Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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(Por @Espacio de Economía Feminista UNICEN /Espacio de Economía Feminista en la SEC Feminista regional CABA) El fin de la ley de moratoria previsional, más conocida como “jubilación para las amas de casa” es un hecho y el Gobierno Nacional no duda en revertirla. Hace tres años, el Gobierno decidió instaurar la Pensión Universal y así converger al fin de la moratoria previsional N°26.970, que desde su creación concedió un valor simbólico a las trayectorias de las vidas de las mujeres que cargan en sus espaldas ese trabajo que lejos de ser amor, es una desigualdad social muy concreta. Esta decisión tomada hace ya tres años, paradójicamente junto con la ley de “reparación histórica”, pero que hoy se convierte en un hecho profundiza la precarización laboral y previsional pretendiendo implementar una “Pensión Universal” que no solo vuelve a invisibilizar y desvalorizar el trabajo doméstico y de cuidados que sostiene nuestras sociedades, sino que además proyecta jubilaciones aún más bajas.
Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) se produjeron, entre otras, dos transformaciones con vistas al mejoramiento de la protección social: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan de Inclusión Previsional (PIP) o vulgarmente llamado “las jubilaciones de amas de casa”, esta última es la que está en juego. Aunque no fueron presentadas como reivindicaciones para paliar las desigualdades de género entre varones y mujeres, mejoraron la inclusión de las mujeres al sistema de previsión y seguridad social. A partir del 2004, el PIP permitió la inclusión de un grupo siempre relegado en el sistema previsional, aquellas que teniendo la edad de retiro no pudieron acceder a una jubilación. Entre otras causas esto puede deberse a que las mujeres trabajaron durante toda su vida en el ámbito del hogar sin remuneración y reconocimiento, en el ámbito de la informalidad y entonces no pudieron realizar aportes (y sus empleadores las respectivas contribuciones obligatorias) y a que sus trayectorias laborales registradas y remuneradas fueron demasiado inestables.
La Economía Feminista provee evidencia en torno sobre cómo estas trayectorias laborales fueron y son signadas por una organización social del cuidado injusta que hace cargar a las mujeres -en promedio- con una participación del 89% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y el doble de horas de los cis-varones dedicado a estos trabajo agravando la participación de las mujeres tanto en el mercado formal e informal del trabajo remunerado, lo que implica una situación diferencial de quienes sí pudieron acceder al trabajo registrado y sostenido. A partir de la moratoria cualquier persona podía inscribirse para poder percibir un seguro social, lo que implicaba el pago en cuotas de la deuda reconocida por los años no aportados: se declaraba una deuda por aportes impagos y se saldaba con un plan de pago en cuotas, que se iban descontando de los haberes mensuales una vez que la Anses otorgaba la prestación. Señalemos que los aportes se pagaban y que no consistían en jubilaciones “gratuitas” cómo se difunde a menudo.
El PIP no fue una política aislada, junto con la figura del Monotributo Social (inclusión a trabajadores y trabajadoras en condición de vulnerabilidad pertenecientes a un listado restringido de actividades productivas y de servicios) y del Régimen de Regularización de Deudas de los trabajadores/as autónomos/as, formaba parte de un paquete que tenía como objetivo regularizar una situación dispar en tanto seguros y previsión social para lxs trabajadorxs, a través de viabilizar el pago de las contribuciones que no realizaron lxs aportantes al Sistema de Seguridad Social pero a la vez tratando de ampliar las prestaciones que este brindaba.
El mote de “jubilación de las amas de casa” se debe a que la mayoría de las personas beneficiadas han sido mujeres; en mayo de 2010 por ejemplo, del total de beneficios otorgados un 78% corresponden a mujeres, mientras que el 22% restante a varones (Observatorio para la Seguridad Social, 2011:14). La desigualdad de género es una de las mayores problemáticas que continúa mostrando nuestro sistema previsional al día de hoy, ya que las mujeres como parte del rol que se les asigna en las familias, realizan un gran porcentaje del trabajo doméstico y de cuidado necesario para la subsistencia de las mismas sin ningún tipo de remuneración y por lo tanto sin aportes. Al mismo tiempo, aún hoy las mujeres y personas LGTBNB+ presentan tasas de formalidad y participación en el mercado laboral mucho menores que los varones(cis). Existe entonces una evidente desventaja: acumulan menos aportes, y por lo tanto no logran alcanzar el mínimo para acceder al beneficio de la jubilación después de haber trabajado durante toda su vida. Según el ex Ministerio de Trabajo de la Nación informa que de las mujeres económicamente activas, las desocupadas son alrededor del 10%, si se agregan a éstas las que ocupan puestos informales, se concentra casi el 40% de las mujeres que participan del mercado de trabajo, casi 3 millones de personas según datos del 3er Trimestre 2017.
Duvojne dice que “mucha gente nos pide que demos de baja las jubilaciones que dio el kirchnerismo”. En alusión a que quienes se consideran plenos aportantes en el mercado formal, y por lo tanto creen que tales pensiones no contributivas se estarían financiando con la “licuación” de los beneficios de quienes sí aportaron. No es casual que la mayoría de estos plenos aportantes sean (cis)varones y de clases medias y altas.
Este planteo invisibiliza por un lado que la recaudación impositiva se ve incrementada al ampliar el alcance de las herramientas conjuntas al PIP (con la implementación de la figura del Monotributo Social) en actores que no aportaban previamente. Y por el otro, que les beneficiaries que a través del PIP lograron un alivio económico a través de poder contar con un ingreso para afrontar su adultez mayor fueron perjudicades previamente por el mismo capitalismo heteropatriarcal que les excluyó del mercado laboral formal o del reconocimiento de sus labores domésticas y de cuidado, privandoles del derecho jubilatorio que todes les trabajadorxs poseen. Resultan paradójicas las declaraciones del Ministro de Economía si observamos las cifras del Reporte de Trabajo Registrado de febrero de 2019 que muestra una caída del 2% del trabajo registrado con respecto al mismo mes de 2018, mientras que se observó un aumento interanual del 3.6% de trabajadores en casas particulares (en su mayoría mujeres dedicadas a reemplazar a otras mujeres en las tareas de cuidado, limpieza y mantenimiento del hogar).
Otro ingreso a la precariedad: porque la pensión universal es más desigualdad
Paradójicamente, el fin de medida que intentó reconocer y reparar una parte pequeña pero sustancial para que las vidas de las mujeres sean más autónomas en su adultez mayor, viene de la mano de reclamos históricos que se neoliberalizan para sostener la precarización.
Muchos de los reclamos en torno a la sostenibilidad de la vida, exigen la universalización de las prestaciones -entre otras medidas- y vienen a dar por tierra los argumentos que refuerzan la segmentación e inequitativa distribución de la protección social. Sin embargo, con un gobierno que tiene como objetivo la austeridad del gasto público esta universalización concedió un retroceso al piso de derechos adquiridxs en la década anterior.
La Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) si bien brinda una cobertura previsional para todas aquellas personas mayores de 65 años que no cuenten con los años de aportes que exige el régimen previsional contributivo y es vitalicia, prevé el pago mensual del 80% de la jubilación mínima, creando una discriminación entre quienes pudieron contribuir en su historia laboral y quienes no. A diferencia de la moratoria, estipula un aumento de la edad a partir de la cual se percibe el beneficio (de 60 a 65 años), y no es compatible con la percepción de otro beneficio social, únicamente con la Asignación Universal por Hijo/a, por Hijo/a con Discapacidad, Cónyuge y Ayuda Escolar Anual y debiendo optar por uno u otro. Por ejemplo, una mujer no podría tener dos pensiones, en caso de tener derecho a obtener pensión por viudez deberá renunciar a la percepción de este beneficio. Este sistema lejos de ser una protección social robusta que garantice bienestar en las 110.711 personas beneficiarias provee una suma dineraria de $8.328,30, estando a un 10% de la línea de pobreza individual para la compra de alimentos y servicios básicos que asciende a $9.185 .
Desde la economía con una mirada feminista son muchas las voces que creemos en la centralidad de la ampliación de la protección social sin segmentaciones ni distribuciones inequitativas atadas a la suerte y meritocracia de trayectorias laborales inestables y erráticas constitutivas de la división sexual del trabajo y de la época. Una propuesta que implique reducir las famosas brechas de género no requiere sólo políticas focalizadas sino la ampliación y robustez de un sistema de bienestar que abarque no solo la extensión de lo que entendemos como protección social sino cuestiones más allá del ingreso monetario que cada persona obtiene para sostenerse. En ese sentido, garantizar políticas públicas y el derecho al cuidado de todas las personas con pleno reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es una medida nodal para empezar a construir una justicia económica y de género para quienes sostienen día a día las vidas en nuestro cotidiano. “Eso que llaman amor”, está invisibilizado y genera desigualdad, se puede reconocer, reducir y redistribuir.
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¿Es viable incrementar el gasto público para salir de la recesión? ¿Qué condiciones tiene Argentina para poder hacerlo? ¿Es posible implementar un modelo similar al portugués? ¿Cuál es el costo social?
Agostina Costantino, economista y columnista de En Eso Estamos, pone en debate el modelo económico aplicado por Portugal para afrontar su deuda con el Fondo Monetario Internacional, al cual algunos sectores de la oposición sugieren como la solución a la crisis de nuestro país.
“Portugal está gobernado desde 2015 por una coalición de partidos de izquierda que logró reactivar la economía después de la fuerte crisis que venía atravesando el país desde 2008 y 2009. A través del aumento en gasto público -aun teniendo una deuda con la troika, que son el Banco Europeo, la Comunidad Europea y el FMI- logró salir de la recesión aplicando políticas contrarias a las que se aplican en Argentina y que son también las aplicadas en Grecia, que es el espejo contrario“.
¿Qué posibilidades tiene Argentina de ejecutar un programa similar?
Punto número 1: la previa
“No es cierto que no se hayan aplicado fuertes recortes en Portugal. Los gobiernos anteriores a Costas, el actual presidente, subieron la cuota de IVA, privatizaron todo lo que podían, recortaron salarios un 14% a través de la suspensión del pago de aguinaldos, congelaron el salario mínimo, impusieron una reforma laboral que redujo las indemnizaciones y facilitó los despidos, redujo pagos por horas extras, recortó el tiempo de pago del subsidio de desempleo y limitó la negociación colectiva. El abaratamiento de mano de obra que produjo estas medias y la facilitación de las inversiones a través de una serie de procesos de privatizaciones, sentaron las bases para que a partir de 2015 pudieran aumentar el gasto público”.
“En el caso de Argentina no quedan muchos bienes para privatizar, queda el último gran bastión que es el Banco Nación que se viene demandando desde algunos años por parte de organismos internacionales. Y, hasta ahora, el gobierno no ha logrado disciplinar a la fuerza de trabajo lo suficiente. Si bien los salarios reales cayeron, no lo hicieron en la medida en que la burguesía y el FMI están demandando. Aún no lograron pasar las grandes reformas estructurales que son la laboral y la jubilatoria. Todo esto hace falta para emular el caso portugués”.
Punto número 2: el turismo colaboró
“De la mano del aumento del gasto público, beneficiados por la ola de atentados que se produjeron en países europeos y las revueltas de los países del norte de África, Portugal se convirtió en uno de los principales destinos turísticos de Europa. De hecho, la facturación del sector turístico representaba el 10% del PBI. En Argentina, en el caso del sector agrícola ganadero representa el 7% del PBI. La fuerte entrada de divisas por el concepto de turismo permitió ir saldando las deudas sin aumentar el gasto público. Además, algo muy importante es que ellos recaudan impuestos en la misma moneda de la que están endeudados, que es lo opuesto a lo que pasa en Argentina, eso se llama descalce de moneda”.
¿Qué pasa en Argentina?
“En el caso de Argentina es claro que un sector exportador debería apoyarlo porque las políticas de aumento en el gasto público tienen que permitir seguir pagando la deuda con el FMI. En Argentina, dadas las condiciones, ese sector es el agrícola o el agroindustral, si la salida portuguesa se plantea como la salida progresista, ¿va a ser apoyada por la burguesía agraria? Acá es donde está la principal contradicción que muchos no quieren mostrar, no dicen qué condiciones fueron necesarias: primero fue una política de shock, de recortes brutal, y después el apoyo de un sector exportador que en Argentina no queda claro cuál sería”.
“Y, por último, en qué medida ese sector estaría interesado en políticas progresistas si tampoco depende del mercado interno para sus ganancias, en qué medida se vería beneficiado”.
FlyBondi deja de operar en el aeropuerto local a partir de junio. Dará de baja las dos rutas que tenía desde y hacia El Palomar. Enzo Gorosito, miembro del sindicato del personal aeronáutico, comentó a FM De la Calle que están “muy tristes y, a la vez, preocupados por la situación porque mas allá de la crítica al modelo low cost, llegó un comunicado sorpresa de la agencia y levantó la escala de un día para el otro”.
“Están dejando sin trabajo a tres trabajadoras más los servicios de pista de la empresa Intercargo. Son entre 10 y 12 familias que se quedan sin trabajo”.
“Destruyeron todo el mercado de aerocomerciales, vemos en las empresas falta de pago, Andes devolvió aviones, Macair -que incorporó Avianca- hace cinco o seis meses que no paga salarios. El modelo de la revolución de los aviones está estancado, en vez de prosperar chocaron la calesita”, comentó Gorosito.
En 2017 el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra impidió que una joven de 19 años se realizara un aborto no punible por ser un embarazo producto de una violación. Actualmente, el médico enfrenta un juicio en Cipolletti por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Natalia Gherardi, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, dijo a FM De la Calle que “este juicio es una oportunidad para mostrar que no es lo mismo una cosa que la otra, que obstaculizar el ejercicio de derechos de las mujeres tiene que tener consecuencias”.
“Tenemos mucho interés porque está en juego la responsabilidad de un profesional que se ha dedicado activamente a violar derechos. Está en juego el derecho de las mujeres a que se respete su decisión en lo que la ley contempla desde hace cien años”, comentó la abogada.
“El Estado tiene la obligación de garantizar un aborto no punible. Esta joven fue con un aborto en curso, ni siquiera lo que se le pedía es que realice el aborto sino que permitiera su finalización. Lo que él hizo fue en contra de la voluntad de esta mujer, suministrarle medicación para interrumpir ese aborto y obligarla a que continúe con esa gestación”.
“Lo que hizo fue muy problemático porque está mostrando una manera de ejercer la medicina que es desatendiendo a los pacientes, suministrándole medicación sin su consentimiento informado, manteniendo a una mujer casi privada de la libertad dentro de un hospital público para que se lleve adelante al decisión del médico y no de la mujer”.
La especialista destacó que “va a ser muy importante que la justicia reafirme el derecho a la salud y a la integridad de las mujeres. La pena no es muy elevada, lo más importante es la accesoria de habilitación para ejercer ese cargo y revisar su matrícula profesional porque, más allá de la terrible vulneración de los derechos de esta mujer, lo que muestra es un total desinterés por los derechos de los pacientes y eso es muy preocupante. “, finalizó Gherardi.
(Por Astor Vital) La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que la actividad de la empresa Uber en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no constituye una contravención en la causa por “uso indebido del espacio público con fines lucrativos”. Firmaron los jueces Sergio Delgado, Jorge Atilio Franza y José Saez Capel.
Sin embargo, el gobierno porteño destacó que la sentencia no estipula la legalidad del servicio que presta Uber porque “está regulada bajo dos modalidades, taxi o remis, y el incumplimiento de esas normas es una infracción”.
Por estas horas pudieron leerse y escucharse voces celebrando la “modernización” del sistema de transporte en la Argentina. Yo no me subo a Uber. No me subo a ese viaje.
Uber representa una filosofía autoflagelante. Las personas por voluntad propia se someten a un sistema que no les aporta nada y les quita recursos. El conductor debe poner su auto y hacerse cargo de todos los gastos a cambio de funcionar bajo la aplicación. La empresa les retiene el 25 por ciento de obtenido por su trabajo.
Hace años las corporaciones trasnacionales trabajan en una intensa lucha contra los derechos laborales. Hay ejércitos completos de vendedores totalmente precarizados que reciben mercaderías (perfumes, electrodomésticos, otros) y, sin garantía salarial, trabajan full time para rendir pleitesía a un sistema de ganancias que te trabaja el bocho con la idea de “cada no es bueno porque quiere decir que, estadísticamente, estás más cerca del próximo sí”. Sólo poniendo las mercancías, sin garantizar absolutamente nada, las empresas se llenan de recursos y si vos te quebrás una pata o lo que sea: andá a cantarle a Gardel.
La responsabilidad de todo recae en el vendedor que, claro está, según estos traficantes del trabajo, no sería un trabajador sino un emprendedor.
Pero además de todo esto, con la aparición de las aplicaciones, cualquier usuario de estos “servicios” puede dejarte fuera de juego a través de la “calificación” a la que está instado a realizar por la empresa (que supuestamente no contrata trabajadores y, por lo tanto, no debería promover su calificación). Cada clic es puede abrir las puertas del fantasma de perder el (no) empleo.
Estas técnicas exacerban las más miserables acciones humanas en la carrera de la competencia capitalista. Si antes “el cliente siempre tenía la razón” ahora directamente el trabajador precarizado carece de toda voluntad que no sea la de someterse a un sistema perverso de control social.
Como si esto fuera poco, los usuarios caen en el más banal de los pensamientos: “tomo Uber porque llega más rápido”. Es decir, el único elemento por el cuál uno decidiría qué sistema de transporte público de pasajeros debería ser prioritario para una sociedad no es otro que el más estúpido de los seudo beneficios personales a cortísimo plazo. No importa si con eso se cae la reglamentación laboral, los derechos de miles de taxistas y remiseros. No importa. “A mí me llega más rápido”. Increíble.
Pero además de auto flagelante y oportunista, la actitud de fondo es suicida. Porque todo trabajador y toda trabajadora debería al menos intuir que cada paso dado en favor de la precarización laboral es un paso propio hacia el abismo que puede arrastrarnos a todos a vivir bajo regímenes laborales inhumanos en los que nadie tenga derecho a nada más que someterse a trabajos en los que la única norma es la auto explotación en beneficio de empresas que no invierten y que no nos cuidan.
Tomate un Uber… Dale. Es un viaje sin escalas hacia tu próximo desempleo. Sin duda, vas a “llegar más rápido”.
Foto: La 5taPata
Los despidos de un centenar de trabajadores de Loma Negra quedaron en suspenso por la conciliación obligatoria dictaminada por el Ministerio de Trabajo de la provincia. La empresa tiene en vilo a dos pueblos del partido de Benito Juárez que dependen de su funcionamiento.
El intendente Julio César Marini dialogó con FM De la Calle: “Ellos consideran que no están ganando y yo te puedo asegurar que no están perdiendo plata en Benito Juárez. Quieren ganar más pero por ahí lo que no se entiende es que esa comunidad creció porque se instaló la fábrica en el año ’56, la gente se instaló ahí y formó su familia y amigos porque la fabrica se instaló primero”.
El funcionario aclaró que firmó un decreto declarando “alerta social, económica y laboral por lo que está sucediendo con Loma Negra. Estamos en alerta porque mandó telegramas de despidos a muchos trabajadores, luego la medida la levantaron porque por fin intervino el Ministerio de Trabajo de la provincia”.
“No solamente estamos acompañando sino que en una reunión llevamos una propuesta, comprometernos a que en los próximos cuatro años no vamos a aumentar lo que es el impuesto a piedra, la tasa que cobramos en este caso a Loma Negra. Son 150 millones de pesos que no ingresarían al Estado municipal, para un municipio chico es mucha plata. Estamos aportando para que no dejen en la calle a nuestros trabajadores”.
La situación se agrava en el partido ante el posible cierre de las empresas textiles BF y Amesud: “Si cierran me quedan 100 obreros más sin trabajo. Estaba hablando con el dueño para ver qué podemos hacer desde el Estado municipal para evitarlo”.
(Por Astor Vitali) Cuenta regresiva. Faltan cinco semanas para que, de una forma u otra, los y las dirigentes políticos del país diriman las candidaturas para disputar la presidencia de la República Argentina. Hasta el momento, hay más precandidatos que ideas.
En la incomprensible fantasía del pensamiento (permítaseme el término) macrista, no hay mucho por disputar en términos electorales porque en un escenario de polarización son capaces de ingresar la boleta amarilla dentro de la urna a plena conciencia de que, en caso de tratarse de gentes de a pie, se están condenando así mismos y sus hijos a una vida despojada de derechos económicos, jurídicos y culturales. Pero en ese mundo -que prefiere culpar a “la negrada” en lugar de a los que se vienen afanando el país vestidos de frac- no hay posibilidad alguna de votar una fórmula que les huela a populismo.
Lo único que podría hacer mella es que, en una actitud reparadora de haber alimentado al monstruo en 2015, el radicalismo reuniera fuerzas no para ganar la elección sino para restar posibilidad a través de cautivar el voto radical no amarillo con el objetivo de impedir la continuidad de la aplicación de estas políticas de consecuencias magnánimamente devastadoras.
En el peronismo la mejor jugadora sigue siendo Cristina Fernández. Se presente o no, transitó estos cuatro años con un perfil bajo que le permitió modificar parte de su imagen y dejar que Macri se ocupe de ser Macri. Como señaló Napoleón hace tiempo: “Nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error”.
Y mal que les pese a todos los que la daban por muerta sigue siendo la candidata del espacio opositor con posibilidades electorales con mayor intención de voto. Hay médicos de la política argentina que decretan la muerte cuando la carne aún está bien caliente.
El conjunto de las fuerzas populares no peronistas no avanzaron en ningún armado electoral con capacidad de disputa presidencial. Claro que puede haber escaños legislativos y hasta –ojalá- espacios de en lis poderes ejecutivos municipales. Pero en este contexto de agresividad de las políticas Cambiemos está claro buena parte de la sociedad sin vocación suicida se enfocará en que Macri no continúe.
Nuevamente, no será el voto positivo a favor de un programa de gobierno. Es el natural “todos contra Macri” lo que prevalecerá en los próximos días. Es un voto de carácter defensivo, un voto de supervivencia. No se trata de un voto de fe en las propuestas opositores (casi totalmente ausentes).
Unas preguntas, a cinco semanas de la verdad: ¿Está la oposición dispuesta a hacer lo que hay que hacer si es cierto que la urgencia es “todos contra Macri”? Y, de corazón, para quienes adhieran de buena fe a una propuesta de estas características: ¿nos espera la obsecuencia después de una posible victoria o sea habrá tomado nota de que la mejor fórmula para sostener un gobierno que se reivindique de carácter popular es precisamente fortalecer la organización popular y la autonomía de esos espacios?
“Todos contra Macri” parece una fórmla razonble. Pero habría que ver también a favor de qué.
SUTEBA denunció atrasos en el cobro de decenas de docentes y afirmó que no fue convocado a la reunión de la Mesa Distrital encabezada por el vicegobernador Daniel Salvador y el director de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny.
Gabriela Delfino comentó a FM De la Calle que “la primera acción del año fue denunciar la mesas distritales donde nos estábamos invitados ni sindicatos ni docentes porque fueron planificadas para hacerse en cada escuela. Con el correr del tiempo dieron cuenta que eran actos partidarios del gobierno y en los lugares donde se realizaron las mesas tenían prohibida la entrada”.
Respecto al atraso de los cobros, Delfino comentó que “hemos ido en medias de fuerza a reclamar por el salario de lo ya acordado, a los referentes políticos, que es el Consejo Escolar, se comprometió a llevar una nota a La Plata, lo hizo pero eso no garantiza el cobro, que va a tardar por lo menos dos meses. Siempre la misma respuesta: nosotros no podemos resolverlo desde acá”.
“Ahora aparece el SUNA (Sistema Único de Novedades de Agentes) que es todo a través de internet y muchas escuelas no tienen y en las que hay lo pagan los docentes, eso implica que el secretario va a tener que quedarse en su casa cargando en el sistema. La consecuencia inmediata de esto es el no cobro del salario, por ejemplo si alguien carga mal una letra del apellido una docente esa persona no cobra y eso lleva meses cambiarlo”, comentó Delfino.
Señaló que “me acabo de enterar de un rumor y es que las escuelas donde pusieron internet es donde se va a probar el voto electrónico. En verdad a nadie le importa los chicos, ni las comunidades”.
“Administrativamente habían desaparecidos tres escuelas, en la práctica significa que hasta el momento si se necesita una suplente no sabes dónde pedirlo porque desaparecieron y se englobaron en una secundaria virtual, porque no tiene edificio, de lugares que son con alta vulnerabilidad en la matrícula. Estamos viendo si los docentes van a cobrar o no, hasta ahora no porque no están cargados en ningún sistema”, finalizó.
La Cámara de Diputados aprobó el pedido de licencia de su presidente Manuel Mosca. El referente de Cambiemos fue denunciado por acoso sexual y si bien había solicitado también su desafuero, sus pares giraron el pedido a la Comisión de Asuntos Legales e Institucionales.
“Acompañamos la licencia porque no vamos a obligar a ningún diputado a que concurra si no puede hacerlo. Hay un trasfondo que es más complejo y es de carácter político. Si hay un pedido de allanamiento o detención no hay un impedimento por los fueros a que curse un proceso judicial”, comentó el diputado Guillermo Kane del Frente de Izquierda.
El caso tomó notoriedad luego de que el propio diputado se presentara ante el fiscal Álvaro Garganta por ser víctima de una supuesta extorsión por una denuncia de acoso sexual. Luego de este hecho se supo que una militante del PRO de Necochea lo había denunciado ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte por hechos de violencia ocurridos durante la campaña electoral del 2015.
“Habría entre tres, cuatro o posiblemente seis mujeres con denuncias, y solo una de ellas fue la que se dirigió a la Corte. Según trascendidos de los mismos compañeros de Mosca, algunas otras mujeres se han sentido amedrentadas. Está la posibilidad de que el poder político y los recursos que maneja como presidente de la Cámara, hayan actuado para que varias denunciantes decidan no hacerlo, por eso planteamos que la Cámara debía suspenderlo hasta que se aclaren las cosas”, señaló Kane.
Por último, el diputado señaló que “el otro problema que ha quedado expuesto es que la interna en el oficialismo está llegando a niveles muy graves, hay una interna sorda con Vidal y está en duda la candidatura de Macri. Es fácil deducir que los meses que han tenido la denuncia en sus manos, han tenido una carta que jugar contra un hombre Vidal”.
Se está desarrollando la edición número catorce del festival de artes escénicas Bahía Teatro. El Teatro Municipal de Bahía Blanca y el Tablado fueron los primeros escenarios, hace ya mucho tiempo. En el anexo Artestudio el actor Gustavo Vallejos coordinó un taller. Pocos sospecharían el crecimiento que tendría el que hoy es el festival más importante de teatro de la región.
Hubo un acierto fundamental del ciclo: ampliar públicos. A menudo, las propuestas artísticas locales piensan en cómo sumar públicos hacia sí mismas. En cambio Bahía Teatro formuló la propuesta de apuntar a un público de teatro y artes escénicas en su conjunto en lugar de trabajar para uno u otro grupo. En la actualidad, las propuestas existentes en la ciudad permanecen en cartel durante buena parte del año. Otrora, la lucha por un lugar y por sostener media docena de funciones anuales eran el objetivo principal.
Bahía Teatro ofrece otros dos aspectos de gran valía: la política de formación y el circuito barrial. En primer término, los encuentros, charlas y talleres abonan al encuentro, la educación y la discusión de saberes que no podrían articularse de manera aislada. Esto es fundamental para el desarrollo del arte en una región.
En segunda instancia, el circuito barrial articula en el contexto de un drama contemporáneo. Si el sector privado opta por propuestas artísticas de mercado (con interés mayor en el borderó que en la calidad artística) y si, por otro lado, el estado no reconoce a los actores culturales locales desatendiendo así su responsabilidad constitucional de garantizar los derechos culturales de la comunidad, entonces: ¿cómo llegan las propuestas artísticas a su comunidad? Se sabe que no todo el mundo puede pagar una entrada y, en ocasiones, no llega a cubrir ni siquiera el boleto para acceder a una función gratuita.
Una vez más, son los actores culturales de la ciudad los que se organizan para ejercer un rol que debería ser política pública. Con el antecedente de la Comedia Municipal, por la que tanto han peleado históricos referentes del teatro local y de su organización gremial –la Asociación Argentina de Actores-, el circuito barrial es un eje que debe ser tenido en cuenta por su valía y su aporte.
Por lo demás, el trabajo del equipo del Bahía Teatro, con la dirección general de Juan Caputo, ha sido sostenido y articulado en el tiempo.
(Por Astor Vitali) Se sabe que la imagen presidencial ha caído en picada producto de la situación económica y los simulacros de planes económicos reducidos a un simple acuerdo de precios con un puñado de terceras marcas elaborado luego de haber remarcado los precios. Sin embargo, las imágenes de los gobiernos provinciales y municipales muchas veces no son arrastradas por la mochila de plomo de la presidencia.
En Bahía Blanca, la idea de que hay un grupo que acuerda un destino de desarrollo y crecimiento basado en el tres o cuatro actores económicos fuertes parece haber calado hondo. Al menos en el discurso oficial que levantan gran parte de los medios.
Demás está decir que estos supuestos motores de la economía no representan el sector que genera más empleo sino más bien el que más ganancias genera… y se las lleva.
Ingresando en el mundo económico local desde una mirada global, en abril, el Índice de precios al Consumidor (IPC) CREEBBA difundió que “la inflación acumulada en la ciudad al finalizar el primer cuatrimestre del año alcanza el 13,1% mientras que la variación interanual ascendió al 50,7% con respecto a abril de 2018, convirtiéndose en la más elevada desde que el CREEBBA comenzó sus mediciones de precios en 1996”.
Siempre es necesario, para poner en contexto el número general de tasa inflacionaria, comparar con la situación de los ingresos. “En el mes de marzo, el Indice de Salarios (ISAL) registró un crecimiento del 2,7% respecto del mes anterior, mientras que en el mismo período el costo de vida medido por el IPC-CREEBBA avanzó un 3,4%”. En los últimos doce meses “se puede observar con mayor frecuencia meses en los que el salario creció por debajo de la tasa de inflación como contrapartida a la aceleración de precios que tuvo lugar a partir de la segunda mitad de 2018”.
Según el centro de estudios, “la tendencia muestra un decrecimiento del salario en Bahía Blanca, lo cual es consistente con el contexto inflacionario que se está atravesando. En concreto, en marzo el Salario Real se contrajo un 0,7% en relación al mes anterior y un 8,2% respecto al mismo mes del año pasado”.
Bajo la promesa del progreso y la “ciudad pujante”, Bahía Blanca no sólo no escapa a la realidad general sino que además no genera políticas económicas activas para estimular a los sectores que podrían abonar al impulso del círculo virtuoso del trabajo y el consumo.
Los sectores del comercio han solicitado ayudas y fomento. Se les ha respondido con que “las ventas online” crecen y entonces “hay que adaptarse”. Las PyMES atraviesan una grave situación, sumándose al concierto de despidos y achique general. Y, por supuesto, el sector cooperativo intenta aguantar pero tampoco es sujeto de políticas públicas que le permitan crecer y actuar de manera contra cíclica en un contexto que requiere de la mayor agudeza y mejor creatividad para, desde lo local, aportar a que no todo se derrumbe.
Por algún motivo, frente a todas estas evidencias, la ciudadanía bahiense aún guarda estima por un plan de gobierno que ha beneficiado a pocos actores y que no tiene proyecto alguno en carpeta que redunde en beneficio para todas las voluntades que desean trabajar, aportar y crecer.
En Bahía Blanca los números tampoco cierran. Sin embargo, pocos parecen dar con los responsables de la aplicación de políticas nefastas para las mayorías.
Eso sí: hay quienes ganan. Me pregunto por qué será tan difícil para muchas agendas periodísticas ponerle nombre y apellido a los beneficiarios de estas políticas cuyas víctimas están a la vista.
Después de un largo derrotero por diferentes instancias municipales, Marta Beatriz Giordano finalmente consiguió que el HCD le otorgara la banca 25 para exponer su situación habitacional.
“Mi problema se debe a una discapacidad motriz debido a la secuela de polio, desde hace mucho tiempo estoy tratando de que se me otorgue una vivienda, siempre alquilé y una vivienda que no es propia no se pude reformar”.
“Y yo necesito reformarla a lo que mi patología requiere. Desde el municipio no he tenido respuesta desde hace muchos años, por eso pedí la Banca 25. Después de ir y venir muchas veces logré que se votara a mi favor”, comentó a FM De la Calle.
Giordano afirmó que “se construyeron dos barrios municipales, en el Plan Federal 2 estoy inscripta desde el 2010 y no he sido seleccionada. De cada barrio hay un cupo destinado para personas con discapacidad motriz, desde el 2008 tengo una respuesta que me envían del Instituto de Vivienda de La Plata diciéndome que la solución me la tienen que dar desde el municipio donde yo estoy viviendo, con esa carta estuve yendo a todos lados y no me han dado respuesta”.
“No me puedo quedar”. En octubre caduca el contrato de locación donde vive Marta.”Tengo silla motorizada, más allá de que no puedo pasar al cuarto de baño hay otras complicaciones importantes”.
José María Padilla, quien gestiona el “carrito” La Revancha, cerca de la Pista de Salud en el Parque de Mayo, es otro de los damnificados por la decisión del gobierno municipal de cerrar los establecimientos gastronómicos populares. En dicho emprendimiento trabajan unas cuatro personas y en temporada el plantel llega a sumar diez fuentes laborales.
A diferencia de otros locales que fueron clausurados a principios de mayo, en este caso la inspección no pudo encontrar ninguna irregularidad. Sin embargo, el municipio solicitó al gastronómico que entregue las llaves el próximo lunes porque serían licitados “todos los carritos”.
Durante la mañana de hoy, serán recibidos por representantes del Honorable Concejo Deliberante. Buscarán una prórroga “ya que me quieren quitar el derecho de trabajar, que es un derecho adquirido. Voy a pelear por lo menos por esa inversión que hice. No había nada”.
En el caso de La Revancha, la entidad beneficiaria del pago del alquiler para uso privado era el Hogar del Anciano.
Desde el gobierno le adelantaron que podría presentarse a la licitación pero no supieron informar los términos de la misma.
¿Dónde están los desaparecidos? La pregunta que sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos y la mayoría de la sociedad argentina repetimos hace más de cuatro décadas, fue la elegida nuevamente por la Fiscalía para cerrar su alegato en el Juicio Armada II.
“La desaparición desafía una de las condiciones más básicas de la existencia humana, como es la realización del duelo. Ninguna familia pudo velar a sus desaparecidos. El valor de encontrar aunque sea los huesos. Y, sin embargo, lo que tenemos como correlato son los pactos de silencio, los compromisos de impunidad que solo se resquebrajan cuando se trata de pasar factura o de echar a alguien por la borda”.
El fiscal José Nebbia y su auxiliar, Pablo Fermento, solicitaron trece condenas de prisión perpetua, dos de 25 años, una de 16 y otra de 12. Se juzgan delitos de lesa humanidad y genocidio, consistentes en privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abuso sexual y homicidios, sufridos por 66 militantes políticos.
“Estos hechos son los más graves que podamos conocer. Hablamos no solo de lo que sucedió con las víctimas sino de las relaciones que se entramaron para organizar este aparato criminal. La utilización de las instituciones, la indefensión en la que se colocó a la población y los mecanismos de impunidad. Esta es una forma de evitar su reiteración en el tiempo”, afirmó Fermento.
El Ministerio Público destacó que “la gran organización que se realizó fue la que garantizó la comisión de los hechos (…) Unidades de reserva actuaban cuando las otras no daban abasto. Siempre había alguien para ejecutar la misión de la tortura, del secuestro”.
Durante las jornadas de alegato, los fiscales ubicaron “a cada uno de los imputados en esta organización, a cada unidad, cada fuerza de tarea, los roles que desempeñaron”.
Fermento subrayó: “Consideramos que torturaron tanto los que estaban dentro del centro clandestino como los que planificaban la tortura, la ordenaban y la coordinaban. Usamos el mismo criterio en relación a la violencia sexual: fueron violadores quienes estaban adentro del centro clandestino como quienes incorporaron esta práctica al plan criminal”.
Aseguró que “hemos asistido a una amplísima expresión comunitaria de reivindicación del proceso de justicia en su plenitud. Este desarrollo ha tenido vaivenes, nació con las Madres, con las familias, con los organismos de derechos humanos que vimos en los archivos de inteligencia observados por el Estado, incluso en democracia”.
“Logramos que este movimiento, este compromiso, sea asumido por el Estado. Y eso no implica solamente la investigación sino también que sean sancionados eficaz y adecuadamente. (…) La pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos y la lesión provocada que sigue vigente”.
Las condenas a prisión perpetua fueron solicitadas para Sergio Aráoz de Lamadrid, Ricardo César Araujo, Rómulo Augusto Illa, Arturo María Quintana, Aristóbulo Nicanor Moreira, Francisco Martínez Loydi, Alejandro Carlos Lorenzini, Álvaro Hernán Hermelo, Emilio José Shcaller, Carlos Enrique Lacoste, José Abdala Figueroa, Carlos Alberto Louge y Miguel Ángel Torra.
Por su parte, para Mario Bilesio y Herberto Rubatino se reclamó un castigo de 25 años de cárcel, 16 para Enrique de León y 12 para Luis Oscar Conti.
Tres de los imputados están en libertad. El resto en prisión domiciliaria. Los fiscales pidieron la revocación de los beneficios: “No puede darse ningún tipo de privilegio a quienes cometieron estos delitos y se valieron de los velos de la impunidad. Los delitos continúan vigentes. Los 30 mil desaparecidos continúan en esa situación. Los niños apropiados continúan sin recuperar su identidad. El daño se sigue cometiendo y esto también tiene que ser valorado al momento de aplicar la pena”.
El próximo 20 de mayo comenzará el alegato de la dra. Mónica Fernández Avello, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Por Astor Vitali) Esta tarde se presenta “Sinceramente”, el libro cuya autora, Cristina Fernández, sostiene que no tiene carácter “autobiográfico ni tampoco una enumeración de logros personales o políticos” si no que se trata de “una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente y cómo han impactado en la vida de los argentinos”.
No he terminado el libro, por lo cual no me referiré al mismo. Está claro además que, en su carácter de dirigenta con pensamiento estratégico y táctico, “tiempista” como la calificó ayer durante una conversación un histórico dirigente peronista de la ciudad en una conversación privada que mantuvimos, el lanzamiento del libro se enmarca en el contexto político coyuntural.
Me referiré en cambio a una situación más preocupante y, para quienes sentimos por la actividad política grados de pasión, un sabor amargo y angustiante: la estatura de la dirigencia política contemporánea.
Hay miles de dirigentes/as que se refieren a la ex presidenta de manera despectiva (sea por gorilismo, machismo y un amplio abanico de “ismo”) y sin embargo no son capaces de articular dos oraciones de corrido para hilar un concepto. No se preocupan por refutar el carácter de las ideas que sostiene la dirigente (en mi opinión, muchas de ellas refutables, sobre todo aquellas de carácter posibilista que dan vida al pensamiento progresista contemporáneo) sino que se limitan al ejercicio irracional del odio (de clase, de género o simplemente el emanado de la estupidez más ramplona).
Otrora, la participación política era no sólo motivo de pasión a nivel sentimiento sino de apasionamiento con las causas, los temas de estudio, el corrimiento de los límites, el trabajo sistemático en el pensamiento estratégico. Tristemente, en los últimos años nos encontramos con, por caso, legisladores que se vanaglorian de haber ingresado a “la política” (en su caso a la lucha por un cargo) y de “no saber nada de política”. Un espanto.
Está claro que la especialización y el desarrollo del mundo contemporáneo hacen que no se pueda “saber todo de todo”. Esto no implica, en cambio, que no se pueda tener una visión estratégica de los grandes temas y el abanico de una serie de tácticas para articular con los momentos. No. Se llenan de “asesores” (que en el mejor de los casos son los que trabajan) y tocan todo de oído, repitiendo frases -que no llegan a ser conceptos- en contexto electoral o para el periodismo (en general, tan formado como estos especímenes).
No quiere decir esto que la política debería estar relegada a las buenas plumas o a las personas “calificadas” por su paso académico u otros menesteres. Por el contrario, es posible recordar una entrevista en la que, ante la capacidad argumentativa del dirigente sindical de ATE Germán Abdala, Bernardo Newstad le espeta: “Abdala, Abdala, Abdala… vuelva a ser dirigente gremial, se me ha puesto un intelectual folclórico filosófico”. A lo que el gremialista responde: “no hay por qué subestimar. Los trabajadores no necesitamos estar en mameluco y pedir nada más que el salario. Queremos opinar sobre el país”.
La cosa no va de alcurnia. Lo que califica a una persona de origen cualquiera es su preocupación y ocupación por abordar un tema en cuestión con responsabilidad. Está lleno de ingenieros de dudosa capacidad.
Tampoco se trata de andar por la vida escribiendo libros por escribir libros sino de generar reflexiones sobre los temas del momento. Si consideramos que la política es la capacidad de transformación de la sociedad a través de los medios vigentes en su momento histórico, entonces hace falta reflexión para cambiar la sociedad. ¿Cuántos comunicados leíste o escuchaste en los últimos 20 años que no hayan sido aquellos en los que se plantea una posición de manual, superficial o previsible según su origen ideológico? ¿Cuál fue el último discurso que te hizo pensar? ¿Cuál fue la última idea que te conmovió?
Presumo que la respuesta es lamentable.
El hecho político de la presentación de un libro de una ex jefa de estado en la feria del libro evidencia ante todo la mediocridad de la mayor parte de la dirigencia política que además se da el lujo de calificar despectivamente sin haber mostrado capacidad alguna en el ámbito del pensamiento.
En el marco de las reiteradas tomas de tierra de familias que no pueden acceder a una vivienda, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires sancionó un protocolo de actuación que limita el accionar judicial y policial en desalojos.
Atento a esta resolución, el bloque del PJ Cumplir elaboró un proyecto “solicitando la confección de un protocolo municipal de actuación frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”.
Paola Ariente, una de las autoras de la iniciativa, destacó a FM De la Calle que “los desalojos deben ser de forma diferente a lo que normalmente se hace por una denuncia de usurpación. Hay que contemplar varios requisitos: notificar al defensor del Pueblo, al Ministerio de Desarrollo Social, al asesor de incapaces, pide que se haga un censo previo e informe socio ambiental de los ocupantes del predio, que las notificaciones sean en horarios diurnos, que al momento del desalojo estén presentes un servicio de emergencias”.
Ariente comentó que la Corte “pide la intervención de oficinas municipales, desde ahí es que planteamos que el Municipio también realice sus propio protocolo interno de como tiene que actuar para acoplarse a esto”.
Consultada sobre los terrenos entregados por el Municipio luego de la toma obre avda. Villa Arias, la concejala aclaró que “algunos sí tienen servicios y otros no. Yo planteé una solución a ese tema que es el derecho real del territorio en procesos de urbanización pero igualmente les dieron terrenos a través de escritura. Mientras tanto la gente sigue en situación de vulnerabilidad, se le hace dificultoso levantar su propia casa. Cuando se le da un terreno pero no se les sigue sosteniendo detrás es muy difícil”.
