Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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Daniel Alberto Juliá relató al Tribunal Oral bahiense que los integrantes de la Triple A, luego de cometer sus crímenes, concurrían al boliche Rancho X del Barrio Palihue a tomar una bebidas “cortesía de la casa”.
Trabajó como barman desde 1972 hasta horas antes del golpe de Estado de 1976, cuando fue convocado al servicio militar. “Los atendía casi todas las noches en la confitería. Dejaban las armas en un costado de los sillones, venían con ametralladoras, itakas, 16 recortadas. Argibay, Aceituno, De Rosa, eran varios, se iban turnando”.
El propio Rodolfo Ponce, diputado nacional y secretario general de la CGT, solía sentarse con la banda: “Era como que fueran empleados de él”.
Juliá declaró que mientras hacía su tarea los escuchaba jactarse de que “habían matado a cuatro, a seis”. “Pertenecían a la Triple A, lo decían ellos. Decían que se les había encomendado este trabajo desde el gobierno de turno”.
Reportaban directamente a Ponce. Usaban torinos blancos y estaban todos los días en la CGT de Mitre y Rodríguez, “eran como los dueños ya, entraban y salían incluso con las armas en la mano”.
El Servicio de Inteligencia de la Marina les decía si podían o no realizar determinada actividad. “Podían andar tranquilamente porque me decían que la policía no les podía hacer nada”.
El testigo recordó que el grupo solía acompañarse de gente “que pertenecía a esa ideología”. Uno de ellos era el comisario de la Bonaerense Palmieri.
El propietario de Rancho X, Fernández Amigo, los conocía: “Por eso les daba bebidas, no quería tener contactos con esta gente”. Les había pedido que los fines de semana no vayan porque “había mucha concurrencia al boliche”.
Juliá militaba en la Juventud Peronista y simpatizaba con Montoneros. “No sé cómo pero de alguna manera se enteraron y me empezaron a seguir”. Sospecha que la información les llegó por el kioskero de la esquina de su casa a quien le compraba la revista “Causa peronista”. “Yo no sabía que él era militante de la derecha peronista, se llamaba Castellanos”.
“Me salvó un poco mi patrón que les dijo a ellos, este pibe no los va a molestar, tiene sus ideas pero nada más”, dijo.
Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio de Cilleruelo.
La Asociación de Profesionales de la Salud solicitó al intendente Héctor Gay la readecuación salarial dado que, por la crisis sanitaria, el sector no tendrá paritarias y permanecen con el sueldo congelado desde diciembre.
“Es un ajuste de los salarios de todo el personal de salud que está trabajando ininterrumpidamente. No estamos pidiendo aumento sino un ajuste porque no se han abierto las paritarias por la crisis económica y sanitaria. Pedimos que se considere que nuestros sueldos no queden congelados con el tiempo, no queremos ganar más sino lo que normalmente ganamos”, comentó Marina Papucci.
Respecto del cobro del bono de cinco mil pesos anunciado por Nación, la presidenta de la Asociación de Profesionales Municipales de la Salud mencionó que “algunos cobramos y otro no, hicimos ese reclamo”.
El pago se realizó a quienes se desempeñan en lugares con internación como el Hospital Municipal. “Son cuatro cuotas y cobramos la primera. Los de unidades sanitarias no cobraron el bono y estamos con la gestión con Municipio y Nación”.
Previamente habían enviado otra carta al jefe comunal en la cual expresaban: “Vemos con asombro que no son consideradas las recomendaciones de los expertos en estas contingencias, abonando así las causas de la expansión del virus con las decisiones que se toman a nivel local”.
Papucci señaló que “comenzó a haber más diálogo y toda la información que se publica ahora es más creíble y real que la se venía publicando”.
“Estamos en el pico en la cantidad de casos, el Municipio está con planes de detección en barrios populares, se trabaja desde las unidades sanitarias y centros respiratorios”, comentó
En relación al Operativo DetectAr dijo que “comenzaron a hacer muchos más testeos, era lo que le pedíamos al intendente, y la habilitación de las Unidades de Cuidados Mínimos. Es el día de hoy que se están haciendo testeos en los barrios periféricos, se ve plasmado en los análisis en los hisopados”.
“A veces parecían pocos casos para la cantidad de población y el grado de vulnerabilidad con los barrios. El hecho de acercarse a los vecinos y preguntarles cuando una hace un testeo le da un marco de cómo está esa familia. El plan DetectAr es ir a barrios populares y no solo tiene que ver con testeos sino con la educación de los vecinos”, finalizó.
El sábado a la madrugada, durante un operativo policial en el barrio Tolosa de La Plata, policías de la provincia de Buenos Aires detuvieron a un joven de 17 años, lo golpearon con culatazos del arma y lo trasladaron a la comisaría 6ª.
En la dependencia policial, lo torturaron durante horas con golpes y picana eléctrica, exigiéndole que confiese el robo y quiénes eran sus cómplices.
Además de torturarlo, el interrogatorio fue sin la presencia de un abogado defensor y sin la presencia de su madre, violándose garantías constitucionales esenciales. También lo amenazaron de muerte si denunciaba. El cuerpo médico tampoco constató las lesiones sufridas.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó la denuncia penal luego de entrevistarse con el joven en el centro cerrado Almafuerte. También denunció los hechos a la Auditoría General de Asuntos Internos y reclama el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía bonaerense.
En la dependencia policial, lo alojaron en un calabozo sin ningún mobiliario, lo obligaron a permanecer de pie durante más de 9 horas al mismo tiempo que tres policías, de manera sistemática, le aplicaron descargas eléctricas con una picana para sacarle información. Mientras esto ocurría, los mismos policías filmaban las sesiones de tortura, imágenes que ellos mismos difundieron por las redes sociales.
El interrogatorio ilegal buscaba que el joven no sólo declarara contra sí mismo sino que incrimine también a más personas. A pesar de tener menos de 18 años y de estar imputado de un delito, durante todas esas horas, las declaraciones se realizaron sin presencia de un abogado o un defensor oficial y sin la compañía del padre, madre o tutor del adolescente.
Se violaron garantías constitucionales esenciales, incluyendo la Convención de derechos del Niño.
Recién en la tarde del sábado, los policías lo llevan a reconocimiento médico; durante el traslado en el patrullero, siguieron aplicándole descargas con la picana. Ninguna de las lesiones que tenía fue registrada.
Casi diez horas después de su detención, interviene por primera vez un funcionario judicial, sin embargo no se generaron las condiciones para que pueda contar lo sucedido. Los mismos policías lo esperaban para trasladarlo.
Finalmente, el joven fue alojado en el centro cerrado Almafuerte; momento de ingresar, por temor a represalias, el joven no dio cuenta de las lesiones que tenía producto de los golpes y torturas en la comisaría, y el personal médico hizo una revisión superficial y registró sólo algunas de las múltiples y visibles lesiones que tenía el joven en el cuerpo.
Tras la detención del joven, intervino la UFI 3 de La Plata que, a pesar de la ilegalidad del operativo, convalidó desde el primer momento todo lo actuado por la policía.
Ante este nuevo hecho, la CPM reclama el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía de la Provincia, agravadas en este periodo de cuarentena dónde se incrementaron los índices de letalidad policial y denunciaron gran cantidad de casos de gatillo fácil, uso letal de los patrulleros y torturas y malos tratos. A esto debe sumarse la investigación sobre la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo a manos de la policía bonaerense.
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad revisar el concurso mediante el cual Erica Gutiérrez ratificó su cargo como jefa de Parques Municipales en 2016. En aquel entonces fue desoído por el oficialismo el fuerte cuestionamiento de la familia de Daiana Herlein y de integrantes de la Comisión de Arbolado.
“El concurso fue cerrado, a medida. La ley es clara, dice que tenía que ser ingeniera forestal o agrónoma con incumbencia forestal. Ella tenía el título solo de ingeniera agrónoma y no tenía las incumbencias para concursar”, dijo a FM De la Calle la ex concejala Mercedes Insausti. Recordó la “soledad” en la cual se opusieron, la falta de apoyo del Municipio y lamentó “el tiempo perdido”.
En su última sesión, el deliberativo requirió al Municipio que “dentro de la mayor brevedad posible y tomando todos los recaudos jurídicos y administrativos que sean necesarios, en salvaguarda de los intereses de todos los bahienses, evalúe la posibilidad de revisar y, llegado el caso, reformular y volver a efectuar el concurso”.
Insausti sostuvo que “lo que se objetaba en ese momento era el no ajuste a la ley provincial en la nominación de la jefatura en el concurso cerrado que se hizo y el jurado que no respondía a las exigencias de la ley provincial”.
-¿Era un concurso a medida?
Sí, totalmente. Si uno lee los considerandos faltaba poner el nombre y el apellido. La ley es muy clara, el jurado tiene que ser de expertos en temas forestales y, si vemos quiénes avalan esta jefatura, una era la directora de Espacios Públicos que era ingeniera electricista, el secretario de Infraestructura que era ingeniero electricista, la subdirectora de RRHH y el Sindicato de Municipales. Ningún experto forestal.
Entre los considerandos del proyecto firmado por “todos los bloques” destacan que con la creación de la Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos “se ha incorporado personal idóneo y se han efectuado reacomodamientos de recursos humanos en procura de dotar al área de nuevas ideas, capacidad de gestión técnica y compromiso con una cuestión de profunda gravitación pública”.
A los “atendibles argumentos” planteados por la Comisión de Arbolado al conocerse el llamado a concurso en 2016, se sumó el aporte reciente por parte de Lorena Zerneri a la Secretaría de Movilidad de “nueva documentación ampliatoria que podría respaldar estos argumentos” y también se recibió en el HCD “un amplio documento” en respuesta a un pedido de informes.
De allí, dijeron oficialismo y oposición, “surge la posibilidad de que, en efecto, aquel concurso pueda no haber estado ajustado a derecho, más allá de que por el tiempo transcurrido, deba analizarse si jurídica y administrativamente, dicho cargo no está consolidado”.
Insausti destacó que “el diálogo con la directora siempre es bastante duro dentro de la Comisión de Arbolado por su forma de ser. La soberbia es una limitante a la hora de plantear políticas de Estado. Si atrás de la soberbia hay más soberbia, que es el propio Ejecutivo quien la avala, se hace un camino difícil”.
“Venimos pidiendo saber a dónde vamos. El censo de arbolado del 2016 se instaló como un gran hallazgo que se haga mediante una aplicación. Cualquiera que sepa de arbolado lo desmiente, cualquier vecino podía censar su propio árbol. Así todas las políticas que se han venido desarrollando, hasta el 2019 con una directora de áreas públicas que era la jefa de este sector, que a mi entender era poco idónea en la materia: cuando algo se venía abajo venía la topadora”, agregó.
La iniciativa del Concejo plantea que, ahora, “parecería existir entre todas las partes involucradas (funcionarios provinciales y municipales del rubro, empleados municipales, sindicato de trabajadores municipales y vecinos interesados en la cuestión) una muy buena predisposición y una uniformidad de criterios para reformular y corregir rumbos, a partir de una saludable toma de conciencia generalizada respecto la acuciante necesidad de intervenir con urgencia en la gestión de la forestación de la ciudad y su consideración como una auténtica ‘Política de Estado'”.
Finalmente reconocen que la ciudad “necesita revertir muchos años de errores, abandono, desidia y malas decisiones en la materia, no sólo para mantener mínimamente las condiciones de seguridad necesarias para que el simple acto de concurrir a una plaza o un parque no implique un riesgo para la integridad física de nadie, si no también para, en beneficio de las futuras generaciones, diseñar una ciudad más habitable, sana y sustentable desde una perspectiva ambiental”.
Foto: Canal 7.
Mañana y pasado desde las 9 continuará el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por integrantes de la Triple A. Las audiencias serán transmitidas por el canal de YouTube de la Universidad Nacional del Sur y por juiciobahiablanca.wordpress.com
Esta semana fueron convocados testigos del homicidio de David “Watu” Cilleruelo, caso que comenzó a analizarse desde el inicio de las testimoniales.
También se abordará el crimen de Alberto Mario Pojomovsky, militante del Partido Comunista y del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El 29 de junio de 1975 fue atacado por un grupo armado mientras conducía su vehículo en compañía de su esposa. En ese contexto recibió varios impactos de armas de fuego calibre 22 y 45. Producto de aquellas heridas, la víctima falleció veinte días después del ataque, en un hospital bahiense.
El jueves y viernes pasado se escucharon siete testimonios que describieron el clima de persecución que se desató en la ciudad hacia fines del año 1974 y el accionar del grupo integrado, entre otros por los imputados.
Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio de Cilleruelo.
(Por Francisco Tavaglione) Corría el año 1976 cuando a Juani (Juan José Córdoba), de 18 años, lo secuestraron los militares en la esquina de su casa, en Villa Nocito, Bahía Blanca. Se lo llevaron ante la atónita e impotente mirada de vecinos y familiares.
Al poco tiempo salió en algunos medios (Ej: El Popular) la siguiente noticia: “Fueron abatidos tres extremistas durante un enfrentamiento con la policía”. Entre ellos estaba Juani (los otros dos eran Carlovich y López). El hipotético enfrentamiento había ocurrido en Ensenada, a más de 600 km de donde fueron secuestrados. ¡Clarísima prueba de la complicidad de los medios en el blanqueamiento de las desapariciones!
Cielo y tierra removió su madre para que le entreguen el cadáver de su hijo, pero sin obtener más respuestas que risas sarcásticas, neta indiferencia o acusaciones del tipo: se hubiese preocupado antes. Pasaron cuatro décadas desde el día que se lo llevaron hasta que el Equipo Argentino de Antropología Forense halló en el cementerio de La Plata fosas comunes donde quedaban restos humanos sin identificar. Al parecer, cuando los militares se ocuparon de borrar las evidencias, les quedaron algunos cuerpos olvidados.
Un análisis demostró que el ADN de uno de esos restos coincidía en más de un 98% con el de la madre de Juani. Asunción había encontrado el cadáver de su hijo, 41 años después de su desaparición. Aunque la vida de Juani no sería devuelta, no es detalle menor que sus restos sí fueron enviados a Bahía Blanca, para que su familia y allegados le den una sepultura digna.
Un duelo se elabora a partir de ciertas referencias que permiten –dolor mediante- despedirse del ser querido. Cuando un cuerpo falta, cuando alguien “no está en ninguna parte” –como dijo Videla, entre risas- la elaboración de esa pérdida se torna cuasi imposible. La esperanza de que se haya ido del país, de que aparezca con vida, impide llevar a cabo un duelo con normalidad. Sin duda, desaparecer gente no ha sido un efecto secundario de la dictadura, sino el objetivo principal para conseguir la consecuente devastación social y subjetiva de la población. ¡De este modo se perpetúan en el tiempo los efectos catastróficos de la dictadura, enquistándose hasta lo más profundo del tejido social!
El hallazgo y entierro de Juani permitió a su familia dar un cierre a aquel tormento. Con él, al menos se tuvo la posibilidad de darle un descanso en paz. Pero siguen habiendo desaparecidos, de antaño y de ahora, y es imperante que el aparato democrático reaccione con celeridad y transparencia, para evitar que esto siga ocurriendo. Hoy nos falta Facundo Castro, nos falta Julio López, entre otres tantos y tantas que suman a la enorme lista de quienes tienen una identidad, pero nos faltan sus cuerpos.
Los organismos de Derechos Humanos nacionales manifestaron este lunes su solidaridad y acompañamiento a Cristina Castro por la lucha que lleva adelante por la aparición con vida de su hijo Facundo.
Reclamaron “que no haya impunidad y que tanto las autoridades políticas como el Poder Judicial, adopten todas las medidas imprescindibles que lleven al efectivo esclarecimiento de este gravísimo hecho”.
“Hacemos nuestro el pedido de apartamiento del Fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, quien fue recusado por los abogados de la familia por entender que es responsable de maniobras para entorpecer la investigación y encubrir a los responsables”, afirmaron luego del encuentro virtual.
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Los organismos recordaron que ya “impugnado en más de una oportunidad a Santiago Ulpiano Martínez por entorpecer el avance de las causas de lesa humanidad con el objeto de lograr la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado. Por lo que, de acuerdo a lo planteado por los abogados de la familia y a los antecedentes del fiscal cabría, cuanto menos, disponer su inmediato apartamiento de esta causa”.
“Reiteramos que es indispensable el compromiso de todas las instancias del Estado para que efectivamente se avance en el caso y se logre el esclarecimiento de qué fue lo que pasó con Facundo así como la identificación, enjuiciamiento y castigo a los responsables de su desaparición forzada”.
Participaron del encuentro representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, APDH, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, APDH La Matanza, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.
El fiscal Santiago Ulpiano Martínez rechazó la recusación planteada en su contra por parte de la mamá de Facundo Castro Astudillo. En un comunicado oficial, la Fiscalía afirmó que “la petición carece de fundamentos que permitan encuadrar el caso en alguno de los supuestos que la habilitan”.
Cristina Castro sostuvo que “el principal desaparecedor de personas es el Estado” no solo mediante las fuerzas de seguridad sino también “a través de mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes, como aquellos llevados adelante por la Fiscalía» y denunció que Martínez impulsó solo «aquellas medidas inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas».
El planteo se analizó el viernes en una audiencaia virtual y ahora deberá definir la situación la jueza Gabriela Marrón.
El fiscal destacó “el deber impuesto al Ministerio Publico Fiscal de abordar con la misma firmeza y objetividad, tanto aquellas medidas tendientes a la investigación del hecho delictivo como las que orientan de un modo u otro a la búsqueda de Facundo. Resaltó la dinámica e impulso de una vasta cantidad de requerimientos tendientes a despejar ambos extremos”.
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Por otra parte, el comunicado difundido este lunes, da cuenta de la continuidad de la toma de declaraciones y la incorporación de uno de los testimonios requeridos por la querella institucional de la Comisión Provincial por la Memoria.
El informe detalla, además, las siguientes medidas:
Cumplimiento de las órdenes de allanamiento, secuestro y presentación
En cumplimiento de las órdenes de presentación libradas por la jueza federal Maria Gabriela Marrón, efectivos del Comando de Prevención Rural de Villarino, de la Subestación de Policía Comunal de Mayor Buratovich y del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone hicieron entrega de los Libros obrantes en esas dependencias. Asimismo, se tomaron placas fotográficas de los móviles policiales de los dos establecimientos mencionados en primer término.
Por otro lado, arrojó resultado negativo el procedimiento llevado a cabo en la Subestación de Policía Comunal de Mayor Buratovich con la intervención de los canes de Búsqueda de Restos Humanos de la División Canes de la Superintendencia Federal de Bomberos, de Rastros Específicos de la División Canes de los Bomberos Voluntarios de Punta Alta y del asesor de canes Marcos Darío Herrero, de la especialidad de Identificación de Rastros Biológicos.
La querella particular requirió que se efectuara una búsqueda de rastros de Facundo José Astudillo Castro en los vehículos secuestrados, con la participación del señor Marcos Herrero y sus canes, la cual fue acompañada por el Ministerio Público Fiscal con la correspondiente petición a la jueza interviniente. La medida fue autorizada y se llevó a cabo el 22 de julio. Participaron en el procedimiento las mismas divisiones y el perito Herrero. Los canes oficiales no detectaron rastros relevantes, en tanto el ofrecido por la parte habría “marcado” algunos que son sujetos a análisis y confrontados con las diligencias periciales en curso. Hasta ahora no se arribó a conclusiones que permitan orientar la pesquisa.
Rastrillajes
Durante el sábado 25 se llevó a cabo un rastrillaje localizado del cual participaron efectivos de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional, y personal de Cinotecnia de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Nación, que llevaron sus canes
Además, personal de Prefectura Naval realizó un buceo por debajo de los puentes ferroviarios, efectuando un palpado de la zona, mientras que otros miembros de la misma fuerza examinaron el canal de desagüe en Cabeza del Buey.
Por su parte, efectivos de Policía Federal acompañaron con un dron de la División Comunicaciones las tareas realizadas por la Prefectura y accedieron de esa forma a imágenes de las zonas pantanosas.
Personal del Escuadrón Aéreo hizo el soporte y en todo el recorrido de los canales tomó vistas aéreas del lugar.
Asimismo, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria estuvieron a cargo del rastrillaje sobre y debajo de las vías, de ambos lados. También contactaron a personas residentes en la zona a fin de verificar si vieron a Facundo, con resultados negativos.
Al regresar por las vías, utilizando como medio de transporte un móvil de Ferroexpreso Pampeano, se detectó que el agua cuyo caudal en la mañana era abundante había reducido y los canales se encontraban lodosos pero con mayor visibilidad. Por tal motivo, se dispuso que los equipos de drones hicieran un nuevo barrido; no surgió información de interés.
La medida continuó durante el domingo y se programó para que continúe en la jornada en curso.
Otras medidas probatorias
- El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires aportó el informe requerido sobre Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL). Aclaró que existían patrulleros identificables municipales con dispositivos AVL, que eran monitoreados desde otro usuario al que no poseían acceso y que esos móviles no figuraban en el listado de la Flota Automotriz Ministerial. Ese organismo aportó la información obrante en sus registros sobre el móvil o los móviles policiales que fueran asignados al puesto policial de Teniente Origone, el personal policial que se encontraba prestando servicio, los equipos trunking que fueran asignados a ese personal, su geo posicionamiento y los registros de modulaciones de radios del 30 de abril, entre las 13.00 y las 17.00 horas.
- La misma información y los informes de AVL completo de distintos móviles se solicitaron a la Comisaría de Mayor Buratovich.
- En tanto, la Anses aportó información relacionada con la prestación de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de la que es titular Facundo José Astudillo Castro. A raíz de los datos aportados, se requirió al Banco de la Nación Argentina que informara los datos correspondientes a la cuenta bancaria generada a nombre de Facundo José Astudillo Castro, a través de la cual cobraría el beneficio, como también si ese beneficio fue cobrado en los últimos cinco meses. Como respuesta a lo solicitado, se aportaron los datos de la cuenta mencionada y se informó que los importes acreditados en la misma no fueron cobrados.
- El Honorable Concejo Deliberante de Villarino comunicó que ponía a disposición del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del Ministerio de Justicia de la Nación una suma dineraria para ser destinada a una recompensa pública, con los respectivos protocolos, para otorgarla a quien brinde información que permita dar con el paradero de Facundo Astudillo Castro.
- En virtud de la información requerida por la Dirección de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, en relación a la Solicitud de Medida Cautelar MC-691-20-Astudillo Castro, Facundo José- del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se libró un oficio dirigido a ese organismo en el cual se aportan las correspondientes observaciones.
- Por su parte, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) propuso una serie de medidas a fin de avanzar con la investigación.
- En consonancia con lo propuesto, a fin de actualizar los datos y ante la posibilidad de existir novedades, se requirió a la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal que constatara con los servicios de emergencia, hospitales y morgues del país si existen registros del ingreso de una persona que responda a las características de Facundo.
- También se le solicitó a la misma División la realización de diligencias tendientes a dar con el paradero de una persona que habría trabajado con Facundo.
- Además, se requirió a la División Operaciones Tecnológicas Especiales que procediera a la extracción de la información de los tres handys que fueron secuestrados en el marco del allanamiento realizado el pasado 8 de julio en la Comisaría de Mayor Buratovich.
- En virtud del análisis integral de información probatoria producida por la PROCUVIN en el marco de la investigación con específica referencia al Sistema de Localización Automática Vehicular (AVL) de los móviles policiales RO 23.360 y 22.788, como así también de los otros doce móviles policiales que se informó circularon por la traza de la Ruta Nacional 3 en la jornada del 30 de abril, se solicitó a esa División Operaciones Tecnológicas Especiales la determinación del kilometraje y ubicación de la localidad exacta en la que cada uno de los catorce móviles allí consignados hubieran detenido su marcha en las franjas horarias de interés. Se solicitó también que proporcionara la misma localización en relación a los informes remitidos con anterioridad, correspondientes al teléfono de Facundo. Se determinó dónde fueron los impactos registrados el 30 de abril de este año, y su georreferencia. En un mapa se marcaron los impactos de las líneas telefónicas consignadas en el informe antes mencionado, entre las 15.00 y las 19.00 horas del 30 de abril.
- A la División de Apoyo Tecnológico de la Policía Federal Argentina se le solicitó que practicara los estudios periciales para extraer la información obrante en el teléfono Samsung, de utilización diaria por parte de los efectivos que prestan funciones en el Destacamento de Teniente Origone. En relación a este mismo dispositivo móvil se solicitó información a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DaJuDeco).
- Teniendo en cuenta que los informes relacionados a la línea telefónica perteneciente a Facundo habían sido remitidos junto con los recibidos de Facebook y Google a la División de Tecnologías Aplicadas de la Policía Federal Argentina, se enviaron también los obrantes en la investigación provincial.
- En atención a que las conclusiones arribadas en el informe pericial del que se desprende que el joven que aparecía en la vista fotográfica publicada en un medio periodístico podía ser Facundo, se solicitó a la Auditoría General de Asuntos Internos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que informara la identidad del agente policial que también figura en esa imagen fotográfica, lo cual fue cumplido.
- Se requirió al Municipio de Villarino que informara si existía registro de que el automóvil marca Chevrolet Corsa —en el que se habría trasladado la agente policial que mencionó haber llevado a Facundo— y distintos móviles policiales, hubieran transitado por la Ruta Nacional nº 3, entre la localidad de Pedro Luro y la Ciudad de Bahía Blanca, el 30 de abril pasado entre las 8.00 y las 16.00. El Municipio aportó la información obrante en sus registros.
- Idéntico pedido se hizo al puesto de control fitosanitario ubicado en las cercanías de General Cerri, sobre la Ruta Nacional nº 3.
- Se realizan peritajes sobre tres handys secuestrados en el allanamiento realizado el 8 de julio en la Comisaría de Mayor Buratovich.
“Desde hace muchos años en la literatura de políticas sociales se viene discutiendo sobre la necesidad de un ingreso universal. Es un ingreso mínimo asegurado a las personas por el solo hecho de ser ciudadanos y que no está atado a ninguna condición laboral, es por fuera de lo que uno gane en el trabajo”, dijo Agostina Costantino en su columna de FM De la Calle.
La economista mencionó que la CEPAL, que no suele “proponer políticas muy revolucionarias”, abonó la creación “de ingresos universales” y destacó “la importancia de las tareas de cuidado”.
“Ahora, trabajando en casa, nos damos cuenta de la necesidad de que alguien se encargue de niños, niñas y adultos mayores y también visibilizó la necesidad de que todas las personas tengan garantizado el ingreso para vivir dignamente”.
El organismo propone un ingreso básico de emergencia por seis meses “equivalente a la línea de pobreza. Actualmente es 43 mil pesos por familia tipo, pareja y dos hijos. Después de ese período se puede pensar cómo recalcular esa cifra pero mantener la política de ingreso universal”.
La CEPAL calcula que en América Latina “unos 215 millones de personas están en condiciones de pobreza o el 34% a nivel regional. Esta cifra en Argentina no está actualizada y los pronósticos indican que va a estar por encima del 40 y cerca del 50 cuando finalice este proceso de aislamiento. Esto le costaría a los Estados en promedio un 2% del PBI, siempre que alcance a todas las personas pobres, lo cual parece algo bastante razonable”.
¿Qué es lo que se sabe?
“La poca información que tenemos es que después de agosto, cuando es el tercer cobro del IFE, se convertiría en una renta universal. Ya no lo cobrarían las ocho millones de personas que lo cobran ahora, sino tres millones. Se habla de personas en alta vulnerabilidad. Lo más probable es que los desocupados cobren. Sabemos que no va a ser incompatible con AUH y Asignación por Embarazo y que el monto que se piensa es el equivalente a un salario mínimo de $16.875”, aseguró la economista.
Costantino agregó que “si esta renta universal es por persona, el monto es razonable. Ahora, si es por familia al igual que IFE, resulta poco. Tampoco hay precisiones respecto a cuándo empezará a pagarse”.
Mientras tanto, “sigue sin discutirse el impuesto a las grandes fortunas, posibles impuestos a los bancos, arreglar o no la deuda. Hay expectativas de que si se arregla la deuda podrían bajar fondos para que se reconstruya la economía, pero esto atado a que se arreglen los bonistas”.
La Secretaría de Salud anunció que este lunes comenzó el Operativo DetectAr en Villa Nocito. Se trata de una etapa de vigilancia epidemiológica activa planificada, a partir de un abordaje territorial integral.
“Entendemos que puede haber circulación barrial, por eso hemos decidido comenzar por ahí con la búsqueda activa. Es casa por casa, entrevistando a cada vecino en función de detectar aquellas personas que puedan tener sintomatología con la definición de caso sospechosos y realizar el hisopado”, destacó Ezequiel Jouglar, subsecretario de Atención Integral de la Salud.
Agregó que es “integral porque se va a hacer revisión de libretas sanitarias para ver la vacunación antigripal que también se va a ofrecer. Se va trabajar con consejería para la promoción de hábitos saludables y con la prevención del Aedes Aegypti que es el agente vector del dengue”.
Asimismo, se pretende detectar casos febriles en aquellos barrios que sean más vulnerables a la pandemia debido a la frecuencia de aparición de casos o historial de propagación.
El secretario de Salud, Pablo Acrogliano, sostuvo que en una primera etapa y en el marco del Plan DetectAr, hasta el viernes próximo, desde el centro de salud Piñeiro se hará un recorrido por sectores aledaños, siguiendo los nexos epidemiológicos registrados y realizando hisopados en caso de ser necesario.
El 12 de julio se conmemoró el Día de la Medicina Social. El doctor Horacio Romano repasó en su columna de FM De la Calle, los hitos que dieron origen a esta disciplina que apunta a pensar la medicina no solo desde lo biológico sino contemplando aspectos socioambientales en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.
“Uno de los primeros pensadores fue por 1850, en Alemania, Rudolf Virchow. Fue anatomista, político, descubrió después de una huelga que la gente se enfermaba mucho y una de las causas a las adujo eso fue que era un territorio anexado, al que no se le dejaba hablar su idioma y por eso la gente estaba triste, estaba mal y eso se relacionaba con el aumento de la enfermedad”, comentó.
En contrapartida, el médico alemán Robert Koch, “descubre el bacilo de Koch y del cólera y se empieza a relacionar bacterias con enfermedad y, de alguna forma, esto echa por tierra lo social y político. En el siglo XX, cuando se empieza a utilizar medicamentos, la medicina biologicista se impone y dice que para cada enfermedad hay una cura con un remedio, la causa es tal o cual y no hay nada más que discutir”.
“Lo que viene a plantear la medicina social en Latinoamérica en los ’70 es que es cierto que hay un bacilo de la tuberculosis pero no es lo mismo para quien está bien nutrido, en una casa adecuada con con calefacción adecuada, que aquel que sufre hambre, tristeza, depresión, angustia y malas condiciones de vida”, agregó Romano.
El médico señaló que “la Organización Latinoamericana de la Medicina Social viene trabajando esto desde la década del ’80 y en el ’83 se suma Argentina. Esto engancha con la medicina colectiva, que es la atención primaria de la salud, que en Argentina tiene mucha importancia. Esta medicina plantea el tema de las determinaciones sociales de la salud. Es cierto que en las enfermedades hay una cuestión en parte genética, de predisposición personal, se relaciona a hábitos, a modos de vidas, a cuestiones de vida y ambientales y se relaciona también a la política”.
“Cuando uno quiere encontrar una salida en términos de salud busca en estos determinantes. Los determinantes los va a nombrar la OMS allá por el 2010 y 2012, nunca nombrando a los latinoamericanos como Jaime Breilh, que tiene que ver con una idea de origen marxistas de la situación sistémica, nada es porque sí, nada está aislado, todo es una cuestión de complejidad y donde confluyen muchas cosas. La medicina social y la medicina colectiva tienen esta cuestión de sacarle lo biológicamente puro y llevarlo a otro tipo de medicina”.
Romano destacó que en la carrera de Medicina en la UNS, “cuando allá por el 2005 hubo que rearmar el programa, una de las áreas que se pensó es la salud colectiva y de manera transversal se ha tratado de que esto vaya recorriendo todos los campos”.
“Nuestra carrera tiene que ver con formación basada en problemática. No es la tradicional cátedra sino que cada unidad recorre desde los social a lo biológico. El sistema después te lleva para otro lado, no es fácil tratar de encausar esto desde otra mirada, no solo es la educación, sino la educación más lo propio, más un sistema”.
En relación a las políticas públicas, mencionó que, “en general, siempre terminan tiradas para el lado de la medicina tradicional. La medicina social en relación al Coronavirus va a decir: ¿quién se ve más afectado? Seguramente las barriadas más humildes. ¿Y de dónde van a provenir los pacientes con mayores problemas de salud? Seguramente de las barriadas más pobres, que son las más contaminadas, las que están menos alimentadas. Es una conjunción, no es el Covid solo”.
Concluyó que la discusión debe ser amplia y para eso la salud “no tiene que ser un trabajo del médico o enfermero sino interdisciplinario porque, si las condiciones políticas y sociales no mejoran, es poco lo que se puede hacer desde el sistema de salud”.
El Estado argentino presentó ayer su respuesta a la petición de acción urgente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas por el caso de Facundo Castro Astudillo.
El informe firmado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, sostiene que las autoridades de la Nación y de la provincia de Buenos Aires expresaron su “absoluto compromiso con la búsqueda e investigación de la desaparición de Facundo, al tiempo que han puesto a disposición de la familia todos los recursos del Estado”.
Reporta que en la investigación participan la justicia federal, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, el Ministerio de Seguridad de la Nación y las distintas fuerzas de seguridad federales.
Menciona la “actuación coordinada” de las Direcciones de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. También se requirió el asesoramiento del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, así como otras dependencias del Estado, ha estado en contacto con la madre de Facundo, Cristina Castro, y sus abogados y les ha ofrecido la asistencia del Programa Nacional de Protección a Testigos y el acompañamiento psico-social del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos ‘Dr. Fernando Ulloa'”, comunicó Pietragalla.
Por último, el comunicado oficial afirma que “la protección y apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos constituye una política de Estado en la Argentina”.
El ex dirigente estudiantil y militante del Partido Comunista, Juan Larrea, denunció durante su declaración en el juicio contra integrantes de la Triple A que el imputado Juan Carlos Curzio intimidó a otra testigo, hija de una víctima del terrorismo de Estado.
“Curzio no tuvo problema en levantar el teléfono, llamar a María Cristina Leiva y decirle: ‘mirá, yo todo lo que hice, lo hice por plata, ¿por qué no me dejan de molestar? Eso ya pasó hace tiempo, yo nunca tuve que ver con nada’. En un tono amenazante, ‘terminenlá conmigo'”, contó Larrea a FM De la Calle.
Leiva debe declarar en la causa. “Es el colmo de la impunidad. Hay un sentido común que indica que este señor después de 50 años de los homicidios terribles, pueda llamar a una señora que ha sido víctima -porque su familia ha sido perseguida- y tener el descaro de llamarla. Eso quiere decir que el hombre se considera en condiciones de intimidar y, si tuviera espacio, no se qué otra cosa haría”, agregó .
El sentido común del “algo habrán hecho”
Anteriormente, Larrea aseguró que “la sociedad bahiense fue construyendo el sentido común que permitió que todas estas cosas ocurrieran. Me preguntaría: si volvieran a cometerse estos crímenes qué diría el hombre y la mujer común de la calle, ¿estarían dispuestos a convivir, temor de por medio, con esta situación?”.
Este modo de vida “se construyó desde hace varios años cuando se consintió que la fuerza aérea naval fuera y bombardera la Plaza de Mayo, matara más de 300 personas y nadie respondiera por eso. Entonces, con ese clima se empezó a vivir en las escuelas secundarias, con ese clima de persecución contra adolescentes judíos que era una rémora de lo que se había vivido durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque los nazis habían sido derrotados había mucha gente que pensaba como ellos”.
“A principios de los 70 ya los vimos en acción, nunca me olvido de lo que pasó en el Salón de los Deportes, en el Encuentro Nacional de los Argentinos. Era el clima que se vivía a pesar de que la UNS y el movimiento obrero estaban en lucha por sus reivindicaciones. Había un sentido común en la sociedad bahiense que fue tomando cuerpo y se expresó en el ’74 , ’75 cuando esta ola de terrorismo con amparo estatal tuvo su cumbre con los asesinatos de Negrito García y Watu. Hubo decenas, entre 25, 30 jóvenes asesinados en la época, hubo un consentimiento silencioso”.
Respecto al rol colaboracionista de La Nueva Provincia, el testigo mencionó que la represión “tenía un comando. Estaba básicamente en los servicios de Inteligencia donde jugó siempre un papel central el Servicio de Informaciones Navales, su vinculación permanente con LNP y la dirección general de la política de la embajada americana, gente que tenía una conexión fenomenal”.
Destacó “el papel central y la conducción personal de Diana Julio, una mujer de una brutalidad personal, con una definición política e ideológica determinante. Eran fascistas”.
“Esta sociedad es responsable de que 50 años después tengamos que estrujarnos la memoria para hacer justicia”
Larrea puntualizó que “en el 75 había orden constitucional, los que van a reclamar por un crimen terminan presos, eso era lo que se vivía y se consentía. Esto ocurría no solo en un Estado terrorista en ascenso, esto fue con consentimiento. Era la sociedad la que toleraba esto, y era la sociedad la que los aceptaba”.
“Yo les decía a los abogados que reconocía la importancia de lo que están haciendo pero llega tarde. Tan tarde que nos resulta ridículo que nos pregunten detalles de lo que todo el mundo conocía. Teníamos que demostrar, como si tuviéramos una cámara, que el que apretó el gatillo disparándole por la espalda (a Watu) fue Argibay y de un lado estaba su hijo Pablo y Aceituno del otro”.
Larrea destacó que “esta sociedad es responsable de que 50 años después tengamos que estrujarnos la memoria para hacer justicia pero también esta sociedad disfruta de la posibilidad de que se haga justicia”.
“Le reclamamos, no solamente al Poder Judicial sino a la sociedad que se haga cargo, que se masacró a una juventud. Lo reclama la historia. Fue un crimen fenomenal del cual la sociedad se va a tener que encargar no solo de decir Nunca Más sino de un suceso práctico, esto es terrible no puede volver a ocurrir”.
El Instituto Cultural envió una carta documento a la Asociación Argentina de Actores señalando que no se llevará a cabo la Comedia Municipal del segundo semestre.
La directora, Matilde Canese, afirmó en un comunicado que desde el 22 de abril presentó varias propuestas para la adaptación del proyecto al contexto de aislamiento pero que nunca hubo una respuesta concreta de parte del Municipio.
Canese agrega que “es una decisión tomada por el Instituto Cultural desde antes, lo cual explica las evasivas, dilaciones y el destrato al que fui sometida yo y, por extensión, la comunidad bahiense que no gozará del derecho al acceso a la cultura”.
“La situación de la Comedia Municipal está en peligro, porque no hay un presupuesto destinado a la comedia, esa es la respuesta que se nos da hace tiempo. Esto hace que la Comedia del segundo semestre peligre y no hay una alternativa para que se lleve a cabo”, comentó a FM De la Calle, Belén López, delegada de Actores.
“El funcionamiento de la ordenanza de la Comedia Municipal establece plazos, una Comedia en el primer semestre, otra en el segundo y mientras transcurre una, la otra se prepara para el segundo semestre. Tendrían que haber sido las audiciones el 1 de junio y la convocatoria en mayo”, agregó.
Respecto a Canese, López mencionó que “elaboró propuestas alternativas, que no fueron respondidas nunca y cuando llega el momento, en junio, le hacen la promesa de que la obra va a salir, pero son promesas que uno no ve que se puedan concretar. Como sindicato accionamos, emitimos carta documento y mientras a la directora se le decía que la Comedia salía, la respuesta a la carta a documento a Actores era que la Comedia no se iba a realizar. La única respuesta pública fue la que se nos dio a Actores. Esto tira abajo un ordenanza de más de 25 años, donde la Comedia va a caer en una situación grave de falta de respeto a un organismo del Estado, hay una historicidad detrás”.
“Cuando una va a Gobierno Abierto, ve cuánta plata por mes se va en pauta de medios hegemónicos. En solo un mes, una sola persona de los medios se lleva lo que la Comedia necesita para un semestre. Son 2 millones 700 mil pesos, repartidos en seis meses. Un solo proveedor se lo llevó en junio”, argumentó la delegada.
Por último, López destacó que “es una falta de ética para con trabajadores y para con la comunidad. Abramos los ojos porque esta plata se va por la puerta del costado”.
El director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, solicitó a la jueza federal Gabriela Marrón que evite las filtraciones de información de la causa por la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo.
El planteo fue en función del reclamo recibido por parte de la familia del joven desaparecido el 30 de abril y “en virtud de dejar a resguardo la responsabilidad internacional del Estado Argentino”.
“Rogamos a Ud. se sirva extremar las medidas con quienes tienen a su cargo la investigación, a los fines de evitar que la información del expediente llegue a los medios de comunicación antes de ser notificada fehacientemente a las partes”, afirmó el funcionario.
Aclaró que el “requerimiento es en el marco de la cooperación y coordinación y de ninguna manera implica intervenir en facultades constitucionales exclusivas de otros poderes del Estado”.
Cristina Castro manifestó su preocupación ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “por enterarse a través de medios de prensa de algunas novedades de la investigación, previo a que las mismas les sean comunicadas a las partes, sobre todo a la querella de la familia de Facundo”.
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En la argumentación de la nota, Przybylski sostuvo que los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, advierten que “las víctimas deben ser informadas y consultadas antes de que las autoridades pasen la información a los medios”.
“Los funcionarios encargados de la búsqueda deben tener formación en protección con enfoque diferencial y estar capacitados para comunicarse con empatía y respeto con los familiares y las demás personas participantes en la búsqueda, y tener conocimiento y sensibilidad por las consecuencias que la participación en la búsqueda puede tener para la salud mental y física de las víctimas”.
Naciones Unidas señala que “durante el proceso de búsqueda, la dignidad de las víctimas requiere su reconocimiento como personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y riesgo, titulares de derechos que deben ser protegidos y que tienen conocimientos importantes que pueden contribuir a la eficacia de la búsqueda”.
“Los funcionarios públicos tienen que ser capacitados para realizar su trabajo con enfoque diferencial. Deben actuar con conciencia de que trabajan para garantizar los derechos de las víctimas y orientar todo su trabajo en favor de ellas”, agregan.
El gobierno negocia con China la instalación de granjas de producción industrial de cerdos para exportación, por cual, el país pasaría de producir entre seis y siete millones a cien millones por año. La noticia es celebrada por el agronegocio y repudiada por organizaciones ambientalistas.
“La preocupación, que excede el acuerdo con Argentina, es que la cría industrial de animales se ha convertido en una amenaza para la humanidad. La cría de cerdos, vacas y aves de corral está siendo fuente de gravísimos problemas. La ganadería industrial es una de las responsables de las grandes crisis climáticas y es una fuente de multiplicación de enfermedades vinculadas a las pandemias, no específicamente de las que sufrimos ahora como el Covid, pero sí vimos cómo la gripe aviar y la porcina tuvieron su origen en granjas de crías industriales”, señaló a FM De la Calle, Carlos Vicente, miembro de GRAIN.
Agregó que “China fue afectada por una gripe porcina africana y tuvo que sacrificar casi el 50% de su plantel de cerdos durante el año pasado. De ahí nace el interés de China de no repetir este modelo de cría industrial y la propuesta de hacerlo en Argentina”.
Vicente argumentó que la cuestión central es el aumento del consumo de carne: “Si se produjera en pequeñas fincas en armonía con la producción agropecuaria, como hicieron los campesinos y productores familiares, no tiene ningún problema. Pero el volumen de carne que se propone consumir es insostenible para el planeta. Nosotros hemos pagados los costos de producir la soja para ese animal y ahora quieren que produzcamos la carne de cerdo”.
¿Qué significa la producción a gran escala o feedlot?
“Las vacas naturalmente se alimentan con pasto pero, como esos pastizales se han desplazado por la soja, se las encerró y empezó a alimentarse con granos. Cuando uno hacina millones cerdos como se pretende, se ve en la obligación de darle forrajes industriales, soja y maíz, y se generan condiciones sanitarias que exigen darle químicos, antobióticos, por ejemplo. En segundo lugar, la materia fecal crea charcos asquerosos que son una fuente de multiplicación de virus y bacterias que mutan en esos mismos espacios y tiene el riesgo de convertiste en un patógeno para los humanos”.
Vicentin, producción de cerdos y soberanía alimentaria: ¿son modelos compatibles?
“La producción industrial de cerdos no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria. Es carne para exportación que sería alimentada por soja transgénica. Argentina no tiene la capacidad de producir los cerdos que China necesita, de manera artesanal, lo cual requiere una infraestructura que no es compatible con la pequeña producción”.
Por otro lado, “la producción de Vicentin no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria pero reivindicamos el derecho del Estado a expropiar una empresa que ha robado dinero y estafado a sus trabajadores. Sin dudas, en términos de lo que vivimos, podría tener un rol importante en la regulación de precios de exportación y en la transformación productiva trabajando con cooperativas y pequeños productores, el aceite de girasol es un de los principales aceites consumidos y Vicentin podría tener un rol preponderante trabajando con pequeños productores y no con los grandes terratenientes”.
La salida
Vicente afirmó que un pacto eco social “es una iniciativa valiosa, hay que rediscutir el futuro, la cuestión ecosocial es fundamental. Discutir los capitales financieros y el poder que tienen. Desde el norte se plantea un nuevo gran acuerdo que no cuestiona el modelo de capitalismo financiero, sin discutir eso no podemos avanzar a otra sociedad porque los daños que estamos sufriendo necesitan replantear todo”.
