Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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“Señores jueces, a veces me pregunto: ¿cómo podrán dormir, hacer la digestión, beber un sorbo de buen vino, mirar los hijos a los ojos, dar la mano? A veces me pregunto: ¿podrán sembrar alguna planta, acariciar un perro, cuidar de los ganados, amar a sus mujeres, dar los buenos días a los vecinos? A veces me pregunto: ¿podrán contar la plata que les queda, tener puntualidad en los pagos, perdonar a sus deudores, alimentar proyectos a futuro, levantar una casa?”, interrogó la dra. Mónica Fernández Avello en el cierre de su alegato, de la mano del poeta Hamlet Lima Quintana.
Con algunos de los imputados a su izquierda y otros en una pantalla, se preguntó si “¿recordarán los nombres y las fechas, verán algún rostro, sabrán qué hacían los domingos, cómo amaban la vida, cómo cantaban diariamente? A veces me pregunto: ¿podrán soñar de noche sin turbarse, despertar sin tener la boca amarga, matarse la conciencia, olvidar algún grito, quitar la sangre de sus manos, olvidarán que a algunos los lanzaron al mar como sembrando peces doloridos?”.
“A otros les cruzaron el pecho con las balas hasta hacer estallar las rosas de la sangre. Y a todos los cubrieron con oprobio, con torturas, flagelaciones que duelen más allá que la muerte. A veces me pregunto si lograrán el olvido. Confieso que yo ni un solo día he dejado de pensarlo y exijo una forma que dignifique el alma, provoque los regresos, devuelva algunos cuerpos, castigue a los culpables que así se dedicaron a prostituir la vida”, culminó tras solicitar 18 penas de prisión perpetua y cinco de entre 25 y 10 años para represores de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval y la Policía y el Servicio Penitenciario bonaerenses.
El lunes 28 y el martes 29 de septiembre desde las 8:30 completarán los alegatos de la querella Walter Larrea, en representación de la APDH, y César Sivo por la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, Julieta Mira, Matías Russin y el Equipo Nizkor.
La abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no computó atenuantes de ningún tipo dado que “se trató, en algunos de los casos, de oficiales del Ejército de jerarquía que asumieron, aunque por la fuerza de las armas, funciones de alta responsabilidad”.
“Es obvio que no existieron condicionantes de edad, de educación, de miseria o dificultad para ganarse el propio sustento, que los hubiera compelido a cometer los hechos que cometieron. Es más, como otros dignos y honestos militares patriotas lo hicieron, de no coincidir con los objetivos y los métodos aberrantes del proceso cívico militar pudieron haberse rebelado, disentido, hasta incluso ponerse a resguardo y denunciar las atrocidades. Algunos lo hicieron, quiere decir que era posible”, afirmó Fernández Avello y agregó que “quienes hoy están aquí enjuiciados y acusados no lo hicieron porque no quisieron, porque se sintieron y fueron parte consciente y voluntaria del horror”.
Sí subrayó agravantes sobre las imputaciones, “principalmente respecto a la extensión del daño causado”, “la ausencia de arrepentimiento” y “el silencio guardado respecto al destino de los cuerpos de los desaparecidos y también el destino que se le dio a los dos bebés nacidos en cautiverio”.
Siguiendo el camino marcado por la Fiscalía, exigió la publicación en un lugar visible y destacado del diario La Nueva Provincia de la parte resolutiva de la sentencia y la prospección por parte de Memoria Abierta en el predio de la Séptima Batería para recolectar prueba y determinar si allí no existieron enterramientos clandestinos.
Además, pidió cárceles comunes para el cumplimiento de las condenas, la exoneración de los genocidas de las fuerzas armadas o de seguridad a las que pertenecen, la revocatoria de la prisión domiciliaria de quienes gozan del beneficio y que todos los imputados sean trasladados a Bahía Blanca el día del veredicto.
Las condenas a prisión perpetua corresponderían a: Felipe Ayala, Raúl Artemio Domínguez, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre, Julio González Chipont, Carlos Andrés Stricker, Edmundo Oscar Núñez, José Luis Ripa, Tomás Hermógenes Carrizo, Leandro Marcelo Maloberti, Francisco Martínez Loydi, Néstor Alberto Nougués, Luis Ángel Bustos, Eduardo René Fracassi, Oscar Alfredo Castro, Enrique De León, Gerardo Alberto Pazos y Luis Pablo Pons.
En tanto, la querellante reclamó 25 años de cárcel para Pedro Alberto Pila, 19 para Alejandro Lawless, 18 para Héctor Luis Selaya, 17 para Domingo Ramón Negrete y 10 para Víctor Oscar Fogelman.
“Por la memoria y la verdad…”, dijo Fernández Avello, desanudó la garganta y siguió: “por las compañeras y compañeros detenidos desaparecidos asesinados, en especial por las víctimas del V Cuerpo y la Base Naval Puerto Belgrano y sus familiares, solicito que se haga justicia”.
El jueves pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación debatió sobre la titularidad del derecho de huelga. Fue en el contexto de una audiencia pública para discutir en torno del expediente del caso Orellano vs Correo. La jornada fue presidida por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. A su vez, participaron como “amicus curiae” (amigos del Tribunal) el director del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Ricardo Cornaglia; el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Julio Fuentes; el secretario general de la CTA-Autónoma, Pablo Micheli; uno de los representantes legales de la CTA-De los trabajadores, Alejandro Ferrara; el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, León Piasek y la representante de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Liliana Constante.
“La Corte lo que está por decidir, habría que ver cuándo, es un expediente donde tiene que resolver si el derecho de huelga está en cabeza de los trabajadores en sí como colectivo o si solamente está previsto que la huelga sea convocada los sindicatos como organización jurídica colectiva de los trabajadores” dijo a FM De la Calle el abogado y miembro del Taller de Estudios Laborales, Guillermo Pérez Crespo.
“Es un tema bastante complejo de consecuencias que pueden llegar a ser muy importantes para los trabajadores y donde lamentablemente gran parte del movimiento sindical ha estado ausente, ha mirado para otro lado”, advirtió.
Si bien el debate se llamó por el caso mencionado, “la Corte tiene cuatro expedientes similares por despidos por una huelga en el Correo (Argentino). Tres los tiene por recurso extraordinario con respecto a sentencias que han sido favorables a los trabajadores. Y un cuarto expedientes es de la Sala 4 y el fallo sostuvo la ilegalidad de la huelga por no haber sido convocada por el sindicato. La Corte cuando resuelva, si bien convocó a uno, va a resolver para los cuatro”.
Detrás del expediente
“El tema tiene un trasfondo político de intereses muy fuertes. La Constitución Nacional en el artículo 14 bis habla del derecho de huelga en cabeza de los gremios pero en el sentido tradicional y antiguo de la palabra gremio como trabajadores de un mismo oficio, no como sindicatos. Es más, en las actas constituyentes del año 57 están las discusiones alrededor del tema, y varios de los convencionales, entre ellos Bravo, Alfredo Palacios, explican que ellos ponen la titularidad del derecho de huelga en cabeza de los gremios para dejar expresamente sentado que no está en cabeza de los sindicatos. Ellos hacen la diferenciación”, explicó el abogado.
Sin embargo, “como la palabra gremio se presta a distintas interpretaciones, no pasó mucho tiempo cuando empezaron a aparecer algunos jueces que, con cierta picardía, identificaron gremios con sindicatos y decidieron desconocer el derecho de huelga a los trabajadores. Es un tema que se viene discutiendo hace muchísimo tiempo”.
En este sentido, la jurisprudencia no es homogénea y existen diferentes posiciones. “La Corte de la Nación en sus distintas integraciones tuvo posiciones ambiguas y vacilantes. En algunos momentos se les reconoció a los trabajadores y en algún otro momento, sobre todo en tiempos de dictadura, se les reconoció a los sindicatos”.
Los datos
Uno de los argumentos centrales de quienes defienden a los sindicatos burocráticos que ahogan la participación de las bases es que Argentina cuenta, comparativamente, con un número importante de delegados por empresa en relación a otros países de América Latina. Si bien es cierto que en países como Chile o Brasil las comisiones internas son impensadas, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo “el total de empresas con delegados es sólo de un 12%”.
En este sentido, Pérez Crespo sostuvo que “según el Ministerio de Trabajo en su último estudio, en Capital Federal, Gran Buenos Aires y las principales ciudades del país, en establecimientos de más de 20 trabajadores, apenas si llega al 30 % la cantidad de trabajadores afiliados en el país. Si tomamos a todos los establecimientos, si tomamos los trabajadores en negro y en blanco en todo el país, es probable que no lleguen al 20 %. Decidir que el derecho de huelga esté en cabeza de los sindicatos significa excluir del ejercicio del derecho de huelga a casi el 80 % de los trabajadores en nuestro país”.
En otras palabras, “más del 70 % de las huelgas que se hacen en realizan en nuestro país de hace muchos años son convocadas por trabajadores en forma colectiva espontanea o por comisiones gremiales o por seccionales que no son propiamente sindicatos. Con lo cual eso significaría ilegalizar a la inmensa mayoría de las huelgas. ¿De qué estamos hablando? Estamos discutiendo si el 70 % de las huelgas en este país son ilegales”.
La Corte
Consultado acerca de la orientación política que puede inferirse a raíz de la conformación actual de la actual Corte respecto del tema, el abogado del TEL digo que tiene mucha preocupación “por dos motivos. El primero es que no es un momento de avance de los trabajadores en esta etapa. Desde hace un tiempo a esta parte ha habido un cierto retroceso y hay una ofensiva empresaria importante. Y porque la Corte ha perdido a dos de sus principales doctrinarios cercanos a los intereses de los trabajadores como eran (Enrique) Petracchi que falleció y (Eugenio) Zaffaroni que se jubiló. Ha quedado una mayoría distinta en la Corte”.
“Por otro lado, llamó mucho la atención que el expediente que eligió la Corte para discutir esto es un expediente que por características muy particulares y muy difíciles de explicar es de los peores supuestos para discutir la titularidad del derecho de huelga. Es uno de los expedientes que más le conviene discutir a la parte empleadora”, explicó.
De esta forma, “el expediente elegido por la Corte fue un toque de alarma. Ni si quiera necesitaba la Corte haber convocado en este expediente a esta discusión porque en realidad lo que hay en este expediente son despidos discriminatorios no por huelga sino por asamblea. Con lo cual hay una mezcla muy rara que ha llamado a preocupación a varios de los organismos”.
La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mónica Fernández Avello, desarrolló durante este martes la primera jornada de alegatos de la querella en el juicio contra 23 represores que actuaron en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.
La audiencia comenzó con más de hora y media de retraso por los clásicos problemas técnicos en la videoconferencia que enlaza Colón 80 con los tribunales de Comodoro Py, donde se entretiene un puñado de imputados privilegiados por la prisión domiciliaria.
La exposición, que cuenta con la adhesión adelantada de la dra. Mirta Mántaras, continuará este miércoles desde las 8:45 en el Aula Magna del rectorado universitario.
La abogada Mónica Fernández Avello aseguró que “hemos pasado del Estado terrorista que reprimió a su propio pueblo al Estado que se sienta al lado de las víctimas para defender sus derechos” y planteó “una visión del terrorismo de Estado vinculada a la imposición de un proyecto político y económico regresivo que para su implementación requirió un disciplinamiento social profundo y extendió su vigencia más allá del período dictatorial.
Este enfoque, explicó, conduce a una nueva caracterización de los sectores intervinientes pasando de la responsabilidad limitada a las fuerzas armadas a la responsabilidad de sectores de la sociedad, la prensa, la Iglesia y la clase política. “Es por ello que hablamos de golpe cívico militar, ya que permite poner de relieve no solo la participación civil sino su preeminencia, y ubicar a las fuerzas armadas en el lugar de brazo armado de un cerebro económico y social inserto en la civilidad que continúa activo más allá del fin de la dictadura”.
La querellante destacó las dificultades que contrajo “el litigar en este juicio” en la ciudad donde vive. “Está ciudad donde a casi tres años que este tribunal, en una decisión encomiable, mandó investigar los delitos de La Nueva Provincia y todavía estamos esperando que se procese a su directivo”.
Recordó “lo que significaba encontrarse a Alfredo Astiz” sentado en una confitería frente a la cual pasaba una marcha por los derechos humanos cuando “la impunidad reinaba” en la ciudad y cómo la Madre de Plaza de Mayo Celia Jinkins -“emblema de Bahía Blanca”- decía: “Es una provocación, sigamos”. “Me imagino que en una ciudad chica como Punta Alta ha sido mucho peor ya que en ese lugar realmente conocían la cara de muchos de los que hoy estamos juzgando”.
“Es en ésta, mi ciudad, donde hasta hace unos días teníamos como integrante de la Cámara Federal a un ex PCI del Destacamento de Inteligencia 181, que ejercía tal repudiable servicio en esta casa, en esta universidad que tiene -entre estudiantes, docentes y no docentes- más de sesenta muertos y desaparecidos. Estoy hablando de Néstor Montezanti, quien fuera presentado al Destacamento por el genocida prófugo José ‘Balita’ Riveiro (…) quien no solo fue artífice del Plan Cóndor sino también de la Triple A”, alegó.
Teniendo en cuanta las particularidades de los megajuicios de lesa humanidad que exigen la adaptación de las partes “a los tiempos que siempre nos van ganado por la impunidad biológica, ha sido muy difícil para los testigos que declararon el que una mayoría de los imputados esté con prisión domiciliaria. Me refiero a Carrizo, Castro, De León, Fracassi, Maloberti, Negrete, Nougués, Nuñez, Otero, Pazos, Pila, Pons y Ripa”.
“Ha sido muy terrible para los testigos y los familiares que los acompañaban y que se sentaron acá a relatarnos las atrocidades que vivieron en los centros clandestinos ver por el monitor de Comodoro Py una señora tejiendo, los imputados leyendo el diario o riéndose o conversando entre ellos. Debo remarcar el excesivo tiempo que ha llevado este juicio y lo que a mí criterio es perjudicial, pienso que para ustedes también, las videoconferencias que si bien en algunos casos no se pueden soslayar por vivir los testigos en el exterior, en la mayoría han sido dentro de nuestro país”, reclamó.
Por otra parte, manifestó su “satisfacción por la madurez y responsabilidad de este tribunal de colocar estos hechos aberrantes de violencia sexual que hemos escuchado, otorgándoles la categoría de delitos de lesa humanidad ante la petición de los fiscales, por lo que deberán responder quienes desde un lugar u otro en el aparato estatal contribuyeron a su producción”.
En una próxima nota este sitio desarrollará los argumentos con los cuales Fernández Avello adhirió a la imputación fiscal por los delitos sexuales que formaron “parte del plan sistemático, generalizado y continuo”. Si bien “no podemos afirmar que ha existido una orden expresa de violar o abusar de las detenidas, lo que sí existió fue una orden de aniquilar y eso involucró una cantidad impresionante de delitos que fueron organizados, ordenados, ejecutados, consentidos, alentados, propiciados desde el propio Estado”.
“Tampoco existió una orden expresa de robar, de dañar, de extorsionar, de saquear, de apropiarse de niños y niñas, cambiarles las identidades, pero la historia nos indica que esos delitos se cometieron al igual que los abusos y violaciones sexuales que hemos escuchado denunciar a las víctimas y otros testigos. Quienes ejercían funciones de mando y dirección tenían un cabal conocimiento de todo lo que la maquinaría represiva producía. Los mandos medios y altos sabían perfectamente cuál era el accionar de sus subordinados y los efectos que estos producían en las víctimas y en la sociedad porque formaban parte de la planificación”, denunció.
Más información en www.juiciobahiablanca.wordpress.com
(Por Francisco J Cantamutto) Los principios de Reestructuración de Deudas Soberanas aprobados en Naciones Unidas la semana pasada fueron presentados como una victoria moral. Las severas limitaciones de esta victoria pírrica.
El pasado jueves 10 de septiembre se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas la Convención Multilateral sobre Reestructuraciones de Deuda Soberana a propuesta de Argentina. Hace un año atrás, el gobierno de Cristina Fernández desplegaba su estrategia jurídico-política, enviando este proyecto a discutir a Naciones Unidas y dando impulso a una ley contradictoriamente llamada de Pago Soberano. Ésta última supuso declarar de interés público el pago de una deuda que al mismo tiempo que juzgaba digna de investigación, componiendo una comisión ad hoc cuyos resultados se esperan conocer a la brevedad (contaban con seis meses para presentar conclusiones).
La propuesta de un mecanismo de regulación de reestructuraciones de deudas de los Estados fue una interesante jugada política del gobierno, que sometió a debate en la Asamblea General de la ONU su actual disputa con una minúscula parte del sistema financiero internacional, los fondos buitres. Con el apoyo de China y el G77 a la iniciativa, no fue difícil conseguir una mayoría para discutir el asunto. La votación finalizó con 136 votos a favor, 41 abstenciones y 6 votos en contra de los centros de poder económico (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y Japón), lográndose su aprobación. Se espera que algunos países busquen aprobar leyes para incorporar la convención a sus sistemas jurídicos, como ya indicó que haría Bolivia.
El canciller Héctor Timerman festejó la conquista afirmando que las disposiciones “Ponen un límite a los piratas del siglo XXI que aprovechan la falta de legislación global para infringir daño y obtener ganancias extraordinarias.” La resolución fue muy festejada como un logro de política internacional, incluso como una victoria moral. Sin dudas, esta convención convalida la estrategia del kirchnerismo respecto del tratamiento de la deuda; pero eso no significa que se trate de un enfrentamiento abierto al capital financiero.
Dos cuestiones generales dudas sobre esta supuesta victoria, ambas reconocidas por el oficialismo. La primera es que la resolución no tiene aplicación retroactiva, con lo cual no sería de utilidad para el conflicto actual con los fondos buitres. En todo caso, sería de utilidad para una nueva ronda de endeudamiento como la que se espera, tanto si gana Scioli como si gana Macri. La segunda es que en lugar de un mecanismo claro de reestructuración, lo que se aprobó fueron nueve principios generales, de aplicabilidad no coactiva, es decir, a voluntad de las partes.
A estas dos cuestiones generales se agregan algunas dudas puntuales respecto de los principios en sí, que ya han expresado dos expertos en la materia, Héctor Giuliano y Alejandro Olmos Gaona. Más allá de declamaciones como la de inmunidad soberana (principio 6) que no estuvieron nunca en discusión (a menos que volviéramos un siglo atrás, antes de la Doctrina Drago, y permitiéramos invasiones extranjeras para cobrar deudas), la convención genera más bien suspicacias. Entre otros puntos que generan severas dudas, está el taxativo privilegio de los derechos de los acreedores sin referencia equivalente de los de la nación soberana, la obligación de los países deudores de rendir cuentas (sin equivalencia respecto de los acreedores), y la prohibición de discriminar entre acreedores (lo que convalida la práctica de los fondos buitres de comprar deuda a precio de remate para especular luego con juicios) y la obligación de las partes de someterse a negociaciones. De acuerdo con este conjunto de principios, los fondos buitres serían grandes ganadores, puesto que los cuatro puntos anteriores conforman el núcleo de sus demandas en los tribunales neoyorkinos: que, sin importar cómo obtuvieron los títulos de deuda, Argentina debe sentarse a negociar con ellos, dar explicaciones, pagarles.
El principio 9 sería el más favorable a las intenciones de Argentina, que indica que “una minoría no representativa de acreedores (deberán) respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores”. He aquí la gran conquista del argumento kirchnerista: una vez reestructurada la deuda con la mayoría de los acreedores (93% para el caso argentino post 2001), una minoría (MNL Capital tiene menos del 2% de los bonos) no puede obstaculizar la normalización financiera. El berrinche judicial de Singer y Griesa no tendría sostén de acuerdo con este principio.
Sin embargo, antes de cantar victoria, deberíamos apelar a la memoria –tan cara al oficialismo- y el estudio de la arquitectura financiera internacional. Desde que el siglo XXI comenzó, la posición oficial de Estados Unidos y del FMI ha sido impulsar un sistema de reestructuraciones de deuda soberana semejante a una convocatoria de acreedores. Luego de que el conservador Meltzer presentara su informe en el Congreso estadounidense, fue la temible neoliberal Anne Krueger quien impulsó esta idea justamente a raíz del default argentino de 2001. La razón es sencilla: si se permite que un pequeño grupo de fanáticos obstaculice las reestructuraciones, se impide que el país deudor pueda renovar su voluntad de seguir pagando y tome nueva deuda. Es decir, la avaricia de unos pocos complica el negocio de otros muchos. Los fondos buitres son una lacra del sistema financiero internacional, que ponen palos en la rueda para que el poder financiero real pueda continuar su expoliación.
Fue por este motivo que ni el organismo ni la potencia dificultaron el canje de Argentina de 2005, sino más bien al contrario lo apoyaron. Tenían dos motivos más para esta actitud, y es que la propuesta de Néstor Kirchner renovaba la jurisdicción extranjera en la materia y no cuestionaba el origen de la deuda. Los tres puntos se vieron ratificados con la Convención aprobada en la ONU: no investigar la deuda; mantener la jurisdicción fuera del país deudor; y negociar por mayorías.
Junto al principio ocho que declara abiertamente la intención de estabilizar el sistema financiero internacional, y el segundo que explica que el propósito es “restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida y duradera”, queda palmariamente claro que la preocupación y voluntad de la Convención –al igual que la declarada por el kirchnerismo una y otra vez- es sostener el sistema de endeudamiento permanente de los países dependientes. Garantizar el negocio de deudas ilegales e ilegítimas para todas las partes.
No debe confundir al análisis político serio los votos negativos de las potencias: presentándose como la encarnación misma del mal, dan la excusa perfecta para presentarlo como una conquista. Era evidente que la Convención –insistimos, no coactiva- se aprobaría igual por mayoría; si las potencias hubieran querido bloquearlo, tienen mecanismos políticos y económicos para hacerlo. La Convención de la ONU es un fiasco que continúa la política estratégica de volver a endeudar al país.
Este jueves 17 a las 21.30 horas se presentarán Facundo Mazzulli y Julián Ahumada en el marco del Ciclo de Solistas de la UMSur en el bar Don Osvaldo del CC La Panadería (Lamadrid 544). Se trata del decimoquinto encuentro y el segundo que la asociación gremial articula con el Centro de Estudiantes del Conservatorio.
El ciclo “Solistas en el Don Osvaldo” que organiza la Unión de Músicxs del Sur tiende a generar un lugar de encuentro con músicos y músicas que ejecutan sus instrumentos de manera solista. De esta forma, cantautores, instrumentistas e intérpretes de canciones pasan jueves tras jueves por el bar del Centro Cultural la Panadería desde hace tres años.
Según la organización, “se trata de una oportunidad para encontrarnos en un buen clima y compartir nuestra actividad desde una perspectiva singular”.
El dúo conformado por Mazzulli y Ahumada, ambos en guitarras y voces, visitó esta mañana el Estudio Heinrich y Loyola de FM De la Calle con sus instrumentos y cantaron dos canciones. Cabe destacar que la propuesta de la formación está basada en un repertorio integrado por canciones propias.
Escuchá la nota completa.
(Por Astor Vitali*) Sin duda el dato político de mayor relevancia por estas horas a nivel local es la renuncia de Dámaso Larraburu a su candidatura para el cargo de intendente municipal, a la que suma la de los cinco primeros candidatos a concejales de la lista massista más votada.
Desde el punto de vista de la política nacional, horas atrás, La Nación publicó que Sergio Massa tomó la decisión de pedir la renuncia a diferentes candidatos a jefes comunales, basado en mediciones que le acercan sus asesores. Según la publicación de los Mitre no conviene tener un candidato que mida 10 puntos para otro candidato, Massa, que tiene un 58 por ciento de imagen positiva en la ciudad, en una rara mezcla analítica entre imagen e intención de votos. Sin embargo, según este análisis, no termina de comprenderse qué candidato mediría mejor para la propuesta del Frente Renovador.
Por otra parte, a nivel local, la jugada del histórico armador de listas parecería tener como principal beneficiario al candidato peronista Marcelo Feliú. A su vez, Larraburu adelantó que votará por el candidato del Frente para la Victoria.
El Frente Renovador obtuvo más de 20 mil votos en Bahía Blanca, de los cuales 16 mil fueron emitidos en favor de Larraburu. Parte de la respuesta al interrogante de los motivos profundos de la dimisión larraburista deberían encontrarse en la especulación, un tanto temprana, del destino de esos votos que el candidato ahora renunciado supo cosechar.
Sin demasiados datos duros, imposibles de obtener si pensamos en decisiones tomadas en reducidas mesas, la decisión de Dámaso Larraburu no parece diferente a la conducta histórica del dirigente peronista. Esto es, el juego a varias puntas, la capacidad de articulación con diferentes sectores para, en última instancia, alinear la dirección del barco a como dé lugar con el objetivo de que no sea otra la tripulación que lo dirija. En otras palabras, los lugares de poder real no deben ponerse en riesgo por aspiraciones electorales. Y en Bahía Blanca existe la posibilidad cierta de que el candidato Gay ocupe el lugar de tripulación en el barco institucional. El peronismo que aspira a la continuidad a través del candidato Scioli, si no hace las cosas bien, perdería el gobierno de esta importante ciudad en términos económicos y políticos.
Importancia que Scioli se ocupó de destacar en la jornada de hoy, rememorando viejas promesas de trabajo y prosperidad a través de las inversiones a cargo de empresas trasnacionales. Iguales promesas recibió la comunidad bahiense treinta años antes. Sin embargo, los datos duros muestran de manera insoslayable que la riqueza que generan esas inversiones son mayormente capitalizadas por las mismas multinacionales, dejando un pasivo ambiental flagrante, ofreciendo a cambio en concepto de puestos de trabajo un número que no supera el dos por ciento del total.
Mención aparte merece la actitud rastrera del intendente Bevilacqua quien no sólo recibió hoy, como protocolarmente corresponde, al embajador de Estados Unidos en Argentina, Noah Mamet, sino que además le entregó una copia del Decreto Oficial que lo declara Huésped de Honor de la Ciudad de Bahía Blanca. Es decir, el Jefe Comunal decretó que esta ciudad, y sus representados y representadas, consideramos que el embajador del Estado Multinacional Terrorista es merecedor de ser recibido como Huésped de Honor.
Cabe un juego de palabras. Tan al revés está el mundo, o tan cada vez es el mundo del revés nuestro medio, que se menciona como Huésped de Honor a quien forma parte de las Huestes del Horror.
* Editorial Programa Tarde Piaste (14 09 15)
La Coordinadora por el Juicio Académico al suspendido docente de Derecho Néstor Luis Montezanti aseguró que el imputado en la causa Triple A, “dando los últimos manotazos de ahogado y sabiéndose cadáver político por la acumulación de denuncias en su contra, apela a la mentira para defenderse”.
Hacen referencia al extenso reportaje que el juez apartado se realizó en la edición del 8 de septiembre en el diario LaNueva. del coimputado en las causas de lesa humanidad Vicente Massot, en el cual “arremete contra todos aquellos que cuestionan su pasado cómplice de la dictadura y el terrorismo previo al golpe y su presente como presidente de la Cámara Federal de Apelaciones”.
“No es nada extraño, por lo menos para quienes conocemos la trayectoria de Montezanti y su patoterismo de psicópata, que siga utilizando estas falsedades para victimizarse, siempre con el apoyo incondicional de La Nueva Provincia”, concluyeron desde la coordinadora tres exponer las siguientes mentiras:
1) Miente cuando niega su participación en la toma de la UTN a fines del ´74. Varios fueron los testigos que declararon confirmando su presencia junto al “Moncho” Argibay y sus matones. En el juicio de Montezanti contra Alberto Rodríguez, el juez Ares dio por acreditada tal participación, afirmando en el fallo: “Al respecto debo señalar que los testigos me impresionaron como convincentes y veraces en lo principal; dado su número configuran un plexo probatorio sólido para acreditar la existencia del incidente ya referido”.
2) Miente cuando afirma que el juez Ares, en el mismo fallo, niega la pertenencia de Montezanti a las AAA, dice sí que “…de haber sido visto el querellante junto a un grupo armado en la UTN en el que se encontraba Jorge Argibay, alias “Moncho”, y que –como ya dije- se acreditara que pertenecía a la “Triple A”, y quien fuera sindicado por varios testigos como el homicida de David Cilleruelo, hecho ocurrido el 3 de abril de 1975, no existen otros elementos que permitan arribar en grado de certeza a la mentada vinculación del Dr. Montezanti con la citada banda criminal, como no sea su pertenencia ideológica a la derecha peronista”. Y agrega que esto es “al menos en base a la información arrimada a este juicio, y sin prejuicio de las investigaciones a producir en otros procesos judiciales”. Procesos que hoy están en marcha gracias a la tarea desarrollada por los fiscales Nebbia y Palazzani, y a los cambio producidos en la Justicia Federal de Bahía Blanca.
3) Miente cuando afirma que su tarea como Personal Civil de Inteligencia estaba vinculada a los conflictos de Malvinas y limítrofe con Chile. El mismo decreto presidencial 4/2010 que ordena la publicación del listado de agentes y sus legajos personales, en su artículo 2 exceptúa de esa publicación a “toda la información y documentación relativa al conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal”. Si el nombre de Montezanti está publicado es porque sus tareas estaban vinculadas a la acción represiva.
4) Miente cuando se asume como víctima de una campaña orquestada por el “aparato militante universitario”, ocultando que fueron los órganos superiores de la UNS: la Asamblea prácticamente por unanimidad y el Consejo Superior por unanimidad al iniciarle Juicio Académico, que repudiaron su desempeño como cómplice de la dictadura. Y en el ámbito del Poder Judicial Federal, el Consejo de la Magistratura que acaba de suspenderlo por las innumerables denuncias acumuladas en su contra.
“Cuando ABSA realiza el lavado de los filtros para brindarnos agua potable lo que hace es derramar toda el agua de ese lavado sobre nuestras casas”, dijo a FM De la Calle la presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio Millamapu. “La planta potabilizadora tiene límite en calle Victorica que es donde empieza el barrio y por allí empiezan a verter el agua que corre por todo el barrio, por calle Washington y va drenando hacia otras calles”, agregó.
A su vez, el vertido “destroza todas las calles de tierra que tampoco tienen mantenimiento. La última vez que se hizo esta limpieza de filtros fue hace aproximadamente 20 días. Después de que los vecinos llamamos a los medios y a la municipalidad, vinieron inspectores del área de Mantenimiento Urbano e infraccionaron a la empresa. Al día siguiente cortó el problema, dejó de drenar agua. Ahora, hace cinco días tenemos el mismo problema. Y es constante. No lo hacen un rato o un día. Pasan los días y el agua sigue corriendo”.
La situación no es nueva. La política de la empresa “viene desde hace años. Ahora es más recurrente. No sé cuál será el factor interno del funcionamiento de ABSA que todo el agua viene a parar hacia nuestro barrio”, se preguntó la representante vecinal.
“Lo que debería hacer ABSA es una inversión para realizar una obra que permita tirar toda esa agua del lavado de filtros hacia el desagüe pluvial más cercano”, reclamó.
La Sociedad de Fomentó envió una carta al intendente municipal Gustavo Bevilaqcua “sin obtener respuesta”. Por estos días ingresaron nuevamente una nota solicitando que interceda por el conjunto de vecinos y vecinas del sector.
Por su parte, ABSA informó que hoy queda “inaugurado un acueducto de agua potable que abastecerá a 3000 habitantes de la ciudad”. El gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente por el Frente para la Victoria Daniel Scioli participó de la ceremonia de inauguración.
Al respecto, la sociedad de fomentó sostuvo que “ante la anunciada presencia del gobernador Scioli en Bahía Blanca, mayor responsable del pésimo funcionamiento de la empresa ABSA, los vecinos solicitamos se realicen las inversiones correspondientes de manera urgente para dar solución a este problema y a las constantes roturas de caños de agua que se encuentran casi en la superficie de las calles y cuyas pérdidas de agua son ‘parchadas’ y duran sólo unos días”.
“Mientras tanto en el año del #NiUnaMenos, en el año de esa movilización masiva que tomó las calles de todo el país pidiendo no más femicidios, todavía hay municipios que siguen organizando eventos de violencia simbólica. En estos momentos la Municipalidad de Monte Hermoso está haciendo una selección de mujeres. Mujeres muy jóvenes, mujeres evaluadas por sus cuerpos, por sus medidas, por su edad, por su estado civil, por su peso. Mujeres jóvenes que adornarán a esta ciudad. Mujeres cosificadas”.
La agrupación feminista DesBandadas realizó una protesta este sábado frente al Centro de Convenciones de Monte Hermoso, donde se realizaba la preselección de postulantes a Reina Nacional de la Primavera 2015. “¿Saben los funcionarios y funcionarias de Monte Hermoso qué es la violencia simbólica? ¿Saben que está tipificada en la ley?”, se preguntaron.
“En Argentina la violencia machista asesina a una mujer o una niña cada treinta horas. Las mujeres no podemos caminar tranquilas por la calle y la mayor inseguridad la vivimos puertas adentro. Quienes asesinan a las mujeres no son ladrones en un robo común, son sus parejas varones, sus maridos, novios, ex novios, amantes. Las matan por machismo”, manifestó Verónica Bajo rodeada de tamboras.
Agregó que “los femicidas no son enfermos, son odiadores de mujeres. Es tal el odio que portan que les matan a sus hijas e hijos para castigarlas. El odio les lleva a prenderlas fuego, a achuchillarlas 74 veces o tirarlas semi asesinadas a un contenedor de basura. Acá cerquita, frente a este mar, una adolescente fue asesinada, fue descartada en un médano, semienterrada, como un poco de yerba mate lavada que querés tapar con arena, eso hicieron con Katherine”.
El derecho de disponer y explotar
Jóvenes solteras sin hijos de 18 a 25 años podían inscribirse como aspirantes a reina nacional de la primavera de Monte Hermoso. Las que hicieron firmar el contrato por su “padre/madre o tutor” y juntaron el dinero para el viaje y la estadía, se acercaron este sábado a la oficina de turismo cargando sus “trajes de baño, ropa sport (jeans, remera musculosa u otra) y zapatos de tacos altos” y el material informativo “sobre aspectos relevantes de la historia, geografía y actividad turística de Monte Hermoso”.
La elección de la monarquía del balneario se realiza “en función de la belleza física integral de la postulante, porte, personalidad y cultura general”. Ya fueron elegidas 13 postulantes que, ahora sí, recibirán por parte de la comisión organizadora “un traje de baño, ropa sport y un traje de noche” para pasear sus culos y “saberes” regionales frente a los funcionarios de turno en un acto, con show de Diego Reinhold en el Centro Cultural Monte Hermoso, a 80 pesos por cabeza el próximo viernes 18.
Por órdenes de compras por diez mil pesos la reina y por cinco mil y tres mil sus princesas, cederán a la organización todo “derecho de disponer” respecto de sus presentaciones “en los lugares y fechas que considere oportuno y necesario. La XXIII Reina Nacional de la Primavera deberá asistir a todas las fiestas que fuere invitada y que la Comisión Organizadora considere pertinente concurrir, no pudiendo excusarse (salvo por razones de fuerza mayor debidamente justificada), caso contrario a la tercera negativa, automáticamente, asumirá la representación la Primera Princesa electa”. Tampoco podrán “presentarse públicamente en concursos de belleza o similares sin previa autorización”.
Las 13 finalistas cedieron gratuitamente a la Municipalidad de Monte Hermoso “el derecho de explotar, por un período desde el día 12 de septiembre de 2015 hasta la fecha de la XXIV Fiesta Nacional de la Primavera, su nombre e imagen para difusión de campañas publicitarias y/o comerciales de productos o servicios ofrecidos por el Municipio bajo la marca registrada ‘Monte Hermoso de Sol a Sol’, incluyendo, asimismo, la reproducción o fijación de los distintos materiales creados y diseñados por la Municipalidad, por lo que la imagen de la concursante electa reina, primera o segunda princesa y/o cualquiera de las preseleccionadas, podrá ser fotografiada y/o grabada y/o convenirse en que narrará, interpretará o en cualquier otra forma o procedimiento, directa o indirectamente, sea por la vía oral, escrita o visual o cualquier otro procedimiento gráfico, plástico, magnético o, en general cualquier otro procedimiento, comunicará al público consumidor de los distintos productos y/o servicios vendidos y /u ofrecidos por el Ente promocionado, renunciando a cualquier reclamo económico que pudiera ocasionar su presentación”.
“Volveremos a Monte Hermoso”
“Hace tiempo el intendente de Monte Hermoso fue alertado sobre la violencia simbólica de las elecciones de reinas. La Consavig, organismo dependiente del Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, le envió una carta para alertarlo del carácter violento de este evento bizarro y cosificador. El intendente no le responde”, afirmó Bajo y comentó que tampoco ellas fueron atendidas por la Secretaría de Cultura y Turismo.
Finalmente aseguró que “venimos a pedirles que cumplan la ley, que trabajen para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, que trabajen para esclarecer el asesinato de Katherine Moscoso y, si pueden, que hagan algo por Andrea Esnaola que acá cerquita desapareció y ya nadie la busca. No los eligieron para que sean jurados de adolescentes en tanga, eso es el programa de Tinelli. No queremos el silencio, no haremos silencio frente a ninguna violencia. Las elecciones de reinas también son violencia hacia las mujeres, las niñas y adolescentes”.
(Por Juan Bucci) “El futuro es de ellos”, con esas palabras Luis Scola cerró una de las tantas notas que le realizaron al finalizar el partido con México en la semifinal del Preolímpico. Con esas simples palabras les está pasando la posta a los jugadores más jóvenes, les está dando el visto bueno y despacito se va despidiendo de la camiseta albiceleste.
La victoria ante el “Tri” selló el pasaje para el seleccionado argentino (de ahora en adelante “El Alma”) a los Juegos Olímpicos de Río 2016 en un torneo que lo tuvo como protagonista absoluto y jugando un gran básquetbol.
Los dirigidos por Sergio Hernández, llegaron con muchas dudas y solo la certeza que Manu no estaría en cancha. Luego se sumó la baja de Carlos Delfino para complicar aún más el panorama. Semanas antes, un esbozo del Alma se vio en los Panamericanos de Toronto donde después de un flojo debut finalizaron en el quinto lugar.
Todos sabíamos que las cosas iban a ser muy difíciles, ya que solo había dos lugares para la clasificación directa y tres para ir a un repechaje que según palabras del “Chapu” Nocioni “será una carnicería”.
Con el “Luifa” y el “Chapu”, los dos únicos guerreros de la Generación Dorada, como estandartes, el seleccionado arrancó su participación con una buena victoria versus Puerto Rico pero después llegaba el cuco, Cánada, un equipo joven con estrellas de la NBA y las fichas puestas que sería el 1 sin problemas. Pero ahí apareció El Alma y sorprendiendo a ajenos, un contundente 94-87 prendió las alarmas en los demás equipos.
Argentina terminó la primera ronda sin sobresaltos y sin conocer la derrota, fortaleciendo aún más el vínculo como equipo y Hernández encontrando SU equipo. Campazzo comenzó a ser líder y agradables sorpresas, como Patricio Garino, se dejaban ver atrás de los dos más grandes.
En la segunda ronda, Luifa y Chapu fueron pilares de cada victoria, porque el trajín del torneo así lo requería. Victoria complicada ante Uruguay y a seguir sumando éxitos. Luego de seis triunfos en fila, El Alma conoció a la derrota frente al local, México, en el final de la segunda ronda y con algunas dudas ya que Argentina ganaba por 15 y terminó perdiendo por 12.
De los golpes se aprende y nadie aprende más que este grupo de jugadores, entendieron cuál era la situación y que sólo ellos podían alcanzar la meta. Nocioni y Scola marcaron el camino para que Campazzo, Garino, Safar y Delía, entre otros, consiguieran la tan ansiada y merecida clasificación.
Si bien no se pudo salir campeón, El Alma vuelve con la satisfacción del deber cumplido y, además, con esa luz de esperanza que “los pibes” entendieron y conservan ese fuego sagrado que hizo a la Generación Dorada lo que fue.
Este domingo 13 de septiembre se presentarán los músicos Sebastián Andrés y Sebastián Barrionuevo con “Tangos de Bolsillo” en el Bar Don Osvaldo del Centro Cultural La Panadería (Lamadrid 544). La cita es a las 21 30 horas.
“Recuerdo que entre ensayo y ensayo de otras bandas que hemos compartido uno se pone a tocar temas que no tienen nada que ver. Y ahí empezamos a encontrarnos en los tangos”, dijo a FM De la Calle Barrionuevo, consultados por el inicio de este propuesta.
Por su parte, Andrés agregó que “hasta tenemos idea de incorporar temas actuales que son tangos, tangazos. Nos une el arte en general y vamos viendo para dónde nos lleva”.
El repertorio nació por los caminos de la obra gardeliana, pasando por vals como Flor de lino hasta obras de Astor Piazzolla.
El dúo visitó, con instrumentos en mano, el estudio Heinrich y Loyola durante el programa Tarde Piaste que conduce Astor Vitali.
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La presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, dijo esta mañana por FM De la Calle que las denuncias contra Néstor Luis Montezanti “cuanto menos encuadrarían en delitos de lesa humanidad” y no corresponden con “los valores democráticos y de defensa de los derechos humanos que debiera tener un juez de la Nación”.
El órgano judicial resolvió ayer suspender preventivamente al titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca e iniciar un proceso de remoción conformando un jury de enjuiciamiento. En un lapso de 180 días, los consejeros Héctor Recalde y Miguel Piedecasas deberán fundamentar la acusación y el jurado decidir si existió o no mal desempeño en sus funciones.
Al camarista se le reprocha su vinculación con la Alianza Anticomunista Argentina, haber pertenecido como personal civil al Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado, promover la pena de muerte y reiteradas denuncias de autoritarismo y violencia laboral contra trabajadorxs judiciales.
Además del proceso aprobado en las últimas horas, Montezanti afronta una imputación en la causa penal que investiga 22 homicidios cometidos por la Triple A y un juicio académico en la Universidad del Sur que motivó su suspensión como docente del Departamento de Derecho.La dra. Gabriela Vázquez destacó el acuerdo alcanzado en el plenario por las representaciones del Poder Ejecutivo, el oficialismo y la oposición del Congreso, y de las matrículas de abogadxs de las provincias y la Capital y lamentó que sus colegas jueces, Leonidas Moldes y Luis Cabral, “no hayan acompañado porque este es un tema muy grave”.
“Más allá de las calificaciones del derecho penal internacional de las conductas que se le atribuyen al dr. Néstor Montezanti, las conductas son graves y cuanto menos encuadrarían en delitos de lesa humanidad, lo cual hace todo imprescriptible y por eso ha sido llamado a indagatoria por el juez federal subrogante Alejo Ramos Padilla por la presunta participación en delitos como parte de la Triple A y demás.
“Lo grave que significa que un juez de la Nación argentina presuntamente haya participado como servicio secreto o como servicio de inteligencia en la época de la dictadura cívico militar. Eso es muy grave y no responde a los valores democráticos y de defensa de los derechos humanos que debiera tener un juez”, opinó la magistrada.
Respecto a las denuncias del gremio de judiciales sostuvo que “como jueza de la Cámara Nacional del Trabajo me parecen muy graves los hechos que se le imputan y que están en cierto modo acreditados, que es la violencia laboral que se ejerce que ha llegado hasta violencia física a través de rapapolvos, que son como golpes en el cuello, y también ha tenido conductas propias de personal castrense o civil de inteligencia que es mandar informantes a las distintas dependencias, lo cual es inadmisible en cualquier ámbito laboral y mucho menos en el de la justicia”.
Vázquez mencionó la existencia de cuestionamientos vinculados a la “desarticulación” de la Secretaría de Derechos Humanos de la Cámara Federal y consideró que hay “todo un conjunto de elementos indicativo de que no se trata de un magistrado comprometido con los valores democráticos y con la defensa de los derechos humanos”.
Al ser consultada sobre los fueros del suspendido que lo cubrieron de la detención en la causa Triple A y ampararon sus faltazos a tres citaciones a indagatoria, la magistrada afirmó que “el juez Ramos Padilla remitió un pedido de desafuero a los efectos de ejercitar las facultades jurisdiccionales. El dr. Montezanti está suspendido, con lo cual en principio no tendría las inmunidades”.
Igualmente, la presidenta del Consejo subrayó que Montezanti “tiene que ir a declarar, por más que sea juez no puede no ir a declarar cuando lo cita otro juez. La renuencia a ir a la citación ha sido objeto de una nueva denuncia”.
Una de las opciones que tendrá el ex titular de la Cámara Federal es presentar su renuncia. En ese caso correspondería a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, aceptarla o rechazarla. “Si no la acepta el proceso sigue. Si la acepta, el jury ya no puede continuar porque si el juez ya no es juez no se lo puede remover, el objetivo de un jury es la remoción o la absolución, la continuidad”.
En cuanto al futuro de la Cámara Federal local, Vázquez destacó que de cinco miembros solo estaban designados Pablo Candisano Mera y el ahora suspendido Montezanti. El jubilado Ricardo Planes fue convocado pero está con licencia por problemas de salud. “Hay que integrarla con jueces subrogantes hasta tanto termine el concurso que hoy se vence el plazo para la inscripción y pienso que en el Consejo no va a durar más de seis meses”.
La Comisión de Selección, “a fin de resolver dicha situación anómala y de garantizar la eficaz administración del servicio de justicia”, aconsejó al Plenario la designación como magistrados subrogantes de la Alzada bahiense de los camaristas Alberto Agustín Lugones (San Martín), Alejandro Aníbal Segura (San Justo), Roberto Agustín Lemos Arias (La Plata) y Jorge Ferro (Mar del Plata).
“La minoría proponía que se designaran en la Cámara a jueces del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, al dr. (Leopoldo) Velázquez, al dr. (José) Triputti, que en realidad es del Tribunal Oral de Santa Rosa pero ocurre que eso es muy inconveniente porque cuando uno designa como subrogantes a jueces de tribunal oral que están interviniendo en la misma jurisdicción, luego cuando actúan como jueces de Cámara adelantan opinión y no pueden intervenir en el juicio oral. Lo más conveniente es convocar a jueces que tienen acuerdo del Senado que sean camaristas”, explicó Vázquez.
Casi una semana después de la detención violenta e injustificada de tres jóvenes por parte de las policías Local y Bonaerense en el marco de una campaña de difusión sobre el autocultivo y los usos de la cannabis, el concejal de Encuentro Amplio Raúl Ayude llevó el tema a la sesión del Concejo Deliberante.
Al momento de las manifestaciones, el edil pidió la palabra y aseguró que “los llamados de la comunidad se podrían haber solucionado con la simple presencia policial cerca de las personas que estaban en esa actividad, con haber dialogado y no con haberlos retirado. Ni la averiguación de antecedentes, ni el cacheo ni algún tipo de intervención policial justifica el nivel de violencia con el cual se actuó y que estas personas sin haber cometido ningún delito pasaran 16 horas detenidas”.
Recordó que durante los debates por la creación de la Policía Local el cuerpo definió que se trataría de “una policía de proximidad, de prevención, que iba a estar en los espacios públicos”. Agregó que llama la atención la falta de formación o “malformación de algunas prácticas que tienen que ser repudiables”.
Ayude planteó que para que una fuerza de este tipo sea una “institución democrática, transparente, que genere respeto en la comunidad” necesitan profesionalizarse y mencionó antecedentes como el registro fílmico de manifestantes en actos públicos en los que intervenían familiares de Daiana Herlein -joven fallecida por la caída de un árbol descuidado por el municipio-, como el atropello de miembros de la Prefectura contra limpiavidrios y el espionaje de la Bonaerense en la Universidad del Sur. “Lo que estamos exigiendo es que todas estas situaciones no solo sean repudiadas sino también generen una reflexión y un cambio de conducta en las fuerzas policiales”.
“Mucho más en la Policía Local porque muchos de sus miembros tienen la misma edad de estos chicos que fueron detenidos. Estos chicos tienen 18, 19 y 23 años, no están imputados hoy en la justicia por ningún tipo de delito”, sostuvo y dijo que “muchos de los prejuicios actúan sobre los chicos y no sobre el narcotráfico, no actúan sobre muchas de las personas que públicamente se sacaban fotos con personas que manejaban muchísimo dinero y autos de alta gama que hoy están siendo juzgadas por posible narcotráfico, actúan distinto con los pibes y con los pibes que son sospechosos”.
Finalmente el concejal aseveró que “es necesario que estas cosas no pasen desapercibidas y que sea planteada la reflexión sobre estas prácticas que no se pueden permitir en Bahía Blanca. No se puede actuar arbitrariamente, no se puede actuar deteniendo personas cuando no hay delitos, no se puede actuar con ese nivel, a veces se discute la violencia de cuando se los detuvo, lo violento es que no hayas cometido ningún delito y te tengas que comer 16 horas en la comisaría por un prejuicio.
“Mucha firmeza no implica faltar a los derechos individuales, creo que en estas situaciones hay que ser respetuosos y actuar. Los chicos planteaban una reflexión que se vio caricaturizada a lo Capusotto por el accionar policial. A medida que Defensoría vaya actuando y vaya avanzando iremos viendo qué se pide con este cuerpo para con el Departamento Ejecutivo a fin de que nos de explicaciones sobre lo que sucedió”, culminó.
Nadie recogió el guante. La palabra se fue con Martín Salaberry quien comentó que había tenido un día emotivo, que hace política para decir lo que piensa, que la política sin una dimensión ética y humana pierde su razón de ser y, esperando “que el árbol no nos tape el bosque”, se zambulló en “el niembrogate” con homenaje a Lanata y Longobardi incluido.
Amnistía Internacional Argentina presentó un relevamiento sobre los conflictos indígenas en el territorio nacional que muestra y da cuenta de la situación de violencia y exclusión que viven. Con ese propósito lanzó www.territorioindigena.com.ar una herramienta de consulta abierta, de actualización periódica y a disposición de todas las comunidades que lo requieran.
El mapeo muestra 183 conflictos presentes en Argentina en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos (municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes.
El relevamiento de Amnistía Internacional no pretende ser concluyente, sino que es el comienzo de un documento que pretende ir construyéndose y actualizándose sistemáticamente, con los aportes de organizaciones referentes en el trabajo con pueblos originarios, abogados, académicos, y referentes indígenas.
Dentro del universo de casos, Amnistía decidió destacar seis realidades para demostrar la significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación: un asesinato impune, petroleras que vulneran derechos, un sitio sagrado usurpado por empresarios, obras de infraestructura que inundan territorios, una mujer mapuche a juicio y con posible condena a prisión, y la larga lucha Qom que trasciende las fronteras del país.
Mientras que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, los pueblos originarios siguen reivindicando su derecho al territorio, mientras sufren de forma desproporcionada violencia, exclusión y pobreza.
Escuchá a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, en diálogo con FM De la Calle:
(Por José Schulman)* A la suspensión dictada por el Consejo Superior de la Universidad del Sur y de la declaración en rebeldía por parte del Juez Ramos Padilla se suma ahora el inicio del proceso de destitución votado en el Consejo de la Magistratura en el día de ayer. Luego de tantos años de lucha, de la cual la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue el único organismo de derechos humanos que se hizo cargo de la denuncia de las y los compañeros de Bahía Blanca (empezando por nuestros compañeros Alberto Rodríguez y Dante Patrignani) corresponden dos cosas cómo mínimo: una es celebrar como corresponde esta derrota del fascismo argentino y la otra es preguntarnos sobre la larga historia de su impunidad que es la de tantas y tantos perpetradores de graves violaciones de derechos humanos que siguen pretextando “presunción de inocencia” a lo que es simple, perversa, cínica y descarada impunidad para sus crímenes, una impunidad que garantiza el Estado, el Poder Económico, el sistema comunicacional y las “fuerzas vivas” de la sociedad en general.
Si la impunidad jurídica es la falta de castigo a los delitos cometidos, se puede afirmar que la impunidad de Montezanti, abogado, profesor universitario, juez e integrante de la Cámara Federal de Bahía Blanca es mucho más que eso: es la confirmación de que no solo la Justicia (así, con mayúscula como si fuera un ente independiente autónomo) sino la Universidad, la Opinión Publica (de vuelta, con mayúscula como “a Justicia”) y la sociedad bahiense tiene un doble rasero para medir a las personas y que ese doble rasero es ideológico en el peor sentido del término: una mirada distorsionada de la realidad, condicionada por el interés económico y social de preservar privilegios y posiciones ganadas a fuerza de actos violentos ilegales que vienen de larga data: el exterminio de los pueblos originarios, la dominación “legal” o “dictatorial” del siglo XX que desembocó en el Terrorismo de Estado de la Alianza Anticomunista Argentina (ahora sí, con mayúsculas como corresponde a una institución) y de las Fuerzas Armadas.
Montezanti fue parte de la ultraderecha universitaria que en su paranoia anticomunista se abrazó a los grupos de ultraderecha fascista que comenzó a atacar a las fuerzas comunistas y de izquierda en los primeros años de la década de los 60 del siglo pasado (espantados por el crecimiento de las luchas nacionales y el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959).
Los testimonios sobre su participación en las acciones de los grupos que atacaban a los estudiantes que protestaban por el asesinato del Watu Cilleruelo, los vínculos nunca desmentidos con los más altos jefes militares que perpetraron el Genocidio en la zona, el diploma que ostentaba en su estudio con orgullo de su pertenencia a un supuesto (otra vez la paranoia disparatada) Congreso Anticomunista Mundial, su repugnante empleo como Personal Civil de Inteligencia durante aquellos años de plomo y las incontables denuncias sobre el maltrato diario a que sometía a trabajadores judiciales y estudiantes universitarios no fueron nunca óbice para su indetenible ascenso hasta uno de los más altos que la carrera judicial le permitía aspirar: presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, cargo que adornaba con el de Docente Universitario (sí, con mayúsculas, como a él le gustaba poner en el Curriculum Vitae en que ocultaba su costado miserable de buchón de los asesinos y amigo de los torturadores).
Fue en el año 2002 que un compañero de luchas e ideas del Watu Cilleruelo, Alberto Rodríguez, denunció en una asamblea universitaria lo que casi todos sabían: que Montezanti era un fascista que había colaborado con los crímenes de la Triple A y con el copamiento de la Universidad del Sur por la ultraderecha cavernícola de Remus Tetu; y fue en el 2007 que en un juicio oral y público toda Bahía Blanca pudo enterarse de casi todo lo que ahora se utiliza como razón de la suspensión en la Universidad y el comienzo de los procesos judiciales y de destitución como Juez de la Nación. Tal como personalmente lo afirmamos públicamente a pesar de sus agravios, amenazas y burlas. Que repitió cuando logró que el Consejo de la Magistratura rechazara el pedido de juicio político que habíamos acompañado.
Fue en el 2010 que otro compañero del Watu, Dante Patrignani, docente de la Universidad del Sur, pidió el fin de su impunidad ante el Consejo de la Magistratura y ante el Consejo Superior de la Universidad del Sur. A los cinco años respondieron. ¿Por qué tardaron tanto ante lo obvio?
La pregunta es sencilla: por qué la Universidad no consideró necesario apartarlo de las aulas, por qué el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial Federal no consideró justo apartarlo de su posición de magistrado y por qué las Fuerzas Vivas de Bahía Blanca (y otra vez, con mayúsculas) no consideraron vergonzante seguir tratándolo como uno de los suyos, como uno de los mejores vecinos y ciudadanos?
Porque aceptar que Montezanti es lo que es implicaba aceptar que la Universidad del Sur fue (al menos hasta ahora) cómplice por acción u omisión de los crímenes que sufrieron los estudiantes universitarios; y no solo la larga lista de estudiantes asesinados, desaparecidos, encarcelados, torturados y perseguidos. También el conjunto de estudiantes que por casi cuarenta años han debido estudiar en un ambiente donde la intolerancia tenía premio y lo diferente era catalogado de abominable. Como pensaba Montezanti el día que mataron al Watu.
Porque aceptar que Montezanti es lo que es implicaba aceptar que la inmensa mayoría de los miembros del Poder Judicial (que muy pocas veces tiene algo que ver con la Justicia) compartían el odio de clase contra los insurgentes de los 70. Porque todos ellos se habían formado al calor de los fuegos de la intolerancia que prendieron la ley 4140 de 1902 o la ley de seguridad nacional de 1910; o de los innumerables decretos de facto que la Corte Suprema le daba carácter de ley en los sucesivos golpes de Estado de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. ¿Curioso no? Se presentaban y presentan como los custodios del principio liberal de que nada legal puede surgir de un acto ilegal pero ampararon (y amparan) toda clase de actos ilegales con cobertura legal. No por nada el mismo Zaffaroni afirma que el origen último de todo orden jurídico es un genocidio anterior que es oculto bajo la maraña de disfraces y máscaras que la ideología provee como si todo el año fuera carnaval.
La justificación ideológica fue cambiando. Al indio se lo mataba en nombre del progreso y a los anarquistas, socialistas y comunistas en nombre del orden y la identidad nacional. Pero sería la “guerra fría” que el “mundo occidental” libró contra todo aquel que se rebelara contra el capitalismo desde la Comuna de París de 1871 hasta la implosión de la Unión Soviética en 1991 la gran excusa ideológica para perseguir a los peronistas, guevaristas, comunistas, cristianos y a todos los que persiguieron los grupos de tareas, los Servicios de Inteligencia y la derecha fascista entre 1955 y finales de la dictadura.
El pináculo de la mirada ideológica fue aquel exabrupto que pretendía el fin de las ideologías y de la historia al final del “socialismo real”. Montezanti, ingenuo e ignorante como todo buen fascista, se lo creyó y por una década vivió creído de su impunidad perpetua, pero nadie para el viento y la historia se vengó de todos ellos.
Del General Videla que murió cagando en un baño de la Cárcel de Marcos Paz.
Del ángel rubio, el oficial de la Marina que raptó a las Madres de la Santa Cruz, ese Astiz que vivirá hasta su último día encerrado.
Y también de este miserable Juez y Docente Universitario que en su hora de prueba mostró que no tiene el coraje de enfrentar con dignidad la condena ética y judicial por los actos que cometió. No por su ideología que nadie condena a los fascistas, se condena lo que los fascistas hicieron y hacen.
La ideología atraviesa toda sociedad y mucho más una como la nuestra que fue reorganizada radicalmente por la picana y la capucha.
Una vez compartí con un sobreviviente de la Escuelita de Famailla (primer centro clandestino en Tucumán, en una escuela para pobres que querían dejar de serlo). El me contó que pudo ver a algunos compañeros porque había hecho una pequeña rasgadura a la capucha y por esa mínima ventanita alcanzó a reconocer algunos rostros.
Mi sueño es que la caída de Montezanti funcione como aquella pequeña rasgadura en la máscara de la ideología que impide a tantas y tantos ver la verdadera cara del Juez y Docente, esa que asustaba a los estudiantes y da asco a los que respetan la dignidad y la humanidad de los seres.
Amén.
*Secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
“La policía sigue armando las causas y el sistema judicial las sigue receptando y a la sociedad le sigue pareciendo bien. Mientras estamos atacando gente que dice que se puede utilizar como medicina la cannabis el narcotráfico de drogas sintéticas es una cosa que aumenta de modo espantoso. Nos siguen distrayendo con estas… estupideces”, advirtió la defensora general Graciela Cortázar tras el abuso de las policías Local y Bonaerense en la detención de tres pibes el viernes pasado.
A plena luz del día y ante varias cámaras que registraban el operativo, integrantes de ambas fuerzas detuvieron a dos militantes de la Cofradía Cannabica que difunden cada semana información sobre el uso de la marihuana y a un tercer joven que manifestó su disconformidad con el accionar policial.
“La cantidad no daba en absoluto como para pasar el umbral mínimo de la lesividad, que es lo que en materia de tenencia de estupefacientes se pone como límite de la punibilidad. El problema está en que las fuerzas policiales inicien procesos por esto, seguramente los chicos van a salir absolutamente libres de cualquier cargo pero el problema es que la autoridad policial inventa causas y las lleva adelante, con lo gravoso que significa estar sometido a proceso simplemente por estar expresando tus ideas”.
Cortázar manifestó por FM De la Calle que “la violencia institucional queda tan claramente marcada con la visión de esos videos que se viralizaron inmediatamente porque el impacto de cómo se utiliza abusivamente la fuerza me parece que si tuviera que enseñarlo en la facultad no hago más que mostrar ese video”.
“Claramente las imputaciones que se le hacen a los chicos son otro de los métodos habituales de los sistemas policiales para generar causas judiciales a quienes ningún delito han cometido. Dos maniobras básicas son: una, el acudir a la resistencia a la autoridad cuando en realidad esto no ocurrió, y por otro lado, la intervención para averiguación por cuestiones de estupefacientes cuando en realidad lo que hace este grupo de gente es expresar sus ideas que, hasta donde yo sé, está no solo permitido sino garantizado en el país en el que vivimos. Con lo cual la ilegalidad desde donde la mires de la actuación de la policía de la comuna es absoluta”, comentó.
La defensora explicó que “la policía puede actuar cuando hay una evidencia de comisión de delito. Esta evidencia tiene que ser clara, no puede ser librada a la interpretación del agente policial. La requisa está autorizada para los policías cuando hay razones de urgencia, porque como es una injerencia en un ámbito de privacidad que está garantizado por la Constitución, no hay ninguna razón para que un policía te entre a requisar violentamente o te compela a que te deje meter sus manos en el cuerpo, que te requise o revise tus cosas. ¿Qué es lo que ocurre? No revierte ninguna urgencia. Primero, ellos no tenían ninguna evidencia de comisión de delito porque de lo que se trataba era la difusión de un uso de una sustancia para fines medicinales, no había ni siquiera apología de ningún delito ni tampoco ningún aspecto que revele comercialización”.
“Lo más ilegal que tiene toda la actuación, y aparte revela que esto es una causa armada -de la cual nuestro Observatorio de Violencia Institucional está tomando registro para mostrar cada año de qué modo se vive la violencia institucional y a veces nos olvidamos en Bahía Blanca-, lo que hacen es acudir a un clásico llamado anónimo, y lo que es peor y revela aún más la impunidad que tienen es que dicen que llamaron los vecinos para decir que les molestaba la presencia de los muchachos en la plaza”, sostuvo.
En ese sentido, destacó que “esto lo que hace es estigmatizar a esta gente y después los cometario en el diario es ‘está bien que los detengan porque son unos traficantes’. No terminamos de aprender los ciudadanos, esto ya no es un reproche a los policías sino a la sociedad, a tener la buena práctica de tolerarnos para vivir en libertad, que cada cual diga lo que le parezca bien. Por eso es tan grave”.
“La culpa no la tienen los pobres flacos que por no tener otra fuente de trabajo se anotan a trabajar de eso. La policía de base, la que va a esos procedimientos, carece absolutamente de toda capacitación. Los que están un poquito más arriba, que son los formadores o los que quedan en las capas o mandos intermedios de la policía de la provincia, todavía no han saneado ni depurado los viejos vicios -afirmó la defensora-. Creo que la última vez que tuvieron la oportunidad de sanearlo fue cuando Arslanian intentó aquella desmilitarización de los bienes de la época de Camps de la policía donde no alcanza con enseñarles derechos humanos como hacen ahora, donde nos mandan a los profesores de la facultad de Derecho a que les digamos qué cosas no se pueden hacer, que no está bueno aplicar torturas. Pasa por que la formación tiene que ser realmente para que se entienda que la policía no es una fuerza militar, es una fuerza civil que tiene a veces la posibilidad de usar la fuerza”.
Cortázar concluyó que “como hay todo un mensaje de inseguridad absoluta y nuestras fuerzas de seguridad son absolutamente impotentes para luchar contra el verdadero delito, lo que se hace son manifestaciones o intervenciones que son placebo para todos nosotros. La señora y el señor que sabe que hay una inseguridad tremenda, cuando ve a la policía comunal en Bahía Blanca haciendo alguna cosa en la plaza dice ‘algo están haciendo’. ¿Sabés cuál es el problema? Que estos placebos duran cada vez menos porque mientras están atacando la libre expresión de esta gente están matando gente en los barrios periféricos, después podríamos discutir si a la gente que lee los diarios y escucha la televisión le importa lo que pasa en los barrios periféricos”.
