Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas

Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.

“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.

Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”.  Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.

“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.

El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.

“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.

Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.

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(Por Helen Turpaud Barnes) En su libro de memorias, la bailarina, directora de cine y fotógrafa alemana Leni Riefenstahl repasa entre otras cosas el período en que trabajó para el Ministerio de Propaganda durante el gobierno de Hitler. Reconocida como una de lxs grandes directorxs de cine de principios de siglo XX, al nivel de Eisenstein o Buñuel, su cercanía con Hitler le valió críticas y boicots. Sin embargo, Riefenstahl expresa innumerables veces que “no sabía” de los crímenes del nazismo. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, fue invitada a brindar una conferencia sobre cine en París, donde Riefenstahl recuerda haber dicho que se puede ser alguien que “no sepa nada de música” y sin embargo saber muy bien cómo musicalizar una película, y viceversa. Ni bien terminó la conferencia, un grupo de personas subió al estrado en lo que creía que era un homenaje para ella. Luego del evento, se enteró de que se trataba de un grupo de obreros comunistas cantando la Internacional como modo de protesta. Explica que su confusión fue producto de “no conocer” la melodía de la Internacional (un “no saber” musical que es más bien un “no saber político”), aunque admite lo poco equívoco de los puños en alto. ¿Qué es “saber” y de qué “saberes” nos hacemos cargo?
Fascinante construcción de un relato sobre el saber y el no saber para sortear las responsabilidades políticas: Riefenstahl afirma su saber como cineasta, incluso en contra de otros saberes (el musical o el político, por ejemplo). Y, en el contexto de su cotidiano contacto con Hitler, construye su relato de tal forma que “no conocer” datos fundamentales del contexto sociopolítico la eximiría de su responsabilidad ideológica, como si desconocer dicho contexto no fuera en sí mismo producto de una opción ética reprobable.
Poco después de rechazada la propuesta de “aumento” hecha por la gobernadora Vidal y convocado el paro docente nacional para los días 6 y 7 de marzo empezó a circular la noticia sobre posibles “voluntarios/as” para dar clases durante el paro. A las pocas horas se supo que era una campaña emanada del call center del PRO. Sea como fuere, responde a ciertas maneras de ver nuestra tarea docente que efectivamente circulan socialmente.
Por otra parte, el miércoles 8 de marzo se realizará en la Argentina y varios países más el Paro Internacional de Mujeres bajo la consigna “Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”.
La cercanía entre la medida docente y el paro de mujeres no es solo por las fechas. Muchas concepciones que circulan sobre la docencia y sobre el trabajo de las mujeres tienen puntos en común. La idea de que la docencia debe ejercerse por “vocación” obtura el reconocimiento de ella como tarea profesional e ideológicamente implicada. Se criminaliza la acción sindical hablando de tomar al alumnado “de rehén”. La discusión en los medios hegemónicos se torna una seguidilla de acusaciones moralistas, criminalizantes, culpógenas. Si se espera que la tarea docente responda a cuestiones emocionales (“amor”, “vocación”), los reproches también buscan apelar a lo emocional (evitando hablar del ajuste y sugiriendo que la satisfacción afectiva es en sí misma retribución suficiente). Lo profesional y lo ideológico se deja fuera. Así, si la docencia es solo una cuestión de “ganas” y de “amor¨, con un poco de “alegría” cualquiera puede ejercerla, logrando a la vez ubicarse en un pedestal moral por sobre aquellas personas que no querrían “cumplir” con su tarea. Dar clases no implicaría un “saber” sino un “querer”. ¿Se puede hacer de cuenta que “no se conoce” qué está pasando con el ajuste del macrismo?
A su vez, al modo de Riefenstahl, se sostiene la idea de que se puede “saber” hacer una determinada tarea (cine o docencia) sin que las razones ideológicas por las cuales se ejerce tengan nada que ver. Para quienes el supuesto voluntariado resultaba pensable, la obstaculización de la lucha docente no pareciera formar parte de los “saberes” transmitidos. Ni Riefenstahl ni el fascismo local se hacen cargo de su posicionamiento ideológico.
El trabajo de las mujeres en general también es visto como una tarea donde lo central sería la predisposición “natural” que tendrían las mujeres para “cuidar”, “dar vida”, “dar amor”, “ser abnegada”. Así, las tareas consideradas “femeninas” son aquellas vinculadas al área de salud, educación, trabajo doméstico, o los escalones menos jerarquizados de muchas profesiones (no tienen por qué estar en puestos de decisión o conducción, y si lo hacen se las tilda de “competitivas”, “masculinas”, “mandonas”, etc.). No por casualidad, gremios que tienen mayoría de mujeres son sin embargo conducidos por hombres: para “decidir”, “negociar”, “pelear” por los sueldos docentes, mejor los hombres.
De este modo, las tareas que generalmente ejercen las mujeres se ven rodeadas de un halo desprofesionalizante muy fuerte. A pesar de que la mayoría de quienes estudian carreras terciarias y universitarias son mujeres (y son además quienes obtienen mejores calificaciones), persiste esta mirada. Y en el caso de las mujeres que no optan o no acceden a la formación académica, la precarización laboral es aun mayor.
Las docentes mujeres, especialmente quienes no dictamos en el nivel terciario y universitario, somos constantemente nombradas por colegas y estudiantes con términos relativos a lo doméstico, lo emocional, lo no profesional. En los sectores pobres de la población, nuestro alumnado casi siempre llama a las docentes mujeres “señorita” (en inicial o primaria) o “señora” (en el nivel secundario), mientras que los docentes varones son nombrados como “profe” (incluso quienes dictan en el primario y se nombran a sí mismos como “maestros”). En los sectores medios y/o altos, el “señorita” persiste como modo de nombrar a la maestra/profesora de inicial o primaria, y solamente luego de un período de “transición” pasa en el secundario a ser “profe” o a ser llamada por su nombre.
Una lamentable y muy clasista jerarquización de la preparación que se requiere para los distintos niveles educativos implica que ser maestra/o es “menos” importante que ser profesor/a (y que ser docente de nivel universitario requeriría “más preparación” que ser docente de los demás niveles). Por esto, sabemos que negarle a las docentes mujeres el nombre de “profe” cuando a los varones se los llama casi siempre así indica que aunque hagan el mismo trabajo, una mujer maestra es siempre “menos” que un hombre maestro.
Diferencias de clase y de género: la docente llamada “señora” no es reconocida como perteneciente a los sectores pobres (es la misma palabra con la que en estos sectores se designa a la “patrona” en una casa o un negocio, lo cual explicaría quizás el que los sectores medios denominen a las docentes del secundario con palabras que sí les reconocen su rol profesional o bien con su nombre: es que para el sector medio, la docencia es todavía una tarea “propia”). El “señorita” se empezó a usar en épocas en que solo podían dar clases las mujeres solteras y –por lo mismo, dios no permita otra cosa- vírgenes. Ya lo dijo hace años la pedagoga Alicia Fernández en “La sexualidad atrapada de la señorita maestra”: es un término que desexualiza, infantiliza y desprofesionaliza a las docentes de nivel inicial y primario. Cualquier intento de cuestionar este modo tan arcaico y desprestigiante de llamar a las docentes de niños, niñas y preadolescentes es contrarrestado con una apelación al sentimentalismo de “pero es un término cariñoso” (un modo de extorsionar afectivamente). Reivindicar nuestro lugar de trabajadoras y de profesionales de la educación parecería entonces una especie de traición afectiva. La descalificación de la docencia se ve facilitada y reforzada por el cruce entre la explotación capitalista por la cual los sueldos del sector trabajador son constantemente atacados y los estereotipos machistas que implican desprecio por lo que se considera “femenino”.
En verdad, el sistema de división sexual del trabajo no solo refuerza sino que en sí mismo construye las divisiones por género, lo cual implica que una subversión de tal sistema de división laboral sería fundamental para ayudar a terminar con estos modos de segregación. Es decir que las categorías de “hombre” y “mujer” son en parte consecuencia y no causa de una división entendida como “biológica”. Cambiar el sistema de trabajo sería no solo cambiar roles sino también identificaciones muy fuertes.
En este contexto, el Paro Internacional de Mujeres en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y con su lema enfocado en la producción relocaliza las tareas realizadas por mujeres como “trabajo”, como tarea productiva y no necesariamente re-productiva. El denunciar los femicidios, la vulneración de los derechos de las mujeres indígenas, el acoso sexual, la trata y los estereotipos de belleza en este contexto nos recuerda que la violencia machista tiene un costado económico que es fundamental para sostener el capitalismo. La vida de las mujeres “vale” no solo como afirmación de una dignidad humana inherente a todo sujeto, sino también porque se trata de cuerpos cuyo trabajo exige ser reconocido.
Vale aclarar que en modo alguno lo emocional y lo profesional son cosas opuestas o mutuamente excluyentes. En verdad, la separación de ambos ha sido establecida por el capitalismo patriarcal: la idea de la maestra como “segunda mamá”, respondiendo a la “natural inclinación femenil” por los niños y niñas vs. el maestro varón que es “profe”, “tiene más autoridad”, es más apto para alumnado adulto, etc. Por lo tanto, la idea de emoción vs. profesionalismo es una falsa oposición que hay que combatir en aras del reconocimiento profesional de una tarea ejercida especialmente por mujeres y para cortarla con la extorsión emocional a la cual nos pretenden someter cada vez que vamos al paro.

DesBandadas y BrujaBrújula Producciones Feministas presentaron el video de “Después”, obra homenaje a tres víctimas de femicidio de nuestra región. La canción escrita por Silvia Palumbo está inspirada en la mamá de Micaela Ortega, Mónica Cid, quien participa junto a Loana Cayuli y Wanda Banegas, hija de Leticia Cayuli y prima de Katherine Moscoso, respectivamente.

“Está dedicada a todas las familias y entornos afectivos de las víctimas de femicidio, en especial a todas aquellas mujeres que a pesar del dolor siguen haciendo memoria y exigiendo justicia por ellas”, dice el clip editado por Verónica Bajo.

“Extraño cada momento vivido con ella, a veces quisiera salir del colegio y que esté esperándome, abrazarnos, reir, hacer la tarea juntas”, cuenta Loana. Su mamá, Leticia, fue asesinada por su esposo Bruno Elhman Tula la noche del 4 de agosto de 2012 en Ingeniero White.

El cuerpo de Katherine (18) fue encontrado cinco días después de su desaparición en un médano de Monte Hermoso. Su femicidio continúa impune. “Desde que mi prima falta, todas las mañanas nos levantamos luchando y pidiendo justicia por ella”, asegura Wanda.

“Un hombre se creyó con derecho de arrebatarle la vida a una niña de 12 años, Micaela Ortega, ella es mi hija, y portaré su voz por lo que reste de mis días”, afirma Mónica Cid. Mica desapareció de su casa en Bahía Blanca víctima de grooming el 23 de abril de 2016, su cuerpo fue encontrado cinco semanas más tarde en cercanías de la planta de TGS sobre la ruta 3. Jonathan Luna será juzgado por su femicidio.

despues

DESPUÉS
Lo que queda después
Todo queda después
Es tu nombre es tu vida
Lo que queda después

Todo está por hacer
Tu memoria es mi sed
La justicia por tu historia
Es lo que vuelve otra vez

Hoy te saldré a llamar por las esquinas
De esta ciudad tan fría
Que no supo cuidar tus días
Mientras la impunidad está viva

Hoy como hice ayer y siempre
Voy a gritar con voz bien fuerte
Aunque te vayan olvidando
Y quieran silenciarnos tanto

Letra y música Silvia Palumbo
Intérprete: DesBandadas
Sonido: Eduardo Del Gobbo
Filmado en Monte Hermoso y Bahía Blanca (Argentina, 2017)

estreno

DesBandadas es una banda feminista de tambores, voces y movimientos escénicos callejeros que desarrolla sus actividades en Bahía Blanca desde marzo de 2013. Trabaja desde una óptica feminista el empoderamiento expresivo para llevar a la comunidad un mensaje de atención sobre distintas aristas relacionadas con la violencia machista, coloca sonido y presencia en lugares públicos, escuelas y espacios de arte a fin de sembrar conciencia. Ya grabó en estudio “Ni reinas Ni esclavas” (sobre trata de mujeres y niñas y violencia simbólica) y editó su primer video temático “Coto de caza” sobre la violencia machista que va desde el maltrato animal hasta los femicidios.

El fiscal general a cargo de de la Unidad que interviene en juicios por crímenes del terrorismo de Estado en Neuquén, Miguel Ángel Palazzani, requirió la elevación a juicio de la causa que tiene 18 acusados -ex miembros del Ejército de Neuquén y Bahía Blanca, y de las policías neuquina y rionegrina- por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 20 personas, ocho de las cuales permanecen desaparecidas.

Los casos tienen como común denominador que los secuestros se produjeron en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén y que las víctimas fueron trasladadas vía aérea al centro clandestino de detención (CCD) del V Cuerpo del Ejército La Escuelita, en Bahía Blanca.

La acusación fiscal puso de relieve que las víctimas comprendidas en este tramo elevado a juicio tenían relación entre sí por la militancia política y estudiantil y también por participar de actividades artísticas conocidas en la región. A su vez, todos estos casos presentan como dato común que corresponden a las primeras denuncias radicadas por los familiares ante el Poder Judicial.

El requerimiento de elevación a juicio fue formulado el 22 de febrero pasado por Palazzani ante el Juzgado Federal N°2 de Neuquén, a cargo de Gustavo Villena. En la pieza del MPF trabajaron -junto al fiscal Palazzani- Jorgelina Dalessandro, Gabriela Schumacher y David Maestre.

Las víctimas fueron trasladadas de Neuquén a Bahía Blanca en tres vuelos el 10, 15 y 16 de junio de 1976. El análisis de las pruebas derivó en la acusación al ex aviador militar Juan José Capella como el piloto que actuó en los viajes.

Entre los acusados están las autoridades del comando de la VI Brigada de Montaña de Neuquén: el ex jefe de Personal, Luis Alberto Farías Barrera (87 años); el ex jefe de Inteligencia, Oscar Lorenzo Reinhold (82 años) y el jefe de Operaciones, Juan Manuel Bayón (90). La Fiscalía los acusó porque aquella unidad fue la sede del Comando de Subzona militar 52 y “los imputados desde allí tuvieron bajo dominio la ejecución de los ilícitos ocurridos en territorio de Neuquén y Río Negro, como así también fueron quienes aseguraron los traslados de las víctimas a la ciudad de Bahía Blanca”.

También integran la nómina de acusados los integrantes del Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército en Neuquén, los ex capitanes Jorge Eduardo Molina Ezcurra (72), Sergio Adolfo San Martín (76) y Jorge Héctor Di Pasquale (69), y el ex agente civil de inteligencia, Raúl Antonio Guglielminetti (65).

Además, irán a juicio oral el ex el segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza (80), y el ex inspector de esa fuerza, Miguel Ángel Cancrini (71); el ex jefe de la Policía neuquina, entonces teniente coronel Osvaldo Antonio Laurella Crippa (85); el ex agente de esa policía, Amador Luengo (79), el ex comisario principal en la Unidad 25º de Cinco Saltos, Río Negro, Desiderio Penchulef (87), y el ex oficial ayudante de la Unidad 24 de Cipolletti, Gerónimo Enerio Huircain (62). A todos ellos la Fiscalía los considera partícipes en los secuestros, en la aplicación de tormentos y agresiones a la integridad sexual de una de las víctimas en el período previo a los traslados a Bahía Blanca.

Asimismo, están acusados el ex jefe de la División Interior del Departamento II Inteligencia del Comando del V Cuerpo del Ejército, Walter Bartolomé Tejada (87), los ex capitanes del Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca, Norberto Eduardo Condal (73), Jorge Horacio Granada (71) y Carlos Alberto Taffarel (69) y el el ex piloto aviador del Ejército, Juan José Capella (72), quienes deberán responder por “su contribución en el tramo vivido por las víctimas en el CCD La Escuelita de Bahía Blanca”.

Los vuelos de Neuquén a Bahía Blanca

La Fiscalía refirió en el requerimiento de elevación a juicio que “a partir de la reconstrucción de los sucesos acaecidos en base a las pruebas colectadas, se logró erigir que la totalidad de las víctimas -luego de su detención- fueron trasladadas a la localidad de Bahía Blanca” separadas en tres grupos enviados en tres vuelos el 10, el 15 y el 16 de junio de 1976.

El MPF concluyó que esos trayectos fueron piloteados por el aviador del Ejército Juan José Capella: “si se practica una correlación entre la información que surge del registro de detenidos de la Unidad N° 9 de Neuquén, el registro de vuelos del aeropuerto de Neuquén, los testimonios de las víctimas y el legajo personal de Capella, puede concluirse que los traslados de las víctimas de estos autos desde el aeropuerto de Neuquén hasta la ciudad de Bahía Blanca, fueron realizados en vuelos piloteados por el imputado Capella, con lo que cabe establecer su responsabilidad como partícipe de los hechos que perjudicaron a las víctimas de esta causa”, señaló el fiscal Palazzani en la presentación.

En otros puntos del extenso requerimiento, la Fiscalía recorrió los testimonios de las víctimas sobrevivientes que individualizan a los ex miembros de la inteligencia castrense y a los ex policías acusados en los secuestros y en los interrogatorios. El ex agente neuquino Amador Luengo fue reconocido por una mujer, de entonces 16 años, que lo identificó como el autor de uno de los abusos sexuales que sufrió durante su cautiverio en la comisaría 4ta.

Las víctimas comprendidas en este tramo elevado a juicio tenían relación entre sí por la militancia política y estudiantil y también por participar de actividades artísticas conocidas en la región.

“Plan sistemático”

La Fiscalía calificó los delitos por los que se acusa a los ex militares y policías -privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados, violación y abuso sexual- como crímenes de lesa humanidad: “Las conductas cuyo juzgamiento oral se requiere por el presente fueron cometidas en el contexto temporal y espacial correspondiente a la ejecución del plan sistemático y clandestino de represión criminal estatal perpetrado en la República Argentina entre los años 1975 y 1983 por las Fuerzas Armadas, con la colaboración de las Fuerzas de Seguridad y sectores de la sociedad civil”, señaló en el requerimiento de elevación a juicio.

“El plan criminal -prosiguió- fue ejecutado a través de un aparato de poder paralelo al formal, basado en la estructura militar ya montada de antemano, y consistió en un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, a través de privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos, persecución fundada en motivos políticos, violaciones, abusos y desaparición forzada o matanza de personas”.

Fuente: fiscales.gob.ar

El SUTEBA local se refirió a los anuncios realizados por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, durante el día de ayer. Se refieren a la afirmación de la acerca de las “sesenta mil personas que se ofrecieron como voluntarias para dar clases durante el paro docente serán convocadas para brindar apoyo escolar a los chicos en centros comunales, clubes de barrio y otros espacios sociales”.

“El Suteba Bahía Blanca repudia enérgicamente estos dichos de la gobernadora de la provincia en el Espacio Clarín”.

Para el gremio la declaración “muestra así que su gobierno apuesta al enfrentamiento y a la deslegitimación de la protesta como política que acompaña la baja en el presupuesto educativo y la caída del salario docente”.

De esta forma, el gremio se dirigió a los padres y madres del alumnado que asiste a la escuela pública “para dialogar con sus docentes y determinar junt@s quienes son los responsables de los males que atraviesa la educación”.

Sostuvieron que se prestarán al “juego del gobierno que busca poner a trabajador@s contra trabajador@s”.

Por último, la conducción sindical expresó que como se atreven a enseñar están dispuestos a aprender pero que luchan por una “educación para pensar, nunca en una educación para obedecer a quienes mandan y dividen al pueblo para someterlo”.

(Por Astor Vitali) La reacción ante las fiestas populares en Bahía Blanca tiene una larga tradición. Es conocida la eliminación del feriado de carnaval en dictadura. Pero a nivel local también se ejecutó la fulminación de la Feria de la Cultura durante la gestión anterior en cultura de Ricardo Margo. Debido a aislados hechos de violencia, el gobierno de Bevilacqua también suspendió el corso céntrico en 2015.

Ahora intentan un nuevo avance contra una fiesta que volvió a crecer a los últimos años y donde los hechos de inseguridad son una excepción repudiada por la sociedad y las asociaciones de murguistas. Sin embargo, operaciones mediáticas y políticas intentan mostrar esta fiesta popular como algo “ingobernable”.

De esta forma, el poder ejecutivo responsabilizó a la Policía Departamental de no querer “participar” debido a incidentes registrado ayer en una de las fechas previstas y, por ello, manifestaron verse en la “obligación” de suspender la fecha de hoy.

Esta insólita argucia dispara de inmediato una serie de interrogantes básicos: ¿la policía responde al gobierno o es parte de un Estado paralelo donde toman decisiones? ¿La policía tiene autonomía? ¿A quién responde? ¿Qué garantías de gobernabilidad ofrece un jefe comunal al que la policía no acata en algo tan básico y rutinario como es el corso céntrico? ¿Por qué suspenden y convierten en noticia del día la suspensión de esta fecha del corso céntrico y no se procedió de igual forma en relación a otros hechos de violencia ocurridos en diferentes escenarios durante febrero? ¿Qué intereses existen tras esta decisión?

¿O es que no hay voluntad política de dar continuidad a esta fiesta popular pero no se atreven a ponerle fin como sí lo hizo la anterior gestión de Margo con la Feria de la Cultura, cuando también se responsabilizó a “los vecinos que se quejan”?

“Sacate el antifaz”

Tras cada corso hay miles de personas que integran las murgas participando, pasando sus vacaciones tejiendo, cosiendo lentejuelas, haciendo cosas en familia, vistiendo a la comparsa, aprendiendo a tocar un instrumento, a bailar, a escribir una letra. Miles de personas organizadas en búsqueda de alegría y fraternidad.

¿Qué tipo de credibilidad puede pretender un gobierno incapaz de garantizar la seguridad de un corso? ¿Cómo deben sentirse las miles de familias que ponen todo de sí para mejorar su entorno cuando su intendente y representante en cultura muestran semejante grado de incapacidad para garantizar que la policía haga su trabajo?

En países como Uruguay o Brasil, cualquier gobierno -de izquierda o derecha-, cualquier funcionario -probo o fútil-, tiene pleno conocimiento de que la fiesta popular del carnaval, con sus particularidades regionales, redunda en beneficios para la comunidad tales como instancias de integración, creación de trabajo directo e indirecto –sonido, luces, gastronomía, trasporte, docencia, utilería, indumentaria y un largo etc-, turismo y otras yerbas.

Los actuales funcionarios locales, en cambio, evidencian no defender la voluntad de su ciudadanía sino hacer caso –¿cuándo no?- al titular de mala fe que busca desprestigiar una práctica popular que debería ser política de Estado.

Sin embargo, es claro que estos funcionarios desconocen al pueblo que los votó y se sienten más interesados por demostrar obediencia ideológica a cierta pacatería y mediocridad de una minoría acomodada.

El proyecto vedado

La cuestión de fondo reside en la disputa político-ideológica del uso del espacio público. Algunos funcionarios policiales ya dejaron entrever la idea de confinar la fiesta popular a un lugar cerrado con ingreso pago, en futuras ediciones. La idea mickyvainillaezca de “encerrar” a los y las murguistas seguramente entusiasme a más de un funcionario. De hecho, en reuniones organizativas para la realización de este corso ya fue sugerido por autoridades aunque rechazada por la asociación de murgas. El movimiento murguero espera, obviamente, que las autoridades democráticas del gobierno local aboguen por el crecimiento de esta fiesta popular en espacios públicos.

Dado que no han conseguido, durante esta edición ni la anterior, convencer al movimiento murguista de recluir la fiesta en algún club, estadio o espacio de deporte automovilístico (lugares que sugirieron las autoridades), ahora aparecen estas jugadas sucias que embarran la cancha a costa del lagrimón de niños y niñas que pretendían vivir un momento de felicidad en familia. En algunos casos, uno de los mayores momentos de felicidad del año.

Todas las señales apuntan a una política de doble vara: un fuerte impulso del sector privado en el ámbito de lo público expresado en el anuncio que hizo Gay acerca de la preponderancia que tendrá la FISA (UIBB y CCIS) en los festejos del 11 de abril y, por otro lado, represión de las expresiones de raigambre popular.

La responsabilidad política de haber suspendido el corso céntrico es únicamente de las autoridades del gobierno municipal. Aun cuando las autoridades policiales hayan presionado de una u otra forma, está claro que no se actuó con idoneidad y que resultan incapaces de garantizar seguridad a la comunidad y credibilidad en general.

Como hemos planteado en otro artículo, hay una línea que divide las aguas en términos socio-culturales y está demarcada por quienes eligen las anteojeras para no ver la fiesta que ocurre en su entorno, en su ciudad, frente a quienes eligen el antifaz para divertirse y mirar a los ojos al prójimo, a sus pares.

Foto: IC

Usuarios de EDEA S.A., el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata y comunidad en general realizarán mañana una Marcha de las velas por fallas en la prestación del servicio, falta de atención a los reclamos, desinversión, incumplimiento del contrato de concesión y amplia utilización de contratos basura. Ganancias millonarias, 300 % de aumento y condonación de una deuda de 450 millones de pesos por parte del gobierno constituyen la usina de esta oscura trama de negocios con la luz.

En la jornada de hoy el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata realizó un paro entre las 10 y las 13 horas. A su vez, dirigentes del gremio recorrieron los Consejos Deliberantes de la zona. Desde FeTERA adelanaorn que la semana próxima habrá nuevas medidas de fuerza.

José Rigane, titular de la federación sindical y Secretario Adjunto de la CTA-A explicó a FM De la Calle que hace 50 días comenzó el conflicto con EDEA SA porque “después de 7 u 8 meses en los que la empresa no resuelve los problemas más importantes que tenemos los usuarios-trabajadores”.

El sindicato denuncia que desde hace dos años la firma no toma nuevos trabajadores de manera legal y, contrariamente, “comenzó a contratar más personal” para tareas “en el mantenimiento y en la operación de redes” lo que “está prohibido por ley”. Además, “la empresa no reconoce al organismo de contralor (OCEBA) y tampoco hace presentaciones en el Ministerio de Trabajo ante las audiencias que hemos reclamado y se han realizado”.

Desenchufaron los controles

Rigane expresó que EDEA “se comporta como si fuera un estado dentro de otro estado, es decir, con sus propias leyes”.

“El poder político ni los organismos están a la altura de las circunstancias para poner a EDEA en exigencia para cumplir con el contrato de concesión y para no poner en riesgo tanto a los trabajadores como a los usuarios cuando desarrolla este tipo de acciones no importándole nada más que la ganancia”.

Desde el punto de vista laboral, las irregularidades son visibles. Por ejemplo, en el caso de contratados “a los que los hacen trabajar a destajo”.

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Tarifa estacional: “nadie puede obligar a consumir”

A su vez, el dirigente denunció que “la empresa recaudó 2 800 millones de pesos y el gobierno nacional acaba de condonarle una deuda de 450 millones de pesos. Un privilegio que no tiene ningún usuario de a pie en Argentina”.

“EDEA también aplica la tarifa estacional, una tarifa inconstitucional; primero, porque nadie está obligado a consumir un servicio público y menos todavía que uno tenga que consumir con un determinado promedio en el año, cosa imposible de poder resolver porque además va en contra de las supuestas políticas de uso eficiente y racional de energía y del ahorro”.

Por otra parte, usuarios del servicio reclaman déficit de atención ya que sólo 9 ventanillas se abocan a recibir reclamos y atención al público, siendo más de 500 mil clientes quienes dependen del servicio.

Rigane agregó que “los actuales dueños de EDEA” son los mismos propietarios de EDELAP y “hoy se encuentran a punto de ser procesados en la ciudad de La Plata casi por las mismas razones que se producen en Mar del Plata, es decir, por una falta de atención y continuidad en el servicio. Acá hay baja tensión en la periferia, cortes permanentes, barrios enteros que pasan varios días sin electricidad. Una demostración clara de que no hay mantenimiento preventivo, que no hay inversiones significativas y que obviamente el servicio no está a la altura de las exigencias que requiere el usuario.

A todo esto, el dirigente sostiene que la situación “ni si quiera está en correspondencia con lo que se paga”.

“Según el consumo de que hablemos la tarifa ha subido más del 300 por ciento. Ahora va a haber otro incremente a partir del 1 de marzo en la provincia de Buenos Aires. Va a ser un incremento significativo porque parte de una base muy alta. Ninguna de estas situaciones se puede comparar con Capital Federal”.

MARCHA-DE-LAS-VELAS

(Por Julio Gambina) El arranque económico de la Argentina en 2017 muestra signos de preocupación en la continuidad del alza de precios y tarifas, junto al mantenimiento de la recesión productiva con impacto en la persistencia del desempleo, suspensiones y afectación del ingreso popular.
La situación exacerba las protestas sociales y el conflicto presente y futuro, con las CTA embarcadas en definir de común acuerdo un conjunto de reivindicaciones como contenido de un plan de unidad de acción a refrendar por más de un millar de delegados de todo el país. En simultáneo, la CGT se bajó del diálogo con el gobierno y empresarios para convocar a una movilización en marzo y próximo paro general.

Precios “transparentes”

En febrero comenzó el operativo “precios transparentes” que suponía una baja de 15 a 20% en los precios de contado, según la expectativa de la Secretaría de Comercio de la Nación. La realidad está siendo muy distinta y como la historia demuestra, los precios en general no tienden a bajar una vez que alcanzan un cierto nivel.
Pocos precios disminuyeron y no en los porcentuales imaginados por los funcionarios del gobierno. La mayoría de los precios se mantuvieron e incluso se incrementaron, y ni hablar de la disparada de los precios financiados en cuotas.
Se pensó en estimular el consumo y con la decisión asumida puede afectarse aún más la retracción en el consumo. El encarecimiento del financiamiento desestimula las compras a plazo, y el mantenimiento o suba de precios al contado coexiste con el menor poder adquisitivo del ingreso popular, de hecho, la mayoría de la población.
Así, la realidad impone la continuidad de una tendencia al bajo consumo que recrea las condiciones de persistencia de la recesión en la coyuntura y afecta la perspectiva de recuperación económica para para el 2017.

Tarifas eléctricas

Se anunciaron aumentos en las tarifas eléctricas en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero impactará en todo el país por los costos en origen trasladados a la cadena de generación, transporte y distribución.
Sostiene el Ministro Aranguren que aún con estas subas del 61 al 148% entre febrero y abril, no se cubre el costo y por ende, los aumentos volverán sucesivamente hasta que los precios sobrepasen el costo y aseguren niveles de ganancias que justifiquen la inversión privada.
La lógica de mercado se impone por encima de cualquier consideración al “derecho a la energía” que sustentan organizaciones sindicales como la Federación de Trabajadores de la Energía, FeTERA en la CTA Autónoma, y variadas organizaciones que promueven los derechos sociales al abastecimiento energético.
El aumento de tarifas eléctricas es parte de la asociación entre la impunidad empresarial y la lógica política del gobierno Macri.
Las empresas pretenden bajar salarios y aumentar precios y tarifas. Son medidas contra los trabajadores y los usuarios, especialmente los de menores ingresos.
Es una lógica que privilegia la ganancia de las empresas para atraer inversiones al sector energético. Es algo que queda claro en el conflicto entre la multinacional EDEA S.A. y el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata.
La organización de trabajadores objeta el accionar integral de la empresa transnacional a costa de los propios trabajadores y trabajadoras y el conjunto de usuarios del servicio de electricidad.
En rigor, desde las privatizaciones energéticas en los 90´ del siglo pasado existe una concepción de la energía como mercancía, que compran en el mercado los que tienen suficiente dinero. Por ello, hace falta instalar en el sentido común otra concepción que supone la lucha por el derecho a la energía. Resulta una premisa conceptual para impedir la agresión a los derechos laborales de las/os trabajadoras/es de la energía y al “derecho a la energía” del conjunto de la sociedad.

Actualización salarial

Aumentos de precios y tarifas explican el deterioro de la capacidad de ingresos populares y habilita expectativas por las discusiones paritarias entre trabajadores y empresarios.
Es la base para pensar todas las actualizaciones de ingresos de los sectores más empobrecidos, ya que las jubilaciones se ajustan con base a estas actualizaciones negociadas en paritarias, y los planes sociales acompañan limitadamente las actualizaciones salariales.
Como siempre ocurre, los docentes anticipan el debate y está asociado al comienzo o no de las clases, pero también en escena se presenta el conflicto con los bancarios ante el desconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo del acuerdo suscripto entre las cámaras empresarias y los sindicatos.
El gobierno nacional pretende desentenderse de las demandas de un piso salarial nacional docente y descarga la negociación sobre las provincias. Estas requieren asistencia financiera nacional ante los límites del déficit fiscal provincial y nacional.
Todo augura conflicto, tal como se expresó en las movilizaciones docentes de este jueves 2 de febrero. En realidad, la protesta no es solo salarial, sino que apunta al derecho a la educación, afectado por el proyecto de reforma educativa de privatización de la educación en el rumbo definido por la lógica mercantilista de carácter neoliberal.
Los bancarios tienen el aval de la justicia y sostienen la reivindicación de los acuerdos suscriptos con protestas ante la restricción del Ministro de Trabajo.
Es la protesta explícita la forma que tienen las/os trabajadoras/es para defenderse de la creciente inflación de precios y tarifas. Con esa base de movilización y sensibilización a la sociedad es que ingresan a la discusión paritaria y anticipa la escalada del conflicto sindical y social.
Desde el gobierno se imaginan un límite de actualización salarial entre el 17 y 18%, cuando el propio BCRA mantiene elevadas tasas de interés (24,75%) en las licitaciones de letras, LEBAC. La entidad monetaria explica que su decisión se sustenta en la continuidad de las expectativas inflacionarias para el 2017. Estas expectativas materializadas afectan especialmente a los sectores de menores ingresos.
La respuesta es la lucha social extendida por la distribución del ingreso, máxime cuando se estima para 2016 una pérdida de los ingresos populares promedio del 10% de la capacidad de compra. Ese es el piso a adicionar a la inflación esperada del 2017, probablemente superior al 20%.
Para imaginar el piso de recomposición salarial deben adicionarse ambos valores, el 10% resignado en 2016 y el valor esperado de aumento de precios para el 2017, no menor al 20%.
De ahí surge un piso del 30% para la actualización de ingresos, que si se pretende mejorar, la demanda estará más cercana al 35% o más, según sea la correlación de fuerzas en la contradicción entre el trabajo y el capital.

Conflicto sindical y social

Claro que resulta impensable que esa lógica argumental sea aceptada por el gobierno o la impunidad empresaria, lo que aventura protestas y conflictividad creciente para intentar afirmar derechos sociales conculcados.
La tradición de movilización sindical en la Argentina con los anuncios de las CTA y ahora de la CGT, puede habilitar un escenario de mayor conflictividad en un año electoral, donde el gobierno disputa consenso a su proyecto, por lo que califica de medidas políticas a esas manifestaciones de protesta.
Es verdad, toda protesta asume carácter político, en tanto es parte de la disputa del ingreso, antesala para discutir la distribución de la riqueza, altamente concentrada en nuestro país y en el mundo.

Entre hoy y mañana el tribunal oral federal realizará el debate de una causa contra una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes en nuestra región. Comandado por Mauricio Gastón Larriaga el grupo contaba con la participación y protección del efectivo de la Policía Bonaerense Luis Martín Prada.

“Se trataba de una banda bien organizada, con gran poder adquisitivo e intervención en una amplia región interprovincial, abarcando la costa atlántica hasta la localidad de Viedma, con centro operativo y de distribución en Bahía Blanca. Se constató gran manipulación de dinero, de autos de alta gama de importante valor económico, otros negocios ilícitos adyacentes como ser el de automotores ‘mellizos’ y manejo a gran escala de estupefacientes”, concluyó el fiscal Antonio Castaño.

La instrucción local arrancó en febrero de 2011 cuando la justicia advirtió que Larriaga “cocinaba” cocaína con pasta base proveniente de Monte Hermoso y precursores químicos locales para abastecer a personas de su confianza quienes luego se encargaban de distribuirla.

A su vez, el Juzgado Federal de Viedma investigaba posibles proveedores a aquella ciudad. En ese marco, la madrugada del 5 al 6 de septiembre de 2014 Larriaga fue detenido en su domicilio de Soler 150 junto a Patricia Weintzettel y al policía Pradas. Se le secuestraron más de cuatro kilos de cocaína, elementos para su fraccionamiento, rebaje y/o distribución y dinero. Otros dos kilos de coca fueron encontrados en su BMW.

Foto: Evangelina Martínez

Diez días después fueron allanadas las viviendas del resto de sus subordinados en Bahía Blanca y Mar del Plata, requisándoseles más droga, dinero y aparatos electrónicos.

El fiscal Antonio Castaño comprobó que Mauricio Gastón Larriaga comandaba una red de tráfico de estupefacientes apoyado en dos “relaciones amorosas con mujeres de su confianza” -Mariana Loustaunau en Mar del Plata y Patricia Weintzettel en Bahía Blanca- y una red de “punteros” distribuidores en Bahía, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Viedma, Carmen de Patagones y otras localidades. Algunos de ellos eran Marcelo Jonatan Coronado, Cristian Daniel “el chileno” Silva y Fernando Daniel “Piki” Sandoval quienes contaban con respaldo logístico, de transporte y protección de parte de Pradas.

“La mercadería era comprada por el mismo Larriaga en Mar del Plata o en las cercanías de Capital Federal y era transportada a Bahía Blanca (centro operativo de destino y distribución), de manera semanal, y a partir de esta ciudad distribuida por más de diez punteros a la región. Luego, Larriaga realizaba la recolección de las remesas de dinero resultante de la fructífera venta de narcóticos”.

Según el Ministerio Público, Pradas colaboraba en el negocio ilegal en Mar del Plata y además, acompañaba al jefe de la banda valiéndose de su investidura de funcionario policial a fin de “protegerlo” y transportar libremente los estupefacientes.

Las audiencias comenzarán a las 9 en la sede del Tribunal Oral de Chiclana y Lavalle. La acusación estará a cargo del fiscal general Alejandro Cantaro.

Once testimonios fueron escuchados esta semana en las primeras audiencias del juicio Ejército III tras la feria judicial. El próximo martes 21 a las 15 la perito de la Comisión Provincial por la Memoria, Claudia Berlingeri, completará la prueba testimonial de la Fiscalía y se escucharán testigos de las defensas. También habrá sesión el miércoles 22 desde las 9.

El 17 de febrero comenzará un breve juicio al comisario inspector (r) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Abel Boccalari. El represor estaba incluido entre los imputados del debate en curso pero su proceso fue suspendido. Los jueces Marcos Aguerrido, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Juan Pablo Salas deberán resolver sobre la responsabilidad del ex miembro de la Sección Cuatrerismo local en el secuestro y desaparición de Julio Mussi.

Las audiencias son un antídoto público contra el negacionismo. A Colón 80 de Bahía Blanca pueden ingresar mayores de 18 años con sus DNI y estudiantes desde los 16 con permiso del tribunal. Lee la reseña de las declaraciones del lunes 6 y el martes 7 ACÁ.

Bahiensas Feministas y agrupaciones feministas convocamos a organizaciones y mujeres independientes a sumarse a la asamblea de coordinación del próximo 8 de marzo. Será el miércoles 15 a las 17.30 hs en SUTEBA- Las Heras 361.

Este 8 de marzo las mujeres PARAMOS EL MUNDO.

En Bahía Blanca también paramos.

Desde Bahía Blanca, nos sumamos a la Internacional Feminista porque estamos convencidas que las mujeres somos la primera línea de resistencia frente a todas las opresiones impuestas por el patriarcado y el capitalismo y estamos construyendo una ofensiva feminista que actualmente está articulando movimientos de mujeres de más de 30 de países.

#SolidaridadNuestraArma

¿Por qué este 8 de marzo las mujeres paramos?

Históricamente, el 8 de marzo es una jornada internacional de lucha y denuncia de las opresiones que sufrimos las mujeres. Hemos llamado a este día “Día de la mujer trabajadora”, porque todas lo somos, por el trabajo asalariado precarizado y mal pago fuera del hogar y el trabajo no reconocido, invisibilizado, impuesto dentro del hogar. Pero en este contexto, las mujeres tomamos en nuestras manos la organización de la resistencia. No queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras.

#MujeresEnHuelga

¿Qué denunciamos?

Que los estados nos empobrecen y explotan, y que esa opresión siempre recae más duramente sobre los cuerpos de las mujeres.

Que la brecha salarial entre varones y mujeres en Argentina llega hasta el 27%. Que, a su vez, no se reconoce el trabajo reproductivo y que las tareas de cuidado no remuneradas impuestas terminan por reproducir la explotación clasista y colonial entre las mismas mujeres.

Que esta situación se agrava con las medidas de ajuste implementadas por el gobierno, que nos coloca en una posición de vulnerabilidad mucho mayor. Los procesos de recesión económica se apoyan especial y principalmente en las mujeres que son quienes garantizan todo aquello donde el Estado se ha corrido: salud, alimentación, educación, vivienda.

Que la desigualdad y falta de autonomía económica nos retiene en situaciones de violencia y nos vuelve más vulnerables aún ante la violencia machista, cuyo último eslabón de expresión son los femicidios.

Que en Argentina nos falta una mujer por día, víctima de femicidio.

Que los crímenes de odio hacia las identidades disidentes están invisibilizados.

En Bahía Blanca, hace 12 años, Alejandra Galicio fue asesinada por ser trans. Su caso nunca fue investigado.

Que nos faltan las víctimas de las redes de trata y explotación sexual, de las cuales la policía, el Estado y sus funcionarios son cómplices y forman parte.

Que los territorios ancestrales de los pueblos originarios están siendo violentados y explotados, con la misma ideología patriarcal que tiene al cuerpo de las mujeres como tierra conquistable.

Que la Iglesia, con complicidad y aval del estado, tiene una responsabilidad histórica y persistente en la restricción de nuestras libertades y en la opresión de nuestros cuerpos.

Paramos porque en Bahía Blanca y la zona nos faltan: MICAELA ORTEGA, KATHERINE MOSCOSO, LUCIANA MORETTI, LETICIA CAYULI, IVONNE GALLARDO, IRINA MONTOYA, DOLORES SANCHEZ, RUTH UTRIERA, DAIANA MENDEZ, SILVANA RIETTI, SOFIA DIAZ, CARMEN FLORES, MARIA LUISA MONTAGNA, VIVIANA AGUILERA, JESSICA ELIAS, LUISA PERALTA, EUDES BAZAN, CLAUDIA GODOY, LEONELA COSTA, STELLA GOTTAU, ALEJANDRA GALICIO, MELINA SAAVEDRA, MARIA SILVA.

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¿Por qué luchamos?

Por los derechos de las mujeres trabajadoras.

Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Guarderías en todos los lugares de trabajo. No al ajuste. No a los despidos y suspensiones. Reconocimiento del trabajo doméstico. Cupo laboral trans y trabajo genuino.

Reglamentación total, y cumplimiento real de la Ley 26.485, con control de las organizaciones de mujeres. Ejecución de partidas presupuestarias destinadas a la erradicación de la violencia y el apoyo de las víctimas. Incremento del número y la calidad de refugios sin requisitos burocráticos para mujeres en situación de violencia y sus hijos e hijas. Apoyo económico, asesoramiento legal y psicológico gratuito para las víctimas.

Contra toda forma de violencia hacia las mujeres.

Basta de justicia patriarcal. Basta de femicidios. Basta de travesticidios. Basta de violencia institucional. Basta de discriminación y criminalización a nuestras compañeras trans. Respeto y cumplimiento de la ley de identidad de género. Por el cumplimiento de la Ley 25.929 de parto humanizado. Reconocimiento y acción sobre la responsabilidad de los medios de comunicación hegemónicos en la reproducción de contenidos que fomentan comportamientos discriminatorios y misóginos.

Por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito.

Tratamiento y aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

Por un estado y una educación laica y no sexista.

Separación de la iglesia del Estado. Educación laica. Implementación real de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los ámbitos educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista.

Justicia y aparición con vida de todas las mujeres víctimas de las redes de trata.

Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual, comenzando por la participación de policías, jueces y funcionarios del Estado.

Por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios.

Por el reconocimiento del derecho a territorio de los pueblos originarios y retiro de las fuerzas represivas de los territorios ancestrales. No al desalojo de las comunidades originarias. Basta de extractivismo y de favorecer a los capitales antes que al bienestar de la tierra y sus habitantes.

Contra la criminalización de la protesta social.

Libertad a las/os presas/os políticas/os. Derogación de la ley antiterrorista y los protocolos represivos del estado.

Este 8 de Marzo unimos nuestra lucha con la de las mujeres de todo el mundo.

#HuelgaDeMujeres #SolidaridadNuestraArma

Evento en Bahía Blanca:https://www.facebook.com/events/266543353760345/
Contacto de prensa: Sofia 291- 156450301. Griselda 291- 154616470
Evento Internacional: https://www.facebook.com/events/1043905282422378/
#SolidarityIsOurWeapon #WomensStrike
Twitter: @womensstrike
Página oficial: http://www.parodemujeres.com/
email: [email protected]

(Por Astor Vitali) La premiación fue creada en 1973 con el objetivo de destacar lo que los jurados designados entendían como mejores producciones de aquellas que permanecieron en cartel durante la temporada estival en la ciudad portuaria. Inicialmente se planteó como una herramienta turística pero con el pasar del tiempo las producciones teatrales buscan la estrella como una manera de promocionar su trabajo para el resto del año en Buenos Aires y otras plazas.

Durante la edición 2017, la compañía de teatro El Séptimo Fuego resultó ganadora en la categoría obra marplatense por la obra “Gregorio por Nachman”. El grupo teatral amplificó la voz de una parte importante de la comunidad artística local en ese escenario reclamando la renuncia de la responsable de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón, Silvina Rojas, a través de una bandera desplegada y el uso de remeras.

Por otra parte, las autoridades eliminaron la entrega del premio en honor a la memoria del actor desaparecido Carlos Waitz de la ceremonia central. La Delegación Mar del Plata y el Consejo Integral de la Asociación Argentina de Actores dirigió una misiva al ente municipal de turismo para poner “en conocimiento el profundo malestar que ha causado” al gremio “que el premio Carlos Waitz, cuyo nombre es en homenaje a nuestro compañero actor detenido desaparecido, siendo el único actor del país secuestrado del escenario en plena función teatral, no se entregue en la ceremonia principal”.

La dirigencia no comprende la decisión “intempestiva e inconsulta, cuando nunca se había dado una circunstancia similar en años anteriores” en los que han entregado el premio en presencia de sus compañeros actores que trabajaron en la temporada Marplatense, durante la ceremonia principal.

A su vez, el documento expresa que “el premio Carlos Waitz es muy importante para nuestro gremio, sobre todo este año teniendo en cuenta que se cumple el cuarenta aniversario de la desaparición de nuestro compañero y que iba a ser otorgado a los integrantes de la comedia municipal que lleva el nombre de otros dos actores desaparecidos: Nachman – Conti, como un gesto de reconocimiento a sus trabajadores en la lucha por su preservación y dignificación, por lo cual este desagradable incidente adquiere una connotación especial en medio de la crisis cultural y de tantas declaraciones negacionistas del terrorismo de estado, y lo sentimos como una profunda ofensa, no solo a nuestra institución, sino a la memoria de nuestros compañeros”.

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Fuera del Teatro Auditorium se llevaron a cabo diferentes protestas. Durante la transmisión oficial a través de la televisión pública llegó a verse, al mismo tiempo que artistas ingresaban por la alfombra roja, a otro grupo de artistas realizando una intervención en la que mostraron la leyenda “fuera Rojas” en su cuerpo. Luego, mientras la premiación se desarrolló, los y las asambleístas en defensa de la cultura pública también expresaron su rechazo a la actual secretaria de Cultura Silvana Rojas.

La funcionaria está cuestionada por la cancelación de diferentes programas durante 2016, el cierre del Teatro Diagonal además de adeudar remuneraciones a trabajadores y trabajadoras de la cultura del sector público.

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(Por José Luis Ares*) I. Los diarios The New York Times y The Washington Post dieron a conocer un supuesto borrador del flamante gobierno para reabrir las cárceles clandestinas de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y para revisar los métodos de interrogación a sospechosos de terrorismo.

Ello motivó comentarios en la prensa del Presidente Donald Trump. Dijo que siente que el “submarino mojado” funciona; que la lucha contra el terrorismo es fuego contra fuego, dado que el Estado Islámico está haciendo cosas que nadie había oído desde los tiempos medievales. Agregó que la decisión final la tendrán el Secretario de Defensa y el Director de la CIA, y que quiere hacer todo lo que está autorizado a hacer legalmente.

Una orden ejecutiva del Presidente George W. Bush (dejada sin efecto luego por Barack Obama) había autorizado técnicas que llamaron de “interrogatorio mejorado”.

El “submarino mojado” (waterbording) consiste en colocar al individuo en una tabla inclinada con las piernas por encima de su cabeza, colocando un paño en su cara y vertiendo agua continuamente sobre la tela para evitar que respire. La CIA lo ha llamado una “técnica profesional de interrogatorio” y tiene la ventaja de no dejar marcas visibles en el interrogado.

II. La afirmación de que ese siniestro procedimiento sirve para obtener información ha sido contradicha por numerosas personas que incluso no tienen pruritos éticos. Así, un antiguo funcionario de la CIA, Bob Baer, ha sostenido que el resultado de un interrogatorio con esa técnica no es fiable ya que la persona está dispuesta a dar cualquier tipo de información, aunque no sea cierta con tal de que el suplicio acabe. Este aserto no es muy original ya que en el siglo 18 el Marqués de Beccaria decía -en cuanto al uso de la tortura para conseguir confesiones- que el inocente sensible se declarará culpable si cree hacer cesar con ello el tormento; es un medio seguro para absolver a los criminales robustos y condenar a los inocentes débiles.

III. Pero aun cuando sirviera, habría que establecer si es legal, a estar a los dichos del novel presidente de Estados Unidos.

La Constitución de ese país prohíbe obligar a una persona a declarar contra sí misma y también proscribe todo castigo cruel e inusitado (enmiendas V y VIII).

Estados Unidos suscribió la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Naciones Unidas, 1984), que establece que es tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, con el fin de obtener información, una confesión o castigarla, intimidarla o coaccionarla, y sea infligido por un funcionario público.

Resulta curioso que algunos solo invoquen la constitución cuando conviene a su ideología, como ocurre con la disposición que consagra el derecho del pueblo norteamericano a tener y portar armas.

Claramente, la técnica conocida como “submarino mojado” constituye un acto de tortura y como tal se encuentra prohibida por la normativa vigente en el gran país del norte, a pesar de que se diga que se trata de una técnica de interrogación. Por más que el Presidente Trump hable de “hechos alternativos” para ocultar o deformar la verdad, algo es lo que es sin importar como se lo denomine, por aquello del llamado “fraude de etiquetas”.

IV. En nuestro país, en los albores del gobierno patrio, la Asamblea del año XIII prohibió la aplicación de tormentos para la investigación de crímenes y mandó que los instrumentos sean inutilizados en la Plaza Mayor.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que darle valor a una confesión prestada bajo apremios de la policía implica violación al art. 18 de la Constitución Nacional que prohíbe obligar a una persona a declarar contra sí misma, y que el Estado no puede ser beneficiaria de un hecho ilícito, no pudiéndose dar valor al resultado del delito y apoyar sobre él una sentencia judicial (caso “Montenegro” de 1981).

A riesgo de ser tildado de idealista e ingenuo, no puedo menos que añorar y traer a colación la conducta de un funcionario ejemplar de la democracia. Cuando se había detenido a un sospechoso que podía tener información sobre el paradero del prominente político Aldo Moro, secuestrado por terroristas, un subordinado sugirió al jefe de los Carabineros someterlo a apremios. La respuesta del General Carlo Alberto dalla Chiesa (luego asesinado por la mafia) fue memorable: “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura”.

Más allá de las claudicaciones éticas y de las transgresiones legales que implican pensar en esas técnicas de torturas a detenidos, también intranquiliza darse cuenta que líderes de la mayor potencia del mundo crean necesario recurrir a esas deleznables y anacrónicas prácticas, y con todos sus recursos tecnológicos sean ineficientes, mostrándose impotentes ante el terrorismo transnacional.

(*) Juez en lo Correccional. Profesor adjunto -por concurso- de Derecho Procesal Penal, UNS. Miembro de la Red de Jueces Penales de la Pcia. de Bs. As.

(Por Francisco J. Cantamutto) Cerró el primer año de gobierno de Cambiemos, y las previsiones que hiciéramos resultaron acertadas: el rumbo elegido es el del ajuste y las reformas regresivas. El sesgo social del gobierno no admite demasiadas dudas, al menos en sus rasgos generales: abundan los datos sobre el aumento de la pobreza y el desempleo, la caída del salario real, de las asignaciones sociales y jubilaciones, pues todas aumentaron por detrás de una inflación desbocada. El efecto sectorial dio por principales beneficiarios del nuevo esquema a las fracciones ligadas al procesamiento de recursos naturales y las financieras. Sobre esto, el balance ha sido claro.

Tras ese año, agotándose ya el efecto del relato de la herencia, Macri realizó algunos cambios de gabinete. El más resonado, fue el reemplazo de Prat Gay por la dupla Dujovne-Caputo. Para el segundo, se trató de una promoción para poder ejecutar su rol de tomador compulsivo de deuda sin ataduras. Para el primero fue una sorpresa, en la cual su carácter de casi ignoto ayuda a subordinarse a los requerimientos del presidente –además de aportar vínculos personales con el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump. El programa parece simple, pero no lo es: debe ajustar… en año electoral. La clave para congeniar parece estar en ajuste, deuda y obra pública.

Sin embargo, las inconsistencias del ajuste, que se promueve como racional, incluso como “con rostro humano”, provocaron renuncias masivas en el ministerio de Salud. El secretario de Obra Pública, Daniel Chaín, un histórico del PRO, fue desplazado por no lograr reanimar el sector de sus competencias, aun de muy tibia performance. Isella Costantini se debió ir por no lograr mayor ajuste en la aerolínea de bandera, que abriera el mercado a las aerolíneas de bajo costo. En la misma línea se puede interpretar el reemplazo de Melconian por González Fraga en el Banco Nación: en primer lugar, anular las aspiraciones personales y consolidar así la subordinación total al mandato del “equipo chico” del PRO; en segundo lugar, castigar su permisividad con la paritaria de bancarios. Pero en tercer lugar está también el hecho de que Melconian –un histórico defensor del endeudamiento- cuestionó que el gobierno estuviera colocando demasiada deuda en el banco que le tocaba administrar, superando los niveles técnicamente sostenibles. El pecado de soberbia por cuestionar el modelo fue castigado. González Fraga, quien desde las tribunas festejó el ajuste social, asume con la idea de lanzar créditos productivos e hipotecarios destinados a los sectores más acomodados (la propuesta que lanzó apenas asumió permite acceder a créditos solo al 10% de la población).

Y el programa para 2017 comenzó a ejecutarse, entonces, sin pausas.

Dujovne, tal como predicó desde su tribuna en los medios, llegó con la idea fija del ajuste fiscal, raíz de todos los males según su mirada. Según destacó de primera fuente La Nación –donde el devenido ministro publicaba sus columnas- el recorte tiene tres ejes. El primero es la reducción de secretarías, subsecretarías, direcciones y organismos a través de su fusión, buscando funciones duplicadas entre ministerios. No es llamativo que, entre los más de 20 ministerios de Macri, busque estas duplicaciones en Desarrollo Social, Educación, Salud, Trabajo y ANSES. Según sus cálculos, se ahorrarían así $65.000 millones, equivalentes a un 0,8% del PBI. Llamativamente, pretenden asegurar que esto no significará recortes de planes de esos ministerios.

El segundo eje por el que pasa el recorte es conocido ya: se trata de los subsidios a la energía y el transporte. Aunque el ritmo de reducción no es claro, el sentido sí lo es: ahorrar cerca de 3% del PBI por la vía de subas de tarifas. Esas subas componen el tarifazo, que fue un factor de conflicto relevante en 2016. En estos meses vinieron sustanciales subas de la electricidad –junto a discursos de Aranguren sobre cómo ahorrar energía-, a las que se sumará en abril un nuevo aumento del precio del gas en boca de pozo. Esto incrementará no solo las tarifas de gas, sino también las de electricidad. Ambos incrementos impactan sobre el conjunto de la producción, a los que se adiciona la suba de los combustibles. Un cóctel que erosiona los salarios reales sin necesidad de ajuste nominal.

Justamente, un eje no declarado es el ajuste inflacionario, que Cambiemos tanto criticó del gobierno anterior. Con una inflación total bien por encima del 40% y paritarias muy por debajo, el gobierno logró una ajuste importante. La paritaria bancaria, que había roto el techo, fue objetada por el ministro de Trabajo Triaca, pero recientemente fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El gobierno pretende que las negociaciones paritarias actuales –en especial, con docentes- cierren por debajo del 20% este año. Según sus previsiones, la inflación de 2017 se ubicará en torno al 18%, aunque el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central indica que todos los analistas esperan un número mayor.

En cualquier caso, la pretensión del gobierno es cerrar omitiendo el ajuste que ya ocurrió: el de 2016. Al mismo tiempo, busca incorporar en las negociaciones la flexibilización por diversas vías, como atestigua el acuerdo con petroleros, que crea una nueva rama para hidrocarburos no convencionales con otras condiciones que sus pares. El gobierno probablemente evite pasar la flexibilización por el Congreso antes de las elecciones, y la introduzca por esta vía alterna. Aquí se expresaran los pedidos empresariales por contratos por tarea, y aumento de la carga de aportes por parte de los propios trabajadores.

El tercer eje de Dujovne es el ajuste en las 53 empresas públicas, que acusan según la cuenta oficial un déficit de $50.000 millones, lo que representa alrededor de un 0,6% del PBI. YPF, Aerolíneas, Correos, ENARSA, AySA, Canal 7, Radio Nacional y Télam son algunas de las que tiene enfocadas para avanzar. El esquema de ajustes aquí puede pasar por privatizaciones parciales, vaciamiento, o la temible iniciativa público-privada, aprobada como ley el año pasado. Ya se están sentando las bases para una nueva reforma del sistema jubilatorio, habilitando nuevamente la participación privada en un mercado creado a tal efecto.

Con este ajuste en mente, el gobierno espera poder eliminar algunos impuestos, tal como demandan diversos empresarios. Al mismo tiempo, enfatizan la necesidad de reanimar la obra pública, a sabiendas que es año electoral.

Sin embargo, las cuentas aún no cierran. El blanqueo del 2016 implicó una recaudación de $82.000 millones, que contuvo parcialmente el déficit, y dio cierto aire para continuar el ajuste estructural sin que el efecto sea notable velozmente. La gran excusa del sospechoso blanqueo, la “reparación histórica” atrajo a apenas 300.000 jubilados de 2,4 millones que podían optar por él.

La otra fuente de contención es la toma masiva de deuda. El plan declarado para este año es la toma de deuda por 40.350 millones de dólares, que se utilizarán en mitades para cubrir el déficit y pagos de deuda pasada. Solo en enero, Caputo ya emitió 17.036 millones de dólares, el equivalente al 42,2% de lo necesario para pasar el año. Dos quintas partes de esa emisión vencen en seis meses o menos: plazos extremadamente cortos. El gobierno está apurado por colocar deuda antes que el efecto Trump siga encareciendo las tasas de interés globales.

La entrada masiva de deuda ha incrementado las reservas –Sturzenegger ya está buscando dónde colocarlas a interés- y también sostenido el tipo de cambio. Comenzando febrero, el dólar ha bajado de los $16, a pesar de que el presupuesto estima que se ubicará en torno a los $18. Mantener el dólar bajo durante un tiempo más permitirá sostener el impulso a la importación de bienes de consumo, fomentando así un bienestar pasajero. Es probable que la devaluación llegue con las elecciones, preferentemente luego de ellas.

Para tentar al capital especulativo, Dujovne colaboró eliminando los plazos mínimos de permanencia en el país, que eran de 120 días. Altas tasas de interés y dólar planchado son una gran oportunidad de negocios financieros.

La combinación de ajuste, deuda y obra pública parece que será la clave de este 2017 que recién empieza.

Arroyos y ríos desbordados, rutas cortadas o con circulación limitada, cientos de viviendas inundadas, campos bajo agua donde apenas asoman los postes del alambrado y la población refugiándose en lugares precarios, son imágenes cada vez más frecuentes.

Esto no es casualidad. Hay certeza ya de que es el modelo agrobiotecnológico el responsable de esta situación cada vez más recurrente, caracterizada por desbordes inusuales, como las recientes lluvias que arrojaron un panorama desolador al registrarse solo en la provincia de Santa Fe más de un millón de hectáreas bajo el agua.

Para  tener una noción del panorama actual, pueblos y ciudades enteras han quedado sumergidos como Pergamino, La Emilia, San Nicolás, Rafaela, Arroyo Seco, y casi un centenar en la región centro, en la pampa húmeda, una región que fuera una de las más fértiles y ricas del mundo.

En este marco, si bien son necesarias las obras hidráulicas, éstas solo maquillan un problema coyuntural: El deterioro manifiesto en el que se encuentran los suelos hace que los mismos no absorben lo que deben, escurriendo dichas aguas hacia las cuencas inferiores. Esto es lo que en definitiva agrava las inundaciones.

Estudios realizados por Universidades Públicas y especialistas de distintas disciplinas ratifican, entre otros, que los cultivos de raíces pequeñas como la soja transgénica no permiten la infiltración profunda o la evaporación; la eliminación de la actividad pecuaria provoca la subida de las capas freáticas, la desaparición de la fauna y flora por la aplicación de más de 300 millones de litros de agrotóxicos en cada campaña, compacta los suelos y los convierte en un vidrio en el que rebota el agua.

En efecto, la aplicación del paquete tecnológico de transgénicos, agrotóxicos y siembra directa, base del agronegocio, significó la subida de las capas freáticas, la uniformidad de la granulometría superficial del suelo y la muerte directa de los micros y macros organismos edáficos alterando negativamente los ciclos del agua y los nutrientes, el flujo de energía y la dinámica de las comunidades por encima y debajo del suelo.

Se confirma, una vez más, que seguir insistiendo con las buenas prácticas agrícolas o de labranza, no constituyen una solución ni razonable ni ética a este problema, dado que nos encontramos frente a un modelo de producción hegemónico y fuera de control que, en modo similar a la minería, desequilibran la situación funcional del suelo y le exprime el suelo hasta sus últimos nutrientes.

Si a este panorama le agregamos los múltiples focos de incendios en las provincias de La Pampa, Río Negro y el sur de Buenos Aires, incontrolables por los escasos recursos de contención del fuego que hay disponibles, que provocaron la masiva mortandad de animales y cientos de hectáreas desbastadas por el fuego. Los ríos enteros contaminados por los numerosos derrames de cianuro provocados por la actividad minera, dejando a poblaciones enteras sin acceso a agua potable y una mortandad de peces incalculable. El impactante alud que enterró las localidades de Volcán, Bárcena y Tumbaya en Jujuy, cuyos habitantes se esfuerzan por recuperar sus casas, anegadas por el lodo y, de alguna forma, recuperar la vida cotidiana. Las millones de hectáreas de bosque nativo destruidas en aras de “supuestas inversiones” o mejor dicho de “especulaciones inmobiliarias”, comprenderemos que nuestro país atraviesa por una verdadera sitaución de catástrofe ambiental.

No cabe ninguna duda de que la aceleración de las desastres ambientales que hoy padecemos son la resultante de un modelo productivo extractivista salvaje que, violando las leyes de la naturaleza, ha seguido las leyes del Dios Mercado basadas en priorizar las máximas ganancias para unos pocos, con consecuencias que las paga todo el pueblo, no solo con la pérdida de sus bienes, sino también porque compromete su salud y su bienestar, como asimismo, su presente y su futuro.

Es claro que el modelo de producción aplicado no es amigable con el ambiente, y  que los daños que genera son sufridos por miles de ciudadanas y ciudadanos argentinos, sumado a las incalculables pérdidas sociales, económicas y productivas que ello implica en general para nuestro país.

A 20 años de la implantación de este modelo productivo, la sociedad civil, las organizaciones sociales, los investigadores y científicos, las universidades, las víctimas que se acumulan en cada rincón de la patria, vienen alertando de las consecuencias de envenenar masivamente el suelo, el agua, el aire, la naturaleza y la vida misma.

Los responsables debajo de esta catástrofe “natural”, sanitaria o ambiental. tienen nombre y apellido, son productores inescrupulosos, inversores y financistas, profesionales y funcionarios que pertenecen a una economía concentrada, monopólica y transnacional, que lucran desde hace décadas con el sufrimiento y la expoliación de los pueblos ,lo que hace que sostengamos que urge la toma de responsabilidad por parte del estado de gestionar otro modelo de producción, donde se respeten los equilibrios ecosistémicos y deje de lado las declaraciones de “emergencia agropecuaria”, que todos subsidiamos y cuyo destino final beneficia a unos pocos.

Sostenemos una vez más que hay una alternativa, una verdadera salida para enfriar el planeta y actuar sobre el cambio climático y no es con represión ni con su acción desenfrenada. Solo superaremos la difícil situación que atraviesa nuestro país, planificando revertir el camino desarrollado hasta ahora, y es optando por el modelo agroecológico de producción que se opone al agronegocio.

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) – Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) – Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.

Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada – Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Agroecología – Universidad Nacional de Luján (UNLu), Argentina.

Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales – Sede Trelew de la UNPSJB, Argentina.

Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria (CLAySA) – Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.

La municipalidad de Bahía Blanca informó este jueves sobre la firma de un convenio de colaboración con el club Argentino. A través del acuerdo, “el municipio se compromete a proveer maquinaria y personal a fin de realizar trabajos de nivelación en un predio que posee la entidad en Villa Harding Green” dice la nota de prensa. A continuación, hace una aclaración sobre quién pagará los costos de esas tareas. “Tanto los gastos de combustible de la maquinaria a utilizar, como aquellos montos correspondientes a las horas trabajadas por los operarios de las mismas, serán abonados en su integridad por el Club” menciona el parte, en el que se informa que los encargados de firmar el convenio fueron el intendente Héctor Gay y el presidente de la entidad, Horacio Levantesi.

Entre las facultades que tendrá el convenio para el estado municipal, indica que para el desarrollo de esas obras, se entiende que la nivelación del terreno, “el municipio establecerá los días y horarios para su ejecución, a los efectos de no perturbar la actividad normal de aquellas áreas que hayan afectado dicha maquinaria y personal”. El parte de prensa agrega un par de datos más sobre el rol que tendrá el club Argentino, a partir de la firma del convenio. “La institución efectuará la supervisión de los trabajos y facilitará, por la colaboración recibida, sus instalaciones para los propósitos que la comuna lo requiera”finaliza.

Junto al texto, el área de prensa municipal distribuyó dos fotos, en las que se registra el momento en que tanto Gay como Levantesi, por separado, firman el convenio. En ambas imágenes, aparece parado junto a ambos el titular del Instituto Cultural, Ricardo Margo. El funcionario no es mencionado en ningún momento en el parte oficial, por lo que queda planteado el interrogante sobre cuál fue su rol en ese acto: ¿asistió como máximo responsable del área cultural del municipio? ¿O lo hizo en su calidad de secretario del mismo club Argentino, cargo que aun conservaría según figura en el Curriculum Vitae que tiene publicado el sitio web municipal? De acuerdo a ese documento, Margo asumió en 2010 y continúa “hasta la actualidad” ¿Son compatibles ambas jerarquías para el funcionario a la hora de la firma de este acuerdo?

Enlaces:

Curriculum Margo

Parte municipal

Foto: MBB

(Por Alfredo Grande) “Dedicado al siempre compañero que se suicidó en Italia Eduardo Dellagiovanna,
ex combatiente del prt –erp e internacionalista argentino, enfermo y en la pobreza extrema”.
El suicidio de Eduardo lo pienso, con la debida licencia de Darío Fo, como la muerte no accidental de un combatiente. Suicidarse es matar dentro lo que no se pudo combatir afuera. O peor aún: lo que se combatió con valentía y coraje, pero la victoria fue esquiva y la derrota dio en el blanco. Cuando el suicidio es digno la bala del final siempre va a salir. Porque hay una convicción que no se abandona. Hay una idea de la cual no hay renuncia posible. No es “Patria o Muerte” en abstracto. Es Patria y muerte en concreto. Porque la patria es también la muerte. Por eso los anarquistas decían que cuando el Estado sale a matar se hace llamar Patria. Hay una Patria del fusil y la bandera. Y hay muchas Patrias de los hermanos que están labrando la tierra. La tierra es, desde el alma de los humildes, la esperanza de los desesperados, la vergüenza de los abandonados, la lucha de los que no se rinden.
José Martí, poeta, soldado, escritor, de profundas convicciones libertarias, masón, héroe nacional para la Cuba Revolucionaria, escribió para que nadie se confunda, a menos que pretenda confundir: “El amor, madre, a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la yerba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca”.
Remarco: es el odio invencible a quien la oprime. Por eso la cultura represora decreta el tabú del odio. No porque practique el amor. Sino porque teme la fuerza invencible que le da al oprimido para enfrentar a su represor. El Che lo escribió. Quizá inspirado en Martí, quizá inspirado en Freud, al que supo leer. Quizá inspirado en su propia vida, en sus propias luchas externas e internas. Y seguramente Eduardo lo sabía, pero no con el saber de las academias, sino con el saber y poder de los combatientes. No es lo mismo combatir al capital, que combatir a la clase capitalista. No es lo mismo. Es incluso, lo opuesto. Porque el capital es, fetiche de la mercancía mediante, una abstracción. La física clásica definía a la fuerza como un ente abstracto que se reconoce por sus efectos. El capital es esa fuerza abstracta, que algunos llaman burbuja financiera.

“No existe el amor.
Existe el vínculo amoroso.
Y en la cultura represora
los vínculos son artificios mediáticos
sin materialidad corporal.”
(Aforismo implicado A. G.)

Cuando el General Perón preguntó: “¿alguno vio un dólar?” la respuesta fue obviamente que no. Pero a diferencia de la publicidad de Gillette que hizo el genial Norman Brisky, no se ve pero se siente. Un dólar abstracto sostenido desde una magia negra que algunos llaman atraso cambiario. Del atraso mental de los funcionarios, algunos de ellos como el actual ministro de economía que propone “comer pobres”, nadie se ocupa. También ellos son incorregibles. Y agrego: irrecuperables.
Pero ladrones, estafadores, contrabandistas, secuestradores, asesinos a sueldo (y buenos sueldos) narco delincuentes, terroristas ambientales, genocidas de género (lo que algunos denominan “trata”) tienen un paraguas sombrilla protector: la democracia.
También en abstracto. O mejor: la Democracia. En mayúscula y singular. Como Valor Absoluto. ¡SI SEÑOR! ¡DESCANSEN!. Lo absoluto es cultivo puro de cultura represora. Y tenemos demasiados absolutos regulando nuestra vida. Que de tan regulada deja de ser vida, para en el mejor de los casos, ser sobrevida, y en el peor, muertes anunciadas.
“La jornada que se vivió en el Lof de Resistencia Cushamen volvió a poner en escena los intereses que defienden tanto los gobiernos provinciales como nacional: en este caso a terratenientes como Benneton. Lo que se sabe es que hasta el momento hay al menos nueve detenidos, que se encuentran en la localidad de Esquel. Según versiones de personas que se hicieron presente en el lugar donde se efectuó la represión a la comunidad mapuche, alrededor de doscientos efectivos de Gendarmería llegaron para lo que en principio era supuestamente despejar de palos y ramas las vías por donde pasa el histórico tren La Trochita”. La represión a la comunidad mapuche es estructural. O sea: no hay actos represivos. La represión es permanente, como alguna vez deseamos que fuera la revolución. Lo que hubo en la comunidad Cushamen es una sumatoria de delitos planificados en forma jurídica y policial. O sea: Terrorismo de Estado. Que se complementa con el estado terrorista que asesina por hambre, frío, calor, tóxicos, sequías, inundaciones, y cuanto método resuelven inventar. Para la maldad, ni el cielo es el límite.
En “Los Brian y la construcción del enemigo” Claudia Rafael nos dice: “El sector social al que se dirige la medida ya tiene en sus territorios una punibilidad precoz. No sólo viven en condiciones semejantes a las carcelarias pero sin techo ni rejas visibles sino que, además, rige para muchos la pena de muerte. Según las últimas estadísticas de la Correpi, cada 25 horas muere una persona en manos de alguna fuerza de seguridad. Casi el 52 por ciento tiene menos de 25 años. Y la absoluta mayoría es pobre”.
Lo interesante es que es una descripción compatible con las atrocidades de dictaduras, posguerras, catástrofes naturales y culturales (como el triunfo de Trump, el aceitoso). Pero Claudia con su habitual implacable lucidez, hace una fotografía escrita de la catástrofe democrática. Porque esos niños, púberes, adolescentes precoces, son asesinos que la democracia supo construir. Los gobernantes, funcionarios, administradores que desde 1983 se (des) interesan en los “únicos privilegiados” tienen que estar presos. En cárceles de máxima seguridad, que apenas serían lugares donde tuvieran que trabajar de acuerdo a las mentiras que nos dicen.

“Si sonríes,
que no sea porque pienses
que dios te ama.”
(Aforismo implicado A. G.)

Tengo de todas maneras, una excelente noticia. La democracia es una estafa. En realidad, apenas es “democracia real”. O sea: liberta, igualdad y fraternidad para el capital y sus gerenciadores, la parásita clase capitalista. No “dan trabajo”. Explotan el trabajo que es lo opuesto. Comparado con la clase capitalista, el mosquito transmisor del dengue es un mosquito scout. Propongo por lo tanto, algunas medidas para pasar a una “democracia democrática”.

1) Revocación de mandatos por mayoría simple o absoluta dependiendo del cargo.

2) Plebiscito vinculante.

3) Audiencias Públicas vinculantes.

4) Voto no obligatorio para no seguir inventando alucinadas mayorías. Padrones revisados por organizaciones populares. Universalidad garantizada por colectivos sociales.

5) La función pública es causal agravante de cualquier delito. El funcionario es también sus circunstancias, o sea, su familia, o sea sus testaferros.

6) El trabajo es digno en tanto contemple el bien común. La masividad actual de trabajos no dignos debe ser abolida.

7) Separación total de la Iglesia y el Estado. El Estado solo subsidia la legitimidad de los deseos, no la aberración de los mandatos.

La acción política estará destinada a desnaturalizar el voto como herramienta de la voluntad popular. Como herramienta para legitimar represores y asesinos. Como estafa periódica para que los reprimidos amen a sus represores. Y último, pero no menos importante, modificación inmediata del preámbulo de la constitución nacional, para impedir que siga legalizando traiciones varias. “El pueblo delibera y gobierna a pesar de sus representantes”.