo. Si quedamos con el filler van a agotar el recurso natural y el día que se termine no queda nada acá”, finalizó Isasmendi
(Por Astor Vitali) Finalmente este martes pudo leerse en el Boletín Oficial la publicación del “Reglamento general para el empleo de armas electrónicas no letales por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales”. De esta forma, según el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, serán utilizadas “en lugares donde solo la aplicación de estas armas [sea] más eficiente y eficaz que las otras armas”.
¿Quiénes podrán utilizarlas? Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval.
Según un informe del CELS, estas armas “sólo reducen la letalidad policial si se las usa en los mismos casos en los que se utilizaría un arma letal, no si su supuesta ‘no letalidad´ habilita que se amplíen las situaciones en las que los policías podrían disparar”. Y aquí surge la primera pregunta: ¿están las fuerzas de seguridad verdaderamente entrenadas para la prevención del delito o son aquellas que descargan su furia a través del abuso de poder visible en cualquier situación barrial donde, por portación de cara, parecen combatir a un enemigo peligroso enfrentándose a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad?
El informe cita un estudio realizado por Amnesty International en los EE.UU que “mostró que de 334 personas muertas por el uso de las Taser entre 2000 y 2007, sólo 33 portaban armas y sólo 4 armas de fuego. Es decir, más del 90% de las víctimas fatales estaban desarmadas”.
La American Civil Liberties Union (ACLU) “también advirtió sobre los riesgos derivados de que las Taser ya no son utilizadas por las policías estadounidenses como un reemplazo del arma letal en situaciones de último recurso, sino como un instrumento de control. Este modo de usar las armas ‘menos letales’ ha llevado a la multiplicación de muertes. Investigaciones realizadas en los EE. UU registraron no menos de mil casos de muertos entre 2000 y 2017 por el uso inadecuado de las pistolas”.
Si en la cabecita de un pibe o una piba de estas fuerzas mal entrenadas y mal pagas, en situación de conflictividad, se les dice ingresa la idea de “no es letal, no es letal, no es letal” es esperable un uso indiscriminado del arma pretendidamente benévola.
Podríamos meternos en mil tecnicismos respecto de las características de las armas, emparentarlas con instrumentos de torturo y otras argucias. Sin embargo, hay un elemento central que nos ocupa y podría reducirse en el dicho popular que reza: “monos con navajas”.
¿Poner a fuerzas de “seguridad” cuya preparación se evidencia deficitaria en su accionar diario a portar armas de estas características quita o suma riesgo a la seguridad comunitaria?
Por ejemplo, si las Taser no pueden ser utilizadas contra embarazadas, personas con signos de intoxicación por alcohol o drogas, personas con padecimiento mental, personas ya arrestadas, esposadas o precintadas, personas que ya recibieron una descarga (no se pueden realizar dos descargas sobre la misma persona), personas a las que también se les arrojó gas pimienta. Una investigación del Home Office del Reino Unido confirmó que la aplicación de una descarga eléctrica con Taser puede generar una combustión química capaz de causar la muerte a quien antes haya sido rociado/a con gas lacrimógeno o gas pimienta, y además nunca se debe disparar al rostro, ya que de impactar en los ojos puede causar ceguera: ¿alguien, con la mano en el corazón confía en el criterio de nuestros milicos para tales sutilezas?
Está bien que haya a quienes les guste ver en este tipo de medidas elementos pomposos de la seguridad ciudadana. Uno percibe más bien la irresponsabilidad de seguir sumando elementos represivos en lo que constituye un hecho de mayor inseguridad pública por falta de garantía de correcta aplicación.
Por otra parte, ¿a quién se combate? En lugar de empezar por cambiar las armas que portan las fuerzas de seguridad habría que tomar inicialmente el asunto de fondo: ¿quién paga a los efectivos y quién compra sus armas.
El problema de la trata de y el narco, en cualquier ciudad, incluida la nuestra, es un asunto de fondo del que nadie quiere conversar seriamente. Mucho menos en los ámbitos de decisión. Cambiamos políticas de seguridad públicas por chiches mortales que, como se saben, serán descargados sobre los sectores a los que ya se les aplicó una política económica letal.
“La empresa se dedica a guardar muestras de hidrocarburos. Eso se guarda durante tres meses por si hay algún problema con el buque cuando llega a destino. Empezaron a almacenar muestras de productos que eran incompatibles. El testimonio de uno de los especialistas de explosivos. Una de las mezclas fue la misma fórmula química con la que se hizo la bomba de la AMIA”, comentó Fernández.
El abogado detalló cómo operaba Camin Cargo: “En el único inmueble que alquiló guardó las muestras, en una habitación había cuchetas para que durmiera el personal de otros lados y, pared contigua, una estantería con estos productos. En la planta alta. Todo eso no podía estar en ese lugar. No podés tener en un barrio, pared de por medio de una familia, en una habitación, sin cartelería, esa cantidad de explosivos”.
“Uno lo piensa desde el punto de vista de la precarización laboral y esto se hizo así para ahorrar plata”, afirmó.
Alejandra trabajó en Lucaioli durante 35 años y es una de las empleadas suspendida desde el 5 de abril cuando la empresa anunció el cese de actividades. “El viernes nos dijeron que la empresa, dada su iliquidez, va a poner a la venta la Gran Barata con productos de todas las sucursales”, comentó a FM De la Calle.
“Desde casa central, Patricios 861, a partir de este jueves se va a empezar a vender todos los productos. No es la primera vez que se hace pero esta vez el destino que se le va a dar será para pagar el sueldo de los empleados”.
“El último sueldo que nos dieron fue el viernes pasado y fueron 2 mil pesos. Nos pagaron en cuatro cuotas el mes de marzo, hay gente que está muy complicada porque alquila, porque tiene hijos chicos que van a la escuela. En mi caso mis hijas ya son grandes y trabajan, mi marido es el que está parando la olla”, señaló.
El total de personas desempleadas de todas las filiales de la firma asciende a más de 450: “Hay compañeros que están desmantelando sucursales para traer los productos a Bahía”.
Si bien no es la primera crisis que atraviesan, es la que en peores condiciones los deja. Según Alejandra, “en el 2001, Lucaioli nos dijo que no iba a echar a nadie, que la fuente de trabajo iba a continuar porque había mucha mercadería en depósito. Esta crisis es la primera que nos agarra tan mal. Es la más grande y se vio venir en 2015 desde que asumió este gobierno que también fue el causante de este descontrol y grandes desmanes”.
“Tengo el beneficio que en noviembre me jubilo, el tema es el mientras tanto. En noviembre dejaré de tener estos sofocones, me da mucha pena que mis compañeros que son jóvenes, que les faltan muchos años para jubilarse y en esta situación está muy complicado conseguir trabajo”, finalizó.
Patricia Bullrich reglamentó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial el empleo de armas electrónicas Taser por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad.
Federico Efrón, coordinador del área Litigio y Defensa Legal del CELS, afirmó a FM De la Calle que “la denominación es arma menos letal porque tiene la capacidad de provocar la muerte. Es menos letal que una escopeta pero es letal”.
“Implica la posibilidad que la fuerza de seguridad en cualquier situación, según este protocolo, pueda disparar estos dos ‘alambrecitos’ que impactan en la persona que van con una descarga que inicia en 50 mil voltios y luego se reduce a 1200 voltios por varios segundos”.
“Este reglamento es muy vago e impreciso y no establece límites claros en el uso, sobre quiénes se puede usar, ni cuántas veces y en qué circunstancias. Ha traído muchos problemas en los países en los que se aplica. Aplicarla en estas condiciones y en Argentina es una mala idea”, comentó.
Según las estadísticas, el uso de este tipo de pistolas multiplica la posibilidad de letalidad. El Comité Contra la Tortura de la ONU señala que el uso puede constituir tortura y por eso llama a que los Estados dejen de utilizarla.
“Al llamarla arma no letal, lo que se piensa es no importa qué hago yo con esto, no voy a a matar a nadie. Quedó demostrado que en Estados Unidos se usó en situaciones donde no correspondía, donde no había un peligro inminente. Eso lleva a un uso indiscriminado”, argumentó Efrón.
En el protocolo publicado en el Boletín Oficial “no está prohibido aplicar una Taser a una mujer embarazada, a un menor de edad, a una persona intoxicada, a ancianos, a personas que han sido rociadas con gas pimienta. Hay estudios que dicen que si se le aplica a una persona que fue rociada con gas pimienta se puede provocar una combustión interna y ocasionar la muerte”.
El CELS presentó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad para corroborar bajo qué condiciones se utilizarían las pistolas Taser y “la única respuesta que tuvimos en febrero fue que ‘no hemos iniciado ningún proceso de licitación de compra'”, finalizó.
(Por Astor Vitali) ¿Qué sería un gran acuerdo nacional? Se arguye en general, en tiempos de crisis, que los oficialismos deben llamar a las oposiciones en pos de evitar los sectarismos y llegar así, a través del diálogo, a un gran acuerdo nacional. Cabría la posibilidad, según este postulado, de que todos los sectores tuvieran la “actitud constructiva” de dejar intereses de lado para llegar a acuerdos programáticos.
Sin embargo, como en la tesis del diálogo, la postura implica un pensamiento anti político, superficial y pueril. La razón de ser de las fuerzas políticas, es precisamente, que los intereses en pugna son contrapuestos e irreconciliables. ¿Cómo podrían dejarse de lado los intereses cuando unos van contra los otros? ¿Qué tienen en común un obrero de la construcción con un empresario apellidado Macri?
“Si al país le va bien a todos nos va bien” es un bobada de dimensiones. Al sector financiero le va muy bien en este país y esto es y sólo es en detrimento de las mayorías. Que a una empresa “le vaya bien”, por poner un caso de economía doméstica, no quiere decir que al conjunto de sus integrantes les redunde en beneficio por igual. Es probable que la renta capitalista sea descollante y, en cambio, los salarios no se vean beneficiados de igual forma.
Podríamos decir “que a la salud le vaya bien”. ¿Qué significa esto? Si está claro que siempre hay al menos dos modelos contrapuestos. Uno que beneficia el negocio de las empresas privadas prestadoras de servicios de salud y otro basado en la inversión pública para el desarrollo de un sistema público de salud. Las dos cosas a la vez, no van. Son antagónicas.
En este sentido, cabe destacar la breve interpelación que realizó el investigador del Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires, Alberto Kornblihtt el sábado a través de una publicación en Página 12. “Los 10 puntos propuestos por el gobierno revelan su ideología de clase y de derecha y son una advertencia para quienes piensen votar a esta gente en las próximas elecciones. Es notable que entre los 10 puntos no figuran la educación, la salud, la vivienda, la ciencia, la tecnología y la cultura. Ni siquiera figura la seguridad, que siempre ha sido el caballito de batalla de la derecha para justificar mayor represión. Seis de los 10 puntos son un ataque directo a los trabajadores, y generan preguntas retóricas, es decir, cuyas respuestas ya conocemos”.
Te recuerdo los puntos:
“Lograr y mantener el equilibrio fiscal”. Bajo el prisma Cambiemos, esto se llama ajuste.
“Sostener un Banco Central independiente en el manejo de los instrumentos de política monetaria y cambiaria, en función de su principal objetivo que es el combate a la inflación hasta llevarla a valores similares a los de países vecinos”. ¿Hasta cuándo con la ficción de la independencia del Banco Central, como si no fuera una herramienta fundamental de la política monetaria?
“Mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones”. ¿De qué exportaciones hablan? ¿Y de integración a qué mundo?
“Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión”. Presidente: ¿por qué no comienza usted por cumplir con los derechos adquiridos de las mayorías trabajadoras y, claro está, por qué no libera a los presos y las presas de carácter político?
“Creación de empleo a través de una legislación laboral moderna”. Léase: flexibilización laboral.
“Consolidación de un sistema federal transparente que asegure transferencias a las provincias no sujetas a la discrecionalidad del Gobierno Nacional de turno”. ¿Qué se los impide?
“Asegurar un sistema de estadísticas profesional, confiable e independiente”. ¿Qué se los impide?
“Reducción de la carga impositiva, a nivel nacional, provincial y municipal y enfocado en los impuestos más distorsivos”. ¿Hablamos de la renta financiera? No lo creo.
“Consolidación un sistema previsional sostenible y equitativo”. ¿Cuántos abuelos y abuelas sobran para que, bajo el prisma liberal, ese sistema resulte “sostenible”?
“Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores”. Sin comentarios.
Entonces uno se pregunta: ¿No son estas cosas las que ya están haciendo y precisamente aquellas que la sociedad no se banca más? ¿Qué tipo de acuerdo podemos hacer si en rigor es una invitación pasiva a participar de la misma política que ya se está aplicando? Parece más una bomba de efecto para ganar tiempo que una propuesta política seria.
Siete trabajadores fueron despedidos de la firma Guillermo Simone. Se suman a quienes perdieron sus empleos en Corcel y en la estación de servicio de Axion de Alem y Perú. La misma suerte podría correr la expendedora de combustibles que la petrolera tiene en el acceso a Walmart.
“Simone aduce que como Ford se retira del mercado mundial de la fabricación de camiones, al ver que no tienen reposición de vehículos, llegó al cierre de la sucursal de Bahía. Mas allá del compromiso a pagar las indemnizaciones, son siete familias que se suman a la tanda de despidos”, comentó a FM De la Calle el titular de SMATA, Carlos Moreno Salas.
Agregó que “en Corcel Automotores nos enteramos que hubo algunos despidos por goteo, más los que tuvimos en Axion. Si bien va a volver a abrir porque van a reformarla, Axion se retira del mercado de Bahía Blanca, la cantidad de trabajadores que había era para cubrir un mínimo, cuando deberían ser 18 o 20. Los despedidos podrían ser reincorporados (por los nuevos dueños)”.
“La que está al ingreso de Walmart puede cerrarse. Por comentarios sería gente de Bahía (la que la adquiriría) no sé si con la idea de seguir el rubro o no”.
En cuanto a la situación general de la industria automotriz, que acumula varios meses de caída de ventas, despidos y suspensiones, Moreno Salas opinó que “a esta altura mucha expectativa no hay porque no creo que modifique, por más que el gobierno esté llamando a un acuerdo social, a los fines de comprar tranquilidad. Era algo que debería haber hecho al comienzo de su mandato si realmente quería definir las políticas de Estado”.
Finalmente destacó su apoyo a la candidatura a intendente de Federico Susbielles: “Me parece que es un hombre que tiene capacidad por el trabajo que realizó en el PAMI como en la Confederación Argentina de Básquet. Tiene la voluntad de querer manejar una ciudad como Bahía”.
A partir de un pedido de Acceso a la Información a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, las periodistas Sandra Crucianelli y Mariel Fitz Patrick pudieron acceder al contenido de los 9 decretos secretos emitidos durante la última dictadura que hoy fueron desclasificados y publicados en el Boletín Oficial.
“El contenido va desde arrestos de personas, hasta las prohibiciones de argentinos para salir del país que en muchos casos significaban una condena a muerte”, comentó Crucianelli a FM De la Calle.
Las periodistas continúan analizando 1483 documentos reservados. “Este gobierno que se dice tan transparente, hace una alharaca de que comparten datos abiertos pero cuando le pedís data te lo entrega en formato cerrado que si vos no contás con el recurso humano contar 1483 celdas es muy difícil”.
Los difundidos hoy, son nueve documentos, uno de los cuales corresponde al año 1976 y lleva la firma del genocida Jorge Rafael Videla. Allí insta a que el “Comando en Jefe del Ejército (…) proceda a la adquisición de los elementos que garanticen el desenvolvimiento eficaz de las operaciones antiguerrilleras”.
Otros cuatro decretos fueron firmados por Lepoldo Fortunato Galtieri y estaban vinculados a la instrumentación de la Guerra de Malvinas y la compra de armamento.
Finalmente, otros cuatro documentos llevan la rubrica de Reynaldo Benito Antonio Bignone, en uno de ellos se habla de la “la necesidad de estrechar vínculos con los países árabes fomentando las relaciones diplomáticas, comerciales y la cooperación bilateral, en especial a partir del apoyo brindado a nuestro país en la cuestión Malvinas”.
En otros dos se celebra un contrato con la firma Astilleros Ministro Manuel Domecq García S.A. para la construcción de submarinos y, en el último, Bignone establece que “el Comando en Jefe del Ejército – Jefatura II – Inteligencia actúe, directamente o a través de sus dependencias, como proveedora de bienes o prestadora de servicios de seguridad para entidades estatales”.
Crucianelli destacó que “no se puede continuar la revisión histórica de estos procesos porque Argentina mantiene en secreto muchas disposiciones de los militares. La mayoría de los países cuando se cumplen 30 años liberan todo, a menos que algún tema este en curso. Ahora los temas que están cerrados, ya eso debería estar abierto”.
Imagen: Infobae.
El Gobierno Nacional impulsa un proyecto de reforma del Código Penal que, entre otras cosas, plantea restricciones al acceso a una Interrupción Legal del Embarazo.
Patricia Bustamante, integrante del grupo de trabajo de Feminismos y Justicia Penal del INECIP, calificó a la iniciativa como “regresiva” y comentó sus posibles efectos a FM De la Calle.
“Actualmente lo que más enfatiza la Corte es que no hay que judicializar, solo es necesario el consentimiento mediante una declaración jurada. El proyecto de reforma no aclara esto, solamente como causal pone abuso sexual”.
Bustamante resaltó que el proyecto crea dos figuras: “Habla del aborto culposo, que en este momento no existe en Argentina y sí existe en muy pocos países como El Salvador y Guatemala que criminalizan el aborto”.
“También crea la figura de lesiones a la ‘persona por nacer’. Hoy el Código Civil, cuando habla del nacimiento de las personas, no le da entidad jurídica al feto. Esto le daría entidad jurídica y una tutela por fuera del cuerpo de la persona gestante. Es muy preocupante porque ni siquiera tomaron en cuenta los tratados internacionales ni la legislación interna”.
“Tenemos una Ley de Fertilización Asistida que en su decreto reglamentario habla de la criopreservación de los embriones. ¿Qué pasaría con esos embriones? ¿Sería un delito si están congelados? Es bastante disparatada además de criminalizadora”, dijo.
Respecto al acceso a la justicia, Bustamante destacó que “teniendo en cuenta las características del caso, el juez o la jueza decidirá las penas. Tenemos una justicia que es sumamente patriarcal, este proyecto le da más poder a los jueces sobre el cuerpo y la decisión de las mujeres”.
Tras el anuncio de la gobernadora María Eugenia Vidal de que el Banco Provincia cubriría la diferencia de las cuotas de créditos UVA que superen el 30% de los ingresos familiares, beneficiarios del programa advierten que aun no tuvieron novedades.
Florencia Ruppel comentó a FM De la Calle que “no hay nada oficializado. Te comunicás con el Banco Provincia en el 0810 y no hay respuesta con respecto a ver cómo tenemos que dirigirnos los tomadores de estos créditos”.
Señaló que en su caso particular “ya toca el 30% del salario pero el agravante es el capital ajustable. Para nosotros es deuda, va a aumentando todos los días. Está la desinformación en cuanto a lo que surge porque nadie menciona cómo aumenta el capital ajustable”.
“Es mucha la gente que queda por fuera del Banco Provincia, que reconoce 17 mil créditos y los tomadores de UVA son 130 mil”.
A propósito de las declaraciones del presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, quien dijo que “la mora en el pago es muy baja”, Ruppel señaló que “no hay mora, porque uno está pagando la casa propia. Lo primero que pongo en el pago es mi casa, después veo si dejo de hacer o comprar cosas. Aparte que van debitados en forma automática, la mora es baja porque hay mucha gente que ni se entera cuánto se descuenta”.
La Conadu Histórica destacó la incorporación de la cláusula gatillo a la negociación salarial pero rechazó la última oferta del gobierno por “insuficiente e inaceptable”.
“En un escenario donde la inflación se cuenta día a día es imposible pensar que vamos a quedar empatados en diciembre, a cobrar en enero”, dijo a FM De la Calle el secretario general de ADUNS, Sergio Zaninelli.
En la tercera reunión paritaria, la Secretaría de Políticas Universitarias mantuvo la propuesta de un 15% de incremento en tres cuotas -5% en junio, 5% en agosto y 5% en octubre- y sumó la revisión automática: una en diciembre a cobrar en enero de 2020 y otra en febrero a cobrar.
Para el gremio la oferta “es muy extendida en el tiempo y no contempla ningún incremento salarial hasta julio de este año. Este proceso sigue afectando el poder adquisitivo de nuestros salarios, desfinanciando nuestras obras sociales y sin ningún incremento a los jubilados. En los hechos, esta oferta supone una nueva reducción salarial en un escenario de altos índices de inflación”.
La negociación continuará el próximo miércoles. En tanto, la Conadu Histórica definirá este viernes la continuidad del plan de lucha.
Sostuvo el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, quien descalificó el reconocimiento que la Dirección de Asociaciones Sindicales otorgó al dirigente Roberto Peidró. “Hubo elecciones el 28 de junio del año pasado y el sector de Peidró y Godoy no se presentó. Impugnaron las elecciones 45 días después y está en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. La cámara no se ha expresado”.
La resolución es totalmente irregular y subjetiva. Deja lugar a sospechas. le da una certificación de autoridades por 90 días. Que es el plazo en el que se tiene que expedir la justicia”.
A nosotros como CTA nos han hecho mil cosas. Es típico de este gobierno que la va de democrático y es antidemocrático. Nos han ilegalizado, sacado del Consejo del Salario. La verdad nos tiene sin cuidado que un funcionario del gobierno de Macri dicte una resolución apócrifa”.
La resolución fue apelada durante la tarde de ayer a través de cartas documentos y recursos de amparo.
“Fue un intento de golpe de Estado que falló y quedó frustrado en el intento”, dijo Modesto Guerrero, autor del libro “¿Quién inventó a Chávez?” en diálogo con FM De la Calle respecto a lo sucedido en las últimas 48 horas en Venezuela.
“Políticamente es una derrota, sin enfrentamiento. Informaron por la redes que habían tomado el aeropuerto de La Carlota, tenían una posición de poder militar, se parece a un golpe pero no era. A los 87 soldados que fueron les dijeron que iban a tomar la cárcel Tocorón que queda a 160 km”.
“Al llegar les informaron que estaban en el medio de un golpe de Estado. Entonces se dividieron, la mayoría se fue a sus casas y unos 23 se quedaron con los golpistas. Esos son los desertores, se quedaron con tanquetas y armas muy poderosas. Listo, eso fue todo y duró 4 horas”, señaló Guerrero.
Respecto al respaldo de Rusia y China a la República Bolivariana Guerrero comentó que “se mantienen favorables a Venezuela, Rusia tiene apoyo militar técnico, físico, de asesores, de entrenadores militares y China le da apoyo financiero y comercial”.
“El problema es político, Maduro no tiene tiempo para sostener la alianza militar mucho tiempo más. Porque son dos potencias, son imperios, los imperios son pragmáticos. Los imperios tienen aliados, no amigos. Cuando EE.UU. le de alguna pieza de concesión a China o Rusia para que suelten a Venezuela, la van a soltar. Ese es el tiempo que tiene Maduro, lo debe aprovechar para despegarse de la geopolítica americana, para enchufarse con Rusia y China”.
En relación a la intervención de Estados Unidos en el conflicto, el analista argumentó que “lo único que tuvieron fue la liberación del jefe de Leopoldo López, que terminó exiliado en la embajada de España aunque lo niegan. Creo que le mintieron al Departamento de Estado y le dijeron que tenían una fuerza militar de su lado, si no no se entiende. Ni la reacción del Departamento de Estados Unidos sin saber que no tenían las fuerzas armadas a su favor. Estados Unidos es malo pero no estúpido, si sabían que no tenían fuerzas militares a su favor, no le hubieran dado el apoyo por los medios de comunición en la Casa Blanca”.
