Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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Este martes 8 de septiembre se desarrollará un encuentro entre dramaturgxs y cantautorxs. Será a las 21 horas en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. “Es para despertar vocaciones y que cada uno cuente cómo compone. Aprovechando los tres encuentros que se hicieron de cantautores y a la venida de Cristian Palacios para seguir charlando sobre la creatividad”, dijo a FM De la Calle Quique Agesta, director de la sede del encuentro.
“Es tan importante los encuentros de este tipo, sobre todo muy descontracturado para que cada uno cuente como comenzó a componer”, sostuvo el músico y docente.
Palacios es profesor de Teatro, Literatura y Latín, Licenciado en Letras (UBA) y Director de Artes Escénicas (Instituto Universitario Nacional de Artes). Participó de varias instancias de formación en Bahía Blanca.
La dramaturgia y la cantautoría trabajan con la palabra. Ambas utilizan diferentes recursos. Escenografía, desempeño actoral, luces, música, textos la una; armonía, melodía, letra la otra. Pero la palabra les es común, así como la narración, sea cual fuere la estética propuesta. Son historias y paisajes lo que cuentan.
¿Cómo se escribe una obra? ¿Cómo nace una canción? ¿Qué motiva a sus hacedores y hacedoras? ¿Metodologías? ¿Horas de trabajo? ¿Inspiración?
El proceso creativo será el tema sobre el cuál rondarán las intervenciones de dramaturgxs y cantautorxs locales. Tema que no tiene resolución. Sin embargo, la reflexión sobre las prácticas culturales es un valioso aporte al desarrollo del trabajo de quienes se desempeñan como hacedores culturales. La reflexión y el encuentro impulsan nuevas miradas sobre este viejo tema de la creación.
(Por Julio Gambina) Con la celebración del día de la industria resurgieron debates sobre el modelo productivo y de desarrollo en la Argentina.
Por un lado, la vos oficial estuvo a cargo de la Presidenta de la Nación en la celebración realizada en Tecnópolis el 2/9/15. Por otro lado se pronunciaron los agrupamientos patronales.
Más allá de los discursos y opiniones del gobierno y las cámaras empresarias, emerge la compleja realidad del sector industrial, que arrastra casi dos años de caída de la producción.
Es algo que ocurre en el marco de la crisis mundial, que afecta a la demanda de la producción fabril local. Se trata principalmente de la caída económica del Brasil, principal comprador de bienes industriales locales y que parece no resolverse en el corto plazo.
Desde el discurso oficial se sostiene la necesidad de sustituir importaciones y exportaciones.
Sustituir importaciones
Reemplazar importaciones por producción local es una antigua aspiración del sector industrial local, materializada en general en tiempos de cierre de la economía mundial, especialmente propiciada por las condiciones de guerra. La falta de provisión externa motivó el impulso a la producción local, sustituyendo importaciones.
Por eso, la industrialización local estuvo impulsada de manera acelerada entre los años 20 y 50 del Siglo XX, con presencia de capital local y extranjero. La estructura social con mayoría de trabajadores asalariados y extensión de una burguesía local tiene esos antecedentes.
Es cierto que preferentemente se impulsó la industria liviana, productora de bienes de consumo. El motivo remite a la menor inversión de capital original para encarar esos procesos productivos, facilitando la emergencia de una nutrida capa de empresarios pequeños y medianos de capital local en capacidad de producir para abastecer el mercado interno.
Fueron tiempos de expansión del proletariado y florecimiento de una burguesía local, que animaron procesos políticos como el del peronismo, que proyectan su presencia hasta nuestros días. Una lógica destacada de ese fenómeno alude al pacto social implícito y explícito entre el capital y el trabajo, algo que Cristina Fernández enfatizó para este tiempo de crisis.
También hubo desarrollos de la industria pesada, relativa a la producción de medios de producción. Allí, el principal papel se concentró en el capital estatal y el extranjero. Ese proceso tiene distintos momentos para su expansión y con gran visibilidad hacia fines de los años 50 y hasta mediados de los setenta, en el esplendor de las políticas desarrollistas.
Con la dictadura genocida se inicia un paulatino desarme des-industrializador, con impacto directo en el desempleo, la precariedad laboral, la extranjerización y el aliento a la introducción de la producción externa en el mercado local.
Papel del Estado
El sujeto de la industrialización ha sido el Estado, impulsando sucesivamente el despliegue de la industria local, la radicación de capitales externos en el sector fabril, y claro, también se favoreció el sector público industrial y su posterior desarme y desarticulación.
El Estado activó y desactivó la producción local o externa con el fin de abastecer el mercado interno y/o el mercado externo.
Por eso, del mismo modo que el Estado favoreció políticas industriales orientadas a promover el mercado interno, también modificó la orientación para abastecer al mercado mundial, especialmente en tiempos de transnacionalización.
En el mensaje presidencial del 2 de septiembre[1] se alude a una mayor apertura económica de la Argentina construida en los últimos años, con la suma de importaciones y exportaciones del 25,3% del PBI para el 2014, contra un 17,2% en los años noventa. Se pretende demostrar que el país no solo no está aislado, sino que la creciente apertura de la economía es un dato de la realidad y en rigor, es expresión del proceso mundial de transnacionalización.
Es verdad que no solo la Argentina alienta el fenómeno de ensamble o armaduría y que transnacionalización mediante estos mecanismos se expanden por todo el mundo. Claro que se discute la proporción de fabricación local en el armado final, y por eso se insiste en sustituir importaciones.
Lo real es que resulta cada vez más difícil esa sustitución ante la creciente apertura económica y la dominación de las transnacionales en el sistema mundial y con expresión en nuestro país.
En la Encuesta Nacional de Grandes Empresas, ENGE[2], que difunde el INDEC, con datos al 2012, se muestra la dominación del capital extranjero sobre las 500 más grandes empresas de la Argentina. Son datos que excluyen al sector agrario y financiero, por lo que resalta la dominación fabril de la concentración y centralización de los capitales externos en todas las ramas de la producción fabril.
Sustitución de exportaciones
La gran novedad en el discurso presidencial proviene del enunciado de sustituir exportaciones ante el límite de la capacidad de compra del exterior, algo que tiene que asociarse a a su contrario, es decir, a la capacidad adquisitiva del mercado interno.
¿Podrá el mercado interno sustituir las compras externas? Es difícil pensar en el consumo local de la producción primaria, aun cuando operaron restricciones hacia algunas importaciones y que no resultaron en ampliación del consumo local. Pero, el interrogante apunta también a la producción fabril, especialmente asociada al nivel de ingresos de la población y las opciones, según estratos sociales de ingresos, de consumo. ¿Existe capacidad local de consumo del 50% de la producción automotriz destinada a Brasil?
Los estímulos al crédito para el consumo favorecen compras en el mercado interno, a costa de un mayor endeudamiento de las familias, con el límite de los ingresos de la mayoría de la población, entre ellos los asalariados, jubilados, y/o perceptores de planes. Incluso, los sectores de elevados o de medianos ingresos se asocian a la presión por una devaluación orientando sus excedentes en la compra de divisas, restringidas en el mercado oficial y por ende estimulando el ilegal y con ello la especulación con las monedas extranjeras.
Resulta contradictorio el mensaje favorable a la mayor apertura de la economía con el aliento a una política de sustitución de importaciones y exportaciones.
Lo que no se considera es el carácter mundial de la economía capitalista en crisis, la inserción subordinada de la Argentina en la misma y por ende la necesidad de discutir el propio capitalismo si se pretende un rumbo independiente. Rumbo que requiere discutir no solo la producción local, sino la articulación e integración regional y mundial para un proceso de industrialización no dependiente.
Ello supone una mirada crítica al orden económico social vigente y una mayoría social dispuesta a la confrontación con el poder transnacional y sus socios locales,
No solo se trata de la crítica teórica o discursiva, sino de construir una densidad social y política en condiciones de construir otra realidad sustentada en otro modelo productivo y de desarrollo para beneficio de la mayoría desfavorecida en nuestro tiempo.
El filósofo Eduardo Rinesi afirmó en Bahía Blanca que “la comunicación como derecho humano establece un cambio extraordinario de paradigma respecto a un momento anterior en el que pensamos a la comunicación como un bien transable en el mercado, como una mercancía”. Invitado por la delegación local de AFSCA, el politólogo y educador participó de una charla en la UNS.
“Igual que el derecho a la educación, a la universidad, a la salud, el derecho a una cantidad de bienes públicos y sociales a los que hoy nos representamos como ‘teniendo derecho’, el derecho a la comunicación es tanto un derecho de los individuos como un derecho colectivo del pueblo”, destacó.
“Derecho a la Comunicación, Medios y Política” fue la consigna del encuentro moderado por el periodista Carlos Quiroga. Rinesi se formó en las universidades de Rosario, São Paulo y FLACSO y dicta la cátedra de Sociología en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
El también titular del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual aseguró que pensar en términos de “libertad popular republicana” y “de derecho” obliga a abandonar la idea “antiestatalista” de la posdictadura para considerar “que el Estado puede estar del lado de las cosas buenas de la vida y de la historia”.
“Necesitamos una teoría compleja que nos permita pensar el carácter bicéfalo. Estoy citando a un querido amigo hijo de esta ciudad, un gran jurista argentino, que es Abel Córdoba. No podemos andar por la vida suponiendo, como si fuéramos liberales, que el Estado es solamente una amenaza para la libertad cuando muchas veces es un garante de la libertad. Pero tampoco podemos chuparnos el dedo e ignorar que el Estado -incluso gobernado por un gobierno que eventualmente hasta nos gusta- sigue siendo un reproductor de relaciones sociales muy injustas, un violador serial de los derechos humanos, un disciplinador social”, explicó.
El filósofo se preguntó qué quiere decir tener un derecho y aseguró que si se lo preguntase a un abogado positivista, este respondería que “en las leyes, los códigos o la constitución del país donde vive está escrito que tiene derecho a”. Sin embargo, afirmó que “cuando usamos la palabra derecho en nuestro discurso político decimos otra cosa. Primero porque muchas veces las leyes dicen que tenemos derecho a cosas a las que el derecho que tenemos es por lo menos opinable. Y otras veces es exactamente porque las leyes no dicen que tenemos un derecho que nosotros decimos que lo tenemos para que las leyes digan que lo tenemos de una buena vez”.
Priorizando la idea política del derecho sobre la legalista, Rinesi manifestó que “decir que se tiene derecho a algo, en general, quiere decir: a) que no se tiene el derecho que se dice tener y b) que se lo debería tener. Por eso la palabra derecho es una de las palabras más políticas que existen, porque contiene en su misma materia, en su misma carne, la tensión entre el ser y el deber ser, entre la descripción y la prescripción, entre la caracterización de la sociedad injusta que tenemos y el sueño de la sociedad justa que deberíamos tener”.
De esta manera, el “combate” por los derechos se torna interminable porque “postulamos derechos en la medida de que alguno no lo tenemos, cuando lo tenemos dejamos de postularlo como derecho, lo olvidamos como derecho y pasamos al siguiente. Y está muy bien que sea así. Hoy a la comunicación la pensamos como uno de esos derechos”.
“Las libertades y los derechos son individuales y colectivos, son de los ciudadanos y son del pueblo. Y cuando pensamos en el derecho a la comunicación ese pueblo suele recibir el nombre de audiencia. La audiencia es el pueblo subespecie comunicativa, y ese pueblo subespecie comunicativa tiene derechos”.
¿Cuándo un derecho es humano?
El ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento recordó que luego de la dictadura se sostenía que “lo que hace humano a un derecho es la circunstancia de que fue el Estado, abusando de su poder, el que lo violó. En general, pensábamos en los crímenes contra los derechos humanos cometidos en la inmediata dictadura”.
“Cuando extendíamos un poco la reflexión, decíamos ‘pero también se siguen vioando los derechos humanos cuando esos crímenes cometidos por la dictadura no son juzgados todavía’. Y cuando prolongábamos un poquito más la reflexión, decíamos ‘pero también son crímenes contra los derechos humanos los crímenes que el Estado, incluso bajo un gobierno democrático, no deja de cometer”, dijo.
Rinesi insistió en que el Estado “es una institución compleja que no se confunde con el gobierno ni con la voluntad política de su gobierno, y hoy en Argentina bajo un gobierno que a mí me gusta y que sin duda es el gobierno que más ha hecho en favor de la vigencia de los derechos humanos en muchímas décadas en este país, hoy el Estado viola sistemática y cotidianamente una cantidad de derechos humanos”.
El politólogo aseveró que “una cosa interesante que ha pasado en los últimos tiempos en la Argentina es que cuando decimos ‘derechos humanos’ incorporámos a esa lista, además de los derechos que el Estado a veces viola, un conjunto de derechos que no le pedimos al Estado que se abstenga de violar sino que le pedimos al Estado que garantice. Entre esos derechos está el derecho a la comunicación”.
“La comunicación como derecho humano establece un cambio extraordinario de paradigma respecto a un momento anterior en el que pensamos a la comunicación como un bien transable en el mercado, como una mercancía. Igual que el derecho a la educación, a la universidad, a la salud, el derecho a una cantidad de bienes públicos y sociales a los que hoy nos representamos como ‘teniendo derecho’, el derecho a la comunicación es tanto un derecho de los individuos como un derecho colectivo del pueblo.
“El sujeto, el titular, del derecho a la comunicación es cada uno de nosotros como individuo y es el pueblo en su conjunto, porque es como conjunto que se enriquece el pueblo cuando cada uno de sus ciudadanos está mejor informado, cuando pueden decir lo que quieren sin temor a ninguna forma de censura”, concluyó.
El juez correccional José Luis Ares condenó a dos años de prisión en suspenso a José María “Demóstenes” Faroni por acoso sexual tecnológico de dos menores –grooming- cometido en Bahía Blanca y Coronel Suárez. La pena fue acordada en juicio abreviado por el fiscal Mauricio Del Cero, el defensor particular Sebastián Martínez y el imputado.
Ares describió que desde el 27 de diciembre de 2013 hasta el 11 de enero de 2014, a través de la cuenta de Facebook, mediante la utilización del seudónimo “Demóstenes Rock”, Faroni se contactó con un adolescente de 15 años y otro de 14, a quienes invitó a encontrarse en el Hotel Torino de Coronel Suárez, “donde se alojara, ofreciéndoles dinero como regalo, invitándolos a cenar o a almorzar y a tomar helados, con el propósito de ganarse la confianza de los menores con conocimiento de sus edades, introduciendo en las conversaciones contenidos sexuales, con el propósito de afectar la integridad sexual de los jóvenes”.
Al relevar las extensas conversaciones mantenidas por el imputado con los menores, Ares destacó que “en lo relativo a ganarse la confianza de los chicos y aparecer simpático y agradable, enviando fotos en las que aparece con músicos de rock, expresión artística por la que manifiesta verdadera pasión. Se puede señalar que el imputado mostraba sus fotografías tal cual es, una persona que pasó los 50 años; sin embargo a uno de los menores le dijo que tenía 38 años. También se mostró permanentemente como una persona muy querida, con muchos amigos y se definió como un ´presentador de bandas´, afirmando que su nombre artístico es ´Demóstenes´”.
“Asimismo mostró su preocupación por lo que pudieran pensar los padres de los menores si se enteraban que tenían un amigo tan grande. Dijo que sus amigos tenían entre 15 y 20 años y que con ellos se lleva muy bien y no se trata con gente de su edad; que él es un ´pendex´. En los intercambios epistolares tecnológicos, si bien se hablaron muchas trivialidades, incluyendo, el imputado, referencias al futbol, manifestándose hincha de Independiente de Avellaneda, hablando de recitales y de músicos de rock y hasta corredores de motos, introdujo en cuenta gotas algunas referencias a temas sexuales”.
El magistrado explicó en su fallo que “la palabra grooming proviene del idioma inglés y se refiere a conductas de acicalamiento o preparación, especialmente de animales. Llevado el concepto a los menores, se refiere a preparar a un niño o a una niña a través de comunicaciones informáticas para abusar sexualmente de ellos, quienes son especialmente vulnerables por su inmadurez e inexperiencia. Se ha entendido por grooming el conjunto de acciones que lleva a cabo un adulto a través de tecnologías de información y comunicación para ganarse la confianza de un menor, con el fin de obtener un posterior beneficio de índole sexual”.
El art. 131 del Código Penal establece que será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.
“La acción típica consiste en contactar a un menor de 18 años a través de cualquier medio de comunicación tecnológica, es decir se trata de entablar una conexión personal a través de medios tecnológicos, un contacto ´virtual´ como fase previa para la comisión de un delito que afecte la integridad sexual a través de un contacto corporal, aunque el delito subsiguiente podría cometerse sin este contacto directo”.
Según la sentencia, Faroni deberá someterse al cuidado del Patronato de Liberados, abstenerse de acercarse a menos de cien metros de sus víctimas, de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas y someterse a tratamientos psicológico y psiquiátrico.
Dos integrantes de la Cofradía Cannabica que entregaban folletos informativos en Plaza Rivadavia fueron detenidos violentamente esta tarde por la Policía Local. Otro joven testigo del atropello policial corrió la misma suerte.
Los pibes fueron requisados y se les encontró semillas, plantines sin THC y cremas terapéuticas.
Acusados de resistirse a la autoridad fueron llevados a la Comisaría Primera. Allí esperaron al titular de la fiscalía de estupefacientes Jorge Viego. Interviene además el defensor oficial Carlos Carnevale.
En el lugar se reunieron compañerxs de la agrupación que milita contra el narcotráfico y por la legalización del autocultivo de marihuana e integrantes de organizaciones políticas. También se encuentra el concejal de Encuentro Amplio, Raúl Ayude.
La policía pretende que los jóvenes continúen detenidos hasta la mañana de este sábado.
Noticia en desarrollo.
La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura aprobó esta mañana un dictamen proponiendo el juicio político y la suspensión del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti. Ahora, se necesitan los dos tercios del Plenario del organismo para formalizar el inicio del jury.
El proyecto del secretario de Justicia, Julián Alvarez, fue acompañado por lxs legisladorxs Héctor Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Ángel Rozas y el académico Jorge Candis. El juez Luis Cabral se abstuvo de votar. Se opusieron el magistrado Leonidas Moldes y la abogada Adriana Donato.
Su vinculación con la Triple A, haber integrado los servicios de inteligencia del terrorismo de Estado como personal civil, la reivindicación de la pena de muerte y el maltrato a empleadxs judiciales son algunos de los motivos de las reiteradas denuncias contra el camarista bahiense.
Por otra parte, a las 15 Montezanti fue nuevamente citado por el juez Alejo Ramos Padilla para ser indagado por su supuesta vinculación con la Triple A y un caso de secuestro y torturas ocurrido en 1977. Desde las 14:30 integrantes de la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti se manifestarán frente al juzgado de Alsina 317. El magistrado, amparado en sus fueros, se negó a concurrir en dos ocasiones anteriores aduciendo compromisos protocolares en la’Cámara y problemas de salud.
“Señores jueces vamos a terminar este alegato con la palabra de la víctima en el entendimiento de que nuestro trabajo comienza y termina con ellas porque, en definitiva, somos parte de su voz”, dijo el fiscal José Nebbia tras seis jornadas de exposición en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina. La Fiscalía solicitó penas de prisión perpetua para 18 represores y de 10 a 25 años para los cinco restantes.
En el escenario de Colón 80, un video recordó el testimonio de Patricia Gastaldi: “Estoy profundamente conmocionada porque muchos años esperamos para poder declarar ante los jueces de la Nación. Y siento que durante todos estos años mi palabra también estuvo desaparecida y hoy aparece y puedo narrar los horrores no solo que viví yo, sino que vivió mi marido y todos los compañeros. Y que es un momento muy especial donde siento profundamente la reparación del Estado”.
Miguel Palazzani, previamente argumentó un “pedido especial” como parte de la reparación integral a las víctimas, para que se aplique un “derecho a réplica colectivo” y la parte resolutiva de la sentencia se publique en “un lugar visible y destacado” del diario de la familia Massot. “No hay ninguna razón o derecho para que sus historias queden contadas y fijadas en el diario La Nueva Provincia como historias de delincuentes terroristas enemigos del pueblo argentino”.
“Las víctimas, los familiares, sus afectos y amigos, el pueblo bahiense, de la región y argentino tienen derecho a que ese diario repare en algo el daño. Al menos en este caso que publique que los asesinos, torturadores y desaparecedores han sido condenados. Que publiquen el nombre de sus víctimas y las penas que deberán seguramente purgar. Eso en una pequeña medida traerá justicia y alivio. Seguramente les ocupe solamente una página de verdad contra tantos años de mentiras. Pero por sobre todo y por primera vez La Nueva Provincia publicará la verdad acerca de lo que sucedió”, afirmó.
Los fiscales postularon que debe aplicarse el “derecho de réplica colectivo titularizado por este Ministerio Público” dado que “someter a las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos y de genocidio, y también a sus familiares, a la litigación individual contra La Nueva Provincia, además de empujarlas a un camino judicial interminable, significaría revictimizarlas”. “A eso se le suma que hay víctimas que están imposibilitadas de ejercerlo porque se encuentran desaparecidas o fallecidas y tienen derecho a que se repare su historia biográfica”.
En el petitorio, Nebbia y Palazzani requirieron la revocación de la prisión domiciliaria de los acusados que vienen gozando ese beneficio: “Hemos visto cómo leían los diarios, cómo conversaban largamente, como reían; y cómo, cuando fueron indagados, sus aspectos y actitudes cambiaron abruptamente: fueron entonces personas minusválidas”.
Los fiscales pidieron al TOCF que “requiera a los organismos que integran Memoria Abierta que realicen trabajos de prospección necesarios en el predio cautelado de la Séptima Batería, a fin de recolectar prueba relativa a los hechos investigados, así como para determinar si allí no existieron enterramientos clandestinos”.
También, solicitaron la extracción de copias sobre las declaraciones de dos testigos para denunciarlos por falso testimonio y solicitaron que las condenas se comuniquen a los ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación, y al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para que se dé cumplimiento al procedimiento de baja por exoneración y/o destitución de los acusados, según corresponda.
En el juicio, que comenzó el 8 de julio del año pasado, se juzgan crímenes ordenados por la cúpula de la Armada contra 66 víctimas, perpetrados en el crucero ARA 9 de Julio, amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.
Los 24 acusados que inicialmente habían comenzado el debate -dos fueron apartados por problemas de salud y luego se incorporó un prófugo capturado- llegaron a juicio por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios. Durante las audiencias, con la nueva prueba testimonial recabada, los fiscales reclamaron y lograron que se ampliara acusación a 19 de ellos por delitos sexuales, que en el alegato fueron calificados con el tipo penal de abuso deshonesto.
Al final del juicio, llegaron diez ex miembros de la Armada, siete del Ejército, cuatro de la Prefectura Naval, uno del Servicio Penitenciario Bonaerense y uno de la Policía bonaerense.
El derecho a réplica
En el final de su exposición, cuando requirieron que la sentencia se publique en el diario La Nueva Provincia, Nebbia y Palazzani recordaron que “durante todo el debate y también en los otros dos juicios que se desarrollaron en esta jurisdicción” se pudo ver cómo el diario “manipulaba, escondía, encubría, tergiversaba, deformaba y falseaba los hechos en Bahía Blanca”.
En efecto, recordaron la sentencia de este mismo TOCF tras el primer juicio oral llevado a cabo en aquella ciudad entre 2011 y 2012, por crímenes cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército, en la que, al referirse al conglomerado mediático, los jueces suscribieron: “Encontramos que la expresión de la verdad en el estricto marco de lo acontecido en este juicio, fue seriamente afectada por una comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no sólo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.
En el alegato los fiscales evaluaron que “esas conductas, lejos de ser el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, fueron conductas perfectamente proyectadas junto con los altos mandos militares que eran esenciales e indispensables al plan criminal”.
“Fueron acción psicológica, fueron parte del entramado criminal, y parte esencial, sin la cual no pudo haberse llevado a cabo el genocidio en Bahía Blanca y la región con el grado de profundidad y encubrimiento que lo fue”, enfatizaron. Al respecto, explicaron que “el crimen de Estado se facilitó y se profundizó con la acción psicológica y el encubrimiento mediático”.
Por eso, dijeron que “se impone hacer otro análisis y dar un paso más en la reparación completa a la biografía de las víctimas” y señalaron que el pedido “es un paso más en ese camino reparatorio y progresivo de reconstrucción de la memoria y la historia”, pues “la única posibilidad de conocer la verdadera versión de los hechos en esta ciudad, una versión probada, rigurosa, indubitable, son estas sentencias”.
Nebbia y Palazzani, quienes vienen reclamando en otras causas el procesamiento del director del diario, Vicente Massot por su participación en crímenes de lesa humanidad, refirieron que el medio reprodujo “el guión y el relato del genocidio en su faz de acción psicológica y encubrimiento mediático”, ambos “indispensables para lograr la concreción del exterminio con el grado de violencia e impunidad que se hizo”.
“En la ponderación entre el derecho del diario a publicar lo que le venga en gana y el derecho a la reparación biográfica de las personas que fueron victimizadas y difamadas en esas páginas, entre el derecho del diario y el derecho de la sociedad a informarse verazmente; en definitiva, entre el derecho del diario y el derecho a la verdad acerca de graves violaciones a los derechos humanos, se debe priorizar siempre éste último”, fundamentaron.
Los pedidos de pena
Los fiscales requirieron prisión perpetua para los siguientes acusados, por los hechos, grados de autoría y calificaciones que se detallan a continuación:
- Ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi (89), como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en 31 casos; 10 homicidios agravados (nueve de ellos bajo la modalidad de desaparición forzada), y ocho casos de abuso deshonesto.
- Ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons (72), como coautor de privación ilegal de la libertad agravada en 16 casos; imposición de tormentos en 16 casos; 9 homicidios agravados (8 bajo la modalidad de desaparición forzada), y siete casos de abuso deshonesto.
- Ex capitán de navío Enrique de León (70), como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravada en 18 casos; once casos de homicidio (tres en la modalidad de desaparición forzada), y siete casos de abuso deshonesto.
- Ex capitán de navío Oscar Alfredo Castro (85) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados en 31 casos; dos homicidios agravados, y dos casos de abuso deshonesto.
- Ex capitán de navío Alberto Gerardo Pazos (76) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados en tres casos; cuatro homicidios calificados, bajo la modalidad de desaparición forzada, y dos casos de abuso deshonesto.
- Ex capitán de navío Edmundo Oscar Núñez (90) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada en 31 casos; imposición de tormentos en 28 casos; 10 homicidios agravados (nueve bajo la modalidad de desaparición forzada), y ocho casos de abuso deshonesto.
- Ex capitán de fragata José Luis Ripa (80) coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en tres casos; cuatro homicidios agravados bajo la modalidad de desaparición forzada), y dos casos de abuso deshonesto.
- Ex capitán de navío Tomás Hermógenes Carrizo (76) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en 26 casos -en uno, como cautor directo-; seis casos de homicidio agravado (cinco bajo la modalidad de desaparición forzada), y ocho casos de abuso deshonesto.
- Ex capitán de navío Leandro Marcelo Maloberti (76) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos en doce casos; nueve homicidios agravados (ocho bajo la modalidad de desaparición forzada), y cuatro casos de abuso deshonesto.
- Ex prefecto Francisco Manuel Martínez Loydi (72) como coautor mediato de privaciónilegal de la libertad agravada en 32 casos; 30 casos de imposición de tormentos agravados; doce homicidios agravados (dos bajo la modalidad de desaparición forzada), y ocho casos de abuso deshonesto.
- Ex prefecto Néstor Alberto Nougues (73) como coautor de privación ilegal de la libertad agravada en 32 casos; imposición de tormentos agravados en 22 casos; y cuatro homicidios agravados (uno de bajo la modalidad de desaparición forzada), y tres de abuso deshonesto.
- Ex prefecto Luis Ángel Bustos (66) como coautor de privación ilegal de la libertad agravada en 39 casos; imposición de tormentos agravados en 29 casos; y nueve casos de homicidios calificados (seis bajo la modalidad de desaparición forzada), y cuatro casos de abuso deshonesto.
- Ex coronel Carlos Andrés Stricker (77) como coautor mediato de siete casos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados; un caso de homicidio calificado, y un caso de abuso deshonesto.
- Ex teniente coronel Óscar Raúl Otero (70) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados en siete casos; un caso de homicidio calificado, y un caso de abuso deshonesto.
- Ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont (73) como coautor mediato en dos casos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados con homicidio agravado y un caso de abuso deshonesto.
- Ex suboficial mayor del Ejército Víctor Raúl Aguirre (68) como coautor de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados con homicidio agravado en tres casos y un caso de abuso deshonesto.
- Ex suboficial Felipe Ayala (78) como coautor de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados con homicidio agravado en dos casos.
- Ex suboficial del Ejército Raúl Artemio Domínguez (75) como coautor de la privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados con homicidio agravado en un caso, y abuso deshonesto en un caso.
De 10 a 25 años
Los fiscales además requirieron las siguientes penas para las personas que se enuncian a continuación:
- Ex prefecto Pedro Alberto Pila (76) a la pena de 25 años de prisión como coautor mediato de la privación ilegal de la libertad agravada en 26 casos e imposición de tormentos agravados en 17 casos.
- Ex oficial Alejandro Lawless a la pena de 19 años de prisión como coautor de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados en seis casos, y un caso de abuso deshonesto.
- Ex jefe de la Unidad Penal N°4, Héctor Luis Selaya (82), a la pena de 18 años de prisión como coautor mediato de privación ilegal de la la libertad e imposición de tormentos agravados en cinco casos.
- Ex capitán de navío Domingo Ramón Negrete (85) a la pena de 17 años de prisión como coautor mediato de privación ilegal de la libertad en dos casos; un caso de imposición de tormentos agravados, y uno de abuso deshonesto.
- Ex comisario mayor Víctor Oscar Fogelman (71), a la pena de diez años de prisión como coautor de un caso de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados.
Los fiscales además acusaron por integrar una asociación ilícita a Fracassi, Castro, Pazos, Núñez, Ripa, Negrete y Selaya.
Fuente: FM De la Calle y fiscales.gob.ar
“Vemos con agrado que se haya flexibilizado la posición del Papa al otorgar el perdón, más allá de que no todas las católicas tengan que pedir perdón”, dijo a FM De la Calle Marta Alanis, responsable de Relaciones Inter institucionales de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD Argentina).
“Hay mujeres que se sienten culpables, que se sienten arrepentidas, y ellas pedirán perdón. Las que tomaron esa decisión haciendo uso de la libertad de conciencia, habiendo podido reflexionar, resolviendo el dilema ético con madurez no tienen que pedir perdón. El perdón es cuando está la culpa o tienen la conciencia de haber cometido algo malo. De todas maneras es la primera vez que en un año de jubileo se tenga misericordia con las mujeres”, opinó.
Según Alanis, la declaración “le da la facultad de absolver a las mujeres a todos los sacerdotes, no solamente a los obispos, como era antes. Ahora son todos los sacerdotes, incluso aquellos que dependen de obispos que se opongan a esto”.
“Hay sectores que se oponen a esta apertura moderada del Papa. Hay que entender que es un avance y que no es una cuestión solamente religiosa, el Papa es un líder religioso y es un actor político por excelencia. Entonces es bueno que el Papa ponga este tema en agenda”.
“Dentro de la comunidad católica el discurso oficial fue muy condenatorio para las mujeres. También yo creo que la Iglesia y la jerarquía tienen que pedir perdón por la estigmatización de las mujeres con el aborto, acusándolas de delincuentes, cuando ponen la vida potencial por encima de la vida de la mujer, con la maternidad que debía ser aceptada en cualquier situación, aun en caso de que la mujer haya sido violada”, explicó.
Las declaraciones del cura argentino que gobierna el Vaticano tuvieron gran repercusión. En este sentido, Alanis expresó que “lo bueno es que se pone el tema desde el poder simbólico de un líder religioso y actor político mundial como una apertura. Una apertura que no va a cambiar ni la doctrina ni el Código Canónico pero que va ser saludable”.
Legal, Seguro y Gratuito
En un comunicado que emitió esta organización, quienes la integran se preguntan, teniendo en cuenta que “si el mismo Papa no condena a las mujeres que abortan ¿Por qué nuestros/as Representantes se escudan en reparos religiosos para eludir debatir la inmoralidad de la criminalización penal que todavía subsiste en nuestra legislación?”
Católicas por el Derecho a Decidir sostiene que “legalizar el aborto es la única estrategia democrática que permitirá resguardar la libertad de conciencia y la toma de decisiones éticas de las mujeres, en un país respetuoso de los derechos humanos”.
Aborto y fe católica
“Los porcentajes de mujeres católicas que abortan son los mismos que los porcentajes de otros credos o de las que no tienen credo. Las mujeres abortan más allá de su pertenencia a una fe religiosa. Lo que ensaña la doctrina son enseñanzas general. Pero cada persona, conociendo las enseñanzas de la Iglesia, tiene que resolver los problemas éticos en el aquí y el ahora, en la realidad concreta. La mujer que resuelve ese tema y lo concilia con su fe religiosa, lo hace. No lo hace con alegría, pero puede estar en paz. Hay otras mujeres que están tan estigmatizadas por los sectores de la Iglesia que permanentemente condenan o castiga y hacen presión sobre los gobiernos para no permitir la ampliación de derechos, que lo viven con mucha culpa. Esas mujeres merecen el perdón y merecen acogerse a este perdón y es un acto de liberación en cuanto a la fe católica”, finalizó.
Foto: Radio Universidad de La Plata
(Notas.org) Desde las seis de la mañana y hasta las 20, en todo el país se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) durante el período 2015-2019. Más de 250 mil afiliados están habilitados para votar y lo harán en 2880 urnas distribuidas a lo largo y ancho de la Argentina. Delegados internacionales, que representan a distintas centrales sindicales de América Latina, el Caribe y Europa, actuarán como observadores de todo el proceso.
Esta elección es crucial en muchos aspectos. Para empezar se trata de un sindicato histórico – fue fundado en 1925 y tiene la personería gremial número dos – y de una magnitud en términos de afiliación que vuelve al proceso electoral un hecho relevante en sí mismo, sea cual sea el desenlace. Por otra parte, el elemento distintivo en esta ocasión pasa por una ruptura al interior de ANUSATE, la agrupación que viene hegemonizando la vida de ATE desde la recuperación democrática en 1984.
Las diferencias públicas entre Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma, y Víctor De Gennaro, referente histórico del gremio y reciente pre-candidato presidencial por el Frente Popular (que no superó las PASO) son lo que más ha resaltado mediáticamente en este escenario que se ha configurado en el plano nacional.
A su vez, el cambio de etapa que se avecina en el país tras 12 años de kirchnerismo es un dato no menor para un sector de trabajadores y trabajadoras que ha crecido sustancialmente en esta larga década, pero que también ha estado expuesto a altos niveles de precarización laboral y a salarios que, en la foto actual, no recuperan lo perdido tras la gran crisis de principios de siglo.
En 1984, con el retorno de la democracia, los sindicatos retomaron su vida activa y ATE, que durante la dictadura se mantuvo en manos de Juan Horvath, un colaboracionista del régimen, no fue la excepción. ANUSATE (Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de ATE), que se forjó en esos tiempos de oscuridad, se impuso en los comicios de ese año y lo siguió haciendo, siempre con la vinculación al color verde, hasta la fecha.
En aquella oportunidad Víctor De Gennaro fue electo secretario general del Consejo Directivo Nacional y Germán Abdala del Consejo Directivo Provincial. Tiempo después, serían dos de los principales impulsores (y ATE en su conjunto) de la fundación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en 1991. Esa fue una de las páginas más importantes en las que inscribió su sello ATE, un sindicato reconocido por su nivel de democracia y pluralidad y que sobre todo durante la década del 90 tuvo un rol destacado en las luchas contra la privatización en diferentes esferas del ámbito público.
Los datos de la última elección continuaron con la tendencia de los 25 años precedentes y marcaron un triunfo abrumador de la Lista Verde, que obtuvo el 90% en todo el país. El panorama de la elección de este miércoles dista mucho de esa contundencia.
Hugo “Cachorro” Godoy (Provincia de Buenos Aires) y Julio Fuentes (Neuquén) enrocan sus actuales cargos (adjunto y general) y se presentan por la lista Verde ANUSATE, con el aval de la figura de Víctor De Gennaro. Nando Acosta, secretario general de ATE-Jujuy y Miguel Pelandino, con el mismo cargo pero en Entre Ríos, se referencian en la Lista Verde y Blanca y expresan un armado que es afín al kirchnerismo, a pesar del buen vínculo entre Acosta y Pablo Micheli, y cuyo impulso está dado por el actual diputado nacional Edgardo Depetri, que se presenta como vocal.
Las otras tres listas que se presentan son La Bermellón, encabezada por Raquel Blas (secretaria general de Mendoza) y donde se nuclean diferentes expresiones de la izquierda tradicional e independiente; la Naranja-Lila y la Gris, también con identidades a la izquierda.
Hasta el momento el favoritismo parece estar del lado de Godoy, aunque se vislumbra una elección pareja y muy disputada en varias seccionales. Lo que ha cruzado la previa son variadas denuncias de irregularidades, principalmente vinculadas a la confección de los padrones, que han sido desestimadas por el juzgado laboral número 3.
Además de la disputa nacional, se renovarán los 23 Consejos Directivos Provinciales, el Consejo Directivo de la Capital, las 152 Seccionales, el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados, los 22 Centros de Jubilados y Pensionados provinciales y los 41 Centros de Jubilados y Pensionados locales. Asimismo, cada provincia elegirá Congresales Nacionales y Provinciales de acuerdo a su número de afiliados.
De todo lo antedicho, que implica nada más ni nada menos que 6315 cargos electivos, resalta la disputa del Consejo Directivo de Capital, aún más feroz que la Nacional. Allí La Verde va dividida en tres listas.
Una de ellas la encabeza el actual secretario general José Luis Matassa y se presenta con boleta corta, sin anclaje nacional pero con el apoyo decidido de Pablo Micheli. En tanto Rubén Mosquera, actual paritario de ATE, y Rodolfo Arrechea (ex secretario adjunto de ATE Capital) van con el sello de La Verde, Celeste y Blanca, que va pegado a Godoy. Finalmente, Daniel Catalano y Juan Manuel Sueiro representan a La Verde y Blanca, el armado kirchnerista en Capital, lógicamente vinculado a Nando Acosta. El posible resultado es incierto y desde varios sectores incluso hablan de “triple empate”. La Bermellón también tendrá expresión porteña con la candidatura de Mariano Skliar, de Promoción Social, como secretario general.
Para los y las estatales nucleados en ATE será un día más que importante. Para la lista ganadora, sea quien sea, todavía más. Tendrá la tarea de reconstruir un sindicato tan importante como debilitado en los últimos años, entre las diversas disputas internas que lo han erosionado. La condición actual de los trabajadores y trabajadoras del Estado y el escenario que se avecina amerita una herramienta gremial fuerte, con capacidad de conquistar avances y profundizar organización en cada sector de trabajo.
La semana próxima las asociaciones de base de la CONADU HISTÓRICA elegirán a lxs congresales que participarán el 18 de septiembre en las elecciones para renovar la Mesa Ejecutiva y la Comisión Revisora de Cuentas de la federación universitaria. En Bahía Blanca, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur resolvió llevarlas a cabo los días miércoles 9 y jueves 10 en cinco mesas distribuidas entre la UNS y sus Escuelas Medias.
ConaduH llamó a la docencia universitaria y preuniversitaria a participar activamente “en aras de su fortalecimiento como verdadero espacio pluralista, democrático, antiburocrático y respetuoso de las soberanas decisiones del movimiento docente. Herramienta imprescindible – al igual que lo es la CTA para el conjunto de la clase trabajadora – para continuar la lucha por la recuperación de los derechos que nos resta conquistar y poner de pie a las UUNN, hoy entregadas a las políticas mercantilistas”.
Lxs afiliadxs podrán optar entre dos listas. La Nº1, Frente de Trabajadores Docentes “1ro. de Julio”, tiene como referentes de ADUNS a Sergio Zaninelli como candidato a secretario adjunto y Liliana Granero candidata a secretaria de Niveles Preuniversitarios suplente.
En tanto la Lista 4 “Unidad de los Trabajadores Docentes de las UUNN” propone como referentes bahienses a Juan Cappa, candidato a secretario de Relaciones Internacionales suplente, y Eugenia Fermento quien competirá como tercera Revisora de Cuentas titular.
Las Mesas de votación que estarán habilitadas en Bahía Blanca serán las siguientes:
MESA 1: EMUNS – 11 de Abril 445 -de 8 a 20- Votan docentes EMUNS (excepto EAyG) y totalidad jubiladxs EMUNS. Ver padrón aquí.
MESA 2: Escuela de Agricultura y Ganadería -de 8 a 18- Votan docentes EAyG. Ver padrón aquí.
MESA 3: Complejo Alem – Hall Central Alem 1253 -de 8 a 18- Votan docentes de los departamentos de: Biología, Bioq. y Farmacia, Ciencias de la Salud, Ciencias e Ingeniería de Computación, Física, Geología, Ingeniería, Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, Ingeniería Química, Matemática y Química. Ver padrón aquí.
MESA 4: Edificio 12 de Octubre -de 10 a 20- Votan docentes de los departamentos de: Humanidades y Geografía. Ver padrón aquí.
MESA 5: Complejo Altos de Palihue -de 8 a 18- Votan docentes de los departamentos de: Agronomía, Economía, Ciencias de la Administración y Derecho. Ver padrón aquí.
El 18 de septiembre se elegirán los/as integrantes de la Mesa Ejecutiva (Secretaría General y Adjunta más 9 Secretarías Titulares y 9 Suplentes) y Comisión Revisora de Cuentas (3 Titulares y 3 Suplentes) de la Federación para el período 2015-2018. Esta será la tercera elección nacional desde la obtención de la Personería Gremial en el año 2008 y la quinta desde la fundación de la entidad.
Finalizado el acto, la Junta Electoral pondrá en posesión de sus cargos a la nueva conducción, asegurando la representación de las minorías mediante la distribución de los cargos de la Mesa Ejecutiva y la Comisión Revisora de Cuentas según el Sistema D’Hont. Las Secretarías General y Adjunta se adjudicarán a la Lista que haya obtenido más votos en el Congreso.
Alumnxs del Instituto de Formación Docente Nº86 continúan reclamando la construcción de un edificio propio para desarrollar las actividades que hoy se reparten en distintas sedes. Una de ellas, el Club Liniers donde se realizan prácticas de la carrera de profesorado de educación física, fue motivo de polémica meses atrás por atrasos en los pagos convenidos con la provincia.
Días atrás se realizó un plenario de comisiones en el Concejo Deliberante en el cual se informó que si bien existe un espacio asignado en D’Orbigny y 14 de Julio, en el lugar funciona una escuela de fútbol y el terreno se redujo sensiblemente en su capacidad. La búsqueda se centra en un área cercana al Parque de Mayo, o en el interior del mismo, ya que facilitaría el traslado de las y los estudiantes.
“Para delimitar la zona de Parque de Mayo el municipio extravió un expediente que tiene que ver con un pedazo cedido a la provincia para la construcción de la Secundaria 24 y teníamos un problema con la delimitación. Se coordinó una reunión para el viernes 11 a las diez de la mañana cuando, en teoría, ya desde la Muni nos podrían decir cuál sería el área que nos pueden destinar para construir”, dijo a FM De la Calle la presidenta del centro de estudiantes Lucía Mérida.
Una vez resuelto el conflicto dominial del terreno, el Concejo Deliberante podría disponer una partida del Fondo Educativo para comenzar la construcción del edificio.
Además del centro de estudiantes, de la reunión participaron concejalxs integrantes de las comisiones de Educación, Cultura y Acción Social; de Interpretación, Asuntos Legales, Derechos Humanos y Garantías; y de Obras Publicas Urbanización y Vivienda; el secretario de la Agencia Urbana, Alberto Carimati: la presidenta del Consejo Escolar, Liliana Aglietti y autoridades del I.S.F.D. N°86.
Las Abuelas de Plaza de Mayo informaron con enorme alegría que encontraron a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro, nacida durante el cautiverio de su madre en marzo de 1978. Walter y Gladys fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977 en Godoy Cruz, Mendoza. En ese momento, la joven cursaba el sexto mes de embarazo y desde entonces no se supo nada más de ellxs.
Las dos abuelas, María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, y el tío paterno Osiris Rodolfo Domínguez, viajaron desde Guaymallén, Mendoza, para compartir la felicidad de este encuentro y la conferencia de prensa realizada en la casa de las Abuelas.
Gladys nació el 23 de noviembre de 1953 en la ciudad de Guaymallén. Walter nació el 30 de marzo de 1955 en la capital de esa provincia. La joven estudió Diseño y él Arquitectura, ambos militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista.
En noviembre de 1976, cuando Walter terminó el servicio militar, se casaron. Gladys trabajaba en una panadería y el joven era chofer de una línea de micros. El 9 de diciembre de 1977, en un operativo a cargo de supuestos policías pero que, en realidad, fue montado por militares, el matrimonio fue secuestrado en su casa de la localidad de Godoy Cruz y nunca más se supo de ellos ni del hijo o hija que esperaban para marzo de 1978.
Desde el momento de la desaparición de los jóvenes, las familias Domínguez y Castro emprendieron la búsqueda. Fueron al arzobispado, al comando IV Brigada Aérea, a la SIDE, presentaron hábeas corpus, y en ningún lugar recibieron respuestas.
Al enterarse de otros casos como el suyo, la abuela María Assof viajó por primera vez en su vida a Buenos Aires y se contactó con las Abuelas de Plaza de Mayo, donde se radicó la denuncia sobre la desaparición del matrimonio y se emprendió la búsqueda colectiva del niño o niña. A partir de entonces, las dos familias viajaron regularmente a Buenos Aires a aportar datos o preguntar cómo venían las investigaciones, y siempre que desde la Asociación visitamos Mendoza nos reciben con los brazos abiertos.
En 1994 el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza envió a las Abuelas una denuncia anónima sobre una joven nacida en marzo de 1978 que apareció en el hogar de una pareja mayor, de un día para otro. La joven, a pesar de haber sido inscripta como hija propia, sabía que no era hija biológica de quienes la criaron, pero nunca pensó en acercarse a Abuelas. La dificultad para reconstruir las huellas que el terrorismo de Estado borró impiadosamente, hicieron que el hallazgo de la hija de Gladys y Walter se demorara 21 años más.
A mediados del año 2009, la denuncia -junto con información que las Abuelas compartimos con el Estado para la búsqueda de nuestros nietos apropiados- fue derivada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para que pudieran investigar, con el ímpetu impreso desde 2003 a resolver los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. En este sentido, en abril de 2014, por decisión de la secretaría de Derechos Humanos se crea en CONADI un equipo de aproximación a posibles hijos de desaparecidos, como el que ya venía funcionando desde 2006 en Abuelas.
Este equipo de trabajo, inmediatamente se puso a investigar casos de jóvenes denunciados como posibles hijos de desaparecidos, que aún no han decidido acercarse voluntariamente a las Abuelas o CONADI. Fue así que en febrero de este año llamaron a la mujer -hoy flamante nieta restituida- para contarle que la CONADI contaba con información que arrojaba posibilidades de que podría tratarse de hija de desaparecidos y la invitaron a realizarse el estudio de ADN.
La nieta de María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, accedió inmediatamente a realizarse el estudio que se concretó el 16 de julio. El jueves último, 27 de agosto, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó a la CONADI que la joven es hija de Walter y Gladys. Desde nuestra Asociación se le comunicó la noticia a las dos abuelas, mientras que la CONADI informó a la nueva nieta que con beneplácito recibió la noticia.
El derecho a la identidad se recupera una vez más en este país, con la colaboración de un Estado empeñado en promover derechos y de gran parte de la sociedad que no quiere volver a sufrir los atropellos de dictaduras terroristas. Sólo resta que el abrazo esperado 37 años por las familias Domínguez y Castro se materialice en estos días. Bienvenida nieta 117 a la verdad.
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo.
Los choferes titular y suplente de la combi que trabaja con alumnos y alumnas de la Escuela Especial 509 están de licencia. Por este motivo, unos 20 estudiantes no pueden asistir al establecimiento desde el 7 de julio.
“Hay chicos que no han empezado las clases este año. Ahora el chofer está con problemas de salud muy serios y está con una licencia. Y el chofer que estaba de reemplazo creo que también”, dijo a FM De la Calle Roxana Belleggia, mamá de uno de los alumnos afectados.
“Acá hay que tomar una medida fuera de lo normal. Hay que olvidarse de lo que es la burocracia. No puede ser que no se abrieron los cargos en La Plata. Yo estoy trayendo todos los días a una vecinita, con el riesgo que ello conlleva, que vive a seis cuadras de la escuela. Porque esta nena si no va a venir más hasta el año que viene. Eso un disparate. A alguien le tiene que importar esto”, expresó.
Además, Belleggia explicó que “no hay otra escuela de estas características para nuestros hijos, hay que hacer que esta escuela funcione porque no tenemos opciones. Yo no puedo cambiar a mi hijo de escuela”.
“Hoy vamos a decidir, junto a los padres, cuáles son los pasos a seguir. Si hace falta viajar a La Plata lo haremos”, finalizó.
El Consejo Escolar expresó que no dispone reemplazo. Las comunicaciones con autoridades de La Plata fueron igual de infructuosas.
Los próximos 5, 6 y 9 de noviembre se desarrollará el juicio por el abuso sexual padecido por una adolescente, interna del Patronato de la Infancia, en 2008. El caso derivó en una innecesaria polémica sobre el aborto no punible por la intervención de sectores “pro vida” quienes, amparados por el juez de familia Eduardo Longás, obstaculizaron la interrupción del embarazo producto de la violación. Además, destapó la mala atención que recibían las niñas y los niños y la oscura administración del organismo.
En el banquillo habrá un solo imputado de tres, dado que uno falleció y el otro está prófugo. “Si bien llega un poco a destiempo, sentir la ratificación y el avance de la justicia siempre es reparador, en este caso para mi ahijada que es la víctima de esta situación. Por el buen manejo que ha tenido la Fiscalía a través de instrumentos como la Cámara Gesell tuvo el menor contacto con la cuestión judicial pero es un paso importante”, aseguró la abogada Fernanda Petersen.
Si bien la fecha de inicio no está definida, el viernes 14 de agosto se realizó la audiencia preliminar en la cual las partes expusieron sus pruebas. El delito imputado “es abuso agravado por el parentesco que tenía y por su situación de discapacidad. Ella tiene un retraso madurativo que si bien en este momento tiene 24 años y en el de los hechos 18, según los informes de los peritos, su edad madurativa es entre ocho y diez años. Obviamente eso hace que el abuso sea agravado porque fue su situación la que generó mayor posibilidad de vulneración de sus derechos”, explicó Petersen.
Recordó que “junto con mi hermana hicimos una denuncia por abandono de persona porque cuando mi ahijada comenta esta situación primaria en la institución se labra un acta, no se da a conocimiento ni a nosotras, en mi carácter de madrina y de familia que la acompañábamos, ni al juzgado de menores”. De esta manera, la chica siguió en contacto con sus familiares biológicos entre quienes se encontraban sus abusadores.
Respecto al equipo técnico del Patronato “consideramos que había una situación delictiva, se configuraba el abandono de persona porque ellos eran los guardadores. Esto es una institución pública o, si bien no dependía formalmente del municipio o provincia, recibía becas del Estado”. Por ello, están imputados en otra causa el ex director Antonio López (en la foto junto al abogado Miguel Asad), el psicólogo Esteban Godia, la maestra coordinadora Susana Camblor y la trabajadora social Verónica Godoy.
“El 22 de julio la Fiscalía de la dra. (Olga) Herro pidió formalmente la elevación de la causa a juicio y, en este momento, se está notificando a los defensores y a todas las partes intervinientes para que formulen las oposiciones que correspondan. Luego deberá decidir la jueza de Garantías, Gilda Stemphelet, si considera que hay que elevar la causa o no a juicio. Pero hoy formalmente todo el equipo técnico y directivo del Patronato está imputado por abandono de persona”, aseguró.
Para Petersen “el hermano o el tío o el cuñado o quien fuera del grupo familiar que abusó de mi ahijada, obviamente que contó con la complicidad de estas personas porque si alguien se acerca a una institución y reconoce indicios o alguna situación que debe alarmar al equipo técnico o la víctima habla o no se validan sus dichos, lo que se está haciendo es ser cómplice con los abusadores”.
Ante el embarazo originado por la violación, se solicitó en el Hospital Penna un aborto no punible tal como lo establece el art. 86 del Código Penal. Sin embargo, el juez Eduardo Longás aceptó el planteo de un matrimonio que pretendía adoptar al futuro bebé y “en virtud de los derechos de la persona por nacer se plantea la interrupción del aborto que se estaba llevando adelante”. En instancias superiores, la justicia resolvió en favor de la adolescente abusada.
“También hicimos una denuncia que no prosperó, porque considerábamos que se estaba violando el artículo 86 claramente. En este tema se ha avanzado por suerte con el nuevo protocolo de interrupción voluntaria del embarazo que en el caso de abuso, las víctimas pueden presentarse en el Hospital Penna y con una sola declaración jurada, la justicia no tiene posibilidad de intervenir”, destacó la abogada.
Finalmente, Petersen comentó que mantienen al tanto de cada paso procesal a su ahijada y que “para ella es muy aliviante sentir que, más allá de que quienes estamos cerca de ella y su familia le creímos siempre, la justicia respalde lo que ella dijo. Hoy por hoy tiene una vida completa, con actividades, con grupo de amigos, está muy bien pero es un hecho que está para siempre”.
Además de las causas derivadas del abuso sexual, a partir de un detallado informe en defensa de los derechos de lxs niñxs del Patronato realizado por el entonces fiscal general Hugo Cañón, se terminaron las becas y subsidios estatales para la institución y se reubicó a lxs internxs en otros hogares.
“El Patronato fue una imagen muy concreta del Estado ausente sin ningún tipo de control. Sacar hasta los alfajores de un grupo de chicos, de niñas, que están en un lugar al resguardo de esas personas habla por sí mismo. De ahí para arriba pueden hacer cualquier cosa, el informe era lapidario, había bienes que no se sabía dónde estaban y había empleados que no podían cobrar sus indemnizaciones”, concluyó Petersen.
Las actas labradas por las autoridades de La Nueva Provincia para apretar a sus trabajadores durante el más duro conflicto sindical de su historia, fueron expuestas esta semana en el alegato de la Fiscalía sobre los casos de los secuestros y asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.
El tribunal oral de Bahía Blanca juzga a más de veinte represores que actuaron durante el terrorismo de Estado bajo control operacional de la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina. El alegato de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani se extenderá por dos audiencias más, el martes y el miércoles próximos, en Colón 80.
“Estas actas confeccionadas para entregárselas a la Inteligencia de la Prefectura y para perseguirlos de manera laboral y echarlos sin pagar la indemnización, paradójicamente hoy nos sirven como prueba en la reconstrucción precisa hasta del detalle horario de la historia”, afirmó Palazzani.
El representante del Ministerio Público aseguró que el contexto del caso de los obreros muestra los componentes militares del terrorismo de Estado y “atraviesa horizontalmente toda la traza de complicidad civil en Bahía Blanca. No solamente la complicidad empresarial sino también vamos a ver que los familiares peregrinaron por los tribunales provinciales, los federales y por altos estamentos de la Iglesia Católica”.
Aquellos secuestros, torturas y homicidios calificados tuvieron “su génesis en el conflicto gremial con la patronal del grupo empresario Massot-La Nueva Provincia”. Fueron precedidos “por un período de varios meses de persecución como correlato directo de la actividad gremial desarrollada y los conflictos laborales existentes desde 1973, entre los trabajadores sindicalizados y los propietarios y directivos de la empresa. Resulta acreditado por un sinnúmero de documentos la existencia del conflicto y las negociaciones entre los representantes sindicales y los miembros de la familia Massot”.
Entre la abundante documentación de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) se destacan dos fichas a nombre de Loyola y tres correspondientes a Heinrich, informes sobre su actividad en la comisión directiva del Sindicato de Artes Gráficas, pedidos de intervención al Ministerio de Trabajo, el señalamiento de los obreros desde el “núcleo duro” del clan Massot hacia las fuerzas armadas y los domicilios de los cuales luego iban a ser chupados.
La Fiscalía destacó que “los asesinatos no son producto de ningún espasmo de la fuerza de seguridad” y desarrolló la reconstrucción paralela entre la militancia gremial de los trabajadores, su registro en informes de inteligencia y el “hostigamiento permanente” de La Nueva Provincia desde sus editoriales.
Leé la nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com
Los hechos
(Por Astor Vitali) El año pasado se sancionó la Ordenanza de Espacios Culturales. Fue antes de que Sergio Raimondi renunciara al cargo de Director del Instituto Cultural, dado el cambio de color político decidido por el intendente, sin que medie sufragio.
Hace más de dos meses el Honorable Concejo Deliberante puso al aire, en los medios que decide financiar, un spot publicitario cuyo objetivo es reivindicar la labor legislativa local, a través de la difusión de la mencionada ordenanza. “Más espacio para la cultura”, reza la publicidad.
Sin embargo, el sábado 22 de agosto la Municipalidad de Bahía Blanca tomó la decisión de clausurar La Casa del Pueblo. Se trata del viejo local del PS, hoy de Socialistas para la Victoria, quienes ceden la gestión de actividades al grupo Perro Azul, conocido por la organización de El Semillero, un encuentro de formación de gran impacto.
Los testimonios
“El sábado estábamos en lo que son las varietté del Semillero, haciendo un nuevo encuentro. Se apersonaron unas cinco o seis personas entre ellos oficiales, gente de la municipalidad. Decidieron labrarnos un acta por una supuesta denuncia de algún vecino”, dijo a FM De la Calle el actor y dramaturgo Nicolás Caminiti. “Éramos 30 personas y un chico que vino de Buenos Aires tocando la guitarra. Nos parece raro que haya una denuncia porque a nuestros costados no tenemos vecinos y con los de enfrente nos manejamos bastante bien. Es lamentable que se cierre un espacio cultural”, sostuvo.
“El acta es casi graciosa. Dice que se pasa a clausura del lugar porque está realizando una actividad cultural con 30 personas, 1 músico y malabarista, con música baja. Por esto clausuran el espacio. Estamos en una incertidumbre, en una situación complicada”.
“Hoy no se avizora para ningún espacio cultural independiente una posibilidad de habilitación a corto plazo. ¿Qué va a ser de todos estos grupos de teatro, de música y de danza que encuentran en estos espacios un lugar de expresión? Si la municipalidad genera otra alternativa sería otra cuestión”, reflexionó.
Por su parte, el poeta Marcelo Díaz, quien integró el Gabinete de Planificación de Políticas Culturales durante la gestión de Sergio Raimondi en el Instituto Cultural, explicó el proceso de confección de la vigente Ordenanza de Espacios Culturales. “Se dio por la situación de que se había empantanado en el Consejo Deliberante la habilitación de cinco espacios, en ese momento. Ahí se retomó la idea, que es un reclamo de parte del sector artístico de hace rato, de tener una normativa especial y no de andar viendo en cada caso en particular”.
“El primer problema que nos topamos es que estos espacios entraban en la categoría de la ordenanza que regula a los lugares de nocturnidad. Lo que se les pedía eran una serie de requisitos propios de un local que tienen una actividad comercial de otros tipos. Entonces lo que se trató fue de trabajar con las características particulares de los espacios culturales, para generar una categoría que los contemplara sólo a ellos. Se visitó a los que estaban con la habilitación pendiente con una comisión con un inspector de cada área, un inspector de Habilitaciones, Bromatología, Defensa Civil y Electricidad y Mecánica. Nosotros notamos que de parte de los inspectores había un gran tipo de desconocimiento de qué tipo de espacio estaban inspeccionando”.
“A partir de ese proceso, en base a otras normativas de otras ciudades y analizando la situación en Bahía se fueron sacando una serie de elementos. Que el proceso de habilitación no fuera tan largo” dado que hay quienes para recibir subsidios requieren adjuntar en la documentación presentada la habilitación del espacio. “Entonces lo que se generó en la ordenanza es un paso intermedio que es un permiso de funcionamiento, que son de seguridad. Por ejemplo, la inspección de Electricidad y Mecánica y que esté determinado el factor de ocupación, que estén los mata fuegos y que haya un plan de evacuación”.
“A la vez, se hablaba de hacer un plan para ir renovando el permiso. La idea era que en ese tiempo se podían ir recibiendo subsidios del Instituto Cultural para ir haciendo esas obras hasta tanto se llegara a la habilitación”, finalizó.
Por su parte, la titular del IC, Marcela Sainz, sostuvo que se comunicó con Caminiti “el domingo. Primero le ofrecí mi solidaridad y mi ayuda. Le ofrecí que venga a verme el lunes (pasado) a la mañana con la clausura. Cuando vino, él nunca había hecho ningún tipo de inscripción en ningún lado. No tenía hecho ni el primer trámite inicial para habilitar un espacio. Le expliqué como era. Ya lo veníamos charlando. Viste cuando dejás para mañana. Ahora ya se llevó la primer parte. Me tiene que traer los planos así empezamos con la habilitación de bomberos. Lamentablemente no estaba inscripto con el trámite iniciado”.
A su vez, “la ordenanza lo que hace es alivianar las condiciones que se solicita para cualquier otro tipo de espacio de nocturnidad. Tenemos representantes de cada una de las áreas, hacen todo el informe que es gratuito y aparte tenemos un fondo que podemos dar como subsidio para que, por ejemplo, si tiene que cambiar la electricidad, tengan una ayuda económica desde el municipio para poder arrancar y poder hacer las obras”.
La funcionaria explicó que los integrantes de la mesa que estipula la ordenanza “están designados. Hemos hechos reuniones separadas, no en conjunto”.
¿Cómo sigue?
Si bien la Ordenanza exige requisitos de menor exigencia que la normativa no específica que regulaba al sector, las inversiones que requieren para verse habilitados son de carácter edilicio, y en general, se trata de montos de decenas de miles de pesos, como mínimo. Hasta el momento, si bien según aseguró Sainz, la mesa tiene designada su conformación, luego de la aprobación de la ordenanza la normativa no tuvo aplicación práctica y no existió voluntad política para poner en marcha los mecanismos que estipula, ni los beneficios que la publicidad del cuerpo legislativo difunde.
Resulta llamativa la decisión municipal de aplicar rigurosidad a un espacio pequeño, donde se llevan a cabo actividades culturales y en cambio hacer la vista gorda hacia otros locales de carácter comercial que incumplen normativas y están a la vista de cualquiera. ¿Todos los restaurants céntricos tienen acceso para discapacitados?, por ejemplo. ¿Cuántos locales hay que no reúnen las condiciones de habilitación y no son molestados por el gobierno municipal?
El 3 de septiembre Caminiti se presentará ante el Tribunal de Faltas, citado por el juez Ricardo Germani. La Casa del Pueblo convocó a una actividad en el playón de la Universidad Nacional del Sur para el día domingo 6 de septiembre, en reclamo de normalizar la situación.
Diferentes espacios culturales comenzaron a intercambiar opiniones en función de establecer una posición común ante la clausura y respecto de cómo seguir adelante. A su vez, en los próximos días la mesa que estipula la Ordenanza de Espacios Culturales tendría su primera reunión.
