Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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(Por Luis Ponte) A comienzos de marzo de 1984, la Primer Ministro británica Margaret Tatcher dispone el cierre de una mina de carbón en la zona de Yorkshire, al norte de Inglaterra, como parte de un plan de reducción de subsidios estatales. Al frente de la Oficina Nacional del Carbón, la corporación estatal encargada de administrar las minas de carbón nacionalizadas durante la Segunda Guerra Mundial, se encuentra Ian McGregor, hombre de confianza de la Dama de Hierro.
McGregor, venía de hacer el mismo “trabajo sucio” en un área también sensible para la economía británica, la Oficina Nacional del Acero, donde se había “cargado” en 3 años 100.000 puestos de trabajo. El paso previo y necesario para que su jefa comenzara a hablar de privatizaciones.
El mismo plan esperaba ahora al sector de las minas de carbón. Bajo la excusa de eliminar subsidios, el gobierno apuntaba al cierre de 20 minas en todo el país. Los hechos mostraron que dicho anuncio escondía una mentira. Tatcher cerraría durante ese año 70 explotaciones carboníferas, dejando en la calle a más de 20.000 trabajadores, con el consiguiente drama económico de sus familias, y las comunidades y pueblos cuya economía dependía de dicha actividad.
El plan para reducir el Estado, privatizar la economía y estabilizar la alta inflación, ya había dejado a más de 2 millones de trabajadores del sector industrial en la calle, sólo entre 1979 y 1981. Pero la decisión de tocar la actividad del carbón se topaba con un escollo político nada fácil: el poderoso Sindicato Nacional de Mineros.
Ante la decisión innegociable del gobierno, los trabajadores deciden declararse en huelga, en defensa de sus puestos de trabajo. Ello da paso al que sería el conflicto laboral más prolongado y duro en la historia británica. Casi un año de medidas de lucha, marchas, tomas, heridos, detenidos y muertos entre los trabajadores. Enfrentados en una pulseada feroz contra la presión de un gobierno que, con tal de no ceder en su plan de, por un lado, achicar el sector, y por el otro, resquebrajar el poderoso brazo sindical aliado al Partido Laborista se mostraba dispuesto a todo.
Por ejemplo confiscar los propios fondos del Sindicato de Mineros, a fin de socavar la ayuda económica en forma de recaudaciones de fondos voluntarios que recibían por parte de diferentes sectores “hermanados” con las comunidades mineras.
Entre ellos un grupo de Gays y Lesbianas de Londres, liderados por Mark Ashton y y Mike Jacson deciden recaudar fondos para los huelguistas durante la marcha de orgullo gay en Londres de ese 1984. Entusiasmados deciden fundar el colectivo Lesbians Gays Support Miners (LGSM), “Lesbianas y Gays en Apoyo a los Mineros” cuyo lugar de encuentro y trabajo era la Librería Gay’s the Word (hoy emblema mundial de la literatura LGBT, que padeció en ese mismo año una clausura temporal por parte del propio gobierno de la Tatcher, falsamente acusada de vender textos pornográficos, y sus dueños de importar material indecente).
La primera reacción del Sindicato es rechazar el acercamiento y la ayuda de la agrupación por miedo de ”quedar pegados” con una comunidad que entonces era observada con todo tipo de prejuicios, no sólo por parte de los mineros.
Decididos a no claudicar el grupo LGSM, contacta directamente a las comunidades mineras epicentro de la crisis, y viajan a una de ellas, Onllwyn en Gales. Para muchos de los vecinos, era un escándalo. Inteligentes, interactúan con las mujeres y las familias de los mineros en huelga, a fin de “entrarles de alguna forma” para romper los prejuicios mutuos.
Llegan a recaudar 20.000 Libras, para la época mucho dinero. Y el 10 de diciembre de 1984 los LGSM producen un festival de música en Londres, llamado “Pits and perverts” (“Hoyos y Pervertidos”), irónico título, para apoyo y recaudación de los mineros, que tuvo mucha repercusión, y termino de derretir el hielo del lado de los mineros.
Nadie podría aventurar entonces que de semejante crisis política, nacería bajo la presión de las circunstancias y la convicción de atrevidos a cambiar las cosas a como sea, una alianza impensada entre mineros, lesbianas y gays cuya repercusión positiva se vería en el tiempo.
La huelga general fue desarmándose. El paso del tiempo, fue otro aliado del gobierno. Muchos sindicatos negociaron el regreso al trabajo a las minas, ante la desesperación; otros la consideraron ilegal y le quitaron el apoyo a los dirigentes que la defendían, con lo cual en marzo de 1985 los últimos bastiones de lucha volvieron a sus trabajos.
El gobierno de Tatcher se adjudicó una victoria que fue visagra política más allá de las propias fronteras británicas. Fortaleció su frente interno, tanto como la Guerra de Malvinas su imagen externa de mano dura y poderío frente a sus adversarios. Lo cual le dio plafond para consolidar sus políticas neoliberales en Gran Bretaña, y extenderlas por el mundo junto a sus socio, el presidente norteamericano Ronald Reagan. Hasta lograr con la caída del muro de Berlín, terminar con 40 años de “guerra fría”.
Pero en medio de ese panorama sombrío, meses después de terminada la huelga, otro punto de inflexión iba a suceder. Tal como lo narra el premiado filme inglés independiente “Pride” (2014), el 29 de junio de 1985, antes de iniciarse la tradicional marcha del orgullo LG por las calles de Londres, llegaron colectivos de los que descendieron mineros, familiares y miembros de esas comunidades, para sumarse y marchar con estandartes de apoyo al movimiento LG, como agradecimiento y retribución a su apoyo durante la huelga.
En 1986, sucedió algo que sería también un hito en el camino de la ampliación de derechos de las comunidades LG en Inglaterra. Durante la conferencia anual del Partido Laborista se propuso y aprobó que los derechos de gays y lesbianas fueran parte del manifiesto oficial del Partido, a diferencia de años anteriores, donde había sido propuesto pero siempre rechazado. Esta vez, hubo un factor impensado hasta entonces y muy influyente dentro del Laborismo, que volcó la decisión a favor de forma total, el Sindicato Nacional de Mineros.
(Por Alicia Torre) El Eje Cafetero es una región geográfica, económica, cultural y ecológica de Colombia ubicada en los departamentos de Caldas con capital en Manizales -hermosa ciudad entre montañas con un creciente espacio de cultivos orgánicos-, Risaralda con capital en Pereira -la ciudad más grande de la región. y Quindío, capital Armenia -con gran cantidad de fincas cafeteras en sus alrededores-. También integran el eje la región norte del Valle de Cauca y el noroccidente de Tolima. Esta zona fue declarada patrimonio de la humanidad en 2011 por su paisaje cultural.
La geografía de la zona es atrapante: montañas cubiertas de vegetación con valles cultivados con diferentes tonos de verdes, altos nevados, ríos muy caudalosos y aguas subterráneas que permiten piletas termales. Por supuesto, el cultivo rey es el café que en realidad, y aún reconociendo su origen americano, se comenzó a cultivar comercialmente hace poco más de cien años y se convirtió en el siglo XX en producto primordial de la exportación.
Preguntando sobre el cultivo de café tuve la suerte de encontrarme con Don Samuel, en Pereira, ciudad de más 800 mil habitantes. Don Samuel es dueño de un pequeño café en el centro de la ciudad, produce los granos, realiza todo el proceso y lo sirve en su bar, exporta y además tiene tiempo para conversar con los parroquianos, es el autentico “paisa”, como se llama a los habitantes del lugar conocidos por la imagen de Juan Valdez.
Las condiciones climáticas de la zona son determinantes de la calidad del café, la temperatura varía entre -8° en los nevados y unos 30° en los valles. La tierra es otro factor, cuando habla de tierra volcánica se refiere al episodio del sismo de 1999 que dejó a la región muy afectada pero que se recuperó con rapidez y permite en este momento el cultivo del café característico. Es complicado cultivar el café sobre todo si se recupera la forma tradicional y se llega al cultivo orgánico pero Don Samuel enfrentó el desafío.
Tampoco es fácil la vida de los colombianos de la región, es parte de la zona de conflicto, gran cantidad de desplazados durante 40 años. La firma de los acuerdos de paz significa una luz de esperanza para las víctimas de tantos grupos y tan mezclados: la guerrilla, los paramilitares, los parapoliciales, los mercenarios de las empresas sobre todo mineras y petroleras que tienen sus ojos puestos en ese espacio geográfico y su subsuelo. Don Samuel cuenta cómo es vivir desplazados.
Cuesta alejarse del eje cafetero y sobre todo quedan muchas ganas de volver y seguir el recorrido por los caminos más verdes de Colombia.
Etelvina Maldonado, cantadora nacida en Santana, cerca de Barú. Un día, Etelvina Maldonado oyó cuando castigaron al niño. Llorando le preguntaba a su madre “¿Por qué me pega?”. Ella se quedó con la frase, la fue cantando y agregándole palabras en el tono de lamento del bullerengue sentado.
Así nació su canción ‘Por qué me pega’, que la identifica entre las cantadoras más importantes del género. Siendo abuela -y ya bisabuela-, su participación hace años en el grupo Alé Kumá, que nutrió el bullerengue con sonidos de jazz, le ayudó a preparar su CD y tener su propio grupo. Etelvina es cantadora hace décadas. “El bullerengue es la música con la que abrí mis ojos”, dice.
(Por Francisco J. Cantamutto) El gobierno de Cambiemos está impulsando un proyecto político regresivo, que enfrenta diversas limitaciones. El programa del gobierno no muestra grandes novedades respecto de los pronósticos iniciales. Se trata de un cambio en favor de los sectores más concentrados de la economía, con particular énfasis en los capitales que operan en el sector financiero, los exportadores y el de servicios. La panoplia de políticas aplicadas apunta a elevar la rentabilidad de estos sectores, en detrimento de todas las clases populares y las fracciones menos concentradas del propio capital (PyMEs).
La mayoría de representantes empresarios en el gabinete nacional es la forma más evidente de este sesgo, pero su manifestación más cruda son las políticas económicas. Esto desmonta el argumento de “darle tiempo” al gobierno: a medida que los meses pasan, sólo se hace más visible que apunta a beneficiar a unos pocos y perjudicarnos a la mayoría. La supuesta lucha contra la inflación no parece ser el objetivo real del gobierno; caso contrario, está fracasando de manera estrepitosa, pues hasta el momento lo que hay es una aceleración respecto del año previo.
Más allá de este sesgo general, la disputa sobre la orientación concreta del proyecto no está saldada. Se requiere de fuerza política para poder convalidar la forma específica del nuevo bloque en el poder. Y es ahí que el gobierno enfrenta desafíos de diferente orden: a) un mundo en crisis donde las oportunidades escasean, b) la resistencia social que no cede, y también c) las disputas entre las propias fracciones ganadoras del bloque en el poder. Sin dudar del sesgo regresivo general, estas tres condiciones significan dificultades reales para llevar adelante el programa. Nos concentramos en la última.
Disputas dentro del bloque
Las fracciones ganadoras del nuevo orden político-económico son los capitales concentrados exportadores, los que operan en los servicios públicos y los financieros (que no se limitan a la banca). Cada fracción ha reclamado medidas en su favor, y definen los lineamientos centrales del programa del gobierno. De conjunto, han recibido transferencias de ingresos calculadas en $281.106 millones, o unos 19.383 millones de dólares.
Así, la devaluación de diciembre y febrero, junto a la quita o reducción de retenciones a las exportaciones, elevaron las ganancias de los sectores exportadores, en particular, del agro y la minería. También se apostaba a darle competitividad a los sectores industriales concentrados que exportan. El problema en este respecto se vio por partida triple.
En primer lugar, el error de suponer que se trataba de un problema doméstico y no de un cuadro de crisis mundial y de nuestros principales socios (Brasil en particular). El referendo en Gran Bretaña para salir de la Unión Europea ha reforzado la tendencia a devaluaciones generalizadas, limitando el alcance de esta política como factor de competitividad. Mejores precios no compensan la falta de demanda. En segundo lugar, el ajuste cambiario impulsó una aceleración de la inflación. El dólar pasó de $9,50 en diciembre a $16 a fines de febrero, momento en el que el Banco Central reforzó su intervención para lograr bajarlo hasta $14. Es decir, desde diciembre hasta antes del Brexit, la devaluación fue del 47%. Pero la inflación promedio, en el mismo plazo, fue del 28% (datos de la CTA), erosionando gran parte de las ganancias de competitividad. Y tercero, un lugar especial ocupan los 4 aumentos en los combustibles, que favorecieron a las grandes petroleras (que tienen su hombre en el ministerio de energía, Aranguren). Estas subas han erosionado particularmente la competitividad, y provoca una disputa explícita entre fracciones ganadores con el nuevo gobierno: la Sociedad Rural ha señalado que por esta vía se le fueron tres cuartos de lo ganado con la quita de retenciones.
Por otra parte, el aumento de tarifas de los servicios públicos busca elevar las ganancias de las empresas que operan en el sector, a pesar de que no se ha mostrado hasta el momento ninguna prueba pública de que el atraso en las tarifas ocasione pérdidas. Su incremento obedece a prioridades de economía política: el sector está controlado mayormente por capital de origen extranjero, al que Cambiemos busca beneficiar. Los servicios públicos (energía y transporte en particular) impactan en las estructuras de costos de todos los sectores, lo que opera en especial detrimento de la producción industrial y la construcción, golpeando incluso a sectores exportadores. Estos incrementos elevaron la inflación en el segundo trimestre, lo que de conjunto golpeó muy duro los presupuestos de los hogares.
El problema aquí es este carácter transversal: la suba ha afectado a muchos sectores sociales, que han presentado reclamos por vías judiciales, manifestaciones y petitorios, que han puesto freno transitorio y parcial a algunos aumentos, pero su alcance es limitado. Las subas hasta ahora realizadas componen entre un tercio y la mitad de lo previsto por el gobierno. Esto significa que la negociación y conflicto actual son la primera etapa de una batalla que se repetirá en algunos meses. El desgaste político no es solo para los sectores afectados que hoy peticionan, sino para el propio gobierno que de esta forma pierde por partida doble: no alcanza aún los valores esperados, lo que atenta contra su asociación con el capital extranjero, y sin embargo las subas ya estipuladas impulsan la inflación.
Y finalmente, el tercer socio y gran ganador, es el capital financiero. Las políticas en su favor han sido sistemáticas, debido al peso central que ocupa la deuda en el proyecto de Cambiemos. El canje de 10.000 millones de dólares de deuda intra-Estado por bonos con privados, el pago a los fondos buitres con una emisión total de 16.000 millones más, y la apertura a emisiones de bonos provinciales; todos títulos que pagan elevados intereses en corto plazo. Sin embargo, la joya del esquema han sido, sin duda, las LEBAC emitidas por el Banco Central. Estas letras llegaron a pagar 38% anual de interés en renovaciones cada 35 días, una fuente inmensa de rentabilidad. El ejercicio es interesante: un operador que haya cambiado dólares por pesos a fines de febrero (a $16), y haya renovado 3 veces esos fondos en LEBAC, y los haya retirado a dólares nuevamente las semanas previas al Brexit (amenaza conocida con antelación) a $14, obtuvo una rentabilidad cercana al 28% en dólares… ¡¡¡en un trimestre!!! Un negocio impresionante, que explica por qué el presidente Macri dijo que pensaba repatriar fondos que mantiene en el exterior, para invertirlos en bonos.
El problema es que esta auténtica timba implica un incremento del déficit cuasi-fiscal, contra los supuestos objetivos del gobierno. Además, con estas tasas de rendimiento, no hay ningún incentivo a prestar a sectores productivos, lo que implica menor inversión. La recesión es la actualidad y el horizonte cercano. Finalmente, las letras emitidas son equivalentes a todos los billetes circulando en la economía, y son de muy elevada liquidez, lo que significa que pueden correr al dólar con mucha facilidad, como de hecho, comenzaron a hacerlo la última semana de junio, elevando nuevamente el tipo de cambio por encima de los $15. Esto agrega inestabilidad cambiaria a los demás riesgos económicos y políticos que frenan toda recuperación de la actividad.
Como se ve, el gobierno no tiene las cuentas fáciles. Sus políticas está orientadas de manera muy evidente a beneficiar a los sectores más concentrados del capital, pero no está claro que tenga la capacidad para subordinar a quienes pierden. Más aún, las disputas entre las diversas fracciones del bloque en el poder no alcanzan tampoco un acuerdo estable aún, lo cual redunda en la presión que mejor conocen: la extorsión económica mediante recesión. Hasta que la correlación de fuerzas entre clases y al interior del bloque en el poder no alcance algún tipo de estabilidad -siempre precaria- no es esperable que la economía se recupere, más allá de promesas y deseos. El pato de la boda, claro, lo pagamos las clases populares, afectados por la inflación, recesión y creciente desempleo.
Ayer se presentó por sexta vez el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso de la Nación. Impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cuenta con el aval de 350 organizaciones y las firmas de 38 diputadas y diputados de diversos bloques de izquierda a derecha. La iniciativa contó con puntos de difusión en varias ciudades del país.
En Bahía Blanca, integrantes de la Campaña y la Colectiva Feminista entregaron volantes frente a la Municipalidad con detalles sobre la norma que plantea que “la práctica se pueda garantizar en el sector público y privado, incluyendo a obras sociales, para que las mujeres o varones trans no sean sometidxs a maternidades forzadas”.
En diálogo con FM De la Calle, Selva Lamtzev explicó que esta vez el proyecto llega con “modificaciones sustanciales en relación a los anteriores y uno de los puntos importantes es que pide la IVE hasta las 14 semanas sin ninguna otra solicitud ni control ni requisito, y para los otros casos que ya estaban contemplados en la ley, de violación, de enfermedad materna o malformación severa, obviamente no tiene otro límite. Es superador del anterior que hablaba hasta las 12 semanas”.
“Creemos que va a requerir de mucha participación, que se sienta que hay una presión popular para que este proyecto salga, lo estamos motorizando desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y otros colectivos y organizaciones. Este contexto en particular, con los dichos de Macri -quien dijo defender la vida desde ‘la concepción’ en el Congreso Eucarístico-, es adverso pero es que lo ha sido siempre para este tema, vemos que el consenso social avanza mucho más que lo legal”, dijo la médica.
Lamtzev opinó que “los medios de comunicación en su mayoría tienen una posición bastante tomada o manejan el tema del aborto como tabú o con discursos falsos y malintencionados, por ejemplo de hablar de IVE y ponen en la tele una foto de una embarazada que está prácticamente a término, ese tipo de manipulación no habla de la realidad de las mujeres que día a día deciden interrumpir el embarazo de forma voluntaria. El tema es que en este momento lo tienen que hacer en la clandestinidad poniendo en riesgo su vida y si esto fuera legal podrían hacerlo en un centro de salud”.
Las cifras oficiales, mencionadas en los argumentos del proyecto, muestran que el Ministerio de Salud de la Nación informó el año pasado que “en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año” y en 2014 murieron por abortos inseguros 43 mujeres, un 30 por ciento más que en 2012.
“Las de mayores recursos lo hacen en una clínica privada y las que no, de una forma mucho más precaria que será la que tengan a mano poniendo en riesgo su salud y su vida. Es muy importante proteger los derechos de esas mujeres y está en el marco de la ley no solamente nacional -hay muchas cuestiones relacionadas con el aborto no punible que no se cumplen en la práctica- pero además, si vemos el mapa del aborto a nivel mundial, constatamos de qué tipo de políticas se trata, vemos que en los países llamados centrales o desarrollados en la mayoría el aborto es legal y en los llamados del tercer mundo no lo es y tienen fuertes políticas restrictivas”.
Lamtzev recordó que Macri “cuando fue jefe de gobierno de Buenos Aires vetó la ley del aborto no punible en CABA y desde que ha asumido como presidente hemos visto el vaciamiento de ciertos programas, la reducción de recursos tanto de programas de violencia como de salud sexual y procreación responsable que se encarga fundamentalmente de distribuir métodos anticonceptivos y educar”.
“Existe una disputa entre el kirchnerismo y el macrismo, lo vemos a Macri intentando congraciarse con Jorge Bergoglio y juega la carta de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Nos parecía muy preocupante. Hablamos del aborto pero también de que la ley de educación sexual se aplique correctamente y los métodos anticonceptivos existan en toda su disponibilidad para que las mujeres puedan deciidir”, dijo.
Finalmente, destacó que “puede haber una confusión porque la religión oficial es la católica pero nuestro Estado es laico y por lo tanto todas las medidas que deben tomar en cuestiones de derecho y de salud deberían basarse en el principio de beneficio para la mayor parte de la población y no de lo que opine o no la iglesia o si el presidente profesa determinada religión o no”.
Foto: Rolando Andrade.
Cientos de familias beneficiarias del programa de créditos para vivienda ProCrear esperan soluciones por parte de las autoridades municipales para poder acceder a terrenos en el macizo que el anterior gobierno nacional expropió al Ejército.
Tras el anuncio de la licitación de las obras para instalar los servicios y avanzar en el loteo, mantienen su preocupación sobre los nuevos planos que propone el municipio y el “scoring” según el poder adquisitivo que se aplicaría para repartir las tierras.
“La información que tenemos desde Buenos Aires es que la licitación está avanzando lentamente, se hicieron los acuerdos con las distintas empresas y supuestamente en unos días deberían estar empezando con las obras. Previo a eso tienen que presentar unos planos en el municipio para obtener la aprobación”, dijo a FM De la Calle Franco Baier.
El beneficiario planteó que les “preocupa muchísimo que toda esta licitación se hizo en base a un plano que propone ProCrear a nivel nacional para Bahía Blanca y la administración de Héctor Gay propone un plano nuevo”.
“En enero lo que nos dijo el intendente es que las tierras del Ejército ya no iban a ser posibles, que nunca fueron posibles en realidad, que nos mintieron en la cara. Después viaja a Buenos Aires y cuando vuelve dice que ya está todo destrabado cuando en realidad jamás se había interesado en el tema, más que nada parecía que había manifestado una expresión de deseo al decir que las tierras del Ejército no iban a ser viables y al empaparse del tema, al informarse, vienen y dicen que ahora es posible”, recordó.
Agregó que “a partir de ahí proponen un plano nuevo. Lo que venimos advirtiendo desde ese momento y lo dice el propio ProCrear es que si el municipio pretende seguir avanzando con ese plano eso va a implicar que toda la licitación se vuelva para atrás y todo vuelva a empezar de cero, por lo tanto como mínimo un año más tardaría todo esto”. El plano “supuestamente superador” agregaría una veintena de lotes en las mismas tierras lindantes a la Ruta 33.
“Es muy preocupante desde cualquier punto de vista que se observe. El intendente de una manera muy irresponsable había prometido que para junio iban a estar realizándose los sorteos, ¿sobre la base de qué información? Lo desconocemos”, planteó Baier.
Como nueva preocupación sumó el anuncio municipal respecto a que “los lotes en lugar de ser sorteados van a ser asignados según una especie de orden de mérito de acuerdo al poder adquisitivo. No nos queda claro o no lo saben tampoco, no sabemos qué pensar, si ese orden de mérito se va a basar en que cuanto mayor poder adquisitivo tenga una persona más posibilidades tiene de acceder al terreno o al revés van a priorizar a la gente de menores recursos”.
“En cualquiera de las dos variantes es totalmente injusto porque no deja de ser un reparto de la miseria. Ellos dicen que hay 900 personas, nosotros creemos que hay más familias que están necesitando ese terreno de ProCrear y están diciendo repartimos la miseria para que le toque a 500 personas y el resto se tendrá que atener a las nuevas condiciones del ProCrear que son totalmente inalcanzables para la gran mayoría de nosotros”, finalizó.
Javier Quintero es uno de los trabajadores de prensa de La Nueva Provincia despedidos la semana pasada junto a fotógrafos, administrativos y gráficos tras la decisión empresarial de reducir la publicación diaria de la versión impresa a solo tres días a la semana. El sábado brindó su testimonio en el programa radial Enredados*, se mostró sorprendido por la decisión de la familia Massot y destacó que en la redacción “hay temor porque nadie sabe qué va a pasar con el diario de aquí en más”.
Ingresó a La Nueva Provincia a los 19 cuando cursaba el segundo año de Periodismo. Primero fue una pasantía “un poco extensa” de dos años, otros dos como colaborador y finalmente el ingreso efectivo. Trabajó siempre en la sección Deportes y en el área digital un tiempo: “cargada un poco de todo, hacía locales, internacionales, nacionales”.
Si bien “siempre se habla de crisis dentro del diario” y se vendía cada vez menos en papel -como sucede con muchos medios gráficos a nivel mundial-, el despido “no lo esperaba”. “El año pasado pareció estar un poco más instalado el tema de la crisis porque ofrecieron retiros voluntarios y se comenzó a hablar bastante más”. Eso fue en julio o agosto aunque en el verano “parecía que se habían calmado un poco las aguas”.
En abril varios gremios fueron cerrando sus paritarias pero desde el Sindicato de Prensa no llegaban noticias. “Conversando con colegas del diario que estaban en el sindicato uno le preguntaba qué había pasado, cuánto íbamos a cobrar, uno con todos los aumentos que hubo quería saber y notaba que estaba difícil la negociación. Todos esos eran síntomas de que la cosa no venía bien, pero la decisión de echar a 25 o 28 personas juntas -ni sé cuál fue el número final- nos tomó a todos de sorpresa, nunca el diario había tomado una decisión de este tipo, siempre si despedía era a uno o dos”.
Tras los despidos, “el sindicato lo que hizo no fue reunirnos sino poner un abogado, decirnos el jueves a la mañana hay un abogado disponible para que le hagan todas las consultas que tengan que hacerle y fue el único momento donde fuimos y nos encontramos (…) no nos juntaron nunca a explicarnos un poco qué pasaba o cómo era la situación o qué posibilidades teníamos o por qué era todo esto”.
Según Quintero, el gremio “tiene un inconveniente en cuanto al cambio de la composición de la comisión directiva hace muy poco tiempo y la gente que ingresó -no es por defenderlos ni nada por el estilo, son conocidos en su gran mayoría-, se encontraron con una bomba muy grande y tienen miedo de cortar un cablecito y que termine de estallar todo, me parece que pasa un poco por ahí. Me gustaría que hayan hecho otras cosas, les he dicho que me molestaba la composición de la lista de despedidos porque no encontraba ninguna lógica, si la encontraba tal vez la herida hubiera sido un poquito diferente”.
“El día que pasó, que fue todo muy shockeante, yo tuve la oportunidad de ir (al diario) porque tenía que buscar algunas cosas y era un lamento la redacción, era una lágrima arriba de la otra, una medida de fuerza, un aplauso, una manifestación, algo, no sé, no sé qué hubiera hecho yo estando del otro lado pero uno esperaba algo. También entiendo el lado B, que hay temor y es una cuestión lógica porque nadie sabe qué va a pasar con el diario de aquí en más”.
Resultados a la vista
En 2013, según la versión de la empresa, La Nueva Provincia hizo “un gran esfuerzo para integrar el papel a una multiplataforma que lo repotenciara, tanto unificando marca y recursos periodísticos como rediseñando formato y estética según los criterios más modernos”.
“El diario cambió de formato, cambió de sábana a tabloide, se cambió el nombre de La Nueva Provincia a LaNueva. fue una inversión muy grande, una apuesta, se lo he dicho a la gente que tomó la determinación, para mí no estuvo bien, no se tuvo en cuenta en algunas cosas a la gente que compraba el diario”, dijo el ex trabajador.
Quintero agregó que “no se hizo un estudio de mercado para decir la gente no compra el diario porque es sábana, no creo que sea por eso, porque se le incomodaba, porque no le entraba en la mesa. Hubo mucha gente que no se terminó de acostumbrar a eso”.
Concluyó que los números hablan por sí solos: “Funcionó en la parte web que por lo que sé incrementó un poco la cantidad de visitas, pero también hay una realidad que es que la parte web todavía no le encontró la vuelta, no solo LaNueva. sino en la mayoría de los casos, a la hora de la venta, a la rentabilidad de eso, vos podés tener un montón de visitas pero los comercios y las empresas no se sienten cómodos poniendo un aviso en la web”.
*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca 103.9 con la conducción y producción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.
La Lista Blanca de trabajadoras y trabajadores municipales informó que “a raíz de diferencias insalvables que se presentaron a último momento con interesados en integrar nuestra lista, se decidió no disputar las próximas elecciones” que se realizarán a principios de agosto. Solo se podrá votar por la lista oficialista que encabeza el actual secretario general Miguel Agüero.
“La lista Blanca nace como un colectivo de trabajadores municipales con el objetivo de concretar una nueva forma de hacer sindicalismo, en la que se lleven adelante prácticas participativas, cuyas propuestas han sido elaboradas y aprobadas de conjunto”, asegura el comunicado firmado por Carlos Hogg y Jorge Paz.
Allí explican que la conformación de la Junta Electoral se produjo cuatro días antes de la reforma estatutaria y esta, a su vez, tres días antes de la convocatoria a elecciones. “Esta modificación aumenta exponencialmente el número de integrantes a 119, limitando de esta manera la participación y presentación de otras listas a las próximas elecciones, quedando solo 10 días hábiles para el armado de las mismas. En esa situación se solicitó las candidaturas a los compañeros”.
“Un grupo de personas enroladas en la agrupación Tribuna Municipal, con prácticas espurias, ajenas ciento por ciento a lo que es la Lista Blanca, hace que sus miembros fundadores resuelvan la no presentación de la lista.
No obstante ello, valiéndose de tener en sus manos la documentación, decide arbitrariamente, hacer igual la presentación, no respetando la decisión tomada por mayoría. Violando el espíritu de una construcción colectiva, exponiendo a una cantidad de compañeros a una situación ni consentida ni consultada”, afirmaron.
Desde la Lista Blanca habían rechazado unirse a otras agrupaciones. “También debemos decir que si bien, la lista presentada por integrantes de Tribuna Municipal no reunía los requisitos mínimos exigibles, extraña y maliciosamente fue aceptada por la Junta Electoral, dado que es ésta misma quien publica que la lista presentada se encontraba incompleta en más de un tercio de su totalidad, es decir, que sobre 119 cargos, tenía casi cincuenta por cubrir”.
“Si bien lo hemos solicitado, hasta el momento nos ha sido negada la posibilidad de tener vistas de la documentación presentada, para conocer tanto el nombre con el cual fue inscripta la lista ya que la Junta Electoral en los dictámenes la denomina Lista Blanca, con lo cual se habría usurpado nuestro nombre (que históricamente hemos utilizado) y tampoco hemos podido ver los listados de candidaturas y avales para saber quiénes han sido incluidos, pues muchos de ellos se habían obtenido desde el trabajo y trayectoria de nuestra lista y de compañeros que confían en nosotros”, denunciaron.
Tras ratificar la decisión tomada, desde la Lista opositora criticaron a aquellas “personas cuyas prácticas terminan siendo las mismas que dicen querer combatir” y se manifestaron contra la burocracia sindical y las prácticas antidemocráticas y por un sindicato transparente, participativo e independiente, salario mínimo acorde a la canasta familiar, la eliminación del impuesto al salario y la incorporación de los aumentos al sueldo básico para no afectar al IPS, a la obra social y a los y las jubiladas.
Abuelas de Plaza de Mayo presentó a José Luis Maulín Pratto como un nuevo caso de restitución de identidad, sustraída durante el terrorismo de Estado, y exigió a la Justicia Federal de Santa Fe que le devuelva su verdadera filiación, que fue esclarecida en 2009. José Luis, desde entonces, reclama por distintos medios recuperar su verdadero apellido.
En octubre de 1976, en Reconquista, provincia de Santa Fe, una patota integrada por policías, miembros de la III Brigada Área de Reconquista y personal militar realizó un operativo en la casa de una joven pareja. A los golpes, destrozando todo, secuestraron a Rubén Maulín, un trabajador y militante político del PRT, adelante de sus dos hijos pequeños y de su esposa Luisa Pratto, embarazado de cuatro meses. En el mismo operativo se llevaron a la madre de Rubén, Ana Elena Schoesting, y otros familiares. Luisa quedó sola con sus dos hijos y su embarazo. Semanas más tarde, su hermana menor, Griselda, llegó de Buenos Aires para ayudarla pero también fue secuestrada.
La historia
Los represores se ensañaron con Luisa: fue torturada en su domicilio, frente a sus hijos, y violada en reiteradas ocasiones. Cuando fue a dar a luz a un sanatorio privado local, el 26 de marzo de 1977, Luisa fue registrada con el nombre de la apropiadora -Cecilia Góngora de Segretín-, evidenciando la premeditación del delito pero, a la vez, dejando la prueba del apellido que llevaría su hijo. El bebé fue entregado así al matrimonio conformado por José Ángel Segretín y Cecilia Góngora, vinculados familiarmente a la Fuera Aérea, y pasó a llamarse José Luis. Sus apropiadores lo inscribieron en el Registro Civil con un acta de nacimiento fraguada, firmada por la doctora Elsa Nasatsky de Martino.
Por entonces, Rubén seguía detenido pero ya como preso político. Fueron años de dolor que vivió Luisa. Después del parto y durante mucho tiempo siguió siendo visitada por la misma patota policial que había secuestrado a su marido y hermanos, que la sometía a torturas y abusos sexuales. La abuela de José Luis, Ana Elena, se ocupó de los niños y acompañó a Luisa en el reclamo por su marido y su hijo robado. Cuando Rubén Maulín recuperó su libertad, en 1982, ambos se presentaron ante la justicia para reclamar por el niño pero no obtuvieron respuesta y les dijeron que no podían hacer nada.
Las búsquedas
Durante mucho, tiempo Rubén y Luisa desconocieron el paradero de su hijo pero a fines de los ‘80 una vecina de la pareja trajo el dato del lugar donde estaba viviendo. Fue así que decidieron ir a reclamar por él, pero la falta de documentación y las amenazas de los apropiadores impidieron el encuentro. A principios de los ‘90, Gisela, la hermana mayor de José Luis escuchó que en su escuela había un niño con el apellido Segretín y se acercó a hablarle, pero el encuentro no prosperó y Cecilia Góngora amenazó a Gisela para obstaculizar la búsqueda.
José Luis en ese entonces ya sabía que no era hijo de la mujer que lo había criado, pero los relatos iban variando según las circunstancias y conveniencia. Él desde temprana edad tenía dudas de su identidad, por las diferencias físicas y porque tenía una hermana mayor adoptada. En un primer momento le dijeron que era fruto de una relación extramatrimonial de Segretín y luego se fueron sumando otras versiones, siempre inconsistentes.
En 2008, Luisa y su hermana Griselda hicieron otra declaración ante la justicia, contando nuevamente lo que habían padecido durante el terrorismo de Estado. Después de años de impunidad fue la primera vez que la justicia santafesina aceptó investigar su caso. Para ese momento, ya hacía dos años que muchas víctimas del terrorismo de Estado en la región habían comenzado a dar testimonio en la “Causa Base Aérea”. Luisa dio una nota en una radio de la ciudad y su historia llegó a conocimiento de José, quien se sintió motivado a averiguar sobre su identidad.
El encuentro
En enero de 2009, José Luis tomó coraje y llamó a Luisa para contarle que, según las descripciones que ella había dado en la radio, él podría ser su hijo. Se encontraron por primera vez en febrero, y en abril se presentó a la justicia para reclamar por su identidad. Rápidamente José Luis, Rubén Maulín y Luisa Pratto viajaron a Buenos Aires y realizaron el estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos para confirmar su vínculo: era el hijo que durante 32 años habían buscado.
José Luis dice que recuperó a su familia y su familia lo recuperó a él; desde 2009 mantiene una relación estrecha que se fortalece día tras día.
El juicio por su identidad
La semana pasada comenzó en Santa Fe el juicio por la apropiación de José Luis, en el que están imputadas la apropiadora Cecilia Góngora, y la médica que atendió el parto y firmó el certificado de nacimiento, Elsa Nasatsky de Martino. También estaba acusado el jefe de la Base de la III Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli, quien falleció en diciembre de 2014.
En 2013, Sambuelli ya había sido condenado a 21 años de prisión por los secuestros y torturas a 39 militantes, entre ellos Rubén Maulín –el papá de José Luis– y por la “violación agravada reiterada” de Griselda Pratto –la tía–, en un juicio histórico porque fue el primero en la provincia que juzgó la violencia sexual en centros clandestinos como delitos de lesa humanidad.
El propio José Luis se acercó el mes pasado hasta el Tribunal Oral de Santa Fe y dejó una carta para que el juicio se realice lo antes posible. “Soy José Luis Maulín, pero estoy obligado aún a nombrarme como José Luis Segretín”, escribió en la primera línea. Y, en una carilla, les contó a los jueces “la congoja y la desdicha de portar una identidad que no es la propia”, y ser víctima de “un delito que se cometió hace 38 años, pero que se repite cada día”, con él y con sus hijos que actualmente tienen 12 y 16 años.
El caso de José Luis no se registraba entre las denuncias de niños desaparecidos en Abuelas de Plaza de Mayo, ni tampoco en los nuevos casos que, gracias a las investigaciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), se van incorporando al Banco. Sin embargo, se trata de otro caso de sustracción, ocultación y falsificación de identidad de un bebé en el marco del terrorismo de Estado, como todos los de nuestros nietos y nietas apropiados. Gracias a su valentía y la de familia se lograron reconstruir los hechos que los genocidas intentaron borrar y tergiversar. Luego de conocer en profundidad su historia y los padecimientos de sus padres por recuperarlo, la Asociación decidió incorporar su caso al listado de nietos restituidos, como un acto de reparación y verdad histórica.
Fuente y fotos: Abuelas de Plaza de Mayo.
(Por Agostina Costantino y Francisco Cantamutto) La crisis mundial tuvo sus primeras manifestaciones en Estados Unidos en 2007, y estalló al año siguiente sumando a casi toda Europa. Su primera etapa adoptó la forma de una crisis hipotecaria, asociando el negocio inmobiliario con las finanzas. Con este diagnóstico en mente, los gobiernos de los países centrales adoptaron medidas de salvataje a la banca, por un monto cercano a los 1,6 billones de dólares, reduciendo las tasas de interés prácticamente a cero.
Pero los fundamentos de la crisis no eran financieros sino reales, por lo que este gigantesco salvataje no logró reanimar la inversión, dejando a todas las potencias en un bajo crecimiento, cercano a la recesión. Y sin embargo, el diagnóstico generalizado habla de una crisis ya superada. Nada más lejano. Los organismos financieros se ven obligados a corregir cada año sus estimaciones de expansión de la economía mundial, reduciendo sus expectativas originales.
La continuidad de las políticas de ajuste social y salvataje bancario están mostrando efectos perversos en la Unión Europea. No sólo la conocida disputa con Syriza en Grecia sino la reciente salida de Gran Bretaña reconocen su origen en este proceso. La economía estadounidense, en cambio, se ha reanimado relativamente el último año, lo que indujo a una veloz -aunque limitada- suba de sus tasas de interés de referencia. Esto ha producido un efecto de retracción mundial de los capitales hacia el país potencia, fortaleciendo el dólar frente a otras monedas. El reciente Brexit ha reforzado esta tendencia preexistente aún más.
La desaceleración de las economías centrales impactó sobre la demanda global, lo que está produciendo efectos sobre las economías dependientes y las llamadas emergentes . China, en particular, ha iniciado un giro hacia el desarrollo del mercado interno, pero continúa arrastrada atada a la demanda externa. Por ello, su crecimiento se ha ralentizado (por primera vez en 25 cae debajo del 7%), y resulta insuficiente para traccionar al resto del mundo. Ante este escenario, ha realizado pequeñas devaluaciones del yuan, que tienen gran impacto.
América Latina y el Caribe
Para nuestra región, las noticias no son auspiciosas. Los precios de las materias primas caen por tercer año consecutivo, alcanzando mínimos en décadas, lo que presiona sobre las cuentas externas y fiscales. Si bien se espera una caída del PBI regional del 0,3%, esto esconde situaciones diferentes a nivel subregional.
Los países exportadores de materias primas, y en particular, los que exportan petróleo, ubicados en general en Sudamérica, han sufrido con más fuerza el impacto de esta fase de la crisis. Estos países habían estado relativamente menos resentidos en años previos, gracias a la aún persistente demanda china y la especulación con los mercados a futuro de los commodities, situación que comenzó a agotarse hace unos tres años. Este contexto ha servido de fondo para una avanzada generalizada de sectores conservadores y liberales, en algunos casos logrando ganar por el voto (como Argentina) y en otros mediante artilugios palaciegos (como Brasil), reforzando la agenda norteamericana para la región, que incluye un giro de integración hacia las iniciativas del TTP.
El caso de Brasil es particularmente ejemplificador. Las políticas de ajuste iniciadas por Dilma no fueron suficientes ni para reactivar la economía ni para desactivar el impeachment. La devaluación del real no ha logrado impulsar las exportaciones, en un marco de demanda interna desplomada. La recesión del gigante del Sur afecta (su PBI cae un 3%) en especial a Argentina, que destina casi toda sus exportaciones industriales a ese país. Tanto de manera directa como mediante el efecto multiplicador de Argentina, por la vía del comercio y la de la inversión, la crisis de Brasil golpea a Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Venezuela es otra economía muy afectada, pues su bienestar reposa casi por completo en la renta petrolera (su PBI cae casi un 6%). Su crisis también impacta sobre otros países centroamericanos (Nicaragua y El Salvador) y del Caribe (Granada, Haití y Jamaica), con los que tiene múltiples acuerdos bilaterales de cooperación, en particular en el sector de hidrocarburos. Afectados por esta falta de fondos y la disminución de las exportaciones de materias primas, varios países de esta subregión se ven en problemas (Belice, Guyana, Suriname, y Trinidad y Tobago).
Sin embargo, no toda la subregión se ve influida por estas mismas fuerzas externas. Muchas de estas economías son importadoras netas de energía, por lo que la caída de los precios internacionales en realidad las beneficia. Además, la lenta recuperación de la economía estadounidense impulsa la demanda de exportaciones de México, y parte de Centroamérica y el Caribe, especializados en maquila para aquel mercado. En aquellos donde el peso del turismo internacional es elevado (como Barbados, Granada, Saint Kitts y Nevis y Santa Lucía) la situación es de hecho promisoria. La mayoría de estos países dependerá de que la moneda china -que compite por el mercado estadounidense con una canasta de bienes semejante- no sufra nuevas devaluaciones que les quiten competitividad.
Así pues, la nueva fase de la crisis mundial está generando nuevos efectos sobre la región, renovando la dependencia generalizada y la falta de autonomía para dirigir un proceso de desarrollo. El giro regional hacia economías más abiertas, integradas bajo la égida del capital norteamericano, no parece sino reforzar esta dependencia.
La Coordinadora contra los Tarifazos convoca a una reunión esta tarde a las 18 en Rodríguez 78 para organizar las manifestaciones públicas que se realizarán los días 9 y 12 de julio tal como se consensuó en encuentros anteriores. Será para repudiar los despidos y los aumentos en los costos de los servicios públicos.
“Venimos trabajando con unos gastos que ya estaban previstos y planificando de acuerdo a eso y de pronto nos encontramos con que en menos de un mes viene un tarifazo que pone en riesgo la continuidad laboral nuestra y de muchas otras empresas a lo largo de todo el país”, dijo a FM De la Calle Orlando Acosta, trabajador del Frigorífico INCOB.
El cooperativista recordó que “participamos de la reunión por el tarifazo en Buenos Aires, vimos que fue productivo, que tuvo convocatoria, la gente respondió ante esta necesidad de hacer frente a esta situación que no solamente complica a las empresas sino también a cada hogar que tenemos el consumo de estos impuestos”.
“Ahora acá en Bahía nos reunimos, hicimos una convocatoria en conjunto con varias organizaciones para también poder demostrar que nos está perjudicando y que tienen que dar marcha atrás con esta decisión porque no se pensó realmente en las consecuencias que hay hoy y cómo precariza la situación laboral nuestra y de todas las empresas”, agregó.
La flamante Coordinadora ya realizó dos reuniones de las que participaron miembros de clubes de barrio, cooperativas, centros culturales, pymes, centros de jubilados y personas independientes afectadas por las subas implementadas por el gobierno y las empresas. “Estaría bueno que se puedan acercar y que juntos peleemos para dar marcha atrás con esto”, dijo Acosta.
(Por Defensoría del Público) Una de las radios pioneras del movimiento de emisoras comunitarias del país recibió a la Defensoría del Público para realizar de un taller sobre producción integral radiofónica.
La capacitación junto a FM de la Calle se realizó en la Universidad del Sur y en el Centro Cultural La Panadería, sede actual de la radio. Participaron referentes de distintos medios locales, estudiantes terciarios e integrantes de Radio Cooperativa Indie Rock de la localidad de Tres Arroyos. Con la coordinación de Mariano Randazzo, de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público, el taller abordó distintos aspectos de la producción integral radiofónica.
En un primer momento se focalizó en el diseño de contenidos radiales, los objetivos y estrategias comunicacionales, los roles dentro del equipo y la definición identitaria y estética del proyecto. Luego se trabajó sobre los formatos de la producción radial, se dialogó sobre las características de cada formato y se escucharon ejemplos de entrevista, comentario, crónica, editorial, columna de opinión, informe, documental, historia de vida y clip.
Durante el taller las audiencias estuvieron presentes. La cooperativa que gestiona FM De la Calle realiza, desde hace algunas semanas, una encuesta para que quienes escuchan la radio puedan opinar sobre el proyecto comunicacional. Una reflexión compartida sobre el sentido comunitario del proyecto.
FM De la Calle emite en el 87.9 del dial desde agosto de 1989 y nació con un objetivo claro: ser una alternativa al monopolio mediático de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Además, en su amplia trayectoria en el campo de la comunicación comunitaria, participaron activamente del debate en torno a la necesidad de una nueva ley de radiodifusión para la democracia, luego en la Coalición por una Comunicación Democrática y, más tarde, en la calle bregando por la sanción, vigencia y plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
(Por Mauro Llaneza) La historiadora Valentina Riganti investigó las políticas públicas relacionadas a la explotación sexual y la implementación de tratados internacionales en Bahía Blanca durante la década del 90, cuando el país era gobernado por el menemismo y la ciudad por el linarismo. El Estado municipal, la justicia, la policía y los proxenetas aparecen como actores de una realidad en la cual “la situación de las mujeres que son explotadas sexualmente no se vio modificada”.
Si bien todavía existen dudas o complicidades en el Poder Judicial al aplicar la Ley 26.364 aprobada en 2008 –basta mirar las noticias de esta semana para comprobarlo-, dos décadas atrás la trata de mujeres con fines de explotación sexual se escondía en causas por facilitación de la prostitución o contravenciones.
Riganti plantea que la noción de “facilitación” descarga de responsabilidades al proxeneta y al Estado, el cual actúa como legitimador de una actividad prohibida, condenando la facilitación del hecho y no la explotación sexual. Desde este punto de vista, si una mujer se prostituye y el hombre sólo “facilita” la actividad, la acción ilegal queda ligada a la mujer-prostituta, descartándose la existencia de la coerción como posibilitadora de la explotación y, en ese sentido, marca una continuidad entre esta denominación y el “consentimiento” de la Ley de Trata eliminado en 2012.
En su visita a FM De la Calle la historiadora identificó continuidades y cambios: “Los mecanismos de cooptación, las formas de mantenimiento de las mujeres dentro del sistema prostituyente son siempre más o menos las mismas. Después hay rupturas que tienen que ver con las leyes, la federalización del delito de trata fue un cambio efectivamente aunque tiene muchos límites relacionados más que nada con lo presupuestario”.
Hoy como ayer se repiten factores que abonan la explotación sexual de mujeres y niñas: las dificultades sociales y económicas, los altos niveles de desempleo y pobreza -y en particular la feminización de esta última- y la ubicación geográfica de la ciudad como nodo de comunicaciones y articulación con el sur. “En un caso del ’92 la amenaza constante a las mujeres era ‘las vamos a llevar a Comodoro Rivadavia’, siempre está esa idea de ‘te llevo al sur y ahí ya no te encuentran más'”.
“Bahía Blanca en relación a la economía internacional siempre se planteó en el imaginario, en las representaciones, como una ciudad abierta al mundo, la ciudad puerto, la idea del corredor con el pacífico. Todo este incremento de circulación no solamente de personas sino de recursos sobre todo marca un ambiente favorable para el surgimiento de estas situaciones de clandestinidad”, explicó.
Riganti aclaró que al referirse a la “movilidad de personas e inmigración lo primero que se tiende a pensar es que hay que cerrar todas las fronteras, pero justamente uno de los causantes de esta situación de clandestinidad en que se encuentran las mujeres es la existencia de políticas migratorias muy rígidas. Está demostrado que mientras más flexibles sean, aunque no se levanten los controles pero que las personas tengan posibilidad de tener la ciudadanía, permite que las mujeres salgan más rápidamente de la situación de clandestinidad”.
En cuanto a las políticas nacionales de la década del 90, la investigadora menciona la tarea de las “manzaneras”. “Tenía que ver con entrar a las bases de los barrios, bien comunitario, eran punteras políticas la mayoría -sobre todo las que eran cabeza de la organización- y estaban vinculadas con el partido gobernante del momento. Eso hace que el PJ no pueda decir no estaba enterado de que esto estaba sucediendo. En algunas entrevistas aparece esto de que nosotras sabíamos que había mujeres que estaban en situación de prostitución pero hacíamos lo que podíamos. El problema principal en Bahía Blanca es el desempleo, no la prostitución. Esto siempre nos pasa a las mujeres, lo nuestro es un accesorio que si se puede se cubre y si no no”.
La intendencia de Jaime Linares estableció la libreta sanitaria para las mujeres prostituidas. “El problema fundamental es que muchos proxenetas tenían contactos con médicos y esas libretas aparecían firmadas a pesar de que las mujeres eran adictas, no usaban preservativo, estaban golpeadas todo el tiempo porque la clandestinidad y la explotación sexual hacen que se desarrollen relaciones muy violentas de parte de los proxenetas hacia las mujeres”. Para Riganti, el Estado legitimaba al proxeneta-explotador como “el intermediario que lleva a la mujer al hospital”.
La falta de atención integral de la problemática por parte de la comuna habilitó la intervención de organizaciones de la sociedad civil. Por entonces, Nido era la única que abordaba la violencia de género y por eso fue convocada en el marco del Plan Estratégico junto a Caritas, grupos scouts y otras instituciones de extracción religiosa. La entrevistada destacó que “es importante pensar desde dónde se está generando la política pública, a pesar de que discursivamente se habla de un enfoque de género, en realidad se está hablando desde el punto de vista moral, no es lo mismo a Iglesia Católica que agrupaciones feministas”.
En uno de sus estudios, Riganti concluyó que en Bahía Blanca, “los temas ‘de género’ fueron abordados sin analizar las relaciones de poder que actuaron en el marco de una sociedad patriarcal y capitalista, la cual estaba viviendo una profunda crisis económica y social. Esto respondió a planteos que concebían el lugar de ‘la mujer’ como separado de otros aspectos: así, se compartimentaron las instancias que atravesaban la realidad femenina, contrariamente a lo postulado en los tratados que planteaban la importancia de un enfoque ‘transversal’ de la cuestión de género”.
“El orden de prioridades implícito en la configuración de las políticas municipales -que ubicaron a las mujeres en su dimensión doméstica y maternal como ‘pilar de la familia’ y ‘variable de ajuste’- pudo verse en la distribución de fondos, al mismo tiempo que algunas de las implementadas no estuvieron controladas por el gobierno local y que las instancias ‘cívico-religiosas’ aumentaron su importancia. (…) La insistencia en la cuestión de la explotación sexual de mujeres en los tratados marca que había conocimiento y preocupación por el tema, pero no respuestas por parte de los gobiernos de todos los niveles”.
Cierre de cabarets
Al ser consultada sobre la ordenanza que prohibió el funcionamiento de cabarets y otros locales similares en el partido de Bahía Blanca, Riganti advirtió que “nunca terminó de despegar” el observatorio que debe evaluar su implementación y que la iniciativa “tiene un límite particular que es que lleva a las mujeres a una situación de clandestinidad, en ese sentido favorece la explotación”.
“El otro problema que tiene es que si habilitamos los cabarets es como caer en esta idea de que los proxenetas nos van a ayudar a llevar adelante las cuestiones sanitarias y van a colaborar con nosotros. Eso tampoco está bien, hay muchos límites ahí. Estás hablando directamente de la explotación sexual de mujeres y, por otro lado, las estás llevando a una situación de clandestinidad.
“La forma de manejar eso no es generar un cambio sobre las mujeres o sobre la prostitución sino sobre los prostituyentes. ¿Quiénes son los que están consumiendo esos cuerpos? Esas mujeres están ahí, siendo ofrecidas porque hay alguien que está pagando. ¿Los proxenetas de dónde sacan la plata que después le dan a la policía o a los políticos? Sale de los varones de la sociedad civil. Ahí está el cambio que hay que hacer”, afirmó.
(Por Francisco J. Cantamutto) La organización de la bronca es un proceso paulatino, pero firme, de los primeros meses de Macri.
Nuevamente, se reunió el lunes la Multisectorial de CABA en el hotel recuperado BAUEN. Y otra vez se hicieron presentes cooperativas de trabajo, sindicatos, empresas recuperadas, asociaciones de jubilados, clubes de barrio, asociaciones de consumidores, empresarios PyME, centros culturales, vecinos de diferentes comunas. ¿El factor aglutinante? Expresarse contra el tarifazo y el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos.
El espacio continúa funcionando como un nodo de coordinación de múltiples iniciativas, como los bocinazos de las comunas 3, 7 y 12 o la radio abierta y pegatina de boletas de la comuna 4. La presentación de amparos y cautelares colectivas contra el tarifazo, el aviso y solidaridad entre cooperativas que resisten los cortes y desalojos. Esta semana se tomó nota del frazadazo convocado por CTA-A para el miércoles a las 18 en el obelisco, y de la convocatoria a movilizarse el jueves a las 12 frente a la nueva sede de la jefatura de gobierno, en Parque Patricios, convocado por ATE Capital.
Las propuestas de acciones para expresar el rechazo al modelo económico y político son muchas, y la Multisectorial se debate entre diversas formas de unificar los reclamos pero también fomentar intervenciones simultáneas y dispersas, con consignas comunes. Esto parte de una caracterización del gobierno de Cambiemos, como un proyecto político antipopular, pero con capacidad de gobierno. La fortaleza que mostró ante las gigantescas movilizaciones del 1 de mayo y del 12 de mayo (universidades), frente a las cuales no se doblegó, y mantuvo sus políticas de ajuste. Los funcionarios de Cambiemos han mostrado una excelente disposición para lo que llaman “dialogar”, que significa dilatar indefinidamente en el tiempo una negociación, a la espera de la desmovilización. Es el esquema que han adoptado en los Ministerios de Trabajo y de Energía para evitar dar solución a los efectos de las políticas en marcha.
Apenas estos días, mientras se posponen una y otra las reuniones, los desalojos y los cortes avanzan, estando bajo amenaza las cooperativas Chilavert y Cueroflex, tras el violento episodio de otra recuperada, RB, la semana pasada. Asimismo, la noticia llegó desde Rosario, cuya Multisectorial fue reprimida el 20 de junio, hechos que tomaron estado público merced de la cobertura mediática. El presidente optó por adoctrinar niños/as con consignas partidarias y reprimir cualquier expresión de desacuerdo, apenas con metros de diferencia. El gobierno llama el diálogo, dilata y reprime, todo con un fuerte cerco mediático.
Por eso se vuelve muy necesario actuar en la opinión pública, entre vecinos/as, en el territorio.
Con esta preocupación en mente, se ha planeado ya la posibilidad de coordinar un festejo del 9 de julio alternativo, por una segunda independencia. Asimismo, está firme la propuesta de coordinar hacia una Marcha Federal el 17 de agosto, partiendo de diferentes puntos del país. Para construir solidaridad y coordinación, se está creando ya una red federal de Multisectoriales, que hoy se multiplican por todo el país.
Una cuestión es clara: la bronca y el descontento están presentes. De lo que se trata es de organizarlos.
Foto: FACTA.
“Es una discusión que se ha planteado muchas veces que algunos delitos sexuales, que tienen que ver con prostitución, se entiende que los debe juzgar la justicia provincial y cuando estos delitos están estructurados de una forma organizativa y además implican explotación de las personas -casi servidumbre en términos modernos- el delito sexual pasa a ser un delito contra la libertad, entonces es trata de personas y sí debe intervenir la justicia federal”, explicó el fiscal Alejandro Cantaro en relación a la declaración de incompetencia de la jueza Mirta Filipuzzi en una causa contra cuatro proxenetas.
La subrogante del Juzgado Federal Nº1 envió a la justicia ordinaria la investigación sobre el vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral. La Fiscalía había pedido sus procesamientos con prisión preventiva por trata de personas con fines de explotación sexual.
Cantaro dijo a FM De la Calle que “la jueza entendió que no, que no estaba probada la explotación sino que había casi como una decisión individual, libre, de cada una de las mujeres víctimas y que, por tanto, en todo caso lo único que podría quedar como delito -ni siquiera dice que quede- pero que si hay algo que investigar es esto de facilitar el ejercicio de la prostitución libre e independiente de las mujeres y eso lo debe investigar la justicia provincial”.
Para Filipuzzi la única relación entre las mujeres rescatadas en abril y los imputados “sería de facilitación, les permiten, les dan el lugar donde las mujeres libremente y en forma autónoma hacen sus contactos y después hacen los pases”, no cree “que haya una organización que se aproveche de una situación de vulnerabilidad de las mujeres y las explote de modo tal que se trate de un delito de trata de personas”.
El fiscal afirmó que está probado que “las mujeres que hacían el contacto pasaban detrás de la barra y distribuían dinero con estas personas. Claro, cuando en estos lugares era el ejercicio del comercio prostibulario era más fácil, después cuando toda la justicia empieza a investigar esto las organizaciones se empiezan a extender, ya no hay habitaciones, los pases se hacen fuera, por eso exige mucho más”.
“Hace tiempo (existe) este problema entre cuál de estos dos delitos se dá y quién tiene que investigar. Ahora empieza a tener algunas cuestiones que está bueno que la gente sepa si no pareciera ‘bueno que investigue un juez u otro’. Pero no, resulta que si el juez de provincia al que la jueza federal le manda la causa tiene una opinión contraria, dice que es trata de personas y no acepta el expediente, quien debe resolver cuál de los dos jueces se hace cargo es la Corte Suprema, esto implica una demora increíble”, dijo Cantaro.
La misma Corte resolvió que ante la duda la investigación continúe en manos de la justicia federal. “Tengo la sensación que nosotros continuamos la sumersión de las mujeres que en muchas oportunidades, cuando son entrevistadas por las peritos que manda el Ministerio de Justicia, de rescate de trata de personas, dicen estar involucradas en el círculo prostibulario, algunas, desde que son menores”.
Integrantes de la Feria del Lago plantearon en el Concejo Deliberante una serie de mejoras que necesitan que la Municipalidad concrete en el espacio que utilizan cada domingo en el Parque de Mayo. Alrededor de 50 familias viven de la comercialización de sus productos artesanales, textiles, alimenticios, de cosmética natural, huerta y jardinería, entre otros rubros.
“Crié seis hijos con mi palo de amasar”, dijo Liliana Aberasty: “Venimos a defender nuestro puesto laboral, nuestra entrada de comida a nuestras casas, necesitamos que alguien escuche, que se haga cargo (…) nosotros existimos, somos el pueblo y como pueblo venimos a pedir que nuestro lugar sea cuidado, respetado, ordenado”.
Angélica Motta explicó a FM De la Calle que en 2005 elaboraron una ordenanza “que contemplara la realidad que vivíamos como emprendedores, microemprendedores, productores, y nuestra trayectoria se aboca a cumplirla, es como nuestro reglamento, nos sirve de pauta de organización. Pero la parte del municipio contempla que una persona puesta por el Estado sea un interlocutor, que si hay un problema con la luz pueda llamar a la parte de Alumbrado, si es con un árbol a Parques, que no sea la gente de Caritas la que hace ese trabajo de reclamar permanentemente en distintos sectores por arreglos cotidianos”.
Una de las demandas está vinculada al estado de los baños públicos cuyo sistema de desagüe termina en un pozo ciego y hace varias semanas que está desbordado debido a la ausencia de mantenimiento, “lo cual implica tener un importante foco infeccioso a cielo abierto, a escasos metros de los juegos donde decenas de niños y niñas se entretienen cada fin de semana con su consiguiente riesgo sanitario”.
El tablero que da energía a los puestos no funciona a pesar de las gestiones y la cobertura de gastos de reparación que corresponden a la comuna realizadas por Caritas. La falta de luz reduce el horario de la feria y los ingresos de sus integrantes. La necesidad de nivelación del suelo aumenta a la par de las dificultades de las personas que caminan delante de los puestos y del drenaje de los mismos luego de las lluvias.
También solicitaron colocar techos fijos y evaluar alternativas para cerrar el perímetro de cada puesto a los efectos de mejorar las condiciones laborales de los y las feriantes. “Comprendemos claramente que dicho espacio público se encuentra al aire libre (y además valoramos que así sea), pero también creemos que es nuestro derecho mejorar aquellas condiciones, que puedan hacer de nuestro trabajo, un lugar digno de ser habitado”.
El Instituto Cultural descartó financiar la participación de artistas locales que estimulaban la circulación de público. Angélica recordó que “hasta el año pasado teníamos la colaboración de armar un espectáculo mensual, había audio, tenemos el escenario propio de la feria, pero también ahí se cortó el diálogo, no podemos acceder. Lo que queremos es un convenio marco en el cual uno pueda planificar a futuro todas las actividades, si no estamos de cartita en cartita y no se consigue así, nosotros tenemos otra forma de trabajar, una planificación anual, poder prever los espectáculos, los talleres”.
Mónica Villagrán se mostró “orgullosa de ser una mamá soltera” que crió a sus hijos haciendo lo que sabe hacer: “Para poder cocinar para ir al parque comienzo el sábado a las seis de la mañana, termino a las tres y media de la mañana, el domingo con tres horas de sueño voy, atiendo mi clientela, pero le agradezco a dios porque esta feria me dio el sueldo que necesité para educar a mis hijos, para hoy ver a dos de ellos recibidos y lo hice con mis tortas”.
“Sentimos como una cachetada cuando no se nos permite estar en los eventos de la plaza o los grandes que se han hecho últimamente. Cuando se hizo el encuentro con Palavecino (AcercArte) y los que vinieron, nuestros propios clientes nos dijeron levantamos firmas para que ustedes estén trabajando”, contó.
Meses atrás, representantes de la Feria y de otras organizaciones del Corredor Productivo y Cultural de la Economía Social y Solidaria bahiense se reunieron con el secretario de Políticas Sociales, Fabio Pierdominici, aunque “no logramos entendernos con lo operativo. Estamos bastante frenados, ya pasaron varios meses del nuevo gobierno y por eso fuimos a contarles a los nuevos concejales quiénes éramos, qué hacemos y la importancia del autoempleo”.
El edil Pablo Roselfeld (FpV) aseguró a FM De la Calle que propuso “una especie de comisión que la integren algunos concejales y los que componen la feria para tratar de requerirle al Ejecutivo que realice las tareas. Esto es una temática que venimos haciendo en distintos barrios y surge buen efecto”. Destacó el compromiso del Fernando Compagnoli (Cambiemos) para atender las demandas que “no exigen demasiado, ni siquiera presupuesto, y se pueden hacer con inmediatez”. Además, se sumó a la sugerencia de Integración Ciudadana para reactivar el Consejo Local Económico y Social.
(Coalición por una radiodifusión democrática) Aprobada por unanimidad en el Encuentro Federal “Medios, comunicación y tecnología para la inclusión económica y cultural”, en Santa Rosa, 25 de junio de 2016.
Desde la ciudad donde el federalismo comunicacional proclamó dos gritos históricos; contra la exclusión de la ley de la dictadura (2003) y por el derecho cooperativo a la implementación de la Ley 26.522 (2009), la Coalición por una Comunicación Democrática, lanza una nueva convocatoria por el pluralismo y la democratización de la comunicación como bien social y como derecho humano en tiempos en que el desarrollo de operadores convergentes puede constituir una amenaza al bien común si se privilegian los intereses corporativos sectoriales.
La Coalicion, conformada por múltiples actores: sindicatos y centrales obreras, radios y televisoras populares, comunitarias y escolares, universidades nacionales y provinciales, periodistas, cooperativistas, pequeñas y medianas empresas de comunicación, productoras, comunicadores y comunicadoras, centros comunitarios, revistas y medios gráficos y digitales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales, reitera sus principios en defensa de la pluralidad de voces, la libertad de expresión y la pluriculturalidad de expresiones. Entendemos que sin derecho a la comunicación no hay democracia plena. Esto requiere hoy también el acceso universal a internet en su múltiple sentido; geográfico, social, comunitario y humano.
Actualizamos de esta manera, un compromiso por valores y principios, y nos encaminamos a un programa de acción para la inclusión económica y social en materia audiovisual y de telecomunicaciones, tal como se aprobó en el Congreso Nacional del 3 de marzo de 2016, que lanzó los nuevos 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación.
Este Encuentro Federal se realiza en coincidencia con el día 179 de vigencia del Decreto 267/15 que esta Coalición denunció por agravios a la libertad de expresión en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA el pasado 8 de abril.
De allí surgió un compromiso público de parte de las nuevas autoridades nacionales de convocar a diversos actores a participar en el proceso de redacción de un anteproyecto denominado como “Ley de las Convergencias” frente a lo cual la Coalición reafirma su histórica metodología abierta para la formulación de políticas. En este sentido, valoramos la presencia de orgnizaciones miembros de la Coalición en instancias de debate y reclamamos que estas consultas incluyan foros federales abiertos y paricipativos que permitan acordar conceptos que actualicen las políticas de comunicación con las voces de todos los sectores, al servicio de la creatividad, la producción, la distribución de contenidos y el trabajo nacional.
Denunciamos la ausencia deliberada de representación federal, popular y sectorial en el seguimiento y aplicación de las políticas, a partir de las modificaciones realizadas por el gobierno nacional y que contemplaban los Consejos Federales creados por las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital.
Expresamos nuestra pública preocupación por la contratación altamente onerosa de consultoras internacionales para asesorar al gobierno en la elaboración del futuro marco regulatorio, lo cual se contrapone con los principios a favor de un debate público, abierto y de cara a la sociedad, en el que se puedan expresar los intereses de cada sector.
Al respecto exigimos plena claridad sobre el punto de partida gubernamental para un borrador de ley que respete la Constitución y los Tratados Internacionales, la transparencia en las gestiones que impliquen elaboración de proyectos y la apertura de audiencias públicas (como lo establece la Ley 26.522 vigente), de foros consultivos y de otras vías de participación, que, de todas maneras, la Coalición sigue implementando en forma permanente en todo el país. En este punto, sostenemos con firmeza el principio de no regresividad en los derechos ciudadanos, como también lo ha subrayado públicamente la CIDH en relación con el caso argentino.
Hacemos nuestras las expresiones de sectores diversos del campo audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación que vienen señalando la urgencia de políticas activas para la defensa y promoción del espacio audiovisual nacional, tal como se manifestó en el reciente Congreso Multisectorial por la Ficción y la Producción Nacional Audiovisual. Allíi se abordó la necesidad de políticas claras de fomento y promoción fiscal a las industrias creativas y culturales, se denunció la injustificada parálisis gubernamental en la conformación de jurados, en la ejecución de fondos afectados, y la falta de pago de compromisos surgidos de la aplicación de políticas de Estado, como los Fondos Concursables para el Cine y la TV, o el FOMECA. En esa línea también el reconocimiento y defensa de todos los derechos autorales reconocidos en la ley 11.723 de Propiedad Intelectual en todas las plataformas en que se de a la difusión publica de obras musicales, argumentales y literarias, destacando la aplicación del principio de progresividad y no retroceso en los derechos adquiridos ante el anuncio de eventuales modificaciones.
Hacemos nuestra también la denuncia de los trabajadores de prensa de todas las centrales sindicales acerca de la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo en el sector durante el primer semestre de 2016, acompañamos este reclamo y manifestamos el consecuente resentimiento que estos hechos implican sobre la libertad de expresión. Resulta central desde esta perspectiva la plena aplicación de los postulados de la ley 26.522 respecto de las cuotas de producción nacional, local, independiente y propia, con espacios informativos obligatorios, incluyendo a la televisión paga como actor fundamental de los servicios audiovisuales.
Respecto del acceso gratuito y el potencial democratizador de la televisión abierta, respaldamos la continuidad de la Televisión Digital Abierta como política pública de inclusión, tanto desde la infraestructura y la gestión de frecuencias, como en la transición digital y la disponibilidad de señales en todo el país y bajo las distintas formas de gestión previstas en la legislación de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La reserva del 33 por ciento del espectro establecida por la Ley 26.522 para las organizaciones sin fines de lucro debe traducirse en una concreta existencia de estas emisoras, para lo cual reclamamos que el Estado garantice las condiciones para su efectiva concreción. En el mismo sentido exigimos el cumpimiento de las previsiones respecto de las PyMEs del campo audiovisual y de las TICs.
Destacamos el rol del cooperativismo como un actor con peso y con capacidades para crecer en la prestación de servicios de comunicación, así como a las pequeñas y medianas empresas de arraigo local, las comunitarias, los pueblos originarios, las universidades, las escuelas técnicas, de frontera, los sindicatos, las organizaciones sociales. Por ello, deben ser restablecidas y reconocidas, las regulaciones asimétricas que protejan a estos actores de la competencia despiadada y desigual ante los oligopolios concentrados. En particular ratificamos la plena legitimidad y necesidad de que las cooperativas de servicio público sean actores centrales en la prestación de telefonía móvil y de servicios de banda ancha con sentido social y federal. La constitución de empresas de la economía social no debe permanecer centralizada en la Capital Federal, lo que atenta contra principios constitucionales y debe desconcentrarse como factor de promoción del federalismo económico y comunicacional.
La sostenibilidad del nuevo sistema de medios argentino debe contemplar los cambios de las formas de financiamiento y asignación de recursos en cada soporte y actividad. Esto implica, además de la ejecución de políticas de fomento y promoción audiovisuales, una regulación de la publicidad oficial en todas las jurisdicciones (nacional, provincial, municipal), y la regulación y tributación de las plataformas digitales de distribución audiovisual de pago de creciente consumo por parte de las audiencias de nuestro país.
Cualquier nueva regulación deberá considerar los derechos de las audiencias como ciudadanos y no como simples consumidores. En este sentido, debe estar garantizada la plena accesibilidad para las personas con discapacidad en todas las plataformas, la diversidad, la producción local de contenidos y la comunicación con perspectiva de género. Para ello resulta indispensable la continuidad de la tarea que viene desempeñando la Defensoría del Público de SCA, solicitando la apertura de delegaciones en todo el país con un sentido federal e inclusivo.
Si la libertad de expresión está en peligro, todas las libertades lo están.
Vaya entonces desde Santa Rosa, La Pampa, este tercer grito por una comunicación democrática, en todas las plataformas, al servicio del pueblo argentino.
