Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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La vicepresidenta de CICOP, Marta Márquez, conversó con FM De la Calle sobre el paro activo que llevan adelante desde el gremio ante la falta de convocatoria a paritarias por parte del gobierno provincial.
“No tuvimos ninguna respuesta a la carta documento que, emplazada para que en 72 horas nos convocaran, mañana estaremos haciendo la presentación judicial correspondiente. Entendemos que la provincia de Buenos Aires está incurriendo en un incumplimiento de los deberes de funcionario público al no convocarnos”, manifestó.
Consultada sobre cuál es la situación particular de lxs profesionales de salud en un contexto de inflación y devaluación de los salarios, Márquez explicó que “sin convocatoria paritaria no tenemos oportunidad de discutir: lo bajos que están nuestros salarios, lo desjerarquizada que está la profesión y el desastre que esto trae al sistema en general”.
“Porque, salarios bajos y malas condiciones de trabajo, hacen que tengamos servicios cerrados o semi-cerrados y también, que trabajemos en tan malas condiciones que, los profesionales o se van del sistema y aquellos que terminan las residencias no eligen quedarse, mayoritariamente, en lo público y entonces cuando tenemos cargos para ofrecer no tenemos quien los tome”, aseguró.
En el marco del Ni Una Menos, Verónica Bajo, artivista e integrante de Desbandadas y Acciones Feministas, se refirió en FM De la Calle a la actividad realizada en el barrio Villa Caracol el 3 de junio, a la manifestación del 4 y opinó sobre el proyecto de despenalización el aborto. “Fue una actividad muy movilizante por el contexto y por el mensaje que intentamos dejar a través del arte en espacios que no son ni la plaza Rivadavia ni la peatonal”, manifestó.
De la actividad también participaron las compañeras que reclaman justicia por Kathy, las tamboras de Monte Hermoso. La integrante de DesBandadas comentó qué sucede con las mujeres de la zona cuando se enteran de este tipo de encuentros: “primero es irrumpir, y al ser todas mujeres se da esa expectativa y curiosidad. Las mujeres mirando atrás de las cortinas de sus casas o que se sientan a 30 metros de donde estamos, es una imagen muy potente que siempre se repite”.
Respecto a la reunión del domingo remarcó que entre las presentes estuvo Silvia Martínez, mamá de Leonela Acosta, víctima de femicidio. Silvia está atravesando una situación “dramática por donde se la mire, el femicida la amenaza y va a salir el año que viene; sinceramente no sabemos qué va a pasar, le dijo que la próxima que sigue es ella, y que a sus hijos los va a convertir en mujeres”. Además está pasando por un momento de pobreza extrema y un problema de salud, “se desmayó con un proceso convulsivo cuando terminamos la actividad en Villa Caracol”.
Respecto a la movilización del Ni Una Menos, Bajo aseguró que está “muy feliz con este movimiento, principalmente de la concientización de mujeres tan jóvenes, es como un recambio. Hay cuerpos y voces que van comprendiendo. Es muy emocionante ver esta visceralidad feminista”.
Finalmente sobre el debate que se brindará en Diputados respecto a la despenalización del aborto comentó: “al principio era escéptica pero creo que va a pasar la ley. Votar en contra va a tener un costo, más allá de que hay una parte grandísima que está en contra del aborto, a pesar de eso tengo una visión positiva. En el Senado puede estar más complicado”.
La Asociación de Docentes de la Universidad del Sur reclamó a los departamentos de la casa de altos estudios que fijen su postura respecto al ajuste del gobierno nacional mediante su adhesión o no a una Carta Abierta.
“Claramente es necesario que la universidad como institución deba emitir una opinión, fundamentalmente porque está siendo atacada. No solamente están siendo atacados sus trabajadores, sino que están siendo atacados sus estudiantes y está siendo atacada como institución educativa”, aseguró Sergio Zaninelli.
El dirigente se refirió a los dichos de la gobernadora Vidal sobre el acceso a las universidades públicas: “Claramente eso es un claro aviso a donde pretenden las políticas del gobierno empezar el ajuste”.
“Por eso es muy entendible y necesario, porque es casi en defensa propia, que la institución a través de sus órganos de gobierno que son: los Consejos Departamentales, el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria se posicionen en defensa de la educación pública, en defensa de la universidad pública, en defensa de los estudiantes y en defensa de sus trabajadores. No pretendemos una actitud corporativa de defensa laboral y salarial”.
Además del reclamo salarial Zaninelli sostuvo que “claramente a inicio del año desde el Ministerio de Educación de la Nación se anunció que, se iba a recortar 3 mil millones de pesos del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional y hoy un presupuesto que, producto de la devaluación de nuestra moneda ha quedado de alguna manera devaluado”.
“Tenemos un convenio colectivo de trabajo, tenemos también de alguna manera el ataque del gobierno cuando nos dice el presidente Macri: ‘Estamos yendo al choque con los gremios pero no les vamos a soltar la mano’, en relación a la lucha docente y creo que ese es un ataque al trabajador. Tenemos un convenio colectivo de trabajo desde el 2015 que no llega a aplicar todavía en su totalidad, ni en nuestra universidad y mucho menos en otras que inclusive lo desconocen. Y el último punto es el tema de las jubilaciones”.
Luego de la manifestación realizada esta mañana frente al palacio municipal, el titular de la Cámara de Taxista de Bahía Blanca, Sergio Moreno habló con FM De la Calle sobre las medidas de fuerzas y los reclamos que plantearon al Municipio ante la proliferación de los taxis truchos.
“La semana pasada se había presentado una nota al intendente como una forma de que haya un reacción respecto a los funcionarios y que terminemos de solucionar este problema que ya hace años estamos padeciendo, y que se está incrementando día a día y vemos la inacción de los funcionarios respecto a este tema”, aseguró.
Comentó que “el año pasado tuvimos una reunión con el intendente donde le presentamos un montón de información tanto de particulares que se publicitan en las redes sociales o hacen publicidad en cualquier otro medio, y eso también es muy grave. O sea, hay empresas que son conocidas, que tienen un domicilio conocido impositivamente como alquiler de autos sin chofer que están haciendo de forma regular, cubriendo servicios”.
Consultado sobre el crecimiento de los taxis y remises truchos sostuvo que “obviamente al estar dentro de la ilegalidad no hay una estadística perfecta. Pero así a vuelo de pájaro, entre todas las empresas hicimos un relevamiento y se ha cuadriplicado la cantidad de ilegales con respecto a los oficiales en la ciudad”.
Finalmente comentó que “estamos en asamblea permanente, en situación de emergencia y mañana se va a elevar dos demandas, porque tenemos todos los datos para llevar a fiscalía ya que la municipalidad no hace absolutamente nada. Vamos a presentar una demanda a la fiscalía por transporte ilegal y además, paralelamente vamos a presentar nosotros una demanda por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos a los responsables de la municipalidad”.
(Por Astor Vitali) Ni una menos 2018 tiene menos presencia en el ámbito de los medios masivos. El impacto que tuvo en sus orígenes obligó a profesionales de la comunicación a abordar el tema desde distintas perspectivas. Hay quienes sintieron la interpelación de un movimiento político que logró tomar fuerza suficiente como para poner en jaque la lógica hegemónica del machismo entonces imperante. Hay quienes simplemente se posicionaron en lugares políticamente correctos. Hay quienes salieron a provocar y a construir la defensa del patriarcado.
De cualquier manera, es indudable que el impulso que tomó el movimiento cambió todo y nos cambió a todos y a todas. Quienes nos encontramos detrás de un micrófono tenemos que pensar dos o más veces los términos que vamos a utilizar y bienvenido sea el problema. Porque nos obliga a trabajar creativamente con nuestra materia prima: el lenguaje. Nuestras audiencias nos escribieron, nos llamaron y nos dijeron: la “x” representa una falta de ortografía, entre otras cosas, mostrando que les altera más los “malos” usos y costumbres en el lenguaje que lo que implica en la realidad política el hecho de que se violen las normas del lenguaje sexista para que no se viole la dignidad humana.
Las dirigencias gremiales se vieron obligadas a replantear cosas. Lo que el varón dirigente sindical festejaba como “chiste” para “las chicas” primero fue objetado, luego reprochado y hoy no es tolerado. Porque si es violencia simbólica es un tipo de violencia y la violencia no se tolera. Si no les gusta: que se adapten. Millones tuvieron que adaptarse a los abusos sistemáticos tanto en términos de desigualdad laboral como en carácter de acoso y persecución. Y los dirigentes van a aprendiendo que si se combate la injusticia social también hay que practicar la justicia en todos los sentido.
El Ni una menos incomodó a todos los hombres y mujeres machistas. Por más progre que seas, en algún punto te incomodó. ¿Y cómo no iba a hacerlo si fuimos maleados bajo la imagen y semejanza del “pecado original”? Y es bueno que te siga incomodando porque eso significa que tenés que replantearte cosas. Implica que si se te señala que algo está mal ya no podés mirar para otro lado y tenés que hacerte cargo de tu machismo, micro o macro. Implica que tenés que pensar y actuar poniendo en duda lo que habías aprendido y ejercías. Implica que te duele el ego y te dolés vos porque te reconocés en el error y en la capacidad ser productor y reproductor de injusticias. El discurso feminista implica que te hagas cargo de que sos capaz que hacer daño. Tan progre que eras.
Aún cuando una parte de la militancia feminista y del movimiento de mujeres actúa como una mlitancia parcial al estilo posmoderno, el Ni una menos es, en términos de historia reciente, el movimiento político más importante. No hubo discurso proveniente de partidos políticos, de asociaciones o centrales gremiales, de iglesias ni de organizaciones sociales capaz de sacudir y movilizar a la sociedad como este movimiento, incluso en la micropolítica.
Esto habla de la capacidad del movimiento feminista organizado, por un lado, y de la pobreza de iniciativa de la política tradicional, por otro.
Hoy movilizarán millones y se volverá a discutir el tema en todas las mesas. Pero aunque eso no se diera así ya ocurrió lo más impactante que puede hacer una acción política que es su capacidad de transformar a la sociedad en todos sus niveles.
Para adelante resta hacer lo de siempre, exigir al Estado legislación en la materia y que la haga cumplir; lograr que la justicia viaje al siglo XXI; disputar en las organizaciones sociales y políticas y toda institución en sentido feminista, etc. Queda hacer lo que siempre se hace para cambiar algo: militar. Pero el impacto político del Ni una menos hizo que esa militancia parta de otra base y que el sentido hegemónico haya sido corrido. Porque ahora nadie –salvo rémoras de un pasado horrible- reivindica la violencia machista, ni en chiste. Porque ahora el “sentido común” no tolera sornas, risas ni burlas a favor de esa violencia machista.
Ni una menos es una clase abierta de política en tiempo real en un aula sin fronteras.
Manifestó Hugo Muleiro, periodista e integrante de la Dirección de Promoción y Capacitación de la Defensoría del Público, en su paso por la ciudad para brindar un taller sobre tratamiento de noticias policiales/seguridad/violencia institucional dirigido a estudiantes de periodismo. Desde la Defensoría brindan herramientas a los medios para abordar correctamente distintas temáticas, y a las audiencias para advertir situaciones que vulneren sus derechos.
“El concepto que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual trae es que la comunicación es una interacción, actores con derechos y posibilidades de accionar e incidir en la comunicación que se realiza. La Defensoría existe para representar esos derechos e intereses”, también para lidiar con “discursos ofensivos, personas que pudieran ser discriminadas, agendas informativas que no sean inclusivas –esa mirada estigmatizante sobre otro sector social como suele suceder con la niñez y adolescencia en nuestro país-”, comentó el periodista en FM De la Calle.
De hecho, la institución realiza desde 2013 una medición de noticieros (producto que más se reproduce en Argentina) en los cinco canales abiertos de Buenos Aires: “En el relevamiento lo mejor que ha pasado cuantitativamente es que del total de noticias estudiado, la presencia de niñez y adolescencia está entre 2,5% y 4,5%. Hablamos de invisibilización, salvo cuando están haciendo algo malo o son víctimas de delito”. En su opinión la obtención de mejoras comunicacionales respecto a este grupo es “mucho más lenta”.
Además, respecto a si las noticias policiales son posicionadas por los medios o ‘es lo que quiere la audiencia’ comentó que “hay porciones significativas de las audiencias que tiene predilección por esas noticias, puede variar según climas sociales/políticos/comunicacionales. Este requerimiento de las audiencias alimenta la factura mediática de la noticia escabrosa, el sensacionalismo. Ahora estaríamos en un pico de presencia de noticias policiales o vinculadas con (in)seguridad”.
Muleiro aseguró que “es un problema” porque la preocupación en las personas existe por hechos de la realidad. Pero “hay una sobre construcción, dependiendo de cada medio y comunicador. Hay épocas donde se exacerba la presencia mediática de este problema y otras que –por cuestiones tácticas de la política– retiran el tema; pero no han logrado que la sensación se extinga en la población”.
Mencionó que el problema en el sistema mediático en general, que amerita intervención de la Defensoría del Público, es que se entremezcla la realidad con el mensaje comunicacional, y éste es reproducido acríticamente. “Como comunicador, no esperaría que la policía me traiga un informe objetivo; tengo que tomar distancia y no reproducirlo como viene”, ejemplificó.
Al respecto apuntó: “Habría que poner en marcha un proceso de elaboración que nos permita adquirir la conciencia de que como audiencias tenemos posibilidades de participación y reclamos hacia los discursos imperantes para tratar de modificarlos. La principal palanca para que un medio de comunicación se corra de un determinado desempeño es su propia audiencia. Necesitamos audiencias críticas que exijan cambios”.
La defensoría lleva cinco años trabajando y “hay un progreso esperanzador de la conciencia de las audiencias de que son personas con derechos y, si están en la casa y un señor dice cualquier cosa por radio o tele, se puede poner en discusión. Esa porción de audiencia que va creciendo es activa, hoy hay reclamos por discursos discriminatorios –sobre todo contra la mujer–”.
Respecto a la Ley Corta, Muleiro comentó que la Defensoría realizó una reunión con especialistas en el Congreso y de las opiniones reunidas surgió “una mirada muy crítica hacia la concentración. El temor es que este tipo de iniciativas propiciaron una concentración todavía mayor a la que ya padecíamos”. También coincidieron en advertir que, a partir de mecánicas de concentración que crean actores con un poder virtualmente ilimitado, el derecho a la comunicación retroceda en la Argentina.
“Una empresa que venga y ofrezca todo el paquete de comunicación que el mundo te dice que necesitas para existir (el quíntuple play) va a generar actores poderosos que van a poder ofrecer todo eso, “quizás con manejos tarifarios que le van a permitir ser arbitrarios donde no tengan competencia y aplastarla donde la tengan. La situación es de mucha preocupación”, concluyó.
(Por Astor Vitali) El debate sobre las tarifas que se dio ayer en el senado argentino tuvo como eje la pre construcción del escenario electoral 2019. Se sabía de antemano que esa ley tendría poco vuelo ya que sería vetada. Con ello, nadie estaba discutiendo qué ocurriría concretamente con las tarifas para mañana, cuando vos tengas que ir a pagar las boletas.
La (i) responsabilidad del veto es enteramente del presidente Mauricio Macri. Está dicho por la Corte –además del sentido común- que los aumentos de tarifas no pueden superar el índice de aumento salarial nominal. Y digo aumento nominal porque el valor real de los salarios no sólo no ha aumentado sino que disminuyó.
Dicho esto, también es menester recalcar que nadie estaba discutiendo ni accionando desde el poder legislativo para frenar concretamente el efecto atroz que tiene el tarifazo sobre la economía de la población asalariada y de los sectores excluidos.
Lo que se termina negociando entre votos, senadores que se levantan o se sientan, charlas telefónicas entre gobernadores y funcionarios, veto o no veto es una pulseada para ver quién puede posicionarse mejor frente a las cámaras.
En este escenario, es destacable la capacidad del macrismo de reflotar la idea de la pesada herencia y aducir que esto debe hacerse porque “hay que pagar lo que la energía vale” y “había un desastre que no fue anunciado desde el comienzo”. En todo caso el error habría sido “no anunciarlo de entrada”, debido al mal consejo de las huestes gradualistas.
Los medios masivos reproducen esto sin mayor convicción. Pero aun así les ha servido para construir las defensas oficialistas en medios y en legislatura.
En términos concretos, estos argumentos son fácilmente rebatibles dado que el precio de la energía no es un tema conveniente para quienes quieren subir las tarifas. Por eso ocultan los estudios de costos ya que, si se publicaran, deberían reconocer que lejos de una situación desastrosa para las empresas generadoras y distribuidoras, éstas han sido y son beneficiarias de enormes ganancias por el pago de precios mayores que en países. Ni que hablar del aumento de costos fijos.
Lo que ocurre es que nadie en los estamentos de poder y/o representación está dispuesto a discutir nada en serio. Y en parte esto es porque nadie quiere dar el debate de fondo que es ni más ni menos el problema de cómo se produce energía, para quién y con quién. El modelo energético no está puesto en discusión por ninguna fuerza política con representación parlamentaria y capacidad de mover el amperímetro.
Lo de ayer fue un espectáculo desagradable de pocos protagonistas. Pero además un espectáculo donde los intereses del público no importan. Porque da lo mismo el resultado, total hay una audiencia desvelada para ver cómo diablos hace para pagar la tarifa. La tarifa es obligatoria.
En otras palabras, si la mayoría del pueblo tiene por voluntad rechazar de plano el aumento de tarifas -y esto es constatable-, el veto presidencial es una medida contra el pueblo que debería representar un presidente. Se supone que ante esto todas las organizaciones se expresarán, ya que se habla de un gobierno de origen popular que ha dado la espalda a su ciudadanía. Esto se llama mal gobierno y da derecho al pueblo a tomar medidas de rechazo y en defensa propia.
Los representantes del pueblo representaron sus intereses de especulación partidaria y el representante máximo en un sistema presidentalista representó los intereses del FMI.
En otras palabras, la representación del pueblo argentino está vacante.
Integrantes de la Cooperativa Apícola Pampero (CAP), Camila Buscaglia y Facundo Baglioni, estuvieron en FM De la Calle conversando sobre su labor en la cooperativa de trabajo conformada en 2012 y asociada a la cámara de productores apícolas del sudeste bonaerense. Los productos se consiguen actualmente en la Cooperativa Obrera, alugnas dietéticas, y en Diarco.
Baglioni, quien forma parte del equipo de gestión de la cooperativa y la comisión de industrialización, comentó que la cooperativa surge por la “filosofía de agruparse para lograr un objetivo. Los técnicos habían descubierto la fórmula para un producto sanitario de la colmena (acaricida que no deja residuos en la miel y no afecta la vida de las abejas) y se conformaron así para continuar con el trabajo mancomunado”.
Respecto al acaricida orgánico ‘Aluen CAP’ se trata de un invento patentado en Argentina con licencia ya otorgada en Rusia y pedida en varios países más. Buscaglia (del área de diseño gráfico, parte de la comisión de consignación y de gestión de la cooperativa) dijo: “que sea de industria argentina es de suma importancia, la idea es poder conservarlo acá y que se exporte a otros lugares”. Además remarcó que el producto “tiene más del 95% de efectividad en cualquier clima: hay que valorar que fue descubierto en Bahía Blanca”.
Cabe destacar que lxs apicultores forman grupos en cada una de sus localidades, “se reúnen, comparten sus experiencias y tienen un asesor técnico que los acompañe. La Cámara Apícola Pampero asesora aproximadamente a veinte cooperativas. […] Eso asegura un funcionamiento colectivo en la Cámara”.
Lxs integrantes de la cooperativa aseguraron que “la actividad apícola es muy amplia y hay muchas tareas todo el año –especialmente en primavera-verano–. […] La idea es poder generar una apicultura autosustentable, […] lograr obtener miel libre de sintéticos”. Los precios de los productos se proponen en asamblea y luego son elevados a la asamblea de la Cámara para que también los aprueben.
El recambio generacional es un “grave problema porque la mayoría de los apicultores de la Cámara son grandes, de tradición familiar, enojados con la apicultura por ser un sector bastante bastardeado. Nosotros apostamos a generar más interés en la apicultura y aumentar el consumo de la miel, que tiene un índice bastante bajo en la Argentina mientras que a nivel mundial es un producto muy valioso”, afirmó Buscaglia.
Hace dos años llevan adelante charlas escolares en escuelas sobre apicultura y miel: “Dieron muchos resultados positivos; el cambio cultural es necesario hacerlo y tiene que venir acompañado de políticas públicas que favorezcan al sector, y restrinja el uso de agroquímicos”.
Baglioni aclaró que “el uso de agrotóxicos afecta a la apicultura directamente. No pueden convivir las colmenas en un campo que es fumigado con algún herbicida, fungicida o plaguicida, porque las abejas mueren y la miel se contamina. Argentina tiene un grave problema con el uso de agrotóxicos porque está muy poco regulado”.
Después de meses sin ser llamados por el gobierno de María Eugenia Vidal a discutir paritarias, lxs profesionales de la salud provincial decidieron recurrir a la justicia. Fernando Corsiglia, presidente de CICOP, aseguró a FM De la Calle que “es lamentable, va terminando el quinto mes del año y no tuvimos una reunión”.
“Lo que hemos decidido es en primer lugar, mandarle una carta documento que está saliendo en el día de hoy, al Ministro de Trabajo para que convoque a la paritaria obligándolo a que en un plazo de 72 horas esto ocurra y, luego, sí haremos la presentación judicial. La verdad, no es nuestra intención judicializar algo que el gobierno debiera estar permitiendo desde hace bastante tiempo”.
Expresó que “el 10 de mayo, luego de medida de fuerza y movilización que llevamos adelante trabajadores judiciales, ATE y algunos gremios docentes, nos convocaron a una reunión informal donde estuvieron presentes los vice ministros de Trabajo y de Economía”.
“Planteamos lo que planteamos habitualmente: la situación de salud, las condiciones en las que se trabaja, la situación salarial que es grave en esta dificultad para conseguir personal y, la imperiosa necesidad de tener una convocatoria. Pero no solo una convocatoria, sino propuesta salarial que se emparente con mejorar en serio las condiciones salariales de los profesionales de la salud”, aseguró.
El Concejo Deliberante analizará este jueves la rendición de cuentas municipal del 2017. Desde Integración Ciudadana “desaprobaron” los números y aseguraron que ponen en evidencia “un estilo de gobierno”.
“La rendición de cuentas es una apreciación de carácter político, sobre el cumplimiento de las metas y los compromisos presupuestarios que se asumen al momento de su aprobación y que, naturalmente deben ser evaluados desde ese ángulo por los concejales. El aporte que nosotros estamos haciendo es para mostrar grandes contradicciones en sus resultados y, fundamentalmente, el tema del estacionamiento medido aparece en el año 2017 donde queda en evidencia muy clara, las deficiencias que han existido en materia de gestión”, dijo Raúl Woscoff.
Uno de los puntos cuestionados por la agrupación es la rescisión del contrato de estacionamiento medido y pago en el marco de la cual “se abonaron sumas al concesionario cuando, de mediar causas justas para romper el vínculo contractual, no habría necesidad para ello. Por otra parte las deficiencias de implementación con el nuevo concesionario generaron incumplimiento en recursos afectados para instituciones, como también falta de percepción de multas a los infractores de las normas del estacionamiento”.
“Debe tenerse en claro que la SAPEM TRANSPORTE actúa por delegación del Intendente y ante las deficiencias de gestión de la primera, el segundo debió avocarse para evitar las distorsiones en la gestión. No debe olvidarse que el Tribunal de Cuentas ya ha tomado intervención en este tema con el fin de evaluar la aludida conducta. La coherencia impone que quienes desde el Concejo Deliberante se presentaran ante el organismo de contralor renueven su cuestionamiento”.
Por otra parte, afirmó Woscoff, la información necesaria para explicar y eventualmente justificar lo actuado, en general, de las gestiones desarrolladas por ambas SAPEM, no ha tomado estado público, pues no se encuentran publicados los balances y documentación relevante de las mismas, siendo obligatorio hacerlo de conformidad con la Ordenanza de Gobierno Abierto, impidiendo el control de las gestiones.
El ex concejal manifestó que el municipio realizó una compra a la Cooperativa 11 de Mayo “de casi 800 mil pesos en kilos de carne que aparecían con valores que no son compatibles con los valores de mercado existentes. Esas son dos partidas que aparecen con órdenes de compra que, en su momento fueron cuestionadas durante el 2017, en carnes y en pollos porque no correspondían a los valores de plaza. Lo que revela que alguien a lo mejor no compró del todo bien”.
Finalmente, el dirigente se refirió al sueldo del intendente y opinó que “es llamativo porque si hay una obligación legal para liquidarlo el tema es si esa misma obligación está para percibirlo. Yo creo que ahí éticamente hay una cuestión, por supuesto podemos disentir, no sólo con el beneficiario sino con muchos otros que si a lo mejor corresponde liquidarlo en esa forma hay que percibirlo íntegramente”.
“Pero es evidente que, en situaciones de grave distorsión en materia de ingresos en contra de los sectores más vulnerables, uno se pregunta si ya no es el momento de generar una suerte de fondo con parte de los ingresos, no solo de él sino de otros funcionarios políticos que tenga un destino justamente para emergencias sociales graves“, aseguró.
El abogado de la familia de Ángel Almada en la causa que investiga la muerte del joven violinista de Ingeniero White, Leandro Aparicio, dijo a FM De la Calle que en la investigación “hubo algunas pericias muy rantifusas, para decirlo en lunfardo, pero de hecho hay causas conexas donde hay imputados comisarios, ex-delegados, que obviamente uno no puede soslayarlas y que tienen relación a un encubrimiento que se ha realizado, y nadie va a hacer eso por un suicidio”.
“En esto ha trabajado mucho la familia y la gente amiga y la gente que a pesar de tener algún miedo ha declarado. Esta causa ha avanzado por el impulso que le ha dado la querella y se combina un poco la inmovilidad, como pasa ahora que hace tres meses que no tiene ningún tipo de movimiento desde que le llego al señor este fiscal”, manifestó en relación a Jorge Viego.
En cuanto a la causa que investiga el posible encubrimiento del caso, Aparicio explicó que “una vez que pueda ver lo que han declarado, veremos si nos sirve para la causa principal”.
“Estamos pendientes de las pruebas que hemos pedido anteriormente y que no van a llevar a acreditar los autores materiales para nosotros del homicidio de Ángel. Hasta que esas personas no sean halladas o no declaren la causa sigue en un limbo”, aseguró.
Los organismos de derechos humanos nacionales presentaron ante la Cámara Federal de Rosario un amicus curiae para pedir que no se reabra la causa Larrabure, un pedido que el Tribunal analiza desde la audiencia del 21 de marzo. La causa tiene como imputado a un ex-integrantes del ERP.
El periodista y diputado santafesino Carlos del Frade, quien investigó el caso, dijo a FM De la Calle que “en julio de 1974, se produce un intento de copamiento de la fábrica militar de Río Tercero en Córdoba, por un célula del Ejército Revolucionario del Pueblo. Como consecuencia del intento de ese copamiento, que no se lleva adelante, es secuestrado el entonces capitán del Ejército Argentino, Argentino Del Valle Larrabure”.
“A partir de ese momento, se dan negociaciones con el Ejército Argentino, y el Ejército se olvida de Larrabure, no quiere saber absolutamente nada con él. Cuando Larrabure se entera de esto se suicida en julio del año 1975, en un lugar donde estaba detenido acá en la zona sur de la ciudad de Rosario y luego su cadáver es encontrado en agosto de ese año, 1975”.
Del Frade comentó respecto a la causa judicial que “hasta muy entrada la década del ’80 en ningún momento se habla del asesinato de Larrabure. El mismo día que se está practicando la autopsia, en donde se habla entre otras cosas de ese potencial suicido y nunca se habla de asesinato, ya en Buenos Aires el juez federal Niklison declara que se trato de un asesinato después de torturas y de haberlo mal alimentado, al entonces capitán del ejército”.
“Por eso la reapertura del caso Larrabure no es solamente la reivindicación de la teoría de los dos demonios, sino que es la justificación hoy, en el presente, de aquellos que pusieron el cuerpo para defender a los titiriteros de los que realmente hicieron el golpe, que son los integrantes poder económico que gobiernan la Argentina a través de sus propios gerentes. Esto es lo más atroz, esto apunta directamente al presente y es lo que se quiere hacer incluso ahora con la idea de meter al Ejército en asuntos internos. Una fenomenal vuelta al pasado, un enorme retroceso y a eso le sirve la reapertura de la causa Larrabure”, aseguró.
El ex integrante del Coro Estable y de la Unión de Músicxs del Sur fue sentenciado este mediodía a 8 años de prisión por abusar de una menor. La secretaria de la UMSur, Irene Abreu participó de las audiencias la semana pasada y se refirió al respecto en FM De la Calle.
Sobre el juicio manifestó que “fue muy duro porque se pone mucha impotencia, frustración y sensibilidad en juego […] El comentario entre todos y todas es que se revictimiza a la persona que sufre el abuso. […] Es clarísimo lo inserto que esta en una cultura machista la responsabilización de la víctima donde es incuestionable, el abuso se cometió y esa persona tiene que pagar por el delito”.
Abreu habló de ‘revictimización de la víctima’ por determinadas preguntas que el defensor de Robaina, Avellaneda, le realizó a integrantes de la familia de la víctima. Si bien el tribunal “marcó escasos límites, fue inteligente la actuación de la fiscalía porque hizo énfasis en las pruebas”.
Robaina además de atleta era integrante de la UMSur, y participaba de varios espacios. Abreu aseguró que desde el gremio de músicxs lo tomaron como “un proceso lamentablemente extenso, profundamente doloroso, pero lo llevamos sin dudas. Respetamos los plazos de las víctimas involucradas, tiempos de denuncias, considerando que no se puede ser tibio en ese tipo de situaciones.
A través de una resolución emitida por la cúpula de la Gendarmería Nacional y publicada en el Boletín Oficial, se dio a conocer la decisión de permitirle a los efectivos de esa fuerza usar sus armas de fuego personales durante sus actos de servicio argumentando falta de recursos para garantizarles sus armas de dotación.
Desde la Red Argentina para el Desarme (R.A.D), emitieron un comunicado en el que sostienen que la resolución “va a contramano de las discusiones actuales a nivel internacional sobre la regulación de las armas de dotación. El sentido tomado por los países desarrollados en esta materia es el de regular y limitar el uso de armas de fuego por parte de los agentes de seguridad por fuera de su horario de servicio. Esta tendencia responde a un diagnóstico que muestra que la utilización de las armas de dotación por fuera del servicio aumenta los abusos policiales y los riesgos letales tanto de la ciudadanía en general como de los propios agentes o de su grupo familiar.”
En diálogo con FM De la Calle, el abogado integrante del Instituto Nacional en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la R.A.D, Julián Alfie, sostuvo que “nosotros desde la Red para el Desarme, impulsamos el control de armas de fuego en cualquier ámbito, entendiendo que el arma de por sí como instrumento es un riesgo”.
“En enero del 2016, sale el decreto por el cual se declara la emergencia en seguridad y, a partir de ese momento empezó un proceso de autonomización policial y de desgobierno político de la fuerza que, esto no es más que un reflejo de esa decisión, es decir, ya que la decisión la esté tomando la propia gendarmería y no el Ministerio de Seguridad, es toda una señal del desgobierno en el que están las fuerzas”, aseguró.
Una resolución del Ministerrio de Educación redujo los alcances de los títulos de 37 carreras universitarias. Alba Picardi, titular del Colegio de Psicólogxs de nuestra ciudad, comentó que “sorprendió fue que no hubiese una comunicación previa”.
“Tal vez si esto se hubiese podido hablar con los colegios profesionales previo a la publicación, no porque las universidades no tengan la facultad de determinar esto, sí la tienen, y la tienen por ley. Pero hubiera facilitado y no hubiera generado tanta confusión”.
“En principio lo que vemos, y tomando en cuenta también las declaraciones que han sacado las universidades y facultades de psicología respecto de la resolución, veíamos que fue un cambio que tuvo que ver con organizar las actividades reservadas a título y que no debería modificar los alcances que tiene el título. Es decir, modifica de 16 actividades que estaban reservadas al título las lleva a 5, pero aparentemente son 5 amplias”, agregó.
“Por lo que vamos entendiendo del análisis que estamos haciendo, esto tiene que ver en parte con reorganizar aquellas funciones de cada profesión que en el artículo 43 están englobadas las profesiones que tienen de alguna manera algún riesgo que puede comprometer, por el potencial riesgo que tiene el ejercicio, algún bien de la población o la comunidad. Y lo que hicieron fue reorganizar estás actividades puntuales y las que requieran alguna mirada o tutelaje del Estado por el riesgo que implican”.
Consultada sobre si estas modificaciones tienen injerencia en quienes se reciben de ahora en más o contempla a todas las personas que ejerzan alguna de las carreras mencionadas en la resolución, sostuvo que “es vigente para todos, no sólo para lo que se reciben de aquí en más, porque tiene que ver con el alcance de los títulos de licenciado en psicología y psicólogo, con lo cual alcanza a todos los que estamos en la actividad”.