Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
Noticias relacionadas
(Editorial*) Ayer debería haberse llevado a cabo la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante con la presencia del intendente Héctor Gay. En cambio, el oficialismo decidió no llevar adelante el normal funcionamiento de esta instancia de vigor institucional.
El presidente del cuerpo deliberativo, Nicolás Vitalini, dijo que “no estaban dadas las condiciones” para llevar adelante la sesión y atribuyó esa supuesta falta de condiciones a la presencia de organizaciones y gente de a pie que fueron a reclamar por diferentes cosas.
La primera cuestión a señalar es que, si Nicolás “doble voto” Vitalini se refiere a las condiciones de seguridad, no se entiende que esboce este aspecto a modo de reclamo ya que no es otro funcionario que él mismo el responsable de arbitrar los medios en tal sentido. Por lo que, en una lectura literal, se desprende que, según lo dicho por Vitalini, la responsabilidad de haber suspendido la sesión es del propio Vitalini.
El segundo elemento versa acerca de la calidad democrática que padecemos en Bahía Blanca. Las mentadas “condiciones” no son otra cosa que presencia de diferentes reclamos ante quienes ofician de representantes del pueblo. Gente que reclama a quienes deben representarles. Esas eran las “condiciones” que según Vitalini no le permitieron sesionar. Hablamos de la participación política directa. Para quién preside el cuerpo político por excelencia a nivel local la participación política y la organización son condiciones que no le permiten sesionar. Una clara expresión de la falta de cintura, incapacidad de resolución política y pobre formación cívica del sujeto.
Pero peor aún, la ceguera absoluta de no reconocer que si toda esa gente estaba ahí levantando la voz para ser escuchada fue centralmente porque el oficialismo no dio respuesta a ninguna respuesta por vía institucional. Porque se cagan en todo lo que no les diga “sí, señor”. Porque ejercen el mandato de origen democrático de manera autoritaria: sólo escuchan a sus socios y a quienes están afines políticamente.
El tercer aspecto es que sólo una mirada obtusa puede atribuir al “kirchnerismo” o a “grupos de izquierda” lo que en rigor fue presencia de los más diversos sectores sociales con reclamos genuinos. Es una estigmatización consciente y macartista construida y forzada para evitar asumir la responsabilidad política concreta que tienen las acciones de gobierno y del legislativo. Muchos de los reclamos y demandas de ayer tienen que ver con acciones tomadas por la actual gestión.
Un capítulo aparte merece el tratamiento mediático. Cada vez más se diferencia en las prácticas periodísticas bahienses una “grieta” perversa: por un lado, la cobertura que dan quienes se desempeñan como trabajadores/as de prensa muchas veces refleja lo que ocurre en el lugar de la crónica. Pero el rol de los editores, que responden a los intereses de las empresas de comunicación, desvirtúan los materiales enviados, mintiendo, difamando y escribiéndole las primeras líneas de justificación al oficialismo, sobre las cuales luego desarrollan sus defensas. Una verdadera militancia del proyecto oficialista. Nunca hubo un periodismo tan militante en esta ciudad.
Miremos si no dónde pusieron el foco. Habiendo decenas de expresiones de reclamo decidieron enfocarse en un fragmento de menos de un minuto en el que un dirigente gremial expone, ante la falta de presencia del intendente a quien se le iba a entregar una nota, que debería estar ahí.
Ayer no hubo ningún hecho de violencia por parte de la ciudadanía organizada. Esto hay que recalcarlo. Sí hay violencia institucional cuando a un pibe o a una piba les dejan si su orquesta. En cambio muchos editores decidieron poner el foco ahí. “Tal vez el reclamo sea genuino pero no es la forma”, dicen. ¿Y cuál es la forma? ¿Cuál es la forma cuando todas las vías institucionales son desoídas y por respuesta hay ignorancia y maltrato?
Lo concreto es que ayer el jefe comunal debía hacerse presente ante el órgano de representación parlamentaria de la ciudad. En cambio, se escondió el pueblo. Ayer debería haber dado un discurso en el ámbito público. En cambio, esta mañana fue a refugiarse entre las cuatro paredes custodiadas del medio privado que financian sus aportistas de campaña.
Y que quede claro: a espaldas incluso de su electorado. Por nadie votó a este gobierno para que cierre orquestas, para que apriete docente, para que eche talleristas o para que pisen a los más débiles. ¿Pobreza cero era el lema de campaña? “Calidad democrática 0” es la acción concreta. Están a contramarea de su propio electorado. Como están dadas las cosas, el faltazo de ayer de Héctor Gay a la apertura de sesiones en el HCD mostró a un dirigente político cuya actitud concreta no representa ni siquiera la voluntad de sus propios votantes.
*Por Astor Vitali
La secretaria general de ATE, Viviana Marfil, explicó a FM De la Calle a la grave situación que atraviesan los talleres municipales y sus docentes.
“Los talleristas cesaron en diciembre y, después de una reunión que tuvimos en febrero, se habían comprometido que iban a continuar todos y se iban a evaluar uno por uno. Estamos hablando de que en abril ya están llamando a varios compañeros de este programa del municipio diciéndoles que no va a haber renovación”, manifestó.
Consultada sobre cuáles son los talleres afectados por estas medidas agregó que “estamos hablando de los talleristas que no estaban dentro de Envión, que funcionaban en los distintos lugares donde tenían los espacios como: cerámica, música, danza, algo que realmente es muy importante en la cuestión de los chicos”.
“Es muy grave esto cuando estamos hablando de políticas de niñez que deben y es responsabilidad de municipio implementar, al igual que en la provincia”.
Respecto de las medidas que están tomando como sindicato explicó que “estamos presentando una nota al Ministerio de Trabajo y vamos a seguir solicitando de manera urgente una reunión con el municipio la cual, se comprometieron a dar respuesta y todavía no la tenemos”.
El intendente Héctor Gay no se presentó en el Concejo Deliberante para abrir el período de sesiones ordinarias. Según Nicolás Vitalini, presidente del cuerpo, “no estaban dadas las condiciones”.
En la antesala del esperado discurso, el presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Carlos Quiroga, manifestó:
- “Son horas muy tristes para Bahía Blanca, el tema de la inseguridad está haciendo estragos”.
- Invitó a que “la gente mire las sesiones por internet, porque es una buena manera de auditar nuestro desenvolvimiento”.
- Entre los elementos a tratar en la primera sesión, esperaban que Walter Larrea defendiera un proyecto “llamando la atención sobre lo que está pasando en Cargill, pidiendo que el Concejo pueda poner a miembros del cuerpo para interceder ante la empresa (que está en lock out patronal con mucha gente al borde del despido)”. También pretendían pedir “un informe sobre por qué tardó tanto la ambulancia en el caso de la chica apuñalada en el Barrio Rucci”. Además querían preguntar cómo esta “el tema de la vacunación contra el sarampión” y pedir que “Marisco explique el desastre de los parquímetros”.
Lxs trabajadorxs estatales fueron al Concejo luego de manifestarse frente al palacio municipal. Sandra Marfil, integrante de la comisión de ATE Bahía Blanca dijo:
- “Estamos en el HCD manifestando y apoyando a los compañeros de Cargill, la orquesta infanto juvenil…” y aseguró que desde el municipio están “haciendo recortes -como siempre- sobre los más débiles, recortando todo en los barrios, sacando lo que es contención social”.
- También manifestó: “el gobierno no escucha, solo habla con gremios obsecuentes de los salarios a la baja, no nos va a impedir seguir protestando y manifestando porque estamos perdiendo derechos. Ningún trabajador puede estar por debajo de la línea de pobreza, tiene que tener un salario digno, no la miserable cifra que ofrece la gobernadora”.
El gremio de Aceiteros se acercó al deliberativo después de recibir la noticia del lockout patronal en las plantas de General Gálvez y Bahía Blanca. El secretario adjunto del sindicato, Diego Márquez -quien concurrió con su hijo en brazos para mostrarle a lxs concejalxs cómo perjudica a las familias la situación-, comentó:
- “Fuimos a trabajar y pusieron un cartel en el ingreso notificándonos que por cinco días no íbamos a ingresar ni a cobrar salario. Presentamos a todos los bloques cuál era la situación y desde UC van a intentar generar algún tipo de comisión para tratar de ir a hablar con Cargill”.
La abogada feminista y tambora de DesBandadas, Fernanda Petersen, habló frente a lxs presentes minutos después del mediodía cuando ya circulaba la noticia de que Gay no iba a hablar. Petersen exigió que el intendente apareciera y escuchara los reclamos “porque trabaja para nosotros”. Al ser entrevistada por FM De la Calle aseguró:
- “Es una falta de respeto a cada una de las personas que están en el recinto trayendo su reclamo. […] Son problemáticas de las cuales no puede no ser sensible, más cuando ocupa un lugar de poder y público; es representante de todxs los bahienses y tiene que venir y sesionar. […] Es una cuestión institucional”.
- “Todas las personas que estamos acá queremos escuchar qué tiene para decir, preguntar y plantear todos los conflictos. Si consideran que estos conflictos no son tales que se lo digan en la cara a la gente, pero no puede no estar presente en un día como hoy”, reiteró.
- Respecto a los casos de las últimas semanas que tuvieron a mujeres como víctimas, dijo que es una “situación social muy grave, un desmembramiento social muy importante y creo que del Estado deberían venir las respuestas. El caso de Bustos (la joven apuñalada en el barrio Rucci), los tres chicos detenidos son menores, si vemos la foto de ellos y de la chica, son cuatro víctimas. Algo está mal y si no tomamos esta foto como una radiografía social, y nos ponemos a trabajar para solucionar esto. Nos están matando como moscas”.
Minutos antes de las 13, el presidente del HCD y lxs concejalxs del bloque Cambiemos bajaron a la sala para iniciar la sesión. No pudieron cumplir su objetivo porque -según Vitalini- “un grupo minoritario vino a impedir que esto se concrete”.
Desde la oposición, Gustavo Mandara (Cumplir), reflexionó:
- “Lamentamos mucho esto, están empezando a cosechar las tempestades que sembraron en los últimos años”.
- “Uno lamenta que determinado tipo de actitudes cuando se salen de su cauce pueden terminar siendo funcionales a aquellos intereses que se pretende combatir. Falta criterio de un poco más de respeto por las instituciones”.
- “Hoy hay un montón de reclamos, todos reales, comprensibles, pero han generado una tormenta perfecta que no se qué va a desencadenar”.
- Si bien aseguró no tener “expectativas de Gay, llamándome al respeto, quería escuchar con atención qué es lo que tenía para decir. Cuando uno repasa lo que dijo en 2016 y 2017 nada se cumplió”.
- Sobre el bloque oficialista dijo que “se están empezando a dar cuenta que le brotan problemas de abajo de las baldosas, llama a la reflexión en el sentido de darle al Concejo Deliberante el rol que corresponde”.
FM De la Calle accedió oficialmente este jueves 5 de abril a una licencia de radiodifusión para seguir democratizando el aire bahiense como lo hace desde 1989.
El ENACOM adjudicó a la Cooperativa de Provisión de Servicios Culturales de Bahía Blanca Ltda. el permiso “para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia que operará en el canal 200, frecuencia 87.9 MHz., categoría F, identificada con la señal distintiva LRM920, de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires”.
La resolución del directorio del organismo fue tomada por unanimidad durante la reunión del 22 de marzo pasado y fue publicada hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Hacemos extensiva nuestra alegría y abrazo a quienes fueron y a quienes son parte de esta historia comunitaria, alternativa y popular!
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución Sintetizada 2045/2018
RESOL-2018-2045-APN-ENACOM#MM – FECHA: 22/3/2018 – ACTA 32
EXPCOMFER 1104.00.0/2006
El Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha resuelto:
1.- Adjudicar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS CULTURALES DE BAHÍA BLANCA LIMITADA (C.U.I.T. N° 30-70983306-1), una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia que operará en el canal 200, frecuencia 87.9 MHz., categoría F, identificada con la señal distintiva LRM920, de la localidad de BAHÍA BLANCA, provincia de BUENOS AIRES.
2.- La licencia otorgada abarcará un período de QUINCE (15) años contados a partir de fecha del acto administrativo de autorización de inicio de emisiones regulares, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria.
3.- Otorgar un plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de la publicación de la presente, para que el licenciatario envíe la documentación técnica exigida.
4.- El monto de la garantía de cumplimiento de contrato, asciende a la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA ($ 11.190,00), debiendo el depósito constituirse en alguna de las modalidades prescriptas en el referido Artículo, dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicada la resente. 5º- Establecer que dentro de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos de publicada la presente, la estación deberá estar instalada acorde con el proyecto aprobado e iniciar sus emisiones regulares, previa habilitación conferida por este organismo.
6.- La adjudicataria deberá cumplir con el pago del gravamen correspondiente al servicio adjudicado, desde la fecha de su presentación al Régimen de Normalización, dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de otorgada la licencia, de así corresponder.
7.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC, con relación a la altura de la estructura soporte de antenas a instalar y el cumplimiento de las normas correspondientes emanadas de dicho organismo. El alcance de la licencia adjudicada por la presente, se limita a los parámetros técnicos asignados, no comprendiendo obras de infraestructura civil, fiscalización del espacio del aéreo ni otros ajenos a la competencia del ENACOM.
8.- Determinar que el reconocimiento correspondiente a la emisora “FM DE LA CALLE”, de la localidad de BAHÍA BLANCA, provincia de BUENOS AIRES, establecido por la Resolución Nº 753-COMFER/06 ha decaído de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7º de la Resolución Nº 1.366-COMFER/06, sin perjuicio de lo cual, el cese efectivo de las emisiones tendrá lugar el día en que se habilite el servicio que por la presente se adjudica.
9.- Notifíquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese Firmado: Miguel Ángel De Godoy, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.
NOTA: La versión completa de esta Resolución podrá obtenerse en la página web de ENACOM: www.enacom.gob.ar/normativas.
Silvana Beatriz Rizzi, Jefe de Área, Área Despacho, Ente Nacional de Comunicaciones.
e. 05/04/2018 N° 21388/18 v. 05/04/2018
Fecha de publicación 05/04/2018
Omar Asad, integrante de la comisión directiva de la Sociedad Sirio Libanesa de nuestra ciudad, relató en FM De la Calle cómo es la vida de cuatro personas refugiadas que se instalaron en Bahía Blanca semanas atrás: Miral, un hombre de 37 años; Heikel y Roy, quienes concurren a las escuelas medias de la universidad y Ahlam la madre de los dos adolescentes.
Miral participó en la guerra que se desató en Siria el año 2011. Asad comentó que “no era militar de carrera” (estudió Economía en la universidad) y estuvo como soldado en el ejército oficial de Siria. Recibió cuatro heridas juntas de armas y dice que ‘Dios lo salvó’. “Todos esperan que sean musulmanes pero ellos son católicos ortodoxos”.
“Tenía una vida de clase media pero, por lo que cuenta, ni la casa ni los bienes familiares han quedado en pie. Se recuperó y consiguió la posibilidad de venir porque la mamá es hija de árabes pero nació en Córdoba y a los nueve años volvió a Siria donde se casó con el padre de Miral”, mencionó Asad.
La llegada de lxs cuatro a Bahía Blanca es “gracias a la gestión de la presidenta de la Sociedad Sirio Libanesa, Susana Schbib, quien los apadrinó. Cumplió con todos los requisitos y pudo facilitarles la permanencia legal. También les facilitó una propiedad que tenía en desuso, les queda aprender bien el castellano y conseguir trabajo lo más pronto posible”.
Sobre Siria le comentaron a Omar que “era un país ‘normal’ hasta esta guerra civil que es devastadora. [Miral] me señalaba que lo que vemos por televisión es el tamaño de una uña de lo que pasa en realidad”.
Mientras mejoran su castellano y consiguen trabajo, lxs refugiadxs cocinan y venden comidas típicas de su país.
Desde el SITRAIC denunciaron aprietes por parte de la empresa Carcereny Construcciones S.A. y del interventor de la UOCRA, Carlos Boer a los trabajadores que están realizando la semipeatonalización de calle Alsina.
Cinco obreros fueron despedidos en el marco del conflicto que mantienen con la constructora y el Municipio. “Nunca hubo una toma de obra como ellos dicen, siempre fue en asamblea, fue un cese de actividades, nunca fue un paro de obras”, dijo a FM De la Calle Martín Parada.
La obra, autorizada por el HCD en enero del 2014 por la Ordenanza 17.421, fue puesta en marcha cuatro años después. La licitación fue otorgada a la empresa Carcenery Construcciones S.A.. “Estamos esperando respuestas del municipio porque esta empresa tiene antecedentes donde ya ha dejado a gente tirada en la calle, sin pagarle”.
Días atrás, desde el sindicato manifestaron que la obra no tenía las medidas de seguridad necesarias. “Dos compañeros han tenido distintos accidentes: uno ha caído en un pozo trabajando con el martillo neumático y tenemos un compañero que la semana pasada salió lastimado con una amoladora por no tener protección, que eso lo tiene que brindar la empresa”.
“La Municipalidad sigue mirando para otro lado, como siempre. Al SITRAIC no lo han atendido, siempre han atendido a la UOCRA. Esto es clarito, dos más dos es cuatro, está metida la UOCRA, los empresarios y como cómplice el municipio”, finalizó el dirigente.
El juez José Luis Ares absolvió a Petrobrás en una infracción por contaminación ambiental. Nuevamente “las injustificadas demoras” del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible en el trámite del expediente llevaron a la prescripción de la causa. Ares subrayó la “irregularidad” y remitió el fallo al jefe de Gabinete de la gobernadora María Eugenia Vidal.
La petrolera debía pagar 70 mil pesos de multa por la emisión de olores a hidrocarburos y azufrados el 3 de febrero de 2011. Ese día el OPDS llamó a la empresa a hacer su descargo aunque recién la condenó el 24 de mayo de 2012 cuando “ya se había cumplido el plazo de prescripción”.
“Sin embargo, inexplicablemente, ese decisorio del órgano administrativo recién se notificó a la firma imputada el 10 de marzo de 2017 y recién se concedió el recurso el 22 de junio de 2017, habiéndose producido una incomprensible e injustificada demora en la tramitación del proceso, en un largo camino hasta su arribo a esta sede judicial, lo que recién ocurrió el 27 de febrero del corriente año”, afirmó Ares.
En marzo de 2016, el juez ya había planteado el problema al absolver a PBB Polisur del pago de 150 mil pesos por la prescripción de una causa por emisión de humos negros durante casi veinte minutos el 20 de abril de 2011. En aquella sentencia insistió en la necesidad de modificar las leyes y denunció como “sospechoso” al “sistemático y burdo accionar dilatorio de los funcionarios del OPDS”. Incluso se remitió a la Fiscalía ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público.
En el fallo Petrobrás -del 14 de marzo pasado- recuerda que, en su opinión, “de ningún modo el código de faltas policiales tiene aplicación en estos casos que versan sobre contravenciones que afectan el ambiente. Por el contrario, si bien la normativa específica no prevé plazos de prescripción, debo destacar que la Ley 11720 de residuos especiales (art. 56) establece en tal sentido el plazo de cinco años, al igual que la Ley Nacional 24051, que establece el régimen de desechos peligrosos (art. 52). Dicha normativa, por regir la misma problemática, es la que debe ser tenida en cuenta en estos casos”.
“No obstante mi opinión, la que dejo a salvo, entiendo que debo aplicar la doctrina de la Corte provincial, dada la ubicación institucional de la misma, a que es una posición más favorable para la imputada y por razones prácticas a fin de evitar dispendio jurisdiccional, dado que un pronunciamiento en sentido contrario a aquella doctrina será revocado en instancias superiores”, concluyó.
Este fin de semana lxs compañerxs de FM Alas publicaron un comunicado que informaba sobre un incendio en los cimientos de la construcción de su nueva sede. Esto ocurre luego de reiterados episodios de amenazas, dos de ellos precisan “que nos iban a prender fuego la radio” según aseguró Guido Augello, periodista e integrante del colectivo.
Radio Alas existe hace treinta años en El Bolsón y los últimos veinte habitó una casa antigua en el centro que “lamentablemente tuvimos que dejar en diciembre para empezar a construir un lugar propio para la radio. Estuvimos recibiendo amenazas telefónicas a lo largo de 2017 por la cobertura de lo ocurrido con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y otros proyectos extractivos de la zona que intentó avalar el intendente (loteos privados en reservas naturales)”. Esto generó una relación “muy tensa” entre la radio y el gobierno municipal, detalló Augello.
“Si hubiesen querido prender fuego el lugar anterior hubiera sido bastante complicado, en este caso parece que ante la facilidad [de la nueva ubicación] consumaron el hecho” dijo y explicó que el día 30 habían puesto los tirantes “de lo que iba a ser el piso de la nueva construcción, fue el primer material inflamable que se puso en el lugar”.
“Esa misma noche fueron algunos individuos con la intención de romper estos tirantes y luego decidieron armar una fogata -iniciado con una publicación de “Prensa del Pueblo”- que por suerte no se propagó mucho. Las pérdidas materiales no son tantas, nos queda claro el mensaje mafioso, si la intención hubiese sido robar podrían haberse llevado materiales de construcción”, comentó el periodista.
Esta no es la primera vez que sufren amenazas en la zona, incluso hay antecedentes de emisoras radiales incendiadas: “Radio Activa y Radio Patagonia Andina se encontraban en su momento cubriendo y teniendo una opinión en contra de proyectos relacionados con Joe Lewis y fueron prendidas fuego”. También el centro comunitario del paraje rural Mallín Ahogado -donde se reúne la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra- sufrió cinco siniestros.
El integrante de FM Alas afirmó que la responsabilidad “de esta situación y de cualquier cosa que pudiera ocurrir” es de la “Fiscalía del Bolsón, el poder judicial provincial y el poder ejecutivo provincial, que tienen la obligación de protegernos y de generar el espacio donde nosotros podamos llevar adelante la comunicación”.
“Tenemos denuncias de todas las amenazas del año pasado, nos presentamos como querellantes, propusimos medidas para que la Fiscalía pueda dar con las personas que nos estaban amenazando, llevamos un perito propio y lo rechazaron, pruebas contundentes de la titularidad de los números de teléfono que se habían contactado con los mensajes intimidatorios y desde la Fiscalía no se intento avanzar”, concluyó.
Ernesto Alonso, integrante del CECIM La Plata y ex combatiente de Malvinas, se refirió a la causa que investiga las torturas ejercidas por las fuerzas armadas contra los soldados durante la guerra con Inglaterra. La Comisión Provincial por la Memoria adhirió al pedido de indagatoria a represores.
La causa fue iniciada en 2007, tiene más de 120 hechos denunciados, alrededor de 90 militares imputados y ni una sola indagatoria. “Aquí hay una política ausente con respecto a lo que debería continuar siendo el proceso Memoria, Verdad y Justicia (…). Es inadmisible que todavía estemos pidiendo que se investigue”, manifestó.
En el año 2015 fueron desclasificados los archivos secretos de la guerra de Malvinas en donde se da cuenta de los vejámenes a los que se veían expuestos los soldados por parte de los militares. Alonso sostuvo que “hay testimonios, las actas de recepción firmadas por los propios soldados, que denuncian estos hechos, hay actuaciones de justicia militar que denuncian estos hechos y hay todo un montaje de inteligencia para encubrir estos hechos y órdenes de los propios jefes de la dictadura para que no se sepa la verdad. Todo esto también está en la causa”.
Consultado sobre qué visión tienen respecto de la política de Cambiemos en materia de soberanía argumentó que “lamentablemente estamos retrocediendo” y que “estamos recorriendo caminos ya transitados, erróneos de la política exterior de la República Argentina”.
“Lo comparo esto con aquellos acuerdos firmados en los años ’90, los acuerdos de Madrid, que le permitieron al imperialismo británico avanzar en la explotación de recursos naturales. Lamentablemente la política de Cambiemos (…) está nuevamente beneficiando los intereses y la política británica en el Atlántico Sur”.
“Nuevamente están embargando el futuro de los argentinos en un área riquísima. Estamos hablando del conflicto más importante a escala global por la cantidad de kilómetros cuadrados que están en disputa. No son solamente las Islas Malvinas, Sandwich, Georgias del Sur, sus mares circundantes, lo peor aún es la tercera fase que se plantea Gran Bretaña que es avanzar hacia la Antártida. En el 2040 vence ese Tratado Antártico y si no consolidamos una política efectiva sobre la cuestión Malvinas, defendiendo los intereses de los argentinos, también vamos a perder la Antártida porque ese es el objetivo final de los británicos ”, aseguró.
Acompañamiento de la CPM
Hace casi once años, el Centro ex combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata) denunció en el juzgado federal de Río Grande, Tierra del Fuego, las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas contra soldados argentinos durante la guerra. En la causa hay 105 denuncias por hechos de torturas, vejaciones y malos tratos que incluyen estaqueamientos, enterramientos y exposición al frío extremo y el hambre, entre otras prácticas, y más de 90 oficiales y suboficiales señalados como responsables.
El año pasado, el CECIM La Plata reiteró la solicitud de indagatoria para los militares Eduardo Flores, Pedro Pierre, Gregorio Cabrera, Rodolfo Cionchi, Osvaldo Vega y Reynaldo Oliver. Hoy, como querellante de la causa, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un escrito ante el juzgado federal adhiriendo al pedido solicitado por el centro de ex combatientes.
Asimismo, a raíz de las nuevas pruebas que surgen de un informe de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, la CPM también solicitó que se cite a declarar al teniente Eduardo Ferrer, a los cabo primero Miguel Ángel Benítez y Fernando Scicchitano, y al cabo Néstor Marmallon. Este informe, realizado a partir del entrecruzamiento de archivos desclasificados y requerimientos obrantes en la causa, permitió identificar nuevas víctimas e imputados y se suma como un elemento de prueba para avanzar con las solicitudes de indagatoria.
Después de tantos años de dilación para avanzar en el juzgamiento de estos crímenes, la CPM volvió a remarcar la “imperiosa necesidad de contar en la presente investigación con avances en la determinación de responsabilidades penales”. En ese sentido, y con el objetivo de impulsar la causa, el organismo se había presentado como querellante el año pasado.
A 36 años de la guerra, la condena por los hechos de muertes, torturas y malos tratos cometidos en las islas por los militares argentinos contra sus propios soldados sigue siendo una deuda pendiente de nuestra democracia.
Estos crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados y sancionados sin demora. El paso del tiempo genera más impunidad y revictimiza a los conscriptos que padecieron estas graves violaciones de derechos humanos y sus familias.
Organismos de derechos humanos locales y nacionales exigieron al Senado que no convalide la designación de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal federal de nuestra ciudad porque sería “un claro retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia contra los crímenes del terrorismo de Estado”.
El abogado de la APDH, Walter Larrea, dijo a FM De la Calle que “esto tiene que ver con el clima de época que se vive con toda la cuestión del ‘curro de los derechos humanos’, tal cual lo denominó el presidente Macri, y es premiar o ungir en funciones de mayor responsabilidad a aquellos funcionarios que precisametne no se caracterizaron por darle impulso y dinamismo a los procesos judiciales vinculados al esclarecimiento de la verdad y las responsabilidades penales”.
“Y no tanto contra militares sino fundamentalmente la cobertura y el manto de impunidad sobe los actores civiles. El caso de Vara y Massot son emblemáticos en ese sentido y tanto el dr. Martínez como el dr. Fernández Moreno -que ungía como secretario del juzgado- han tenido una responsabilidad cabalmene demostrada”, agregó.
Los organismos recordaron que Martínez fue nombrado por la Cámara Federal de Apelaciones como juez subrogante del Juzgado Federal N°1 el 5 de junio de 2012. “En dicho cargo, incurrió en graves irregularidades en relación a la investigación de crímenes de lesa humanidad, intentando procurar la impunidad de sus responsables”.
“Rechazó constantemente pedidos de indagatoria a genocidas realizados por el Ministerio Público Fiscal en las causas en las que se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército. Pese a que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca le ordenaba llevar adelante las indagatorias, Martínez continuaba en su negativa, violando así la ley procesal. En muchos casos, debió inhibirse de continuar investigando por su conocida relación de cercanía con los imputados”.
También lo responsabilizaron por haber “garantizado impunidad a Aldo Omar Vara -capellán del Comando del V Cuerpo del Ejército-, quien en los Juicios por la Verdad reconoció haber tenido contacto con ex alumnos de la ENET °1 en el centro clandestino de detención La Escuelita para obtener información y evitar que denunciaran los delitos de los que habían sido víctimas”.
“En abril de 2013 los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia pidieron su detención, la cual fue rechazada por Martínez. En agosto de 2013, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revocó dicha decisión y Martínez, en lugar de ordenar la inmediata detención de Vara, se apartó de la causa. Esto permitió a Aldo Vara profugarse en Ciudad del Este, República del Paraguay, donde finalmente fue detenido por Interpol el 28 de abril de 2014, falleciendo poco tiempo después”.
“También demoró el llamado a indagatoria de Vicente Gonzalo María Massot, dueño del diario La Nueva Provincia. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca había ordenado que se indague acerca de su responsabilidad en los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Por lo tanto, el Ministerio Público Fiscal pidió a Martínez que abra la instrucción correspondiente, a lo cual se negó sin siquiera llamar a Massot a indagatoria. Dicha resolución fue revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, ante lo cual Martínez se inhibió de continuar entendiendo en la causa”.
“Martínez se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército, lo cual había sido requerido por el Ministerio Público Fiscal, sosteniendo que dichos crímenes no eran de lesa humanidad. Esta decisión fue revocada también por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Frente a dicha resolución, en lugar de citar inmediatamente a indagatoria a los imputados, Martínez siguió tomando medidas dilatorias”, advirtieron.
Afirmaron además que “estas gravísimas irregularidades fueron denunciadas ante el Consejo de la Magistratura por parte del Ministerio Público Fiscal, la Asociación Civil H.I.J.O.S. Bahía Blanca y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Como consecuencia, el Consejo definió no ratificar la designación de Santiago Ulpiano Martínez como juez subrogante”.
“Actualmente, Santiago Ulpiano Martínez está siendo investigado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por su actuación en el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, en el marco de una denuncia realizada en diciembre de 2014 por los fiscales de dicha jurisdicción. Al postularse para el cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Martínez no lo informó al Consejo de la Magistratura”.
“La actuación de Santiago Ulpiano Martínez como juez subrogante puso en riesgo el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia que debemos defender y por el que hemos sido reconocidos como ejemplo en el mundo”, concluyeron.
El documento lleva las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, APDH Bahía Blanca, APDH La Matanza, Asociación Buena Memoria, CELS, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, H.I.J.O.S. Bahía Blanca, H.I.J.O.S. Capital, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Red por el Derecho a la Identidad Bahía Blanca.
El economista de la UNS Gustavo Burachik destacó que la baja en el índice de pobreza anunciada por el presidente Mauricio Macri ayer corresponde al último trimestre de 2017, el cual “políticamente fue el de las elecciones; entonces hubo toda una serie de medidas económicas tendientes a generar una atmósfera que no fuera muy adversa al gobierno”.
“Entre esas medidas estaba la decisión del Banco Central de mantener el dólar planchado, con una tasa de interés muy alta; demorar o evitar en ese trimestre los aumentos de tarifas, la estabilidad del dólar es muy importante porque cuando aumenta eso se traslada rápidamente a los precios de los alimentos y los precios de los alimentos, a su vez, generan un encarecimiento muy acelerado de la canasta de pobreza y de la canasta de indigencia”, afirmó.
Burachik agregó que “el tema de las tarifas también ha sido uno de los principales elementos motorizadores de la tasa de inflación. Pero si ustedes ven los datos de inflación del segundo semestre del año pasado el promedio había sido 1% más o menos, mientras que ahora estamos por encima del 2; es decir, el otro elemento importante fue el aumento de septiembre que tocó en el ANSES en las jubilaciones y, junto con las jubilaciones, los planes sociales”.
Los números del empleo
Por otra parte, el economista se refirió al análisis de los datos sobre empleo y concluyó que el crítico cuadro laboral que se había registrado en el aglomerado Bahía Blanca-Cerri (BBC) en el tercer trimestre de 2017 no ha seguido agravándose en el cuarto. Así lo indica el análisis de los datos del INDEC elaborado por el Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas del Sur que dirige.
Un primer indicio es la tasa de desocupación, que ha sido estimada en 7,1% y que se compara favorablemente con las mediciones de finales de 2016 y las de 2017 (excepto las del primer trimestre). Es pronto aún para afirmar, sin embargo, que una tendencia positiva ya está en marcha en el mercado de trabajo.
La estimación de la tasa de desocupación que realiza el INDEC acarrea un error estadístico de más/menos 14,3%. Sólo sabemos, con una probabilidad de 90%, que la tasa de desocupación de BBC se ubicó entre un 5,4% y un 8,8% en el último trimestre de 2017.
Por otro lado, de la elevada variabilidad histórica de los datos de la EPH (que surge con elocuencia en el gráfico) se deduce la conveniencia de concentrar el análisis en las tendencias sostenidas más que en las variaciones en cortos períodos de tiempo.
Sin abandonar la cautela, lxs economistas afirmaron que parecería, en segundo lugar, que la tasa de empleo ha experimentado una recuperación, al menos cuando se compara con los muy bajos niveles registrados desde 2014. Y en tercer lugar, el porcentaje de personas económicamente activas se incrementó como resultado del repunte de la ocupación.
Por último, un 10,5% de los bahienses que poseen una ocupación están buscando trabajo. Se encuentran allí los subocupados demandantes (6,5%) que trabajan pocas horas y desean trabajar más y buscan trabajo y otros ocupados que desearían cambiar de trabajo y están buscando (4%). Si se añade a este grupo los subocupados no demandantes (quisieran trabajar más horas pero no buscan activamente) se concluye que más de 12% de la población activa ocupada está disponible para trabajar más o en otra ocupación.
En este sentido, los datos también muestran que BBC continúa experimentando tasas de subocupación que, si bien son más bajas que el promedio nacional, resultan altas en términos del registro histórico local.
El panorama laboral bahiense ha seguido de cerca, en esta ocasión, la evolución del mercado de trabajo del total urbano nacional. La única diferencia apreciable es que en BBC se ha incrementado la incidencia de los ocupados que buscan o bien más horas o bien un puesto de trabajo distinto al que ocupan en la actualidad. Algo que no ha ocurrido en el mercado de trabajo urbano nacional.
La policía bonaerense detuvo a Fernando Benítez (24) y a su hermano Gonzalo (26) por mantener cautivas y violentar en su vivienda de Güemes al 3700 a dos mujeres con quienes mantenían una relación.
Una de ellas logró escapar días atrás y denunciar los abusos. A partir de su aviso las autoridades policiales y el fiscal Marcelo Romero Jardín allanaron el lugar y encontraron a la segunda víctima quien había sido atacada por dos perros de los imputados.
Las víctimas se encuentran internadas en los hospitales Penna y Municipal y aun no pudieron brindar su testimonio. Ayer, los hermanos Benítez y su madre Nélida Esther Llanos (65) -acusada por complicidad- se negaron a declarar en la indagatoria y fueron trasladados a la Unidad Penal de Villa Floresta y a la Comisaría de Villa Rosas. Los jóvenes fueron imputados por privación ilegítima de la libertad y tentativa de femicidio.
FM De la Calle dialogó sobre el caso con la activista e integrante de Acciones Feministas Verónica Bajo, quien sostuvo que “no hay casi palabras para describir estos hechos tan aberrantes y de tanto odio puesto, casualmente, en cuerpos de mujeres. Estar leyendo cada una de las prácticas de los hermanos Benítez, creo que principalmente uno de ellos con estas torturas sostenidas, como en otros casos ha pasado, esto además estando de por medio la privación de la libertad de estas mujeres durante tantos meses y que, si bien tengo entendido, siguen aún hoy con riesgo de vida”.
“Todo esto que venimos poniendo en visibilización hace tiempo: la falta de políticas del municipio, la falta de políticas a nivel nacional, todo este ajuste que se está llevando a cabo en todos los ámbitos y también no es ajeno el tema de la prevención de la violencia hacia las mujeres. Así que es un combo más que preocupante la realidad que vivimos”.
Comentó que “nosotras le llamamos terrorismo machista, creemos que estas expresiones tan grandes y esta seguidilla tan grande, el mensaje que impregna en la sociedad es el de terrorismo, el terrorismo que más mata en el mundo justamente, el terrorismo machista”.
“Yo creo que no se puede escindir a la sociedad a cada quien, hay muchas miradas que no coinciden con esto pero, yo creo que las cosas se permiten y prenden porque hay una permisibilidad y una sociedad que sigue permitiendo o que no sigue permitiendo. En el caso de esta revolución feminista y de mujeres que hay a nivel mundial, hay un indicativo que empieza a surgir desde las bases y que creo que ese es el cambio necesario”, manifestó.
Las comisiones gremiales internas del Banco Provincia resolvieron realizar un par de actividades el martes y el miércoles luego del fin de semana largo.
Denunciaron que están juego los derechos previsionales de lxs trabajadorxs, una grave situación financiera, nuevas re-estructuraciones en el organigrama y la intención gubernamental de tercerizar tareas.
Marcos Helbert dijo a FM De la Calle que “tenemos un conflicto latente que tiene que ver con la modificación del sistema previsional de los trabajadores activos y jubilados del Banco Provincia; ese conflicto hoy está transitando una vía en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires hicimos una presentación por inconstitucionalidad, eso se está tramitando y paralelamente en el ámbito gremial venimos haciendo un sinnúmero de acciones diferentes”.
“Lo concreto es que al día de hoy en el articulado de la ley vigente y aprobado en diciembre último, se establece que el Banco Provincia es el responsable del pago de las jubilaciones y las pensiones de los jubilados del Banco Provincia”, manifestó.
Sostuvo que “durante el 2017 el Banco Provincia tuvo 6900 millones de utilidades y solamente en este mes de marzo puso para pagar jubilaciones y pensiones 583 millones; eso anualizado, sin contar el medio aguinaldo, da una suma superior a los 7 mil millones, es decir, que no alcanzan las utilidades de todo un año para hacer frente al pago de las jubilaciones y las pensiones. Lo transforma directamente en un banco inviable y sabemos que con la lógica que está imperando en un banco inviable el camino está totalmente trazado en el corto plazo”.
Helbert aseguró que hoy van a continuar las asambleas y que “vamos a continuar conversando este tema entre el conjunto de los trabajadores y decidiendo las medidas de la semana próxima. El planteo es para el día martes y miércoles jornada completa, aunque en vistas de que hoy íbamos a tener reunión el Ministerio de Trabajo, iba a estar Sergio Palazzo participando activamente, y de ocurrir alguna medida planteada por el sindicato a nivel nacional, nosotros no descartamos articular en ese sentido”.
Así lo destacó Santiago Rey, periodista y director de En Estos Días de Bariloche, en comunicación con FM De la Calle luego de cumplirse cuatro meses del fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel.
Rey comentó que esperan una pericia “fundamental que permitirá determinar cuál de los prefectos realizó el disparo mortal que le causó la muerte”. La semana pasada se conoció “otra pericia para entender cuál fue el marco en el que se dio ese avance de prefectura sobre la Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi”.
Hasta el momento “se comprobó que Rafael no tenía pólvora en las manos y cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura sí”. Además, hace dos o tres semanas se supo que la Prefectura efectuó “114 disparos”. “Algunos prefectos llegaron a descargar dos o tres cargadores completos de sus fusiles MP5, lo que da cuenta de que se trató de una cacería”, aseguró el periodista.
“En la inspección ocular, testimonios, etcétera, no se puede dar crédito de la existencia de un enfrentamiento o tiroteo como planteó el Ministerio de Seguridad de la Nación y la ausencia de pólvora en las manos de Rafael termina de confirmar que efectivamente los fueron a buscar”. Por otra parte, de acuerdo a la inspección ocular, “los disparos de Prefectura se efectuaron 1000 metros dentro del territorio”, es decir que ingresaron sin orden judicial.
“Lentamente se va conformando el escenario para tener claridad sobre lo que sucedió, falta el dato relevante: de qué arma de todas las que utilizaron, más de 20”, se ejecutó el disparo.
Rey comentó que formalmente no hay imputados. “La causa -a pesar del intento de los abogados de la familia para que se cambie la caratula a ‘homicidio culposo’- sigue figurando como ‘NN sobre muerte dudosa’ y, a raíz de esta decisión, quedaron imputados (y detenidos tres días) dos jóvenes: Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes estaban en la comunidad el día del ataque y cuando hirieron a Rafael son quienes bajaron el cuerpo buscando ayuda”.
Luego de lo ocurrido con Rafael Nahuel, con la presencia de reuniones de funcionarios del G20 y por “los fantasmas de los saqueos ocurridos en diciembre unos años atrás”, Bariloche estuvo militarizada durante el verano, con una presencia policial muy importante y un remanente de oficiales en la actualidad. Sin embargo, “no se produjeron hechos violentos salvo lo ocurrido después de la extradición de Facundo Jones Huala. No es el mismo panorama que en otros momentos”.
(Fotos de Alejandra Bartoliche – Patagonia Fotopress)
“La semana pasada hubo un anuncio de reestructuración interna de Gendarmería para llegar más rápido a los conflictos: 800 gendarmes se van a instalar en la Patagonia, distribuidos entre Neuquén y Río Negro (Bariloche)”.
En relación a la Justicia mencionó que hay impunidad en relación a varios casos: la búsqueda de los restos de Daniel Solano, los responsables del asesinato de Atahualpa en Viedma. “Es una provincia donde el estado ha protagonizado muchísimos hechos represivos, de gatillo fácil, represión institucionalizada, y la justicia no ha estado a la altura del lugar que le hubiese correspondido”.
A cuatro meses del asesinato de “Rafita” Nahuel, el director de En Estos Días dijo que “señalábamos como contexto de la marcha de ayer que hubo poca gente acompañando, familia y amigos en soledad, esta sensación de que efectivamente los sectores más pobres son los que ponen los muertos del conflicto social y luego la sociedad los olvida”.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC) denunció la precarización y la falta de medidas de seguridad que padecen los obreros que trabajan en la semi-peatonalización de calle Alsina.
El dirigente gremial Martín Parada argumentó que “en este momento no están trabajando. Están de asamblea permanente por una cuestión de medidas de seguridad correspondiente a la obra. Dos compañeros de esta obra han tenido distintos accidentes: uno ha caído en un pozo trabajando con el martillo neumático y tenemos un compañero que la semana pasada salió lastimado con una amoladora por no tener protección, que eso lo tiene que brindar la empresa”.
Asimismo, explicó que de esos accidentes “la responsable es la empresa, porque no tiene el lugar vallado y seguro como corresponde para que el obrero pueda desplazarse y hacer el trabajo que corresponda. Los compañeros sí están con ART, pero hubo compañeros que no estaban registrados en AFIP. Intervenimos en la obra nosotros como sindicato porque tenemos afiliados. Notamos que no había inspectores de seguridad, no había seguridad e higiene”.
“El SITRAIC a nivel nacional, en Bahía Blanca y en la región, ha planteado un plan de lucha al trabajo en negro de la cual estamos llevando a cabo junto con el Ministerio de Trabajo y está arrojando estos resultados: que lamentablemente en varias obras encontramos la bandera de UOCRA presente donde verdaderamente atrás encontramos un montón de precarización laboral”.
“Nosotros como representante de los afiliados que están acá tenemos que intervenir, no podemos hacer oídos sordos. Esto es una realidad que está pasando en todo Bahía Blanca, tenemos una cifra bastante elevada con respecto al trabajo en negro: hay un 67% de la obras, principalmente de la ciudad y de la periferia que están totalmente en negro. Y también así en el Parque Industrial”, aseguró.
El Municipio ofreció en la última reunión paritaria un aumento del 15% en tres cuotas y la propuesta fue rechazada por el Sindicato y la Asociación de Profesionales de la Salud. El vicepresidente de la APSM, Pablo Fernández Keller, comentó a FM De la Calle el estado de las negociaciones respecto a puntos pendientes de 2017 y los pedidos para este año.
“De todos los puntos que pedimos no pudimos cerrar ninguno. Uno específicamente para todos los profesionales de las unidades sanitarias, desde hace dos años se pagaba un bono de doscientos pesos aproximadamente; nosotros queremos que se pase un porcentaje y lo que ofreció el Ejecutivo fue pasarlo de 200 pesos a 280 pesos, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo”, manifestó.
“Obviamente estamos dialogando, se quedó de volver la semana que viene a reiniciar el diálogo y en la semana hacer las reuniones para ver si podemos avanzar pero por ahora estamos bastante lejos”, consideró.
Consultado sobre como viene planteado el acuerdo paritario para este año, Fernández Keller comentó que “lo que pedimos fue un 22% con la cláusula gatillo, lo que ofreció el municipio es: un 15% en tres tramos, 5 en marzo, 5 en junio y 5 en octubre con una revisión en noviembre pero no retroactivo. Nosotros a eso lo tenemos que charlar en la asamblea que vamos a hacer la semana que viene pero mi impresión es que no se va a aceptar”.
“Siempre son permeables a dialogar”, mencionó respecto de la relación con el Municipio aunque agregó que “hasta ahora desde el 2017 no tuvimos ninguna respuesta aceptable. Hemos tenido respuestas, pero es complicada la respuesta que nos han dado”.
