Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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Por medio de la presente, los integrantes de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia ofrecen a la opinión pública internacional las conclusiones preliminares de nuestra misión de observación sobre la situación de derechos humanos, sociales, políticos y culturales que atraviesa el pueblo boliviano.
Es dable destacar que la delegación estuvo compuesta por un equipo multidisciplinario de destacados profesionales y dirigentes de movimientos sociales que realizaron visitas, entrevistas y reuniones con víctimas de violaciones a los derechos humanos, perseguidos políticos y otros actores relevantes para la cabal comprensión de la crítica situación que se vive en el Estado Plurinacional de Bolivia.
En concreto, se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad de El Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas, se visitaron personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas. La Delegación no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles.
Tras realizar un análisis preliminar de la información recabada, esta delegación afirma que:
1. Marco político y social: golpe de estado y gobierno de facto
1. El Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al Presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explícito de gobiernos extranjeros como el de Donald Trump quien felicitó a las Fuerzas Armadas del país por su accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos, asimismo, testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores clave del golpe, particular con Fernando Camacho.
2. Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y desestabilización del gobierno constitucional con mandato hasta el 22 de enero. Las agresiones físicas y psicológicas tuvieron por objetivo quebrar el frente político-social gobernante para consumar primero y consolidar después el golpe de estado. Este proceso se profundizó tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y se detonó completamente a partir de un “comunicado preliminar” de la OEA. Dicho comunicado radicalizó las posiciones golpistas, amplificando la confrontación en un momento de alta convulsión social. El mencionado comunicado no estaba previsto en el Acuerdo suscripto entre la OEA y el Estado Plurinacional. Este hecho sumado a las irresponsables declaraciones del Señor Luis Almagro nos lleva a concluir que existió una clara intencionalidad política, ajena al espíritu de la auditoría electoral. Es dable destacar, al día de la fecha no se ha publicado el informe final sobre la auditoría.
3. Esta Delegación corroboró que existió un accionar coordinado dirigido particularmente contra la dirigencia de los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Contamos con amplia documentación sobre múltiples coacciones sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad. Como resultado de esta estrategia de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto, después.
4. La renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y otros funcionarios y gobernadores de distintos niveles de gobierno, fueron consecuencia directa de la presión ejercida por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las múltiples amenazas contra los gobernantes, las humillaciones públicas, las agresiones físicas y los ataques a viviendas de familiares fueron factores coadyuvantes. Las sedes de los medios de comunicación públicos y comunitarios fueron tomados por grupos golpistas.
Con todo, es dable destacar que en ningún caso se cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por válidas, lo que las convierte en actos jurídicos inexistentes.
5. Pese a ello, el Gobierno de facto realizó una maniobra sin el más mínimo viso de legalidad para intentar legitimar nuevas autoridades. De este modo, la ciudadana boliviana Janine Áñez se autoproclamó presidente del Senado, primero, y presidente del Estado Plurinacional, después, en sesiones parlamentarias que no cumplieron los requisitos formales ni sustanciales para tal propósito. El acto de colocación de la banda presidencial por parte del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, es elocuente al respecto.
6. A partir de ese momento, el gobierno de facto adoptó una política de claros tintes dictatoriales y represivos contra las autoridades depuestas, los dirigentes políticos y sociales afines al gobierno constitucional y el conjunto de los sectores más vulnerables de la población, en particular la perteneciente a los pueblos originarios. Asimismo, comienzan a vislumbrase una expansión de las prácticas autoritarias contra sectores de otros espacios políticos y sociales. En este contexto, se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carácter sistemático y por tanto constituyen delitos de lesa humanidad.
2. Violaciones a los Derechos Humanos
Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos vulnerables.
Esta delegación logró constatar la existencia de las siguientes situaciones:
Masacres perpetradas contra población civil:
Sacaba (Cochabamba) con al menos seis muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas.
Senkata (Ciudad del Alto) con al menos nueve muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas.
Desaparición forzada de personas
Esta delegación logró constatar situaciones de desapariciones forzadas de personas a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero.
Torturas, violaciones y delitos sexuales
Esta delegación logró constatar situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.
Recibimos testimonios sobre estos delitos, en algunos casos de parte de las propias víctimas y en otros casos de parte de otros testigos. El miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la población.
Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares
Esta delegación logró constatar una cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos. Las situaciones relevadas indican la habilitación de “zonas liberadas” para la actuación de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Cruceñista.
Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales
Esta delegación logró constatar la irrupción y destrucción de casas particulares, particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizadas por Fuerzas Armadas, con el objeto de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. Además de la persecución, todos estos grupos han visto afectados sus derechos más elementales.
Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa
Diversos testigos han relatado la existencia de listas negras. Esta situación es coincidente con las declaraciones públicas del ministro Murillo quien dijera: “Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (…). A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales”.
Asimismo, hemos constatado que numerosos militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garantía procesal. En particular, se les ha negado el derecho a la defensa tanto particular como pública. En ese sentido, los defensores públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas.
Represión de manifestaciones públicas
Se constataron diversos casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencias recogidas describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales fraguados, y procesados por sedición y terrorismo.
Restricción manifiesta de la libertad de prensa
La delegación ha tomado contacto con periodistas de medios locales quienes han referido haber sido víctimas de hostigamientos, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión. La prensa internacional también ha sido víctima de hostigamientos y acoso. Especial gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino Sebastián Moro.
Promoción del racismo y los discursos de odio
Hemos constatado la utilización de discursos racistas y de odio, por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión. Son significativas, además, otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, la destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera wiphala.
Negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción
Hemos verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les han negado las garantías necesarias para poder salir del país.
Inacción y encubrimiento del poder judicial
El poder judicial se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto del acceso a la justicia.
Para esta Delegación fue imposible reunirse con funcionarios del poder judicial, la acusación pública o la defensa pública, a pesar de los reiterados requerimientos realizados.
Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales
Esta delegación pudo constatar, en su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales. Algunas integrantes de la delegación fueron sometidas una exhaustiva requisa para la que se les exigió desvestirse. Luego de que se nos permitiera continuar hacia nuestra conexión a La Paz, fuimos abordados por un grupo de aproximadamente doce personas vestidas de civil, en un pasillo del aeropuerto que se encontraba curiosamente desierto en el que solo estaban presentes miembros de las fuerzas de seguridad que dejaron actuar a este grupo. Estas personas nos agredieron verbal y físicamente y nos amenazaron.
Al día siguiente, el Ministro de Gobierno Arturo Murillo, al referirse a los hechos acontecidos la noche anterior, dijo lo siguiente: “Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, hechos las mansas palomitas, a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo”. “En el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo y sedición, se la verán con los policías. La policía está atenta y tiene la orden para no permitir que se dañe el país, no hay tolerancia con terrorismo, sedición y movimientos armados”.
Por la tarde, un grupo de Delegación que había ido a visitar a una senadora en huelga de hambre en la Asamblea Nacional, fueron víctimas de acoso y hostigamiento por parte de grupos de choque allí los estaban esperando.
En todo momento, durante nuestra visita a Bolivia, hemos sido vigilados, seguidos y espiados en todas las actividades que realizamos.
Cabe destacar que las fuerzas armadas y policiales contaron con un manto de impunidad para su accionar represivo a raíz de la sanción del Decreto Supremo 4078 y la circular del General de Brigada Luis Salazar Escobar que permite establecer “zonas militares”. Estos y otros elementos, sumado a declaraciones públicas de altos funcionarios, no deja duda alguna para establecer la naturaleza sistemática de estas violaciones a los derechos humanos y crímenes de estado, por lo que esta Delegación considera que encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
Hacemos un llamamiento a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y a toda la comunidad internacional para que se comprometan con la tutela de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y culturales que se encuentran amenazados por el actual estado de cosas y que han sido sistemáticamente violados por el gobierno de facto.
Frente a esta situación, la apertura de un proceso electoral en los próximos ciento veinte días, que implique la recuperación de la plena vigencia de la democracia y el estado de derecho en el Estado Plurinacional de Bolivia, solo será posible en la medida en que se garanticen los derechos que hoy son sistemáticamente vulnerados. En particular, hemos recibido denuncias sobre persecuciones a militantes políticos, sociales y sindicales quienes refieren hostigamientos y la imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de reunión y toda actividad necesaria para la participación en dicho proceso. Para ello será indispensable la participación de observadores externos e independientes que monitoreen todas las instancias del proceso electoral.
La Delegación redactará y dará a conocer, en los próximos días, un informe completo detallando cada uno de los casos relevados en el marco de la nuestra visita.
Agustin Lecchi / Agustín Mingorance / Alicia Montoya / Aníbal Rubén Mosquera / Carlos Alfredo Juárez Centeno / Carlos Zaidman / Carolina Palacio / Cristina Vera Livitsanos / Daniel Catalano / Diego Morales / Federico Fagioli / Fernando Rey / Gabriela Carpineti / Gustavo Palmieri / Ignacio Andrés / Ismael Jalil / Iván Wrobel / Juan Grabois / Juan Martín Hissa / Juan Monteverde / Juana Marisa Llanos / Leonardo Pérez Esquivel / Lisandro Ulises Arijon / Luis Arias / Manuel Alejandro Rivero / Marcos Norberto Novo / Marianela Navarro / Mario Andrés López / Martín Miguel Ferrari / Mauricio César Rojas Garrido / Natalia Zaracho / Pablo Garciarena / Pablo Pimentel / Roberto Carlés / Samanta Jimena Delgado / Sandra Carreño / Sergio Job / Sergio Smietniansky / Simeón Darian Casimiro / Victoria Freire
La tasa de inflación para noviembre muestra un aumento de 4,76% respecto a octubre. Según IPC Online, la variación de precios fue mayor al mes pasado y acumula en el corriente año 47,28%. La interanual llega a 49,74%.
El capítulo Alimentos y bebidos se mantuvo especialmente activo todas las semanas totalizando un aumento del 5,47%.
Especial incidencia este mes lo tuvieron Educación con 7,58% y Transporte y comunicaciones con 6,03% de alzas respectivamente.
La primera semana de noviembre reflejó el impacto de estos dos capítulos asociados a ajustes en el precio de cuotas de colegios privados, por un lado, y telefonía celular y combustibles, por el otro.
Todos los capítulos registraron alzas en el siguiente orden Educación (7,58%), Transporte y comunicaciones (6,03%), Alimentos y bebidas (5,47%), Atención médica y gastos para la salud (5,29%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,98%), Otros bienes y servicios (4,08%), Vivienda y servicios básicos (2,91%), Indumentaria (2,28%) y Esparcimiento (1,80%).
“Queda por ver como cerrará el año 2019 siendo que diciembre se anticipa como estacionalmente alto a lo que se unen cambios de política asociados”, destaca el informe.
? Desde las 18:30 convocados por el CCultural La Panaderia y FM De la Calle un conjunto de trabajadorxs de la cultura y comunicadorxs organizamos la jornada :
? ! Latinoamérica despierta! – Resistencia cultural CONTRA EL GOLPE DE ESTADO.
Como un espacio de manifestación y construcción de memoria frente al racismo, el colonialismo y el avance de la cultura autoritaria y golpista como está sucediendo en Bolivia. Como también para reivindicar el derecho a la rebeldía de los pueblos.
? Desde las 18:30 se desarrollara una RADIO ABIERTA . ¡Venite con el termo y mate!
? A partir de las 20:00 cortamos la calle y se suman diversas intervenciones culturales hasta la medianoche.
? Si tenes, tráete un pedazo de tela con algunos de los colores de la Whipala, de la suma de retazos confeccionamos la bandera multicolor de los pueblos originarios.
#LatinoamericaDespierta
#AbajoelGolpeenBolivia
La justicia condenó a integrantes de la patota que intentó tomar violentamente el Frigorífico Recuperado INCOB el 17 de noviembre de 2015.
El grupo estaba encabezado por el entonces presidente de la cooperativa cuestionado por sus compañeras y compañeros por su administración fraudulenta y su enriquecimiento personal.
Enrique Orlando Garaggiola y su hijo Ezequiel Andrés fueron condenados a dos años de prisión condicional por lesiones graves y amenazas agravadas por el uso de armas, respectivamente. Reinaldo Pascual Hernández fue castigado con dos años y medio de cárcel en suspenso por portación ilegal de arma de fuego de uso civil.
El abogado Leandro Aparicio dijo a FM De la Calle que la estrategia de la querella fue acreditar “quién era Garaggiola, qué hacía, dónde estaban, cómo cobraban los trabajadores, cómo trataba a las mujeres y a otras personas a las que consideraba indios. Él era un empresario”.
“Estoy conforme con el fallo aunque tardó cuatro años. La prueba era un video y los testigos. Imaginate para probar las estafas. Este señor no comía solo, le pagaba a otra gente más, pero va a llegar. También estoy conforme porque las víctimas están contenidas. Es una cooperativa que se la bancó, el símbolo es Willy Guenemil que trató de frenar el ataque con la mano, le pegaron un palazo, le rompieron el dedo y le dejaron la mano inutilizable”, detalló.
La jueza María Mercedes Rico tuvo por probado que “existía un conflicto previo, generado a partir de los reclamos de los socios que conformaban la cooperativa del frigorífico INCOB, quienes desde hacía un tiempo venían advirtiendo un irregular manejo por parte de quien, para esa época, era el presidente”.
Las y los testigos “mencionaron que exigían mayor transparencia, exhibición de balances y cambio de autoridades y que, con ese fin, ya en el mes de septiembre de 2015, habían convocado a una asamblea”.
“Es en ese marco, con un conflicto ya instalado y con gestiones iniciadas ante el INAES por algunos de sus compañeros que habían viajado a Buenos Aires, que ese 17 de noviembre de 2015, se encontraban en su lugar de trabajo, manifestándose en forma pacífica -con bombos y banderas-, a la espera de novedades”.
La magistrada destacó que el ataque de los imputados y otros hombres fue una conducta “a partir de una irrupción abrupta, violenta y absolutamente injustificada”.
“La prueba recibida ha sido abundante y absolutamente coincidente. Todos los testigos han relatado lo ocurrido en forma clara, precisa y simple y he podido advertir, a partir de sus palabras y expresiones, los sentimientos que en ellos ha provocado la lamentable situación vivida. Cada uno explicó lo ocurrido ese día con absoluta espontaneidad y, -entiendo- en forma sincera. Todos ellos me han impresionado veraces y sus relatos han sido, en lo sustancial, coincidentes, no solo entre sí sino también con las imágenes que he visto en los videos acompañados”, escribió en el fallo.
La Corriente Clasista y Combativa se movilizó ayer hasta la Municipalidad para reclamar la entrega de alimentos a comedores y merenderos de los barrios de la periferia.
“Hay una situación dramática porque estamos hablando de 29 merenderos y comedores, 2155 chicos de hasta seis años que están registrados, muchos más de mayor edad, y 211 jubilados. El municipio hace dos meses que nos dejó de dar los alimentos”, señaló César García a FM De La Calle.
“Nos han dicho que tenemos que esperar hasta el 10 diciembre que cambian las autoridades. Acá no cambia ninguna autoridad, tienen el mismo color político hasta el 10 de diciembre, las compañeras están recorriendo los negocios de los vecinos y es el Estado el que tiene que hacerse cargo. Las elecciones pasan pero el hambre queda”, afirmó.
Consultado acerca de las excusas municipales, García comentó que “dicen que provincia les da los alimentos y que hubo una inundación. Nosotros sabemos muy bien qué hicieron antes de las elecciones y todo lo que repartieron. Que distribuyeron el oro y el moro en todos los barrios”.
“La gente se da cuenta, tuvimos en la semana contacto con autoridades. Nos piden mandar a la gente a que hable con una trabajadora social y que vean en qué situación está y que por ahí les dan un bolsón de mercadería. Es poco serio y es no entender la realidad: un bolsón dura dos o tres días”.
La periodista Jesica Ripodas relató algunos de los episodios de violencia que sufrió en el ejercicio de su profesión en diferentes medios y etapas de su carrera.
Lo hizo rodeada de sus compañeras de la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, en el marco de la presentación de los resultados de la encuesta sobre violencias realizada a más de un centenar de trabajadoras de medios locales.
“A mí me pasa algo particular que tiene que ver con el amor a la profesión -aseguró-. La primera vez que se me pasó por la cabeza trabajar de esto me encantó y le puse toda la garra. En el camino me encontré con situaciones poco felices pero nunca, nunca, ni cuando tenía 23 años, me permitieron que bajara los brazos. Por momentos me sentí mal por eso pero siempre decidí seguir adelante con la decisión de laburar pese a todas”.
“Sí hoy, de la mano de todas ellas, puedo ver que un montón de cosas no fueron gratis. Cuando tenía veinti tantos años, estaba trabajando en un medio de comunicación y, en un momento determinado, cuando el dueño decide echarme y yo respondo con la demanda desde el punto de vista laboral y legal, me cruza en la Municipalidad de Bahía Blanca -yo estaba trabajando con otro medio- y me pega una trompada”.
Recordó que “con mis veinti tantos años y con un micrófono en la mano. Tenía un par de compañeras al lado mío. Fuimos a la fiscalía a hacer la denuncia -con esa edad y con el miedo pertinente- y no sabíamos cómo iba a terminar esa situación. Yo no sabía si iba a poder conseguir otro trabajo y la seguí remando”.
“Pasaron más de diez años y cuando estaba embarazada, no hace mucho tiempo, el gerente de un canal decidió hacer lo suyo: hostigarme, maltratarme, intentar cambiar mi horario porque no era servil a algunas cuestiones que no debía serlo, honestamente creía que no. Tenía temor de perder mi trabajo y denuncié porque no corresponde. Veía el sufrimiento, primero mío cuando estaba embarazada, y cuando no me permitió amamantar porque quería hacer lo que se le antojaba conmigo, me iba llorando y él me disfrutaba. Así y todo junté las ganas que tenía o lo poco que me quedaba y me fui a hacer la denuncia”, dijo.
Ripodas destacó que “en todos los casos hice la denuncia. No sé si mañana voy a seguir teniendo trabajo, pero sí sé que me fui siempre con la frente bien alta. Y otra cosa sé: que no quiero que a ellas les pase lo mismo. Yo no lo voy a permitir”.
Se proyectará el documental Ni Un Pibe Menos, dirigido por Antonio Manco. La actividad, organizada por La Garganta Poderosa, será este sábado a las 14:30 en el espacio cultural “Casa del Pueblo” de Saavedra 282.
“Este caso es con lo que empezó La Garganta Poderosa. Se visibiliza la historia de Kevin, un nene de 9 años de Zavaleta que en una zona liberada y, tras una balacera, muere debajo de la mesa de su casa”, dijo Rocío Soto a FM De la Calle.
Agregó que a partir del hecho, “la asamblea de vecinos dijo ‘acá no tiene que morir ningún Kevin más’ y activó el control popular de la policía. Se encargan de vigilar a quienes debería cuidarnos. Se generó este espacio que hace lo que el Estado debería hacer. Hasta hoy se están recibiendo denuncias de abuso policía. Ese crimen todavía está impune, se sigue luchando, se siguen haciendo marchas para terminar con esta impunidad”.
Respecto a la militancia barrial en la ciudad, Rocío señaló que están intentando “terminar de cerrar el vagón, que está restaurado en la calle Santa Cruz al 3300 y estamos trabajando en los barrios Tierras Argentinas y Puertas del Sur”.
“Estamos trabajando la educación popular con ESI y también se están activando las escuelitas de fútbol para contención de los chicos. Estamos pensando en hacer ollas populares. En enero cierra el merendero que está dentro del barrio y los comedores, se toman un mes pero por más que se vayan de vacaciones los chicos tienen que seguir comiendo”.
El Juzgado Federal N° 1 amplió las imputaciones contra 25 acusados por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos. Uno de los tres fallos refiere a la violencia sexual ejercida sobre las mujeres en los lugares de cautiverio por parte de 15 militares.
En la causa se investigan crímenes cometidos por el Comando V Cuerpo de Ejército y/o las unidades militares, policiales y de seguridad bajo su control. La Fiscalía apeló parcialmente las sentencias por no haberse aceptado el pedido de prisión preventiva para los represores.
Los procesamientos se suman a los del oficial médico del Hospital Militar de Evacuaciones 181 Humberto Luis Fortunato Adalberti, por el secuestro agravado y los tormentos agravados en perjuicio de Mario Orlando Dalhoff, la ampiación del procesamiento del enfermero militar Adalberto Osvaldo Bonini por el secuestro agravado y los tormentos agravados de los que fue víctima Alicia Mabel Partnoy.
En el marco de la misma investigación se espera que el tribunal oral fije fecha de inicio a un nuevo debate oral. Será el juicio más grande que se haya realizado en Bahía Blanca con 46 imputados (15 de los cuales serán juzgados por primera vez), 231 víctimas (77 de las cuales llegan por primera vez a juicio) y –por el momento– más de doscientos nuevos testigos.
Los fallos
El 4 de noviembre el Juzgado amplió el procesamiento de Osvaldo Bernardino
Páez, Guillermo Julio González Chipont, Walter Bartolomé Tejada, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Osvaldo Lucio Sierra, Víctor Raúl Aguirre, Alejandro Osvaldo Marjanov, Antonio Miguel Seghighi, Alejandro Lawless, Raúl Esteban Andrés, Vicente Alfredo Flores, Enrique Stel y Eduardo Carlos Videla en relación a los abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos mujeres mantenidas en cautiverio en el Batallón de Comunicaciones 181, una de ellas víctima de violación.
La Fiscalía informó que la acusación por el secuestro y los tormentos de ambas víctimas será analizada en el próximo juicio de la causa Ejército.
El 11 de noviembre un nuevo fallo amplió el procesamiento de 18 imputados en relación a hechos sufridos por tres víctimas. Por el homicidio bajo modalidad de desaparición forzada de Manuel Alberto Ruzo fue procesado Ricardo Claudio Gandolfo. Y respecto al homicidio agravado de Pedro Benigno Gutiérrez resultaron procesados Jorge Aníbal Masson, Mario Alberto Casela, Walter Bartolomé Tejada, Osvaldo Lucio Sierra, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre y Enrique José Del Pino.
Igual medida se dictó en relación al secuestro agravado y las torturas agravadas sufridas por María Eugenia Flores Riquelme respecto a Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada, Guillermo Julio González Chipont, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal, Víctor Raúl Aguirre, Felipe Ayala, Raúl Artemio Domínguez, Desiderio Andrés González, Arsenio Lavayén, Gabriel Cañicul y Héctor Luis Selaya.
Por el último, el miércoles pasado, el Juzgado dispuso ampliar el procesamiento de Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Taffarel y Víctor Raúl Aguirre por los secuestros agravados y las torturas agravadas cometidas en perjuicio de Carlos Gustavo Domínguez y Marina Marcela Herrero; así como el procesamiento de Jorge Horacio Granada y Guillermo Julio González Chipont por el caso de Herrero.
Rodolfo Mederos está en Bahía Blanca para participar del Festival TangoSur. Entre otras actividades, protagonizará la función de cierre de este viernes junto con uno de los bandoneones de su orquesta típica, Miguel Ángel Caragliano.
Esta mañana dialogó con Astor Vitali en el programa En Eso Estamos. Por la tarde será uno de los panelistas de la carla-debate “Pasado, presente y porvenir de la música popular”. Estará en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera con Caragliano, Agustín Guerrero y Leonel Capitano.
FM De la Calle transmitirá desde las 18 por el 87.9 Mhz.
“Es curiosa esta trilogía: Estado, mercado y hacedor. Viéndolo desde arriba, todos son seres humanos. El mercado, el Estado y el tango son consecuencia del ser humano. El ser humano ha decidido organizarse de esa manera, tiene Estados que no le conviene y mercados que no les sirven, pareciera que inventa formas de estar en la tierra que no son muy convenientes”, afirmó.
Agregó que “en medio de este caldo surgen las músicas, genuinas, con alto poder de representatividad que por supuesto no son representadas ni por el mercado ni por los gobiernos, sino no estaríamos en una radio como esta. Pareciera que son internas en la raza humana. Hay que hacer paritarias, hablar con gobiernos, con el mercado, inventar festivales autogestionados”.
“Yendo a la tierra, el mercado es esa invención tóxica que tenemos que cargar como una mochila, hay que hacer música pero que se venda, necesitamos vivir de esto, vivir es vender y vender es como mancillar lo que hacemos, es como vender los hijos. Se le pone un precio de mercado, no por el propio valor sino por otras razones, terminamos siendo una especie de cloaca donde intentamos hacer algo bueno pero enseguida tenemos que tirar la cadena. Hay que ponerlo en una buena vidriera”, afirmó Mederos.
El bandoneonista destacó que “la música tiene que abrirse paso. ¿Cuándo es genuina? ¿Cuando le hace pito catalán al mercado? Entonces, no vende. ¿Qué pecados debe cometer el músico que quiere hacer su tarea de buena manera para no quedar fuera del sistema? ¿No es perverso? ¿No haría falta que toda la humanidad haga psicoanálisis?”.
“La organización de la raza humana nos obliga a tener ciertas actitudes y a elaborar lo que hacemos casi predestinadamente. Pero, ¿esa música va a gustar? Pero eso ya lo hizo otro. Pero ¿eso será moderno? Toda esas preguntas se las hace el músico, un productor y también el público”.
“Con lo cual hay una infectación de la evaluación de qué es lo artístico, qué es esa puta melodía que acabo de componer, a quién representa, cómo se abre paso en medio de esta descomunal y desigual batalla que es: cómo hago para que esta música me dé de comer mañana y cómo hago para comer mañana no haciendo algo de lo cual me tenga que arrepentir”, concluyó.
La agenda
JUEVES
SEDE CULTURAL de la COOPERATIVA OBRERA (ZELARRAYÁN 560)
18 horas
Charla-debate
“Pasado, presente y porvenir de la música popular”
Panel con Rodolfo Mederos, Miguel Ángel Caragliano, Agustín Guerrero y Leonel Capitano.
Entrada libre y gratuita.
CENTRO CULTURAL LA PANADERÍA (LAMADRID 544)
Segunda noche del festival
21.30 horas
Alberto D’Alessandro – Bahía Blanca Tango – La Viaraza
23 horas
Trío Berretín y después…
Tocamos, cantamos y bailamos “a la parrilla”
Entrada general $150
______________________________________
VIERNES
CONSERVATORIO DE MÚSICA (LAMADRID 441)
11 horas
Hagamos el tango
Ensayo abierto a cargo de Rodolfo Mederos y Miguel Ángel Caragliano (Buenos Aires) con la Orquesta Típica En Conserva (Bahía Blanca).
Libre y gratuito en calidad de oyentes con inscripción previa.
SEDE GREMIAL UMSur (ZELARRAYÁN 692)
14 horas
Análisis y composición del tango en el siglo XXI
Taller a cargo del pianista, compositor, director y arreglador Agustín Guerrero
(Burzaco, Buenos Aires). Libre y gratuito con inscripción previa.
TEATRO GRAN PLAZA (ALSINA 170, ALTOS)
Gran cierre del festival
21.30 horas
Rodolfo Mederos, Miguel Ángel Caragliano y Orquesta Típica En Conserva – Lucio Passarelli Cuarteto y la voz de Susana Matilla – Agustín Guerrero y Leonel Capitano – Víctor Volpe y Nora Roca.
Entrada general $300
“Muchas veces se preguntarán porqué habiendo periodistas mujeres no se tratan con perspectiva de género ciertas noticias. No se tratan porque no nos dejan opinar, porque en su mayoría son hombres y también este informe se trata de darle herramientas a las colegas para decir: ‘ahora ya nos vieron, en esta estamos todas juntas”.
Virginia Pascual, periodista e integrante de la Red de Comunicadoras Bahía Blanca, repasó en FM De la Calle la experiencia del trabajo colectivo que implicó la realización de la encuesta a trabajadoras de medios.
La periodista destacó que “más del 90 por ciento de las que respondimos estamos trabajado. De ellas, 7 de cada 10 lo hacemos en medios privados. No solo para resistir sino para visibilizar ciertas circunstancias que nos tocan a las comunicadoras les va a servir a las compañeras para opinar.”
“Recién hoy y después de casi un año de laburar en la red, de conocernos, caí en la cuenta que hace 20 años que laburo en periodismo y creo que el 95% del tiempo mi condición fue como no registrada. Ahora estoy con un tema de salud, si a mí me pasaba esto en otro momento yo no tenía ni siquiera una obra social. Me considero una mina que me pienso todo el tiempo y recién hoy cuando empezamos a ver la jornada del lunes dije: esto me está pasando y no lo había considerado como una violencia”, afirmó.
Respecto a los datos acerca de las violencias en ámbitos laborales señaló que “ninguna de nosotras dudó cuando alguna compañera habló de una situación de violencia pero, sin embargo, sabíamos que si salíamos a decirlo sin datos duros nos iban a ningunear o no nos iban a creer”.
“Hay un anecdotario muy rico y nos queremos tomar un tiempo prudente para trabajarlo porque es la violencia en primera persona. Algunas como Jesica (Ripodas) no tienen problemas en poner la cara, otras tal vez todavía tengan miedo de hacerlo pero vamos a seguir trabajando”.
Pascual aseguró que tras la presentación de los resultados el sentimiento es de”felicidad absoluta, la emoción a flor de piel. Cuando Jesica contaba que un dueño de medio fue y le pegó una piña en el medio de la sala de prensa y solamente yo me animé a acompañarla a fiscalía, hoy eso no va a pasar más. No vamos a tener que ir de a una o de a dos a fiscalía, donde además nos maltrataron también. Sin dudas va a haber una red que va a estar para contener, para ayudar, para actuar con quien lo necesite”.
Concejales de Cambiemos de Coronel Suárez pretenden aprobar este jueves, en la última sesión antes del cambio de gobierno, una normativa que habilita a fumigar a 50 metros de las viviendas y a 30 metros de cursos de agua. Otro proyecto presentado por integrantes de la comunidad buscaba legislar hace más de un año en resguardo de la salud de la población.
Lucia Borsella, integrante de la ONG Evolución Ambiental señaló a FM De la Calle: “El martes presentó un proyecto un funcionario de Cambiemos, dueño de una de las agronomías dentro del pueblo, con pretensiones que se apruebe mañana (por hoy). Quieren tratarlo sobre tablas y que en la última sesión se apruebe que nos fumiguen en la vereda de enfrente a las casas”.
“Sabemos que lo necesario es la prohibición de la aplicación de agrotóxicos. Presentamos un proyecto de ordenanza que estuvo cajoneado y, meses antes de las PASO, nos dijeron que si no lo presentábamos por un bloque no iba a salir. Fuimos a ver concejales, hubo reuniones, negociamos metros, era hasta 600 metros con la promesa de año a año ir extendiendo. Llamamos a pediatras, médicos, ingenieros, venimos haciendo un trabajo profundo”, dijo.
La suarence comentó que están “rodeados de campos, los barrios que se expandieron lindan con las fumigaciones, recibimos constantemente fotos, denuncias, no hay nada que lo prohíba. Quienes están en agroindustria no tienen la voluntad de tomarnos la denuncia. Plantean que el vecino tiene que pagarles el combustible para que se acerquen a corroborar las denuncias. Quienes nos representan son los dueños de las agronomías y quienes nos fumigan. En estas cuestiones no hay grieta”.
El proyecto plantea una “zona de amortiguamiento” de mil metros, sectores donde no se puede aplicar otros productos que no estén bajo la denominación “Banda Verde”. “Uno de los productos banda verde es el glifosato”, comentó Borsella.
“En Suárez tenemos mas de 30 depósitos de expendio de agroquímicos, chicos que asisten a escuelas rurales, docentes que tienen cuestiones que les hacen ruido pero por una cuestión de dependencia laboral no se denuncia. A las docentes nos sucede que muchos de los dueños de campos donan el chancho para la rifa, sostienen algunas cuestiones que hacen que tampoco se animen y puedan cortar con este juego bastante macabro”, finalizó.
Un plenario de comisiones del Concejo Deliberante reunió a concejales, integrantes de la Comisión de Arbolado Urbano, representantes del grupo inversor y funcionarios municipales. Una vez más el tema de análisis fue la propuesta para eliminar la Plaza Lavalle para construir cocheras subterráneas y una plaza seca.
Desde la Comisión destacó la ausencia de la jefa del Departamento de Parques Municipales, Erica Gutiérrez.
“Es un proyecto bastante ambiguo, en modo de boceto de como llevar a cabo la modificación de la plaza. El gran ausente fue la pata del Estado municipal que lo propone y lo impulsa. Ahí sale a la luz que no todo es tan sencillo de llevar a cabo y algunas cosas son totalmente inaplicables como sacar el arbolado y trasladado a otro lugar”, dijo a FM De la Calle Mercedes Insausti.
Según la ex concejala, la propuesta “no es sólida en concepto, no tienen en claro cómo van a trasladar el arbolado, ellos dicen que en vez de perder verde van a ganar porque van a extender la peatonal a las calles aledañas donde se va a tratar de hacer una especie de polo gastronómico, donde se harán canteros con arbustos. Esto no garantiza la presencia de árboles y sí condicionan a una plaza seca. Para llevar a cota cero la plaza que está a un metro veinte si o si se habla de sacar árboles”, destacó.
Insausti afirmó que se pidió información concreta: “No la tenían a mano, dijeron que lo de las cochearas era un medio para poder financiar la propuesta, no lo discutimos como tal. El tema es que necesitamos mayores precisiones, no se puede perder más verde en la ciudad”.
El oficialismo busca declarar el proyecto de interés público para realizar su diagramación. “Como es algo que atañe a concejales, se pusieron a discutir y la oposición quiso saber qué alcance tenía esa declaración porque si era una carta blanca para avanzar no estaban dispuestos a hacerlo. Va a haber más reuniones, se va a avanzar sobre la idea que de existir una declaración de interés va a estar sujeta a modificaciones”.
Esta tarde se realizará un acto y una movilización desde las 18 en Plaza Rivadavia en apoyo a los pueblos den la región que son reprimidos por sus gobiernos. La propuesta surge del Comité de Solidaridad con Chile, Bolivia y Pueblos Latinoamericanos, como un espacio abierto a la participación de todos los sectores.
La feroz represión desatada contra los manifestantes con su saldo de muertes, torturas, violaciones y secuestros, exige el pronunciamiento y la movilización de quienes se sientan comprometidos con la democracia.
¡Abajo el golpe de Estado en Bolivia! Viva la rebelión popular en Chile. ¡Fuera Piñera! “La idea es la participación lo más amplia posible alrededor de esta consigna clara”, dijo a FM De la Calle el secretario de Derechos Humanos de la CTA, Dante Patrignani.
El dirigente destacó que a los casos de Bolivia y Chile ahora “se suma Colombia y algo que no tenemos muy presente que es lo que pasa en Haití donde desde hace un tiempo se viene reprimiendo ferozmente las protestas populares. Hay que multiplicar estas iniciativas de organización y difusión e incluso ver la solidaridad concreta para con estos pueblos”.
“Conscientes de que en los tiempos que vienen nuestro país va a estar rodeado por dictaduras, gobiernos neoliberales o surgidos de las urnas pero de corte netamente fascistas, misóginos y racistas como el de Bolsonaro. Esto no va a ser fácil para el gobierno ni para los ciudadanos que van a sufrir apretadas muy serias de estos sectores envalentonados”, afirmó.
Por otra parte, el próximo sábado desde las 18:30, el Centro Cultural La Panadería y FM De la Calle junto a trabajadoras/es de la cultura convocan a la jornada de resistencia Contra el Golpe de Estado !Latinoamerica despierta!
Será un espacio de manifestación y construcción de memoria frente al racismo, el colonialismo y el avance de la cultura autoritaria y golpista como esta sucediendo en Bolivia. Como también para reivindicar el derecho a la rebeldía de los pueblos.
“Las desigualdades que existen entre las comunicadoras son funcionales a que la rueda de la economía siga girando. El deterioro de las condiciones laborales y los salarios es general pero particularmente el sector de las y los periodistas es uno de los que más sufrieron las consecuencias, el que más perdió en términos reales su salario en los últimos cuatro años”, dijo la economista Agostina Costantino.
La columnista de FM De la Calle colaboró en el análisis de los datos obtenidos en la encuesta que presentó este lunes la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca. Uno de los aspectos relevados refiere a las condiciones laborales y las violencias que padecen las mujeres en los medios locales.
“Una de las violencias que es importante y muchas veces no se llega a visualizar es la económica. Me impresionaron mucho los resultados, casi la mitad de las comunicadoras trabaja en situaciones de algún grado de precariedad. Es decir, no trabajan en relación de dependencia, con una obra social, con un aporte jubilatorio, sin ningún registro, pasando por todo un abanico de distintas formas de precariedad, contratos de tiempos parciales, monotributo”, afirmó.
Costantino comentó que se evidenció que los ingresos de las comunicadoras “eran iguales o menores al salario mínimo de cuando se realizó la encuesta que era de 12 mil pesos, lo cual obliga a buscar un segundo trabajo, cuando muchas de ellas son sostén de familia. Es una información muy importante la que consiguieron para empezar a mejorar esas condiciones, más allá de eliminar todo tipo de violencia”.
“No es una excepcionalidad, sigue la tendencia que están teniendo muchos de los sectores de la economía pero más acentuado en el sector de las comunicaciones. Los altos niveles de concentración de medios, la injerencia de las nuevas tecnologías y de acceso a la información generan un caldo de cultivo para facilitar la mayor precarización de las y los comunicadores”.
Respecto de la concentración mediática, la economista mencionó que “el presupuesto de pauta publicitaria si lo ves por cantidad de medios por dueño son uno o dos los que reciben la mayor parte”.
“Parte de eso tiene que ver con el abandono por parte del Estado de los medios como una herramienta de comunicación de las propias políticas. Se ve un desinterés por parte de los estados en los distintos niveles de brindar por sí misma la información, por eso la falta de medios públicos. Ha habido un vaciamiento y desfinanciamiento casi total y ni hablar de los medios comunitarios que siempre terminan siendo los mas perjudicados”, afirmó.
El economista Francisco Cantamutto afirmó que “en el próximo mandato van a estar venciendo pagos de deuda de alrededor de 200 mil millones de dólares. Esto equivale a alrededor de un 40% de PBI. Una parte de los vencimientos, son muy veloces, muy a corto plazo”.
“De diciembre a junio vencen 15 mil millones de dólares, sumado a otros 13 mil millones más en pesos. En la caja del Central hay 12. La cuenta da negativa, la reestructuración no es un fenómeno que se puede dilatar”, dijo a FM De la Calle.
“Se está manejando la idea de patear para adelante los pagos de capital e interés, hasta dos, tres y cuatro años. La insostenibilidad que provocaron en la deuda en menos de 4 años es tal que si se hace una negociación con quita lo hace más peligroso que extender los pagos. Es un juego de tensiones que no está resuelto: reforma laboral, alguna privatización, no creo que sea viable pero las demandas y presiones vendrían por ahí”.
Uno de los candidatos a ministro de Hacienda es Daniel Marx. Al respecto, Cantamutto señaló que “no sería una buena noticia, es responsable del negociado turbio del megacanje, no sería buen antecedente que estuviera a cargo de la reestructuración”.
En referencia al Plan contra el Hambre del gobierno próximo, el economista señaló que “necesitan hacer que parte del capital productivo agropecuario permita regular el precio y volcarlo al consumo interno. No está del todo claro que esto sea algo que les de mucho placer. Frente a esto la propuesta del gobierno es estructurar un plan de la mano de la economía popular que va a llevar tiempo y los tiempos van a ser muy acelerados a partir de diciembre. Vamos a tener que seguir a coyuntura desde cerca”.
Docentes y autoridades del Centro de Educación Física Nº125 presentaron un petitorio ante el Consejo Escolar en el cual reclamaron el pago del alquiler de las instalaciones que utilizan en el Centro Comunitario San Roque.
“Hace muchos años que se adeuda el alquiler de la sede en Estomba 2375. Este año la Comisión Directiva puso los papeles en orden, tuvieron todo el año de negociaciones y a fines de noviembre se dice desde la provincia que no hay liquidez. Sospechan que no se les va a pagar porque el expediente está parado y, como necesitan cambiar el lugar, van a cambiar la cerradura y desalojarnos”, señaló la directora del CEF, Viviana Agudo, a FM De la Calle.
La institución tiene una matrícula de más de 500 alumnos y alumnas aunque el impacto de un eventual desalojo sería aun mayor.
“Hace 25 años que trabajamos en ese lugar, tiene toda las edades desde preescolar, hasta gente mayor. Damos natación, educación física, preescolar. Estamos involucrados con salitas médicas del lugar para atender desde la salud a un sector de la comunidad con alta vulnerabilidad”, expicó Agudo.
La directora agregó que “desde el Consejo Escolar nos dijeron que nos habían pagado, ahora dicen que faltan papeles, desde la Comisión Directiva de San Roque nos dicen que falta liquidez. Hemos seguido toda la vía jerárquica, la inspectora se ha comunicado con el Consejo Escolar, he hablado con la Comisión, hacemos este petitorio a ver si tenemos un poco más de peso y se puede destrabar la situación”.
