Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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Luego de que le dieran media sanción a la quita de impuestos en las boletas de servicios, Andrés De Leo (senador provincial por Cambiemos) habló sobre el tema en FM De la Calle. También se refirió al embargo que la AFIP le realizó a Incob, y aseguró que los recibirá el martes en La Plata. “En principio el proyecto no abarca deudas nacionales, la cooperativa más allá de un componente social no deja de ser una empresa comercial que se rige por normas impositivas nacionales”.
El alcance del proyecto sí tiene que ver con ARBA, “vamos a intentar avanzar con lo que tiene que ver con la provincia”: la condonación o eventual suspensión de deudas que hayan podido tener en Buenos Aires y la prórroga de la ley de expropiación de la propiedad. De Leo aseguró que van “a hacer un esfuerzo para tratar de sacar adelante” al frigorífico.
Respecto al tema impositivo el senador manifestó que “va a haber que avanzar en otras líneas, con otras autoridades, y ver posibilidades de encuadramiento en algún esquema impositivo de regularización para que puedan seguir operando”. De los funcionarios de AFIP que no realizaron ningún tipo de control durante la última década permitiendo el endeudamiento, advirtió: “si hablamos de que en otra etapa el funcionario público incumplió con sus deberes, deberá ventilarse las responsabilidades y hacerlo”.
Por otro lado, el senador hizo referencia a la desfinanciación de los municipios a raíz de la media sanción al proyecto de quitar impuestos a las tarifas: “Eliminamos impuestos distorsivos (de muchos años) que 17 millones de bonaerenses abonaban en las boletas de luz, agua y gas, que nada tenían que ver con la prestación del servicio”.
“La realidad es que Buenos Aires va a recibir de coparticipación un monto sustancial mucho más importante que lo recaudado con impuestos. […] Entre enero y abril de 2018 la coparticipación se incrementó en casi 6.000 millones de pesos, un 41% más que el año 2017”. Asimismo explicó que la Gobernadora “duplicó los fondos que le van a girar a los municipios por recaudación de bingos y casinos. Está garantizado que los municipios tengan financiamiento, y a las críticas que hizo el FpV –que se van a desfinanciar obras– tenemos que decirle: durante años se cobraron muchísimos impuestos y dejaron al país y a la provincia absolutamente quebrada”.
De este modo, estiman que el monto a recibir por la recaudación de bingos y casinos será de “15 millones de pesos, y por coparticipación entre 80 y 100 millones de pesos (respecto de años anteriores)”. En cambio, lo que se dejará de recaudar por impuestos de tarifas “seguramente oscilará los 100 millones de pesos”.
Sindicatos estatales bonaerenses pararon ayer y realizaron un acto en Plaza Rivadavia para visibilizar de manera conjunta las dificultades que están atravesando como consecuencia de las decisiones del gobierno provincial, que avanza en su plan de ajuste y precarización.
En diálogo con FM De la Calle el titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, explicó que “nosotros como docentes de universidades nacionales en todo el país iniciamos un paro por 48 horas, en este plan de lucha que afortunadamente lo venimos cumpliendo todas las federaciones docentes”.
“El reclamo en principio general es salarial. Esta imposición que pretenden los gobiernos del 15%, distribuidos en cuotas sin la opción de una cláusula gatillo de aplicación automática, algo que venimos rechazando y los gobiernos no atendiendo”.
Por su parte, la secretaria general de SUTEBA Bahía Blanca, Ana Canullo, afirmó que “desde el mes de febrero que empezamos a concurrir a las escuelas que vamos viendo que el ataque es sistemático, que no es casual, y esto lo vimos en: cierre de cursos, jubilaciones de oficios, muchos problemas en los cambios con las licencias médicas de los compañeros que están enfermos”.
“Hemos visto, la verdad, con mucho dolor e indignación y peleando la calle en contra de los cierre de los bachilleratos de adultos. Porque la verdad que algunas funcionarias y funcionarios hablan con eufemismos y lo que estamos presenciando lisa y llanamente es cierres de escuelas”.
Desde la Asociación Judicial Bonaerense, Claudia Barrio denunció “el trabajo insalubre que en muchos casos realizamos en edificios poco apropiados, con sobrecarga de trabajo y sobrecarga de horas. Hay compañeros y compañeras que trabajan más allá de las 2 de la tarde, que se hacen cargo de sus propias viandas y que nadie les recompensa eso”.
A nivel provincial, la vicepresidenta del CICOP, Marta Márquez, explicó la situación que atraviesan lxs trabajadores de la salud bonaerenses: “Volvemos a parar exigiendo llamado a paritarias a los profesionales de salud de la provincia de Buenos Aires, que es una paritaria que está vencida desde diciembre de 2017 y no hemos tenido una sola convocatoria para discutir salarios y para discutir las gravísimas condiciones en las que está el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires”.
“Podríamos hacer una larga lista de deficiencias a cual más grave y a cual más preocupante. Y además, venimos padeciendo la falta de profesionales en muchos hospitales de la provincia de Buenos Aires con servicios cerrados o semicerrados, algo directamente relacionado con los bajos sueldos y las malas condiciones en las que trabajamos”, aseguró.
(Por Alejandro Olmos Gaona) Es suficientemente conocida la relación que tuvo la Argentina con los organismos internacionales de crédito. Hay que estar viviendo en una dimensión distinta de la realidad para dudar de la complicidad operativa de los organismos multilaterales (FMI, BM y BID) con los grandes grupos financieros internacionales. El Plan Brady es un ejemplo de cómo colaboraron para salvar a los bancos, y liberarlos de créditos presumiblemente incobrables, articulando toda una estructura que fue impuesta en casi todos los países de Latinoamérica, a principios de la década del 90, mediante la cual además de incrementar el endeudamiento externo, permitieron comprar empresas públicos a precios irrisorios, lo que determinó en la Argentina, un desguace integral del Estado.
Aunque, este organismo multilateral, es solo en apariencia una institución que se dedica a la cooperación monetaria, en realidad tiene una estructura y un poder mucho mayor aún que un estado soberano. Si bien el FMI no tiene regulada ni establecida ninguna responsabilidad internacional por las acciones que realiza, es el que decide y consolida espacios de poder a través de la maniobrabilidad del dinero recaudado en los estados tributarios del sistema, generando un esquema plutocrático sin ninguna bandera ni frontera específica, que ha manejado los esquemas económicos del mundo entero, mediante la eufemística justificación de la existencia de un mundo globalizado, donde la interdependencia de los estados hace posible el funcionamiento de estos mecanismos de control. Si se recorre el documento donde está establecido su funcionamiento, se podrá ver que goza de todo tipo de inmunidades, aún respecto de la acción que puedan ejecutar gobiernos que eventualmente se sientan damnificados por alguna decisión de su directiva.
El resultado de la aplicación de estos programas de ajuste determinó durante la década del 90 el notable deterioro de nuestra calidad de vida, que se vio involucrada en medio de un sistema en el cual los indicadores de crecimiento de la productividad, la generación de empleo y los índices económicos en general mostraron una abrupta e indetenible caída. El sueldo real de los trabajadores disminuyó, al producirse recortes de salarios, mientras se flexibilizó la legislación laboral para permitir que el empresariado nacional y extranjero manejara discrecionalmente el empleo, sin limitaciones de carácter legal que pudieran encarecer lo que ellos llamaban sus costos de producción. Se redujeron los servicios sanitarios y educativos; reaparecieron con más fuerza las llamadas enfermedades de la pobreza (dengue, paludismo, cólera, etc) y aumentaron los precios de los servicios básicos (luz, agua, teléfono, combustibles, gas) debido a los procesos de privatización. Hubo una apreciable transferencia de recursos a la economía informal, como consecuencia de los despidos o en razón de la falta de puestos de trabajo, lo que determinó un auge exponencial del cuentapropismo. Creció la desocupación, la subocupación y los contratos laborales “basura”.
Pareciera que, pasan los años, y se repiten los mismos esquemas de auxilio financiero, ante crisis repetidas, y discursos mentirosos de una transparencia que no existe. El presidente Macri, dijo hoy que siempre habla con la verdad, pero la realidad que puede observarse muestra que su discurso resulta insostenible. La recurrencia al FMI, es un salvataje, porque las reservas del Banco Central están comprometidas, y la llamada “prevención” del auxilio financiero, no es tal, sino contar con dólares que ya no pueden obtenerse de los grandes bancos, cuyas ganancias han crecido exponencialmente y lo siguen haciendo
Los datos de la realidad son preocupantes:
En el presupuesto 2018 hay vencimientos por 1.284.400 millones de pesos y se contempla emitir nueva deuda por 2.180.700 millones, lo que significa un endeudamiento nuevo equivalente a 46.200 millones de dólares.
La deuda creció en el año 2016 34.500 millones de dólares, 38.200 en el 2017 y sumada la nueva deuda prevista en el Presupuesto el endeudamiento neto llegaría a los 119.000 en tres años. La dictadura en 7 años, elevó la deuda de 8.000 a 45.000 millones de dólares, que actualizados estarían en el orden de los 70.000 millones.
Colocar la deuda prevista este año 2.180.700 millones de pesos (113.000 millones de dólares) significa un promedio 6.000 millones de pesos por día y 250 millones de pesos por hora.
A diferencia del capital refinanciado, los intereses se pagan y son parte muy importante del gasto público, y lo que no se puede pagar se capitaliza por anatocismo. El año pasado estaba previsto pagar 247.600 millones de pesos, pero la cifra se elevó a 320.000 millones de pesos. En el presupuesto 2018 se prevé pagar 406.500 millones de pesos, lo que significa casi 21.000 millones de dólares solamente de intereses.
El pago de los intereses de la deuda es el que tiene mayor ritmo de aumento interanual 28.0% en el 2018 contra un promedio del gasto público primario (sin contar los intereses de la deuda) del 16% del 2017
El pago por intereses constituye el 14% del gasto público total, pero representa el 28.3% del gasto de la Administración Central.-
Las corridas de los últimos días se produce pocos días antes del mega-vencimiento de Lebac a renovar por el BCRA el Martes 15.5 por 680.000 M$ (Millones de Pesos), que representan el 55 % del stock total de estas letras (1.3 B$-Billones de Pesos). No está demás apuntar que ante la suba de la tasa de política monetaria, vamos a tener que pagar más de 400.000 millones de pesos de intereses de las Lebac durante el 2018.
La Política institucional de compra de Reservas con Deuda Pública – la deuda cuasi-fiscal del BCRA por Lebac – que fue utilizada en gran escala por la administración Kirchner y que ahora ha sido potenciada hasta límites inmanejables por la nueva administración se ha convertido así en el agujero negro de las finanzas del Estado Argentino, con consecuencias difíciles de dimensionar y que pueden llevar nuevamente a la Nación a una crisis de la deuda, al no poder afrontar sus obligaciones.
Los 30.000 millones de dólares, que posiblemente aportaría el FMI, es casi lo mismo que las Lebac que vencen el martes 15, y veremos que ocurre con su refinanciación.
Pareciera una constante de la dirigencia política actual y la de anteriores gobiernos, ocultar al pueblo lo que negocian en secreto, aunque después las consecuencias de lo que acuerdan deban ser asumidas por toda la comunidad. A esto se suma la hipocresía de referentes del gobierno anterior, que se han olvidado de lo que acordaron con los organismos internacionales, mientras pronunciaban encendidos discursos criticando sus acciones.
Dos ejemplos puntuales: 1.- El 31 de agosto del año 2011, la ex presidente Cristina Kirchner, solicitó al Congreso autorización para capitalizar al BID en 7525 millones de dólares, los que serían pagados en cinco cuotas diciendo que el BID tenía entre sus metas “el logro de una mayor equidad social y la reducción de la pobreza en los países de menor desarrollo de América latina y el Caribe y, asimismo mediante el fortalecimiento de las operaciones de cooperación técnica y productos no financieros a países, reforzar sus estructuras institucionales” La necesidad de esa capitalización, tuvo origen en una serie de operaciones del BID, que le significaron importantes pérdidas debido a inversiones especulativas en hipotecas subprime., y su capital operativo disminuyó considerablemente. 2.- El 21 de febrero de 2013, Cristina Kirchner volvió a solicitar la autorización del Congreso para elevar la cuota de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional en Derechos Especiales de Giro (DEG) en 3.187 millones, eso determinó que la Argentina debió pagar el equivalente a 1600 millones de dólares en DEG para esa capitalización de la cuota de la Argentina. En ese proyecto la Sra. de Kirchner decía que el FMI tiene entre sus objetivos “ fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos y poner a disposición de los países miembros con dificultades de balance pagos los recursos de la institución”
Un dato importante, que generalmente se soslaya, es que este descomunal endeudamiento, es de responsabilidad compartida entre el gobierno y la mayor parte de la oposición que votó favorablemente las leyes de presupuesto del 2016 hasta hoy, incluida la ley de pago a los buitres.
Como siempre lo he sostenido, una es la retórica declamatoria de los gobiernos que dicen una cosa y hacen otra, lo que se contrapone con los datos que surgen de lo que finalmente se acuerda y nadie se entera, como pasó con el acuerdo firmado con el Club de París por el ex ministro Kicillof, que reconoció una deuda que en un 60% era de la dictadura militar para compra de armamentos e importaciones no declaradas. En estos temas, nadie puede tirar la primera piedra, porque todos han sido parte del reconocimiento de una deuda fraudulenta que NINGÚN GOBIERNO QUISO INVESTIGAR, y seguimos pagando las consecuencias.
En el último informe del FMI, se deslizaron los ajustes que debía hacer el gobierno, ahora se van a ejecutar férreamente. Ya observaremos las consecuencias que pagaremos todos los argentinos, excepto el sector privilegiado que gobierno, cuyos fondos están debidamente protegidos en el exterior.
Así lo confirmaron desde el frigorífico en la carta abierta que publicaron, donde narran los logros de los últimos años y las deudas adquiridas de la gestión anterior. Orlando Acosta, integrante de Incob, se refirió sobre el tema en FM De la Calle:“la AFIP toma una medida que pone en jaque el trabajo cotidiano. […] Es como que te embarguen el 100% del sueldo pero igual tener que pagar luz, gas, y comer”. El viernes a las 10 se manifiestan frente a la dependencia de San Martín al 100.
“Todos estos logros se ven en peligro por una decisión arbitraria y maliciosa –que podría dejar a 67 familias en la calle– por parte de AFIP, quien ha tomado la decisión de embargarnos los clientes por medio del Fisco Nacional, prohibiendo el pago de las cuentas corrientes a la empresa, teniendo estos que depositar el dinero en una cuenta del Banco Nación”, reza el comunicado.
Acosta aseguró “no teníamos noción de que existía la deuda” sino que se anoticiaron cuando cambiaron de autoridades y removieron a Enrique Garaggiola (ex presidente) de su cargo. “Si bien reconocemos la deuda, estamos denunciando que hubo ex funcionarios -que ya no están mas en la AFIP- que fueron copartícipes de esta situación. ¿Cómo puede ser que una empresa que no paga retenciones, haya trabajado durante diez años sin tener una sola inspección? ¿Cómo nunca llegó una multa?”
También explicó que con la nueva dirección de AFIP, “los que ingresaron vieron que INCOB no pagaron retenciones durante 10 años y entraron con los tapones de punta. […] Acá no hubo dialogo, la AFIP no tuvo el tupé de decir ‘muchachos le vamos a embargar los clientes’. […] La forma de subsanar esto es que paguemos pero ¿qué vas a hacer con esta falta que hubo de los ex funcionarios que participaron?”
Esta misma deuda están negociando hace tiempo en la Legislatura y tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Al respecto, el integrante del frigorífico dijo: “Buscamos la condonación de la deuda o algún tipo de facilidad de pago, teniendo en cuenta que en algún momento el estado fue responsable (porque los funcionarios eran nacionales). Además se pide que se investigue el caso de INCOB. […] Conocemos varios senadores y diputados de Bahía Blanca, y los diputados se han puesto la situación al hombro”, pero por el lado de los senadores les “está costando muchísimo, es imposible encontrar un senador”.
En relación al tarifazo reveló que han sabido organizar la parte administrativa “para que estos tarifazos no impacten en el precio de la carne. Hace un año y medio que la carne no tiene aumento, esta semana aumentó por el dólar y es mentira porque no manejamos la carne a precio dólar si es para consumo interno”. Sin embargo los costos por la energía eléctrica se perciben, mientras que en octubre de 2016 pagaban alrededor de $20.000 pesos, “hoy estamos a $220.000 y este aumento nos lleva a $350.000”.
“Si INCOB cierra sus puertas tienen que tener noción que en Bahía solo hay dos frigoríficos que abastecen la ciudad. Viñuela estaba trabajando al máximo –igual que INCOB– y no tiene la posibilidad de abastecer el 50% de la ciudad como hacemos nosotros; eso provocaría un efecto dominó a las otras carnicerías que se van a quedar sin productos”.
Nicolás Welschinger es Doctor en Ciencias Sociales y Licenciado en Sociología de la UNLP. Además es Investigador asistente del CONICET y habló con FM De la Calle acerca de la importancia de las innovaciones tecnológicas en materia de educación, lo que dejó el Programa Conectar Igualdad, recientemente dado de baja, y el nuevo Aprender Conectados.
“En los últimos años lo digital se volvió una nueva dimensión de la desigualdad y, por lo tanto, algo sobre lo cual el Estado y las políticas públicas y de inclusión tienen que sí o sí operar para no seguir relegados de los cambios tecnológicos y de los cambios a nivel cognitivo, es importantísimo que todos entendamos y justifiquemos y demandemos que la escuela pueda contar con esos recursos para poder seguir alfabetizando digitalmente”, afirmó.
En relación al nuevo programa Aprender Conectados Welschinger destacó que “en el anuncio dice que se va a requerir un instrumental mucho más potente que el del PCI, la duda es qué significa esto de mucho más potente y si eso se especificara, eso se concretizara y se dieran los recursos lo cual es una inversión pública importante para superar la inversión del PCI, todos los esfuerzos en capacitación, repensar el rol docente, etc. Lo que creemos varios, es que no va por ese camino, al no haber una especificación. Al no mostrar cuáles son esas esas líneas, queda la duda. Sobre todo porque los números de lo que se está hablando son considerablemente más bajos, en cuanto a los objetivos a nivel pedagógico son mucho menos significativos”.
“A partir del anuncio del plan, incluso antes 2010, 2011, empieza a haber desde el movimiento estudiantil una mayor demanda con respecto a este tema. En ese proceso se las empieza (a las computadoras) a reclamar como un derecho y, al mismo tiempo, como le pasó al programa que quedo muy ligado a la polarización adulta, también algunos estudiantes lo compartían, se lo empezó a denunciar como un regalo, entonces ahí estaba la tensión entre derecho y merito fue una de las cosas que apareció”, señaló.
(Por Astor Vitali) El pedido del presidente Macri al Fondo Monetario Internacional se presenta como un “retorno” al FMI (del que Argentina no se había ido). La decisión se da en un contexto de inestabilidad monetaria y sensación de falta de manejo económico por parte del gobierno.
La semana pasada, antes de la suba del dólar, hubo ganadores. Porque hubo “informados” que se la llevaron antes de la suba. Y por supuesto la especulación financiera maneja sus recursos al respecto.
Desde el punto de vista político, hablar del “retorno” al Fondo tiene alto impacto simbólico y práctico. A nadie se le escapa que pedir, mucho más en un contexto desfavorable, implica someterse no solamente a los monitoreos del organismo de crédito internacional sino además a imposiciones de recorte de gasto público.
Cuando se achica el gasto público se ve afectado el sector de jubilados y jubiladas que representa casi un tercio del llamado “gasto público” (inversión social). Que nadie se llame a engaño, eso lo van a pedir. La apuesta de obra pública con la que el gobierno pensaba inyectar dinero a la economía viva también será restringida para garantizar los objetivos fiscales, como ya anunciaron. A esto hay que sumarle la caída de consumo empujada por la realidad inflacionaria que superará ampliamente las proyecciones del gobierno (15 por ciento).
Desde el punto de vista económico implica hipotecar recursos futuros que no podrán ser utilizados para necesidades estratégicas. Implica ganancias para especulación y recesión para la economía real.
Mientras tanto, el Congreso es el escenario del show de las piedras cruzadas. De un lado ssacuden contra las políticas económicas que claramente castigan a los sectores populares y de otro hablarán de irresponsabilidad y desestabilización. El espectáculo se transmite en vivo y en directo.
Lo cierto es que, salvo que al gobierno se le vaya todo de las manos, las cartas de Cambiemos no están echadas y aún tienen margen para tomar todas estas medidas en un año no electoral como este y luego intentar promover una recomposición de la imagen de gobierno o hacer jugar a La reina. La oposición tiene lugar para tirar piedra pero sin lastimar fatalmente porque aún no están reunidos los consensos necesarios para oponer alternativa a la gobernabilidad del Pro y sus secuaces radicales (una banda nociva y consumida por el rencor).
En este contexto, muchos dirigentes gremiales obsecuentes aceptaron una pauta del 15 por ciento sin cláusula gatillo. El 15 por ciento ya es historia. Las masas asalariadas pierden este año como lo vienen haciendo desde el comienzo de la gestión macrista. Pero hay que estar alertas porque esos dirigentes ya pierden credibilidad rápidamente. Pasan cosas por debajo de la superficie burocrática del sindicalismo argentino.
En el medio, hay una Historia de la deuda con idas y vueltas. Entre los endeudamientos y el “desendeudamiento” que fue presentado como una gesta heroica y soberana, los recursos públicos y privados no fueron nunca a financiar un programa de crecimiento basado en la industria y el empleo estable. Nunca recursos hacia un proyecto que no dependa de los menesteres internacionales. Ayer Macri lo dijo sin rodeos, “Argentina depende mucho de la financiación extranjera”. Gana un modelo estable de especulación financiera y el trabajo precario. Por goleada.
Entre endeudamientos y “desendeudamiento” hay un juego complementario con la pelota manchada de sudor y sangre. En ese juego son delanteros senadores, diputados, concejales, gobernadores, jueces, fiscales y funcionarios de toda calaña. A veces en la defensa y a veces de volante van los medios de comunicación hegemónicos que siempre la patean al córner de la superficialidad del debate y jamás se meten un gol en contra.
De espectadores, que a veces gritan y a veces no, va una tribuna plagada de los que nunca juegan. De los que la van pasar. Pero estos son los que pagan la cuota para saldar las deudas del Club.
Hay que parar la pelota. Hay que parar la pelota porque siempre la patean los mismos y nunca la tribuna hace la jugada táctica para romper el juego perverso entre endeudamiento y “desendeudamiento”.
Hay que hacer un equipo verdaderamente popular. Los y las de abajo no están jugando pero son los que sufren la derrota. Siguen pasivos en la tribuna, expectantes de que el equipo de sus amores pateé bien, que jueguen por la camiseta. Pero su equipo ahora juego por el campeonato, ya no por la camiseta.
Mientras que en el campo de juego siempre estén los mismos, podrá haber cambio de equipo pero la jugada será la misma.
El problema de la dependencia de la especulación (es decir, la desinversión sistemática y el saqueo de recursos) es estructural. Con esos jugadores no se puede jugar ni un amistoso. Ellos sí tienen puesta la camiseta.
No alcanzó ni alcanza con mandar al FMI al descenso. Siempre pueden volver. Hay que sacarles la roja.
Desde la Central de Trabajadores de la Argentina-Autónoma (CTA-A) rechazaron la decisión ya “que recurre a viejas recetas que nos han dado resultados trágicos en el país. Hacemos responsable al Presidente de la Nación y a su gabinete por esta decisión que ha generado estragos en la economía y en la calidad de vida”, manifestó el secretario general Pablo Micheli en FM De la Calle.
“No es casual que hace unos días el presidente se haya reunido con Cavallo y termine tomando esta decisión”, y reiteró que “la gente sabe que no es bueno que el país se endeude de esta manera y que el FMI tome el control: que genera pobreza, pérdida de puestos de trabajo, más dominación. […] No compramos el discurso de que es una versión distinta del FMI y nunca creímos las recetas del Fondo Monetario”.
Desde el mediodía se debate en la cámara de Diputados los proyectos de la oposición para retrotraer los precios de los servicios, al respecto Micheli advirtió: “Si el presidente llega a vetar el dictamen favorable a parar este atropello (las tarifas de gas y luz) no va a ser igual que con la ley antidespidos –que quedamos las dos CTA–, va a haber un paro general de todas las centrales”.
Sobre los tres aspectos que se desglosaron de la reforma laboral, desde el gremio analizaron que las consecuencias para lxs trabajadorxs son “gravísimas”. “El tema de crear un fondo de cese de empleo, que de nuestro bolsillo salga el fondo de indemnización, es una medida de flexibilización laboral atroz. Hay irregularidades, violación a convenios internacionales, al artículo 14 bis de la Constitución, que nosotros vamos a rechazar de plano y seguramente lo hará la otra CGT y CTA también”.
Elecciones internas
Ayer cerraron las listas en todo el país, que cumplen con la paridad de género, y el 28 de junio se realizarán. Micheli aseguró que “el programa de nuestra central es conocido, actualizado en términos de la política económica y reclamos por mayor democracia y libertad sindical a los tiempos que corren. Acá no flamea bandera de ningún partido político.
“No vamos a callarnos la boca ante ningún gobierno frente a problemas con los trabajadores, injusticias, injusta distribución de la riqueza, ataque a bienes comunes, rechazo absoluto al fracking, a la precarización laboral, a la explotación de jóvenes y mujeres. […] Siguen siendo nuestros principios y vamos a seguir en la calle peleando contra esta política económica. Nuestro lema central es: sin unidad no tenemos destino (no sólo en la CTA sino los trabajadores del pueblo argentino)”.
Manifestó Walter Uranga, presidente de la institución, luego de una denuncia anónima que alertó a los inspectores municipales y que concluyó con el labrado de un acta. “No tengo quejas sobre los agentes, vinieron a cumplir con su deber, también quisieron ingresar a la casa del denunciante y no les permitió pasar para medir si los decibeles se excedían de lo permitido.
“Labraron un acta y paramos porque no queremos que nos clausuren el lugar. Esto no es un boliche bailable, es un lugar que cedemos a la cultura. […] Los recitales son “solo los sábados de 21.30 a 0 horas, no queremos funcionar como un boliche. Esto nos permite construir, es nuestro único ingreso y así les pagamos a los albañiles, no recibimos subsidio de nadie”, dijo Uranga en FM De la Calle.
El Sixto Laspiur “está abierto a cualquier tipo de expresión cultural y justo nos tocó este mal momento de decir ‘no podemos seguir y apelamos a la buena predisposición de las autoridades’” (actualmente les piden una habilitación que no pueden afrontar económicamente).
“Tenemos apoyo de un montón de gente pero en la Municipalidad no nos han atendido […] Espero que nos escuchen, no pedimos nada solo queremos hacer lo nuestro sin molestar; si hay que arreglar algo para que no genere ruido o molestia a alguien, estamos dispuestos”. Y reiteró que “estaría bueno que el estado nos escuchara. Generamos cosas hace 12 años, tenemos baby fútbol con más de 800 chicos y no tiene la repercusión que debería tener”. También brindan un taller de poesía –que aún no comenzó– a cargo de Álvaro Urrutia y Osvaldo Costiglia, y quieren seguir con el proyecto de la escuela de artes gráficas.
La idea surge de la experiencia que Walter tuvo en La Piedad: “Estábamos a punto de empezar la secundaria y jugando en la cancha de Laspiur, un compañero comentó que había entrado en La Piedad y que había imprenta, tipos móviles. Yo que siempre fui mal dibujante vi mi oportunidad de expresarme a través de letras de molde, letras de plomo y madera. […] Están surgiendo escuelas porque es un oficio lindo y la idea es que no se pierda. Es un trabajo que viene de hace 500 años”.
Señaló que cuentan con las maquinarias necesarias “gracias a la grandeza de los gráficos que nos las han dado o vendido a muy bajo precio”, y que lo mismo ocurre con la infraestructura, “teníamos pensado seguir adelante pero nos prohibieron los recitales, llegamos al encadenado de un salón de 18x5mts sumado a lo que ya tenemos”. Además, están en contacto con Fabián Castro, del Sindicato Gráfico Sureño, intentando hacer un convenio “para que vengan jubilados gráficos a dar una mano con los futuros alumnxs, que se genere un espacio descontracturado pero con la disciplina del aprendizaje”.
Finalmente agradeció “a la gente del rock, rock pesado, trash”, y comentó que la banda Asacris se reunió para tocar en el Sixto Laspiur, “fue un reencuentro de distintas generaciones. […] Esto me da un impulso para luchar, los rockeros de Bahía son gente bárbara, colaboradora, y se lo merecen”.
El economista y doctor en Ciencias Sociales, Julio Gambina, analizó én FM De la Calle las medidas económicas del gobierno que encabeza Mauricio Macri.
“El resultado concreto es un ajuste muy fuerte sobre los ingresos de la mayoría de la población. El resultado es la consolidación de una devaluación del orden del 27% entre el valor del dólar a diciembre y el valor del dólar a la actualidad. Eso tiene mucho más que ver sobre la perspectiva de inflación que empieza a dar vuelta sobre cuanto será la evolución de los precios este 2018”, afirmó.
“El primer impacto es que esto es un ajuste para la mayoría de ingreso fijo en la Argentina sean los que perciben salarios, jubilaciones o planes sociales e incluso el sector empresario que le vende a esos sectores de ingresos fijos. Y por lo tanto, acá hay grandes ganadores que son los grandes productores y exportadores tanto del agro como de la industria e incluso sectores especuladores”.
Gambina planteó que “el gobierno está haciendo todo lo posible para que no llegue a buen puerto la iniciativa (contra los tarifazos) en el Parlamento. De todas maneras tiene el presidente, la posibilidad del veto total o parcial. El límite lo veo mucho más en el conflicto de la sociedad que, en lo que se pueda hacer desde el Parlamento. Ni que hablar de la reforma laboral”.
“A un tema que hay que prestarle atención es a la conflictividad social. Hay mucha conflictividad social en la Argentina no, suficientemente articulada por eso es que se demora la medida de un paro nacional. Cuando yo digo que hay mucha conflictividad basta con ver lo que ocurre cotidianamente. Recientemente, el primero de mayo, una cantidad importante de actos pero claro, al mismo tiempo desarticulados. O sea que, lo que muestra es un grado de fragmentación de las centrales sindicales, de las organizaciones sociales y territoriales”, manifestó.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó días atrás una ordenanza que dispone vedar todo tipo de acción que tenga por objeto la interrupción legal del embarazo, declarando además a la ciudad como “defensora y promotora de la vida, desde la concepción humana en el vientre materno hasta su muerte natural”.
Desde la fundación tucumana Mujeres por Mujeres, alertaron que dicha norma va en contra de la constitución y es por ello que FM De la Calle conversó con Noelia Aisama, abogada e integrante de la misma.
“Claramente (el Concejo), está exhortando a toda la comunidad de San Miguel desde el ámbito profesional, como también al poder de justicia, al Poder Ejecutivo que quien quiera implementar en el caso positivo de que se legalice el aborto en Argentina la obstaculización de que efectivamente este derecho se garantice para las mujeres”.
Consultada sobre cómo funciona dentro la interrupción del embarazo en los términos que plantea la legislación actual, comentó que “es importante destacar que somos la única provincia a nivel nacional que no está adherida a la ley 25.673 que es de Salud Sexual y Procreación Responsable, por lo tanto, tenemos un primer obstáculo para poder efectivizar la garantía al acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Por otro lado, también somos una provincia donde no se está aplicando la Ley de ESI, de Educación Sexual Integral. Por lo tanto, en términos de efectivización de derechos tenemos esos obstáculos”.
“Desde la fundación y con Católicas por el Derecho a Decidir hemos realizado un monitoreo social sobre el acceso a la salud de las mujeres donde, no solamente hay un nivel de desinformación de las usuarias de la salud en términos de derechos de los pacientes, sino también que tampoco hay desde el ámbito de los profesionales de salud en poder informarles y garantizarles todo lo que tenga en materia de derechos sexuales y reproductivos”, agregó.
Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, se refirió al respecto en FM De la Calle. “Lo único que pretendemos es tener una vida digna”.
El gremialista no quiso comentar sobre el porcentaje de aumento: “La mayoría de los trabajadores no sabe cuánto tienen que cobrar, se habla del 15% o 20%, si la inflación futura o pasada, nadie habla de lo que necesita un trabajador. El 50% de los trabajadores del país cobra menos de $15.000 y por más que le agregues 15% o 20% sigue siendo un trabajador pobre, esa es la discusión que hay que dar”.
“Siempre tratamos de ser serios en esa apreciación, lo que importa es cuál es la política salarial. Los trabajadores deben saber cuánto tienen que cobrar para vivir dignamente y no es un porcentaje, sino la cifra necesaria para cubrir las necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y la 14 bis”.
En una negociación paritaria hay dos temas a tener en cuenta: cuánto tiene que ganar un trabajador, y si las empresas lo pueden pagar o no. Según Yofra “aquellas empresas que dicen que no lo pueden pagar tienen que demostrar con los balances que efectivamente no lo pueden hacer. La ley prevé que los empresarios muestren los balances”.
En relación a lo comentado previamente, el gremialista mencionó a la empresa Cargill como un “caso emblemático”, “no sólo en su ciudad sino las de todo el país han facturado $52.000 millones de pesos. Que una empresa de esas venga a plantear que no puede pagar son excusas. Despidieron a 45 trabajadores como si fueran baterías… ‘no me sirven más, las cambio y se terminó’. Se encontraron con un gremio que pelea por los trabajadores”.
Respecto a los tres aspectos de la reforma laboral que ingresaron al Senado manifestó que tienen una “postura contraria; son todas en contra de los trabajadores, de los derechos, de la posibilidad de progresar. Es una ridiculez que se imponga esas leyes y no se debatan con los verdaderos interesados, los trabajadores”.
“Hay que prestar mucha atención porque ya en algunos convenios se ha modificado la baja flexibilizándolo y los gremios fuimos cómplices, muchos se han flexibilizado. A nosotros una de las condiciones que nos dieron fue esa misma y no lo hemos permitido. Si quieren modificarlo no tenemos problema, pero vamos a imponer nuestra postura para cambiarle la calidad de vida a los trabajadores”.
Más declaraciones del secretario general de la F.T.C.I.O.D y A.R.A.
- “Este gobierno favoreció mucho a las empresas, y más de nuestro rubro. Las grandes exportadoras no pagan impuesto a la exportación y se les ha sacado algún tipo de retención.
- Las empresas se niegan a dar un aumento a los trabajadores pero no hay una cuestión de costo laboral porque cuesta entre 0,5% y 5%.
- El salario es uno de los puntos que nos tiene que unir como obreros. ¿Qué implica dar un buen salario? Que las empresas ganen menos, y esa es la lucha entre capital y trabajo que siempre va a existir. La diferencia es que algunos peleamos y otros no”.
- La empresa dice que tiene derecho a despedir porque la ley así lo admite, y nosotros tenemos el derecho a huelga y paramos cada vez que despiden a un compañero. Donde los compañeros quieran parar la Federación y los sindicatos van a apoyar.
Sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales se manifestaron en nuestra ciudad por el Día Internacional del Trabajador/a. El punto de encuentro fue el acampe de los trabajadores de Cargill en una de las entradas del puerto de Ingeniero White, en protesta por el lockout patronal que les impusieron en Bahía Blanca y General Galvez.
“Todos lo que estamos aquí presente estamos evolucionando en esa conciencia de clase hoy en día, esto es un sentimiendto de clase. Sentimos que somos trabajadores, tenemos sensibilidad de trabajadores y eso es lo que nos mueve hoy en día para estar acá. Estamos enormemente agradecidos, muy esperanzados y reitero la convocatoria para que armemos un frente de resistencia en donde la protección de la familia sea el hilo conductor de todos los trabajadores”, exclamó César Riobo, delegado de Cargill, en la apertura del acto.
Enrique Gandolfo de la CTA Bahía Blanca-Dorrego recordó la huelga de 1907 y a sus mártires, la huelga de los portuarios de 1966, a los 22 muertos del 85 para luego anclarse en la realidad y hacer un llamamiento a la unidad de los y las trabajadoras.
“En Ingenieron White convivieron trabajadores inmigrantes de uno y otro país; y en el 1 de mayo no se separaban por el país que habian nacido, se juntaban por la pertenecia a la misma clase social. En este Día Internacional de los Trabajadores nos viene bien este ejemplo, cuando lo que tenemos enfrente es un gobierno que trae la reforma laboral cuyo primer punto es bajar las indemnizaciones por los despidos, creo que con ese primer punto está claro para quienes gobiernan”, sentenció Gandolfo.
Ana Canullo, también dirigente de la CTA y del Suteba Bahía Blanca, trajo al presente los nombres de varias mujeres sindicalistas y referentas del movimiento de mujeres organizadas, aclamando por un 1 de Mayo “que sea también de las trabajadoras”.
A lo largo de la actividad FM De la Calle dialogó con algunos trabajadores respecto a los desafíos que tiene el movimiento de la clase trabajadora en esta etapa.
“Fundamentalmente hoy por hoy no estar pensando en el 2019, para pensar en eso hay que transitar el 2018 y creo que es ese es nuestro mayor desafío entender que el pueblo solo puede salvar al pueblo. Creo que tenemos que replicar con más dureza, con más unidad y fundamentalmente con nuestras centrales nacionales de trabajadores y trabajadoras convocando a un verdadero plan de lucha nacional que contenga un paro total de actividades”, afirmó Sergio Zaninelli de ADUNS.
Agregó que “hay un movimiento que congrega las dos CTA, parte de la CGT que critica a la otra CGT burocrática entreguista y también a los movimientos sociales, un actor fundamental en estos momentos. Creo que es donde nos tenemos que reflejar y exigir un verdadero plan de lucha. Hay que recuperar de alguna manera, hoy a 50 años, lo que fue la CGT de los argentinos, creo que debemos mirarnos en ese espejo y actuar en consecuencia”.
Cesar García, dirigente de la Corriente Clasista Combativa, confirmó que su organización en conjunto con Barrios de Pie, parte del Movimiento Evita y la CTEP presentarán batalla en la contienda electoral local y nacional de manera conjunta.
“Hay un punto concreto que tiene que ver con la unidad de todo el movimiento, es un desafío muy grande porque el gobierno quiere agarrarnos por separado y por eso entendemos que tiene que haber una unidad concreta en acciones concretas y representar a todos los sectores. También tienen mucho que ver los dirigentes sindicales ya que muchas veces son trabas, por eso como decía el general Perón será con los dirigentes a la cabeza o será con la cabeza de los dirigentes por fuera. Hoy lo que concreto que tenemos que hacer es unir todo lo posible de ser unido, para enfrentar la politica de ajuste de Macri. Un frente amplio que tenga perspectivas para el año que viene y ser opción en politica, ese es el desafio que tenemos para más adelante”.
Una vez finalizadas las más de 15 intervenciones, los músicos y músicas de la UMSUR cerraron el acto con sus presentaciones que duraron hasta entrada la tarde. Varios trabajadores de Cargill retomaron sus puestos de trabajo a la espera de las novedades que podrían sucederse en los próximos días.
Luego de la escalada del dólar que llegó a superar los 23 pesos, el gobierno se vio obligado a salir a calmar las aguas mientras que el Banco Central efectivizó un paquete de medidas para subir la tasa de política monetaria al 40%. Eduardo Lucita, integrante del Colectivo de Economistas de Izquierda, analizó la situación en el aire de FM De la Calle.
Afirmó que el problema financiero “corrió el velo sobre la debilidad de los fundamentos del programa económico del gobierno. En esta disputa ganó el mercado internacional porque la presión fue muy fuerte luego de que Estados Unidos decidiera subir la tasa de interés”.
También aseguró que la idea que quiso dar el gobierno “es que finalmente se acabó el gradualismo. Hasta ahora era un ‘gradualismo sui generis’, porque en las tarifas se utiliza una política de shock (la antítesis). Hay una embestida muy fuerte de los poderes financieros internacionales y de los gurúes de la city de que hay que aplicar una política de shock fuerte en general”.
Sobre los dichos del secretario de Comercio, Miguel Braun -“subestimamos el pase de la devaluación a la inflación y el impacto de las tarifas”- aseveró que “se va a transmitir rápidamente a los precios –especialmente en alimentos– pero también en la industria y sectores que son importadores. Quizás en uno o dos meses también se refleje en precios mayoristas”.
Respecto a cómo afecta esto a los salarios manifestó que “el ministro Dujovne ratificó hoy que no van a mover la pauta inflacionaria del 15%. Si hasta ahora se pensaba que la pauta del 15 se iba a cumplir en agosto, y los últimos 4 meses los salarios iban a perder… van a empezar a perder desde ahora”.
Lucita aseguró que “el promedio de datos que hace el Banco Central periódicamente ya hablaba de una inflación del 20%; con la situación actual, si está por debajo del 25% hay que descorchar champagne. Los salarios si siguen así van a perder más”. Y, si bien el presupuesto plantea un crecimiento de la economía del 3.5, “varias consultoras hablan de que el crecimiento va a estar por debajo del 2; si uno no crece al 4% no crea empleo real”, indicó.
“Si un Estado –que se precie– no le mete mano a la banca y al comercio internacional, no hay forma de eludir la salida de capitales. Le pasó al gobierno anterior que controlaba el tipo de cambio y administraba reservas pero se le iban dólares por todos lados. El mercado lo doblegó en el 2014 y obligó a una devaluación que se les fue de las manos pero que pudieron recomponer por los controles estatales que tenían”, explicó el economista.
“Ahora todo el poder está en los bancos y en el capital financiero. Frente a eso el Estado es un colador, no tiene forma de controlar los movimientos. Todos los que entraron para aprovechar la bicicleta financiera decidieron irse porque Estados Unidos subió la tasa al 3% y están todos mirando para allá porque hoy se anuncia cuánto es la tasa de desempleo (si la tasa de desempleo baja, los salarios aumentan, la inflación va a aumentar y la reserva federal va a aumentar de nuevo)”.
Luego del debate en tres comisiones de la Cámara de Diputados de distintos proyectos para frenar o aliviar los tarifazos, el legislador Nicolás del Caño comentó a FM De la Calle la posición del Frente de Izquierda.
“Nosotros hemos planteado retrotraer los aumentos al 2016. Planteamos la realización de una auditoría sobre las empresas de servicios públicos privatizados porque lo primero que hay que decir es que recibieron subsidios realmente millonarios estas empresas durante los gobiernos kirchneristas y no sabemos qué pasó con ese dinero”.
“Mindlin y Caputo en 2017 ganaron nueve mil millones de pesos. Sus ganancias crecieron un 2000%, entonces son contrastes enormes entre como han ganado las empresas y la rentabilidad”.
Consultado sobre los cambios propuestos por el oficialismo a los proyectos, explicó que no se habla de las ganancias de las empresas sino que “se pide a los municipios y a las provincias que hagan un esfuerzo”.
“La mitad de los trabajadores en la Argentina gana menos de 12 mil pesos ¿cómo hacen para pagar una factura de luz de 1000? tenes que pagar un alquiler, tenes que darle de comer a tus hijos, realmente es insostenible la situación”.
Se trata de la charla informativa y gratuita sobre autismo que se dictará mañana a las 16hs en la Biblioteca Rivadavia, donde disertarán las licenciadas Laura Cragno (fonoaudiología) y Carolina Resio (terapia ocupacional). Pamela Moya, integrante del Comité de Autismo Bahía Blanca, comentó en FM De la Calle qué lxs motivó a organizar esta charla.
Moya aseguró que uno de los objetivos del Comité es “difundir qué es el autismo para quienes viven con esta condición y sus familias”. Es fundamental hablar de detección temprana, “de cómo podemos los papás y profesionales darnos cuenta que tenemos un niño que puede estar dentro de la Condición del Espectro Autista”.
“En base a mi experiencia hay una falencia muy grande por parte de los profesionales, pediatras específicamente, que son los que nos tienen que dar una alerta. En su formación profesional no tienen materias de neurodesarrollo”, explicó la mamá de Joaquín (8), niño con CEA. “Yo sabiendo que había algún inconveniente con Joaquín, no obtuvimos una detección hasta que tuvo casi 3 años y medio, es mucho tiempo para la familia”.
Actualmente intentan articular con el Colegio de Pediatras “algún tipo de detección en consultorio. Con un simple cuestionario se puede llegar a detectar un desvío, que no implica un diagnóstico pero sí llevaría a una interconsulta. La intención es que los pediatras tomen conciencia de esto y hacerles este test a los niños”.
Entre los principales mitos a derribar sobre el autismo explicó: “Esto no es una enfermedad, es una condición y toda su vida va a vivir con ello. Además nos gustaría hablar de espectro, en la televisión sólo hemos visto personajes con autismo que no hablan -cuando hay más características particulares-, parece que no están en este mundo, y son personas que están pero lo ven de otra manera. Tenemos que incluirlos y eso implica un desafío muy grande de pensar cómo”.
Miguel Caracciolo, titular de la Asociación para la Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (APRESUH), se refirió en FM De la Calle a los cambios en controles a frigoríficos y aseguró: “al mes de mayo tenemos la misma cantidad de casos de SUH que los registrados en todo el 2017, nos preocupa porque quiere decir que las cosas no andan bien”.
En relación a los controles a frigoríficos comentó que “viene afectando hace muchos años a los que dependen de la provincia y ahora se extiende a todo el país”. Así, dejaran de hacerse los “mínimos controles” que se realizaban sobre más de 250 enfermedades de transmisión alimentaria.
“Normalmente los frigoríficos nacionales tenían control a través de veterinarios de planta (pagados por el estado) que supervisaban e inspeccionaban cada frigorífico”. Caracciolo aseguró que no era el control que “uno pretendería que se llevara a cabo de acuerdo a cánones vigentes” pero se controlaba el manejo de cada frigorífico, si la manipulación era correcta y se hacían análisis de medias reses.
“El veterinario de planta no existe más, pasa a ser veterinario de registro y depende de cada frigorífico”, es decir que el dueño del lugar –que debería controlar, supervisar y fiscalizar– será responsable de pagarle el sueldo. “Un veterinario es empleado del frigorífico que le paga y llegado el caso tiene que sancionar o clausurar el lugar que le da de comer. Si alguien cree que eso puede pasar, vuelvo a creer en los reyes magos”, dijo Caracciolo.
Si bien esta situación sucede “hace años” en la provincia, sí es nuevo que “haya salido una medida a nivel nacional. Nos ponemos a trabajar para llegar a través de la Legislatura y que se tomen cartas en el asunto. […] Debería tomarse conciencia de la situación, y responsablemente se debería dar marcha atrás, ese es el pensamiento de APRESUH”.
Sobre los casos de SUH, garantizó que están llevando adelante una campaña de prevención y concientización junto a la Cooperativa Obrera y profesionales de APRESUH en Bahía Blanca, gran parte de la región y distintas provincias.
