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Un nuevo episodio intimidatorio se sumó al contexto de la investigación judicial por contaminación del estuario bahiense. Tras el falso robo en el estudio del dr. Lucas Beier, el ataque con brea contra el frente de su casa y el intento de incendio del auto de uno de los denunciantes, otros dos trabajadores de la pesca fueron amenazados y golpeados en el interior del puerto de Ing. White.

La noticia fue confirmada por el abogado Luis Arellano, quien representa junto a Beier a la Asociación de Pescadores de la Ría de Bahía Blanca en la causa contra las empresas del polo petroquímico y ABSA.

Ayer por la tarde aseguró durante la emisión de Tarde Piaste que “a uno de nuestros clientes lo amenazaron con una referencia bien directa a que se dejara de joder con el juicio, así fue más o menos la expresión, y ayer a la noche otras dos personas también pescadores que no son clientes, no integran el grupo del juicio, tuvieron un altercado y uno de ellos recibió una paliza con referencias directas a las acciones judiciales”.

Dentro del área portuaria “se bajó una (persona) y le partió un palo en el cuerpo a la víctima que se defendió y como la defensa fue más fuerte que el ataque, bajaron el resto que estaba en el auto, cuatro o cinco, y entre ellos le propinaron la paliza”. El letrado afirmó que la justicia intervino de oficio y opinó que “es un camino errado tratar de resolver conflictos del modo violento”.

“Se está dejando pasar la oportunidad de afrontar de una vez por todas la problemática de la contaminación de la ría de Bahía Blanca -explicó Arellano-. Ese es el origen de todas estas causas, o sea, que hoy los pescadores no tengan más posibilidad de ejercer su industria, que hicieron en forma pacífica durante un tiempo larguísimo, familias enteras que de generación en generación se dedicaban a esto hoy han perdido su tren de trabajo, su forma de vida. Y ellos han sido quienes tomaron la iniciativa de defender un recurso que es de todos, la acción que están llevando a cabo es para beneficio de la comunidad toda, que se deba dejar de contaminar y tratar de hacer algo para sanear el estuario”.

Para el abogado, si la fuerza que se encamina hacia hechos violentos fuera “la misma voluntad de afrontar este problema, se apuntaría sobre las autoridades públicas para generar las normas” que permitieran el saneamiento, que son “posibles, no muy difíciles y no muy caras, sería mejor que esto de intentar tapar el sol con las manos”.

“De hecho hay empresas privadas que controlarían, recibirían el barro residual de la cloaca de Bahía Blanca a ABSA para limpiarlo y poder vender por lo menos el 30 por ciento del agua potable que consume el polo petroquímico para su ciclo productivo”, concluyó Arellano.

Aproximadamente a la una y cuarto de la mañana “una especie de bomba molotov”  fue arrojada “abajo del vehículo de uno de los pescadores, prendiéndose fuego”, dijo a FM De la Calle el abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca, Lucas Beier. “Justo atrás venía un patrullero así que se lo pudo apagar bastante rápido”, agregó.

En la madrugada del 21 de junio fue agredida con brea caliente la fachada del domicilio particular del letrado.

“Es muy negativo el mensaje que están dejando. Del otro lado hay instituciones públicas y hay empresas multinacionales de gran importancia y están actuando de esta forma. Ya no queda ninguna duda de dónde viene y cuál es el mensaje que quieren dar”, aseguró Beier apuntado a las firmas imputadas en la causa por contaminación ambiental en la ría.

“Quieren dejar el mensaje más claro. Al cliente que le hicieron esto, Ricardo Pasquali, es uno de los más activos en el juicio y es el que más contacto tiene conmigo. Es el nexo entre el resto de los pescadores y las causas” agregó.

Aún no se sabe si hay testigos del hecho. Sin embargo, “ya está hecha la denuncia. La Fiscalía Federal vuelve a tomar la causa porque también hace una conexión entre lo que está sucediendo vinculado a la causa principal, que es la causa por delito ambiental”.

Los pescadores se reunieron durante el día de hoy para definir los pasos a seguir en este contexto de intimidaciones.

El abogado de los pescadores artesanales en la causa por contaminación ambiental en la ría, Lucas Beier, recibió intimidaciones en los últimos días. Esta mañana dijo a FM De la Calle que “la sorpresa fue bastante desagradable. Uno siempre sospecha de que si estás luchando contra tantos intereses económicos y políticos, por supuesto que la respuesta de ellos no va a ser simplemente en una contestación de demanda”.

En primera instancia dos personas ingresaron armados a su estudio. Este “primer hecho, el asalto a mano armada, me generó ciertas dudas porque se fueron sin llevarse nada”. El abogado no se encontraba en el lugar. Sin embargo, su secretaria le dijo a Beier que preguntaron por él y le mostraron el arma. “A la policía le llamó la atención que entren dos personas armadas sin llevarse nada. Había computadoras y otras cosas. Además, estuvieron quince minutos parados en la ventana charlando. Es medio raro que alguien que entre a robar se quede quince minutos parado charlando afuera. Ingresaron a cara descubierta”.

Respecto del episodio sufrido el domingo, cuando desconocidos lesionaron la fachada de su domicilio particular, el letrado expresó que “no deja ningún margen de duda de que es un mensaje mafioso el hecho de tirar brea caliente en el frente de mi casa”.

La Asamblea Ambiental del Sur AUKAN repudió los hechos de violencia sufridos días atrás por el abogado Lucas Beier y su familia y adelantó su presencia en una audiencia pública referida a la causa por contaminación en la ría.

“En simultáneo a la reactivación de la causa judicial que el letrado impulsa contra ABSA y empresas del Polo Petroquímico por los altos niveles de contaminación de la ría local y en representación de un grupo de pescadores artesanales, Beier tuvo que soportar días atrás ataques a su intimidad y a su patrimonio, tanto en su estudio laboral como en su vivienda”, recordó la agrupación en un comunicado.

Agregó que “porque creemos en las causalidades y no en las casualidades, nos solidarizamos con Lucas Beier y su familia, y con quienes intentan ser amedrentados en su incansable búsqueda de verdad y justicia. Consideramos que estas intimidaciones no pueden ser invisibilizadas ni minimizadas y deben investigarse hasta identificar a los culpables materiales e intelectuales, a fin de enfrentar la impunidad y la violencia que no podrán imponerse ante una comunidad que no se calla y se moviliza en defensa de sus derechos”.

Por otra parte, AUKAN informó que este miércoles 24 de junio movimientos vecinales, organizaciones ambientales y vecinxs de nuestra ciudad participarán de la presentación de una apelación que realizará el fiscal Alejandro Cantaro ante la Cámara Federal en el marco de la discusión sobre la competencia de la juezga Gabriela Marrón para intervenir en la causa por contaminación del estuario bahiense. Será a las 10 en Mitre 62.

A principios de junio, la titular del Juzgado Federal Nº2 se declaró incompetente para tratar la denuncia presentada por Cantaro en la cual requería la “inmediata prohibición” del vertido en la Ría de Bahía Blanca de efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial de las empresas del polo petroquímico y ABSA. La presentación agregaba documentación a la Causa 135623/2011 “MENINATO, Rolando (PBB Polisur S.A.) y otros s/ inf. Ley 24051” originada años atrás por pescadores artesanales de la localidad portuaria ante la disminución de peces en el estuario.

Esta madrugada el doctor Lucas Beier, abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca y querellante en la causa por contaminación del estuario, sufrió un atentado en su domicilio particular. El frente de su casa fue manchada con brea caliente. El ataque provocó daños en la mampostería y en aberturas. El profesional se encontraba dentro de la vivienda junto a su familia.

Días atrás, Beier fue víctima de otro episodio de violencia. Dos individuos con armas de fuego ingresaron a su estudio jurídico. Según pudo averiguar FM De la Calle, ingresaron expresando intención de robo, sin embargo, se retiraron sin llevarse nada.

Tal como publicamos ayer, la justicia ordenó a la provincia de Buenos Aires que presente en 180 días un Plan Director que contemple las obras necesarias para realizar el tratamiento adecuado de los líquidos cloacales que se vuelcan en el estuario de Bahía Blanca.

La medida cautelar fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo, Agustín López Cóppola, tras una denuncia contra ABSA y las autoridades bonaerenses realizada por el abogado Lucas Beier en representación de un grupo de pescadores artesanales. También se tramita una causa contra las empresas del polo petroquímico y la prestataria del servicio cloacal que pretende la recomposición integral de los daños colectivos ambientales causados al estuario local y el cese de los vertidos contaminantes.

“Hay fuertes razones para pensar que estas causas están conectadas con lo que le pasó a Beier”

El fiscal general Alejandro Cantaro manifestó que el  abogado de los pescadores se comprometió en causas de contaminación donde “hay intereses muy fuertes, no solo los del polo petroquímico y ABSA también están involucrados otros sectores de pescadores que no son los que representa Beier”. La investigación por amenazas recayó sobre la Fiscalía Nº2  que desde hoy subroga José Nebbia, actual titular de la Unidad de Delitos de Lesa Humanidad.

 

La justicia ordenó a la provincia de Buenos Aires que presente en 180 días un Plan Director que contemple las obras necesarias para realizar el tratamiento adecuado de los líquidos cloacales que se vuelcan en el estuario de Bahía Blanca.

La medida cautelar fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo, Agustín López Cóppola, tras una denuncia contra ABSA y las autoridades bonaerenses realizada por el abogado Lucas Beier en representación de un grupo de pescadores artesanales. También se tramita una causa contra las empresas del polo petroquímico y la prestataria del servicio cloacal que pretende la recomposición integral de los daños colectivos ambientales causados al estuario local y el cese de los vertidos contaminantes.

“La provincia de Buenos Aires, a través de ABSA, ha llevado adelante, por largo tiempo y sin solución de continuidad, conductas antijurídicas que afectan negativamente el ambiente mediante el prolongado e ininterrumpido vertido de desagües cloacales no tratados al medio marino, con alteración relevante del mismo. Asimismo viene omitiendo realizar los actos de gobierno y buena administración que permitan revertir la situación”, aseguraron los denunciantes.

A su turno, ABSA explicó que en la ría bahiense escurren tres cuencas que al momento de hacerse cargo de la concesión contaban con plantas depuradoras de líquidos cloacales muy deterioradas en Ingeniero White, Punta Alta y Bahía Blanca. En septiembre de 2010 fue deshabilitada la de White derivándose los líquidos hacia la primera cuenca donde reciben “un tratamiento primario”.

La provincia aseguró que controla la prestación del servicio de ABSA a través del OCABA y requirió “que se ajusten los valores de vuelco de efluentes a la normativa vigente”. Sin embargo, “sólo compareció el Director de Información Jurídica del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) que carece de incumbencia en el tema”.

Para el juez “ABSA S.A. se encuentra obligada a operar, mejorar y mantener las Plantas de tratamiento de desagües cloacales existentes a los fines de cumplir con los objetivos del servicio que debe prestar, pero no está obligada a invertir en nuevas plantas sin el correspondiente Plan Director que lo prevea, el que contemplará la pertinente tarifa de expansión”.

Como ese plan debe ser elaborado por el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos cada cinco años, López Cóppola dirigió su fallo contra la provincia.

Por otra parte, Beier destacó los beneficios que traería la instalación de una planta que permita reutilizar los líquidos cloacales con fines industriales que, a la vez que mejoraría la situación ambiental del estuario, aliviaría la demanda de agua potable que ingresa a Bahía Blanca y Punta Alta desde el Dique Paso Piedras al ahorrar el 25 o 30 por ciento que consume el polo. Para ello, solicitó un embargo preventivo a la provincia y a ABSA de cinco millones de dólares mensuales hasta alcanzar “un fondo de restauración” de 90 millones.

La propuesta no fue aceptaba por el juez dado que “no resulta ser la medida que mejor se ajusta al objeto cautelar pretendido, esto es, evitar el agravamiento de la situación ambiental imperante en el estuario y su recomposición”.

Foto: El Balneario Maldonado fue clausurado por la contaminación del agua. En la actualidad llena su pileta con agua de pozo.

La Asociación de Pescadores Artesanales apeló la resolución de la jueza Gabriela Marrón que derivó a la justicia provincial el pedido de la Fiscalía de prohibir la contaminación del estuario por parte de las empresas del polo y ABSA.

“No hacer lugar a la medida, pese a tener certeza científica que las sustancias que arrojan están cuanto menos generando un peligro a la salud pública, si no es que ya se ha generado un daño concreto, es permitir que las empresas o sus directores continúen cometiendo un delito, fracasando el derecho penal, no solamente porque no se ha podido disuadir que se cometa el delito, sino además porque pese a todo el esfuerzo realizado por esta parte querellante, fiscalía, y científicos que han aportado con sus estudios y declaraciones testimoniales, la justicia permite que se siga delinquiendo”, aseguró el abogado Lucas Beier en la apelación que puede leerse aquí.

La jueza se basó en el fallo “Scröeder” de la Corte Suprema que remitió a la justicia ordinaria el análisis de una acción colectiva por daño ambiental. Sin embargo, desde la querella se asegura que esto no obstaculiza la competencia penal federal “pues en aquel proceso se pretende el cese de la contaminación y la reparación integral del daño ambiental y esta causa procura la represión del delito de envenenamiento, adulteración o contaminación de modo peligro para la salud mediante la utilización de residuos peligrosos”.

El punto de discusión es si existe o no interjurisdiccionalidad. En el caso “Scröeder” se pide el saneamiento del estuario limitando efectivamente el debate al ámbito portuario provincial. Por otra parte, “la conducta típica penada por la ley de residuos peligrosos y que es objeto de investigación en la presente causa, es contaminar el ambiente poniendo en riesgo la salud pública, y la interjurisdiccionalidad exigida por la CSJN para estos casos, no es que el ambiente dañado se encuentre en más de una jurisdicción, sino que el peligro para la salud pública se extienda a más de una”.

Especialistas de la UNS declararon que existen cinco especies de peces de importancia económica que son capturadas para consumo humano dentro y fuera del estuario, migran entre mar abierto y el estuario durante sus épocas reproductivas y “los vertidos de residuos peligrosos que se imputan a las denunciadas contaminan, adulteran y envenenan su hábitat”.

Es decir, una pescadilla, un lenguado, una corvina, un pejerrey o un gatuso capturados fuera de las 12 millas de la zona costera de la provincia o en la costa del sur de Brasil o de Rawson, “posiblemente haya nacido y se haya alimentado los primeros meses de su vida en la zona interna del estuario. Y si ese pez se alimentó con crustáceos, cangrejos, o sardas contaminados por mercurio, plomo, cromo y cadmio (todas sustancias tóxicas presentes en el ambiente del estuario), por efecto de la bioacumulación, al momento de ser capturado en la provincia de Río Negro tendrá en sus músculos e hígado esas sustancias tóxicas, poniendo en peligro la población de otras provincias y hasta de otros países”.

Esta mañana, en diálogo con el programa En Eso Estamos de FM De la Calle, el abogado Lucas Beier explicó los alcances de la apelación y los próximos pasos de la causa.

La jueza María Gabriela Marrón se declaró incompetente para tratar la denuncia presentada por el fiscal Alejandro Cantaro por contaminación en la ría. La Fiscalía General había requerido a la titular del Juzgado Federal Nº2 la “inmediata prohibición” del vertido en la Ría de Bahía Blanca de efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial de las empresas del polo petroquímico y ABSA. La presentación agregaba documentación a la Causa 135623/2011 “MENINATO, Rolando (PBB Polisur S.A.) y otros s/ inf. Ley 24051” originada años atrás por pescadores artesanales de la localidad portuaria ante la disminución de peces en el estuario.

Según dijo el fiscal denunciante a FM De la Calle “lo llamativo es que la razón por la cual se declara incompetente es por una causa anterior también por el saneamiento de la ría. La causa había llegado hasta la Corte Suprema de Justicia que es la que define, cuando la justicia se traba en esta cuestión de ver quien es competente, y la Corte resolvió que tenía que ser la provincia”.

El funcionario del Ministerio Público recordó que la máxima instancia judicial “tardó diez años en resolver eso y la jueza (Marrón) dice que después que está resuelto esto ya no había discusión al respecto y entonces nosotros debíamos haber promovido esto a la justicia provincial”.

Sin embargo, Cantaro afirmó que “la realidad es que si esa causa llegó hasta la Corte es porque la justicia federal se declaró incompetente y la justicia provincial se declaró incompetente. Todos nos lo queremos sacar de encima”.

Por otra parte, el fiscal informó que “nosotros apelamos esa resolución y decimos que el precedente no es aplicable y que la política criminal de la Procuración General de la Nación ha variado. Ahora está claro lo que la procuradora hizo en la causa de contaminación por parte de Papel Prensa”, en la que sostiene “que para que intervenga la justicia federal tiene que haber interjurisdisccionalidad en las afectaciones. La procuradora dice ‘invirtamos los términos ¿por qué el que demanda o denuncia tiene que probar la interjurisdiccionalidad y no que lo pruebe otro?'”.

Por otra parte el abogado de vecinxs de la planta de Petrobras, Leandro Aparicio, sostuvo esta mañana que “esto es una estrategia cómoda de algunos funcionarios que no empieza ahora. Empieza con la causa del escape de cloro y amoníaco. El procedimiento es el mismo. El fiscal provincial se la pasa al federal, el federal al provincial y hasta que llega hasta la Corte Suprema que la determina a los cuatro años se prescribe la causa”.

Finalmente, el letrado instó a “sacarle la careta a estos delincuentes de los jueces. No puede ser que la causa de Bornemann (ex gerente de Dow) hace 17 años que esté. ¿Qué intereses hay ahí?”

La Fiscalía General requirió a la titular del Juzgado Federal Nº2, Gabriela Marrón, la “inmediata prohibición” del vertido en la Ría de Bahía Blanca de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público.

La presentación lleva la firma del fiscal Alejandro Cantaro y agrega documentación a la Causa 135623/2011 “MENINATO, Rolando (PBB Polisur S.A.) y otros s/ inf. Ley 24051” originada años atrás por pescadores artesanales de la localidad portuaria ante la disminución de peces en el estuario.

“Teniendo en cuenta por un lado la magnitud de los daños que podrían suscitarse a la población de la ciudad de Bahía Blanca -en particular a los vecinos de Ingeniero White y a las personas que trabajan en el ámbito del puerto e industrias radicadas en la zona de influencia inmediata-; como por el otro, la incertidumbre sobre las reales posibilidades de contaminación del producto de la pesca en la zona de la ría y consecuente contaminación de quienes de ello se alimentan, corresponderá se ordene judicialmente que se prohíba los vertidos que se reprochan como de sustancias prohibidas”, dice el Ministerio Público.

Previo a dicha prohibición, la Fiscalía solicita además “la convocatoria a una audiencia con las empresas denunciadas y los expertos que la jueza crea menester convocar, el Ministerio Público Fiscal y los representantes legales y técnicos de los querellantes, a fin que se establezca un inmediato plan de saneamiento de los vertidos con el control técnico que la jueza decida, bajo apercibimiento de ordenarse la clausura que se deja solicitada en primer término”.

A su vez, el Ministerio Público pretende realizar una pericia sobre el impacto de “las diversas acciones antrópicas, sobre la contaminación con residuos peligrosos en la Ría de Bahía Blanca, a través de la Cátedra de Sistemas Alimentarios de la Facultad de Agronomía de la UBA y la correspondiente toma de muestras a través de la Policía Federal Argentina”. Como el costo del trámite no puede ser asumido por la Procuración, la Corte ni la querella propone se concilie con los representantes técnicos y jurídicos de las empresas imputadas “los puntos de pericia” y se exija “el importe en dinero requerido para la realización de la pericia”.

Entre la documentación que da cuenta de la contaminación en la ría se incluyen informes de la Agencia Ambiental municipal, el Comité Técnico Ejecutivo, el Instituto Argentino de Oceanografía, el Organismo para el Desarrollo Sostenible provincial, el Consorcio de Gestión del Puerto además del Estudio de Tecnología Alimentaria de Mar del Plata realizado a pedido de la Cámara Unión Pesquera y Comercial de Ingeniero White, Puerto Rosales y Bahía Unión en 2009 y los resultados de Análisis Fisicoquímicos de Producto producidos por el Instituto de Análisis FARES TAIE, a pedido de ROUCOMAR S.R.L. de Ingeniero White.

“Para satisfacer necesidades humanas (y en algunos casos meramente necesidades comerciales) no se puede poner en riesgo a la vida y la salud de los seres humanos, sus bienes, y el medio ambiente. Ante el conflicto de valores, debe darse prevalencia a los esenciales, esto es, a los que -precisamente- ampara prioritariamente la Constitución Nacional”, agrega la presentación.

En sus apartados refiere también al “principio precautorio” entendiendo que “la sola probabilidad de que un acontecimiento configure una situación dañosa, activa este principio, que tiene como objetivo garantizar un nivel elevado de protección de la salud pública y el medio ambiente.

De este modo, el principio precautorio se transforma en uno de los puntales de mayor importancia en lo que respecta y se relaciona a la materia ambiental. (…) Los elementos informados por las distintas dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal -ante la carencia de estudios que permitan determinar exhaustivamente las condiciones de seguridad operativas-, resultan por lo pronto insuficientes para alejar las enormes preocupaciones y presunciones sobre los peligros que genera el vertido de los residuos tóxicos del proceso industrial que en el Polo Petroquímico se producen”.

También menciona el principio de prevención, “con el que se busca anticipar e impedir todo aquello que pueda generar un perjuicio ambiental, más allá de que algunas acciones ocurren irreversiblemente y amén que esas consecuencias se ocasionan en actividades humanas” y termina diferenciándolo del anterior en tanto que con el precautorio “hacemos referencia a un riesgo futuro, la prevención se inserta en el llamado riesgo actual”.

El martes 12 la Fiscalía invitó a organizaciones ambientales con el objetivo de informar sobre la presentación. El Dr. Horacio Romano, de la Asamblea Ambiental del Sur AUKAN, participó y comentó luego detalles del encuentro en diálogo con Mauro Llaneza durante el programa En Eso Estamos de la FM De la Calle.