El Juzgado de Necochea rechazó la demanda civil de un grupo de pescadores artesanales del estuario y desestimó el planteo de fondo porque entendió que no hay prueba causal de daño ambiental por parte del polo petroquímico y organismos públicos. De esta manera, el Poder Judicial despeja el camino a las ampliaciones y nuevas instalaciones industriales.
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La Cámara de Casación ratificó el sobreseimiento de empresarios y funcionarios municipales y provinciales investigados en la causa por la contaminación del estuario “por inexistencia de delito”. La denuncia había sido presentada por pescadores artesanales hace más de 14 años. Sigue abierta contra ABSA.
Patricia González es educadora ambiental y referente de la organización conservacionista Sílice. Denunció la invisibilización de la contaminación y señaló la connivencia entre las industrias y las instituciones educativas que “dan licencia social” al modelo extractivista.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata reenvió el expediente a la primera instancia sin siquiera opinar sobre el daño ambiental del estuario. Calificó el fallo del juez bahiense que condenó a multinacionales y organismos públicos como “dogmático” y “arbitrario”.
El fiscal ante la Cámara Federal, Horacio Azzolin, ratificó la postura de los pescadores artesanales ante el fallo de la jueza Gabriela Marrón, quien exculpó a empresarios y funcionarios por el daño ambiental. “Está probado que el estuario de Bahía Blanca está contaminado y la instrucción debería haberse dirigido a determinar la identidad de los posibles responsables del hecho para poder escucharlos en declaración indagatoria”.
El subsecretario de Ambiente del Municipio de Bahía Blanca, Lautaro Girones, se refirió a la contaminación del estuario, el monitoreo que realiza el Comité Técnico Ejecutivo sobre las empresas del polo y al lanzamiento del Programa de Recolección Diferenciada de Residuos.
Lo estimó el Observatorio de Sismicidad Inducida en base al análisis de imágenes satelitales del derrame de hidrocarburos que partió de la monoboya de Oiltanking en cercanías de Puerto Rosales. Este jueves se difundió la foto de un lobo marino empetrolado en las playas de Sauce Grande.
El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, aseguró que hay dos situaciones a evaluar tras el derrame de petróleo de Oiltanking en el estuario: “La técnica, que la tendrán que resolver ellos por vínculo armador de la terminal de carga y descarga y después el impacto ambiental que tuvo esa operación frustrada”.
El biólogo Pablo Petracci afirmó que son dos las manchas de hidrocarburos que persisten en el estuario tras el derrame de la empresa Oiltanking. Destacó la aplicación tardía del plan de remediación y advirtió sobre una disolución del petróleo con embarcaciones.
Este miércoles se conocieron imágenes de un derrame de petróleo en el Estuario de Bahía Blanca ocasionado por la empresa Oiltanking S. A. en la instalación submarina de la monoboya “Punta Ancla”. Pablo Petracci se refirió a la afectación a numerosas especies. Ya hay una presentación judicial.
Tres pescadores fueron indagados en la causa que investiga el entorpecimiento de la vía pública en una protesta realizada en 2021 frente a la empresa Dow. El expediente avanzó con rapidez en el juzgado de Gabriela Marrón, donde la causa principal por contaminación en la ría lleva más de 11 años sin avances significativos.
La Cámara Federal bahiense ordenó que la causa por la contaminación ambiental del estuario avance con la formulación de imputaciones de directivos de las empresas del polo petroquímico. Hasta ahora la jueza y el fiscal resistieron la medida a excepción de un grupo de funcionarios de ABSA.
El fiscal Santiago Ulpiano Martínez citó a declarar como imputados a 11 directivos que cumplieron funciones en los años de trámite de la causa por contaminación en la Ría. Lucas Beier, abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, celebró la medida aunque destacó que se trata solo de una de las empresas responsables.
Luego del cierre de la negociación con las empresas del polo petroquímico y los entes gubernamentales que contaminaron el estuario por el fracaso de los acuerdos impulsados por su fiscalía, Santiago Martínez llamó a indagatoria a un grupo de imputados. Se trata solamente de quienes fueron responsables de ABSA en los años de trámite de la causa.
La Cámara Federal rechazó los acuerdos “ambientales” firmados entre el fiscal Ulpiano Martínez y las empresas del polo y dejó sin efecto la medida cautelar que ordenaba la aplicación del principio precautorio mientas se investiga las responsabilidades sobre la contaminación. El abogado de los pescadores, Lucas Beier, analizó el fallo en FM De la Calle.
La Cámara Federal dejó sin efecto la cautelar que ordenó prevenir -y de ser posible revertir- la contaminación del estuario. Fue al rechazar nuevamente los acuerdos homologados por la jueza Gabriela Marrón a instancias del fiscal Ulpiano Martínez. La Alzada afirmó que pese a sus intenciones se transformó en un “instrumento dilatorio” y una excusa para no avanzar en la acción penal contra las empresas imputadas.
Lucas Beier, querellante por la Asociación de Pescadores Artesanales analizó en FM De la Calle el alcance de la nueva homologación en primera instancia de los convenios ambientales firmados por el fiscal Ulpiano Martínez y las empresas del polo petroquímico.
En el marco de los anuncios sobre la instalación de una planta de GNL y de la ampliación de la planta de Profertil en el estuario, la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca envío una carta documento al presidente de YPF, Pablo González, notificándolo de la reciente condena a empresas y organismos estatales por la contaminación de las aguas.
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