Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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Tras un allanamiento realizado la madrugada del domingo en el boliche El Reino fueron detenidos cinco jóvenes organizadores de una fiesta electrónica acusados de comercialización de estupefacientes, delito que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión. La Prefectura Naval encontró en el lugar 70 pastillas de éxtasis, ketamina, LSD, marihuana y cocaína. Guido Gentili, Matías Cragno, Javier Selvaggio, Mariano Trellini y Francisco Zalazar serán indagados esta semana.
Según informó el fiscal Antonio Castaño a FM De la Calle, los operativos fueron solicitados en varias oportunidades a la jueza de Viedma Mirta Filipuzzi quien subroga el Juzgado N°1 de nuestra ciudad. “Desde un principio he pedido los allanamientos y detención de estas personas y el posterior llamado a declaración indagatoria de los responsables del local. A mi entender no pueden estar ajenos a esa situación. Estaría encuadrado en el artículo 10 de la ley 23.737 que es facilitación del lugar para comercializar estupefacientes”.
La gerencia de la disco de Fuerte Argentino al 700 comunicó que el “sector King Club” fue alquilado “a cuatro jóvenes que organizan eventos de música electrónica en diferentes discotecas y bares hace más de dos años” yaseguró que El Reino “está TOTALMENTE AJENO a la organización de este tipo de eventos”. Asimismo, suspendieron “todo tipo de eventos relacionados con la música electrónica”.
“Esta investigación comienza unos cuantos meses atrás, a principios de año, porque una persona estaría dedicándose a la venta de drogas sintéticas y a partir de ahí ponemos en cabeza de la Prefectura Naval Argentina la investigación. Después de un trabajo arduo llegamos a concretar tres cuerpos de expedientes con todos los elementos de prueba que nos permitió pedir al Juzgado el allanamiento del local bailable El Reino y distintos domicilios en el ámbito de esta ciudad”, dijo el fiscal Castaño.
Los cinco detenidos organizaban y difundían la fiesta por Facebook y luego vendían las drogas. “Estas pastillas -de éxtasis- son conocidas, venían de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, y con relación a la ketamina sí es de producción local. De acuerdo a lo que hemos secuestrado y con las pericias que se van a ordenar esta semana se va a determinar si era fraccionada” en Bahía Blanca.
(Por Francisco J. Cantamutto) Del 25 al 27 de agosto se dieron cita en la ciudad de Córdoba más de mil personas para abonar al debate económico desde una perspectiva crítica. Demostrando el interés por construir una mirada plural y afincada en el horizonte de cambio social, se sucedieron tres días de intensa actividad en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Las Jornadas de Economía Crítica alcanzaron así su novena edición, rotando anualmente de sede, en una auténtica vocación territorial. Se trató al mismo tiempo del XI Encuentro de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA), que reúne economistas de toda la región y España. Se encontraron así contingentes y participantes llegados desde Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Bahía Blanca, Neuquén, Mar del Plata, Tucumán, Tandil, entre otras ciudades argentinas, y de Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, México, Paraguay, Ecuador, Israel y España. Se constituye así un foro amplio de debate para las perspectivas económicas que escapan al opresivo canon neoclásico.
La Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay (SEC), responsable por las Jornadas, renovó así su compromiso con la disputa en el campo de las ideas.
La economía, como ciencia que produce y reproduce valores, ideas y proyectos, ha sido colonizada desde hace décadas por un dogma teórico asociado al ascenso del neoliberalismo. En el caso argentino, este giro se impuso durante la última dictadura cívico militar mediante cierre de carreras y cátedras, mediante la expulsión, detención y desaparición de docentes y estudiantes, mediante la quema de libros y apuntes, mediante la censura a los espacios de difusión de ideas: contra lo que se suele enseñar en las aulas, no se trató de una “victoria” intelectual, sino de una imposición por la fuerza. Desde entonces, este dogma ideológico impregna las currículas de la mayoría de las universidades, centros de formación e incluso escuelas, liderando la producción de manuales como vehículo de reiteración de ideas aparentemente no conflictivas, mostrándose como el cenit del conocimiento económico. Esto no impide que aparezcan algunas disidencias o variaciones internas, en el marco de acuerdos comunes, que ofrecen la ilusión de pluralidad.
Se trata, en realidad, de la reproducción de un canon, que al ofrecerse como única alternativa -o como la alternativa “victoriosa”- permite impregnar al conjunto de la sociedad de sus ideas, valores y proyectos políticos. Abundan profesionales que sin alternativas teóricas y metodológicas a la vista, acaban por aceptar este dogma neoliberal como el único marco de trabajo disponible, no solo en las aulas, sino en la prensa, en las consultoras, en la función pública, dejando como único límite la moral o las buenas intenciones. Este fenómeno es aún más generalizado entre el público en general, cuando su acceso principal a las ideas sobre la economía está mediado por lo anterior: la escuela, la prensa, los funcionarios públicos.
No es, por lo tanto, un problema solo de la academia o la ciencia, sino una auténtica batalla de ideas, de las formas que tenemos para pensar un mundo diferente. La SEC aporta apenas su grano de arena en esta disputa, convocando a diversas heterodoxias a reunirse y debatir, desde un marco de compañerismo y horizontalidad.
La apertura del evento estuvo signada por el compromiso del local CoPenCE para no dejar pasar la oportunidad de referir a la sentencia a cadena perpetua a 28 represores en la mega causa del centro clandestino de detención La Perla y Campo La Ribera. Las mesas centrales ofrecieron miradas diferentes sobre el proyecto económico de Cambiemos en Argentina, las perspectivas de la ofensiva capitalista en América Latina, y las formas de comprender el derecho a la ciudad, marcando desafíos para las clases populares en diversas escalas de territorialidad. Particular mención requiere la participación de integrantes de la Toma de Barrio Parque Las Rosas, que expusieron con apabullante lucidez su lucha concreta en el aula magna de la universidad. Las visitas a las cooperativas La Barranquita y Luna Nueva, y a la Feria Agroecológica Córdoba fueron otros espacios donde el protagonismo pasó a manos de organizaciones populares. La mesa plenaria de la SEPLA contó con participaciones del FIT, Patria Grande y la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, además de las exposiciones sobre las situaciones de Brasil, Colombia, España, México y Paraguay. Este plexo reflexivo se expandió en 36 ejes y simposios con cerca de 160 ponencias, y 9 talleres, que incluyeron, entre otros, el muy convocante espacio de economía feminista, y uno de contabilidad y administración crítica. Se presentó también el cuarto número de la revista de la SEC, Cuadernos de Economía Crítica.
Las Jornadas de Economía Crítica se consolidan así como un espacio de gran creatividad y compañerismo para pensar alternativas económicas, en un marco plural y crítico.
La Secretaría de Gestión Ambiental informó que el domingo entre las 18 y las 22 fueron recibidas por la Guardia Ambiental perteneciente al Departamento Saneamiento Ambiental del municipio 27 denuncias derivadas desde el Centro de Comunicaciones y Emergencias 911 por olores en el ambiente.
“Los inspectores de esta guardia, siguiendo los procedimientos de rutina correspondientes, realizaron las gestiones y actuaciones pertinentes (tales como averiguación de los datos meteorológicos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional perteneciente a la Aeroestación Civil Comandante Espora), y realizaron un recorrido por distintas zonas (vientos arriba y vientos abajo), percibiendo la molestia y constatando que el foco de la misma era en la avícola ‘Granja San Miguel’, ya que ésta cuanta con una planta de secado de guano”, dijeron desde la comuna.
Como resultado de las actuaciones realizadas, se labró Acta de Comprobación N° 8249 y Acta de Inspección N° 33882, en virtud de la infracción al Código de Planeamiento Urbano del Partido de Bahía Blanca. (Art. 7.2 “Emisión de Olores”).
(Por Luis Ponte) El Diario La Tercera de Chile, publicó el 20 de agosto pasado una nota de opinión llamada “Me verás caer: la crisis del rock argentino”. En ella se resalta que desde mediados de los 80s hasta entrados los 90s, nuestro rock nacional dominaba escenarios y programación en medios chilenos.
De la mano de Soda Stereo, se abría para nuestra música el mercado latinoamericano. La aparición de bandas como los Cadillacs, se sumaban a los ya consagrados Fito, Charly, luego Calamaro, entre muchos otros. La aparición de la cadena MTV Latina, ayudó a fortalecer la presencia del rock nacional desde Punta Arenas hasta Monterrey.
En cambio, sostiene el artículo, la actualidad de este género marca un vacío de grandes figuras en el país trasandino. Sin Pappo, Cerati ni Spinetta; el estancamiento o la sequía creativa de algunas bandas que no terminan de instalarse en escenarios trasandinos, como Los Babasónicos. La nota marca el declive de aquel gran momento de los 90s, como en el caso de la Bersuit y esta realidad de Cordera y sus tristísimas declaraciones.
El portal de música argentino SILENCIO, replicó el artículo, al cual le sumó la opinión de referentes de la industria musical nacionales, al igual que Sergio Pujol (periodista, escritor, investigador y docente ) quien la compartió a ravés de las redes. Ello generó un rico intercambio de opiniones acerca del tema.
Llamó la atención el marcado sesgo de muchos que apoyaron el título de la nota, recostados en la nostalgia, y acotados en el concepto de “todo tiempo pasado fue mejor”. Refiriéndose a los ídolos fundadores y figuras que, en muchos casos ya no están. Cuestión que en pleno apogeo del rock argentino en los años 70, se veía como una típica caracterización del ambiente tanguero contra las nuevas corrientes musicales que rompían barreras estéticas y creativas en aquel momento.
Pareció interesante entonces, contraponer ese eje, con las declaraciones de algunos otros miembros de la escena musical argentina, quienes con una mirada más amplia y conocedora de la actualidad del rock, nos permiten por un lado constatar un presente más que rico en propuestas tanto artísticas como de espacios y escenarios; y por otro, correr la frontera del contexto de análisis hasta terrenos poco familiares – hasta no hace tanto – para la industria discográfica.
Por ejemplo José Bellas, director del suplemento sí de Clarín, dice refiriéndose a las nuevas bandas: Es simple, no tienen radio ni televisión, ni la atención del gusto cada vez más atomizado y disperso del joven argentino. Adrián Dargelos de Babasónicos, afirma que “si hay una crisis no es por pérdida de representatividad sino por una merma creativa, porque el rock fue muy, muy utilizado y lo hizo apartarse de la tendencia novedosa”.
Pero la mirada más lúcida y cercana a lo que podría ser el panorama actual, sea tal vez la de Santiago Motorizado, (El mató a un policía motorizado):
“A la gente cuando se vuelve grande le resulta más difícil conmoverse con la música nueva, porque uno no tiene esa cosa que sí se tiene en la adolescencia en donde uno es más sensible a las cosas, y todo le parece nuevo y genial. Uno eso lo va perdiendo, va perdiendo la sorpresa, es más difícil conmoverse y se entiende. Pero creo que la cosa pasa porque hay cambios culturales muy fuertes y la difusión de la música está cambiando mucho. Entonces, puedo suponer que lo que analiza el diario chileno sea un pantallazo de lo que es el mainstream y ahí sí, el mainstream en la Argentina está pasando uno de los peores momentos de la historia con respecto a otras épocas.
“Y si el mainstream es malo, es malo para la cultura, porque si en las radios suenan cosas que no tienen gracia, que son chatas, que parecen repetirse con fórmulas recontra masticadas, eso de alguna manera genera algo en la cultura musical general que es malo.”
“En contraposición a eso, están sucediendo un montón de cosas en un circuito alternativo que de a poco va creciendo y ganando sus espacios . También van apareciendo nuevos festivales, nuevos ciclos. Y es ahí donde está sucediendo lo bueno.”
En 1975, el periodista y escritor Tom Wolfe (USA) publicó “La palabra pintada”, un libro donde le apuntaba de manera muy crítica al estado del mercado internacional del arte contemporáneo. Su tesis marcaba que las tendencias artísticas de aquel entonces no se sustentaban tanto en la creatividad de los propios artistas, como en la influencia y dominio de las teorías que imponían un selecto e influyente grupo conformado por críticos, directores de museos, y dueños de ciertas galerías de arte. Aquello que había comenzado casi un siglo antes, como una contraposición y una rebelión contra al arte figurativo y académico, se había convertido, inconscientemente, en una parodia de sí mismo, obsesivamente devoto de ciertos críticos-«gurús» hasta el punto de reducirse hasta al absurdo: tan literario, académico y manierista como la pintura contra la que se había rebelado.
Extrapolando en tiempo y distancia aquellas afirmaciones de Wolfe, al estado del rock argentino, tal vez lo que se vea debajo de la superficie del mercado (también manipulada por “unos pocos”) que quiere mostrar una crisis de creatividad, de representatividad, y de ausencia de nuevas propuestas, comparadas con otras etapas, no sea más que la falta de reflejos, visión y respuestas, frente a nuevos modelos de encarar el negocio por parte de las nuevas camadas de músicos y bandas.
Los nuevos soportes, ya ni siquiera físicos; los nuevos hábitos de consumo e intercambio de música (sitios de streaming pagos, bajadas ilegales, sitios de música compartida con autorización del autor, etc.); son algunas muestras de una vertiginosa aceleración en los cambios de paradigma que la industria sufrió del 2000 para acá. Y, más importante, acaso por vez primera, de la mano de factores ajenos al poder de decisión y de (muy lenta) adaptación de quienes manejan las reglas del mercado musical.
Como afirma Santiago Motorizado: “Toda esa avanzada de la música, con sus nuevas formas y su nueva estética, son millones de fenómenos que están sucediendo en pequeños circuitos. Ya no hay un único camino muy masivo y para pocos artistas; ahora son miles, quizá con un público más reducido, pero con miles de alternativas musicales que están sucediendo a la vez.”
(Por Minga de Investigaciones y Acciones Sociales) Recientemente se cumplió un nuevo aniversario de los grandes escapes de sustancias tóxicas que, en el año 2000, se produjeron en las plantas del Polo Petroquímico Bahía Blanca (PPBB). Los acontecimientos que marcaron la historia de la ciudad por aquellos días, si bien requieren de actualización, no dejan de contener una vital actualidad. Una actualización que necesita ser realizada sobre la base de lo que para la población bahiense significó el proceso de privatización, extranjerización y expansión del polo petroquímico en el que se enmarcaron dichos sucesos. Y una actualidad que persiste y se (re)crea ante los nuevos proyectos de ampliación que se ciernen sobre el complejo industrial. Con esta intención nos proponemos interrogar dichos acontecimientos, buscando evitar que el sentido de su rememoración se vea atrapado en una efeméride de letra muerta.
A un viento de morir
En la mañana del 20 de agosto del 2000, vecinxs de Ingeniero White se encontraron con una densa nube de color amarillo verdoso que se levantaba desde el complejo de Solvay Indupa y se extendía en cercanía de sus hogares. El viento produjo el milagro de impedir que la nube tóxica se dirija hacia las zonas pobladas ocasionando una tragedia de proporciones inimaginables. “El cloro puede producir lesiones que van, desde leves hasta la propia muerte”, explicaba días después el jefe de la Unidad de Pulmón del Hospital Municipal de Bahía Blanca. Por su parte, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca, por medio de un comunicado, manifestaba que “el hecho que fuera un día no laborable motivó que no estuvieran trabajando las mil o dos mil personas que desarrollan tareas, normalmente, los días de semana, las que seguramente hubieran fallecido al paso de la nube de cloro”.
Frente a lo ocurrido, lxs vecinxs de Ingeniero White entraron en estado de movilización permanente. Durante los primeros días, en las asambleas populares prevaleció la postura de que la erradicación de la industria constituía la única manera de garantizar el futuro de la propia vida. Hombre y mujeres, jóvenes y ancianos procedieron a cortar los accesos principales al polo. Ubicados de manera estratégica, los piquetes llegaron a extenderse hasta por seis puntos diferentes. Por primera vez en la historia del complejo, el gobierno provincial llevó a cabo la clausura de una de sus plantas.
Con tan sólo ocho días de diferencia, se produjo un nuevo escape. El 28 de agosto se ocasionaron fugas de amoníaco en Profertil. Mientras el máximo de amoníaco permitido era de 35 partes por millón, ese día se registraron valores entre 40 y 100 ppm. El Proceso APELL (programa de respuestas ante `emergencias tecnológicas´ que se encontraba funcionando desde 1996) volvió a fallar, tal como había ocurrido en el caso del escape en Solvay Indupa. Como consecuencia de las fugas tóxicas en el Hospital Menor de Ingeniero White fueron asistidas ochenta personas, dos de las cuales debieron ser trasladadas al Hospital Municipal de Bahía Blanca. Asimismo, lxs niñxs del Jardín N°905 y de la Escuela N°15 resultaron evacuadxs.
Los escapes del 2000 tuvieron lugar en el marco de la privatización, transnacionalización y expansión de un complejo nacido casi tres décadas atrás bajo la administración del Estado nacional. Resulta sugerente detenernos a pensar que por medio de este proceso, así como el volumen de producción se incrementó en un 450%, se produjo un salto destacado en la riqueza generada por el PPBB y también un aumento sustancial en el uso intensivo de bienes comunes de la naturaleza y de la ciudad. En este momento, se consolidó una estructura de distribución social y geográfica de la riqueza producida localmente y del uso de bienes comunes naturales y urbanos de la que resultan claros ganadores y perdedores del desarrollo petroquímico. Estructura que resultó profundizada en el posneoliberalismo, al ritmo de que las empresas del PPBB ascendieron entre las firmas de mayor facturación anual en Argentina al verse favorecidas por un dólar alto, el retraso salarial y los precios del mercado internacional.
La política del enclave
Mientras que a principios de los años 90 el PPBB poseía casi un cuarto de la capacidad instalada en la industria petroquímica del país, a través del flujo de inversiones extranjeras concretadas por las corporaciones transnacionales en la segunda mitad de la década, se afirmó como el complejo petroquímico de mayor importancia a nivel nacional. Que a partir de entonces el PPBB experimentó un notable desarrollo, no caben dudas. Ahora bien, de todo esto, ¿qué es lo que nos queda en la ciudad?
Si nos detenemos en la distribución de la riqueza generada en el PPBB, tomando como caso representativo el año 2007, obtenemos los siguientes resultados. Mientras los dueños de las empresas se llevan 2.606 millones (el 93% del total), en la ciudad sólo permanece lo que reciben los trabajadores locales en concepto de salarios (109 millones de pesos) y la Municipalidad de Bahía Blanca por el cobro de las tasas municipales (12 millones de pesos). De modo que el impacto directo del PPBB sobre la economía urbana resulta tan sólo del 4,3% del total de los ingresos producidos en el polo petroquímico.
Exiguo resulta el monto recibido por los trabajadores porque escasa es la mano de obra que estas compañías, que cuentan con procesos de producción altamente automatizados, necesitan para funcionar. Tomando como ejemplo datos del 2009, las empresas del PPBB emplean de manera directa 1.130 personas. Número sensiblemente menor a los 1.600 trabajadores que supo emplear el complejo petroquímico con anterioridad al proceso de privatización. Si ponemos los 1.130 empleos en relación con el total de la población ocupada en Bahía Blanca, podemos decir que sólo el 0,9% corresponde a las empresas del PPBB. En efecto, de cada 1.000 personas que trabajan en Bahía Blanca, sólo 9 lo hacen de forma directa en el complejo petroquímico. Si además tenemos en cuenta los 2.000 empleos indirectos que generan estas empresas, el porcentaje no varía de manera rotunda: pasa del 0,9% al 2,5%. Pero además significa que más del 60% de la fuerza de trabajo de la que hace uso el complejo petroquímico corresponde a empresas contratistas. Por lo que estamos hablando de trabajadores que sufren en mayor medida condiciones laborales de precarización.
A partir del proceso de privatización, extranjerización y expansión que atravesó el PPBB en la segunda mitad de la década de 1990´, se produjo una profundización de su dinámica de enclave, la cual se consolidó en el posneoliberalismo. El escaso impacto sobre la economía urbana resulta posible de verificarse en el empleo de una cantidad limitada de mano de obra, en la exportación de cuantiosas ganancias, y también en la exigua capacidad de generar eslabonamientos hacia atrás y hacia delante. El PPBB, antes que constituir un polo de desarrollo para la región, actúa como un enclave de drenaje articulado en el marco de dinámicas globales de valoración.
La política del grifo y el sumidero
El concepto de enclave resulta, sin embargo, aplicable sólo en términos económicos. La gran expansión que experimentó el PPBB durante la segunda mitad de los años 90 definió una situación de contaminación y riesgo ambiental de novedosas características y mayor intensidad. Por lo que al tiempo que el complejo petroquímico se desarrolla generando un impacto poco significativo sobre la economía urbana, produce un impacto ambiental altamente negativo.
En su actividad industrial, las empresas petroquímicas consumen de modo intensivo bienes comunes (especialmente gas pero también agua y electricidad), hacen uso del espacio y la infraestructura urbana, a la vez que contaminan las aguas del estuario, los suelos y el aire de la ciudad. Bajo esta dinámica se produce una multiplicidad de problemas urbano-ambientales que, en mayor o menor medida, se encuentran articulados al desarrollo del polo petroquímico: escasez de agua potable para la ciudad, riesgo ambiental, afectación de la salud de la población, pérdida de biodiversidad y de los servicios ecológicos del estuario, desplazamiento de la pesca artesanal, obturación del acceso público a los espacios costeros, incidencia en la rajadura de viviendas y también en la pérdida de valor inmobiliario de las casas ubicadas en cercanías de la zona industrial, expulsión de población (familias relocalizadas por el municipio pero también `exiliados ambientales´), congestionamiento del sistema vial y coexistencia de cargas de sustancias peligrosas con el transporte de pasajeros.
Alrededor de estas problemáticas se organizan diversos procesos de conflictividad social. Los piquetes de lxs vecinxs de Ingeniero White en los accesos al polo petroquímico y los piquetes de los pescadores artesanales en la ría de Bahía Blanca, numerosas acciones judiciales, la conformación de organizaciones ambientales, el pedido de instituciones educativas de ser reconocidas como escuelas de riesgo ambiental, la asamblea contra el buque regasificador, las Marchas Musicales Descontaminantes, la Asamblea Ambiental Buenos Aires Sur, el Censo de Salud Comunitario… dan cuenta, en diferentes momentos, de diversas formas de organización y acción colectiva.
¿Hacia una nueva profundización del extractivismo urbano?
En el suplemento especial del `Día de la Industria Petroquímica´, publicado por el periódico La Nueva Provincia el sábado 27 de agosto, el nuevo proyecto de expansión del PPBB es anunciado a través de diferentes voces. El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Pablo Pussetto, plantea: “Otro proyecto ambicioso y que se realizará a largo plazo es el de Dow, de gran magnitud no solo para la región sino a nivel nacional. La inversión duplicará la capacidad de producción de polietileno que Dow hace aquí en nuestra ciudad, así que estamos avanzando en el proceso de planeamiento estratégico que contemple cuáles son las necesidades actuales y futuras de movimiento logístico para ir planeando la infraestructura y los servicios que la comunidad necesita a través del puerto”. Por otra parte, en la voz del Ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, también se manifiesta la existencia de dicho proyecto: “hay proyectos muy importantes en el sector petroquímico. Tal vez el más relevante sea el de Dow (prevé duplicar el tamaño de su polo petroquímico en Bahía Blanca con una inversión de más de U$S 4.000 millones).
La decisión de radicar un polo petroquímico en la ciudad de Bahía Blanca y también con posterioridad de concretar su expansión en los años 90, se vio definida por la posibilidad de explotar las ventajas comparativas asociadas a la dotación de bienes comunes. El más importante resultó el suministro de su insumo básico, el gas natural. Pero asimismo resultó significativa, entre otros factores, la disponibilidad de agua. Hoy, para poder concretar este nuevo proyecto de ampliación, el sector petroquímico se encuentra trabajando en aras de asegurarse el suministro de estos bienes.
La primera de las dos cuestiones, para ellos, se encuentra en camino de resolución. En el 2013, Dow Argentina firmó un acuerdo con YPF para la explotación del bloque El Orejano, un área de más de 40 km2 ubicada dentro del yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El proyecto incluye la perforación de más de 180 pozos, de los cuales 19 se encuentran actualmente en producción. De modo que, por medio de la explotación de gas no convencional mediante la metodología del fracking, buscan generar las condiciones de posibilidad para la futura ampliación del polo.
La segunda de las cuestiones es la del suministro de agua. La puesta en marcha de las ampliaciones del PPBB durante los años 2000-2001 implicó un aumento sustancial en el consumo de agua con fines industriales. Al tiempo que el volumen de producción se incrementó en un 450%, la demanda de agua del complejo se multiplicó por más de tres veces. Dicho salto contribuyó a llevar al Dique Paso de las Piedras a su límite en la capacidad de aprovisionamiento, situación que pervive hasta el día de hoy. Y es desde aquí, que resulta posible entender en la actualidad la colocación del problema del agua en la agenda pública hegemónica. No sólo (ni necesariamente) en función del abastecimiento de la población, sino de la demanda del sector industrial.
El Concejo Deliberante aprobó en su última sesión un proyecto de resolución solicitando a la Cámara de Diputados bonaerense que dé tratamiento a las iniciativas tendientes a atenuar la situación crítica atravesada por la cooperativa de trabajo Incob Ltda. La iniciativa presentada por el legislador Guillermo Kane Cáceres (FIT-PO) apunta a lograr la condonación de deudas con organismos estatales generadas por el desfalco del ex presidente Enrique Garaggiola.
“Lograr el apoyo por unanimidad en Bahía Blanca fue súper importante ya que es un paso para viajar a La Plata y encontrarnos con los diputados de provincia y presentar el proyecto de condonación de la deuda de ARBA”, dijo a FM De la Calle María del Carmen Dauphin y destacó “las lindas palabras que dijeron cada bloque porque eso nos levantó mucho el ánimo, están apoyando a la comisión nueva, ven que hacemos las cosas bien, queremos que la cooperativa siga trabajando porque para Bahía Blanca es algo muy importante”.
Dauphin recordó que por la irrupción violenta del ex titular de la cooperativa y su grupo a la planta en noviembre de 2015 “hay una denuncia y una causa que todavía está en investigación, se pidió el juicio oral y público. La justicia no va al mismo paso que nosotros pero sabemos que está encaminado y hay una denuncia también por la estafa, la falta de los libros y varios temas que hemos denunciado”.
En la sesión del jueves, Gabriela Galleti (IC) opinó que “Incob representa un caso genuino de cooperativa cuando muchas veces esta figura se utiliza para encubrir relaciones de precarización laboral. Es imprescindible que el Estado esté presente, que acompañe, más teniendo en cuenta el contexto social crítico. Hace unos días nos ubicaba el Indec como una de las ciudades con mayor desempleo con un índice del 7,3% y también escuchábamos a trabajadores de la empresa Zanon manifestando la imposibilidad de pagar las tarifas de luz y gas que ascendían a 9 millones de pesos y que había quedado por fuera del fallo de la Corte”.
“La lucha que hacen, a partir de nuestra representatividad, es también un poco la lucha de todos los vecinos de Bahía Blanca que sin ninguna duda no quieren que se sigan perdiendo fuentes de trabajo y que abrazan como propia la causa de la recuperación de esta empresa”, manifestó Gustavo Mandará (FpV) y agregó que “uno realmente no se explica cómo teniendo la potencialidad que tenemos en cuanto a riqueza económica, recursos naturales y humanos, este tipo de emprendimientos no llegan a ser mucho más sustentables de lo que son y terminan embarrados en larguísimas disputas judiciales como esta”.
Para Martín Salaberry (FULT) el ex Paloni es “una empresa recuperada emblemática y simbólica por el rubro del sector frigorífico pero va más allá de un caso puntual, estamos hablando de un enorme ejemplo para toda nuestra ciudadanía, en tiempos donde uno habrá oído a algún sector de la sociedad que pretende hacernos creer que están perdidos los valores del trabajo, del esfuerzo, de levantarse todos los días para ganarse el pan y llevar dignidad a la casa de cada uno de los trabajadores”.
Ricardo Pera (FR) se interesó por “la situación de las familias que viven y dependen del trabajo” en Incob y Julián Lemos (Compromiso Bahía) recordó que “no es la primera vez que se acercan a este Concejo a expresar las dificultades impositivas, legales y formales pero también que tienen que ver con la comercialización en la ciudad, cuestiones que ven para mejorar la industria” y demuestran su “intención de superarse y mejorar día a día lo que hacen”.
Desde el oficialismo, Soledad Pisani, agregó que es “importante e indispensable que el Estado garantice la continuidad de los puestos de trabajo y acompañe a las empresas en estado de recuperación”.
Fotos: INCOB.
Esta tarde se realizará el acto central de la Marcha Federal en Plaza de Mayo donde confluirán las cinco columnas que viajaron desde distintos puntos del país para rechazar los despidos, el tarifazo y el ajuste. Ayer, trabajadoras y trabajadores de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y Puerto Madryn y de localidades de la región se manifestaron en el centro bahiense.
El secretario de Suteba, Roberto Baradel, llamó a “movilizar fuertemente a las audiencias públicas contra el tarifazo y generar las condiciones para que todas las centrales sindicales convoquemos a un paro nacional que le pueda parar la mano a este gobierno y estas políticas”.
“Si le va bien al gobierno de Macri nos va mal a todos los trabajadores”, dijo el docente y agregó que “no somos desestabilizadores, los trabajadores somos los que más sufrimos cuando se interrumpe el orden constitucional, sabemos bien cómo defender los derechos de los trabajadores y ahí nos vamos a parar fuertemente”.
Enrique Gandolfo, de Suteba y CTA Bahía Blanca, aseguró que “vamos a la Marcha Federal porque cómo no vamos a ir juntos a una marcha en contra de los tarifazos, en contra de los despidos, en contra de los salarios de hambre”.
“Vamos como pueblo trabajador movilizado, no como ciudadanos. Como pueblo trabajador que sufre y padece las consecuencias. Algunos de esos tipos que ahora están en el gobierno son ciudadanos también de la Argentina, pero son los que fugan las divisas, que tienen cuentas offshore en Panamá o en las Bahamas, son los tipos que saquean nuestros recursos naturales y las riquezas de este país”.
Gandolfo destacó que “el asunto es cómo se distribuye” esa riqueza y opinó que “hay más condiciones que nunca para un paro general”. “Los 30 mil compañeros desaparecidos son nuestros compañeros y por eso también luchamos, peleamos y levantamos firmemente las banderas de la lucha contra la explotación y la miseria”, afirmó minutos antes de la audiencia preliminar del cuarto juicio de lesa humanidad de la ciudad.
“Traemos muchas expectativas en unidad diferentes sindicatos y agrupaciones para compartir con los compañeros en Bahía Blanca, luego ir a Mar del Plata y en la Plaza de Mayo tener la claridad de pedir todos juntos al gobierno de Macri de que pare la mano”, dijo a FM De la Calle Santiago Goodman de ATECH.
Daniel Pérez Guillén de la CTA chubutense opinó que “la industria más importante del país, la automotriz, tiene en todas sus fábricas suspensiones, en las que no hay directamente despidos. Por eso esta marcha que hace conocer las realidades de cada rincón del país donde se está sufriendo no solo el tarifazo sino también que toda las paritarias se cerraron con pérdida respecto a la inflación y al alza de los precios descontrolada”.
Laura, de Coronel Suárez, contó desde el móvil de la radio que pertenece “a un distrito donde manifestarse o ir a la calle por los reclamos no es común pero estos tiempos que vivimos nos sobrepasan y vemos cómo se va avasallando el derecho a trabajar. (…) Le hemos enseñado a las familias de nuestros chicos que no solo defendemos la escuela pública adentro de la escuela, dando clases, sino también mostrando un modelo de participación y de compromiso con la sociedad que nos rodea y saliendo a reclamar los derechos”.
Irene Petrezzini, dirigente de Suteba Tres Arroyos, aseguró a FM De la Calle que se sumó a la movilización para “expresar la bronca y el disgusto de gran parte de la sociedad por las consecuencias de las políticas neoliberales que aplica este gobierno”. Desde la seccional Villarino, Nelson Holznann, repudió el “ajuste, específicamente los problemas de la escuela pública” y adelantó que la de esta tarde será “una marcha multitudinaria”.
La Marcha Federal fue convocada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores y cuenta con la participación de la Corriente Federal de la CGT, movimientos sociales, pymes, cooperativas de trabajo, agrupaciones estudiantiles, clubes de barrio y empresas recuperadas.
En el marco de la Marcha Federal, el paro en la educación alcanza también al sector privado “ante la falta de respuesta y de diálogo de las autoridades gubernamentales con respecto a la convocatoria a la Paritaria Federal Docente que buscaba recomponer el piso salarial”, informó a FM De la Calle Analía López del Sadop local.
En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal tampoco cumplió con la reapertura paritaria para enfrentar la desvalorización salarial ante el alto índice inflacionario. López detalló que reclaman “igualdad de condiciones para el acceso a la jubilación de los docentes privados y la equiparación de los docentes extra programáticos, todas medidas que es importante tratar y que tienen que ver con la igualdad y la justicia de igual trabajo igual remuneración”.
Otra demanda está relacionado a la “igualdad en el número de alumnos a atender porque hay una resolución que establece un tope de 30 para los cursos de primaria en las escuelas públicas, con 31 se desdobla. Esa resolución no aplica a las escuelas privadas con lo que implica la carga de trabajo, hay docentes que tienen entre 38 y 40 alumnos”.
El paro se realiza en medio de fuertes presiones de la cámara de la educación privada que ayer les hizo a cada docente que la adhesión a la protesta implicaría el descuento del día. “Todos somos adultos y cada quién sabe los derechos y los deberes que le corresponden. Eso es una clara situación de apriete y amenaza”.
“En otras jurisdicciones de la provincia hubo docentes despedidos, eso implica una presión enorme a la hora de tomar la decisión de acompañar una medida de fuerza, muchas veces los compañeros nos hacen estos planteos: ideológicamente están de acuerdo pero no pueden sostener este tipo de presiones”, finalizó.
Foto: Radio Gremial.
(Por Pablo Quintana) Ese es el canto que más se escuchó en los últimos días entre los integrantes de las comunidades. Emoción, lágrimas, gritos de pura rebeldía nomás. Así se vivió ayer el momento en el Juez Federal, Guido Otranto, dictaminó el archivo del expediente por carecer independencia en la investigación y estar viciada de nulidad, cerrando así el capítulo de extradición a Chile que pesaba sobre el lonko mapuche, Facundo Jones Huala.
“¡Silencio en la sala!”, debió ordenar el magistrado cuando daba lectura del segundo punto de su dictamen en el que disponía la libertad en el proceso judicial y la gente pareció estallar en gritos. Es que la angustia e incertidumbre había ganado los rincones del salón de Gendarmería pero también los aires que se inspiraban afuera, en medio del humo.
Pero la tarde del primer día de setiembre del 2016 tenía reservada más emociones. Horas después del histórico fallo de Otranto, la justicia provincial decidía también poner punto final a la medida cautelar, morigerada, que implicaba una prisión domiciliaria. Así, alrededor de las 18.30, el líder mapuche, esperado por su gente, se retiraba de la Unidad Penitenciaria Federal Nº 14 de Esquel. El júbilo fue total.
Lo que dejó la audiencia
Atrás quedaban mucho más que dos jornadas intensas por el debate judicial. Quedaba al desnudo una puesta en escena que no pudo hacer mella en el juez Otranto que falló conforme a derecho. La presión que se ejerció en torno al proceso fueron muchas y en la búsqueda de estigmatizar a Jones Huala y el resto de la comunidad mapuche, parecía un vale todo.
Quizás ese puede ser el punto de partida para entender parte de lo que se terminó por resolver en la tarde de ayer.
Porque además de haber declarado la nulidad del informe presentado el 10 de febrero del 2015 por parte de la División Policial de Investigaciones de Esquel de la Policía de Chubut, que dio origen al proceso judicial que culminó ayer, hubo otras trascendentes decisiones. Durante el proceso quedó sobre relieve que como consecuencia directa de esa acción policial el proceso era nulo de nulidad absoluta y ahora será la misma justicia la que tendrá que investigar los hechos allí exhibidos.
Por ello, el juez ordenó la extracción del testimonio del joven de Gualjaina para que se investigue los tormentos a los que fue sometido en el momento que declaró ante los uniformados. El joven habló de golpes en la patrulla y luego en la comisaría. Más tarde el oficial principal Pablo Carrizo, que trabaja con la fiscalía que tiene asiento en El Hoyo, hablaría de una entrevista a la que sometió al joven sin la asistencia de un abogado.
El testimonio del muchacho de Gualjaina involucraba a Facundo Jones Huala en una campaña que se habría orquestado en su propia casa y lo vinculaba al incendio de un camión en la zona de Leleque. El joven, sin formación educativa, desocupado, dio una breve pero impactante declaración.
En su alegato, la abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta puso énfasis al responder la requisitoria de la fiscal Silvina Avila de impulsar la denuncia por falso testimonio contra el joven que recién en la audiencia denunció los golpes recibidos. “Esta defensa está perpleja, cualquiera que conoce la dinámica de la violencia institucional del que son víctimas nuestros jóvenes, pobres, indígenas, de los barrios periféricos a lo largo y ancho de este país, somos conscientes que en general tienen un amplio temor de decir lo que tienen que decir, porque fiscales como usted no les creen. Porque prefieren creerles a funcionarios policiales que golpean, que llevan adelante entrevistas que de por sí no está prevista en la ley, que no pueden entrevistar a un imputado sin la presencia de un abogado y sin embrago lo hacen. En este sentido, nuestros jóvenes van a seguir ocultando los golpes que reciben”, vociferó la abogada defensora. Y no dudó en señalar que la violencia institucional, con la actitud asumida por la fiscal se seguía cometiendo en la audiencia. El hecho, podría decirse, tuvo su punto final en el momento en que el juez ordenó, por medio de su fallo, que se investigue ese hecho puntualmente.
Pero el magistrado fue más allá, dictaminó también la extracción de testimonio para que se investigue el delito de acción pública que habrían cometido los efectivos policiales: el oficial principal Pablo Carrizo, integrante de la Brigada de Investigaciones del Chubut, y el comisario Víctor Velozo, que supo estar a cargo de la comisaría de El Maitén.
Gómez Alcorta había clamado en su alegato que se estaba ante la posibilidad de brindar una cuota de ética “frente a tanto funcionarios policiales y judiciales que han violado la ley, han vulnerado garantías constitucionales, que se han entrometido ilegalmente en la vida de Facundo, de su familia, de su comunidad”. Y el magistrado actuó en consecuencia.
¿Y todo el circo?
Sólo restaría conocer los costos en los que incurrió el Estado para este proceso. No sólo por lo que implicó la instancia judicial sino por el despliegue de efectivos de Gendarmería Nacional que llegaron desde distintos puntos del país en colectivos, camión hidrante, drones y tanta exhibición mediante.
En la búsqueda de esa estigmatización del mapuche violento no había alcanzado con las versiones periodísticas que vincularon a Jones Huala con el asesinato de carabineros o su autoría en los incendios forestales de la región. Tampoco había alcanzado con la mención del famoso RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, las maquinarias quemadas y los atentados terroristas; sino que en las horas previas al inicio del juicio corrió la bola acerca de la presencia de miembros de “Quebracho”.
Así lo replicaron por redes sociales quienes alentaban teorías de este tipo y quienes replicaban sin la menor idea del grado de veracidad que tenía esa especie. Pronto la fotografía del comercio ubicado en avenida Alvear casi esquina avenida Juan Domingo Perón, con sus vitrinas cubiertas con madera, corrió como reguero de pólvora por las redes sociales.
No sólo que nunca pasó nada, sino que bastaba con ver los protagonistas en cuestión. Niños, ancianos y jóvenes jugando, cantando y bailando deberían haber sido los promotores de semejantes tormentos de miedo. El entorno estaba inundado del humo que desplegaba la fogata encendida en el medio de la plazoleta. Pero también estaba anegado por tanto “newen” que brotaba de la muchedumbre que bailaba en las afuera de Gendarmería.
Nadie quería irse de allí. En el purrun, ese baile comunitario en círculo al ritmo del latido del corazón, parecían palpitar esas almas al unísono. En el fondo, se podía ver a los policías y gendarmes armados hasta los dientes y los drones danzando por los aires.
Fotos: Leandro Antiman
El 4 de octubre comenzaría el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca según anunció este mediodía el Tribunal Oral Subrogante en la audiencia preliminar. Será el tercer tramo de la investigación de los hechos ocurridos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército durante el terrorismo de Estado.
La confirmación depende de que Casación acepte la continuidad del pampeano Marcos Aguerrido como cuarto juez y que este termine su participación en el juicio oral que se desarrolla en Neuquén. “La idea es comenzar el debate la primer quincena de octubre”, afirmó José Mario Triputti. Jorge Ferro y Martín Bava completan el tribunal.
La causa “González Chipont, Julio Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad” comprende a más de treinta imputados de distintas fuerzas acusados por los crímenes padecidos por un centenar de víctimas. El juicio mantendrá su sede en el rectorado de la UNS de Colón 80 y las audiencias se realizarán semana por medio los martes por la tarde y los miércoles durante toda la jornada a partir de las 9.
Durante el breve encuentro de este jueves, que contó con la participación de jueces, querellantes, fiscales y defensores, se hicieron planteos referidos a la convocatoria de testigos, la presencia de los represores en las audiencias, el uso de las videoconferencias, las detenciones domiciliarias y el supuesto “hacinamiento” en la Unidad Penal 4.
Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia se opusieron a la propuesta de la defensa del represor Jorge Rojas de convocar a los jefes de Operaciones y Personal del Ejército y los ex militantes Gustavo Plis-Steremberg y Eduardo Anguita. Para el representante del ex titular del Instituto Sanmartiniano bahiense los primeros eran necesarios para explicar el funcionamiento del Ejército y los segundos “la organización y los objetivos del ERP”. Para la Fiscalía son “impertinentes”.
El Ministerio Público también rechazó el pedido del abogado Mauricio Gutiérrez de volver a citar a Pablo Bohoslavsky y Julio y Rubén Ruiz por el Consejo de Guerra que padecieron. Walter Larrea y Mónica Fernández Avello adhirieron desde la querella.
El defensor oficial Gustavo Rodríguez, preocupado por los “dispendios inútiles” del Poder Judicial, pidió no iniciar el debate hasta que todos sus clientes hayan pasado el examen mental obligatorio que “por su edad y estado de salud” podría motivar la suspensión de los procesos en su contra.
Además, exigió que quienes no están detenidos en Bahía Blanca sigan el debate por videoconferencia y sean trasladados a la sede judicial en ambulancia en vez de utilizar el celular del Servicio Penitenciario.
Las videoconferencias fueron cuestionadas por la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por las reiteradas fallas y demoras que presentaron en juicios anteriores. Fernández Avello planteó que los represores participen de las audiencias y que en la medida de lo posible también se concurran personalmente los y las testigos.
Ante las quejas de la defensa por las condiciones de detención y el hacinamiento de acusados y condenados en la Unidad 4 de Villa Floresta el fiscal Palazzani sugirió al tribunal una inspección con la intervención de todas las partes.
(Por Mauro Llaneza) En el marco de los 30 años del fallo “Bazterrica” de la Corte Suprema, la Asociación de Pensamiento Penal (APP) difundió un documento planteando la necesidad de cambiar la “guerra contra el narcotráfico” propiciada por el gobierno por una política que respete los derechos humanos. El texto ya cuenta con el aval de 263 integrantes del Poder Judicial, solo cinco de Bahía Blanca.
El ex guitarrista de Los Abuelos de la Nada, Gustavo Bazterrica, había sido enjuiciado a principios de los ’80 por tener tres porros aunque el máximo tribunal “por primera vez en la historia de nuestra jurisprudencia estableció que los usuarios de drogas no deben ser criminalizados y que se debe respetar su libertad, su autodeterminación, su privacidad”.
Lo destacó Mariano Fusero en diálogo con FM De la Calle y recordó que desde 1989 está vigente la Ley 23.737 que, a contramano de aquel antecedente, penaliza a los usuarios y las usuarias por la tenencia y el consumo de sustancias prohibidas. En 2009, otra composición de la Corte insistió con su inconstitucionalidad mediante el fallo “Arriola” y, a pesar de la presentación de una veintena de proyectos en el Congreso, el debate parlamentario del tema sigue siendo una deuda de la democracia.
La propuesta de la APP incorpora políticas de “reducción de daños, uso medicinal de cannabis, tratamientos no compulsivos, alternativas a encarcelamiento por delitos menores que llevan un gran trabajo y dispendio de recursos de la justicia y una sobrepoblación carcelaria totalmente innecesaria e inhumanitaria como es el tema de las mal llamadas mulas como eslabón débil y prescindible de la cadena de tráfico”.
Aproximadamente el 70% de las causas que tramita la justicia federal persiguen “perejiles” y sólo el 3% apuntan al crimen organizado. “Además tienen dentro de sus tareas la investigación de delitos muy complejos como el secuestro extorsivo, la trata de personas, delitos de corrupción, amenazas de bomba, de determinada magnitud y gravedad a donde deberían ser enfocados sus recursos”, dijo Fusero. Por los propios criterios de la Corte las causas contra usuarios terminan en absoluciones aunque “la persona pasó por todo un proceso de criminalización y estigmatización que es absolutamente innecesario”.
“Me llama mucho la atención cómo se utiliza la retórica, el discurso de la guerra contra las drogas como una forma de buscar un enemigo, un consenso como chivo expiatorio para acusar de todos los males sociales, eso en definitiva sirve para buscar una fortaleza política cuando se demuestra cierta debilidad a nivel local y mundial en la investigación clara de las altas mafias, del narcotráfico”, aseguró el abogado.
Agregó que “narcotráfico cero ni siquiera es una utopía, no existe en ningún país, ni siquiera en Estados Unidos con los miles y miles de millones que invierte a nivel local o de intervención en otros países para luchar en la guerra contra las drogas. Tiene la frontera más radarizada del mundo, tiene un muro con México como país productor y de rutas principales respecto a Estados Unidos y lleva el 50% del consumo de todas las sustancias que se producen en el mundo. Si esos países fracasaron en el intento de combatir la guerra contra las drogas de una manera bélica, claramente qué nos queda para nosotros. Las estrategias deberían ser otras”.
Por ejemplo las uruguayas. Atento a que el 80% del consumo correspondía a la marihuana el ex presidente Pepe Mujica quitó el monopolio de la producción y la cadena de valor al mercado ilegal de la misma manera que ocurre con otras drogas “mucho más dañinas como el alcohol y el tabaco que no están prohibidas sino reguladas”.
“Si se prohíbe, por ejemplo el alcohol, tenemos la experiencia de la Ley Seca de Estados Unidos. Grandes mafias, población que se envenena con malos alcoholes, que se quedan ciegos por el consumo de alcohol metílico en vez de etílico, los mismos efectos de 1920 con la prohibición totalizante de algunas sustancias actualmente y la creación de narcotráfico, de personas que como pasó en la fiesta electrónica se mueren supuestamente por el corte de alguna pastilla sin saber muy bien qué es lo que estaban consumiendo”, explicó Fusero.
En cuanto a la incidencia del consumo de drogas en el delito opinó que “es el principal prejuicio y preconcepto que fue arraigado en una cultura que data de 70 años atrás. (…) Estadísticamente el alcohol es la droga más criminógena que existe a nivel mundial, en sentido de la potencialidad que tiene de crear algún efecto en cada uno de los individuos que conlleve eventualmente a la comisión de actos lesivos para con terceros. Eso está comprobado científicamente. Consumir cannabis y salir a robar, con los efectos sedativos que tiene, es una incongruencia”.
Fusero cuestionó “el tratamiento que se da a las mujeres en prisión, cuando son personas pobres que cometieron delitos de subsistencia, poniendo en riesgo su salud, siendo extorsionadas y amenazadas por las grandes redes criminales, y terminan con penas de prisión de ocho o diez años y se rompe el vínculo familiar con sus niños. 9 de cada 10 mujeres extranjeras prisionalizadas en las cárceles federales están por delitos de drogas”.
Asimismo, el letrado destacó sobre el uso medicinal del cannabis que “es inhumano a una persona o un niño que tiene 500 crisis epilépticas por día y bajó a una o a ninguna o a muy pocas, negarle la posibilidad de acceso a una sustancia que le está beneficiando claramente su salud, deja de ser una cuestión jurídica, es una cuestión de humanidad”.
Desde Bahía Blanca adhieren a la declaración, en el fuero federal, el fiscal ad hoc José Nebbia -Miguel Ángel Palazzani lo hace como titular de Procuvin), y en el provincial: la jueza de Garantías Susana Calcinelli, el juez Correccional José Luis Ares, la defensora general Graciela Cortázar y el defensor oficial Criminal y Correccional Carlos Carnevale.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo el miércoles pasado en Córdoba al ex oficial del Ejército José Antonio Maidana, quien fue jefe de una de las compañías del Batallón de Comunicaciones 181 y tuvo a su cargo el denominado grupo “antiguerrilla”, que intervino en crímenes del terrorismo de Estado en la región.
El ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez (foto), quien terminó apartado el año pasado por la parálisis de estos procesos, ignoró todos los pedidos de la Fiscalía, que había aportado en 2013 los datos que permitieron detenerlo ahora.
Maidana se encontraba prófugo desde noviembre 2013 y fue capturado en su domicilio de la la ciudad cordobesa de Viamonte, en la misma dirección que aportaron los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia cuando requirieron su detención hace tres años.
El ex militar llegó en septiembre de 1976 a Bahía Blanca procedente de Tucumán, donde había participado en el Operativo Independencia. En el nuevo destino estuvo a cargo de la compañía de Infantería “Combate Mayor Keller”, donde participó, en el marco de una asociación ilícita, en los secuestros y torturas sufridas por más de 60 víctimas del sur bonaerense.
El Batallón de Comunicaciones 181, indicó la Fiscalía, constituye la segunda unidad militar más grande la jurisdicción y, en el marco del esquema de zonificación empleada para el programa de terrorismo de Estado, fue el instrumento operacional a cargo del Area militar 511, que abarcaba la zona de Bahía Blanca y localidades del sur de la Provincia de Buenos Aires.
En sus dependencias, funcionaron distintos centros clandestinos por los que transitaron centenares de víctimas. Durante el período de actuación de Maidana como jefe de la sección de Infatería, permanecieron allí cautivas los más de veinte pobladores del partido de Villarino, secuestrados en el mes de septiembre de 1976 en operativos masivos realizados en aquella zona, en los que participó el denominado grupo “antiguerrilla”.
Para la época en que Maidana se desempeñó en esa unidad, el Batallón de Comunicaciones 181 también intervino en un amplio operativo ejecutado en la localidad de Tres Arroyos, en el que se detuvieron a más de setenta personas, parte de las cuales fueron mantenidas cautivas en sus instalaciones.
El que no busca, no encuentra
La detención de Maidana fue ordenada en noviembre de 2013, pero su búsqueda no fue profundizada pese a que la Fiscalía insistió con diferentes medidas de búsqueda y presentó varios pedidos de pronto despacho para que se llevaran a cabo.
En julio de 2014 los fiscales reclamaron que no hubiera más dilaciones en la constatación de la presencia de los prófugos en los domicilios que los mismos representantes del MPF habían aportado al momento de solicitar la detención.
Ese pedido no fue tratado por el entonces juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez y motivó la presentación de un pedido de pronto despacho en agosto de aquél año por parte de la Fiscalía.
Un mes después, los fiscales interpusieron un nuevo pedido de pronto despacho y exigieron a Martínez que reiterara “la orden emitida a las Fuerzas de Seguridad, a efectos de constatar -con carácter urgente- la presencia de los imputados en los domicilios indicados en la presentación” de la Fiscalía. En octubre volvieron a insistir con un escrito similar.
Y en febrero de 2015, una vez más, reclamaron que se certificara “con precisión” si Maidana residía en la casa en la que finalmente fue encontrado de la localidad de Viamonte, provincia de Córdoba. Dos meses después, los fiscales pidieron un informe sobre el estado de la búsqueda y constataron que Martínez no había provisto la solicitud de febrero. Así, interpusieron dos nuevos pedidos de pronto despacho.
Las omisiones y dilaciones de Martínez formaron parte de las circunstancias que los fiscales llevadaron a conocimiento del Consejo de la Magistratura, en torno al estado de parálisis que atravesaban las investigaciones judiciales de delitos de lesa humanidad en la jurisdicción de Bahía Blanca a mediados de 2015. Esa denuncia derivó en el apartamiento de Martínez de la subrogancia del Juzgado Federal Nº1 de esa ciudad.
La insistencia de los fiscales, mediante una nueva presentación realizada a principios de este año, determinó que el actual juez subrogante Héctor Pedro Plou reactivara las tareas de búsqueda que condujeron a la definitiva captura del imputado.
Fuente: fiscales.gob.ar
Se consumó el golpe de Estado en Brasil. La mandataria constitucional de ese país, Dilma Rousseff, fue señalada de culpable de corrupción por el Senado y de este modo es apartada de forma definitiva de sus funciones como líder Ejecutiva. Con 61 senadores a favor, y 20 en contra, en un quorum de 81 senadores, la destitución de Rousseff se concreta de forma permanente.
La votación final sobre el juicio político fue separada en dos rondas, una para decidir sobre la destitución de la mandataria, y otra sobre la inhabilitación política por un lapso de ocho años.
En una primera votación, el pleno del Senado decidió destituir a Rousseff y posteriormente, en el sufragio sobre su actuación política, 42 senadores se manifestaron en favor de la inhabilitación, 36 en contra y tres se abstuvieron.
En este contexto, Dilma Rousseff no fue inhabilitada políticamente, debido a que no se obtuvieron los dos tercios (54 votos) necesarios de apoyo para la aprobación de mla medida.
Entre tanto, el presidente interino, Michel Temer, permanecerá a la cabeza de mando del gigante suramericano hasta finales de 2018, pese a la enorme aura de antipopularidad que le rodea por la implementación (en el poco tiempo que lleva en el poder) de políticas económicas profundamente marcadas por recortes presupuestarios y privatizaciones de servicios y beneficios para el ciudadano común.
Movimientos sociales y políticos, activistas y sectores de la sociedad civil acusan al líder del centrista Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de golpista. Pero Temer también es señalado de retrógrado, esto por echar marcha atrás en las reivindicaciones sociales alcanzadas por los más desfavorecidos, políticas que habían refrendado los líderes del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff.
¿Qué pasó?
Rousseff fue suspendida de sus funciones el 12 de mayo porque el Senado decidió juzgarla por presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014 (año de su reelección) y a inicios de 2015.
El proceso fue abierto en diciembre de 2015, y tras recorrer un largo camino por la cámara baja y la cámara alta del Congreso, de recolección de pruebas, presentación de testimonios y otras diligencias por parte de una comisión especial del Senado; Rousseff fue hallada culpable y destituida definitivamente por más de 54 votos (dos tercios del Senado).
Para nadie en Brasil era un secreto que el impeachment contra Rousseff se trataba de un “golpe blando”, tal como lo calificó el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel: “Los golpes blandos ya se pusieron en práctica en el continente en países como Honduras (con Manuel Zelaya) y Paraguay (con Fernando Lugo). Ahora, la misma metodología, que no necesita a las Fuerzas Armadas, se está utilizando aquí en Brasil”, manifestó.
El abogado de defensa de Rousseff, José Eduardo Cardozo, calificó el proceso judicial como “una gran farsa” y un golpe contra la democracia. Durante el proceso, incluso se filtraron grabaciones secretas en las que se desprendía la premisa de que el impeachment solo fue un intento de frenar las investigaciones del megaescándalo de corrupción en la estatal Petrobras que golpeó tanto al partido de Rousseff como al de Temer.
Por el caso Lava Jato, como se le conoce a las investigaciones anticorrupción en Petrobras, algunos de los acusados por el partido PMBD fueron Renan Calheiros, titular del Senado y primero en la línea de sucesión presidencial después de Temer; el senador Romero Jucá, exministro de Planificación de Temer; el expresidente brasileño José Sarney (1985-1990), de 86 años; así como Eduardo Cunha, el suspendido jefe de los Diputados.
“Hay que resolver esa mierda. Hay que cambiar el gobierno para cortar esta sangría”, afirmaba en las grabaciones el exministro de Planificación, Romero Jucá, que debió renunciar tras revelarse el audio. El entonces ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, también cayó tras otra filtración en la que se evidenciaba que criticaba la investigación de la corrupción en Petrobras.
Aunque la defensa de Rousseff solicitó a la comisión del Senado incluir tales grabaciones entre las pruebas a ser analizadas para demostrar que el impeachmet carecía de fundamento; el senador Antonio Anastasia (encargado de elaborar el informe final y favorable al impeachment) rechazó el pedido y consideró los hechos “ajenos al objeto del proceso”.
¿Quiénes apoyan a Temer?
Luego del 12 de mayo, cuando Rousseff fue separada del cargo, las movilizaciones en contra del Gobierno interino de Michel Temer empezaron a reproducirse en todo el territorio nacional, e incluso fuera de las fronteras brasileñas, y cada vez se hace mayor el rechazo, lo que demuestra el poco apoyo popular con el que cuenta Temer. Los Juegos Olímpicos de Río de Janerio 2016, incluso sirvieron de escenario para alcanzar una mayor visibilidad internacional a las protestas llevadas a cabo en contra del presidente interino.
Para el mes de junio, de acuerdo con el sondeo de MDA / CNT el Ejecutivo de Temer solo contaba con una valoración positiva del 11,3 por ciento, mientras que el 30,2 por ciento considera regular su gestión. La encuesta también indicó que el 50,3 por ciento de los consultados aboga por la celebración de las elecciones anticipadas este mismo año, frente al 46,1 por ciento que cree que los comicios deben realizarse en 2018 como estaba previsto.
A este respecto, Rousseff propuso y prometio públicamente que si retomaba sus funciones celebraría un plebiscito para consultarle al pueblo si realmente deseaba adelantar las elecciones presidenciales: “La restauración plena de la democracia requiere que la población decida cual es el camino para ampliar la gobernabilidad y mejoarr el sistema político electoral brasileño”, opinó Rousseff.
En cuanto a Temer, pese al voto de confianza que los mercados depositaron en el Gobierno del ex vicepresidente, éste no consigue salir de la crisis producto de los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto su partido. A esto se le suma el hecho de que Temer lucha por estabilizarse en medio de fuertes cuestionamientos por su legitimidad y de una severa recesión económica.
Fuente: Telesur.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Natural e Hidrógeno de la Patagonia Sur realizará un paro por 48 horas, el cual afectará a todo el plantel de la empresa Camuzzi. “Veníamos teniendo negociaciones de carácter trimestral para ver cómo se planteaba la situación macroeconómica pero de buenas a primeras la empresa simplemente nos dice que ya no tienen medios ni recursos para afrontar los salarios”, dijo a FM De la Calle Eduardo Paiolo.
El dirigente comentó que la decisión fue tomada a instancias de un plenario de gremios que representan a las y los trabajadores de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur que abarca desde Capital Federal hasta Tierra del Fuego.
Será un “paro total de actividades con entrega de guardias que no se van a retomar hasta que el conflicto no se solucione”, afirmó Paiolo y aclaró que “el gas va a seguir fluyendo y van a seguir contando con el servicio”.
“Las guardias se van a entregar a personal jerarquizado que se supone que tiene conocimientos para atender eventuales emergencias, si la contingencia supera sus conocimientos estaremos ahí los trabajadores para colaborar”.
“El desaguisado tarifario lo ponen como bandera, como caballito de batalla y, por un lado, entre el gobierno y las empresas y la intervención de la Corte por otro, que afortunadamente intervino, aparecemos nosotros los trabajadores aunque también el público consumidor como el fiambre del sándwich”, concluyó.
En el decimotercer programa de ¿Quién te Juna? hablamos de inclusión. Para ello, convocamos a Alberto Bostal, miembro de la fundación INTEGRAR, creada hace 25 años. Su hijo más chico nació con Síndrome de Down: “Vimos que podíamos darle una oportunidad para que pueda tener un buen desarrollo en su vida”.
El síndrome de Down es una alteración genética que se produce en el momento de la concepción y se lleva durante toda la vida. No es una enfermedad ni padecimiento. Sus causas son desconocidas. Cualquier pareja puede tener un hijo con síndrome de Down. Uno de cada mil niños nace con este síndrome.
“Cuando recién iniciamos INTEGRAR observamos que en España los chicos estaban alfabetizados en un 70 por ciento y en Argentina un 4. Nos dimos cuenta que nosotros no les habíamos dado las herramientas a los chicos para que puedan crecer, los profesionales también comentaban que no les enseñáramos porque no iban a aprender. Pero vimos que a medida que iba pasando el tiempo, con el apoyo de profesionales e instituciones, ellos crecían y crecen continuamente. Hoy pasado 25 años vemos que siguen creciendo y desarrollándose como cualquiera de nosotros”, comentó Alberto.
Uno de los aportes de la fundación es la empresa INCLUSER. El proyecto se lleva a cabo desde principios del 2013, durante este período se ha logrado capacitar a más de 80 personas con discapacidad intelectual en distintas disciplinas, entre las cuales se encuentra el curso de “Mozo de eventos y auxiliar gastronómico”.
Actualmente se continúa con su dictado, mejorando día a día la capacitación y los conocimientos de los mozos que asisten, con la intención de poder proveer un servicio de alto nivel.
Si hablamos de inclusión no podemos dejar de mencionar la Ordenanza de Atención Prioritaria que según Lucia Pendino, titular de la Dirección de Inclusión y Accesibilidad, “está en vías de reglamentación por cuestiones administrativas” pero prevén realizar una campaña de concientización en los próximos meses, atendiendo a uno de los puntos que manifiesta esta reglamentación.
También le consultamos por el estado del transporte público ya que muchos colectivos no disponen de rampas o las que tienen no funcionan y dijo que es un tema que “está en agenda, esta como una prioridad. Es de interés de todo el municipio. Hoy la 502 cuenta con piso bajo y hay promesas de las demás líneas en adecuarse. También hay un transporte complementario”.
Además la fundación INTEGRAR dicta cursos y capacitaciones para docentes “para que cuando le toca a una maestra un chico con síndrome de Down sepa cómo abordarlo. Se adaptará un poco la curricula pero de alguna u otra manera siempre van logrado cosas y están acompañados por los demás chicos que van a ser sus pares en la vida diaria, en el trabajo”, agregó Bostal.
“Les cuesta más… pero aprenden y además tienen un aura especial, porque yo digo que tienen una simpleza y un carisma, la pureza en el alma”.
¿Quién te juna? se emite los miércoles a las 20 por FM De la Calle 87.9Mhz.
