Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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El Concejo Deliberante aprobó las emergencias en el servicio de transporte público de pasajeros, la económica y alimentaria. También se fijaron nuevos criterios para la inhumación para personas fallecidas por causa comprobada o probable de COVID-19.
“La emergencia de transporte que proponía Gay era cualquier cosa, planteaba resolver cuestiones posteriores a la emergencia. Querían prorrogar las concesiones de líneas de colectivos por dos años más. Por suerte primó un mínimo de sensatez, fue un lance que se tiraron a ver si pasaba”, dijo a FM De la Calle el concejal Gustavo Mandará.
La emergencia será por 90 días -a diferencia de los 180 planteados en el proyecto original- con la posibilidad de prorrogarla 30 días. Se otorgó, además, permiso a los transportes escolares para realizar de manera excepcional y durante el tiempo que dure la emergencia, el traslado de personas y/o transporte de bienes y servicios.
Respecto a la Emergencia Alimentaria, el edil del Frente de Todos señaló que “es una herramienta que le estamos dando al intendente para resolver un problema que tenía, porque si no hay organizaciones sociales, ONG`s, parroquias dando una mano, no se podía resolver. El Municipio no sabía qué hacer. Pusieron un mail, si tiene hambre mande un mail”.
Por último, en relación a los cambios respecto a la inhumación de personas fallecidas por Covid 19, Mandará comentó que “se recomienda la cremación de cuerpos. Para el caso que no se pueda cremar, sea por una cuestión de religión, de objeción de conciencia o una cuestión operativa, se permite la inhumación en tierra con algunas condiciones. Lo que no se permite es que sean inhumados en nichos, panteones o bóvedas. No puede haber velatorios, tiene que ser algo escueto y rápido”.
(Por Astor Vitali) Ayer, sin mayores repercusiones, tuvo lugar una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, en la que hubo la posibilidad de tratar políticamente la situación de los y las trabajadores de la cultura de nuestro partido. El oficialismo decidió no tratar el tema. La total desprotección hacia este sector actúa en correspondencia con lo que la funcionaria del Instituto Cultural, Morena Rosselló, viene haciendo en materia de políticas públicas: nada.
De la sesión trascendió con mayor repercusión la declaración de Emergencia Alimentaria aprobada por unanimidad, lo cual constituye una acción sin versión contrafáctica posible: la emergencia es un hecho evidente y, por ende, existe tanto se vote o no. Las emergencias permiten que los mecanismos económicos previstos para la aplicación de presupuestos se flexibilicen y, de esta forma, el poder ejecutivo municipal arbitre los medios para asignar recursos con mayor celeridad y menor burocracia hacia la materia de la emergencia; en este caso, la alimentaria.
En cambio, el proyecto de resolución solicitando “al Departamento Ejecutivo la continuidad del programa ENVION y renovación de contratos, talleristas y becarios” presentado por el Frente de Todos, no tuvo la mismo suerte. ¿Por qué? Porque los y las concejales del oficialismo, dirigidos por el intendente Héctor Gay, no dieron los votos para su tratamiento.
Durante la sesión no hubo debate, por lo que debemos remitirnos a los proyectos en sí mismos para reproducir de qué iba la propuesta.
En este sentido, el no tratamiento del proyecto sí da un lugar a un ejercicio contrafáctivo. ¿Qué hubiera pasado de haber sido aprobado? Al menos se hubiera garantizado el tratamiento serio, dentro de un marco normativo, de la angustiante situación que atraviesan cientos de trabajadores de la cultura y, asimismo, hubieran sido apuntalados los derechos culturales de la comunidad.
El proyecto solicitaba “al Departamento Ejecutivo que garantice la continuidad del programa ENVION, de los talleres dependientes del Instituto Cultural y de la Dirección de Inclusión y Discapacidad adecuando los objetivos, las modalidades y las tareas realizadas de las y los trabajadores talleristas al contexto de la crisis generado por la pandemia del Coronavirus – COVID 19”. Juntos por el Cambio no permitió su tratamiento.
A su vez, requería “la renovación automática de todos los contratos, talleristas, PRENOM y becarios municipales. De la misma forma garantizar la continuidad laboral de las y los miembros de la Orquesta Escuela Municipal Infantil y Juvenil Barrio Miramar y de la Comedia Municipal de Bahía Blanca”. Juntos por el Cambio no permitió su tratamiento.
Por otra parte, el proyecto también instaba “al Departamento Ejecutivo a la elaboración urgente de un programa de apoyo y acompañamiento económico dirigido a los trabajadores y trabajadoras de la Cultura en el marco de la pandemia del Coronavirus – COVID 19 y se evalúe la factibilidad de la puesta en práctica de un ´Plan de Contingencia Psicológica en Contexto de Emergencia´ para la creación de contenidos artísticos”. Juntos por el Cambio no permitió su tratamiento.
Por último, el proyecto solicitaba al “Departamento Ejecutivo que arbitre todas las medidas necesarias a fin de garantizar el cobro en tiempo y forma de todos los contratos, becas y programas referidos en el artículo 2° de la presente resolución”. Juntos por el Cambio no permitió su tratamiento.
Continuando con el ejercicio contrafáctico, en otra dimensión donde el gobierno manifestara interés por la dignidad humana de la ciudadanía en su conjunto y donde los y las ediles que ejercen el oficialismo de ese gobierno gozaran de alguna instrucción cívica, quienes se dedican a reparar lo que destruyen la clase que representa Héctor Gay, habrían sentido que contemplados sus derechos básicos. En otra dimensión donde este proyecto hubiera sido aprobado: la ciudadanía de Bahía Blanca habría contado con un plan de contingencia sicológica (contenidos gratuitos elaborados por artistas de su localidad, diseñados en conjunto con la Secretaría de Salud en contexto de aislamiento); cientos de trabajadores precarizados hubieran podido alimentarse, comprar materiales de higiene, evitado la profunda amargura, estrés y situaciones traumáticas por las que pasan; miles de niños y de niñas hubieran accedido a contenidos originales, abonando al cumplimiento del aislamiento con incentivos de salud mental; miles de adultos mayores se habrían sentido acompañados por su comunidad a través de contenidos creados para su acompañamiento; los y las talleristas se habrían encontrado en una tierra en la que sus derechos laborales no sólo existen sino que además son respetados por los funcionarios de gobierno que velarían por el cumplimento de las normas legales (comenzando por la constitución); los y las talleristas que han puesto el cuerpo en situación sociales adversas de la que no son responsables (y cuyos responsables gozan de recursos económicos para no preocuparse de su suerte en su cómodo aislamiento) y sin embargo, de la que se hacen cargo desde iniciativas virtuales, verían el legítimo reconcomiendo social por su trabajo expresado en su continuidad laboral, en lugar de verse amenazados con no tener su ingreso y hasta obligados a romper la cuarentena por hambre; el sabor amargo de vivir en contexto de pandemia se vería amilanado por la sensación de que quienes gobiernan la ciudad están enfocados en protegernos.
En cambio, la decisión política de Juntos por el Cambio en Bahía Blanca durante la sesión de ayer golpea de manera fáctica e irreversible. La incapacidad política y la irresponsabilidad económica no miden las consecuencias de difícil reparación que tendrá esta posición política del oficialismo. Nuevamente, para las huestes amarillentas conducidas por empleado del mes en ejercicio de la intendencia municipal, fuera de sus intereses de representación de los suyos, de la gente bien y con departamentos céntricos y casa en Monte, el resto sobra o es parte de la población de segunda que, claro está, puede esperar.
Foto: HCDBahíaBlanca
Me llamo Ezequiel Moscoso y soy tío de Katherine Moscoso, quien fuera asesinada, enterrada viva cuatro o cinco días antes de su aparición ocurrida el 23 de mayo de 2015 en Monte Hermoso.
Como ya lo hemos dicho, después de solicitarlo desde mayo de 2016 al fiscal, el 21 de mayo de 2018 solicitamos el legajo reservado a la sra. jueza de Garantías junto con un análisis del expediente hasta allí, denunciando también distintas irregularidades sin todavía tener conocimiento de las irregularidades que obraban en el legajo reservado.
Después de solicitarlo al procurador de la Provincia de Buenos Aires, el 26 de junio de 2019 volvimos a pedir vista del legajo reservado. Recién en el mes de julio de 2019 tuvimos acceso al legajo reservado.
El 2 de octubre de 2019 denunciamos las amenazas a 18 testigos y solicitamos declaración testimonial de 29 testigos.
El 8 de abril de 2020, junto con mi mamá Marta Angeliza Mesa y nuestro abogado, denunciamos penalmente, en un escrito de 325 páginas presentadas en soporte virtual ante el procurador general, a 21 personas. Entre ellos fiscales, ex instructores judiciales, comisarios, policías, bomberos, ex funcionarios y empleados municipales. Fue por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado; sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías.
Al día siguiente, 9 de abril, ampliamos la denuncia solicitando la detención de dos comisarios por nuevas pruebas recibidas.
El 21 de abril pedimos la detención de una persona, aportando más pruebas, buscadas por nosotros, las víctimas.
Desde la Procuración le comunicaron a nuestro abogado que la denuncia primigenia quedó radicada en el Departamento Judicial de Azul. Además, se mandaron actuaciones al área de control disciplinario para que investiguen la conducta de los funcionarios del Miniterio Público denunciados (fiscal general, fiscales y letrados).
La hipótesis de la querella es que Katherine Moscoso fue asesinada por personas vinculadas al poder político de Monte Hermoso y que tuvieron la posibilidad de encubrir el crimen, direccionar la investigación por medio de policía de Monte Hermoso en los primeros tres días, direccionar y encubrir a los verdaderos culpables los días posteriores a través de la Policía Departamental (DDI), borrar la mayoría de las pruebas que pudieran incriminarlos, incluyendo para ello, la planificación de un linchamiento a una persona a quien previamente se lo sindicó intencionalmente como sospechoso y, al unísono, incendiar la Comisaría y distintos lugares públicos y, por sobre todo, aquellos donde se encontraban imágenes que pudieran comprometerlos. Simultáneamente, el sábado 23 sobre las 20 horas), amenazar a los inspectores de tránsito que pudieran haber visto algo en las cámaras durante la semana del 18 al 23 de mayo de 2015 y direccionar en un primer momento la imputación hacia la amiga de la víctima, una chica con retraso mental, la única procesada en la causa y quien no tiene la capacidad para matar a Katherine, lavar su cuerpo, esconderla, hacerla aparecer, organizar y planificar el homicidio de Canini y los distintos incendios que ocurrieron para lograr su impunidad.
Todo esto pudo ser ejecutado por una asociación ilícita de policías, funcionarios municipales -entre ellos ex policías como Ricardo Triches, recordado por el caso de Natalia Melmann de Miramar, quien era secretario de Seguridad de Monte Hermoso- y de instructores y fiscales, de quienes detallamos en las presentaciones realizadas.
Las pruebas que presentamos nos permiten afirmar que Katherine Moscoso ingreso al boliche Arenas y conversó con Martín Fernández, dueño del boliche y hermano del intendente de Monte Hermoso, y los patovicas Martín Iribarra, Pedro Rupell y David “Kun Kun” Tello.
Otras pruebas indican que estas cuatro personas estuvieron con la víctima, yendo para el Sauce a una casa llamada “La Erica” con la colaboración de Sergio “el Pelado” Sánchez.
Los nombrados mintieron cuando afirmaron no haber hablado con la víctima en el boliche, cuando varios testimonios dicen lo contrario, brindaron versiones contradictorias sobre muchos aspectos de la noche y de la semana posterior al hecho y, por sobre todo, del conocimiento con el señor Sergio Sánchez, el “Pelado” del Sauce, propietario del sitio donde se encontró ADN de la víctima, en unos palos de su patio y en su camioneta el día martes 26 de mayo.
La camioneta fue incendiada intencionalmente en el incendio contra la Comisaría de Monte Hermoso ocurrido horas después de que el cuerpo de la víctima fuera “plantado” por policías en complicidad con bomberos, oportunamente denunciados en la presente.
Estamos convencidos que nada de esto hubiera sido posible sin la complicidad de los distintos fiscales denunciados.
A casi cinco años ya del asesinato de Katherine pedimos justicia!!!!!
La mujer que denunció por abuso sexual al cura católico Mauro Enrique Cantanhede Ferreira contó a FM De la Calle que la causa judicial no registró avances y que continúa sufriendo presiones mediáticas y de integrantes de la comunidad de la Parroquia San Roque.
El 13 de noviembre se presentó en la Comisaría de la Mujer. Luego declaró en Fiscalía y, desde entonces, está a disposición de la justicia. Sin embargo, las pericias fueron programadas recién para este mes y finalmente suspendidas por la feria. Tampoco se peritaron pruebas materiales como celulares, mensajes, fotos, videos y correos electrónicos.
En una extensa entrevista, la cual puede escucharse en el audio que acompaña esta nota, la víctima señaló que hay otros dos casos de abusos de chicas que no se animaron a denunciar. “Cuando me enteré dije no soy solo yo, hay otras. Él sabía que no iba a poder hablar, no necesitaba ponerme un arma en la cabeza para que yo haga o diga una determinada cosa”.
La joven manifestó que en primera instancia no le quisieron tomar la denuncia en la comisaría: “Me decían que vaya a Fiscalía, que se movía mucho más rápido. Sin embargo, la hice. En Fiscalía me tocó hacer la ampliación y fue revictimizante por el tipo de preguntas que me hicieron. ¿Vos sabés si tiene una contextura diferente? ¿Si es más flaquito? ¿De qué manera te amenazó? Un abuso no se da si a vos te gusta o no o si la persona es más flaquita que vos, tiene que ver en el poder que ejerce sobre uno”.
A pesar de las recomendaciones en sentido contrario, la mujer decidió avanzar también en la búsqueda de justicia en el ámbito eclesial. Los juicios canónicos son procesos institucionales donde autoridades de la Iglesia Católica escuchan a la víctima y deciden -sin ninguna garantía ni devolución hacia ella- si corresponde sancionar o no al acusado. Las “condenas” van de “castigos espirituales” a la excomunión. Aunque la historia suele terminar en algún archivo secreto.
“El proceso eclesiástico quedó detenido. Me llamaron a declarar en una habitación chiquita, yo sola, con un cura de Italia especialista en derecho canónico y el padre hindú era el notario, es el que oficia misa en San Cayetano y San Roque. Me hicieron preguntas tremendas porque fue relatar todo nuevamente”.
“Hablo de vulneración de derechos porque no te permiten acompañamiento del abogado, en este caso sabían cómo estaba yo, no me dejaron entrar ni con psicóloga, ni psiquiatra, ni acompañante. Salí muy mal, temblando. Lo único que se me dijo es que se iba a analizar si dejan todo archivado o no”, relató sobre la audiencia realizada en la Curia bahiense.
Agregó que contó “todo delante del obispo, llegué a mostrarle las imágenes y conversaciones que me mandaba y él mismo obispo se tapaba la cara. No creo que la conducta se haya dado solo conmigo. Evidentemente si la iglesia lo respalda, está respaldando este tipo de conductas. Por eso digo que no quiero que le pase a más nadie, no quiero que nadie más salga dañado”.
Para la denunciante notas como la publicada semanas atrás por La Nueva en abierto apoyo al párroco cuando aún ni siquiera se realizaron las pericias a víctima y victimario, son un mensaje para acallar a otras personas abusadas.
“Las notas diciendo que él va a seguir siendo cura, que él sigue siendo normal, que ya va a poder hablar… para quienes fuimos víctimas es tremendo. Y para quienes no denunciaron les da más miedo, esa sensación de impunidad, de que si hablan no va a tener sentido. Sumado a que con esto del encierro yo tengo que estar 24 horas donde ocurrió el hecho”.
La mujer recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico: “Duermo pocas horas y me despierto con pesadillas donde vuelvo a revivir esto. Vivo con miedo constante, cualquier estímulo que vea en una imagen, un sonido, una sensación táctil me da miedo, asco, me quiero bañar y sacarme la sensación de asco y suciedad. Quiero que esto se sepa para que se pueda actuar y que reciba la sanción necesaria, a nivel de la justicia y de la iglesia”.
“En los barrios donde yo trabajo hay un 12% más de desocupados, aproximadamente. Se ven jóvenes de 18 años hasta abuelos de 65 años o más haciendo changas de lo que sea, desde cortar pasto, limpiar vidrios y cualquier cosa que se puedan hacer con las manos. Lo que pasó en estos cuatro años es que se redujo cualquier ayuda social en un 70%”, afirmó el coordinador de Envión, Jorge Cascallar.
Lo hizo en el marco de la investigación sobre endeudamiento en los sectores populares realizada por Francisco Cantamutto, Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez. El informe destaca que “el deterioro de las condiciones sociales se conjugó con el impulso a la financierización de las necesidades”.
Si bien las condiciones en la periferia de la ciudad es estructuralmente mala, en los últimos cuatro años el panorama se volvió aún más dificultoso.
“Hemos visto gente cazando liebres o loros para poder comer, cosa que no habíamos visto nunca, ni en la crisis del 2001”, relató Cascallar.
Argumentó que “los que cobraron asignación se pudieron endeudar, hay gente que ha podido endeudarse en el 2016 con empresas de electrodomésticos y que después les han retirado todos los bienes. Por ende, se han quedado sin el dinero que pagaron por las cuotas y sin los bienes. Con respecto a estos créditos, se sacaron en montos muy pequeños con dificultades para pagarlos y cuando pudieron abonarlos les exigían montos muy superiores”.
Esta realidad comienza a generar conflictos vecinales: “Hay situaciones legales de ejecución de las deudas. Esto pasó en menor medida que el endeudamiento endógeno que perjudicó a todo el barrio, es mucho más vulnerable que hace cuatro años atrás.”
“El comerciante entiende que no le puede pagar y que es un vecino que le va a seguir comprando. La alimentación diaria comenzó a ser un problema desde hace dos o tres años. Hace tres años hay familias que no te pedían y hoy en día vienen a pedirnos con una vergüenza de que se les cae la cara”, dijo Cascallar.
“Las librerías de revoltijos tienen ese encanto de ritual de no ir a buscar un título puntual sino a ver qué encuentro. Eso es más complicado desde lo digital, ¿cómo hacés para compartir todo lo que está en una mesa de saldos? Pero se sustenta con promociones o compra futuras, se hizo mucho, una especie de cheque-libro para que cuando abramos lo utilicen”, dijo a FM De la Calle Emiliano Vuela, fundador de La Masmédula.
En el Día Internacional del Libro y transcurrido más de un mes de aislamiento, el docente y librero comentó cómo se las ingenian para resistir a la crisis económica y acercar la literatura a las casas de las lectoras y lectores bahienses.
“El libro, si bien nos gusta, no es una prioridad frente a la comida o la ropa y se transforma en lujos que se pasan para más adelante. Sumado al aumento de precios de libros nuevos”, afirmó.
Respecto a la vuelta del Plan Nacional de Lectura mencionó que “la compra de libros mueve y reactiva a las librerías. A nosotros ser una librería de usados nos permite tener otros precios. Si bien las compras de CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) no nos toca sino que apunta a las editoriales, que una editorial pueda vender libros implica una baja en los costos y eso nos llega. Las compras a nivel Estado mueven el mercado”.
La Masmédula pertenece al rubro de las librerías que hacen una “selección de material”. “No hacemos compras masivas, en un principio a criterio de Diego (Rosake) y mio, que somos los dos socios, y después vas conociendo el gusto de quienes vienen. Hay mucho coleccionista que busca primeras ediciones o un libro firmado por el autor, eso a mí me parece emocionante”, aseguró.
(Por Sabrina Guerstein, Natalia Aguilera y Luciana Colla) El siguiente texto es producto de charlas y reflexiones que tuvimos (y seguimos teniendo) un grupo de docentes que trabajamos en distintas escuelas secundarias de la ciudad, que giran en torno a una temática siempre presente en nuestra práctica: el rol de la escuela en la sociedad actual.
Con el cambio rotundo de contexto ante la pandemia de coronavirus, el cierre de los edificios educativos y el decreto de aislamiento preventivo y obligatorio, estas reflexiones adquirieron un protagonismo renovado. La decisión de las autoridades de continuar con las clases de manera virtual nos enfrentó desde el primer día con un montón de dificultades de todo tipo.
En cada escuela se eligió una plataforma distinta para comunicarse con el alumnado: en algunas Facebook, en otras Classroom, mail, WhatsApp. Y en las privadas, videoconferencias por Zoom, Meet y Hangouts. Lo primero que notamos fue la dispar recepción de la propuesta virtual entre lxs estudiantes. Hubo cursos en los que la mayoría de ellxs entregaban los trabajos, pero en otros, solo una minoría lo hacía. En los grupos de WhatsApp de las escuelas (públicas), las directoras y preceptoras empezaron a alertarnos: muchas familias no tienen celular ni wi-fi; y a los pocos días: muchas familias no tienen para comer. Así, nos empezó a preocupar también la forma en la que esta situación agranda la desigualdad educativa ya existente.
Y sí, estamos un poco desconcertadas. No es para menos: la cantidad de canales para comunicarse con lxs alumnxs de un mismo curso, aumentó exponencialmente pero paradójicamente nos sentimos “lejos” de ellos. Hay muchxs con quienes no pudimos siquiera establecer contacto.
Pero con el tiempo la pregunta que nos empezamos a hacer cada vez con más fuerza es PARA QUÉ: ¿Puede seguir siendo el mismo el objetivo de las tareas que les damos a los chicos que en un ciclo lectivo normal? ¿Estamos enseñando contenidos nuevos? ¿Estamos evaluando saberes? ¿Estamos conteniendo y acompañando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué deberíamos hacer?
Y rompiéndonos la cabeza sobre estas preguntas que tanto nos interpelan, nos dimos cuenta de que ninguna autoridad dijo absolutamente nada al respecto. Nos dijeron: “los edificios cierran pero las escuelas siguen enseñando” Pero no nos dijeron cómo, qué o para qué. Por parte del mismo ministro Trotta hubo declaraciones y contextualizaciones genéricas, pero difusas y hasta contradictorias. Por eso mismo, esas declaraciones resultan ser de escasa utilidad y de un gran contraste con la realidad y el descontrol que se estaba (y se está) viviendo. No hay claridad, no hay objetivos, no hay métodos, no hay dirección, no hay presupuesto extra.
Muchos equipos directivos están haciendo lo imposible por contener esta situación tremenda, haciéndose cargo de todos los frentes: las familias que no tienen para comer, la inspección, la incertidumbre y los sueldos de lxs docentes. Buscan la mejor manera de acompañar al alumnado. Y nosotrxs estamos haciendo lo que podemos, según lo que nos parece mejor. Porque ante la ausencia de una política global, recayó sobre el criterio de cada docente en forma individual la responsabilidad de decidir qué estrategia tomar para realizar esta continuidad. Este hecho nos resulta triste, grave y negligente. La heterogeneidad de situaciones producto de esta no-política incrementará el caos que cuando toque volver a las aulas, pero sobre todo aumenta la desigualdad educativa de la que hablábamos antes.
Como si las problemáticas planteadas hasta acá no fueran suficiente ya, en la semana comenzó a circular una noticia entre las escuelas: “vayan viendo cómo evaluar este primer trimestre”, ultimaron los directivos. “¿Queé?” -dijimos nosotrxs-. Pretenden que el calendario escolar continúe exactamente igual, como si nada hubiera pasado, como si fuera un año normal, como si pudiéramos establecer un vínculo cotidiano y genuino con el alumnado. Las autoridades educativas se desentendieron de ponerse al hombro la definición de la forma que adquiriría la educación en este período, pero nunca se van a desentender de la exigencia de cumplir con los tiempos formales, los “180 días de clase”, la entrega de papeles inútiles, las formalidades. Esto pone en evidencia más que nunca que la burocracia se fagocitó a cualquier sentido que pueda tener la educación en cualquier contexto. También da cuenta de la importancia que tiene para algunxs mantener intacto cascarón, sin importar lo que haya adentro. Al punto de plantear la continuidad virtual sabiendo que un sector muy importante de la población no tiene acceso a internet, al punto de difundir la entrega de cuadernillos impresos (que en muchos casos ni siquiera han llegado) como la solución que viene a salvar esta desigualdad cuando justamente lo que hace es lo contrario, ensancharla.
Y no solamente estamos a la deriva y cargados de incertidumbre. Lxs docentes también sufrimos un desproporcionado aumento de nuestra carga laboral. Debemos adaptarnos a las exigencias y ritmos de trabajo que cada escuela, curso y contexto nos imponen; nos vemos en la obligación de aprender en tiempo récord y muchas veces sin ayuda a utilizar diferentes aulas virtuales y plataformas; debemos planificar, adaptar y reelaborar absolutamente todo de nuevo (pues lo que teníamos preparado para la presencialidad no sirve para la modalidad virtual); tenemos que hacer lo imposible para lograr comunicación con el alumnado: ver qué pasa, por qué no responde, probar por otro medio, avisar en la escuela… También contenemos a nuestrxs alumnxs, nos preocupamos si no comen y nos organizamos para que puedan comer, elaboramos y entregamos informes, planillas, planificaciones, notas… Estamos frente a una computadora o celular todo el día, utilizando y pagando nuestros propios recursos e insumos, a merced de la hiperconexión.
En suma: esas variables que de por sí jamás son reconocidas en nuestro salario en épocas de trabajo ordinario, se profundizan enormemente en este estado de excepción volviéndose, lisa y llanamente, una situación de explotación.
Incluso sentarnos a pensar nos fue difícil: ¿cómo encontrar el momento para sistematizar y traducir por escrito esto que nos atraviesa en medio de tanta vorágine? Sin embargo, desde nuestra práctica docente, conociendo de primera mano la importancia que tiene la educación pública para el presente y el futuro de nuestrxs alumnxs, consideramos que no podemos darnos el lujo de omitir un debate serio. Políticas claras que definan cómo acompañar a los estudiantes durante esta pandemia apremian. Desde ya, no alcanza con la directiva “educación virtual” y con esporádicas salidas en radio o TV para mostrar preocupación. Sin un compromiso real del Ministro de Educación y sus funcionarios no hay política integral posible.
Una de las conclusiones centrales de la investigación para conocer para qué y con quiénes se endeudan los sectores populares de la ciudad refiere al rol preponderante de las mujeres en el sostenimiento de las economías familiares. Esta realidad conduce a que sean ellas quienes en primera instancia toman los créditos para invertir en consumos básicos como la compra de alimentos.
El documento, elaborado por el economista Francisco Cantamutto y les estudiantes Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez señala que contra todo pronóstico o falsa idea de empoderamiento, la deuda contraída por las mujeres solo intensifica la precariedad estructural de las condiciones de vida que conduce, únicamente, a resolver lo urgente.
Debido a que la responsabilidad del cuidado de les hijes recae sobre la figura materna, son ellas las principales tomadoras de deuda a través de los créditos de la ANSES que luego serán descontados de los montos de AUH que perciben.
“Casi siempre las que se endeudan son las mujeres porque son las encargadas de llevar adelante la economía del hogar. No porque sean quienes ingresen plata al hogar, sino porque son quienes la manejan”, comentó Macarena Santamaría, integrante de Ser Comunidad.
Por su parte, Jorge Cascallar, coordinador de Envión, comentó que “las mujeres son las primeras que se endeudan. Los hombres son los que se deprimen si no consiguen trabajo por la cuestión del machismo. Las mujeres han estado 4 o 5 días sin volver a la casa para buscar trabajo debido a que se hace posible sustentar el pasaje del colectivo todos los días que hoy sale $40. Esta situación implica no poder comer, bañarse ni estar con sus hijos”.
Desde el Programa Nacional de Primera Infancia señalan que “estos créditos que sacan muchas veces son para comprar alimentos o para comprar útiles escolares para sus niños o niñas. O para estas tareas que se derivan de la responsabilidad de cuidar a un hijo o a una hija”.
El informe reconoce que “en los barrios la mayor parte de los hombres participan del mercado laboral, insertos en oficios de baja calificación, con formas precarias de contratación y escasa continuidad. Las mujeres tienen una inserción menor en el mercado laboral, debido a su carga en las tareas de cuidado en el hogar, pero participan de la búsqueda. En Bahía Blanca, mostraban para 2019 una tasa de actividad un tercio más baja que los hombres”.
“En la mayoría de las familias, si se tiene una pareja, es el hombre el que trabaja más y generalmente él trabaja en el ámbito de la construcción. Él es el que hace changas, mientras que la mujer es la que se queda en la casa haciendo las tareas domésticas, cuidando a sus hijos, y al no estar remunerado eso, ellas no tienen un ingreso. Pero sí son quienes manejan la economía de los hogares. Es más, si te tendría que tirar un número, diría que el ochenta o noventa por ciento de las personas que van a tomar créditos para materiales de construcción (que es lo que nosotros brindamos) son las mujeres. Ellas se acercan porque tienen tiempo, ellas son las que tienen la iniciativa aunque quienes después encaren la construcción sean los varones. Ellos lo encaran porque son los que tienen el conocimiento y la práctica en este rubro”, afirmó Santamaría.
En último lugar, las mujeres son quienes se encargan de resolver el abasto cotidiano y los cuidados, y por lo mismo, son las que más circulan por los barrios, son más conocidas. “Esto compone un vínculo más sólido, que habilita fuentes de crédito basadas en la reputación”.
“El hombre está menos acostumbrado y le cuesta más el hecho de no tener trabajo. En cierta forma creo que lo sufren más, les da más vergüenza ya que la sociedad es muy machista. La mujer puede dejar el orgullo un poco más de lado o la vergüenza y salir a buscar una solución”, apuntó María Soto del Movimiento Evita.
Una mujer que está sufriendo una situación de violencia se ve condicionada a irse del hogar si es que es la titular o responsable de un préstamo. También son las mujeres las que primero restringen sus consumos, ‘dejo de comer para darle a mis hijos, dejo de compararme ropa o cosas personales para comprarle a los chicos’. Y, por otro lado, centra la discusión entorno a qué mundo habitamos, dado que es el propio Estado quien ejerce violencia económica contra las mujeres de sectores populares y las obliga a endeudarse mientras realizan doble o triple jornada laboral. Parafraseando a la investigadora Verónica Gago, la deuda organiza la obediencia.
Centenares de personas, organizaciones y asambleas de países de Latinoamérica, América del Norte, Europa, Asia, Africa y Oceanía, en tiempos de cuarentena se autoconvocaron para realizar un llamado a la Acción Global por una Democracia de la Tierra.
La pandemia nos recuerda que violamos los derechos de la Tierra y de todas sus especies por nuestra cuenta y riesgo, y que sería prudente que consideráramos los conocimientos y la sabiduría ancestrales de los pueblos originarios, guardianes de la Tierra a lo largo de los tiempos, cuyo profundo respeto por la Tierra se basa en la conciencia de la interconexión de toda la vida. Dañar una parte significa dañar el todo.
Esta pandemia no es un “desastre natural”, al igual que la crisis de la extinción de especies y los extremos climáticos no son “desastres naturales”. Las epidemias de enfermedades emergentes son antropogénicas – causadas por actividades humanas.
La emergencia sanitaria a la que nos enfrentamos como comunidad mundial está relacionada con la emergencia sanitaria a la que se enfrenta la Tierra: su constante degradación, la extinción y desaparición de especies y la emergencia climática.
Cuando utilizamos venenos y agrotóxicos, como insecticidas y herbicidas para matar insectos y plantas en el modelo industrial de agricultura, producimos desertificación, contaminamos el agua, el suelo, el aire y destruimos la biodiversidad.
Los agrotóxicos están llevando a la extinción a las especies, incluyendo a los agentes polinizadores, como hemos visto en la drástica disminución de las abejas.
Cuando hacemos minería metalífera a cielo abierto utilizamos millones de litros de agua que es esencial para la vida humana y la naturaleza.
Cuando practicamos la fractura hidráulica o “fracking”, alteramos la conformación geológica y aumentamos el riesgo sísmico.
Cuando quemamos el carbono fósil que la tierra ha fosilizado durante 600 millones de años, violamos las fronteras planetarias. Al industrializar y globalizar nuestros sistemas alimentarios contribuimos hasta un 50% de los gases de efecto invernadero y el cambio climático es la consecuencia.
En el Día de la Tierra, pidamos disculpas por el daño que le hemos causado con la ilusión de la separación, creando paradigmas y herramientas violentas que han hecho la guerra contra la Tierra. Apreciemos su magnificencia y su belleza que tanto eleva nuestros espíritus y comprometámonos a hacer la paz con la Tierra y todas sus especies co-creando con ella sobre la base de sus leyes de la vida.
La Tierra nos ha dado un claro mensaje a través de la pandemia del Coronavirus. Es nuestro imperativo moral, dedicar este momento en el tiempo para hacer una transición a una civilización ecológica para que sembremos las semillas de un futuro común para la humanidad y todos los seres.
Acceso al documento en español: www.naturalezadederechos.org/TIERRA.pdf
El Movimiento Federal de Danza Bahía Blanca informó que muches de sus integrantes se encuentran en emergencia alimentaria y solicitó donación de mercadería para poder asistirles.
“La danza como la gran mayoría de los sectores de la cultura está en situación de informalidad y como todes los que no trabajan en blanco están desapamarados. La verdad que bastante desesperante”, dijo a FM De la Calle Guillermina Larrea.
Agregó que “a raíz de esta pandemia se entra en conciencia de la dificultad real que genera la informalidad. Antes no había números ni estadísticas, desde el Movimiento Federal de Danza hace 10 años que peleamos por la Ley Nacional de Danza”.
“Lo que nos urge es que hemos abierto una convocatoria, un llamado a trabajadores de la danza que se encuentren en emergencia alimentaria. Mediante conocidos logramos que desde el Frente de Todes, les legisladores, nos dieran la posibilidad de acercarnos 50 bolsones de alimentos y comenzamos a darles destino. Todavía nos falta un rango importante del espectro de trabajadores y nuestra necesidad de seguir recolectando alimentos también existe”, comentó Larrea.
Finalmente aclaró: “Nos dirigimos a los trabajadores más precarizados, las murgas, quienes enseñan zumba, en estas disciplinas que no son las más tradicionales como el flamenco o el floklore. Quienes se dediquen a la danza y al movimiento y lo estén realizando de manera informal que se comuniquen.
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El endeudamiento de los sectores populares es una estrategia de supervivencia racional en un contexto de privaciones sistemáticas que busca la resolución del problema de subsistencia actual, independientemente de las dificultades futuras.
“En el transcurso del tiempo entre la toma de deuda y los pagos, no puede descartarse un cambio en el escenario laboral o de ingresos extraordinarios que facilite abonar el compromiso. Y en todo caso, ¿cuánto peor se puede estar?”.
Así lo plantea una investigación coordinada por el economista Francisco Cantamutto, de la cual participaron les estudiantes Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez.
El documento fue publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (Conicet-UNS) y es presentado públicamente mediante una cobertura colaborativa entre FM De la Calle y el Boletín Tramas.
El trabajo advierte que no debe considerarse que “las clases populares tomen deuda con la intención de no pagar. De hecho, más bien lo contrario, suele considerarse que entre la población con mayores carencias hay más probabilidades de cobro. Entre otros motivos, porque cuentan con su reputación y sus relaciones sociales como uno de los pocos activos que le permite tomar deuda”.
El informe refleja las opiniones de 17 personas que trabajan en 14 organizaciones con presencia en barrios de la periferia de Bahía Blanca. Algunas son vehículo de políticas públicas (programa Primera Infancia, Envión o el Fondo Solidario Rotativo de Materiales) o equipos oficiales encargados de su puesta en marcha, otras gestionan crédito solidario, tienen merenderos o comedores, emprendimientos productivos, se dedican a dar talleres, apoyo escolar u organizan espacios recreativos y artísticos. Los testimonios fueron recogidos entre el 10 y el 26 de marzo.
Los gastos de supervivencia y los ligados a mejoras marginales en las condiciones de vida fueron los más referidos, aunque también existió un grupo de motivos vinculado a la inversión en el funcionamiento de emprendimientos propios. Respecto de los acreedores, se identificaron 13 agentes, tanto privados como públicos, con diversos requisitos de acceso, montos prestables y tasas de interés.
Foto: Horacio Culaciatti (@horacioculaciatti) Otro parche! Y a por muchos rounds.
Les investigadores evidenciaron “el rol activo del Estado como promotor del endeudamiento popular por diversas vías, tanto directas como indirectas” y que “la responsabilidad en el deterioro de las condiciones sociales se conjugó con el impulso a la financierización de las necesidades”.
Resaltaron que las mujeres de las clases populares fueron “particularmente vulneradas por este proceso, debido a la carga de tareas vinculadas al ámbito de lo doméstico y los cuidados. Las mujeres han sido constituidas en las principales destinatarias del crédito, sin ningún tipo de vínculo con una idea de empoderamiento. Emergen así de la crisis sufriendo mayor precariedad”.
“La toma de deudas con diferentes actores es un recurso disponible, aprovechado de forma generalizada por las clases populares. Existe muy poca planificación del crédito en cuestión, siendo considerada una herramienta para resolver la necesidad actual. Los efectos posteriores del crédito (el pago, más concretamente) son problemas del futuro, que serán resueltos cuando se presenten. Ante la urgencia de la necesidad, que impide solventar el presente, el futuro es una quimera”.
¿Para qué se endeudaron?
La investigación detectó once motivos vinculados al financiamiento de gastos de supervivencia, mejoras en las condiciones de vida o para realizar inversiones vinculadas a negocios o emprendimientos propios.
Gastos de supervivencia
- Gastos cotidianos, especialmente comida.
- Pago de las facturas de servicios públicos.
- Pago de alquiler.
- Gasto extraordinario, mayor al cotidiano, que puede ser estacional -como el inicio de clases, la llegada del invierno y la necesidad de calefaccionarse, o las fiestas de fin de año o para afrontar una eventualidad.
- Mantenimiento.
- Pago de otros créditos previos.
Gastos para mejorar las condiciones de vida
- Para la compra de electrodomésticos, ropa y otros.
- Para realizar mejoras o reparaciones en la vivienda.
- Pago de terrenos.
Inversiones vinculadas a negocios o emprendimientos propios
- Compra de máquinas.
- Compra de mercadería e insumos.
El informe sostiene que “la deuda en las clases populares se consolida como un mecanismo de empobrecimiento de segundo orden, que genera transferencias hacia los acreedores sobre un ingreso ya insuficiente”.
“Esto supone también un mecanismo de control social, que sirve para disciplinar a los sujetos endeudados: se toleran condiciones de vida y trabajo que de otro modo no serían aceptables, en aras de pagar sus deudas”.
¿Con quiénes se endeudaron?
Respecto a los acreedores, las personas entrevistadas coincidieron en que la ANSES es el organismo más reconocido. Un 80% de la población de los barrios populares tomó créditos para cubrir gastos de superviviencia o mejorar sus condiciones de vida. Casi la totalidad son mujeres beneficiarias de la AUH a quienes se les descuenta el pago mensualmente.
Foto: Horacio Culaciatti (@horacioculaciatti) os hilos de Cloto, Láquesis y Átropos.
Los bancos no tienen llegada, a diferencia de las casas de electrodomésticos que ofrecen compras en varias cuotas con pocos requisitos. Si bien estas son a largo plazo tienen un alto costo de financiamiento.
La falta de alternativas lleva al endeudamiento en casas de crédito, las cuales ofrecen dinero a sola firma aunque con altas tasas de interés. “Mayormente las mujeres son titulares de estos créditos con acuerdo o presión de sus parejas ya que muchas se emplean formalmente como trabajadoras domésticas o manejan la economía del hogar.
Otras fuentes son las familiares: permiten préstamos ágiles, sin formalidades, y son generalmente de montos bajos destinados a las compras cotidianas o, excepcionalmente, por ventas intrafamiliares de terrenos. El mediador político también suele ser requerido para financiar la compra de terrenos o materiales para la construcción.
La presencia del Municipio es limitada y fue mencionada en casos de créditos para microemprendimientos o para mejoras habitacionales mediante fondos rotativos de materiales. Estos últimos son gestionados por organizaciones no gubernamentales y tienen un espíritu solidario que necesita de su pago para ser recibidos por otras familias. La presencia provincial también es muy escasa e involucra préstamos blandos pero de muy difícil acceso.
En el caso de los negocios barriales se registra el “fiado” para deudas a corto plazo que suelen cubrirse con el cobro de asignaciones o cuya falta de pago deteriora las relaciones vecinales.
Los jóvenes varones suelen requerir adelantos salariales de sus patrones y empleadores para afrontar gastos que serán cubiertos con trabajo futuro.
Los prestamistas informales, usureros o mesas de dinero, suelen ser accesibles y entregan diversos montos. En caso de incumplimiento los acreedores tienen capacidad de vulnerar la reputación del deudor por pertenecer a su misma red de relaciones sociales.
Finalmente, las ayudas económicas entre vecinos/as se da mediante contratos verbales y en caso de incumplimientos permiten la comprensión o pueden derivar en situaciones de violencia.
“Detectamos once motivos de endeudamiento, seis de los cuales tienen que ver con la supervivencia más básica, la mayor parte va a los gastos de subsistencia. Hay una discusión muy grande que tiene que ver con el Estado como un agente promotor de la financierización”, dijo a FM De la Calle Francisco Cantamutto.
El economista coordinó una investigación sobre endeudamiento de los sectores populares y destacó que allí donde no llega el sistema financiero tradicional, “el Estado cumple un rol activo en hacer llegar las lógicas de las finanzas y hace que a las condiciones de vulnerabilidad que normalmente suceden se les redoble el problema del disciplinamiento por la deuda”.
El documento destaca cinco vías mediante las cuales el Estado promovió el endeudamiento familiar en los barrios de nuestra ciudad.
La primera comprende a la “política económica que generó un mecanismo de empobrecimiento, por la vía del tarifazo, de las subas de intereses, de la apertura de las condiciones de desregulaciones y la precarización del mercado de trabajo. Generó mayor pobreza y fomentó que hubiera que buscar alguna alternativa para salir y levantar cabeza”.
Por otro lado, mencionó la desprotección de derechos sociales provocada por el retraimiento presupuestario de las políticas públicas.
El Estado promovió el endeudamiento desde todos sus niveles: municipal, provincial y nacional. “La Municipalidad tiene dos vías de crédito, una con emprendimientos de pequeña escala y otra con refacciones de vivienda. La Municipalidad en lugar de ofrecer otras vías lo hace por vía de crédito. En provincia pasa algo similar, cuando se tomaba un crédito activamente aparecía la promoción de más vías de financiamiento, te ofrecían más deuda para patear para adelante. Desde el Municipio, para muchas políticas que tenían que ver con acceso a ferias te obligaban a tomar un crédito”.
Los créditos de más alcanceen los barrios populares fueron los entregados por la ANSES. “El trámite es muy accesible y esto ha hecho que las familais se endeuden por el triple de sus ingresos. Las tasas de interés que prestó ANSES superaban el 50%. Como se quitaba el pago de las cuotas directamente de los ingresos se generó que, lo que un primer momento fue un salvavidas se transforme en un yunque”, afirmó Cantamutto.
Los otros dos ejes son la desregulación del sistema financiero y el otorgamiento a través del amparo del accionar abusivo de prestamistas de las clases populares.
“Haber sostenido la regulación del sistema financiero, hizo que otras vías de crédito más cercanas a criterios solidarios hayan prácticamente desaparecido producto de una regulación que permitía a las grandes casas de bancos o negociados pasar por encima a créditos solidarios. El sistema financiero en Argentina no hace llegar el crédito a las pymes, menos a las cooperativas y ni hablar a la gente que no tiene recibo de sueldo. Es un sistema que no tiene alcance de ninguna vía de democratización del crédito”.
“El quinto mecanismo es convalidar acciones abusivas como las de las casas de préstamos y de venta de electrodomésticos. Son entidades financieras y no están alcanzadas por al regulación, entonces hay prácticas usureras y abusivas”.
El endeudamiento de los sectores populares estuvo directamente motivado por la degradación de la realidad social que se vive en los barrios bahienses y la ausencia de políticas sociales por parte del Estado.
Así lo demuestra la investigación realizada por el economista Francisco Cantamutto y les estudiantes Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez, quienes manifestaron que “si bien la situación social era mala, en 2018 se agudizó a partir de la salida de capitales y el acuerdo del gobierno de Cambiemos con el FMI”.
Las deficiencias en infraestructura tuvieron un gran impacto en las condiciones de vida y obligaron a multiplicar los gastos asociados a la precariedad a casi un tercio de la población de nuestra ciudad que vive bajo la línea de la pobreza.
El deterioro del mercado laboral fue “muy significativo, con carácter generalizado y profundo”. La desocupación creció y los salarios perdieron la carrera con la inflación. Los tarifazos significaron una carga incompatible con los ingresos de las clases populares. El corte de servicios aumentó los riesgos, por ejemplo por el reemplazo del gas por la leña, y el encarecimiento del boleto de transporte dificultó la llegada al centro para conseguir trabajo o acceder a políticas sociales.
La caída generalizada del consumo provocó el cierre de más de dos mil pymes y golpeó también a los comercios barriales. Se dificultaron los cobros y se rompió la cadena de pagos, lo cual generó que más personas salieran a buscar un empleo y usaran la deuda para suplir el ingreso faltante.
En el caso de las políticas sociales, muchos programas fueron dados de baja o sufrieron recortes presupuestarios. También se registraron diversos problemas que restringieron su acceso: las condiciones laborales variables generaron complicaciones administrativas, los trámites eran engorrosos, hubo falta de unidades de atención del Estado en los barrios y se sobrecargaron los servicios sociales. La mayor cantidad de necesidades y los escasos recursos para distribuir tensionaron la red de relaciones barriales.
“Esto no solo crea desconfianzas y rencores, no es un efecto colateral sino un objetivo de las políticas. Se trató de una búsqueda por evitar la organización colectiva en los barrios, algo que dificulta organizar las demandas populares”, sostiene el informe.
Por otra parte, les investigadores destacaron que quedó en evidencia la invisibilización de las tareas de cuidado, lo cual afecta mucho más a la población sin recursos para contratar a terceros que realicen esos trabajos.
“Al encarecimiento de los consumos básicos para la vida y la pérdida de fuentes de ingreso, se sumó la falta de respuesta del Estado. La deuda apareció como una vía para solventar parte de este abandono”, concluyeron.
Salidas colectivas
Los testimonios de integrantes de 14 organizaciones consultades para la investigación, relataron que ante este panorama surgieron propuestas solidarias con “un fuerte reconocimiento mutuo frente a la adversidad y la necesidad de consolidar redes de protección en el tiempo”.
“No se trata del favor persona a persona sino de entramados de relaciones que involucran a terceras personas en diversos formatos de organización colectiva”.
La cooperación se impuso sobre la caridad y permitió resolver urgencias alimentarias mediante ollas populares, el compartir mercadería o conformar efímeras “cooperativas” de compras o “vaquitas”. De la misma manera se atendieron necesidades habitacionales o se sostuvo el comercio barrial.
Todos los caminos conducen a la deuda
Entre los efectos que produjo esta realidad social, les investigadores mencionaron el incremento de los pedidos de comida, con comedores populares que pasaron de cocinar para niñas y niños a hacerlo para toda la familia. Esto no implicó “solo malestar económico o fisiológico sino un deterioro en la autoestima con efectos secundarios difíciles de determinar”.
Los problemas fueron y son mayores en la segunda quincena del mes cuando se agotan los recursos de la Asignación por Hijo y se debe recortar cualquier gasto no esencial dejando la sensación de que “tanto esfuerzo no sirvió para nada”.
Al deterioro del mercado laboral se le suma el empobrecimiento de las clases populares mediante la falta de empleo y la caída de los ingresos. Se produce una mayor competencia por los mismos trabajos, “nuevos pobres” compiten con más recursos y más integrantes de las familias deben salir para elevar los recursos. Esto último en ocasiones involucra a menores o les expone a riesgos cuando deben quedarse en casa a su propio cuidado para que les adultes busquen trabajo.
Por último, se registran más afecciones psicológicas ligadas a la impotencia ante la situación y la falta de empleo. Los más afectados son los hombres que no pueden cumplir el rol de “proveedores” que les impone la lógica patriarcal. Aumentan el alcoholismo y la violencia machista, la cual muchas veces obliga a las madres a retirarse del hogar con sus hijes empeorando las condiciones de vivienda y de trabajo.
(Por Astor Vitali) Durante el programa de hoy nos hemos ocupado de una de las situaciones más angustiantes que sufre nuestra sociedad: la deuda. La deuda que tenemos todos, todas y todas. Esa que nos caga la vida, que no nos deja dormir, que nos posterga los sueños porque llega el día y, zas, hay que pagar. Y así un mes y otro mes y otro mes. Hasta que otros se endeudan para pagar el cajón más barato o la leña para consumir el último fuego.
En los medios masivos de comunicación solemos escuchar la palabra deuda referida a los “organismos multilaterales de crédito”, “los mercados”, “tenedores de bonos” y otros asuntos tan lejanos al saber popular que de tan lejanos suenan a lo irreal, es decir, a la mentira. Los conductores –cuyos sueldos pagan posibles tenedores de bonos- hablan de estos actores como las víctimas, es decir, personas a las que se les debe algo.
¿Por qué no hablan de la otra deuda de la que estamos hablamos hoy aquí? ¿Por qué la deuda subterránea, que no es una sola sino millones de deudas pequeñas imbricadas, es tan evidente como invisible?
Arrojamos hipótesis. La primera: todo ese dinero que les falta a quienes se endeudan a lo micro (pero que les lleva todo –la vida incluso-) lo tienen los organismos multilaterales de crédito, los mercados y los tenedores de bonos. Son esos actores de la economía que no trabajan en nada productivo los que, por ejemplo, a mediados de los noventa pusieron a cotizar en bolsa a los alimentos, y con ello, a girar los granos y las cosechas en la calesita de la competitividad global por el aumento de los precios en pantalla, y con ello, devaluaron la capacidad de trabajo de quienes tenían la tierra -porque no eran competitivos contra los grandes inversores que rosearon el suelo de pestes para obtener más grano en menos tiempo-, y con ello mandaron a endeudarse a millones de pequeños tenedores de tierra que tuvieron que malvender su quintita y, claro está, no daban más por las deudas que pagaron con su migración a hacia las grandes ciudades y, claro está, con su título de ciudadano de segunda que “no quiere trabajar” y que “no es exitoso porque no quiere” y que “qué barbaridad con toda la tierra que hay para trabajar en este país”. Pero resulta que no, que ya no hay nada de lo que el capitalismo prometía un siglo atrás, con el esfuerzo y la pequeña propiedad, porque ya no hay lugar para los pequeños y porque los grandes son tan glotones que se devoran todo. Ahí su riesgo también: devorarte a tus deudores puede generar falta de pago.
Lo que ocurre es que en el fondo ya recibieron su pago, y lo que cobran, son intereses de intereses de intereses de intereses de un dinero inverosímil que sigue alimentando la maquinaria de la deuda global e insoportable. Ya no son actores económicos interesados por la economía, es decir, por la manera en que las sociedad resuelven la distribución de la riqueza para el bienestar general (¿o no esta la economía?) sino que son interesados actores por su economía (es decir, por sus propias finanzas).
La segunda hipótesis es más vulgar, más simple y más comprobable: hace tiempo que las grandes redacciones, los grandes medios de comunicación y los conductores de mayor audiencia no son empresas periodísticas¸ esto es, una forma de organización económica cuyo objetivo es la puesta en marcha de instituciones abocadas a la práctica del periodismo (entendido aquello de “publicar lo que alguien no quiere que sea publicado”) sino que se trata de unidades de negocios que se desprenden de empresas mayores cuyo objetivo es operar: 1) en favor de sus intereses; 2) en la lucha por el sentido común pro capitalista; 3) en contra de las organizaciones políticas que consideren inconvenientes; 4) en contra de sus competidores de mercado.
Los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares hablamos de este tema porque no trabajamos para ellos sino a pesar y contra ellos, en favor de nuestros pueblos. En términos de masividad de llegada, hace tiempo que los holdings se han apropiado de las radios históricas, emisoras de televisión y diarios para competir por el señalado sentido común y luego han avanzando en la convergencia tecnológica manejando otro tipo de tecnología vinculada a internet como redes, bases de datos y más yerbas que nos dejan casi fuera de juego, entrenando para ganar el partido cuando decidamos ingresar a la cancha por la copa del poder y de la distribución de las riquezas.
Y una tercera hipótesis: porque todo el mundo sabe de qué se trata la deuda, porque todo el mundo está endeudado y así es que todos, todas y todes estamos perdiendo el tiempo para ganar el mango para salir a pagar nuestras pequeñas deudas en lugar salir a cobrarnos lo que se llevaron los mercados, los tenedores de bonos y los organismos multilaterales de crédito. El mecanismo de la micro deuda es también una estrategia de distracción de los vilipendiados (sí, utilizo con toda razón, capricho y conciencia un término acuñado por Guevara), una estrategia de ocupación de las maltratadas y una estrategia de humillación de les invisibilizades; la deuda, es la estrategia de prorrateo del horror capitalista cuando ve en su ventanilla de pago el espejo que refleja la decrepitud inhumana de su derrotero y es, a su vez, la procrastinación de los millones de endeudados por tomar lo suyo.
¿Cuánto más dura este juego? Nadie lo sabe. Pero sí sabe que, aunque este editorial no cotice en bolsa, la ilusión del enriquecimiento ilícito e inmoral de los que se quedan con todo, va cotizando a la baja en la bolsa de los pueblos.
Imagen: Natalia Godoy
Con la extensión de la cuarentena cada vez más comerciantes incorporan ventas online con entrega a domicilio. Por ello, las y los cadetes de la ciudad aumentan su trabajo aunque no todos los empleadores les garantizan las medidas de seguridad adecuadas.
“En el sector de las aplicaciones no se está cumpliendo el protocolo. Compañeros de Glovo y Pedidos Ya se están comprando los insumos con plata de su bolsillo así como pagan el monotributo y cargas sociales. En Bahía no hay oficina de las aplicaciones, centralizan en Capital Federal y Mar del Plata. Acá hay una sola persona que administra el trabajo y reparte actividades”, dijo a FM De la Calle el secretario general de ASTRAMYC, Andrés Siebenhar.
Afirmó que presentaron varias denuncias y “el Ministerio de Trabajo estaba analizando cómo facturaban pero quedó medio en el limbo con esta pandemia”.
“En gran medida la gente que pide acata el protocolo, la gente es consciente. Nosotros tomamos todos los recaudos. Se ha incrementado el trabajo y la cantidad de compañeros que se han sumado al rubro, compañeros de construcción que se están subiendo a la moto y están ofreciendo servicios de delivery, vemos mucha más oferta”.
“Venimos viendo que no hay ningún tipo de regulación desde el Municipio, nosotros como sindicato no tenemos manera de controlar ese trabajo. Entendemos que tiene que haber algún ámbito de regulación municipal”, finalizó.
A última hora de ayer se lanzó una huelga de hambre generalizada en las cárceles en reclamo por la falta de asistencia ante la expansión del coronavirus entre la población penitenciaria.
Son aproximadamente 131 unidades con casi 100 mil detenidos.
“Hay una sobrepoblación del 113% y ya hubo coronavirus positivo en cárceles federales y provinciales, específicamente en Devoto y el complejo de Varela. Estamos asistiendo a las familias y al conjunto de detenidos, tenemos un relevamiento del 20%. Alvear, Sierra Chica, Olmos, Varela y en el sistema federal la encabeza Devoto. Mendoza, Santa Fé, Corrientes, Córdoba, Río Negro, Viedma y Entre Ríos, son las localidades que se sumaron”, comentó Estefanía, integrante del MTE.
“Hemos elevado a las defensorías los petitorios para que asistan a los detenidos. Como organismo venimos trabajando hace una semana en esto, ayer estuvimos hablando específicamente con los detenidos que viven con un interno que tiene coronavirus en Varela. Hay situaciones de salud extrema con juzgados que les han negado beneficios por pura arbitrariedad”.
A través de Juan Grabois, representante de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, se presentó un petitorio al Poder Ejecutivo para que conmute las penas.
“Estamos convencidos que es el único organismo que puede contener a quienes salgan. Es necesario que salgan porque si no va a haber muertes masivas no solo de detenidos, del personal de penitenciaria. No se tomó ninguna medida después de conocerse esto en Varela, están viviendo 18 personas en celdas para seis. Esto es culpa del Poder Judicial que no toma medidas”.
Respecto de los juzgados señaló que “dicen no hay coronavirus en el penal, el preso está tranquilo, es más probable que se contagie afuera. Ahora ¿qué hacemos en el complejo de Varela donde hay madres con chicos?”.
Estefanía mencionó que desde la rama de liberados del MTE están realizando ollas populares en el barrio Nueva Quilmes, en Federico Baeza 1444. Por donaciones comunicarse al 2914161684.
