Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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(Por Adrián Moyano) En 1492 nada alteró la vida cotidiana del Wallmapu. Saludamos a Antü como cada día, continuamos con las tareas en nuestras tierras, los wampo nos condujeron por ríos y lagos, bebimos nuestros pulku y besamos a nuestros pichikeche.
Octubre no es octubre en el Wallmapu porque 40 años demoraron los invasores en asomarse a la Pikunmapu. Y no se atrevieron a entrar. Recién en 1541 el wezache Valdivia levantó Penco, en la margen norte del Bío Bío y ya le salieron al cruce nuestros futrakecheyem. Aquí, nada de dioses ni de profecías esperadas.
Octubre no es octubre porque la guerra fue despiadada y de exterminio para los nuestros, pero aquí los españoles no pudieron. Después de tres décadas de increíble mortandad, de sufrimientos indecibles, de lágrimas y sangre, los mayores equilibraron la cuenta y en 1598, arrojaron a los winka al norte del río sagrado.
Aquí no pudieron el rey, sus gobernadores, caballeros y soldados. Y en 1641 pi ta winka, España tuvo que admitir la independencia y la soberanía mapuches del Bío Bío hacia el sur. En Ngulumapu y en Puelmapu. De mar a mar.
Y saludamos a Antü como cada día, volvimos a nuestras tierras para que nos alimente, retornaron los wampo y a caballo, se extendió la libertad mapuche. Y bebimos nuestros pulku y besamos a nuestros pichikeche. Y crecimos y vivimos.
Una década, dos décadas, tres… Muchas. Que se hicieron siglos. Más de 300 años de libertad, de cultura, de viento en el rostro, de kütral en nuestros hogares, de wangelen resplandecientes en las noches, de bienestar… De az mongen, küme mongen.
El 12 de octubre de 1492 nada sucedió en el Wallmapu. Octubre no es octubre para los mapuche de Puelmapu. Aquella pesadilla colonial no la soñamos nosotros, hasta el 25 de mayo de 1879, cuando el wezache Roca formó a sus tropas en Choele Choel e hizo sonar sus clarines, sus cañones.
Octubre no es octubre para los mapuche del Puel Mapu.
Octubre es Mayo.
A las 18 se presentará en Alem 1253 el documental “Ingeniero White: un pueblo que están matando” de María Giovis. El sábado se repetirá la proyección en el Museo Ferrowhite de Juan B. Justo 3885 a las 17.
En diálogo con FM De la Calle, Giovis comentó que filmó la película “a partir de lo que he visto durante todos estos años, fundamentalmente, el tema de la contaminación y por toda la gente que está muriendo de cáncer y de otras enfermedades”.
“Trato de historizar el trabajo para entender este presente, un pueblo de ferroviarios y de portuarios y cómo empieza esta transformación. Me remonto a la época del ’60, cuando empieza ese ataque en principio al ferrocarril con el Plan Larkin y también hay una lucha muy importante en el ’66, ya con el gobierno de Onganía. También hay un ataque feroz a los portuarios y simultáneamente comienza a fin del ’69 la propuesta de la multinacional Dow de instalarse en Ingeniero White”, aseguró.
La autora, oriunda de la localidad portuaria y residente en Buenos Aires, agregó que puso el foco sobre “la llegada de los inmigrantes, quién era Ingeniero White, quiénes eran los habitantes originales de ese pueblo, para llegar al golpe militar del ’76 y cómo va avanzando este proyecto de la instalación de las multinacionales. Ese cambio lo podemos ver más radicalmente en los años noventa pero ya viene de antes”.
Entre los testimonios recogidos por Giovis podrán verse a vecinas y vecinos del pueblo, ex trabajadores de la explosión de la Junta Nacional de Granos, familiares de víctimas de la precarización laboral, pescadores, bomberos y profesionales de la salud.
En octubre, como todos los años, cientos de artesanxs de distintos puntos del país se reúnen en la Plaza Rivadavia. Mañana comienzan las actividades con los puestos ya organizados, y a partir del viernes se suman espectáculos.
Adriana Iglesias, integrante de la comisión organizadora, habló con El Mejor Equipo de FM De la Calle y comentó que están con mucho trabajo, sin embargo, “cada vez más organizados”. “Después de 26 años algo de experiencia adquirimos”, bromeó.
Sobre las propuestas aseguró que “cada vez son más los artesanos que quieren participar, es uno de los encuentros más importantes del país. Son cada vez más, por eso tenemos que hacer una selección importante, no podemos invitar a todos los que se inscriben. Este año seremos cerca de 450 artesanos entre los de afuera, nosotros, y los pueblos originarios”.
“Hay varias cosas para mirar, lo ideal sería que la gente se tome un buen rato para recorrer la feria”. La artesana aclaró que la disposición de los stands será más cómoda que otros años para transitar y poder recorrer con tranquilidad.
Si bien recibieron más de 600 mensajes de Facebook de personas interesadas en participar y “siguen llamando para saber si queda algún lugarcito”, hay artesanxs que vienen hace años. “Es el caso de un un grupito de artesanos de Lomas de Zamora que vienen desde el primer encuentro”.
“La gente de Bahía responde muy bien al encuentro. Se trabaja bien. Obviamente es un año difícil, pero creo que la gente va a hacer su esfuercito”.
Respecto a la preocupación expresada por algunos artesanos respecto al apoyo municipal, Iglesias dijo que “fue por comentarios que se escuchan de que este año no se estaban haciendo casi actividades. Es verdad, no se hizo nada para vacaciones de invierno, para el Día del Niño, ni para la primavera, y sí estábamos con miedo de qué iba a pasar con el encuentro. Los tiempos siempre son lentos, cuando uno presenta pedidos y notas y no queda otra que esperar la respuesta de qué es lo que pasa. No tuvimos problema. Este año el municipio nos pidió que seamos más los que estemos a la hora de acomodar a los artesanos”.
La organización de los espectáculos la frenaron porque estaban esperando “a ver qué pasaba, si se iba a poder realizar o no. Era una movida importante estar organizando todo y que por ahí después no se hiciera”. Sin embargo Iglesias aseguró que “a la hora de las respuestas fueron todas positivas”.
Durante la tercera jornada del juicio a Jonathan Luna, imputado por el femicidio de Micaela Ortega, declararon 10 testigos.
Luego de la sorpresiva tomografía que le realizaron a Luna a pedido de su defensor, se especuló con la posibilidad de que se lo declare inimputable por un golpe que tuvo en la cabeza cuando tenía 12 años. Peritos de ambas partes descartaron que aquel hecho haya afectado su capacidad para entender sus actos y desbarataron la estrategia defensiva.
El doctor Enrique Gabriel Grimi, perito de la Asesoría Pericial, entrevistó a Luna dos veces. Las pericias buscaron evaluar si el acusado estaba en posición de enfrentar un juicio penal y si entendía la importancia de sus actos. “Descartamos cualquier tipo de trastorno mental que le impida actuar libremente”, señaló. A su vez, destacó que “sabía que lo que había hecho era grave”.
Luna tiene trastorno antisocial de la personalidad, lo que se denomina psicopatía. Se trata de personas con un profundo desprecio hacia los derechos de los demás, narcisistas, egocéntricos y manipuladores, según coincidieron Grimi y Rocío Cirigliano, peritos ofrecidos por la Fiscalía y Emiliano De Prada y Daiana Kolman, propuestos por la defensa.
Grimi argumentó que la psicóloga que realizó la evaluación para otorgarle la libertad condicional en Rio Negro “dijo que había que darle una oportunidad”. Como dicho análisis es “muy subjetivo” se decidió realizar un estudio denominado “Riesgo de Violencia”. Se evaluó la capacidad para comprender los actos, la capacidad de empatía, su conducta. Se analizó también el riesgo socioambiental, problemas psicológicos, abuso de sustancias. “Concluimos que tiene alta posibilidad de cometer un acto criminal”.
Luego, declararon una psicóloga y dos licenciadxs en criminalística de la Delegación Departamental de la Policía Científica de Mar del Plata. Infirieron que era posible que Micaela haya sido víctima de abuso, que ante la negativa a tener relaciones sexuales, Luna la golpeó, la mató y la ató de pies y manos. “La víctima tenía el torso descubierto. El lugar apartado, la distancia entre el encuentro y el lugar del hecho, nos hacen pensar que no fue con intenciones de robo sino de abuso, porque lo podría haber perpetrado el robo en los primeros metros”, destacó Gisela Gripopalma.
Destacaron que Luna utilizaba un modus operandi, se acercaba a sus víctimas por redes sociales utilizando nombres falsos, siempre comenzaba las conversaciones con “Hola, hermosa”, “Hola, bonita”. Luego concretaba un encuentro. Más tarde publicaba los objetos de valor sustraídos a la víctima, como hizo con la planchita de pelo de Micaela. Peritos de la Policía Científica señalaron que existió por parte de Luna un predominio físico, psicológico y de contexto con respecto a Micaela.
Pedro Fullone, vecino de Luna y padre de las chicas que declararon ayer, comentó que le dijo al imputado: “Vos me tocás a una de las nenas y yo te limpio”. También se presentó, Damián González Carro, dueño de la empresa ubicada en Bolivia 1250 cuyas cámaras de seguridad registraron a Luna caminando junto a Micaela.
Daniel Gustavo Constantini, médico legista y forense de la Policía Científica, confirmó que la data de muerte se trataba de entre 25 y 35 días antes de ser encontrado el cuerpo y que la víctima había sido golpeada en la cabeza. Fabián Pachecho, Subcomisario de la Policía Bonaerense, certificó haber encontrado las pertenecías de Micaela en el allanamiento en el domicilio de Luna.
El juicio continúa mañana a partir de las 9.30 en el quinto piso de los Tribunales de Estomba 34.
En la segunda jornada del juicio por el femicidio de Micaela Ortega declararon la ex pareja del imputado Jonathan Luna, Eliana Espinoza; el secretario de Seguridad municipal, Emiliano Álvarez Porte; policías que intervinieron en la investigación y tres menores de edad del entorno de Luna.
Pablo González, jefe de la División de Delitos Complejos de Policía Bonaerense relató que junto a su equipo se presentaron en nuestra ciudad un mes después de que Micaela desapareciera, el 23 de mayo de 2016. Dos días después aportaron información del Facebook de la nena a una ONG.
Dicha pesquisa incluía chats con “una mujer grande que parecía protegerla”. “Esta persona le decía que si estaba mal vaya a su casa”. “Ella vivía en Villa Rosas”, supuestamente, por lo cual el equipo de González intentó durante dos días ubicar las fotos de la cuenta en ese barrio.
“Estábamos a merced de las escuchas telefónicas de los celulares asociados” con las cuentas de Facebook. La División de Delitos Complejos llegó a Eliana Espinoza, ex pareja de Luna, mediante una escucha telefónica donde decía que iba a buscar un trabajo en la ruta Sesquicentenario.
“Llovía mucho, había cuatro efectivos en el auto. La mujer bajó del colectivo y la interceptamos”, declaró González. Espinoza fue trasladada a la Fiscalía para declarar. “Había entrado un mensaje de su marido que decía ‘desbloquéame que te cuento la verdad’”. La mujer se puso nerviosa y empezó a llorar.
Cuando la interrogan y le preguntan qué había pasado con Micaela, Espinoza dijo: “Yo creo que la mató y la violó”. A través suyo dieron con Luna.
“Llegamos y él estaba adentro. Cuando registran la casa encuentran la planchita y un porta SUBE con stickers”. “Yo no la maté, le robé las cosas”, dijo el imputado en ese momento.
González afirmó que “[A Micaela] la puso en un lugar de desprotección donde sabía que si pedía ayuda no iba a ir nadie”.
El segundo testigo fue Marcos Herrera, instructor de caninos de la policía de Río Negro, adiestrador de K9.
“Recibí un llamado telefónico directamente de Mónica, para que busque a su hija. Me presenté a la policía y empecé a trabajar. El día que resguardaron la habitación de Mica comenzaron la búsqueda. Cerca de las 21 horas nos encontramos cerca de las vías y la estación de servicio donde habían visto a Mica. El perro hizo seis kilómetros por las vías hasta llegar a un puente y quiso seguir otros seis kilómetros”.
Herrero dijo que tuvieron que cruzar un alambrado. El perro empezó a olfatear y siguió hasta un vagón. “Luego hasta una manga y al lado estaba el cuerpo de la nena. El lugar era muy difícil de acceder”. Se perimetró hasta que llegaron la policía y los bomberos.
Después de varios meses, el 18 de marzo, Herrera ayudó a Mónica Cid a encontrar más cosas. El testigo expresó que estaban haciendo un ejercicio con los bomberos de Punta Alta –Mónica les había dado una prenda de Micaela para que hagan la prueba– y buscando entre los pastizales, hallaron una billetera de cuero marrón.
Eliana Espinoza, ex pareja del acusado, fue la tercera en declarar. Comentó que conoció a Luna cuando estaba detenido. “Hace dos años salió con la condicional y no quiso volver más”. Al llegar a Bahía Blanca se quedaron un mes en casa de una amiga, Nancy, hasta que consiguieron un terreno donde construir la propia en El Saladero. “Sólo con mi esfuerzo, él no hacía nada”, afirmó la mujer, “yo lo mantenía, él se dedicaba al teléfono”.
“Yo sabía que tenía dos cuentas de Facebook. Cada vez que yo le decía algo, [Luna] se enojaba. Me trataba mal y a veces me pegaba”.
Cuando Micaela desapareció, Espinoza volvió a su casa y vio a Luna sacándose la ropa mojada, que quemaría al día siguiente. “Me dijo ‘me fui a robar un teléfono, se lo robé a una piba’”. Discutieron.
Cuando la mujer vio la noticia sobre Micaela, le dijo a Luna: “Ese sos vos, hijo de puta. Si vos le robaste, sabes con quién se fue”. Discutieron nuevamente. “Quemó la ropa cuando lo reconocí en la cámara [de seguridad]”, afirmó la testigo. “Cuando no aparecía la nena yo le pregunté y me dijo que me calle que ‘iba a ser boleta yo y mis hijos’”.
“Es muy agresivo. Discutíamos, me pegaba. Tenía temor, mucho temor. Daiana, una amiga, se hizo cargo de mí cuando me pegó; llamó a la ambulancia. Se juntaba con gente de 16, 12, 13 años”.
Daiana, una adolescente amiga y vecina del barrio, fue la siguiente testigo. “[Luna] empezó siendo amigo de mis hermanas (16, 14 y 6 años)”. Respecto a la relación del acusado con Espinoza declaró que “tenían una mala relación, peleaban mucho y él le pegaba”.
Agregó que el acusado se mandaba mensajes con chicas. “Ella le pegó y después él le empezó a pegar [a Espinoza]. Él no la quería a ella, estaba con ella porque lo mantenía”. Sobre los objetos que el acusado le sustrajo a Micaela comentó que le quiso regalar la planchita “pero no la quise porque la mujer era muy celosa, para evitar problemas”. Daiana reconoció el gorro con el que se ve a Luna en las cámaras de seguridad y al propio imputado en el video.
Respecto al día que Mica faltó de su casa, la joven dijo que Luna “apareció con la planchita, el celular y con la ropa embarrada”. “Estaba atento a lo que decían las noticias del caso”. “Él estaba enamorado de mi hermana Ana (15)”.
Luego fue el turno de Emiliano Álvarez Porte, secretario de Seguridad del Municipio, quien participó de la búsqueda el día en que encontraron el cuerpo y aprehendieron a Luna. Recordó que caminaron dos horas y media con el perro K9 adelante. Le preguntó al femicida si había matado a Micaela. “Bueno sí, la golpeé, ella se defendió y se golpeó con algo”, respondió Luna. El secretario agregó que le dijo que “le quiso robar”. “Me zarpé un poco, pero la pibita se defendió”, concluyó.
Ana (16), hermana de Daiana, declaró que se llevaba bien con Eliana Espinoza y que iba a la casa a tomar mate. Sobre el acusado dijo: “Ella trabajaba, él estaba todo el día acostado con el celular. Luna maltrataba a Eliana, una vez le pegó delante mío. Yo no me metí”.
Luego añadió que “cuando pasaban noticias del caso de Micaela nos hacía callar a todos”. “Apareció con una planchita y me dijo que la había robado”. “Cuando le estaba pegando a Eliana nos dijo ‘ustedes de acá no se van’”.
La testigo ratificó que las amistades de Luna eran de 15-16 años y que dejó de ir porque “me enteré que estaba enamorado de mí”.
El último testimonio de la jornada fue el de Ezequiel, un vecino de 15 años, a quien Luna le mostró la planchita de pelo y le preguntó si se la cambiaba por un equipo. Sobre la relación de Luna y Espinoza el joven declaró: “Se llevaban mal. Se cagaban a palos. Una vez ella le tiró el cenicero, y después él la cagó a palos”.
Las audiencias continuarán este miércoles a las 9:30 en Estomba.
Esta mañana comenzó el juicio por el femicidio de Micaela Ortega en los tribunales de Estomba 34. Jonathan Luna, de 28 años, es el único imputado en la causa acusado por homicidio calificado agravado por alevosía, violencia de género, robo y grooming.
El dr. Sebastián Cuevas, defensor oficial, reconoció los hechos que se le achacan a Luna pero cuestionó la calificación legal de los mismos. Expresó que Luna pedía retirarse y no formar parte de los debates hasta lectura de los alegatos, beneficio que le concedió el tribunal.
Las juezas Claudia Fortunatti y María Elena Baquedano y el juez Eugenio Casas escucharon las declaraciones de lxs testigos: Mónica Cid y Claudio Ortega, madre y padre de Micaela; Axel, supuesto novio de Micaela, y su hermana Ludmila. También fueron convocadas Alicia Acuña y Verónica Coleffi, vecina y maestra del colegio de Micaela respectivamente. Se espera que alrededor de 90 personas testifiquen en el transcurso de la semana.
Las preguntas fueron realizadas en su totalidad por el fiscal Rodolfo de Lucía y por la abogada de la familia de la víctima, Fernanda Petersen. Por su parte el defensor oficial, decidió no formular interrogantes para lxs testigos.
La jornada comenzó a las ocho de la mañana con una conferencia de prensa realizada por la familia en el recinto del Concejo Deliberante. Ante la mirada atenta del público, concejales y medios, Mónica Cid leyó un documento en el que retoma todo lo sucedido a su familia a partir del 23 de abril de 2016 cuando Micaela desapareció. Al mismo tiempo, agradeció a aquellas personas que la acompañaron y siguen acompañando desde el primer día.
El inicio del juicio por el femicidio de Micaela Ortega contó con intervenciones en las calles y en la plaza Rivadavia, la presencia de activistas feministas de todo el país y de funcionarixs locales, provinciales y nacionales.
Silvia Lomi, subsecretaria del Instituto Nacional de las Mujeres, explicó que “nosotros estamos presentes para apoyar, no solo en términos emocionales, sino en toda una cuestión técnica que viene trabajando el equipo de casos desde hace ya bastante tiempo”.
Respecto a las expectativas que tienen por la resolución del juicio, Lomi comentó que “la justicia es un poder independiente pero que por supuesto tenemos expectativas. El caso tiene muchas dudas para plantear dificultades, suponemos que sí. Nosotros estamos solamente trabajando desde un equipo de expertxs que han hecho todo para acompañar este caso. Suponemos que va a tener una resolución favorable”.
Las audiencias continuarán mañana y hasta el viernes 13 de octubre a partir de las 9:30 en el quinto piso de los tribunales de Estomba 34.
Desde las 9:30 de este lunes y hasta el viernes se desarrollarán en los tribunales de Estomba 34 las audiencias del juicio contra Jonathan Luna por el femicidio de Micaela Ortega. La nena de 12 años desapareció el 23 de abril de 2016. Luna la engañó a través de las redes sociales, la sacó de su casa, la hizo caminar 13 kilómetros bajo mentiras y la mató cuando no pudo abusar de ella.
En diálogo con El Mejor Equipo de FM De la Calle (martes de 10 a 14), su madre, Mónica Cid, afirmó que “desde la justicia me explican que puede llegar a quedar como un homicidio. Con Fernanda Petersen vamos a luchar porque esto es un claro femicidio, por el cual vamos a pedir perpetua”. “Con el fiscal hemos trabajado codo a codo y tenemos más que suficiente para este femicida se pudra en la cárcel. Nos sobran pruebas”.
Días antes de comenzar el juicio Cid y su abogada dieron con una cuenta de Facebook que Luna administraba desde el penal de Florencio Valera donde estaba encerrado. “Es como dejarle a un homicida un arma. Él mató a mi hija a través de las redes sociales, a través de un celular y no puedo creer que siga con tanta impunidad, manejándose como quiere. El Jonatan Luna que conocimos, el que vivía en El Saladero, él que mató a mi hija está cada vez mejor. Nosotros estamos cada vez peor, mi hija muerta y él haciendo una vida completamente fácil”.
La madre de Micaela sostuvo que siente que la justicia le toma el pelo: “Desde el penal deberían estar sabiendo que mató a una niña a través de la redes sociales. Ningún compañero que tenga celular, porque él atenúa que el celular era de un compañero, tenía 160 mujeres captadas, había muchísimas niñas, hacía el mismo trabajo que hacía afuera”.
“Yo confío en la justicia, voy a ir por esa resolución que se merece él. No puede tener más acceso a la tecnología de por vida, ese es un trabajo que voy a tener que hacer yo, más allá de que ahora confío en que va a salir todo bien”.
A poco más de un año del femicidio, Cid compartió un camino con otras mujeres que la acompañan y, además, asumió el compromiso de concientizar a lxs más jóvenes. “Mi vida cambió. Yo era una persona común, una persona que pasaba desapercibida en cualquier lado: tengo mi trabajo desde hace 20 años, mi casa, mis hijos. Mi hija, sobre todo, porque mi hijo ya es mayor. Era mi vida y me ha quedado ese vacío que he empezado a llenar. Hoy soy Mónica Cid, mamá de Micaela”.
Por otro lado, hizo referencia al acompañamiento de que viene recibiendo: “Mi vida anterior no tenía un registro del movimiento de mujeres y hoy soy quien soy y le debo mi vida a un movimiento que es Desbandadas, ellas son las que me mantienen en pie. Cuando sonaban los tambores cuando buscaban a Micaela, yo sentía que Micaela me podía escuchar y hoy siento lo mismo. Hoy, a través de Desbandadas, siento que mi hija se acerca y me da la misma fuerza que me daba para buscarla”.
En el inicio de las audiencias, se espera la llegada de referentas de otros puntos del país: “Tengo la promesa de la Mesa de Femicidios del Congreso, gente del Consejo Nacional de las Mujeres que va a mandar una comitiva. Va a ser un movimiento grande”.
En cuanto a las respuestas del Estado a sus demandas, Cid manifestó que “desde el Municipio se está trabajando, desde Nación no he tenido respuestas de nada, en algún momento yo no entré en agenda, como me dijo el secretario de Macri, y cuando él me pidió ir a Buenos Aires para la foto del 25 de noviembre, del Día de la No Violencia hacia las Mujeres, Niñxs y Adolescentes, yo le dije que no entraba en mi agenda. Quizás también un poco es eso, que no me tengan en cuenta”.
La gobernadora María Eugenia Vidal en una de sus primeras visitas a la ciudad la visitó y abrazó en su casa: “Todo quedó en esa foto, no hubo más respuestas de nada. Yo necesito hablar con ella, yo necesito que intervengan en ese penal. Cuando Jonathan Luna elige, porque encima tuvo el privilegio de elegir dónde estar. Y necesito que Ferrari tome intervención porque ese hombre no puede volver a tomar contacto con la tecnología, porque es un potencial asesino a través de las redes sociales”.
“Espero que me acompañen, que no me dejen sola. Que haya podido demostrar también que le podría haber pasado a cualquiera y con esto que Jonathan Luna sigue haciendo, nos sigue demostrando que podemos seguir cayendo como moscas todos los días y que Bahía tome conciencia”.
(Por Mauro Llaneza) Durante la semana se realizaron ocho allanamientos en empresas radicadas en el polo petroquímico de Ing. White que vierten sus desechos en el estuario bahiense. Los operativos son parte de la causa judicial que investiga la contaminación denunciada por pescadores artesanales en 2011.
La búsqueda de vertidos líquidos y sólidos se centró en los canales utilizados por TGS, Petrobras, Dow, Mega, Unipar –ex Solvay Indupa-, Profertil, Oil Tanking y ABSA en el interior de sus plantas o sobre la ría. También se relevaron peces y crustáceos.
“Todo para poder hacer la pericia que determine si la tesis de la Fiscalía es correcta”, aseguró Alejandro Cantaro, quien sostiene “que las empresas del polo vierten residuos tóxicos peligrosos en la ría poniendo en riesgo la salud pública y, por tanto, cometen delito”.
Lucas Beier, abogado de los denunciantes, declaró que “fue un arduo trabajo en conjunto con la Fiscalía para poder coordinar la fuerza de seguridad, la universidad, conseguir que la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires pueda realizar los estudios de las muestras tomadas”.
“La pericia es importante (…) para dejar tranquila a la población sobre si puede ir al muelle de Cerri, pescar una corvina y comerla o, al contrario, es mejor no comerla y tenemos que ir a la pescadería a buscar cualquier pescado que no sea de este ambiente”.
Se estima que en poco más de un mes el juez Walter López da Silva podría contar con anticipos informativos y luego incorporar los resultados definitivos. Los análisis, financiados por el Consejo de la Magistratura, estarán a cargo de la UBA y la Policía Federal colaborará en el estudio de “algunos sólidos” y de “la fauna ictícola” secuestrada.
“Determinado esto, se va a continuar con la causa y se van a atribuir las responsabilidades llamando a indagatoria y elevando a juicio la causa penal”, dijo Beier.
Cantaro agregó que secuestraron documentación relacionada “con las autorizaciones que las empresas tienen, las cantidades por las que están autorizadas para verter, si están dentro de los estándares correctos, si están vigentes, cómo es el circuito de autorizaciones entre provincia y Municipalidad”.
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“Esto es muy importante porque los expertos van a valorar no solamente si encuentran en agua, en el fango de la ría o en los peces y crustáceos, elementos, material tóxico, sino también cuáles son las autorizaciones que tengan”.
Según pudo saber FM De la Calle, las multinacionales presentaron una gran cantidad de permisos con al menos un año de vencimiento. Desde el sector empresarial responsabilizaron al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible por no realizar los controles necesarios para la renovación de la documentación.
Beier recordó que respecto a ABSA el juez Agustín López Cóppola dictó una medida cautelar en el expediente de la demanda civil a través de la cual ordenaba al gobierno provincial “prever la posición de las plantas de tratamiento de todos los efluentes que terminen en el estuario”.
Sobre la ría hay tres, cercanas a Cerri, Ing. White y Punta Alta. “Están haciendo la planta de tratamiento de la que está pasando Ing. White y con eso el juez dio la orden por cumplida y nosotros apelamos”, sostuvo el abogado.
Tras el allanamiento del jueves en ABSA, fuentes judiciales afirmaron a FM De la Calle que “no hay ningún tipo de tratamiento de los líquidos cloacales”. Por la Primera Cuenca evacúan todos los sumideros locales con un filtro que evita el paso de algunos objetos. “Eso cuando funciona la planta y ahora no está funcionando, sale todo”.
No fue pericia, fue allanamiento
El fiscal Cantaro destacó que el polo es “públicamente reivindicado como un sector de poder económico y privilegiado por las conducciones políticas. Sin que esto signifique que haya ninguna presión ni intervención, pero en todo delito complejo y donde quien se investiga tiene resorte de poder siempre es mucho más difícil”.
Luego del primer día de allanamientos, la Unión Industrial desinformó a través de los medios de su vicepresidente, Gustavo Elías, que “seis compañías miembros de la institución recibieron peritajes en sus instalaciones por una orden dictada por el Juzgado Federal Nº2 Secretaria Penal Nº6”.
“Se tomaron muestras en los sitios de vuelco de efluentes líquidos de las distintas plantas y se obtuvieron registros relacionados a las mismas. Entendemos que estos procedimientos son parte de un proceso judicial, sobre el cual no contamos con mayor información dado que el expediente se encuentra bajo secreto de sumario. De todos modos, las compañías y la institución brindarán su total colaboración y se encuentran a disposición de las autoridades competentes”, firmaron el director industrial Roberto Elissamburu y el director ejecutivo Ricardo Rabbione.
El fiscal afirmó que “en algunas empresas hubo resistencia, llamaron inmediatamente a los responsables de las áreas que estaban involucradas, inclusive llegaron los abogados y cuestionaban la toma de las muestras o quiénes eran los testigos que estaban presentes. En algunos lugares hubo un clima más hostil, en otros no. Yo estuve en Indupar -donde era Solvay Indupa- y acompañaron en la toma de muestra, entregaron la documentación rápidamente”.
“A ese comunicado le faltan dos palabritas centrales”, dijo Cantaro, “no habla de allanamiento ni secuestro. Ayer no se perició nada, ayer se allanó. Y los hechos demuestran que fue oportuno que haya sido un allanamiento porque, insisto, hay alguna resistencia en la entrega de la documentación y en la posibilidad de tomar las muestras”.
Por otra parte, el mencionado “secreto de sumario” no existe en la causa sino en la línea editorial financiada por el “único equipo integrado por el sector público y privado” que saludó el presidente Mauricio Macri, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Héctor Gay, en la visita del martes a la planta de Dow.
*Las entrevistas a Alejandro Cantaro y Lucas Beier fueron realizadas por el autor de la nota en Radio Altos.
Luego del femicidio ocurrido el viernes en Villa Mitre y a días de que comience el juicio a Jonathan Luna por el caso de Micaela Ortega, la abogada Fernanda Petersen habló con El Mejor Equipo de FM De la Calle.
Sobre la muerte de Mónica Esteban afirmó que no avanza el cambio de actitud y respuesta de lxs agentes del Estado. “Empieza con la violencia verbal y terminamos con la institucional. Después de más de diez denuncias no podemos estar hablando de que la justicia no tomó ninguna medida, que este hombre no pudo ser notificado o que no se presentó”.
Y aseguró que “si a una de sus ex parejas le robó el botón antipánico estamos ante la presencia de una persona que evidentemente no va a cumplir ninguna ley, ninguna restricción que se le imponga, se tendrían que haber tomado otras medidas”.
“Obviamente que el Estado es responsable por esta inacción y por la falta de preparación en perspectiva de género: de entender la problemática de las denuncias por violencia, lo que es un círculo de violencia, y por qué muchas veces las mujeres vuelven con los violentos. Esta mirada errada de la situación hace que, lamentablemente, el viernes hayamos tenido que sufrir otro femicidio en Bahía Blanca”, aseveró la abogada.
Petersen consideró que para transformar esa mirada del Poder Judicial “la capacitación es fundamental. Y es una regla de oro creerle a la víctima. Si una mujer denuncia en diez o quince ocasiones violencia (verbal, física, económica, etc.), y tenemos como antecedente otra pareja que también había hecho denuncias. La medida de ‘no acercamiento’ está comprobado que no sirve. Como jueces o como parte de un sistema de justicia, pidámosle a lxs legisladores que lo modifiquen. Evidentemente este tipo de delitos tendría que tener otro tipo de abordaje”.
A raíz de estas situaciones, en el Colegio de Abogados están armando un consultorio gratuito para las víctimas de violencia y van a disponer un día de atención específico con abogadxs de la matrícula que trabajen esta temática. “Para tener también otro lugar porque, lamentablemente, la consulta es cada vez mayor”, afirmó Petersen, quien ya confirmó su participación.
El fin de semana también se supo que Jonathan Luna, femicida de Micaela Ortega, contaba con una cuenta activa de Facebook desde el penal de Saavedra. Al respecto, la abogada de Mónica Cid aseguró que “es una provocación”.
“El Estado está ausente en muchísimos espacios y nos toca a lxs particulares en cada situación hacer la denuncia y llevar adelante las acciones que tienden a corregir esto. Nosotras no estamos pidiendo que a Jonathan Luna no se le respeten los derechos, estamos pidiendo que las medidas de seguridad y de conducta que tiene que cumplir, las cumpla.
“En las manos de Jonathan Luna, un dispositivo tecnológico con acceso a internet, es un arma. Es una persona que está imputada del delito de femicidio, de grooming (captación de menores por redes sociales), y que ha tenido otros intentos de captación antes y después del femicidio de Micaela. Me parece que, como mínimo, se debe tomar alguna medida al respecto”.
“Desde lo legal, es inentendible. Desde lo personal y particular, hay que decirle a la familia ‘este sujeto tiene una cuenta activa de facebook y publica fotos de él, con su compañero de celda, etc’. Se genera una situación de mayor vulnerabilidad para los familiares de las víctimas, que sienten que el Estado, como muchas veces estuvo ausente en temas de la búsqueda o recursos de la fiscalía, también está ausente en la supervisión de estas medidas particulares”, explicó.
Petersen también representa a la artista Olga Corrales, quien fue detenida el último Ni Una Menos (3 de junio), luego de realizar pintadas en Punta Alta. Si bien tuvieron tres instancias para reunirse con la persona que representa al Municipio de Coronel Rosales, optaron por ir a juicio “porque lo único que hacía era dilatar una situación que, consideramos, no era la intención de ninguna de las chicas pedir disculpas”.
Y reflexionó al respecto: “Una puede compartir o no la decisión de pintar un monumento –que no fue un monumento, sino la arcada de la entrada a la plaza de Punta Alta–, pero eso en media hora y con una lata de pintura se solucionó. Las mujeres que faltan, no vuelven más. Las mujeres abusadas tampoco vuelven a vivir una vida como la que tenían antes”.
“Cada vez que una mujer hace una denuncia y Tribunales no la escucha, eso no vuelve para atrás. El Estado está presente, pareciera, en el respaldo al femicida, al violento, y da mensajes violentos. Esto envalentona a cualquier machista que ande suelto, a sentirse con derechos para hacer lo que se le antoja”.
21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires. Se trata del tercer tramo de la causa V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca en el cual otros nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.
El tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo solicitado por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.
Los jueces José Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava afirmaron que los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y, por mayoría, declararon que “fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívica militar”. Además, mandaron que las penas se cumplan en cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal.
A su vez, los magistrados rechazaron otras medidas de reparación simbólica dirigidas a las universidades nacionales del Sur y del Comahue y a la Municipalidad bahiense.
El fiscal José Nebbia comentó que el debate mostró el “montaje en todo el territorio de la Patagonia con epicentro en Bahía Blanca”. “Lo distintivo del juicio es que se muestra la articulación con la represión en Rio Negro. Eso se había visto respecto de Viedma, pero aquí vimos qué fue lo que pasó con el Alto Valle y Neuquén”.
Recordó que la causa involucró a 105 víctimas, “un tercio de esas personas están desaparecidas y por eso la cantidad de pedidos de condena de prisión perpetua es tan alto y para aquellos que no están imputados por víctimas asesinadas o desaparecidas, la cantidad y la gravedad de los hechos hace que las penas sean también altas”.
“Me acuerdo de 1984, ’85, que estábamos acá junto a los compañeros de Bahía Blanca -porque las causas estaban juntas todavía- y lo que era Bahía todavía aplastada por los militares, los marinos y todo lo que los rodeaba y cómo se han levantado, se han organizado, han protestado y han tenido estos juicios contra el Ejército y contra la Marina que son ejemplo”, dijo a FM De la Calle Noemí Labrune mientras esperaba ingresar a la sala.
En cuanto a las declaraciones del ex guardia de La Escuelita, Arsenio Lavayén, quien se refirió a la apropiación de uno de los bebés nacidos en cautiverio, Nebbia afirmó que la información ya la tenían pero “es la primera vez que uno de los imputados rompe ese pacto de silencio y esperemos que eso tenga consecuencias no solamente para el imputado que tuvo una necesidad de contar lo que había hecho, lo que había visto, sino también en el resto, que se quiebre el muro de silencio y que nos permita encontrar a los chicos y a los cuerpos de las personas que desaparecieron y no sabemos dónde están”.
La titular de la APDH de Neuquén opinó que el pacto de silencio de los genocidas “se va a mantener porque los que están apalabrados, los que estaban promoviendo este sistema criminal, saben que siguen torturando. Deben estar muy contentos de negar lo que saben porque es parte del crimen compuesto, permanente y continuo del delito de lesa humanidad”.
Luego de la sentencia, el fiscal Miguel Ángel Palazzani aseguró que “la Fiscalía se va muy conforme” y agregó que Alejandro Magno Nieva “fue absuelto por el beneficio de la duda, veremos los fundamentos y apelaríamos esa parte”.
Consultado por el cumplimiento efectivo de la orden judicial para que las penas sean en cárceles comunes, sostuvo que dependerá de la situación de cada represor: “Recorrimos todos los caminos procesales pidiendo la revocación de esas domiciliarias para el caso de los que entendemos que por las pericias están en condiciones de estar en cárcel común y lo solicitamos, el tribunal termina resolviendo caso por caso. Por lo pronto, el principio es cárcel común”.
En cuanto a los planteos rechazados por el tribunal dijo que “hay que seguir siendo creativos, pidiéndolos, apelándolos y dando fundamentos y argumentos porque la lucha sigue, esto no termina acá”.
El 5 de diciembre se realizará la audiencia preliminar de la segunda etapa del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo jurisdicción de la Base Naval de Puerto Belgrano de la Armada Argentina.
Las penas y los nombres
Las condenas a prisión perpetua fueron para los integrantes del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Condal y Osvaldo Lucio Sierra. Para Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Enrique José Del Pino y Víctor Raúl Aguirre del Destacamento de Inteligencia 181 y para los miembros de la Agrupación Tropas Julio Guillermo González Chipont, Pedro Ángel Cáceres y Carlos Alberto Ferreyra.
La pena máxima alcanzó también al jefe del Batallón de Comunicaciones 181 Jorge Enrique Mansueto Swendsen y Alejandro Lawless, jefe de sección en dicha unidad militar; a los guardias del CCDTyE La Escuelita Gabriel Cañicul, Raúl Artemio “el abuelo” Domínguez, Desiderio Andrés “perro vago” González, Arsenio “zorzal” Lavayén y José María Martínez; y a los policías bonaerenses Pedro José Noel y Jesús Salinas.
Para el integrante de la División II Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén, Oscar Lorenzo Reinhold, los jueces sentenciaron 14 años de cárcel; 10 para el policía federal de Viedma Osvaldo Vicente Floridia y 9 para el jefe de la Policía Federal de Neuquén, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, y los militares de la Agrupación Tropas Miguel Ángel Chiesa, Jorge Horacio Rojas y Miguel Ángel Nilos.
Los jefes de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta Héctor Luis Selaya y Andrés Reynaldo Miraglia recibieron castigos de 6 y 3 años de prisión, respectivamente. Y también 3 recibió el comisario rionegrino Antonio Alberto Camarelli. En tanto, fue absuelto el ayudante del comandante del V Cuerpo e integrante de la Agrupación Tropa, Alberto Magno Nieva.
Durante el juicio murieron Carlos Andrés Stricker, Hugo Jorge Delmé y Raúl Oscar Otero, todos condenados a prisión perpetua en juicios anteriores. Previamente habían sido apartados del proceso Enrique Braulio Olea, Julio Manuel Santamaría, Mario Alberto Gómez Arena y Luís Alberto Farías Barrera. En tanto, el comisario bonaerense Gustavo Boccalari recusó al tribunal y fue condenado a perpetua por otros jueces.
Continúan este jueves los allanamientos encabezados por la Fiscalía Federal en busca de muestras de sedimentos y vertidos líquidos para la realización de una pericia sobre el estado del estuario en el marco de la causa judicial que investiga la contaminación en la ría.
Ahora es el turno de la empresa ABSA que vierte líquidos cloacales y otras substancias sin el tratamiento adecuado.
La denuncia fue presentada por pescadores artesanales años atrás e involucra además a Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.
Participan la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal de Buenos Aires e integrantes de la Prefectura Naval de Bahía Blanca y la zona. El material recolectado será peritado por el Departamento de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal también realizará informes para la investigación.
Participaron integrantes de la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal de Buenos Aires e integrantes de la Prefectura Naval de Bahía Blanca y la zona.
La medida fue solicitada por el fiscal Alejandro Cantaro en el marco de la causa judicial que investiga la responsabilidad de las empresas del polo y otros organismos gubernamentales en la contaminación del estuario. La denuncia fue realizada por pescadores artesanales.
El material recolectado será peritado por el Departamento de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal también realizará informes para la investigación.
Esta mañana, artistas de la ciudad realizaron una intervención en el marco de las expresiones culturales que denuncian desguace cultural en Bahía Blanca. Intérpretes musicales y actores convirtieron el hall del palacio municipal en su escenario de denuncia. “No pasa naranja”, fue el poema de León Peredo abordado por Lucas Sánchez, Leonardo Fabrizi y Lucas Magallán. Luego, el guitarrista acompañó a Clementina Zivano haciendo “Para un amanecer” de Verónica Condomí.
A su vez, se anunciaron una serie de actividades emanadas de la asamblea realizada el sábado pasado en la sala El Tablado de la que participaron artistas de todas las disciplinas. De esta forma, el próxima miércoles 11 de octubre se llevará a cabo una charla debate en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur (Além 1253). La misma se realiza para reflexionar en torno de los 8 años de funcionamiento del Consejo Cultural Consultivo. Al día siguiente, habrá una conferencia de prensa en el hall municipal y posterior movilización con presencia también en el Honorable Concejo Deliberante.
¿Qué es el desguace cultural?
El pasado 2 de agosto, una movilización de trabajadores/as de la cultura solicitó una audiencia oficial al intendente Héctor Gay. El mandatario aún no ha respondido, así como a otros pedidos de audiencia como la de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar. En esa oportunidad se enumeró y describió el listado de problemáticas que atraviesa el sector.
- Insuficiencia presupuestaria y ajuste.
Ya en el primer semestre de 2017 los recortes a nivel municipal están condicionando la actividad de diversas áreas, en particular las de la cultura, para cuya actividad, que reviste características especiales, existen recursos imprescindibles (por ej., horas extras, inversión en infraestructura e insumos, etc.).
- Precarización laboral de los/as trabajadores/as de la cultura.
Ausencia de soluciones para las situaciones de irregularidad arrastradas desde hace años y generación de nuevos problemas (por ej., no regularización de la planta temporaria que realiza tareas permanentes, empeoramiento de las condiciones laborales de quienes se encontraban en régimen de destajistas, etc.).
- Avasallamiento de la carrera administrativa y la idoneidad.
Designaciones directas de cargos políticos que terminan convirtiéndose en planta municipal, colocaciones de funcionarios/as no idóneos en los espacios culturales-artísticos municipales.
- Desarticulación de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar.
Tras una serie de promesas incumplidas, la Orquesta no comenzó sus tareas en lo que va de 2017, dejando a los/as estudiantes sin este espacio de referencia y formación y a sus trabajadores/as que tienen más de 8 años de labor ininterrumpida sin su fuente laboral. Desprecio por los/as músicos/as que desempeñan sus funciones en la misma. Ausencia de transparencia respecto a los compromisos asumidos en la dilatada negociación.
- Desarticulación de los Museos Municipales.
A través del ajuste y la desinversión, la ausencia de políticas en esta área, el avasallamiento de la carrera administrativa y la precarización de sus empleados/as.
- Desarticulación de los Talleres Barriales.
Generalización de la contratación por régimen de monotributo, retrasos en los pagos de haberes, desconocimiento de los acuerdos anteriores que fijaban una remuneración mínima.
- Desapoyo al Teatro Municipal.
Su actividad de ve afectada por una creciente derivación de las actividades hacia su presupuesto. Temor por la continuidad de los talleres gratuitos que allí se dictan.
- Subestimación y tratamiento discriminatorio a los artistas del colectivo Los Chopen.
Inestabilidad en las condiciones de apoyo brindadas a sus funciones, subestimación de su carácter de artistas, falta de atención y respuestas.
- Incumplimiento de la ordenanza de Espacios Culturales Independientes.
Con dilaciones en su aplicación y medidas gubernamentales que dificultan el desarrollo de los mismos, incluso atentando contra la existencia de algunos (por ej. La Nave)
- Dilaciones en la aplicación de los subsidios de Hechos Artísticos y Culturales con continuidad en el tiempo.
Pese a la disponibilidad de este Fondo existente desde principios del año, cuya ordenanza se ha aprobado por unanimidad, y a los acuerdos arribados en el seno del Consejo Cultural Consultivo, desde el área de Economía se encuentran demoradas las entregas, lo cual condiciona la realización de estas actividades, para muchas de las cuales el área de Cultura había comprometido recursos.
El Ministerio Público Fiscal encabezó esta mañana una serie de allanamientos en seis empresas del polo petroquímico de Bahía Blanca en el marco de la investigación por la contaminación del estuario.
Desde las siete de la mañana se recogieron muestras de vertídos líquidos y sedimentos y se secuestró documentación de las firmas TGS, Petrobras, Dow, Mega, Unipar y Profertil.
La medida fue solicitada por el fiscal Alejandro Cantaro al juez federal Walter López da Silva quien autorizó el operativo del cual participaron la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal de Buenos Aires e integrantes de la Prefectura Naval de Bahía Blanca y la zona.
El material recolectado será peritado por el Departamento de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal también realizará informes para la investigación.
En mayo de 2015, la Fiscalía General requirió a la titular del Juzgado Federal Nº2, Gabriela Marrón, la “inmediata prohibición” del vertido en la Ría de Bahía Blanca de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público.
La presentación llevaba la firma del fiscal Cantaro y agregaba documentación a la Causa 135623/2011 “MENINATO, Rolando (PBB Polisur S.A.) y otros s/ inf. Ley 24051” originada años atrás por pescadores artesanales de la localidad portuaria ante la disminución de peces en el estuario.
A su vez, se tramita una demanda civil en la cual están imputadas Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, ABSA, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.
El proceso civil busca definir “la calidad ambiental del estuario”, detener el vertido de residuos tóxicos y sanear la ría. Además, pretende una indemnización por daño moral colectivo.
En paralelo se tramitan causas individuales de medio centenar de pescadores artesanales que impulsan la demanda con el fin de lograr un resarcimiento económico porque no pudieron seguir ejerciendo su oficio.
Foto: Canal 7.
(Por Astor Vitali) La semana pasada fue una en la que se intentó instalar una suerte de cruzada contra las mafias, especialmente contra la llamada “mafia sindical”. La comedia comenzó aquí, en Bahía Blanca, durante el acto de campaña electoral que realizó la gobernadora María Eugenia Vidal, usufructuando recursos de la gobernación, es decir, haciendo lo que decía que no había que hacer. En otro capítulo de esa campaña financiada por fondos públicos hoy nos visitaron Mauricio Macri y nuevamente María Eugenia Vidal, para nuevamente anunciar inversiones. Se suma a la calesita proselitista la presencia del ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo. Estuvo Frigerio el domingo.
En su visita anterior la mandataria bonaerense tomó el recado de grupos empresarios y acusó a la UOCRA de ejercer prácticas mafiosas. Y decimos tomó el recado porque es evidente que la maniobra de fondo de la gobernadora, un sector de la justicia y varias cámaras empresarias locales tiene como objetivo una cuestión de negocios. Sin empacho, esto lo señaló el propio comunicado de la Unión Industrial de Bahía Blanca el 22 de septiembre pasado, cuando sostuvo que “frente a la inminente llegada de inversiones en el sector petroquímico, portuario, de infraestructura y energético, entendemos que estás prácticas (en referencia a las que se le imputan a la UOCRA) resultan perniciosas para Bahía Blanca, porque impactan negativamente al momento de definir una inversión, perdiendo la posibilidad de generar puestos de trabajo e impulsar el crecimiento económico y social”.
Más lo aclara el editorial de ayer de La Nueva, diario de uno de los hombres más influyentes de la Unión Industrial, en el que se destaca la coordinación entre la gobernadora y las empresas en detrimento de la organización gremial. El artículo de propaganda reconoce que “es vox pópuli que es casi imposible poner en marcha trabajos ´si no se arregla con la UOCRA´, que suele preocuparse por la seguridad e integridad de sus trabajadores hasta tanto se convengan ciertas cuestiones a favor a los propios gremialistas”.
Finaliza, épicamente, afirmando que “la voz de Vidal ha sonado y es hora de que todos tomen el guante y trabajen para poner las cosas en su lugar”. En el lugar que sus negociados necesitan.
Lo contradictorio del artículo es que habla de “un sistema de coimas” cuya única responsabilidad imputa a los supuestos coimeros. ¿Y quién pone la coima? ¿Ninguna responsabilidad hay en los sectores empresarios y gubernamentales? Se sabe que sin connivencias no se puede sostener un sistema de estas características.
Otro capítulo a destacar en esta novela de trama barata se centra en el aspecto represivo de la cuestión. En la noche del martes pasado un operativo mediático siguió el operativo policial en directo desde, primero, la sede gremial de la UOCRA de La Plata y, luego, en la casa del “Pata” Medina. Fue posible escuchar y leer algunas opiniones de progresistas y hasta izquierdistas rasgándose las vestiduras por la corrupción gremial y festejar que se lo lleven preso a Medina. Lo sorprendente es que se lo hacía mientras una sede gremial se encontraba jaqueada por fuerzas de seguridad.
El movimiento obrero no puede festejar que un gobierno intervenga y utilice la fuerza contra ninguna de sus herramientas gremiales. Al menos no puede aquel sector del movimiento obrero que aspire a más que un mero rol de administrador de la pobreza. Y sin embargo allí estaban algunos, festejando una sede gremial amenazada. Porque, para que quede claro, lo que hay es una maniobra del sector que encabeza el líder nacional del sindicato, Gerardo Martínez, aliado político de Macri, que utiliza las fuerzas políticas, judiciales y de seguridad para dirimir una interna gremial. En esa interna gremial se juegan negocios de grupos empresarios. En el fondo se están cambiando unos negocios por otros. Este es el trasfondo de la supuesta cruzada contra las mafias.
Otra cosa es discutir si Medina es el mismísimo diablo. Discusión que, por otro lado, debería comenzar en las propias bases sindicales.
Que se tome conciencia de una opereta de corto pero claro guion: habla la gobernadora, se acelera la cuestión judicial y rodean una sede gremial. Medina es el diablo y Gerardo Martínez la materialización del espíritu santo. Cualquiera que quiera ver observaría que la trama está perfectamente digitada.
Es el combate contra “las mafias” el elemento central en el que basa una buena parte de su campaña la gobernadora. Muy bien: hablamos de mafias. Hablemos de trata, hablemos de narcotráfico, hablemos de armas y de venta de órganos.
Hablemos del operativo “Bobinas Blancas” que detectó 2 toneladas de cocaína en 33 allanamientos en Bahía Blanca y Mendoza, que contaron con la colaboración de la DEA norteamericana. Hablemos del lugar que Argentina tiene en la geopolítica de la cocaína. Hablemos del rol de la DEA como administradora de las mafias del narco. Hablemos del rol que tiene las fuerzas de seguridad argentinas como fuerza de trabajo de la planificación de la DEA. Hablemos de cómo unos son detenidos y otros beneficiados.
Hablemos de qué ocurre con la trata y los empresarios. Hablemos de que las personas que logran salir por las suyas de situación de trata no tienen un lugar donde ir en la ciudad de Bahía Blanca y apenas cobran un plan cuyo monto las obliga a volver a caer en situación de trata.
Hablemos de un grupo de adinerados gobernando de facto ciudades enteras y de chirolitas que firman luego como sus testaferros en el sector público. Hablemos de si esto ocurre en Bahía Blanca.
Hablemos de cómo se enriquecen los que después pagan coimas y terminan imputando todos los males a una asociación gremial. Hablemos de las mafias, los fondos de dudosa procedencia y la compra de medios masivos para proteger sus negocios.
Hablemos de mafias pero hablemos en serio.
La cruzada contra la UOCRA es una cruzada por nuevos negocios y por aliados dentro del movimiento obrero que garanticen la nueva etapa de flexibilización laboral. La reforma no es sólo una ley: es una corriente. De esos negocios no hablan porque son esos negocios los que impulsan las divisas de las verdaderas mafias. Las que tienen el suficiente poder como para que de ellas no se hablen.
Nada de esto debería ser tan sorprendente y nadie debería sentirse ofendido por estas afirmaciones. Ya estaba dicho por la literatura en la voz de Michael Corleone: “No es personal Tom, solo negocios”.
A dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado 87 organizaciones bahienses respondieron este domingo a la convocatoria de la familia del joven y realizaron actividades y una movilización en la ciudad.
En una carpa instalada en Plaza Rivadavia compartieron su testimonio Julio Saquero y Mabel Sánchez de la APDH Regional Noroeste de Chubut, quienes presentaron la primera denuncia ante el ex juez de la causa, Guido Otranto, tras la represión de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen.
También brindaron su testimonio integrantes de Mujeres Originarias por el Buen Vivir y Kumelen Newen Mapu.
Estas son las organizaciones adherentes. y convocantes
1. ADUNS
2. CTA B. Bca.
3. CTA Autónoma Pcia. de Buenos Aires
4. SUTEBA Ba. Bca.
5. Asociación Bancaria. La Bancaria Ba. Bca.
6. AJB (Asoc. Judicial Bonaerense)
7. SADOP Bahía Blanca
8. ASTRAMyC
9. UMSur
10. ATE (Deleg. Orq. Sinfónica)
11. SUTEP
12. Lista Encuentro en ADUNS
13. Lista Azul No Docentes UNS
14. Lista Violeta No Docentes UNS
15. Lista Colectivo Político de Humanidades – UNS
16. Depto. de Humanidades UNS
17. La WATU en Humanidades
18. Cátedra Libre de DDHH Depto. de Humanidades UNS
19. Coordinadora de Escuelas Artísticas de Bahía Blanca
20. Centro de Estudiantes de Humanidades UNS
21. Centro de Estudiantes Escuela de Teatro
22. Centro de Estudiantes de la Escuela de Artes Visuales
23. Centro de Estudiantes del Conservatorio de Música
24. Centro de Estudiantes de la Escuela de Danzas
25. Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Superior
26. Centro de Estudiantes Trabajo Social
27. Puño y Letra UNS – Estudiantes para la liberación
28. Voluntariado Jóvenes y Memoria – Reg. B. Bca – P. Alta
29. Cardumen
30. Mujeres Inorgánicas K
31. Interbarrial Sur
32. Teatro Estable del Departamento de Humanidades UNS
33. Artistas Peronistas
34. Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca
35. Colegio de Trabajadores Sociales Distrito Ba. Bca
36. Acciones Feministas
37. Espacio Bruja Brújula
38. Bahiensas Feministas
39. Colectivo Pueblo en Lucha
40. El Grito. Movimiento desde abajo
41. Desbandadas
42. Mujeres Originarias por el Buen Vivir
43. Comisión de Apoyo a los Juicios
44. CCB Cofradía Cannábica Bahiense
45. Libreseiguales.org – Publicación colectiva
46. FM de la Calle
47. Asoc. Arg. de Actores (filial B. Bca.)
48. La Máquina Radial
49. Néstor Barral (Sec. Gral. Asoc. Bancaria)
50. Cristianos, Pastores y Curas en Opción por los Pobres
51. Agencia Paco Urondo
52. NI UN PASO ATRÁS
53. CTEP
54. MTL – Bahía Blanca
55. APYME
56. ConBahía
57. KumeleMapu
58. Corriente Nacional de la Militancia
59. UNIDAD CIUDADANA Bahía Blanca
60. Corriente Comunista David “Watu” Cilleruelo
61. Partido Justicialista
62. CCC
63. Movimiento Evita
64. Juventud Sindical Peronista
65. Corriente Luche y Vuelve Partido de la Victoria
66. FJC (La Fede)
67. PTP
68. Partido Gen Ba. Bca.
69. Dr. Rodolfo Lópes
70. Polo Social
71. Nuevo Encuentro
72. Grupo 83
73. Kolina Frente Femenino
74. MST en Izquierda al Frente
75. Kolina Juventud Bahía Blanca
76. Bloque Concejales FPV 27 de Octubre
77. PC
78. PO
79. Agrupación “14 de Septiembre”
80. Comunismo Revolucionario (Partido MLM)
81. Integración Ciudadana
82. Unidos y Organizados
83. PTS en el FIT
84. Nuevos Vientos
85. Unidad Socialista para la Victoria
86. Agrupación Diversidad Peronista B. Bca.
87. Patria Grande
