Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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El colectivo “Hay que seguir andando” realizará el próximo sábado una celebración a la par de los actos centrales de beatificación del obispo Enrique Angelelli, los curas Gabriel Longueville y Carlos Murias y el lacio Wenceslao Pedernera que tendrán lugar en La Rioja.
Los cuatro “mártires riojanos” fueron asesinados por el terrorismo de Estado entre julio y agosto de 1976 por su compromiso con las trabajadoras, los trabajadores y el campesinado de la provincia norteña.
Leticia Batista, integrante del grupo organizador, visitó FM De la Calle y explicó que “la beatificación significa que se ponen a estas cuatro personas como modelo de vida para cristianos y cristianas. Son personas que se comprometieron con otros hermanos de carne y hueso, grupos postergados y excluidos. Sabían que estaban amenazados, perseguidos y siguieron adelante”.
“Con su vida llevaron adelante las motivaciones del Concilio Vaticano II, que proponía una iglesia que está cerca y hace suyos los dolores y sufrimientos de la gente común. En su caso en La Rioja de los años ’70, (Angelelli) hacía causa común con los campesinos sin tierra, con las empleadas domésticas que no eran respetadas en sus derechos. Llevaron adelante la pastoral proponiendo y promoviendo los sindicatos, la tierra para todos y tocaron los intereses de los poderosos”, comentó.
Agregó que “si como cristianos queremos vivir nuestro compromiso con sinceridad, tenemos que reconocer que nuestra iglesia se calló durante la dictadura. La misma iglesia está haciendo sus pedidos de perdón por sus omisiones. Hay un entramado de poder civil, eclesiástico y militar que calló y omitió. Pero gracias a Dios esta verdad pudo triunfar”.
“Ser cristiano no puede pasar desapercibido, tiene que tocar intereses de algunos. Es un sistema económico que mata, dice Francisco, la tierra es para todos, los derechos son para todos y todas”.
La celebración se llevara a cabo el próximo sábado 27 de abril a las 16 en la Capilla Cristo Rey de Malvinas 3105 (esquina Angelelli).
Los merenderos A Puro Corazón, Los principitos y la ONG Mujeres del Sur realizan la tercera campaña “Abrigando Sueños”.
“Estamos juntando para el sábado de 17 a 19:30, en la Sociedad de Fomento del barrio La Falda, sábanas, frazadas, mantas y ropa de abrigo en buen estado. No es lo que sobra, no es caridad. Es abrigar con el alma, esto que está en buen estado te lo comparto desde el corazón, sumamos leche maternizada y alimentos no perecederos por la situación de pobreza que se vive. Vemos el hambre en los barrios”, comentó Vanesa Salinas, parte de la ONG.
Explicó que “son comedores de distinto tamaño, en el del Bajo Rondeau va gente que es de barrios aledaños también, tienen actividades fijas, vienen recibiendo subsidios o bolsas de alimentos de la Municipalidad pero ha crecido tanto la demanda que no dan a basto. Hay chicos que si no van al merendero no comen. En Los Principitos van alrededor de 80. En A Puro Corazón van 120 nenes solamente los sábados y pasan 900 adultos por mes”.
Fernando Daría Roperto dirige la editorial Acercándonos. La misma surgió a partir de una revista originada en Avellaneda a raíz de la iniciativa de estudiantes de publicidad, comunicación social y periodismo. Fueron complementando revistas, libros, radio, tareas de distribución y hasta la gestión una imprenta. ¿Qué les motivaba? La difusión de ideas y un enfoque social.
Corría el año 1997. “El neoliberalismo estaba en auge y se veían muy pocas ideas contrarias reflejadas en los medios de comunicación. Queríamos mostrar abordajes diferentes”, explicó.
Diez años más tarde, el proyecto se cooperativizó.
Uno de los escollos con los que se topa un proyecto editorial es el de la distribución. Un verdadero drama en un país de estas dimensiones. “Más en estos momentos donde el aumento del combustible hace difícil lo que es la logística”. Además, Acercándonos busca trabajar con una mirada federal. Si bien la cooperativa tiene domicilio legal en Avellaneda hay “compañeros que distribuyen en distintas partes del país”. El equipo viaja mucho, participando de ferias y eventos de distintas características. “Nos movemos mucho y tratamos de estar en todos lados donde vamos. Nuestro eje no está en Buenos Aires”.
¿Qué es una editorial?
Con Instagram o sin él, en Twitter o con cartelería callejera (a la vieja usanza), para nuestro entrevistado, la edición de libros sigue teniendo un lugar central en la disputa de ideas, en un contexto de lucha cultural y política. “Las grandes editoriales tienen mayor rentabilidad por su estructura y capital pero son básicamente editoriales que tienen una mirada ideológica y que tienen un rol: son grandes medios de comunicación. Atrás de Santillana está el Partido Popular Español y atrás de éste la derecha española. Son medios de comunicación vinculados con otro tipo de poder. Detrás de eso hay una lucha de ideas y por el poder real”.
Planeta (Random House) tienen “mucho manejo Estado Unidos. Pablo Avelluto, que estaba al frente de Planeta, hoy es el secretario de Cultura. Tienen una función ideológica con un aparato económico atrás que les permite difundir todo lo que editan”.
La lógica de las terceras marcas también aplica a la literatura. Así como en las góndolas los sellos de menor precio y calidad y varios tipos de bebida se llaman distinto pero en su tapa tienen el sello de la bebida cola más importante del mundo, cuando compramos un libro de editoriales medianas o de rubros específicos estamos sumando a la cuenta de las grandes. “Van comprando otros sello”. Es el caso de Alfaguara, sólo para ejemplificar, que pertenece a Santillana.
Como ocurre con la “música independiente”, que puede ser independiente de los sellos grandes pero, al mismo tiempo, también puede reproducir el mismo proyecto estético de dominación, “las editoriales alternativas no necesariamente tienen miradas alternativas o solidarias del mundo”.
¿Hay políticas públicas que arbitren?
Ante estas desigualdades, en la actualidad, no hay políticas públicas que arbitren medidas de fomento y protección de la soberanía literaria así como del derecho al acceso a la edición. “El estado argentino, en su momento, ayudó mucho a las editoriales nacionales y “equilibró un poco la balanza” comprando diez o veinte mil libros. Para la editorial era importante y a su vez una manera de llegar y difundir literatura editada por grupos no concentrados. Llegaban a unas diez mil quinientas escuelas y establecimientos educativos”.
Hoy ese fomento no existe. Y lo poco que compran se los compra a editoriales trasnacionales. “Luchar contra toda esta parafernalia –que hasta tiene su propia cadena de librerías- sin fomento del estado es más difícil todavía”.
Así que, a la hora de comprar un libro, mirar el sello editorial no es poca cosa para saber a qué calesita ideológica se subo uno y cuáles son las reglas del juego.
“Casación dijo que no hay delito y Montezanti no tiene nada que hacer”, dijo a FM De la Calle Dante Patrignani luego de conocer el archivo de la demanda que le impuso el ex espía de la dictadura Néstor Luis Montezanti por el presunto delito de violación de secretos.
El secretario de Derechos Humanos de la CTA recordó que el ex presidente de la Cámara Federal le inició tres causas por denunciar su participación en el terrorismo de Estado.
“Una es la que me inició por el agravio al honor, en el fuero civil. Terminé pagando 105 mil pesos, me embargaron el sueldo. Esto está apelado, queda una instancia en la Corte Suprema. Otra era esta, que es una demanda penal y de haber fallado en contra nuestro terminábamos varios años presos”.
“La tercera causa, que también se la gané, fue por pegar carteles frente a la Cámara Federal. Fue esa famosa causa donde el juez provincial manda a un policía a infiltrarse dentro de la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti. Lo pasan a Ramos Padilla y también falla a mi favor. La única que queda es la del dinero”, comentó Patrignani.
Respecto al Juicio Académico en la UNS que nunca llegó a concretarse, Patrignani recordó que “la Universidad nombró a los jurados pero todos se excusaban y, por último, le llegó la obligatoriedad de jubilarse porque la ley que tenemos ahora lo obliga a jubilarse a los 70 años, y con eso zafó”.
Cabe destacar, además, que Montezanti optó por jubilarse también como magistrado horas antes de que se conociera la sentencia de un jury que se aprestaba a destituirlo. En ese sentido, Patrignani aseguró que hasta último momento el diputado nacional Nicolas Massot -sobrino de Vicente (ex dueño de La Nueva Provincia)- “estuvo presionando a gente del tribunal de enjuiciamiento para que zafara”.
(Por Astor Vitali) Este marte fue el Día Internacional del Libro. Se supone que estos días tienen el objetivo de fomentar la actividad. La lectura es una acción que favorece el enriquecimiento espiritual y la autonomía de las personas. Cuánto más vínculo con lenguaje y con las ideas más rico nuestro universo. Leer nos hace más libres, podríamos decir, en sentido romántico.
Lo que se lee es lo que se publica. Lo que se decide publicar sobre lo que no se decide publicar. ¿Qué se publica y por qué? Es una pregunta válida en un mundo donde los recursos son acotados y la libertad de imprenta está íntimamente vinculada a la capacidad capitalista de llevar adelante las ediciones existentes.
En América del sur, Argentina fue un país destacado por su industria editorial. Borges y Cortázar son dos caras de una moneda literaria que expresó la voluntad de un pueblo que creyó en la cultura como lugar de encuentro y de creación. Las universidades y las bibliotecas populares también expresaban esto.
En el juego de roles sociales, hoy es la industria editorial quien tiene la manija de lo que se lee. Es una industria que está arbitrada para hacer negocios con el estado (sobre todo en materia educativa) y lucrar con producciones “vendibles” hacia públicos acotados.
Luego, por abajo, hay millares de pequeñas editoriales autogestionadas que llevan adelante una labor encomiable, fundamental y necesaria. Si fuera por la “gran industria”, una enorme cantidad de autores y de autoras, es decir, de obras de la comunidad, morirían bajo la guadaña de la censura silenciosa. La indiferencia ante las obras existentes por parte de la industria editorial es más violenta que la explícita quema de libros.
Pero hay un actor fundamental del que poco se habla: el estado. ¿Por qué no hay iniciativas estatales de edición de autores y autoras de su comunidad? Al menos no de magnitud e incidencia masiva. Porque la ideología del libre mercado impera y las autoridades a cargo no consideran que deban intervenir en la palestra editorial.
¿Por qué deberían? Por el viejo y desprestigiado término: soberanía. Si lo que se lee es lo que se publica, esto no puede quedar en manos de un grupo de empresas cuyo objetivo no es social sino lucrativo. La soberanía de lo publicable debe estar en manos de lo público, arbitrado por la voluntad del pueblo que cuenta con herramientas de organización (consejos consultivos, asociaciones civiles, gremiales, etc.) para participar de las decisiones y discusiones de criterios de aquello que debería ser publicable.
Cabe en estas breves líneas hacer mención a una paradoja: ¿Cómo es que, en el ámbito de las ideas por excelencia, es decir, el de quienes trabajan con las ideas, los escritores y las escritoras, se evidencia la mayor incapacidad para organizarse en pos de sus derechos laborales, editoriales y culturales en general? Gran paradoja cuya respuesta honestamente me resulta inaccesible.
En nuestra ciudad, gracias a la lucha de imprescindibles como Julio Tévez (en cuyo nombre pongo la acción, militancia y trabajo de muchas más personas) contamos con una herramienta fundamental como lo es el Consejo Cultural Consultivo. En rigor, importa poco el órgano en sí mismo como ente. Lo que importa es un ámbito de participación directa de quienes trabajan en la cosa cultural con capacidad de disputa de políticas culturales y de recursos materiales concretos para la edición de libros de autores y autoras de nuestra comunidad. Ése es el hecho relevante: la vitalidad de la voluntad popular aplicada a través de herramientas populares. Y su vigencia.
No casualmente, por el año 2016, el intendente Héctor Gay, asesorado por el inminente jubilado Ricardo Margo en el Instituto Cultural, intentó vetar la ordenanza que reglamenta el funcionamiento del cuerpo consultivo. Gracias a la vitalidad de hecho de las asambleas y del trabajo mancomunado entre pares, no pudo hacerlo.
Uno cree que es necesario, además de observar críticamente qué hacen quienes detentan los poderes económico y político, valorar críticamente lo que hacemos comunitariamente. Una valoración crítica de 10 años de trabajo en sentido asambleario, sistemático y efectivo, es necesaria para considerar que no es cierto que nada pueda hacerse y de que, si hay acuerdo y se sale a la cancha, además hay capacidad.
Durante este Día Internacional del Libro habrá actos, discursos y puestas en escena. Sin embargo, los más comprometidos serán los actores que ya vienen trabajando desde abajo, como las editoriales autogestionadas.
Tal vez sea momento de reconsiderar el lugar “alternativo” de estas propuestas para pasar a una ofensiva donde lo marginal sea la miserable política de una industria que nos desprecia como pueblo, como lectores y como sujetos.
La presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Silvia Godoy, destacó que los descuentos en medicamentos anunciados por el gobierno “son una medida falaz”.
“Informamos que se estaban vendiendo 100 mil unidades menos por día entonces la industria farmacéutica implementó el bono de descuento para mover los productos que estaban estancados. Es un anuncio de algo que ya se venía implementando en lo que no hay aporte del gobierno”, comentó a FM De la Calle.
“¿Por qué no se ocuparon de los beneficiarios del Plan Salud?”, se preguntó la farmacéutica. “Es gente en pobreza extrema, es un plan que está abandonadísimo y muchos pacientes no pueden tomar los medicamentos. En Bahía quedamos tres o cuatro farmacias abasteciendo y no sabemos cuándo van a estar los pagos”.
Godoy agregó que “llama la atención la disminución en medicamentos recetados por enfermedades crónicas. Son medicamentos que la gente no los toma porque quiere. (…) Hipertensión, diabetes, son los primeros rubros que cayeron”.
En otro orden, respecto al estudio de la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y de los Productos Sanitarios (ANSM) de Francia que alertó que el consumo de ibuprofeno puede agravar cuadros de infecciones, Godoy explicó que “es un medicamento de uso demasiado masivo, tenemos pocas políticas de salud en cuanto a las publicidades de medicamentos. El medicamento no es una mercancía. No puedo decirte tomáte esto que te vas a sentir re bien. La gente cree que por estar en la tele es inofensivo”.
Profesionales del INTA y el Conicet identificaron 18 agroquímicos en el agua de tres barrios de Pergamino. La investigación fue avalada por peritos de la Corte Suprema de Justicia y ratifica la denuncia que desde hace años vienen planteando las Madres de Barrios Fumigados de la localidad.
Agustina Aller, colaboradora de la agrupación, comentó a FM De la Calle que “en Pergamino, en los barrios periféricos a los campos es directa la fumigación, es indiscriminada. Está el pensamiento retrógrado del matayuyo, que no pasa nada. La última difamación que se da es que las madres están haciendo política con esto, que no está mal porque no hacemos política partidaria sino para que se apliquen medidas a largo plazo”.
En los últimos días la Policía Federal realizó varios allanamientos para secuestrar elementos que son utilizados para fumigar a pesar de la prohibición establecida por una medida cautelar.
“Acá el agua viene de las napas, se sabe que la contaminación del suelo pasa a las napas, el agua se sigue tomando igual y siempre se supo que tenía arsénico”, comentó Aller.
Sabrina Ortiz, una de las madres de la organización y quien lleva adelante la denuncia por la presencia de agroquímicos en la sangre de sus hijos, recibió amenazas. Aller destacó que “desde que empezó a visibilizar esta problemática hay una campaña sucia a través de punteros políticos, ahora dicen que son mentiras las fotos de los niños, las cuales fueron publicadas con autorización de las madres”.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, archivó por inexistencia de delito la causa seguida al docente de la Universidad Nacional del Sur, Dante Patrignani, quien fuera denunciado por el ex camarista federal y docente Néstor Montezanti por el presunto delito de violación de secretos.
Según la denuncia del ex PCI, Patrignani pegó una serie de afiches donde se veía al ex magistrado luciendo una gorra militar, valiéndose para ello -de acuerdo a la denuncia- de información reservada que daba cuenta de la pertenencia de Montezanti a la inteligencia militar durante el terrorismo de Estado.
Casación hizo lugar a los recursos presentados oportunamente por el Ministerio Público Fiscal y la Defensa contra el fallo de la Cámara Federal bahiense que había revocado por prematura y contraria a derecho la resolución del juez de primera instancia.
El magistrado interviniente había considerado que la documentación de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino utilizada como fuente de información para la elaboración de los afiches no era de acceso restringido ni secreto para la mayoría de las personas y dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.
El juzgado había considerado que la documentación de la Dirección General de Inteligencia del Ejército utilizada como fuente de información para la elaboración de los afiches no era de acceso restringido ni secreto.
El fallo de Casación se refirió a la arbitrariedad alegada por los impugnantes y, en efecto, hizo lugar a la pretensión. Señaló que la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca no debió soslayar la inexistencia de delito sostenida por el titular de la acción pública, basada en que “la propia Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino informó que la documentación no posee la clasificación de seguridad que prescribe el artículo 16 de la ley 25.520”.
En esa línea, agregó que “si bien es sabido que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos, existe el deber de pronunciarse sobre los puntos propuestos en cuanto sean decisivos o relevantes en el pleito, puesto que la falta de pronunciamiento con respecto a estos puntos trae aparejada la nulidad de los decidido por falta de fundamentación”.
El origen de la causa
En primer lugar, Montezanti demandó en sede civil a Patrignani por ventilar su participación como personal civil del Ejército durante la última dictadura.
Al momento de contestar la demanda por difamación, el profesor explicó que el ex camarista era Personal Civil de Inteligencia, y fundó su afirmación con una fotocopia del legajo personal del Ejército, con información en ese sentido.
“De modo que mediante los afiches, se había dado a conocer un hecho verídico en libre ejercicio de su libertad de expresión y su compromiso con los derechos humanos”, afirmó la defensa del demandado.
A raíz de ello, el ex magistrado -constituido como querellante en la causa- denunció penalmente al profesor y su letrada por violación de secretos, al considerar que la primera hoja de su legajo personal implicaba develar información reservada.
Libertad de expresión
El fiscal general Javier De Luca dictaminó en el expediente cuando subrogaba la Fiscalía General N°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal. En su presentación había solicitado que se hiciera lugar a los recursos de casación interpuestos por el MPF y la defensa.
Entre sus argumentos sostuvo que si no existe delito, tal como lo había manifestado primeramente el fiscal de instrucción y luego confirmado el juez de esa instancia, no existe acción penal posible.
En este sentido, agregó que aquellas medidas que se consideraron pendientes de realización con el fin de dilucidar la cuestión de fondo presentadas por el denunciante “resultan innecesarias y no logran conmover los argumentos del Ministerio Público Fiscal, que fueron recibidos por el juez de instrucción al archivar las actuaciones por inexistencia de delito”.
Es que el documento de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino, por el cual se denunció al docente por violación de secretos, no era una información secreta, lo que impedía que se configurase uno de los elementos esenciales del tipo penal. El demandante trabajó para el Ejército Argentino y ello constituye información de interés público cuya divulgación queda amparada por la libertad de expresión.
“Cualquier limitación al acceso de información y documentación podría obstaculizar una investigación completa y, por ende, impedir el esclarecimiento de los hechos, el juzgamiento y la sanción de los responsables”, había dictaminado De Luca.
El representante del MPF había agregado que el informe en cuestión, presentado en la causa civil, no era suficiente para atribuir responsabilidad penal, en tanto de ese modo se estarían limitando los derechos al acceso a la información y el debate público de cuestiones de interés general como “garantía del sistema democrático”. El documento de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino no posee la clasificación de seguridad que prescribe el artículo 16 de la ley 25.520, lo que imposibilita la violación de algún secreto. Así las cosas, el fiscal general consideró que el expediente debía ser archivado por inexistencia de delito.
“Uno de los capítulos importantes de la ley es la creación de un observatorio del libro y la lectura. Por otro lado, la industria del papel en la Argentina está monopolizada, ellos deciden cuánto salen los libros. También tiene que ser discutido qué políticas tenemos para llevarlos a los barrios populares”, comentó Dujovne.
El doctor en Ciencias Sociales señaló que “en cuatro años, del 2014 al 2107, hubo una caída sustantiva en la cantidad de personas que dice haber leído un libro al año. Una respuesta simple son los cambios tecnológicos pero esa es una decisión superficial porque el gusto e interés también se definen por las políticas públicas. En ese período han desaparecido los planes de lectura del Ministerio de Educación y los planes de compra de libros de lectura”.
“El mundo del libro comprende actores desde el más visible que es escritor y de ahí en más desde el editor o editorial, traductor, editores, maquetadores, pasando por talleres gráficos, librerías que no solo son un lugar de expendio sino que es dónde se construye un valor en torno al libro”.
Dujovne comentó que “desde la Secretaría de Cultura trataron de evitar (la creación de un instituto como tiene la música o el cine) porque le da más poder a los actores del libro y eso le sacaba poder a quienes decidían cómo funciona el sector del libro del país. Hubo un consenso grande entre todos los bloques, el PRO es el único partido que no está apoyando”.
Ayer por la mañana, integrantes de la “Feria Patito” (Beruti y Estados Unidos) fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni, el dr. Gustavo Avellaneda y la secretaria de Políticas Sociales, Vanina González. Fue por el reclamo contra la orden de desalojo dictada por el juez de Faltas, Ricardo Germani. Por parte de las 450 familias ingresaron cinco representantes.
La denuncia fue promovida por el intendente Héctor Gay debido a “antecedentes como un incendio a fines de febrero y supuestos pedidos de la Sociedad de Fomento”. Esas tierras comunales habrían sido otorgadas a Vialidad Nacional. “La sociedad de fomento le pide a Vialidad que haga un espacio verde”, señaló ayer a FM De la Calle la feriante Miriam Montenegro.
Finalmente, según el letrado Leandro Aparicio, que acompañó el reclamo, los funcionarios “plantearon que no tenían problema en hacer una pausa para que no se practique la medida y en el mientras tanto que se regularice la situación”. A su vez, le preguntaron “a los vecinos si ellos conocían algún terreno” a lo que el abogado respondió que esto debería saberlo el gobierno.
Luego, los feriantes se acercaron al juzgado de Faltas y fueron atendidos por su secretario. Garantizaron de palabra que suspenderían la medida de desalojo.
La intervención fue “por intermedio de una gestión que realizó el secretario de Derechos Humanos de la CTA, Dante Patrignani”.
El titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Carlos Amorin, dialogó con FM De la Calle sobre las medidas anunciadas por el gobierno nacional la semana pasada y el impacto de las mismas en el sector que representa.
Respecto a los beneficios para la regularización impositiva para Pymes que realizará la AFIP, Amorin señaló que “como todas las medidas de este gobierno son coyunturales y no resuelven los problemas de fondo. Podrán dar un poco de oxígeno a las cooperativas que tienen problemas impositivos pero no resuelven el problema de estar en una economía en franco retroceso. Sabemos las cooperativas son el gran salvavidas de las épocas de crisis, esto es maquillaje, no es darle una transformación al rumbo”.
“He observado que las cooperativas de la zona hacen un esfuerzo enorme por sostener la fuerza de trabajo para que la gente no pierda la vinculación con la cooperativa en el pueblo, en el barrio. Siempre hubo algún vínculo de las cooperativas a través de las propias organizaciones que el gobierno propone pero cuando el marco en el que estás inserto propugna que te achiques, que cierres, no hay quien resista”, señaló Amorin sobre la situación local.
La corvina de la foto fue capturada en los últimos días en la zona de Puerto Galván. Al parecer, el globo sanguinolento que se ve sobre uno de sus ojos sería un tumor. Profesionales consultados por FM De la Calle manifestaron la imposibilidad de detectar su origen sin realizar estudios histopatológicos.
¿Será producto de la contaminación?
En septiembre, profesionales de la UBA convocados por la justicia recomendaron la prohibición inmediata de la captura y consumo de especies del estuario bahiense y, en un corto o mediano plazo, la prohibición del vertido al estuario de cadmio, cromo, plomo y cobre.
Los altos niveles de metales pesados fueron relativizados por las autoridades municipales quienes descartaron tomar cualquier tipo de medidas. Es así que no falta quien tire una línea en la ría y se encuentre con estos peces dignos de Springfield.
En cuanto al estado de la causa judicial iniciada por la Asociación de Pescadores Artesanales en 2011, recordamos que el juez Agustín López Copola aceptó en febrero la realización de pericias sobre los procesos químicos de cada empresa como complemento de el informe elevado oportunamente por la Facultad de Agronomía de la UBA.
El 8 de marzo se aceptó a los peritos propuestos por las firmas denunciadas a partir de lo cual tendrían cinco días para aceptar el trabajo y 40 días hábiles judiciales para la presentación de las conclusiones sin posibilidad de prórrogas.
De esta manera, el próximo 27 de mayo quedaría despejado el camino para el desarrollo de los alegatos y la sentencia que el juez prometió para julio.
(Por Astor Vitali) La semana pasada el gobierno anunció un acuerdo “de caballeros” con algunas marcas al que intentó tildar de “plan” llamado “Precios Esenciales”. A la vista de cualquiera está observar que se trata apenas de un acuerdo con un puñado de firmas (de terceras marcas) cuyo impacto es muy relativo.
El plan se toma además en un país de amplias extensiones y, si bien con mercado concentrado, con la realidad de que no todos los productos llegan a cualquier rincón. Ni que hablar de lo restrictivo del caso de los cortes de la carne.
Sería una obviedad señalar que de ninguna manera este acuerdo constituye la articulación de un conjunto de medidas anti inflacionarias. Hoy, el gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a poner en marcha su acuerdo con el Banco Provincia. Tampoco hablamos de una novedad en materia de política económica. Mucho menos de universalidad de la medida.
Otra obviedad sería señalar el remarque de precios ad hoc que pudo observarse en muchas góndolas. Una actitud especulativa a la que el poco regulado mercado argentino ya nos tiene acostumbrado.
Pese a todas estas obviedades, muchos medios de comunicación hicieron un esfuerzo por vender la breve medida como un plan de “congelamiento” de precios cuando no faltaron los obsecuentes al límite del ridículo que hablaron de “baja” de precios.
Tercera obviedad: detenerse a mirar la lista de productos para constatar la verosimilitud de las afirmaciones en danza. Es el diario Ámbito Financiero que hoy puso en portada una nota cuya bajada es clara, y no data de mayor rigor que la mera observación: “El plan del Gobierno comienza hoy, aunque recién estará operativo de forma plena desde la semana que viene. Algunos precios acordados son más caros de lo que se vendían hasta ahora”.
Respecto de la medida en sí misma no hay mucho más que agregar. Del contexto, claro que hay mucho para decir. Se trata de una jugada que especula con la expectativa de morfar de los sectores más afectados. Se hace mal y destiempo, ya que las medidas provinciales son anunciadas “en cuotas”. Y es una mera especulación electoral sucia. Una vez más, es la política de la puesta en escena espectacular con un guión deplorable.
Y una cuarta obviedad va a modo de interrogante. ¿Nadie se pregunta por el estímulo a las economías regionales? ¿No es acaso un escenario de estas características, con limitaciones de consumo por falta de ingresos, el momento adecuado para facilitar la economía regional, solidaria y popular? ¿No al menos la regional?
¿Es que no hay nada en común entre productores con dificultades por la injusta cadena de distribución y consumidores con dificultades de acceso a los bienes básicos de vida?
¿No es una obviedad que el estado cuenta con herramientas suficientes para generar de estas condiciones un plan más adecuado a las necesidades populares que a la de los mercados? Es que aquí está la cosa. Nunca estuvo en la agenda oficial tomar medidas concretas para contrarrestar el abismo entre los precios y la capacidad adquisitiva. El abismo por donde se caen los alimentos y los bienes de uso más comunes. Eso implicaría cambiar de modelo económico. Y jamás estuvo en discusión.
Tampoco se sabe muy bien si alguna de las fórmulas opositoras están dispuestas a cambiar de modelo. Porque, en el estado actual de cosas, no alcanzará con buenas intenciones dentro del contexto capitalista sino con tener la disposición de encarar los cambios estructurales para combatir la desigualdad.
En la distribución económica siempre hay ganadores y perdedores. Los que vienen ganando no parecen asustados. Más bien parecen ansiosos por una etapa algo más ordenada.
Por abajo, la cosa sigue aparentemente sin novedades. Y digo aparentemente porque ocurre que hacia abajo nadie mira con atención.
FM De la Calle presenta “Derechos y Reveses”, una serie microdocumental sobre el ejercicio y violación de derechos en Bahía Blanca. Podrá verse desde este martes en el canal de youtube: FMDELACALLETV.
El ciclo audiovisual es fruto de un proyecto ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces subsidiado por el ENACOM.
La difusión de los derechos y el seguimiento del ejercicio o violación de los mismos son prioridad de nuestro colectivo al momento de producir contenidos e incluyen un esfuerzo en la construcción de relatos que reconozcan las tensiones invisibilizadas por los medios masivos de comunicación.
La serie original proponía la producción de diez capítulos sobre derechos vinculados al trabajo, la salud, las identidades sexuales, el ambiente, la intimidad, entre otros, en una sociedad de características conservadoras.
La demora en el pago de los fondos del subsidio impidió afrontar los costos del proyecto original y es por eso que la serie se limitó a tres problemáticas: el derecho al trabajo y la destrucción de la pesca artesanal en la ría bahiense; la lucha contra el dragado en Gral. Cerri y la intención de ampliar el polo petroquímico en función de Vaca Muerta; y la marea verde por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la ciudad.
Trabajadores y trabajadoras de la “Feria Patito”, ubicada en Beruti y Estados Unidos, se presentaron en la Municipalidad para exigir una reunión con el intendente debido a la orden de desalojo del juez de Faltas Ricardo Germani.
Esas tierras pertenecían a la comuna hasta que fueron otorgadas a Vialidad Nacional. “La sociedad de fomento le pide a Vialidad que haga un espacio verde”, señaló la feriante Miriam Montenegro.
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“Somos 450 familias que vivimos de la feria. Fueron mis compañeros a ver si nos atienden (en la Municipalidad) porque nosotros no vamos a movernos de ahí, así vengan con topadoras”. El Juzgado de Faltas prorrogó una semana el desalojo.
La feria se creó durante la crisis del 2001: “Antes éramos toda gente pobre, ahora va todo el mundo. Antes la gente llevaba bolsas a las iglesias, ahora van a vender la ropa. Hay sábados que la gente va desesperada a vender, vajilla, platos, cosas que no usa, hace dos sábados no había lugar para vender, teníamos que compartir puestos”, dijo Montenegro.
“Mi marido se quedó sin trabajo en Lucaioli así que empecé a cocinar y sigo trabajando de empleada doméstica. 15 años en Lucaioli, no está despedido pero tampoco le pagan. ¿Quién le da trabajo a los 50 años? Cada vez está más difícil este país”, dijo Miriam.
Finalmente, comentó que “estamos trabajando dignamente, nadie roba. ¿Qué les molesta? Somos laburantes”.
Al momento de esta publicación todavía había feriantes en el municipio esperando que los reciba Héctor Gay.
El gerente de compras de la Cooperativa Obrera, Fernando Heredia, dialogó con FM De la Calle a raíz del congelamiento de precios en productos esenciales anunciado por el presidente Mauricio Macri, la modificación de la Ley de Lealtad Comercial y el proyecto de ley de Góndolas.
“Son alrededor de 64 productos y tenemos más de 50, los queríamos reemplazar por marcas que tenemos en Bahía. El consumidor va a tener opciones de productos más económicos, que lea la góndola porque va a conseguir productos más baratos”, comentó.
El anuncio incluyó promociones en algunos cortes de carne. Heredia comentó que “es más difícil en ese caso, porque los kilos disponibles son pocos y son pensados para el mercado central y las bocas de expendio de los frigoríficos grandes. Son animales que se exportan y los cortes remanentes son los que vienen al mercado interno”.
En cuanto al proyecto de regulación de góndolas, el gerente explicó que “no modificaría una las góndolas de productos de la Coope. No en los comodities, en algunas bebidas tal vez. Tenemos una gran cantidad de proveedores cooperativos, muchos productos de marcas propias, tenemos un importante trabajo con las PyMEs de las ciudades donde estamos”.
