Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre Trafigura y el Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles por la intención de la empresa de despedir a unos 200 trabajadores.
Sin embargo, la situación sigue siendo de incertidumbre y está semana habrá una nueva reunión entre sindicato, empresa y funcionarios municipales, provinciales y nacionales.
Jorge Montero, trabajador petrolero jubilado de la Refinería Shell Dock Sud (Avellaneda), analizó la decisión de Trafigura y las políticas energéticas en FM De la Calle.
La situación de los trabajadores de la Refinería Elicabe no difiere de otros antecedentes históricos, “por la experiencia que hemos tenido esto realmente no nos sorprende. Esto lo vimos en la década del 90’ donde fundamentalmente las refinerías multinacionales del petróleo a lo que apuntaban eran a reducir el personal con la excusa de que con eso iban a reducir los costos, iban a poder trabajar en mejores condiciones e iban a poder dotar al mercado de más gasoil, más nafta y más barata; y ya sabemos lo que resultó de todo eso. Yo lo que veo es que un poco es una historia que se viene repitiendo y hoy le toca a la refinería de los compañeros de Bahía Blanca”.
Respecto a las consecuencias de la política de despidos para Montero originaría “problemas de seguridad y problemas de salud, no únicamente para los que trabajan dentro de la refinería sino para los que viven fuera de la refinería y creo que en ese aspecto Bahía Blanca ya tiene una historia bastante negra. Recuerdo bien cuando pasó los escapes de urea en el Polo Petroquímico y el enorme inconveniente que generaron esas nubes entre los habitantes de Bahía Blanca, y eso es un miedo que siempre está presente. Reducen la dotación de personal de tal manera que el mismo trabajador, que trabaja muchas horas y generalmente hace turnos rotativos, tiene que realizar dos o tres trabajos para los cuales muchos no están preparados para realizarlos; y eso origina accidentes dentro de los trabajadores e incidentes ambientales de una magnitud enorme”.
“El asunto, para ellos es sacar ganancias rápido y si no se puede sacar ganancias, amenazan con el cierre de la refinería, con despedir gente o lo que es peor, la amenaza de desabastecimiento; esa es una amenaza latente que ya han utilizado las grandes multinacionales del petróleo como para tratar de liberar el mercado, llevar el precio de las naftas al valor dólar y ahí perdemos todos. Es una pérdida total para que las multinacionales se lleven más plata”.
Jorge Montero contó a FM De la Calle que “la firma Trafigura realmente tiene una historia reciente bastante negra. Trafigura es un trader, tiene barcos fletados con los cuales llevan petróleo, combustible, de un lado al otro: son una especie de fondos buitres pero de las empresas petroleras. Es decir toman, compran, dejan las partes rentables, se deshacen de las partes no rentables o venden a un determinado precio y en realidad tienen poco manejo de la producción, de la refinación y menor manejo de la comercialización. Ellos se dedican a todo lo que sea rentable dentro de la industria petrolera, pero no están asentados como pueden ser otras multinacionales que tienen años de experiencia”.
“Acá en la Argentina uno de sus CEOS, José Latorraca, visita asiduamente la casa de gobierno y es uno de los más importantes aportantes a la campaña del PRO en política. O sea ellos van, vienen, se juntan, se abrazan con los gobiernos y siempre salen con algún negocio importante abajo del brazo y no importa quien caiga o no importa lo que cuesten esos negocios que se llevan adelante”.
Montero también expresó su análisis respecto a Vaca Muerta, “por un lado la problemática que genera el fracking, no únicamente por la fractura de tierra, sino también por la enorme cantidad de agua que se necesita y cómo esa agua con componentes químicos, que incluyen el cianuro, se contamina. Pero más allá de eso las famosas inversiones prometidas por las multinacionales extranjeras están prácticamente estancadas”.
“Yo lo que leo es que Vaca Muerta está produciendo muchísimo menos de lo que tendría que producir a esta altura del año, y que hay problemas por parte del gobierno con el tema de la infraestructura, que incluso incorporaba este famosos tren que iba a correr desde de Bahía Blanca hasta allá. Lo que sí es evidente es que el interés de los EEUU está vivo, porque por algo están montando ahí una base militar disfrazada de ayuda social a pocos kilómetros de Vaca Muerta”.
“Aparentemente la política es mantenerlo como una reserva estratégica y hacerlo operar cuando sea realmente operable, es decir que pese a los despidos, la flexibilización; la reducción de costo no es suficiente para que las multinacionales inviertan como se habían comprometido en ese famoso viaje de Macri donde se encontraría con Trump. Así que todavía el panorama de Vaca Muerta es bastante incierto y está muy lejos de generar algún tipo de autoabastecimiento en nuestro país”, concluyó.
(Por Mauro Llaneza) El Concejo Deliberante derogó por unanimidad la ordenanza 17.130 que regulaba la “instalación de estructuras soportes de antenas de telefonía celular” y exigía “la utilización de la mejor tecnología disponible para conformar una adecuada Plataforma de Comunicaciones Móviles”.
La norma había sido sancionada en 2013 ante las demandas vecinales en distintos barrios y fue resistida judicialmente por las empresas telefónicas. Cuando asumió Cambiemos se propuso “barajar y dar de nuevo” y contó para ello con el acompañamiento de los bloques de Unidad Ciudadana, PJ Cumplir y Frente Renovador.
En diciembre pasado se realizó una audiencia pública de la cual nunca se conocieron sus conclusiones. El texto del proyecto solo fue difundido una vez aprobado de manera exprés en la sesión de ayer y a pesar de los pedidos de la ONG Salud Ambiental en Acción y de vecinas y vecinos que se acercaron al recinto de Sarmiento y Estomba.
La nueva ordenanza legisla solamente sobre las torres y, si bien prohíbe su instalación en escuelas, centros de salud y de ayuda a pacientes oncológicos y hogares de niñxs, ancianxs o discapacitadxs, no establece restricciones en los clubes.
El texto refiere a las “estructuras de antenas de telefonía celular” para “sistemas radioeléctricos que operan entre 100Khz a 300Ghz de frecuencia” exceptuando a las utilizadas por radioaficionados, las de uso domiciliario, las afectadas a la defensa nacional, la seguridad pública y la defensa civil y las del Sistema Argentino de TV Digital.
Obliga a las empresas a “conservar y mantener” las estructuras con los “elementos indispensables de seguridad y señalización” y diferencia tipos de soportes, alturas y distancias de la línea municipal y ejes medianeros, según las zonificaciones del Código de Planeamiento Urbano y si son a nivel del terreno o sobre edificios o terrazas.
La prohibición para su instalación alcanza además a zonas declaradas como patrimonio histórico, cultural, artístico, reservas naturales o ambientales.
Otros “espacios verdes libres y públicos y espacios de equipamiento comunitarios” se podrán utilizar con aval municipal tras la demostración de la “necesidad de la adopción de la localización propuesta y su justificación por la no disponibilidad de sitios alternativos y necesidad de cobertura de servicio, conjuntamente con la evaluación de alternativas posibles”. Además, las empresas tendrán que realizar “obras vinculadas con el interés público dentro del sector de 100 metros radiales”.
Las torres deberán tener un tratamiento arquitectónico integrado con el paisaje circundante para atenuar el impacto visual e informar “de manera clara e inequívoca” la existencia de las antenas.
Finalmente, el Concejo estableció que “no obstante ser competencia provincial y nacional”, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y la Secretaría de Infraestructura controlarán el cumplimiento de la ordenanza.
“En el caso de mediar denuncias o ante sospechas sobre inadecuadas condiciones de funcionamiento de un sistema irradiante, el municipio elevará la denuncia al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y al Ente Nacional de Comunicaciones”.
Fernández Suñer, Girotti y Ghigliani analizaron la ordenanza en FM De la Calle
El delegado de ENACOM, Leandro Fernández Suñer, se refirió a las mediciones que realiza el organismo y afirmó que “no hay ningún nivel que pueda estar por fuera de lo que establece la Organización Mundial de la Salud”.
La titular de Salud Ambiental en Acción, Gladys Girotti, comentó que desde la oposición “dicen ‘a los clubes los sacaron porque pidieron que tienen que poner antenas porque necesitan el dinero, no estábamos de acuerdo’. Entonces, ¿si no estaban de acuerdo por qué no votaron en disidencia? ¿Por qué matan la poca democracia que tenemos?”.
Destacó que con la ordenanza anterior “el municipio podía medir” y “las asociaciones civiles podíamos participar”. “Lo que mida ENACOM siempre va a dar bien por dos razones. La primera es porque el límite de potencia máximo es tan alto que siempre va a dar dentro del parámetro establecido. La segunda, lo sabemos por experiencia porque lo ha dicho la misma gente del OPDS en reuniones que tuvimos en La Plata, es que van bajando las potencia de las antenas en la medida que se va sabiendo a dónde se va a medir”.
Por otra parte, aclaró que “la OMS no establece límites, o sea que decir que está dentro de los límites que establece la OMS es una mentira. Me parece un hecho grave que personas que están a cargo de estas instituciones no tengan la suficiente información”.
Gisela Ghigliani, concejala de Unidad Ciudadana, manifestó que algunas propuestas del bloque fueron incorporadas al proyecto y agregó que votaron a favor porque, en el oficialismo, “los votos los tenían y la ciudad se encontraba sin ningún tipo de marco regulatorio”. “Pretendíamos que los clubes estuvieran incorporados (en la prohibición) pero no fue posible”, dijo.
Al ser consultada por su opinión como médica respecto a la afectación a la salud de las radiaciones de las antenas de telefonía celular, Ghigliani afirmó que “hoy nadie puede hacer una asociación directa”.
“Ahora, nadie puede decir que los campos electromagnéticos, las radiofrecuencias, no provocan alteraciones corporales, somos seres vivientes. Una puede ser el aumento de la temperatura corporal -un grado-, pero como es tan diverso el campo de alteraciones que no necesariamente van a confluir en una enfermedad terminal es muy difícil una expresión univoca en esto. Pero no es un tema para decir no pasa nada”.
Luego de que el Ministerio de Trabajo dictaminara a la conciliación obligatoria a los trabajadores de refinería Trafigura y el posterior envió de telegramas de despidos por parte de la empresa, el dirigente del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Fabio Pierdominici, conversó con FM De la Calle.
“Lo que pudimos avanzar es que, en el acta firmada quedan sin efecto todas esas cartas documento, sino creíamos que era imposible iniciar cualquier tipo de negociación. Después la conformación de una mesa de trabajo, porque a las claras quienes habían venido en representación de la empresa no tenían mandato para discutir cuestiones técnicas”, aseguró.
Consultado sobre si en el marco de esta conciliación están contemplados todos los trabajadores, incluyendo a los jerárquicos despedidos previo a esta situación, Pierdominici argumentó que “entendemos que sí porque es extraño porque la conciliación se la dicta a la institución de primer grado. Pero entendemos que así lo entendió la empresa y el Ministerio”.
Acabamos de salir Primera audiencia en el @mintrabajo donde el sindicato marco claramente su posición y convocó a una gran mesa de trabajo. Comparto acta de la misma @matarazzoga @delatorrej @hector_gay @JavierJiguacel pic.twitter.com/U2xTxFSY0W
— Fabio Pierdominici (@PierdominiciFa) 11 de julio de 2018
Respecto a la reunión con el Ministerio planteada para el próximo jueves 19 sostuvo que “esperamos que todos los actores vengan con las ganas de trabajar y aportar ideas. Nosotros estamos convencidos de que esta refinería tiene que estar en marcha”.
“Ningún espacio político manifiesta otra herramienta como camino para sacar Argentina que no sea tomar la materia prima de nuestro país, agregarle un valor agregado y dar empleo de calidad. Bueno, eso es lo que hace la refinería”, finalizó.
Veintinueva organizaciones civiles exigieron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que de marcha atrás con sus intenciones de de impulsar un proyecto de ley que restringe las posibilidades de demandar judicialmente al Estado y empresas.
El proyecto se enmarca en el programa de Justicia 2020 y de ser aprobado por el Congreso de la Nación coartaría las acciones colectivas, herramienta legal que es amparada por nuestra Constitución.
En diálogo con FM De la Calle, el director de Clínica Jurídica de Interés Público de la UNLP, Pedro Sisti, comentó que el anteproyecto “establece una serie de requisitos para entablar un proceso de acción colectivo que claramente es incumplible para ongs y asociaciones civiles porque implica costos millonarios”.
“Esta es una serie de trabas que se ponen para beneficiar, justamente, a quienes van a ser demandadas, lo cual deriva en negación de acceso a la justicia”, aseguró.
Consultado sobre cómo afecta este proyecto a las medidas cautelares, Sisti argumentó que “este proyecto es restrictivo en distintas cuestiones. No nos olvidemos que ya tenemos una ley de medidas cautelares que de alguna manera pone algunas trabas para poder acceder contra el Estado”.
“Esto va más allá de lo que establece eso, sobretodo desnaturaliza muchas cuestiones sobre todo respecto de la gratuidad de manera que se garantice el impacto económico. Simplificando termina haciendo que casi nadie pueda demandar a las grandes empresas, salvo un estudio de los millonarios”, aseguró.
(Por Verónica Bajo – Acciones Feministas) Alicia Miyares plasmó días pasados en la “XV Escuela Feminista Rosario de Acuña” (Gijón, España), de forma brillante y con una encendida disertación, algunas cuestiones que vienen poniéndonos en alerta a muchas feministas, entre las cuáles me incluyo.
Doctora en Filosofía, escritora y docente a quien he tenido la suerte de escuchar personalmente en la misma escuela en 2011, elabora una serie de conceptos sencillos y clarificadores para ir dilucidando algunas de las nuevas tretas con las cuales el patriarcado intenta seguir consolidando su hegemonía.
Intentaré resumir la primera parte de su ponencia, incluyendo varias citas textuales:
Pone énfasis en diferenciar “discriminación” de “desigualdad estructural”. La primera es producto de un prejuicio que excluye a alguien por un motivo determinado, por ejemplo por opción sexual, por creencias religiosas, etc, mientras que la segunda es aquella que no nace de un prejuicio sino de una concepción estructural de cómo debe organizarse la sociedad. Las tres categorías que generan “desigualdad estructural” son las categorías de raza, sexo, y en menor medida, de clase social.
“Las mujeres no padecemos discriminación, padecemos desigualdad estructural”, dice Miyares.
Y acá es donde entran a jugar la “diversidad” y la “identidad”.
“Para combatir la desigualdad estructural no sirven los conceptos de “diversidad”/”identidad”. Sirven para combatir una discriminación, pero no sirven en absoluto para combatir la desigualdad estructural, más bien todo lo contrario”, prosigue Miyares.
Ese “más bien todo lo contrario” me inquietó ya que impulsé el “Mes por la Diversidad” y la palabra “identidad” aparece frecuentemente en voz y acciones. Sigo escuchando y Miyares explica que cuando se invoca la diversidad estamos construyendo una nueva pirámide jerárquica: en el punto alto está la masculinidad heterosexual, en el medio la masculinidad homosexual y transexual, y en la base estamos todas las mujeres seamos hetero, trans, homo, etc. La diversidad no diluye ni acaba con la desigualdad estructural de esa base de la pirámide.
Redobla diciendo que el concepto de “heteropatriarcado” está vaciado de contenido (a mí me parece redundante) y que no nos tenemos que olvidar que existe el “homopatriarcado”, con el alquiler de vientres como una de sus manifestaciones más concretas.
“Diversidad e identidad son inoperantes para combatir la desigualdad estructural; las instituciones políticas progresistas nos meten en el mismo saco las vindicaciones de colectivos discriminados que las vindicaciones del colectivo de las mujeres que padecemos desigualdad estructural” “dificultando e impidiendo la visibilización de los problemas específicos de la agenda de las mujeres”.
El uso inadecuado de ciertos conceptos, en este caso el de diversidad e identidad, lleva al “feminismo emocional”: el feminismo del “yo me siento”, que niega y desarma al sujeto político del feminismo: las mujeres, enfatiza Miyares. Y que muchas veces es un “feminismo” más ocupado en criticar al feminismo político que a la ideología patriarcal.
Existen tres riesgos políticos derivados de esta situación:
- La fragmentación: la imposibilidad de articular un sujeto político que luche contra las injusticias sociales y sexuales. En el fondo solamente acompaña al neoliberalismo como ideología dominante. No solo como una manera de entender la economía, sino como un sistema ideológico que organiza las sociedades de arriba a abajo. Si fragmentas el sujeto político, que es a lo que contribuyen el concepto de “diversidad”/ identidad, estás impidiendo que emerja un sujeto político que luche contra el neoliberalismo.
- El uso de las categorías diversidad e identidad produce el enmascaramiento de lo que realmente nos sucede a las mujeres. Esta descendiendo el nivel de percepción de desigualdad estructural padecida por las mujeres.
- Despolitización más absoluta: se invocan conceptos que han sido políticos y están siendo despolitizados. Por ejemplo el concepto de igualdad, visto desde la óptica del intercambio sin tener en cuenta las condiciones en las que ese sujeto intercambia o se ve obligado a intercambiar. También se despolitizó el concepto libertad, al que combatimos permanentemente asociándola a la instancia “deseante”.
Alquiler de vientres, reglamentación de la prostitución, feminismo como taxonomía.
Y una izquierda y un feminismo que van a los tropiezos en un pasadizo de espejos.
De colores del arco iris, o de tantos otros que el neoliberalismo conoce tan bien.
Por otro lado, ¿será el feminismo emocional la cuarta ola?
Las y les invito a pensarlo siguiendo con la ayuda de Alicia Miyares.
En el último encuentro de la Cátedra Abierta de Violencia de Género, la escritora Myrtha Schalom, visitó nuestra ciudad para hablar de prostitución y explotación del cuerpo de las mujeres. FM De la Calle dialogó con la autora de “La Polaca” y “La sangre que corre”.
En su libro “La Polaca”, Schalom cuenta la historia de Raquel Liberman, joven inmigrante judía que llegó a la Argentina en la década del ‘30 con sus dos hijos para reunirse con su marido. Buscando trabajo como costurera fue atrapada por una red de proxenetas que la obligó a ejercer la prostitución forzada.
Raquel denunció a más de 300 tratantes y 108 fueron detenidos. La historia de “La Polaca” tiene similitudes con el caso de Alika Kinan: “Ha pasado un siglo y medio y es una mujer en Tierra del Fuego que se atreve a romper el silencio porque ese es el primer paso, como Raquel, quien dio ese paso tan valioso de una mujer que no sólo acusa al último proxeneta que las vuelve a meter en el prostíbulo del que había salido, sino que ella acusa a toda la organización, una de las más importante del principios del siglo XX”.
La red de proxenetas Zwi Migdal se escudaba bajo el nombre “Sociedad Israelita de Socorros Mutuos Varsovia” que en siglo XX traía mujeres de Europa para explotarlas sexualmente se desarticuló gracias al testimonio de Raquel, aunque años después muchos fueron absueltos. “Una de las ironías, de las hipocresías del juicio, de la sociedad, es que les van decir que no se presentaron víctimas para fortalecer la declaración de Raquel Liberman”, contó Schalom.
“Sabemos perfectamente cómo esa esclavitud en los prostíbulos, lo que provoca en ellas, todo un cierre de la garganta para poder hablar. Por eso es tan importante que aquellas que quieren salir, que quieren ser libres, que quieren respetar su propio cuerpo, puedan romper el silencio. Esto no es nada fácil, porque tampoco vamos a ser hipócritas, hay una sociedad que las naturalizó, hay una policía que sigue teniendo los edictos contravencionales, cuando en realidad la mujer no tiene porqué ser perseguida, sino que hay que perseguir al proxeneta que la explota, sabemos que siempre hay atrás un varón explotador”.
La historia de Raquel sigue vigente “pero eso no nos tiene que desanimar en la lucha que nos proponemos. Tenemos que mejorar la vida de las mujeres y no llamar ‘clientes’ a aquellos que son demandantes de la prostitución. Para mí lo fundamental es empezar desde la más tierna infancia con la educación sexual integral, porque primero tenemos que prevenir que una adolescente, niña acceda a la prostitución. Tenemos que solidarizarnos con las docentes para que tenga una mirada de género porque sabemos realmente que muchísimas escuelas esto no lo tratan”.
Organizaciones indígenas, campesinas, de pequeños productores y de la agricultura familiar rechazaron la decisión del Ministerio de Agroindustria de dar de baja el Monotributo Social Agropecuario.
El MSA es un derecho que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la tierra desde el año 2009 y que les permite entre otras cosas, poder acceder a una obra social, facturar y contar con aportes jubilatorios.
Nahuel Levaggi, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra sostuvo en FM De la Calle que “hace más de un año que el Ministerio de Agroindustria no estaba inscribiendo nuevos monotributos y en los últimos días nosotros presentamos un amparo para que reabran la inscripción para pequeños productos y, lejos de reabrir la inscripción, el Ministerio e Agroindustria anuncia formalmente que va a darlo baja a partir del primero de enero del año que viene. Esto significa dejar desamparados a miles y miles de pequeños productores que dependen de esa herramienta social básica para tener acceso a la salud”.
“Este gobierno lo que tiene son todas políticas a favor de generar las condiciones macroeconómicas para que los grandes exportadores ganen cada vez más plata, mientras que los pequeños productores que compran sus insumos en dólares para vender después en pesos estén cada vez más pobres”, aseguró.
Esta mañana trabajadores de la refinería iniciaron medidas de fuerza luego de saberse que 200 compañeros perderían sus puestos de trabajo. Gabriel Matarazzo, titular del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible (SPGyB), se refirió al respecto en FM De la Calle: “Los telegramas no han llegado pero la empresa envió abogados, y a personal fuera de convenio se les está notificando personalmente”.
Desde la empresa aducen que los “números no cierran” pero según el sindicalista no hay ningún argumento válido para los despidos, “es una estupidez total, es tomarnos de idiotas a todos. […] Si la refinería tiene que ser ajustada en este número, quiero saber si echan a 200 trabajadores cómo van a poner en marcha la planta. No tienen ninguna intención de poner en marcha la planta”, concluyó.
También estimó que alrededor de mil familias están en relación directa con la actividad de la refinería, y aclaró que a pesar de que “la situación coyuntural -y más en la actividad energética- no ayuda, la misma situación ocurre en otras refinerías (Refi Pampa o Refinor) y ninguna despidió gente o paró. Claramente es una política de esta empresa de no venir a producir, de rebalsarnos de productos importados, cagandose en nosotros”.
Matarazzo indicó que tuvo contacto con el Intendente, quien se puso a disposición para intentar mediar, “contamos con que lleve el conflicto al gobierno, al Ministerio de Energía y nos acompañe. […] Recién termino de hablar con el Ministro de Trabajo, donde apuran una reunión de una mesa de trabajo que contenga organismos nacionales, provinciales, empresas y nosotros, para poder salir del conflicto”.
“Entiendo que el Ministerio va a convocar una audiencia, probablemente emitiendo alguna conciliación obligatoria que obligue a la empresa a retrotraer los despidos y nosotros las medidas”. Asimismo manifestó que entiende que hoy, en relación al valor del crudo y combustibles hay un problema, “pero hacer foco en los trabajadores, el menor de los costos que tienen, es tomarnos de giles”.
Al momento continuarán con el paro total, el bloqueo de despacho de combustibles por tiempo indeterminado y la planta tomada. Por otro lado, diferentes gremios expresaron su solidaridad y apoyo en comunicados a través de las redes sociales.
La mayoría de los represores imputados en causas por crímenes de lesa humanidad está libre y de los detenidos la mitad está en sus casas. Según un nuevo reporte estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, son 867 las personas condenadas por estos delitos y 115 las absueltas.
De los 1038 detenidos por crímenes de lesa humanidad, 602 están en prisión domiciliaria y 375 en cárceles federales. Hay 715 procesados y 36 prófugos. Los procesados son 715, 175 tienen falta de mérito y 76 fueron sobreseídos.
Ese cómputo comprende los juicios realizados desde la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta el 15 de junio pasado, período en el cual se dictaron 206 sentencias. En octubre comenzará un nuevo debate oral en Bahía Blanca.
El relevo, realizado en base a la información remitida por las fiscalías federales de nuestro país que intervienen en causas por estos crímenes, muestra que son 36 los prófugos y que existen unas 469 personas imputadas que aún no fueron llamadas a prestar declaración indagatoria.
Con relación a las medidas restrictivas de la libertad, el informe devela que son 1038 las personas privadas de su libertad en todo el país, de las cuales 602 (57%) se encuentran cumpliendo arresto domiciliario.
La cantidad de causas abiertas por crímenes de lesa humanidad asciende a 597. De ese universo, 275 (46%) se encuentran aún en etapa de instrucción, 100 (17%) se encuentran elevadas a juicio, 16 (3%) transitan el debate oral y, finalmente, en 206 casos (34%) se ha dictado sentencia.
El 26 de octubre comenzará el sexto juicio en Bahía Blanca. Será el segundo tramo de la causa Armada la cual tiene 15 represores imputados y 68 casos de secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas. 65 de ellos resultaron acreditados en el debate oral finalizado en 2015, tras el cual fueron condenados a prisión perpetua 18 militares y otros cuatro tuvieron penas de entre 8 y 18 años.
Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu reemplazarán a los renunciantes Jorge Ferro, Martín Bava y Mario Triputti en la subrogancia del Tribunal Oral bahiense. La Fiscalía estará representada por Miguel Ángel Palazzani.
“Hay un estado concreto de abandono de la negociación por parte del gobierno. Hace 75 días que no nos convocan a negociar y nosotros estamos llegando a los dos meses de la última negociación y el diálogo está totalmente cortado y la responsabilidad en este caso es del Estado nacional, a través del Ministerio de Educación de la Nación”, manifestó desde ADUNS Sergio Zaninelli.
El gremio realizó una encuesta entre sus afiliadas y afiliados para conocer sus opiniones en torno a la continuidad del plan de lucha.
“Por otro lado, yendo al plano más amplio, no es el plan de lucha una defensa corporativa de nuestros salarios como trabajadores. Hay un retraso en el envío de los fondos, el Ministerio de Educación solo está enviando los fondos para salarios. Hay como cinco meses de retraso en gastos de funcionamiento”.
Respecto a la encuesta explicó que “se lanzó con un formato a nivel nacional, que no solamente está haciendo la CONADU Histórica sino la CONADU, la otra federación docente que junto con la CONADU Histórica representamos a más del 80% de los docente y que estaremos frente al Ministerio de Educación anunciando que va a suceder luego del receso invernal”.
Consultado sobre los datos que arrojó la medición a nivel local sostuvo que “había dos preguntas básicas; una era si estaba dispuesto a aceptar la no toma de exámenes, una pregunta que repercute en el ámbito universitario y cuya responsabilidad recae en el claustro de profesores. Esa no tuvo aceptación, casi el 50% dijo que no estaba dispuesto a aceptar. La que sí tuvo aceptación, cerca del 80%, es la segunda pregunta que hacíamos: si estaba dispuesto a no iniciar el segundo cuatrimestre”.
“Todo este insumo, lo tomó la asamblea de ayer de ADUNS y lo que resolvimos era que lo que venimos haciendo como medida de fuerza no alcanzó porque la negociación está abandonada por parte de Ministerio de Educación. Por lo cual, lo que decimos como un dato para traer ahora al congreso de la federación de CONADU Histórica es hacer un paro de una semana de duración”, aseguró.
Inspectores del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia realizaron una inspección en el comedor de la Escuela Primaria 25 y pesaron las raciones que reciben lxs alumnxs durante el desayuno y la merienda. “No más de 200 gramos”, “solo cinco galetitas, seis es mucho”, fue lo que escucharon las docentes y auxiliares según denunció Suteba.
“Es una especie de auditoría, el problema que básicamente se plantea es que vamos a darle cinco galletitas por chico. Justificar la miseria. Bajar los cupos. Esto es otro aspecto de un mismo plan que tiene que ver con el recorte”, dijo el director Leonardo Herrmann.
Agregó que “una de las cosas a la que apuntaban era a que no se repita la comida. Los chicos la están pasando tan mal que vienen mareados de no comer. Esta situación tiene que ver con la crisis económica y con las políticas de este gobierno”.
Comparó la situación con el accionar provincial respecto a las licencias por enfermedad: “Primero instalan el tema de las supuestas denuncias de licencias truchas y lo que están legitimando es un sistema de licencias donde, por ejemplo, han mandado a compañeros a hacer junta médica de Bahía Blanca a Baradero. Ese nivel. Está todo hecho como un mecanismo perverso”.
“No es justo que los chicos estén pagando la crisis, en realidad, acá no hay crisis. El problema es que los fondos del Estado están siendo vaciados y desviados por un gobierno que está beneficiando a los ricos”, afirmó.
La Red de Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP) expresó su preocupación ante la posibilidad de que se lleve adelante el proyecto de “Circuito de Speedway y Motocross Bahía Blanca” en terrenos lindantes al Balneario Maldonado.
El Biólogo y consejero de RHRAP Pablo Petracci, explicó a FM De la Calle cuáles serían las consecuencias para el ambiente del proyecto impulsado por el Automoto Club Bahía Blanca y el Club de Pilotos de Motocross de Bahía Blanca.
“Mi primera intervención, que fue de casualidad porque pasaba por la zona y vi que estaban levantando alambrados y demás fue en diciembre. Me reuní con Adriana Chanampa no me dejó demasiado conforme la respuesta que tuve y a partir de ahí decidí tener una intervención un poco más amplia”, aseguró.
“Nos sorprendió mucho que se estuviera llevando adelante la obra sin que se hubieran cumplido todos los pasos administrativos. Ni el estudio de impacto ambiental aprobado, con muchísimas falencias, ni la audiencia pública más allá de que no sea vinculante así lo debe cumplir el Estado”.
Consultado sobre qué fue lo que más les llamó la atención del estudio de impacto ambiental comentó que “era tendencioso absolutamente, incompleto, deficiente. Las mediciones de ruido no estaban bien hechas, no se hablaba del valor que tiene esa zona”.
Petracci sostuvo que el Colegio de Arquitectos aconsejó que el proyecto no sea ahí. “Lo que me llama la atención es por qué este empecinamiento. Se están ignorando todos los códigos de planeamiento de la ciudad que dicen que eso es un espacio público de uso colectivo. Acá estamos hablando que se le va a dar un espacio a un privado, para que haga un uso particular, afectando una zona para uso particular y no colectivo”, manifestó.
A casi ocho años del fallecimiento de Juan Cruz Manfredini, víctima de la precarización laboral, la justicia convocó a una audiencia preliminar del juicio a Marcelo Camin, titular de la empresa para la cual trabajaba el joven fallecido tras la explosión de un depósito clandestino. Hugo Fernández, abogado de la familia Manfredini, explicó a FM De la Calle el estado de la causa.
Fernández aseguró que están “bastante animados por el fallo anterior y las cuestiones que se comprobaron” haciendo referencia a lo ocurrido con Norberto Maximiliano Metz, gerente local de la empresa, a quien le revocaron la absolución en el 2016. En esa ocasión la jueza González La Riva había determinado que Metz no tenía responsabilidad por lo ocurrido, razón por la que se excusó en esta ocasión del juicio a Camín. “Ya emitió opinión y no puede fallar en este juicio”, aseveró el abogado.
Sobre la audiencia manifestó que tienen pruebas suficientes como para avanzar, “el 10 será la audiencia preliminar donde se presentan pruebas y se fija la fecha para el debate. Esperemos que los mismos testigos que declararon en el anterior juicio lo hagan nuevamente y se pueda probar lo que se probó con el primer imputado.
Respecto a Camin comentó: “Si uno lo analiza […] parecería que nadie es responsable porque el [gerente] de Capital dice que está lejos, el [gerente] de acá tampoco porque obedece a Capital… Creo que la responsabilidad penal en estos casos, en caso de muerte, es de ambos. […] Ésta gente no solo almacenaba en un depósito clandestino muestras explosivas sino que las mandaban en un colectivo a Capital Federal (donde tenían los laboratorios) y ponían en riesgo a la gente del colectivo porque iban en una encomienda. La peligrosidad que generaron fue un agravante que se tuvo en cuenta”.
Al no estar fija la condena consideró que la pena puede ser “superior a dos años por homicidio culposo y pedimos agravantes en base a la peligrosidad y al conocimiento que tenían. Tendrían que haber tomado los recaudos para que no pase un accidente como este porque podría haber muerto muchísima gente” [El dúplex donde trabajaba Manfredini estaba en un barrio de la ciudad].
El abogado aseguró que buscan la misma imputación de Metz para Camin, “es el gerente –no nos olvidemos que esta empresa es de un familiar suyo– y hay una sociedad local que se hace responsable, Camin firmó hasta el contrato de alquiler del dúplex. Es una persona que sabía perfectamente que ese era su único lugar de trabajo y va a tener que explicar dónde hubiera guardado las muestras si no era ahí”.
También comentó en relación al trabajo del fiscal Zorzano en el juicio a Metz que “le dedicó muchísimo tiempo a la causa e impulsó la última parte del juicio. La Fiscalía dispuso muchos medios para poder llegar al resultado obtenido, estábamos seguros que se iba a dar vuelta y no creemos que se vaya a modificar el resultado de Cámara, que fue bastante contundente”.
Asimismo remarcó la importancia del rol de la familia de Juan Cruz, ya que estuvieron desde el primer día e incluso aportaron información importante para la investigación. Es decir que sin el aporte de la familia Manfredini “seguramente no se hubiese investigado mucho más”, concluyó.
El intendente Héctor Gay brindó hoy una conferencia de prensa en la que dio a conocer el decreto que introduce modificaciones en el organigrama de empleadxs municipales con el objetivo de “controlar y disminuir los niveles del gasto público”.
En tal sentido, la medida propone continuar con la suspensión de ingresos a la planta municipal hasta el 31 de diciembre de este año y mantener las horas extras en el nivel promedio del trimestre anterior a la entrada en vigencia del nuevo decreto.
Hoy firmé el decreto por el cual extendemos hasta el 31 de diciembre las medidas que adoptamos el año pasado, con el objeto de controlar/disminuir los niveles de gasto público y mantener la austeridad en la asignación de recursos @mauriciomacri @mariuvidal pic.twitter.com/5g0m4VRIec
— Héctor Gay (@hector_gay) 3 de julio de 2018
“Desde el 1 de julio hubo un aumento del 10% en todos los haberes del personal municipal, de acuerdo a lo que convenimos en las ultimas paritarias, y también lo que ha resuelto el ejecutivo es que la revisión del esquema salarial, que habíamos acordado hacerla con el sindicato en septiembre, la anticiparemos para agosto”.
En el marco del paro docente planteado para mañana, Gabriela Delfino (secretaria adjunta de SUTEBA) se refirió a la situación que atraviesan los Equipos de Orientación Escolar luego de que la gobernadora Vidal decidiera su modificación y traspaso a distrito. El jueves el tema no se trató en el Concejo Deliberante porque el oficialismo –que tiene la mayoría– se negó.
Delfino, quien también integra uno de los equipos, comentó “toda mi vida laboral transcurrió en esos equipos. El jueves vimos con tristeza y preocupación la indiferencia del bloque mayoritario por lo que va a pasar… No creo que esa gente tenga sensibilidad”.
Como orientadora social estuvo en diversos barrios y colegios, y las problemáticas van variando, tienen especificidades y formas de abordarlos diferentes. “El gobierno sólo toma números, tiene una visión totalmente empresarial, acá hay escuelas de la periferia con matricula baja pero con una inmensa complejidad”, aseguró que es imposible que se atiendan todas las problemáticas con uno o dos encuentros semanales.
Respecto a la posibilidad de que la regulación habilite que un/a solo/a integrante del equipo asuma todo el trabajo, Delfino manifestó “tenemos muy claro nuestro rol profesional y no vamos a tomar los roles de nuestros compañeros (orientador/a social, orientador/a educacional, orientador/a en aprendizaje, fonoaudióloga). Que el estado se haga cargo de lo que falta, y la fuerza que esta situación está generando en la provincia… Van a tener que dar demasiadas explicaciones si lo llevan adelante”.
Respecto a la decisión del Honorable Concejo Deliberante de no tratar el tema el jueves, dijo: El rechazo fue rotundo, se va a tratar en comisiones, eso significa alargar el asunto y el 4 de julio ya están citados los inspectores para empezar a darle forma a esta reestructuración. No querían dar la cara […] porque evidentemente su intención era rechazar este proyecto para avalar la decisión del gobierno.
También mencionó que en los últimos días surgieron mas situaciones preocupantes, por ejemplo la “reforma en la educación técnica que implica menos horas de clase de contenido teórico, curricular, del secundario. Los cambios de situaciones laborales de profesores de educación física, de artística… Es un ataque a la educación pública y al acceso al conocimiento en toda la línea: educación a bajo costo, docentes a bajo costo, propuestas educativas a bajo costo… y el resto no importa”.
“Quienes trabajamos en estos lugares somos apasionados por lo que hacemos, nadie elige trabajar en equipo porque sí sino porque siente una profunda vocación por lo que se hace en este ámbito. Las necesidades son muchísimas y van variando y complejizándose al compás de lo que plantea una sociedad injusta. Ahi estuvimos siempre los EOE, en el ojo de la tormenta”, concluyó.
(Por Astor Vitali) Las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca dan cuenta de una realidad penosa: la democracia ha caducado como expresión de organización social para convertirse en un sistema de administración del cinismo del grupo gobernante.
Uno de los no argumentos que balbucea el malformado oficialismo (carente de toda formación política necesaria y ausente de la mínima capacitación institucional para operar dentro del marco constitucional) es que fueron votados por la mayoría. Eso sería el aval para meterle para adelante como les plazca. Este adefesio de la sinrazón política se repite como justificación de todo.
El hecho de haber sido votado por la mayoría del pueblo implica la legitimidad social para que un gobierno, un partido político o una alianza actúe en función del programa que esgrimió durante su elección. La alianza entre la putrefacta UCR y el partido de CEOS PRO dijo explícitamente, durante todas las oportunidades posibles durante la campaña electoral, que no tocarían beneficios sociales, derechos adquiridos ni nada de lo que implicara bienestar social. Lo que venían a hacer era combatir la corrupción pública (nada dicen de la corrupción que forjó sus fortunas personales).
Ninguna mayoría popular votó a la alianza Cambiemos para hiciera lo contrario: destruir derechos sociales, económicos y culturales; generar más gasto público en altísimos salarios como los del intendente Héctor Gay y lxs ediles; destruir el poder adquisitivo de lxs jubiladxs, y una larga lista de vejámenes impuestos por el programa político vigente.
Sin embargo, Nicolás Vitalini, el más insulso de todos los presidente del cuerpo deliberativo local, dirige las sesiones ordinarias como un trámite arbitrado a reglamento, dando o quitando la palabra sin escuchar ni atender argumento alguno y sobre todo restando entera legitimidad al carácter representativo del cuerpo cada vez que un sector social o gremial asiste a la tribuna en reclamo de sus derechos. Les clava un “cuarto intermedio” para no escuchar nada y “los invita” a “dejar que se desarrolle la sesión”. Es decir, cuando se acercan organizaciones representativas de la sociedad o simplemente gente de a pie el presidente del Concejo Deliberante actúa como militante infalible de la indiferencia a toda problemática social.
Está claro que existen mecanismos formales de reclamo. Está clarísimo. Hay que explicarles con paciencia a todos los bloques que cuando una organización llega angustiada y levanta la voz es porque ya ha agotado todas las vías formales de las instituciones democráticas y que el gobierno de Cambiemos no da respuesta por ninguna de estas vías. Violan los estamentos estipulados por vía administrativa.
Los mecanismos arbitrados por los gobiernos de los distintos estamentos democráticos no garantizan los derechos del conjunto de la comunidad. Con esa dura realidad las organizaciones se acercan a reclamar al cuerpo. El oficialismo y el presidente del cuerpo militan con virulencia por no escuchar esos reclamos o directamente optan por tomarles el pelo diciéndoles que “presenten las notas correspondientes” con la plena conciencia de que si llegó a esa instancia es porque las notas fueron cajoneadas o faltas de respuestas concretas por parte de sus secuaces amarillentos del ejecutivo.
Por lo ante dicho, en la actualidad, no cabe duda de que en Bahía Blanca la Alianza Cambiemos viola sistemáticamente los derechos que deberían garantizar como estado y, montados en el voto que los mandató para objetivos que han incumplido, ocupan los espacios creados para la vida democrática con prácticas y objetivos autoritarios y ejercicio de la violencia institucional.
Después, cuando alguien desesperado levanta la voz e interpela en términos políticos a estos personeros del ajuste, resulta que es “no son las formas” y huyen de su propio pueblo al que condenan a pobreza sistemática.
Casi la mitad de los niños y las niñas bajo la línea de pobreza (tal como afirma la UCA –no una patrulla perdida de la URSS-) por causa de las políticas adoptadas que abonaron a la pobreza estructural, y resulta que cuando alguien denuncia que el hambre es un crimen a los gritos resulta que ese alguien es un violento.
Cambiemos es la alianza del cinismo y es el partido de los autoritarios de la concentración de la riqueza. Esto está definido.
Los distintos bloques de la oposición, en tanto, tienen el desafío de ocupar el rol para el cual fueron votados y no caer en la legitimación de este perverso sistema de imposición de políticas a través del método de Nicolás “Doble voto” Vitalini.
Es claro que Cambiemos gobierna con un programa por el que no fue votado. Pero tampoco se pueden suspender los derechos de la comunidad hasta que se vote otra opción política. Para garantizar la vida institucional hacen falta creatividad y acción política. Deben cuidarse las ideas y las vidas antes que las formas.
