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El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, Lucas Beier, destacó el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que ordenó diagramar un plan de inversiones para frenar la contaminación del estuario.

“Compensa el mal golpe del año pasado cuando la jueza (Gabriela) Marrón decía que la pericia no era suficiente para tomar una medida. Nosotros decíamos: ¿qué otra prueba más se puede llegar a necesitar? La Cámara dice lo contrario, que la pericia es suficiente, que tratándose del medio ambiente y que está en juego la salud pública no se necesita tanto ritualismo y hay que tomar una medida”, afirmó en FM De la Calle.

La máxima autoridad judicial bahiense ordenó que el fiscal Santiago Ulpiano Martínez coordine la mesa a integrar con las empresas denunciadas, los pescadores artesanales, la Municipalidad, el Consorcio del Puerto, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Autoridad del Agua y los organismos especializados intervienen en la causa.

La Cámara tuvo en cuenta los anuncios de ABSA sobre el avance de la obra de planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Tercera Cuenca y recordó la alternativa de reutilización para uso industrial.

“Es una propuesta que viene de hace años, la hemos planteado y ABSA es bastante reticente. No sé si por cuestiones políticas o económicas. La idea sería la reutilización de esa agua y la no utilización del agua del dique. Con una orden de la justicia que dice que tiene que disminuir los residuos ya no va a ser una decisión únicamente de ABSA”, dijo Beier.


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En cuanto a la tecnología que podría aplicarse para un mejor control, el abogado comentó que lo que los expertos de la UBA sugerían era “poner un caudalímetro que controle de forma constante y no una vez por mes, como se hace ahora”.

Respecto a la continuidad de la causa, más allá del plan de inversiones, la querella considera que no hay nada más para investigar. “Tenemos bien identificado cuáles son las empresas del polo que arrojan los desechos, qué desechos arrojan y con la pericia acreditamos el peligro: el delito es poner en peligro la salud pública”.

Mientras tanto, en el fuero civil, el juez Agustín López Coppola se apresta a abrir la instancia de alegatos. A fines de mayo recibió informes de las defensas. Para Beier, las conclusiones fueron “un papelón”.

“Me causaba indignación leer a los peritos de Bahía, principalmente del IADO, del Conicet local. Que hayan presentado ese tipo de informe donde, por ejemplo (Jorge) Marcovecchio, expresamente pone que es potencialmente imposible que las empresas del polo petroquímico contaminen el estuario, después de toda la prueba que hay, genera una indignación terrible”, afirmó.

(Por Mauro Llaneza) Empresas del polo industrial presentaron informes en la causa que investiga la contaminación del estuario. Son estudios de investigadores locales que aprueban el tratamiento que se realiza a los vertidos y minimizan los aportes de las compañías en comparación con efluentes naturales o cloacales.

Los organismos científicos bahienses brindan servicios a las multinacionales del puerto y así financian parte de sus proyectos. Por ello, pescadores artesanales solicitaron que el juez Agustín López Coppola ordene a profesionales ajenos a nuestro medio una profunda pericia sobre peces, agua y sedimentos de la ría.

La respuesta se conoció en septiembre de 2018. Tres expertos de la Facultad de Agronomía de la UBA recomendaron a la justicia que prohíba inmediatamente la captura y consumo de especies del estuario y, en un corto o mediano plazo, “prohíba que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre”.

En febrero las demandadas requirieron aportar la prueba complementaria que aquí se reseña. Próximamente comenzarán los alegatos.

El perito contratado por PBB Polisur, Jorge Marcovecchio, dijo que “no hay posibilidades físicas” de que la descarga de la firma “modifique las condiciones físico-químicas del estuario receptor”.

El investigador del Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET/UNS) manifestó que PBB descarga en el Canal Colector compartido con otras empresas del polo y que el volumen en que lo hacen “es significativamente menor” que el del estuario.

Apuntó que sí modifican dichas condiciones físico químicas las descargas “provenientes de aportes cloacales y superficiales, estos últimos del río Sauce Chico, Arroyo Napostá Grande, Saladillo de García y Dulce que componen el arroyo Maldonado”.

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Consultado sobre el posible impacto ambiental de los dragados en los organismos vivos, Marcovecchio se excusó de responder porque “para el caso del Estuario de Bahía Blanca no se dispone de información oficial y pública sobre las formas y secuencias que se siguen para la realización” de los mismos.

Concluyó que “la mayoría de los metales tienden a estar retenidos en los sedimentos” y que “la posibilidad de estar en formas químicas asimilables por los organismos (biodisponibles) es pequeña”. En base a esto y al “muy bajo” consumo de peces no existe “riesgo significativo para la población humana”.

Marcovecchio también fue contratado por Pampa Energía. Dijo que “existe un impacto potencial nulo” sobre la zona adyacente a la descarga de la Refinería Eliçabe. Sostuvo que los compuestos de la planta tardarían 4641 años -“como mínimo”- para llegar a la ría a través de las aguas subterráneas.

Preguntado por la empresa sobre el impacto del basurero Belisario Roldán, ubicado a pocos metros del estuario, Marcovecchio citó un estudio del CTE (2012) en el cual se advierte que “tanto los sedimentos como los lixiviados estudiados no contienen concentraciones críticas ni que superen los valores admitidos como adecuados en la legislación vigente”.

Reconoció que varias investigaciones prueban la presencia de “concentraciones de metales pesados, hidrocarburos y otros compuestos orgánicos persistentes en sedimentos y agua” y también “en ejemplares de peces del estuario”. Sin embargo, afirmó que “no es posible determinar la condición de ‘ambiente contaminado’ solo por la presencia de la/s sustancia/s potencialmente tóxica/s en el sistema”.

El consultor ambiental Enrique Otaola, contratado por Unipar Indupa, dijo que el “autocontrol” de la empresa mide sus vertidos cuatro veces por mes: “De 84 meses -7 años- y de todos los parámetros estudiados se detectó un solo analito, Fe (NdR: Hierro), que ha superado, en alguna oportunidad, el valor de ley”.

El ingeniero sostuvo que las tres plantas (cloro-soda, cloruro de vinilo y policloruro de vinilo) no utilizan “directamente en sus procesos de producción” hidrocarburos, fenoles, hierro, cromo, zinc, cadmio ni plomo.

Otaola, ex ingeniero de procesos de Induclor, afirmó además que la empresa cuenta con sistemas de tratamiento diseñados específicamente para reducir o eliminar los compuestos considerados “contaminantes” según la legislación y que su efectividad está demostrada por resultados que “están por debajo de los de la ley”.

Mega contrató los servicios de Plapiqui. El equipo técnico dirigido por la dra. Verónica Bucalá concluyó que su planta de tratamiento de efluentes es “adecuada” y que la calidad de sus vertidos es “aceptable” de acuerdo a la normativa provincial. Se subrayó que la planta aporta el 0,12% del total de vertidos al estuario.

El estudio señala “algunas variaciones de efluentes” en el colector cloacal que, según los descargos de Mega, ocurrieron por un “desempeño ineficiente durante la dosificación de hipoclorito de sodio en la etapa de cloración”; por el aumento de personal durante una parada de planta -“si bien había baños químicos, había mayor cantidad de turnos en el comedor y se incrementaron las actividades de la cocina”-; y por un lavado eventual de membranas en una de las plantas.

Cargill contrató al director del Instituto de Química del Sur, Marcelo Pereyra, quien afirmó que la cerealera cumplió en el “93% de los casos” con los valores de DQO y DBO en sus vertidos a la descarga cloacal, según “valores monitoreados de acuerdo al Plan de Monitoreo Ambiental aprobado por el OPDS”.  DQO es un parámetro que mide la materia orgánica total de un efluente y DBO refiere a la materia biodegradable.

Pereyra indicó que “el vuelco del efluente final del establecimiento descarga en el conducto que anteriormente al 2011 utilizaba la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Ing. White de ABSA” y que “no está vertiendo su efluente final sobre aguas cloacales”.

El perito subrayó la presencia de metales pesados en cercanías a las descargas de ABSA y mencionó que el aumento del tránsito de embarcaciones de porte en la ría y el uso de pinturas especiales para el carenado de los buques, pueden estar afectando la zona interior del estuario.

Preguntado por la causa de la merma del recurso ictícola, propuso dos hipótesis planteadas en diversos estudios: a) la potencial disminución del alimento de los peces por los continuos dragados y el vertido de desechos urbanos e industriales en las aguas del estuario y b) el aumento de la presión sobre el recurso por el mal manejo que se está haciendo fuera del estuario.

La corvina de la foto fue capturada en los últimos días en la zona de Puerto Galván. Al parecer, el globo sanguinolento que se ve sobre uno de sus ojos sería un tumor. Profesionales consultados por FM De la Calle manifestaron la imposibilidad de detectar su origen sin realizar estudios histopatológicos.

¿Será producto de la contaminación?

En septiembre, profesionales de la UBA convocados por la justicia recomendaron la prohibición inmediata de la captura y consumo de especies del estuario bahiense y, en un corto o mediano plazo, la prohibición del vertido al estuario de cadmio, cromo, plomo y cobre.

Los altos niveles de metales pesados fueron relativizados por las autoridades municipales quienes descartaron tomar cualquier tipo de medidas. Es así que no falta quien tire una línea en la ría y se encuentre con estos peces dignos de Springfield.

En cuanto al estado de la causa judicial iniciada por la Asociación de Pescadores Artesanales en 2011, recordamos que el juez Agustín López Copola aceptó en febrero la realización de pericias sobre los procesos químicos de cada empresa como complemento de el informe elevado oportunamente por la Facultad de Agronomía de la UBA.

El 8 de marzo se aceptó a los peritos propuestos por las firmas denunciadas a partir de lo cual tendrían cinco días para aceptar el trabajo y 40 días hábiles judiciales para la presentación de las conclusiones sin posibilidad de prórrogas.

De esta manera, el próximo 27 de mayo quedaría despejado el camino para el desarrollo de los alegatos y la sentencia que el juez prometió para julio.

(Por Mauro Llaneza) El juez Agustín López Coppola se comprometió a dictar sentencia sobre la contaminación de la ría en julio. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 aceptó, además, el pedido de las empresas del polo para sumar pericias sobre sus procesos productivos.

El miércoles 13 se realizó una nueva audiencia en la causa civil que investiga las responsabilidades sobre la presencia de metales pesados en el estuario y la destrucción de la pesca artesanal.

“Siguen contaminando, nos sacaron el trabajo, nos arruinaron a todos los pescadores. Queremos que esto se termine”, dijo a FM De la Calle Rubén Córdoba, whitense, 27 años dedicados a la pesca.

El abogado Lucas Beier afirmó que “hoy las empresas están más preocupadas en echarle la culpa al otro que en si el estuario está o no contaminado. Lo siguen negando pero la prueba lo acredita. Hoy su mayor preocupación es decir el culpable es el otro”.

Las demandadas son: Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur, Azurix Buenos Aires, la Municipalidad y la provincia.

Una pericia de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

Sin embargo, la Cátedra de Alimentación Química de la casa de estudios porteña había advertido que no respondería aspectos vinculados al proceso industrial que excedían su especialidad.

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Beier, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, explicó que “la pericia principalmente hace el estudio del estado del estuario, del agua, sedimentos y especies. Las demandadas pedían una nueva pericia y eso fue lo central de la discusión”.

“El juez dejó en claro que quiere terminar el proceso lo más rápido posible, no quiere perder dos o tres años designando un perito. Entonces les dio un plazo a las empresas de diez días para que designen perito y antes de fin de julio quiere tener la sentencia dictada”, agregó.

Las empresas tendrán cuarenta días para ofrecer un perito que informe sobre el proceso interno de cada firma, los insumos que utilizan y los residuos que arrojan al estuario. Si no lo consiguen en ese lapso, perderán la prueba.

Las multinacionales pretenden calcular por qué porción de la torta de la contaminación tendrán que responder económicamente. Todas apuntan a que la mayor parte recaiga sobre ABSA. “Al colega de ABSA lo mataron”, comentó Beier: “En gran medida es cierto pero no quita que los otros también contribuyan”.

“La Ley General de Ambiente dice que cuando no se puede determinar en qué grado participa cada una de las demandadas la responsabilidad es solidaria, todos responden en el mismo grado. Como parte actora no estamos tan preocupados en poder determinar qué empresa contribuyó en mayor medida a que el estuario esté como está”, afirmó.

Luis Arellano, también abogado de los pescadores, dijo a FM De la Calle que “ya hay prueba suficiente, no solamente la pericia de la FAUBA sino todos los informes del CTE, información que está en el IADO, en estudios científicos y técnicos de la UNS, tesis doctorales y un montón de material acumulado por décadas que nos dice cuál es el estado de contaminación de la ría y quiénes son los responsables. Creemos que el expediente se puede clausurar para que nos den la posibilidad de hacer nuestro alegato y pasar a la sentencia”.

Integrantes de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego acompañaron la demanda de los pescadores artesanales y destacaron la importancia de la pericia que probó “lo que todo el mundo sospechaba”.

El secretario general, Enrique Gandolfo, destacó que “luego de conocerse el informe de la UBA los factores del poder económico, las empresas del polo, los factores políticos, la misma Municipalidad han salido a desprestigiar la evidencia científica de la Facultad de Agronomía”.

“Estamos respaldando el reclamo y llamando a la comunidad a conocer que este estado de contaminación, de seguir así, es incompatible con la vida del estuario y está afectando no solamente a los pescadores artesanales sino al conjunto de la comunidad de la ciudad y el puerto”.

(Por Mauro Llaneza) La Facultad de Agronomía de la UBA respondió dudas e impugnaciones que las empresas y organismos denunciados presentaron contra la pericia conocida en septiembre en el marco de la causa que investiga la contaminación del estuario.

El informe ratifica que las especies no son aptas para consumo humano y la necesidad de revisar los controles sobre el vertido de metales pesados. Antes de dictar sentencia, el juez Agustín López Coppola convocó a las partes a una audiencia que se realizará el 13 de febrero.

Lucas Beier, abogado de los pescadores artesanales, dijo a FM De la Calle que “las empresas demandadas, siguiendo lo que hizo el IADO y la propia Municipalidad, desprestigiaron el informe. (…) La Facultad les contestó diciendo que es científico, que todas las opiniones tienen sus argumentos en documentos científicos y en estudios que hicieron ellos y ratifican todo repitiendo que los peces no son aptos para consumo humano, que el estuario está grave, contaminado, y que no es posible la preservación de la vida que habita hoy el estuario”.

“Tenemos la certeza científica que los peces, crustáceos y moluscos analizados por esta Facultad y recolectados en una zona habilitada para la pesca, en donde algunas lanchas de pesca artesanal desarrollan su actividad en la actualidad, arrojaron resultados altamente preocupantes”, concluye el documento.

Beier afirmó que “el Estado lamentablemente es parte demandada y ha tomado la postura de aliarse con las empresas cuando, en realidad, el Estado somos todos y el Estado tendría que buscar el beneficio para la sociedad y dentro de sus obligaciones está preservar el ambiente”.

“Los niveles de sulfuros, hidrocarburos, fenoles, hierro, cromo, zinc, plomo y mercurio registrados en la actualidad en el estuario de Bahía Blanca se pueden considerar peligrosos para los sistemas biológicos asociados, ya que muchos de los valores exceden los niveles permitidos por la normativa”, aseguran las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina y el ing. agrónomo Gustavo Mozeris.

También destacan que “las especies de peces y moluscos que se tomaron en el muestreo, como por ejemplo el pez sapo, ostras y mejillones que no migran por fuera del estuario, son indicadores del nivel de bioacumulación de metales pesados directamente relacionados con el ambiente circundante y es por ello que se concluye que en la proximidades del puerto de Ing. White la fauna marina recolectada está expuesta a este tipo de elementos”.

Más adelante, subrayan que “existiendo un polo petroquímico que se encuentra habilitado a arrojar sustancias nocivas y lo realiza con una carga ‘declarada’ de 11.300m3 por día (según informa ABSA en la causa Meninato el polo petroquímico consume entre agua potable y cruda más de 36.000 m3 por día), más que evidente que las sustancias nocivas ingresan cuanto menos por los efluentes de las empresas“.

Ninguna duda

Sobre consultas por la “duda razonable” mencionada en la pericia, sus firmantes advirtieron que no refiere a sus conclusiones -fundamentadas científica y técnicamente- sino que está “centrada sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos públicos provinciales, así como en los niveles guía planteados para el vuelco de efluentes a la ría”.

Dado los altos niveles de concentración de metales pesados en los peces recolectados en las proximidades del polo petroquímico, lleva a pensar que alguna de las dos cosas está fallando, o los controles no son los indicados o la reglamentación no es acorde para el ambiente estuarial. Los registros históricos del CTE indican que las empresas cumplen en la gran mayoría con los límites permitidos, pero atento los indicadores de bioacumulación en peces, moluscos y crustáceos para metales pesados podemos afirmar que al menos la zona interna del estuario se encuentra en un estado vulnerable”.

Por ende, el informe plantea tres hipótesis: “a) los controles no son los adecuados, o b) los parámetros establecidos por la resolución administrativa no deberían aplicarse al estuario bahiense, o c) están ingresando al estuario metales pesados por ductos o canales no declarados o no controlados por los organismos”.

Estudios complementarios

Ante supuestas contradicciones entre la pericia y los informes del IADO, la FAUBA dice que “no es tan así”.

Describe que coinciden en la presencia de metales pesados en agua y sedimentos del estuario y en que el sistema está claramente influenciado por la acción antrópica. “La única aparente contradicción es en relación a los tejidos musculares de peces analizados por el IADO y las muestras de peces, crustáceos y moluscos analizados en el marco de este informe”.

Las diferencias entre los estudios del IADO y la pericia de la FAUBA “pueden ser complementarias ya que analizan especies y lugares diferentes y esto puede, lejos de ser contradictorio, plantear una complementación en la generación de información”.

Entre las explicaciones agregadas, la Facultad relató que “la totalidad de los ejemplares fueron formas juveniles por lo que es poco probable la migración desde una zona por fuera del estuario. Por lo tanto, de acuerdo a su ciclo biológico, los juveniles de las especies estudiadas permanecen más tiempo en el área de estudio lo cual aumenta el tiempo de exposición a posibles contaminantes de alcance local”.

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Destacan, además, que “se les consultó a los pescadores que indiquen donde ejercían habitualmente su actividad para la toma de muestras y pudimos observar que sobre el veril norte del estuario, en cercanía a la zona portuaria, existen clubes náuticos y accesos al público en donde la gente concurre a pescar desde los muelles (Club Náutico Bahía Blanca, Club de Pesca Almirante Brown y Club de Pesca General Daniel Cerri) en donde las especies obtenidas por pesca deportiva por lo general son consumidas por los pescadores”.

Finalmente, el documento afirma que “el constante dragado de mantenimiento de la profundidad del canal de navegación provoca mayor turbidez en el agua, remoción de metales pesados ocluidos y alteración de lecho marino” y, ante esto, concluye que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental: destruir el lecho marino, que es donde nace toda la vida marina, evidentemente genera un daño”.

El intendente Héctor Gay recibirá mañana a integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, quienes reclamaron conocer su posición sobre la contaminación del estuario.

El compromiso fue asumido el lunes cuando el grupo de trabajadores se presentó en Alsina 65 para manifestar su preocupación por la pérdida de su tradicional fuente laboral.

En diálogo con FM De la Calle, el abogado Lucas Beier precisó que pretenden saber si se va a proteger el ambiente del estuario o será “como hicieron hasta ahora: controlar, monitorear pero, pese a los resultados, no hacer más que eso”.

-La Municipalidad es una de las partes involucradas en las causas judiciales, ¿qué expectativas tienen al abrir este otro camino más allá de lo que discuta la justicia?

Desde el primer momento nosotros consideramos que el camino de la gestión administrativa o del Poder Ejecutivo, del Estado, es el más idóneo. No obstante eso, como no teníamos una respuesta en su momento, recurrimos a la vía judicial. Nunca dejamos de plantear la posibilidad de un encuentro o de una gestión directa del Poder Ejecutivo porque, en el mejor de los casos, lo que va a pasar en el proceso judicial es que el juez le ordene al Poder Ejecutivo realizar algo. Lo cual después va a depender del presupuesto, de gestiones, y va a ser prácticamente empezar de nuevo.

Tenemos el caso en Argentina de lo que pasó con el Riachuelo, con la causa donde se creó la ACUMAR, donde pese a la sentencia de la Corte, desde el 2006 hasta la actualidad, está todo igual que antes. Con denuncias penales a los funcionarios por incumplimientos, con sanciones, con multas, pero la contaminación sigue.

Queremos evitar que suceda algo más o menos parecido y, si es posible, acordar algo con la administración que sea posible de cumplimiento y que sea realmente un beneficio. Lo que se puede realizar es: si bien hay una gran cantidad de empresas que están arrojando sustancias que generan un agravamiento de la situación, el mayor problema que tenemos son las cloacas de Bahía, entonces si podemos eliminar esa fuente de contaminación sería una gran mejora para la calidad ambiental. Y un compromiso de las empresas en reducir sus desechos más la eliminación de la cloaca sería un gran beneficio.

-Les van a hablar de los avances de la obra que lleva adelante ABSA…

Una obra importante, sin lugar a dudas. Pero en realidad lo que están tratando ahí son las materias orgánicas, que obviamente generan una gran contaminación, principalmente lo que es la demanda biológica de oxígeno. Pero también por las cloacas van muchísimas sustancias que no son orgánicas, o sea, muchos de los metales pesados que se encontraron en los peces también ingresan por el sistema cloacal.

Entonces, no está ni siquiera en proyecto hacer un tratamiento de esas sustancias y, como te dije, eso sumado al polo petroquímico más grande de Sudamérica que tenemos acá, genera prácticamente una conjunción perfecta para la contaminación.

-Más allá de que el juez no se dé por enterado, ese polo petroquímico más grande de Sudamérica pretende crecer aún más y no hay ningún tipo de reparo al planteo que ustedes hacen.

No, no, es como si no pasara nada. Obviamente lo importante de un juez es la sentencia. Antes, son todas pequeñas medidas que puede tomar y no estamos muy lejos de la sentencia. Ahí es donde realmente el juez se expide y donde el juez emite su dictamen y el juez habla. Pero, más allá de la sentencia, podría haber tomado alguna medida cautelar que la rechazó. Y bueno, del Poder Ejecutivo auspician estas inversiones de empresas del polo petroquímico y nunca se toca el tema de la calidad ambiental que ya hoy es mala y constantemente se sigue agravando. Lo lógico es que dentro de un año esté peor que hoy y así sucesivamente y más aún si el polo petroquímico va a crecer.

-Si el intendente ratifica lo que viene manifestando la Municipalidad en la causa o incluso lo que fueron las declaraciones de la subsecretaria de Gestión Ambiental en cuanto a la inexistencia de riesgo para la salud, ¿hay algún camino a seguir o pretenden ratificar la falta de interés de cambiar el rumbo por parte del municipio?

El paso a seguir nuestro tendría que hablarlo con la gente. Acá hoy principalmente, este pedido de reunión fue porque ya se encuentran en un estado bastante preocupante los pescadores, hablo del estado económico. Se  aproximan las fiestas y ellos ya lo están previendo y para ellos siempre es un problema llegar a fin de año y no tener plata ni para comprar un pan dulce, les afecta muchísimo.

Es una fecha bastante clave y ya me están llamando para decirme ‘Lucas acordáte que vienen las fiestas’, les empieza a agarrar como una desesperación. Sinceramente no hemos hablado, por lo pronto el jueves nos reuniremos con el intendente, va a ir un grupo de 4 o 5 nada más, nos pidieron eso desde la Municipalidad. Y si se puede trabajar en conjunto bienvenido sea y si hacen como hicieron hasta ahora de imaginarse que este conflicto no existe, seguirán ellos tomando las medidas que sean necesarias y yo desde la parte judicial también seguiré insistiendo.

-La subsecretaria Chanampa lo que decía, sintetizándolo a modo de título, es “yo comería sin problemas pescado de la ría’. Ahora, en la circulación de la pericia, la Municipalidad advirtió que hay ciertas alertas respecto a algunas especies por parte del Comité Técnico Ejecutivo, ¿cómo es eso?

Sí. Chanampa, más allá de lo desafortunado y poco político de su expresión, primero se contradice con los informes de la Municipalidad y, segundo, miente. Porque dice que el SENASA controla la presencia de metales pesados, lo cual no es verdad y, además de eso, la propia Municipalidad -no lo hizo público porque obviamente ellos quieren mantener todo lo más oculto posible- pero ya emitió un informe diciendo que las ostras del estuario no son aptas para consumo y recomiendan a toda la población no consumirla. Hoy la ostra invadió prácticamente todo el estuario.

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Desde Cerri, Punta Alta, cualquiera puede acercarse a la costa y recoger ostras fácilmente, sabemos que es un alimento bastante rico y supuestamente saludable, entonces muchos se acercaban, las sacaban de la costa y las consumían. Bueno, la Municipalidad desaconseja esto por la mala calidad que tienen y por el peligro que puede implicar ingerir consumir estas sustancias.

Está en el expediente, lo tuvieron que poner como una especie de defensa, como diciendo: ‘la Municipalidad ya advirtió esta situación’. Pero la realidad es que yo me enteré por el expediente, nunca había escuchado de ningún informe ni hablar a Chanampa ni a nadie andar diciendo esto en los medios. Así que sí, es una contradicción grande que tiene la funcionaria y no creo que lo salga a aclarar.

-¿La Municipalidad asegura que lo sabía pero no lo difunde?

Uno de los pilares del derecho ambiental, justamente, es la información ambiental. Como ciudadanos tenemos derecho a la información y el estado tiene la obligación de informar. No sé si recordarás que en 2010 salió a la luz el acuerdo de confidencialidad que tenía el IADO con la Municipalidad. O sea, el IADO no puede publicar nada si previamente no lo autoriza la Municipalidad.

Todo el tema ambiental es muy complejo, sabemos los intereses que hay en juego y por eso tomar una decisión, que el Estado diga ‘esto no va a ser más una reserva natural, acá no se pesca nunca más y va a ser un basural’… Bueno, que tomen la decisión y después se verá, pero la realidad es que no hacen ni una cosa ni la otra, ponen como pantalla eso del CTE, los monitoreos, los controles que todos sabemos no sirven para nada.

Lo sabemos con certeza científica porque después de 20 años de controles los resultados dieron 40 veces por encima de lo permitido, entonces los controles sirvieron para poco. No sé si la decisión del Ejecutivo hoy es continuar así o realmente cambiar un poco el rumbo.

(Por Mauro Llaneza) La justicia rechazó medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría en el marco de las causas que investigan la contaminación del estuario.

En el ámbito federal se negó llamar a indagatoria a directores de empresas del polo petroquímico, ABSA y funcionarios del OPDS, el Municipio y el Consorcio del Puerto y prohibir el vertido de efluentes o, en su defecto, conformar una mesa de abordaje de la problemática que establezca un plan de saneamiento.

En el fuero contencioso administrativo se rechazó prohibir la pesca -tal como sugirieron los expertos-, difundir el resultado de la pericia realizada por la Facultad de Agronomía de la UBA que concluyó que las especies no son aptas para el consumo humano, prohibir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales y la distribución de dividendos de las empresas.

Los representantes de los pescadores habían solicitado a la justicia federal la citación a indagatoria a los directores de ABSA S.A., Compañía Mega S.A, Solvay Indupa SACI, Cargill S.A.,  Petrobrás Argentina S.A., Profertil S.A., Dow Argentina S.A., Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y a funcionarios del OPDS y la Secretaría Ambiental de Bahía Blanca.

“Los directores de cada una de las empresas han tomado la decisión, con conocimiento y voluntad, de instalarse en una zona con características morfológicas particulares que provocan que el agua no sea renovable, que asimismo es una zona de reproducción y cría de muchas especias marinas y en donde se ha instalado una ‘polo petroquímico’, sabiendo que cada una de las empresas incorporan sinérgicamente sustancias nocivas al ambiente”, denunciaron.

No hay estudios que certifiquen que el aporte individual de contaminantes de cada empresa del polo petroquímico genere daño ambiental en un área sin renovación de agua y donde se reproducen y crían muchas especies marinas.

Sin embargo, los directivos decidieron instalarse allí y “continuar produciendo y arrojando sus desechos industriales constantemente al estuario” sabiendo que su “aporte no es el único” y que “la sumatoria de todos los desechos industriales son los que realmente importan cuando se debe prevenir la contaminación”.

Por ello, el abogado Lucas Beier y el fiscal Alejandro Cantaro solicitaron oportunamente la prohibición del vertido de sustancias no permitidas o la conformación de una mesa con todas las partes para establecer un plan de saneamiento.

La jueza Gabriela Marrón, a instancias del fiscal subrogante Horacio Azzolín, falló que aun con el resultado de la pericia realizada por la UBA y la Policía Federal es “prematuro” aceptar las medidas cautelares.

En el fuero contencioso administrativo los pescadores artesanales insistieron al juez Agustín López Coppola que dicte medidas precautorias ante el riesgo para la salud de la población por la contaminación y para frenar el crecimiento de las empresas que lo generan.

En todos los casos el magistrado sostuvo que, a pesar de las conclusiones de la pericia de la FAUBA, “nada ha cambiado” para alterar los argumentos con los cuales había rechazado acciones similares en 2009.

“Sabiendo que el estuario no admite más carga de contaminantes y que este proceso judicial seguramente durará muchos años más hasta tener una sentencia firme, el dictado de una medida cautelar es la única medida idónea para cumplir el mandato legal y constitucional de prevenir más efectos nocivos”, le reprochó el abogado Lucas Beier en su apelación.

Más allá de la pericia, en nueve años y decenas de miles de fojas, la causa incorporó resoluciones ministeriales, del Comité de Control y Monitoreo y documentos en los cuales las propias empresas reconocen “la constante y continua deposición final de sustancias peligrosas en el estuario”.

“¿Que sería más prudente, preventivo y responsable ante la afirmación científica de que existe un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies que prohibir su captura y consumo?”, se preguntó el abogado.

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El juez argumentó que la pericia está en etapa de “bilateralización” -durante la cual las partes analizan el estudio- y si bien el análisis “será ampliado y explicado luego de las impugnaciones”, vale destacar que ya no es posible pedir su nulidad.

El magistrado rechazó dar a publicidad los resultados de la pericia y advertir a la población sobre los riesgos del consumo de peces del estuario aunque aclaró que la querella podría realizarlo por su cuenta y destacó que, de hecho, la noticia fue difundida por los medios de prensa.

En su apelación, Beier recordó al juez que “ningún acto de las partes puede suplir los actos de imperio del juez que, dicho sea claramente, son también actos de gobierno” y que sobre su cabeza pesa “cumplir los objetivos y principios de la Política Ambiental Nacional”.

López Coppola se contradijo al no impedir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales que utilicen el estuario para descargar sus efluentes argumentando que los pescadores no informan sobre una fecha precisa de inicio o existencia de proyecto en ese sentido.

“La consideración de lo público y notorio por parte del juez es errónea por parcial pues ha considerado la difusión mediática de ciertos aspectos de la pericia de la UBA pero no ha considerado que, previamente, se viene informando por los mismos medios de prensa que existen concretas intenciones de grupos empresarios, inclusive parte de las empresas demandadas, de invertir sumas millonarias en ampliaciones industriales en el Polo Petroquímico Bahía Blanca, complejo industrial que tiene al estuario homónimo como cuerpo receptor de todos sus detritos nocivos y contaminantes”.

El punto no solo alcanza a firmas del polo sino de cualquier industria cuyos residuos líquidos lleguen por la red cloacal a la ría sin tratamiento. Por obvio, excluyen de la prohibición reclamada a “las que lo hacen en forma clandestina”.

El Concejo Deliberante convocará al Comité Técnico Ejecutivo (CTE) y a responsables del Plan Integral de Monitoreo (PIM) del Instituto Argentino de Oceonagrafía luego que se conociera la pericia judicial de la Facultad de Agronomía de la UBA, la cual recomendó la inmediata prohibición de la pesca y consumo de peces de la ría y del vertido de contaminantes.

“Lo peor que podemos hacer es dejar que pase el tiempo, no decir nada, no hacer nada y esperar a que la justicia resuelva. Con las tecnologías que hay, en pleno siglo XXI, no se puede desconocer que hay un impacto real sobre la ría y que ese impacto tiene que empezar a ser mitigado”, dijo a FM De la Calle la concejala Paola Ariente.

La edila del PJ Cumplir agregó que “la pericia demuestra algo que se viene comentando e inclusive por los informes medioambientales hechos por el CONICET y el IADO, que hay presencia de metales y otros contaminantes, lo que hay es una diferenciación en los valores”.

“Los informes que se vienen haciendo por parte del CTE tienen que ver con una toma sistemática de muestras y la pericia son tomas puntuales que se hicieron en un día y a una hora determinada. Para disipar cualquier duda, tendríamos que poner en la misma condición una serie de muestras sostenidas en el tiempo para poder evaluar si lo que está diciendo uno u otro es verdad o mentira para llevar certezas a la sociedad y ver cómo hacemos para empezar a mitigar los efectos que está teniendo la actividad propia del ser humano en la ría”, dijo.

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La integrante de las comisiones de Medio Ambiente y Asesora Ambiental propuso “sacar a licitación pública el nuevo estudio del estuario con alguien que no esté involucrado ni en una causa judicial ni en un informe medioambiental para ver si es real”.

“Más allá de la recomendación de no comer el pescado (la pericia) hace otras que pueden ser susceptibles de que se tomen en cuenta, que es la incorporación de caudalímetros las 24 horas para que con la tecnología que hay la recolección y la toma de la muestra sea totalmente objetiva. (…) Eso se podría implementar y el CTE cuenta con los fondos”.

Ante la intención de ampliar el polo petroquímico, Ariente aseguró que es un debate urgente: “¿Cuánto está capacitada ambientalmente Bahía Blanca para recibir más impacto del que tiene?”.

Por el momento

El integrante del IADO Jorge Marcovecchio dijo en relación a la presencia de metales pesados que la ría “es un sistema impactado pero que no pone en crisis la salud humana, por el momento”. Apuntó a ABSA y afirmó que “un problema muy concreto que sí hay que atender rápidamente” es el “bacteriológico”.

“Respecto al teórico alto contenido de algunos metales en peces de la zona podría decir que en estas últimas décadas hemos analizado ocho o nueve mil ejemplares de peces, entre los cuales sin duda hemos encontrado diez, doce, quince, que han tenido valores altos. Ahora, desde el punto de vista estadístico esto no es una cosa para alarmar a la población”, agregó.

Marcovecchio manifestó sobre la pericia judicial que “es un análisis que hicieron sobre un poco más de una docena de muestras pero no dicen concretamente ni dónde se tomaron, ni cómo se tomaron, ni en qué condiciones, etcétera”.

“Yo comería los peces”, dijo la subsecretaria de Gestión Ambiental, Adriana Chanampa, a Canal 7 ante la recomendación de prohibir la pesca y el consumo que realizaron expertos de la UBA. El dr. Horacio Romano advirtió que “un vaso de agua te puede quitar la sed y mil litros de agua te pueden ahogar, es una cuestión de proporciones”.

“El cadmio en el riñón del hombre se concentra por 10 mil, 1 se traforma en 10 mil. Con lo cual, si en el agua detectás poco y nada pero llegás a comer ese tipo de peces con ese nivel de plomo y lo comés seguido, indudablemente podés tener consecuencias graves. El tema es con qué frecuencia te alimentás de eso, si comés un pez por año probablemente no te pase nada y si lo comés dos veces por día sí tengas consecuencias graves”, dijo el médico clínico a FM De la Calle.

El resultado de la pericia solicitada en el marco de las causas judiciales que pescadores artesanales impulsan contra las empresas del polo petroquímico, el Municipio, la Provincia de Buenos Aires, ABSA y el Consorcio de gestión del Puerto concluyó que la presencia de metales pesados en especies de peces de explotación comercial, “tienen serias consecuencias para la salud humana, como por ejemplo el saturnismo con efectos neurotóxicos ocasionado por la bioacumulación de plomo o cáncer ocasionado por la bioacumulación de cadmio”.

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Romano explicó que “el saturnismo es una enfermedad que da la acumulación de plomo en el organismo. Tiene varias características, las puede haber agudas, alguien que se intoxica en la época cuando las pinturas tenían plomo o los linotipistas que trabajaban en las imprentas se intoxicaban con esto de manera aguda o crónica”.

“Y están aquellos problemas para la salud, fundamentalmente en niños, que da la acumulación de pequeñas cantidades de plomo a lo lago del tiempo. Lo que da es retardo mental, dificultades para el aprendizaje, una serie de cuestiones neurológicas severísimas, muchas veces no detectadas, la mayor parte de las veces sin un cuadro claro y sin cifras adecuadas”.

Agregó que “la intoxicación por plomo de todos los habitantes que rodean al Riachuelo, de todos los chicos, es altísima. Por lo cual, trastornos neurológicos y de aprendizaje pero también trastornos óseos, en el crecimiento, etcétera”.

En cuanto al impacto en la ría local, Romano destacó que “no solamente está impactada sino que tiene efectos sobre la biota, sobre los seres vivos, muy importantes. El párrafo este nombra lo bioacumulable. Una cosa es medir como se mide hasta ahora, cuánto plomo o metales pesados -cadmio, cobre y demás- hay en el agua, cuánto puede haber en el barro, pero también cuánto hay en los organismos vivos”.

“Son metales pesados, por lo tanto, en general van al fondo. Estos son comidos por bichitos chiquititos, después por pecesitos más grandes y, por último, en la cadena trófica, el pez más grande y después el hombre. En cada caso se acumula. Multiplicadas por 10, empezás con 1 y terminás con 1000”.

“El cadmio en el riñón del hombre se concentra por 10 mil, 1 se traforma en 10 mil. Con lo cual, si en el agua detectás poco y nada pero llegás a comer ese tipo de peces con ese nivel de plomo y lo comés seguido, indudablemente podés tener consecuencias graves. El tema es con qué frecuencia te alimentás de eso, si comés un pez por año probablemente no te pase nada y si lo comés dos veces por día sí tengas consecuencias graves”, dijo el médico.

Romano destacó que el problema no es solamente en la ría: “Para mí el tema que incluso trasciende es el aire, porque este plomo y este cadmio también está en la tierra hasta 30 kilómetros de Bahía Blanca. Esto dicho por informes del CONICET y del propio CTE. Hay tierra contaminada en distintos lugares de Bahía hasta 40 kilómetros, a la altura de Cabildo, donde uno puede encontrar plomo y cadmio. Con lo cual, una de las cuestiones es la capacidad que tiene, por ejemplo el cadmio, de ir por el aire, no solamente por el agua”.

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría comentó en FM De la Calle el resultado de la pericia sobre la contaminación del estuario y afirmó que “lo que denunciaban es que ya no hay más peces y la poca captura que hacían tenían un tamaño que ya no se podía comercializar, así que todo eso ahora se comprueba”.

Advirtió además que las conclusiones con la indicación de prohibir inmediatamente la pesca y consumo de peces y, en mediano plazo, el vertidos de metales pesados a las industrias no solo lo tiene la justicia sino también el Municipio y las autoridades provinciales.

“Me parece a mí que con esa información y como funcionario público tendrían que haber hecho algo o, como mínimo, haberlo dado a conocer. Porque todos tenemos la información desde la semana pesada, todos tenemos la causa, tanto actores como demandados. Yo esperaba que al menos de parte de la Municipalidad hagan mención de algo, está diciendo que es peligroso ir al muelle de Cerri, pescar un pejerrey y comértelo. Sin embargo, no se ha hecho nada”, dijo Beier.

Hay resultados que no son sorpresivos porque lo vienen planteando ante la justicia desde el comienzo de la causa.

Lamentablemente no nos sorprende, lo que sí nos sorprende es lo contundente de las conclusiones y los niveles que dio, los resultados. Sabíamos que existía contaminación. Ésta causa ambiental lo que trata de proteger es el medio ambiente y nosotros lo que denunciamos era que existía contaminación que afectaba a la biología, pero por lo visto era mucho más grave. Y además de afectar a la biología del estuario, también está poniendo en riesgo la salud pública lo que genera que exista un peligro de enfermarse o hasta de morir en caso de consumir peces del estuario.

-Destacan los profesionales que las especies evaluadas no son aptas para consumo humano. Incluso hablan de los riesgos en algunas enfermedades puntuales, algunos tipos de cáncer, y de niveles que superan entre 10 y 40 veces lo permitido. Hay toda una discusión en torno a lo permitido en cuanto a valores vertidos a la ría y lo que realmente afecta a la salud, ¿no?

Sí, hay una discusión en tanto en lo que es lo permitido en los vertidos y qué es lo permitido en lo que uno consume. Voy primero por los vertidos: lo que se aplica en Bahía es la Resolución 366 de la Autoridad del Agua del 2006, que se aplica a toda la provincia de Buenos Aires. Es tanto según si fuera mar abierto, si arroja al sistema cloacal o a agua superficial. Acá se aplica a agua superficial, el tema es que no se ha hecho un estudio del impacto que se ha producido en el estuario y si esa reglamentación es aplicable al estuario.

Nosotros dirigimos que no. La ley provincial de Pesca directamente en el artículo 13 prohíbe arrojar sustancias nocivas al ambiente acuático donde se explota las actividades de la pesca. Una ley tiene mayor jerarquía que una reglamentación. La ley lo prohíbe y la reglamentación lo permite hasta cierto punto, ese siempre fue un motivo de discusión. Evidentemente se demuestra con estos resultados que pese al cumplimiento, más allá de que según los informes del CTE hay un porcentaje bastante elevado de incumplimiento a esa reglamentación, pero aunque estuviesen cumpliendo, la bioacumulación de los peces ha sido de tal magnitud que torna peligroso consumir cualquier tipo de especie. Y además del peligro para la salud lo que hay que destacar es cómo ha afectado a la biología, que es lo que vienen denunciando los pescadores. Ellos lo que denunciaban es que ya no hay más peces y la poca captura que hacían tenían un tamaño que ya no se podía comercializar, así que todo eso que fue denunciado ahora se comprueba.

-Existen metales pesados que provienen de las empresas del polo y de ABSA que tiene un capítulo aparte.

No negamos que de parte de ABSA hubo un gran aporte de los metales pesados o sustancias nocivas que también vienen por la cloaca. Ahora se está haciendo la planta de tratamiento y es sobre lo orgánico, o sea que todo lo que es inorgánico va a seguir cayendo crudo al estuario, lo cual va a seguir siendo un problema pese a que se va a solucionar otro problema que es un gran aporte de nutrientes que generan una contaminación por la demanda biológica del oxígeno. Un pequeño problemita estaría solucionado cuando la planta empiece a trabajar pero vamos a seguir teniendo una gran cantidad de aportes de materia inorgánica que con la bioacumulación se transforman en tóxicos, tanto tóxicos para los peces o para las personas que consumen esos peces y crustáceos.

-Hay un punto de las conclusiones de los integrantes de la Facultad de Agronomía de la UBA que habla específicamente de proximidades al Sitio 18-19, a la salida del colector de ABSA, que detecta algunos nivel de DQO -que para traducirlo sería la demanda química de oxígeno- y sugiere evaluar globalmente a las empresas que tienen autorización para arrojar vertidos en ese lugar y la posibilidad de que otras lo hagan de manera clandestina. ¿Qué quiere decir?

El que antes era el sistema cloacal del Consorcio, que es donde se arrojaba todas las cloacas de Ing. White, ahora no funciona más porque lo que es la cloaca de Ing. White está conectado a la cuenca mayor y ahí está arrojando Cargill.

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El caudal de agua que sale es muy grande y mucho más grande del que arroja Cargill donde el CTE toma las muestras. Vendría a ser el último puesto de vuelco  de Cargill y tanto el olor como el color cuando uno se acerca se da cuenta que está saliendo cualquier cosa. Imagino que se refiere a eso porque por supuesto que puede haber conexiones clandestinas, es casi imposible descubrirlas porque estamos hablando de superficies muy grandes, pero recomienda eso el perito, alguna forma de meter un robot con cámaras por el sistema cloacal y ver de dónde sale el agua.

Ha dado mal y después una discusión que hay con Cargill, ellos dicen que lo arrojan… como te explicaba recién, la reglamentación tiene tres parámetros, una para mar abierto, otra para sistema cloacal y otra para aguas superficiales. El sistema cloacal es el que tiene permitido arrojar mayor cantidad de sustancias porque, supuestamente, después tiene un tratamiento. Como acá no tiene ningún tratamiento no se debería aplicar eso y es una discusión de Cargill con el CTE, qué reglamentación se aplica. Por eso muchas veces Cargill no cumple con los parámetros.

-Ahí es la sugerencia de que lo tomen como agua superficial.

Exactamente porque caño cloacal o desagote cloacal sería cuando después hay un tratamiento posterior, entonces lo pueden arrojar ahí pensando que después se va a tratar pero acá en Bahía no hay ningún tratamiento entonces no se puede tomar ese parámetro.

-Ustedes de fondo están pidiendo la reparación ambiental del estuario. Hay una serie de sugerencias con la incorporación de nuevas tecnologías, ¿qué opinión tienen? ¿les parecen alternativas viables?

Evidentemente lo que se está haciendo hasta ahora no sirve para nada, lo único que se hacen es controles, llevan numeritos, hacer gráficos, subirlos a internet y con eso parece que nos quedamos tranquilos.

Lo que están proponiendo no es solamente analizar los efluentes, que es una toma que hace el CTE esporádicamente, sino analizar el caudalímentro, cuánto arroja esa empresa y también analizar constantemente las sustancias que está arrojando, no una sola toma de muestra.  Así nos daría una noción más acertada de que la cantidad que están arrojando a lo largo de un mes o año, qué cantidad de mercurio, por ejemplo, estaría arrojando Solvay a lo largo de un año.

Sabemos cuántos miligramos por litro arroja pero no sabemos cuántos litros arrojó por consiguiente no sabemos cuánta cantidad de mercurio arrojó.

-En algún momento hay menciones respecto de resultados a los que no se pudo llegar debido a la condición de las muestras. ¿Hay alguna falla al momento de tomar las muestras o surgen interrogantes que no estaban previstos?

Lo que pasó es que estas muestras se tomaron en el allanamiento de la justicia federal y se hizo en conjunto la Facultad de Agronomía con la Policía Federal. Entonces la Policía Federal tomó las muestras, las recolectó y las envío a Buenos Aires. Y los biólogos del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, de las ostras le dieron el bichito, entonces hubo algunos elementos que no pudo analizar de las ostras, pero fue eso nada más. Todo lo otro lo pudieron analizar bien.

-¿Qué pasa partir de ahora? El juez tiene éste informe, ¿cómo sigue la causa?

Lo tiene el juez y también la Municipalidad y la provincia. Me parece a mí que con esa información y como funcionario público tendrían que haber hecho algo o, como mínimo, haberlo dado a conocer. Porque todos tenemos la información desde la semana pesada, porque todos tenemos la causa, tanto actores como demandados, y yo esperaba que al menos de parte de la Municipalidad hagan mención de algo, porque está diciendo que es peligroso ir al muelle de Cerri, pescar un pejerrey y comértelo. Sin embargo, no se ha hecho nada.

Me parece que debería haber dado a conocer para que la gente tenga conocimiento, después que tome la decisión que quiera. Así como uno en los paquetes de cigarrillo encuentra ese cartelito que advierte que es perjudicial para la salud, me parece que tendríamos que ponerlo en conocimiento.

 Con respecto al juez… la ley le autoriza a tomar medidas en el transcurso del proceso hasta de oficio, sin que nadie se lo pida, cuando ve que la situación es grave o cuando ve que puede empeorar, él como funcionario tiene la obligación de velar por el cuidado del medioambiente, eso lo dice la Constitución Nacional y la Ley General de Medio Ambiente. El juez podría hacerlo de oficio o a petición de parte tomar alguna medida para al menos evitar que esto empeore, será eso lo que tiene que hacer y prontamente dictar sentencia.

-La prueba es la misma para la causa en el ámbito federal, ¿cómo se utiliza?

Los dos expedientes están en el mismo trámite, ya se ha terminado la recolección de prueba y lo que es la parte de investigación termina con la decisión del juez de llamar a indagatoria o no. Si considera que hay prueba suficiente que acredite que se cometió el delito y acredite la responsabilidad de los denunciados llama a indagatoria.

El delito es poner en riesgo la salud pública a través de los efluentes contaminantes. El peligro a la salud pública interpretó que ya está acreditado con el informe este y que las empresas arrojan efluentes ya está acreditado por los informes de CTE. Pero será cuestión que lo analice la jueza y llamará a indagatoria para que los directores de las empresas se presenten a ejercer su derecho a  defensa.

-Por último, cuando se habla de prohibir el vertido de este tipo de metales por parte de las industrias ¿qué significa? ¿parar el proceso productivo?

La verdad que eso lo saben mejor los de las empresas que yo. Pero tengo entendido que las empresas no pueden producir sin arrojar residuos. Es lo que recomienda el perito en vistas al cumplimento de la Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes que dicen que tenemos que proteger el medio ambiente. Si tenemos que proteger el medio ambiente y sabemos que están esas empresas que son las que arrojaron las sustancias, que son las que contaminaron, bueno, como mínimo empecemos parando de contaminar. Después vemos la recomposición del estuario, pero primero dejemos de contaminar.

(Por Mauro Llaneza) Profesionales de la Universidad de Buenos Aires recomendaron a la justicia que prohíba inmediatamente la captura y consumo de especies del estuario bahiense y, en un corto o mediano plazo, “prohíba que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre”.

“Estos metales pesados sobrepasaron ampliamente los niveles de concentración permitido por el Código Alimentario Argentino”. Así lo advierte una pericia recibida por el juez Contencioso Administrativo, Agustín López Coppola, en el marco de la causa “Schroeder”.

La investigación impulsada por pescadores artesanales apunta a los vertidos de Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur y Azurix Buenos Aires.

Según el estudio, “al menos en un grado de probabilidad muy elevado”, la concentración de metales pesados en los peces analizados se debe a la actividad de las empresas del polo petroquímico.

La “constante y prolongada carga de contaminantes, aunque pareciera que dentro de los parámetros autorizados por la reglamentación vigente (aunque no por la ley provincial de pesca) ha generado una bioacumulación en las especies que viven en el estuario de un grado tal que no solo generan un notorio perjuicio en la sanidad de la vida marina, sino además un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies”.

La pericia fue realizada a pedido de la Fiscalía Federal por las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica y por el ing. agrónomo Gustavo Mozeris de la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios de la Facultad de Agronomía de la UBA.

Utilizaron las muestras producidas durante los allanamientos a las empresas del polo, 28 informes preexistentes “de fuerte relación y relevancia” y, principalmente, el producido en el marco de la causa ‘Meninato, Rolando, PBB Polisur y otros s/inf. Ley 24.051′” que tramita en el fuero federal.

Peces tóxicos

La presencia de metales pesados en especies de peces de explotación comercial, “tienen serias consecuencias para la salud humana, como por ejemplo el saturnismo con efectos neurotóxicos ocasionado por la bioacumulación de plomo o cáncer ocasionado por la bioacumulación de cadmio”.

Especies como la corvina rubia, langostinos, mejillones, camarones y ostras evidenciaron la presencia de ambos metales “en valores que superan 10 y 40 veces respectivamente lo permitido por normativa nacional e internacional para el consumo humano”.

“La gravedad de esta situación determina que sea necesario abordar un monitoreo permanente de la fauna marina del estuario, con un diseño muestral que permita entender la dinámica de la contaminación con metales pesados en el estuario de Bahía Blanca”.

El documento manifiesta la alteración del ecosistema marino local destacando “las altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

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Esto afecta el desarrollo y crecimiento normal de las especies presentes en la ría y en la totalidad de la cadena trófica, desbalanceando el nicho que ocupa cada especie en este ecosistema.

“Debería asimismo encontrarse una relación directa entre esta pérdida de biodiversidad por bioacumulación de metales pesados y los parásitos que forman parte de esta cadena en comparación con sistemas por fuera de los límites de la ía de Bahía Blanca”, afirma.

Los pocos ejemplares enteros evaluados impidieron estudiar otros indicadores de la contaminación y que estarían asociadas a la presencia de metales pesados e hidrocarburos.

ABSA “está provocando un daño casi irreversible”

Respecto a ABSA, la pericia advierte que “los valores DBO (demanda biológica de oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno), fenoles y sólidos sedimentales del sistema cloacal” exceden los límites permitidos, por lo cual, deben tomarse medidas urgentes de saneamiento “ya que el vuelco de 84 millones de litros por día está provocando un daño casi irreversible”.

“La permanente transformación operada en el área del puerto de Ingeniero White en los último treinta años ha dado lugar a un cambio morfológico del paisaje y, consecuentemente, a la transformación de mecanismos y procesos naturales que tienen en su sistema hidrológico”.

La dificultad para descontaminar la ría se evidencia en la “imposibilidad” de “realizar una actividad productivo-comercial como la pesca artesanal”, por “la salida de actividad de gran cantidad de pescadores”, “la baja de la actividad económica de agentes relacionados” con la pesca y “la baja disponibilidad de especies de calidad comercial y su imposibilidad de consumo”.

Por otra parte, ante los niveles de DQO que superan “ampliamente” lo permitido para agua de mar abierto, el análisis sugiere evaluar globalmente a “las empresas que tienen autorización” para arrojar vertidos en proximidades del Sitio 18-19 a la salida del colector de ABSA y la posible existencia de otras que lo hagan de manera clandestina.

Controles en la mira

La prueba que tiene en sus manos el juez López Cóppola y su par federal, plantea una “duda razonable” sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos provinciales.

Llama la atención la presencia de metales pesados en vertidos de las industrias en las márgenes de la ría –“aunque todos ellos dentro de los niveles guía permitidos”- frente al nivel de metales pesados hallados en todas las especies analizadas.

“Se plantea el concepto de la ‘duda razonable’ ya que si evaluamos el conjunto de vertidos a la ría de empresas del Polo Petroquímico este sistema aporta un total de entre 11 y 18 millones de litros de efluentes por día, sumándose a esto lo volcado por el sistema cloacal que suma 84 millones de litros por día”.

Contra las leyes

El documento de la FAUBA explica que existen tres factores que deben asegurarse como mínimo para el logro de “una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable de una región”.

  • Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas.
  • Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos.
  • Y asegurar la conservación de la diversidad biológica.

Todos los ítems están contemplados por la Ley General del Ambiente Nº25.675.

El dictamen es lapidario: “Ninguno de estos puntos está siendo asegurado con la intervención antrópica que existe en la actualidad en la Ría de Bahía Blanca”.

Por otra parte, existe “incompatibilidad” con la Ley provincial de Pesca Nº11.477 (prohíbe arrojar al agua sustancias nocivas para la biología marina- y mediante los vuelcos se viola la Ley de Residuos Peligrosos Nº24.051.

Por un estuario vivible

Los profesionales de UBA proponen generar un “marco de  convivencia con visión sistémica del problema” ante la “complejidad que significa mantener un equilibrio entre las actividades económicas, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente que apuntan a generar situaciones viables, vivibles y equitativas”.

Para ello y frente la “gravedad de los resultados obtenidos”, proponen:

  • Utilizar nuevas tecnologías como los caudalímetros con dosificación dinámica de efluentes líquidos sin la intervención de la mano del hombre, ya utilizados en otras industrias.
  • El monitoreo constante de contenido de metales pesados en peces con una metodología validada por los organismos de control y aplicada al ecosistema marítimo de la ría.
  • Y la evaluación permanente de sedimentos del estuario.

Continúan este jueves los allanamientos encabezados por la Fiscalía Federal en busca de muestras de sedimentos y vertidos líquidos para la realización de una pericia sobre el estado del estuario en el marco de la causa judicial que investiga la contaminación en la ría.

Ahora es el turno de la empresa ABSA que vierte líquidos cloacales y otras substancias sin el tratamiento adecuado.

La denuncia fue presentada por pescadores artesanales años atrás e involucra además a Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.

Participan la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal de Buenos Aires e integrantes de la Prefectura Naval de Bahía Blanca y la zona. El material recolectado será peritado por el Departamento de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal también realizará informes para la investigación.

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Esta mañana la Fiscalía General encabezó un operativo en el cual se tomaron muestras de vertídos líquidos y sedimentos y se secuestró documentación de las firmas TGS, Petrobras, Dow, Mega, Unipar y Profertil.

Participaron integrantes de la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal de Buenos Aires e integrantes de la Prefectura Naval de Bahía Blanca y la zona.

La medida fue solicitada por el fiscal Alejandro Cantaro en el marco de la causa judicial que investiga la responsabilidad de las empresas del polo y otros organismos gubernamentales en la contaminación del estuario. La denuncia fue realizada por pescadores artesanales.

El material recolectado será peritado por el Departamento de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal también realizará informes para la investigación.

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El Ministerio Público Fiscal encabezó esta mañana una serie de allanamientos en seis empresas del polo petroquímico de Bahía Blanca en el marco de la investigación por la contaminación del estuario.

Desde las siete de la mañana se recogieron muestras de vertídos líquidos y sedimentos y se secuestró documentación de las firmas TGS, Petrobras, Dow, Mega, Unipar y Profertil.

La medida fue solicitada por el fiscal Alejandro Cantaro al juez federal Walter López da Silva quien autorizó el operativo del cual participaron la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal de Buenos Aires e integrantes de la Prefectura Naval de Bahía Blanca y la zona.

El material recolectado será peritado por el Departamento de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal también realizará informes para la investigación.

En mayo de 2015, la Fiscalía General requirió a la titular del Juzgado Federal Nº2, Gabriela Marrón, la “inmediata prohibición” del vertido en la Ría de Bahía Blanca de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público.

La presentación llevaba la firma del fiscal Cantaro y agregaba documentación a la Causa 135623/2011 “MENINATO, Rolando (PBB Polisur S.A.) y otros s/ inf. Ley 24051” originada años atrás por pescadores artesanales de la localidad portuaria ante la disminución de peces en el estuario.

A su vez, se tramita una demanda civil en la cual están imputadas Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, ABSA, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.

El proceso civil busca definir “la calidad ambiental del estuario”, detener el vertido de residuos tóxicos y sanear la ría. Además, pretende una indemnización por daño moral colectivo.

En paralelo se tramitan causas individuales de medio centenar de pescadores artesanales que impulsan la demanda con el fin de lograr un resarcimiento económico porque no pudieron seguir ejerciendo su oficio.

Foto: Canal 7.

(Por Mauro Llaneza) Las empresas del polo petroquímico desistieron de las declaraciones de un grupo de pescadores artesanales a quienes habían convocado como testigos en el marco de la causa civil por contaminación en la ría que tramita el Juzgado Contencioso Administrativo N°1. Durante la audiencia que encabezó ayer el juez Agustín López Cóppola solo se escuchó a un empleado del Consorcio del Puerto.

“Deberían haber declarado los pescadores que son actores de esta acción civil, es una prueba ofrecida por la parte demandada donde se los cita -se llama absolución de posiciones- para que digan si determinados puntos son verdades o mentiras”, dijo el abogado Lucas Beier en FM De la Calle.

A su lado, el pescador Miguel Ángel Córdoba afirmó que fue a responder las preguntas de las empresas “con la frente en alto, no como ellos que es una agachada, lo que hicieron es de muy cobardes, no querer escuchar la realidad o la verdad es de muy cobarde, nadie les iba a mentir”.

“El único que declaró fue un testigo ofrecido por el Consorcio del Puerto, que es (Alberto) Carnevali, que es empleado del puerto, y contestó algunas preguntas referidas al dragado” y a la posibilidad de que haya causado daños. Beier destacó que el testigo “manifestó sobre los estudios que se hicieron sobre los sedimentos, si esos estudios estaban dentro de los parámetros autorizados por el OPDS, dijo que sí, motivo por el cual el OPDS autorizó la obra del dragado”.

La contaminación del estuario es investigada en una causa penal que tramita la justicia federal y otra civil en la cual están imputadas Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, ABSA, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.

El proceso civil busca definir “la calidad ambiental del estuario”, detener el vertido de residuos tóxicos y sanear la ría. Además, pretende una indemnización por daño moral colectivo: “¿Qué es esto? Toda la comunidad sufrió un daño, el ejemplo más tangible es la clausura del balneario Maldonado que ya no es con agua salada, alguien si se quiere ir a bañar a Cerri no puede, si quieren comer en el muelle de Cerri no pueden porque está contaminado, entonces todo eso debe resarcirse a la comunidad y tendrá que resolver el juez de qué modo”.

En paralelo se tramitan causas individuales de medio centenar de pescadores que impulsan la demanda con el fin de lograr un “resarcimiento económico porque no pudieron seguir ejerciendo su oficio”.

Contaminar o no contaminar

El abogado destacó que nadie está haciendo nada clandestinamente, tanto el vertido de tóxicos como el dragado están autorizados por la provincia, por eso la consideran responsable. “Más allá de que la provincia dice que las empresas pueden arrojar ciertos parámetros no se controla si cumplen, hay una falta de servicios de la provincia porque el CTE controla una o dos veces al mes. Con eso es imposible saber cuánto es el acumulado (…) estamos pidiendo que se analice el barro, que se analice agua y principalmente las especies vivas, ya sean moluscos o peces. Ahí vamos a saber si existe una bioacumulación de metales pesados tóxicos, por ejemplo el mercurio que es tóxico sin importar la cantidad”.

Beier explicó que “la Ley de Pesca de la provincia de Buenos Aires no habla de parámetros, dice que está prohibido. Está prohibido arrojar sustancias tóxicas que puedan generar un daño a la biología. Como este es un sector de pesca, los pescadores son actores en esta causa y la justicia les dio el lugar de actores y querellantes en la penal, ellos están ejerciendo su actividad o la ejercían al menos dentro de la misma zona donde las empresas arrojan sus sustancias tóxicas, entonces ¿qué ley tiene que regir? ¿La de Pesca que dice cero o una resolución de la Autoridad del Agua que es para mar abierto y que habla de parámetros?”.

pesca artesanal

“Si el juez resuelve que va a ser cero, va a ser una complicación para las empresas porque significa que ya no van a poder arrojar sustancias tóxicas. No va a ser ni uno, ni dos, ni tres. Va a ser cero”. Los desechos de las empresas deberían trasladarse más de cien kilómetros para alcanzar mar abierto. Nunca llegan “porque la marea corre cada seis horas, va y viene siempre, y hay estudios realizados que una parcela de agua frente al puerto con marea bajante no llega más allá de Puerto Rosales y cuando sube vuelve otra vez, nunca se va”, fundamentó.

Y el pescado sin vender

Miguel Ángel Córdoba recordó que la demanda se originó en la falta de pesca. “Por historias de pescadores más viejos decían que iban enfrente a remo y venían llenos de pescado. Empezamos a notar que empezó a caducar mucho más, mucho menos embarque porque al ser tanta gente a bordo de una lancha no alcanzaba. Dio la casualidad de que empezando a hablar, hablar, hablar, vino alguien que hizo la investigación de contaminación y es como que nos abrió los ojos y empezamos a mover un poco porque era la comida, el pan nuestro de cada día”.

“Toda mi familia son descendientes de pescadores, nosotros también, mis hermanos, mis primos, cuñados, mucha cantidad. Es una familia grande la de los pescadores. Nosotros venimos subsistiendo de changas pero hay gente que no sabe hacer otra cosa, que nació en la pesca, los llevó el padre de chico a los nueve años arriba de una lancha y hoy por hoy no tiene nada, el muelle hoy está tapado, la dársena está tapada de barro, las cuatro lanchas que hay están en seco, tenés que esperar que crezca toda la marea para poder sacarla (…) hay tres embarcaciones pescando afuera, son tres, 21 personas nomás, ¿y el resto?”. En los buenos tiempos había al menos 200 trabajadores “a pleno”.

Miguel Ángel afirmó que los frigoríficos de White “murieron todos”, como desaparecieron quienes pelaban camarones o fileteaban el pescado. “Gente que no tenía para comer y en un momento iba al muelle y sabía que se traía un pescado a la casa, todo eso no existe más”.

estuario

“Otra cosa es que ahora en White los únicos que están son los chinos y laburan con pescado de afuera porque nadie te come el de acá. Mi hermano tiene una canoa para salir a laburar con mi otro hermano y está ahí estancada en el muelle, sabemos que no lo va a comprar nadie ese pescado. Primero que no hay y el poquito que hay no te lo compra nadie, Bahía sabe que ese pescado no se puede comer. En White se está comiendo langostino del sur, de Rawson. El que come, si puede comprarlo”.

“Lo único que queremos es que vuelva el puerto como lo teníamos antes. No va a volver como estaba antes, eso está recontra claro. Pero por lo menos tratar de remediar algo de lo que hicieron, que dejen de contaminar, queremos el agua que teníamos antes, que sea limpia como antes, hay un montón de cosas, la pesca no sé si va a volver o no va a volver porque no soy dios para decir, pero sí que se termine con esto”, dijo.

La pericia

El próximo paso de la causa es la realización de una pericia sobre el estado del estuario. El juez López Cóppola descartó en su momento los reparos de la querella respecto a los intereses profesionales y económicos entre la Universidad del Sur y las empresas demandadas y ordenó que sea esa institución la que haga los análisis. El rector Ricardo Sabbatini argumentó que sus investigadores estaban ocupados en el dictado de clases y rechazó la propuesta.

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El juez atendió el pedido de los pescadores para que intervenga la Facultad de Agronomía de la UBA pero ante una impugnación de una firma imputada optó por recurrir a la Fundación de la Universidad del Sur. “Creo que son los mismos profesionales los de la fundación que los de la UNS así que imagino que la respuesta debería ser similar a la que dijo el rector”, opinó Beier quien estudiará la posibilidad de cuestionar la medida “porque obviamente puede ser que los profesionales que integran la fundación vean que corre peligro su trabajo si se ponen en contra o la pericia da en contra de lo que dicen las empresas”.

“Podrían llegar a tener un interés muchísimo más tangible, mucho más palpable que el de la Universidad de Buenos Aires que no hace ningún estudio para las empresas de acá, la Universidad del Sur tiene cantidad de estudios, y es más, hay contratos vigentes entre el Conicet y la universidad con el CTE, millonarios, por año”.

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca, Lucas Beier, se mostró conforme con el avance en la causa por contaminación ambiental en el estuario y adelantó cómo sigue la investigación. La semana pasada la Cámara de Casación resolvió que sea la justicia federal la que estudie las responsabilidades penales de integrantes de los directorios de las empresas del polo petroquímico y ex funcionarios públicos del municipio y de la provincia.

Beier detalló que junto a la Fiscalía avanzarán ahora con una serie de pedidos pendientes, “son temas con relación a la representación de la parte querellante, algunas medidas de prueba y principalmente de la etapa investigativa. Todavía no se ha pedido ni llamado a indagatoria ni elevación a juicio que vendrá una vez que podamos hacer la prueba que venimos pidiendo”.

Tanto en el marco de la causa penal en cuestión como de la demanda civil que tramita el juez Agustín López Coppola en la justicia provincial, los denunciantes solicitaron un profundo estudio sobre el estado de la ría.

“Hubiese sido lo mejor que la pericia la haga uno solo para que no haya dispendio de horas de personal, de trabajo”, dijo Beier y agregó que “lamentablemente el juez en lo Contencioso Administrativo entendió que debería ser la Universidad del Sur la que haga la pericia, lo cual tampoco está resuelto porque la universidad tiene que aceptar, es una diferencia con la UBA que ya había aceptado. Según tengo entendido, por decisión de la Asamblea la universidad no hace pericias”.

Desde la casa de altos estudios local afirmaron que el tema está siendo analizado por la Asesoría Letrada a la cual el juzgado solicitó tiempo atrás copia de los convenios firmados entre la UNS y las empresas acusadas. Si descartan realizarlo, será la Facultad de Agronomía de la UBA la responsable. En la causa penal ya está definida la intervención de la UBA y la Policía Federal y se busca que el Consejo de la Magistratura corra con los costos.

El abogado explicó que “en la causa civil la pericia es una prueba más y dentro de las pruebas ofrecidas está el expediente penal. O sea que el juez, sea este o la Cámara o la Corte o el último en resolver, cuando analice la prueba va a tener que analizar tanto la producida en la civil como en la penal porque esta va a ser como un antecedente de la civil”.

En cuanto al plan de obras exigido a ABSA por parte de López Coppola para que la empresa bonaerense deje de verter líquidos cloacales sin tratamiento al estuario, Beier informó que a pesar de las noticias sobre la puesta en marcha de la planta de reutilización en Ing. White, nada fue oficialmente comunicado al juzgado.

El magistrado les dio un plazo de 180 días para hacerlo, se venció, la querella pidió que se lo dé por incumplido y el juez le otorgó unos veinte días más. “Se están por vencer, en la causa civil no figura nada de todo esto, solo lo que hemos denunciado nosotros acompañando artículos periodísticos de internet o de diarios, pero ni ABSA ni la provincia han denunciado la construcción de esta obra. No entendemos por qué porque es justamente cumplir con uno de los objetos del juicio”.

“Cuando se le venza el plazo vamos a reiterarle al juez que tome una medida a ver si se lo da por incumplido o si por los recortes del diario y por lo que es de público conocimiento el juez lo considera. De todas formas el cumplimiento sería parcial porque la intima tanto por la planta de Bahía como la de Punta Alta”, concluyó el denunciante. Las sanciones contra ABSA podrían ser una multa diaria y el pase de la causa al fuero penal “porque habría una desobediencia judicial”.

A fines de octubre, se realizará una larga audiencia en la cual declararán ante López Coppola medio centenar de pescadores artesanales y una decena de testigos propuestos por las defensas de las empresas.

(Por Mauro Llaneza) La justicia federal bahiense debe seguir el trámite de la causa contra las empresas del polo petroquímico, ABSA y ex funcionarios públicos por la contaminación de la ría bahiense. Luego de un largo intercambio de excusas entre juzgados del ámbito nacional y provincial, la Sala I de la Cámara de Casación Penal comprendió que los análisis ambientales demuestran la “afectación interjurisdiccional de los recursos naturales del estuario” dado que “los peces y el agua presentan altos niveles de concentración de metales que son considerados nocivos para la salud”.

El fiscal Alejandro Cantaro celebró la decisión porque no tenía “razonabilidad” el pase a la justicia ordinaria sobre todo porque no se trataba de una disputa para impulsar la investigación sino todo lo contrario. “Habíamos seguido pidiendo algunas medidas y ahora supongo que vamos a seguir avanzando con los estudios de los vertidos en el agua”, dijo a FM De la Calle.

Cantaro destacó la labor del abogado de los pescadores artesanales y recordó que en su momento se pidió al juzgado prohibir los vertidos y buscar una solución “a este tema que es grave” y planteó que “la mejor razón que podemos alegar ahora es que estuvo la gobernadora acá inaugurando una planta de tratamientos cloacales de ABSA que se pedía, se pedía y nunca ocurría y con el avance de esto, no me voy a adjudicar que se haya decidido por esta causa pero cuando hay un trabajo intenso en este sentido algunas cosas se modifican”.

La Fiscalía solicitó recientemente “un nuevo control de vertidos de sustancias en el agua y en el fondo para determinar cómo es que se van manteniendo todos estos estándares que superan las posibilidades que la ley permite” y cuestionó la aplicación de la Ley de Aguas porque regula aguas abiertas y “el estuario son 1.400.000 metros cuadrados cerrados y es además zona de pesca”. Por eso entiende que debería tomarse la Ley de Pesca que exige la inexistencia absoluta de contaminantes.

Por otra parte, Cantaro comentó que se contactó con el juez Contencioso Administrativo Agustín López Coppola, quien interviene en la demanda civil por la cual los pescadores buscan ser indemnizados, para realizar de manera conjunta el estudio sobre el estado de la ría. Para ello el magistrado provincial debería dar marcha atrás con la decisión de que sea el IADO bahiense el cual realice el análisis. El fiscal federal pretende que intervenga la Facultad de Agronomía de la UBA porque “sin que seamos paranoicos, todos los entes que tienen que ver con los estudios y las mediciones en la ría están patrocinados y subsidiados por las empresas del polo”. Se requirió al Consejo de la Magistratura que se haga cargo de los aproximadamente 70 mil pesos que se demandarán.

La causa

empresas polo cartel

La denuncia original fue presentada en 2011 por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría Bahía Blanca, representada por Lucas Beier y Luis Arellano, contra miembros del directorio de PBB Polisur S.A., su controlante Dow Química Argentina S.A., Solvay Indupa S.A.I.C., Profertil S.A., Compañía Mega S.A., Petrobras Argentina S.A., Transportadora del Gas del Sur S.A. y Oiltanking Ebytem S.A. por la posible comisión de los delitos de contaminación dolosa con residuos peligrosos de la atmósfera, el agua y el suelo y adulteración peligrosa para la salud de sustancias alimenticias (frutos de la pesca) y aguas subterráneas potables.

Además, los trabajadores apuntaron contra los ex funcionarios provinciales y municipales -Eduardo Conghos, subsecretario de Gestión Ambiental municipal, y José Manuel Molina, director ejecutivo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable- por considerarlos cómplices necesarios de los aludidos delitos, y por la comisión de los delitos de encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público.

En mayo de 2015, la Fiscalía General requirió a la jueza Gabriela Marrón la “inmediata prohibición” del vertido en la ría de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público y agregó documentación a la causa.

Un mes después la flamante magistrada evitó hacerse cargo de la investigación y se declaró incompetente. La Cámara Federal, con la firma de Pablo Candisano Mera y el renunciado agente de la inteligencia genocida Néstor Luis Montezanti, avaló a Marrón argumentando que “corresponde a la justicia local continuar con el trámite de las actuaciones” porque los planteos de la Fiscalía y la querella respecto “a que el daño excede las fronteras locales, no está probado” dado que “la presencia de contaminación en especies migrantes no es suficiente para sostener que el daño se propague más allá del ámbito provincial”.

Los denunciantes habían manifestado que “la interjurisdiccionalidad del daño ambiental se verifica a partir de los informes ambientales realizados en autos, que evidencian los elevados niveles de metales en el hígado y músculo de los peces característicos del estuario de Bahía Blanca (especies saraquita, pescadilla común, tiburón gatuzo, lenguado y corvina rubia), que cumplen con sus respectivos circuitos migratorios (en algunas especies, desde Río de Janeiro, República Federativa Brasil hasta la Patagonia argentina, pasando por Bahía Blanca)”.

Así lo entendieron Ana María Figueroa, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos en la Cámara de Casación al afirmar que “de momento, no cabe descartar la afectación de recursos naturales interjurisdiccionales como consecuencia de la contaminación ambiental denunciada” y por ende, la causa debe volver a la justicia federal.

Cabe destacar que durante los meses de mayor actividad de la investigación tanto el abogado Lucas Beier como varios de los pescadores denunciantes fueron víctimas de reiterados episodios mafiosos e intimidaciones para que “se dejen de joder” con las empresas del polo y ABSA. Por su parte, el Colegio de Abogados -con el voto de varios de sus directivos que a su vez son abogados de las empresas- inició un proceso en contra de Beier por violación a las normas éticas de la profesión en sus “reiteradas exposiciones mediáticas”.

(Por Minga de Investigaciones y Acciones Sociales) Recientemente se cumplió un nuevo aniversario de los grandes escapes de sustancias tóxicas que, en el año 2000, se produjeron en las plantas del Polo Petroquímico Bahía Blanca (PPBB). Los acontecimientos que marcaron la historia de la ciudad por aquellos días, si bien requieren de actualización, no dejan de contener una vital actualidad. Una actualización que necesita ser realizada sobre la base de lo que para la población bahiense significó el proceso de privatización, extranjerización y expansión del polo petroquímico en el que se enmarcaron dichos sucesos. Y una actualidad que persiste y se (re)crea ante los nuevos proyectos de ampliación que se ciernen sobre el complejo industrial. Con esta intención nos proponemos interrogar dichos acontecimientos, buscando evitar que el sentido de su rememoración se vea atrapado en una efeméride de letra muerta.

A un viento de morir

En la mañana del 20 de agosto del 2000, vecinxs de Ingeniero White se encontraron con una densa nube de color amarillo verdoso que se levantaba desde el complejo de Solvay Indupa y se extendía en cercanía de sus hogares. El viento produjo el milagro de impedir que la nube tóxica se dirija hacia las zonas pobladas ocasionando una tragedia de proporciones inimaginables. “El cloro puede producir lesiones que van, desde leves hasta la propia muerte”, explicaba días después el jefe de la Unidad de Pulmón del Hospital Municipal de Bahía Blanca. Por su parte, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca, por medio de un comunicado, manifestaba que “el hecho que fuera un día no laborable motivó que no estuvieran trabajando las mil o dos mil personas que desarrollan tareas, normalmente, los días de semana, las que seguramente hubieran fallecido al paso de la nube de cloro”.

Frente a lo ocurrido, lxs vecinxs de Ingeniero White entraron en estado de movilización permanente. Durante los primeros días, en las asambleas populares prevaleció la postura de que la erradicación de la industria constituía la única manera de garantizar el futuro de la propia vida. Hombre y mujeres, jóvenes y ancianos procedieron a cortar los accesos principales al polo. Ubicados de manera estratégica, los piquetes llegaron a extenderse hasta por seis puntos diferentes. Por primera vez en la historia del complejo, el gobierno provincial llevó a cabo la clausura de una de sus plantas.

Con tan sólo ocho días de diferencia, se produjo un nuevo escape. El 28 de agosto se ocasionaron fugas de amoníaco en Profertil. Mientras el máximo de amoníaco permitido era de 35 partes por millón, ese día se registraron valores entre 40 y 100 ppm. El Proceso APELL (programa de respuestas ante `emergencias tecnológicas´ que se encontraba funcionando desde 1996) volvió a fallar, tal como había ocurrido en el caso del escape en Solvay Indupa. Como consecuencia de las fugas tóxicas en el Hospital Menor de Ingeniero White fueron asistidas ochenta personas, dos de las cuales debieron ser trasladadas al Hospital Municipal de Bahía Blanca. Asimismo, lxs niñxs del Jardín N°905 y de la Escuela N°15 resultaron evacuadxs.

Los escapes del 2000 tuvieron lugar en el marco de la privatización, transnacionalización y expansión de un complejo nacido casi tres décadas atrás bajo la administración del Estado nacional. Resulta sugerente detenernos a pensar que por medio de este proceso, así como el volumen de producción se incrementó en un 450%, se produjo un salto destacado en la riqueza generada por el PPBB y también un aumento sustancial en el uso intensivo de bienes comunes de la naturaleza y de la ciudad. En este momento, se consolidó una estructura de distribución social y geográfica de la riqueza producida localmente y del uso de bienes comunes naturales y urbanos de la que resultan claros ganadores y perdedores del desarrollo petroquímico. Estructura que resultó profundizada en el posneoliberalismo, al ritmo de que las empresas del PPBB ascendieron entre las firmas de mayor facturación anual en Argentina al verse favorecidas por un dólar alto, el retraso salarial y los precios del mercado internacional.

La política del enclave

Mientras que a principios de los años 90 el PPBB poseía casi un cuarto de la capacidad instalada en la industria petroquímica del país, a través del flujo de inversiones extranjeras concretadas por las corporaciones transnacionales en la segunda mitad de la década, se afirmó como el complejo petroquímico de mayor importancia a nivel nacional. Que a partir de entonces el PPBB experimentó un notable desarrollo, no caben dudas. Ahora bien, de todo esto, ¿qué es lo que nos queda en la ciudad?

Si nos detenemos en la distribución de la riqueza generada en el PPBB, tomando como caso representativo el año 2007, obtenemos los siguientes resultados. Mientras los dueños de las empresas se llevan 2.606 millones (el 93% del total), en la ciudad sólo permanece lo que reciben los trabajadores locales en concepto de salarios (109 millones de pesos) y la Municipalidad de Bahía Blanca por el cobro de las tasas municipales (12 millones de pesos). De modo que el impacto directo del PPBB sobre la economía urbana resulta tan sólo del 4,3% del total de los ingresos producidos en el polo petroquímico.

Exiguo resulta el monto recibido por los trabajadores porque escasa es la mano de obra que estas compañías, que cuentan con procesos de producción altamente automatizados, necesitan para funcionar. Tomando como ejemplo datos del 2009, las empresas del PPBB emplean de manera directa 1.130 personas. Número sensiblemente menor a los 1.600 trabajadores que supo emplear el complejo petroquímico con anterioridad al proceso de privatización. Si ponemos los 1.130 empleos en relación con el total de la población ocupada en Bahía Blanca, podemos decir que sólo el 0,9% corresponde a las empresas del PPBB. En efecto, de cada 1.000 personas que trabajan en Bahía Blanca, sólo 9 lo hacen de forma directa en el complejo petroquímico. Si además tenemos en cuenta los 2.000 empleos indirectos que generan estas empresas, el porcentaje no varía de manera rotunda: pasa del 0,9% al 2,5%. Pero además significa que más del 60% de la fuerza de trabajo de la que hace uso el complejo petroquímico corresponde a empresas contratistas. Por lo que estamos hablando de trabajadores que sufren en mayor medida condiciones laborales de precarización.

A partir del proceso de privatización, extranjerización y expansión que atravesó el PPBB en la segunda mitad de la década de 1990´, se produjo una profundización de su dinámica de enclave, la cual se consolidó en el posneoliberalismo. El escaso impacto sobre la economía urbana resulta posible de verificarse en el empleo de una cantidad limitada de mano de obra, en la exportación de cuantiosas ganancias, y también en la exigua capacidad de generar eslabonamientos hacia atrás y hacia delante. El PPBB, antes que constituir un polo de desarrollo para la región, actúa como un enclave de drenaje articulado en el marco de dinámicas globales de valoración.

La política del grifo y el sumidero

El concepto de enclave resulta, sin embargo, aplicable sólo en términos económicos. La gran expansión que experimentó el PPBB durante la segunda mitad de los años 90 definió una situación de contaminación y riesgo ambiental de novedosas características y mayor intensidad. Por lo que al tiempo que el complejo petroquímico se desarrolla generando un impacto poco significativo sobre la economía urbana, produce un impacto ambiental altamente negativo.

En su actividad industrial, las empresas petroquímicas consumen de modo intensivo bienes comunes (especialmente gas pero también agua y electricidad), hacen uso del espacio y la infraestructura urbana, a la vez que contaminan las aguas del estuario, los suelos y el aire de la ciudad. Bajo esta dinámica se produce una multiplicidad de problemas urbano-ambientales que, en mayor o menor medida, se encuentran articulados al desarrollo del polo petroquímico: escasez de agua potable para la ciudad, riesgo ambiental, afectación de la salud de la población, pérdida de biodiversidad y de los servicios ecológicos del estuario, desplazamiento de la pesca artesanal, obturación del acceso público a los espacios costeros, incidencia en la rajadura de viviendas y también en la pérdida de valor inmobiliario de las casas ubicadas en cercanías de la zona industrial, expulsión de población (familias relocalizadas por el municipio pero también `exiliados ambientales´), congestionamiento del sistema vial y coexistencia de cargas de sustancias peligrosas con el transporte de pasajeros.

Alrededor de estas problemáticas se organizan diversos procesos de conflictividad social. Los piquetes de lxs vecinxs de Ingeniero White en los accesos al polo petroquímico y los piquetes de los pescadores artesanales en la ría de Bahía Blanca, numerosas acciones judiciales, la conformación de organizaciones ambientales, el pedido de instituciones educativas de ser reconocidas como escuelas de riesgo ambiental, la asamblea contra el buque regasificador, las Marchas Musicales Descontaminantes, la Asamblea Ambiental Buenos Aires Sur, el Censo de Salud Comunitario… dan cuenta, en diferentes momentos, de diversas formas de organización y acción colectiva.

¿Hacia una nueva profundización del extractivismo urbano?

En el suplemento especial del `Día de la Industria Petroquímica´,  publicado por el periódico La Nueva Provincia el sábado 27 de agosto, el nuevo proyecto de expansión del PPBB es anunciado a través de diferentes voces. El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Pablo Pussetto, plantea: “Otro proyecto ambicioso y que se realizará a largo plazo es el de Dow, de gran magnitud no solo para la región sino a nivel nacional. La inversión duplicará la capacidad de producción de polietileno que Dow hace aquí en nuestra ciudad, así que estamos avanzando en el proceso de planeamiento estratégico que contemple cuáles son las necesidades actuales y futuras de movimiento logístico para ir planeando la infraestructura y los servicios que la comunidad necesita a través del puerto”. Por otra parte, en la voz del Ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, también se manifiesta la existencia de dicho proyecto: “hay proyectos muy importantes en el sector petroquímico. Tal vez el más relevante sea el de Dow (prevé duplicar el tamaño de su polo petroquímico en Bahía Blanca con una inversión de más de U$S 4.000 millones).

La decisión de radicar un polo petroquímico en la ciudad de Bahía Blanca y también con posterioridad de concretar su expansión en los años 90, se vio definida por la posibilidad de explotar las ventajas comparativas asociadas a la dotación de bienes comunes. El más importante resultó el suministro de su insumo básico, el gas natural. Pero asimismo resultó significativa, entre otros factores, la disponibilidad de agua. Hoy, para poder concretar este nuevo proyecto de ampliación, el sector petroquímico se encuentra trabajando en aras de asegurarse el suministro de estos bienes.

La primera de las dos cuestiones, para ellos, se encuentra en camino de resolución. En el 2013, Dow Argentina firmó un acuerdo con YPF para la explotación del bloque El Orejano, un área de más de 40 km2 ubicada dentro del yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El proyecto incluye la perforación de más de 180 pozos, de los cuales 19 se encuentran actualmente en producción. De modo que, por medio de la explotación de gas no convencional mediante la metodología del fracking, buscan generar las condiciones de posibilidad para la futura ampliación del polo.

La segunda de las cuestiones es la del suministro de agua. La puesta en marcha de las ampliaciones del PPBB durante los años 2000-2001 implicó un aumento sustancial en el consumo de agua con fines industriales. Al tiempo que el volumen de producción se incrementó en un 450%, la demanda de agua del complejo se multiplicó por más de tres veces. Dicho salto contribuyó a llevar al Dique Paso de las Piedras a su límite en la capacidad de aprovisionamiento, situación que pervive hasta el día de hoy. Y es desde aquí, que resulta posible entender en la actualidad la colocación del problema del agua en la agenda pública hegemónica. No sólo (ni necesariamente) en función del abastecimiento de la población, sino de la demanda del sector industrial.