Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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El Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires atendió el histórico reclamo de la Comisión Provincial por la Memoria para poder ingresar en los lugares de encierro con cámaras de foto y video para realizar las tareas de monitoreo. La decisión es clave para apuntalar el trabajo que se viene realizando desde el año 2003 y fortalece a la CPM, como organismo de monitoreo en la provincia, en su lucha por documentar los casos de torturas y malos tratos.
El Ministerio dio a conocer ayer la resolución que revoca una disposición del año 2005 -luego de la Masacre en el penal de Magdalena- mediante la cual se había prohibido el ingreso a las unidades penales de este tipo de dispositivos cercenando la capacidad de monitoreo del organismo. La prohibición adoptada originalmente bajo la gestión de Felipe Solá se prorrogó luego durante la administración de Daniel Scioli.
Roberto Cipriano García, secretario de la CPM subrayó que “resulta evidente que la posibilidad de registrar imágenes visuales y sonoras durante las inspecciones mejora cualitativamente las tareas de relevamiento de las condiciones de detención y permite disponer de nuevos recursos para la denuncia de la vulneración sistemática de derechos que se producen en los contextos de encierro, en particular de los casos de tortura. Por eso, consideramos muy positivo que el Ministerio de Justicia haya tomado esta iniciativa respondiendo a nuestro histórico reclamo”.
Desde la creación de su Comité contra la Tortura en el año 2003, la CPM viene realizando un trabajo sistemático de monitoreo en cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos que ha permitido producir un acopio de información veraz fundamental para el diagnóstico y la denuncia de las prácticas violatorias de derechos de la que son blanco la personas allí detenidas. Los informes anuales presentados cada año desde el 2004 son un testimonio contundente de esta realidad y han tenido el objetivo no sólo de visibilizar el sistema de la crueldad sino también promover políticas de Estado.
Con una exposición sobre la promoción de la equidad de géneros en los medios audiovisuales comenzará hoy la cuarta edición de la Cátedra Abierta de Violencia de Género, que organizan la UNS y la Red local de Violencia de Género, con entrada libre y gratuita. Será a las 19:30 en Colón 80.
La exposición estará a cargo de la profesora Romina Coluccio, integrante de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y docente del Programa de Actualización en “Comunicación, Géneros y Sexualidades” de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
“La Defensoría tiene una serie de recomendaciones para los casos de violencia contra las mujeres que principalmente tiene que ver con pensar que esas coberturas tiendan a brindar información socialmente útil para la ciudadanía sobre cómo prevenir la violencia contra las mujeres, cómo denunciarla, dónde acudir en caso de estar atravesando una situación de violencia”, dijo Coluccio a FM De la Calle.
La comunicadora agregó que se pretende además que “haya una diversidad de fuentes, que además de las de las fuerzas de seguridad o judiciales, estén presentes fuentes vinculadas a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan la problemática, que pueden poner en contexto la situación para que se dé cuenta que es una problemática social y no un caso individual y aislado, que se inserta en un modo de subordinación de la mujer y por eso los varones ven la posibilidad de cometer una agresión”.
La “Cátedra Abierta de Violencia de Género” consiste en siete exposiciones durante el cuatrimestre a cargo de expertas y expertos, que este año tendrá como algunas de sus temáticas a las acciones en la promoción de la equidad de género en los medios audiovisuales, los delitos sexuales en las redes sociales y los derechos de las mujeres migrantes, entre otros. Los interesados pueden anotarse de manera libre y gratuita para obtener certificado.
La Comisión por la Reapertura de Trabajo Social junta firmas a través de internet para respaldar el pedido de reparación histórica y la reincorporación de la carrera que en 1975 funcionó en la Universidad Nacional del Sur como licenciatura de Servicio Social y al año siguiente fue clausurada por la dictadura cívico militar. En aquel entonces un sector de las y los estudiantes cambió de carrera y otro abandonó sus estudios.
Marcela Vidal comentó a FM De la Calle que en 2012 se conformó en el Departamento de Humanidades el grupo integrado por el Colegio de Trabajadores Sociales, el Centro de Estudiantes de Instituto María Auxiliadora y profesionales de la UNS para armar la curricula aprobada en 2015 y enviada al Consejo Superior.
“Desde el Colegio hemos apuntado a que se reabra en el marco de la reparación histórica porque la trataron de desaparecer durante la dictadura”, dijo Vidal. En marzo de 1976 los terroristas de Estado suspendieron la carrera argumentando que no se hallaba avalada por una fundamentación sólida que justificara su creación, en la misma resolución que terminaba con Auxiliares de la Medicina Humana y Meteorología. Una comisión se dedicó a analizar “los antecedentes de su creación y si tuvo una connotación política o de real necesidad académica y social”.
Entre 1984 y 1986 se produjeron una serie de adhesiones para el retorno de la carrera dado que Trabajo Social en el 55% del país se dicta con carácter de carrera de grado. “La formación de trabajadores sociales debe ser asumida en el ámbito universitario público como una responsabilidad del Estado, dadas las características del ámbito laboral en que se desarrolla la práctica profesional, porque es el espacio históricamente defendido por el colectivo profesional comprometido con prácticas democráticas”.
Hoy, quienes se interesan en Trabajo Social en Bahía Blanca o la región deben viajar grandes distancias o cursar de forma arancelada. Desde 1999 funciona en el Instituto Superior María Auxiliadora con una orientación marcada por una concepción religiosa y un promedio anual de 65 ingresantes. Los aranceles son altos a pesar de contar con subsidio de la provincia. Otra oferta cercana la realiza la Escuela Normal Superior de Punta Alta.
Desde la Comisión afirman que “estas ofertas de formación pueden obedecer a las consecuencias que trajo aparejada la última dictadura militar para la profesión. Según Norberto Alayón: ‘La interrupción del funcionamiento constitucional en el país entre 1976 y 1983, no solo paralizó el desarrollo de la profesión sino que la retrotrajo a modalidades y concepciones nefastas alejadas de los sectores populares. El tremendo retroceso sufrido fortaleció la reaparición y avance de las concepciones más reaccionarias de la profesión'”.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la Ley de Ministerios (N° 14803) cambió el Instituto Cultural por la Secretaría de Cultura. A su vez, el decreto 47/16 reglamentó su funcionamiento y deja a los Organismos Artísticos del Sur en un lugar desfavorable del organigrama provincial (últimos | ver cuadro).
El hecho de estar “lejos” de La Plata siempre obturó la igualdad de tratamiento administrativo y ubicó en un lugar concretamente desigual a los OAS debido a la consabida práctica política centralista que, penosamente, caracteriza la cosmovisión de la dirigencia política y empresarial argentina. Pero la normativa actual directamente los cristaliza en un estado indeseado.
El 15 de marzo, autoridades de la Secretaria visitaron furtivamente nuestra ciudad y sentenciaron, sin mediar negociación, que el decreto es “inamovible”, pese a los reclamos de lxs trabajadorxs y sus organizaciones gremiales.
En este contexto, Jorge Agesta asumió el cargo de Coordinador de los Organismos Artísticos del Sur hace un mes.
“Mi aceptación fue mi compromiso con los tres organismos, con lo que tenemos acá, con lo nuestro. Por eso pedí que se dejara la planta tal cual estaba en octubre, noviembre y poder cubrir los cargos que no están cubiertos”, dijo el flamante funcionario a FM De la Calle.
Respecto del estado presupuestario, Agesta informó que “tenemos alrededor de un 20 % más que el año pasado. No es suficiente, pero dada la situación general…”.
A diferencia del funcionamiento normal, este año los cuerpos que integran el órgano público no cuentan con programación definida y garantizada por déficit presupuestario. La Secretaría de Cultura ordenó dejar sin actividades a OAS hasta el mes de abril.
Agesta adjudica las dificultades económicas a una “cuestión administrativa” ya que “cuando uno de Instituto Cultural pasa a Secretaría hubo que cambiar el número de CUIT porque el Instituto era autárquico”. De esta forma “cada oficina ahora debe tener un número de partida. Al no haber este tipo de cosas se demoran todas las actividades. Cuando se cambió a Instituto pasó lo mismo”, sostuvo.
La nueva política de la Coordinación de OAS
Por otra parte, “cambió el formato de lo que es el Coordinador (de OAS). Era exclusivamente administrativo. Ahora no: tiene rango de dirección. Yo me reúno directamente con los directores (coro, ballet, orquesta) para ver la cuestión artística”, explicó.
“Se ha dado muchas veces tener directores de equis cosa que (vienen) a hacer obras que sean buenas para su carrera, para su currículum. Pero al público no le importa. Tenemos tres organismos que los paga el Estado para que lo escuche toda la gente. Que pueda tener una cuestión de que la gente aprenda a escuchar cierto tipo de cosas que no viene escuchando pero también otro tipo de cosas que pueden tener que ver con lo popular. Si no, no sirve como labor social y cultural”, completó.
Con respecto a los títulos que abordarán los cuerpos, “este año le hemos dado una orientación con obras que tienen que ver con el cine. Habrá una obra que tiene que ver con el cine con otra puramente sinfónica”.
Sumado a esto y como novedad, Agesta piensa como parte importante de su política de gestión la posibilidad de “hacer concursos de compositores nuevos para poder hacer estrenos. Poder hacer por lo menos hacer tres o cuatro obras por año de compositores argentinos y contemporáneos”.
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El Colegio de Ingenieros, luego de realizar un debate técnico institucional sobre el abastecimiento del agua en Bahía Blanca y la región, concluyó que la sola obra del Río Colorado no solucionará el problema. “Hay otras prioridades para mejorar, vamos a tener un acueducto bárbaro pero vamos a seguir con los mismos problemas que tenemos ahora”, dijo a FM De la Calle Omar Bergallo.
Entre ellas, mencionó el adecuado mantenimiento de la red de distribución, un segundo acueducto desde el Dique Paso Piedras hasta la planta potabilizadora, la ampliación de la capacidad de agua almacenada en cisternas ubicadas estratégicamente, y la modernización y terminación de la actual planta Patagonia.
Desde lo económico, Bergallo afirmó que “este acueducto va a tener tres plantas de bombeo en su transcurso y otra serie de tratamientos que en este momento en la ciudad la tenemos por gravedad sin costos, va a ser más caro sin ninguna duda”.
“Tampoco tenemos el proyecto de qué es lo que se quiere hacer. Surgió la gran inquietud entre los matriculados, no sabemos, no hay información, no se dice dónde se va a hacer la inyección del líquido que traigan, si lo van a dejar en la Vidriera, en algún lado, no vaya a ser que llegamos con el agua hasta la puerta de Bahía Blanca y no sabemos dónde la vamos a poner”, agregó.
El 21 de abril el Colegio realizó un debate con la participación de Olga Cifuentes, Fernando Andrés, Cecilio Lucas, Juan Carlos Schefer y Horacio Varela, quienes abordaron la situación actual y escenario futuro del abastecimiento del agua en Bahía Blanca y región, fuentes actuales y posibles, y Acueducto del Colorado.
Los oradores coincidieron en la existencia de obras necesarias y prioritarias para una mejora del servicio existente ya que “no es la falta de agua la generadora de las falencias de la ciudad sino la falta de mantenimiento e inversión en toda la red que data de más de 50 años”.
Se mencionaron posibles fuentes alternativas de abastecimiento de agua: embalse del Arroyo Napostá a la altura de Puente Canesa, construcción de una planta depuradora de líquidos cloacales en Cangrejales, que permitirá recuperar agua para uso industrial -actualmente anunciada-, construcción de un vertedero inflable en Paso Piedras que permita la regulación de las crecidas, amén de su reservorio, posibles obras de embalse sobre los arroyos Sauce Chico y Chasicó, y, finalmente, el Acueducto del Colorado.
(Por Francisco J Cantamutto) El debate del momento económico se centra en la llamada ley anti-despidos. ¿Qué hay en juego?
Por acuerdo entre diversos bloques de diputados, se espera aprobar en la sesión de mañana jueves el proyecto con media sanción enviado desde el Senado. El proyecto en cuestión prevé la suspensión de los despidos por 180 días, un plazo menor que el proyecto original discutido en la Cámara de Diputados. El presidente Macri dejó entender y confirmó el Ministro del Interior Rogelio Frigerio, en caso de aprobarse, el Poder Ejecutivo vetaría la ley.
El proyecto original promovido por la izquierda en el Congreso, ganó impulso cuando las centrales sindicales se presentaron ante Diputados reclamando alguna medida de contención ante el deteriorado escenario social. A pesar de la negativa del gobierno de Cambiemos a reconocer el marcado deterioro social, y el bloqueo estadístico provocado por la no publicación de datos del INDEC, semana a semana se suman consultoras privadas que constatan la ola de despidos. Unade las últimas en sumarse fue Tendencias económicas, que encontró casi 140.000 despidos en la etapa Cambiemos. Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino de la AFIP confirman que la cantidad de empleados en el sector privado bajo condiciones de formalidad cayó respecto de 2015 en no menos de 20.000 personas. La ola de despidos es una realidad y requiere una veloz respuesta. La propuesta era declarar la emergencia ocupacional nacional hasta fin de año, y retroactiva a marzo, prohibiendo los despidos.
La multiplicación de proyectos fue la jugada del gobierno para dilatar el debate mediante la confusión de posibilidades. Para esto, contó con la complicidad de diversas fuerzas políticas. La reunión de Macri con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, rindió frutos, pues esta fuerza inició una ronda de debate sobre una ley propia con supuesto énfasis en las PyMEs, que pasarían a ser el argumento de extorsión en el debate. La ley, sin embargo, sólo promovía mecanismos de contención de la crisis para este sector empresarial –que, vale la pena remarcar, abarca empresas de hasta 500 empleados- dejando el nudo del problema sin ninguna mención: los despidos en las grandes empresas. Este sector concentrado del poder, a pesar de haber recibido todos los beneficios de las políticas del gobierno, están aprovechando para suspender y cesantear masivamente. Como mecanismo de “purga” del capital, la idea de una crisis es suficiente para despedir, sin comprobación fáctica. La falta de control y la “señal” del Estado al despedir sin causa justa (toda la pantomima de los nunca comprobados “ñoquis”) promovieron esta práctica.
Por su parte, el gobierno presentó la ley de Primer Empleo, un revival de la flexibilización de la Convertibilidad, donde se quitaban contribuciones patronales para aquellas empresas que contratasen jóvenes. Aunque ciertamente este sector social es víctima de toda clase de abusos con la excusa del aprendizaje y la falta de experiencia (que se volvieron legales merced de las reformas laborales menemistas, que habilitaron los contratos basura aún vigentes), el proyecto del gobierno no apunta a resolver esto, sino a precarizar aún más. La pérdida de contribuciones patronales como mecanismo para abaratar el empleo no ha resultado antes en Argentina ni en otros países, pues no reconoce límite para lo que el empresariado puede exigir sin dar nada a cambio. Lo único que produce es pérdida de recursos fiscales, situación que termina sirviendo para justificar la necesidad de nuevos ajustes.
El propio FpV apuró el proyecto alternativo en el Senado, que sólo alcanza los 180 días a partir de la aprobación de la ley. Rápidamente aprobado, la presidenta de la Cámara, Gabriela Michetti, dilató lo más que pudo el envío a la otra Cámara, pero cedió ante la presión social. La mayoría de las fuerzas ha anunciado su interés por aprobar este proyecto, incluso el Frente Renovador. Se prevé por ello su aprobación, no sin debate. A los pedidos de aprobación urgente de las centrales sindicales, expresados en la masiva manifestación del 29 de abril, se sumó la semana pasada la presencia organizada de las PyMEs en el Congreso. Sus cámaras representativas (APYME, CEEN, CGERA, CAME y CADIEEL) dejaron claro que no se oponían a la ley, porque el problema no estaba en los despidos sino en el plexo de medidas tomadas desde el 10 de diciembre, que incluye, pero no se limita a, la devaluación, el tarifazo, el aumento del combustible, la liberalización del comercio y el aumento de las tasas de interés. Es que para una empresa pequeña, el costo de una indemnización es tan prohibitivo como su doble, no es el eje del problema.
En cambio, el llamado Grupo de los 6, una nueva confluencia organizada de lo más concentrado del capital, hizo expreso su repudio a la ley. El conjunto del empresariado más poderoso (la Unión Industrial, Adeba, la Bolsa de Comercio, Sociedad Rural, la Cámara de la Construcción y la Cámara Argentina de Comercio) se encuentra despidiendo masivamente en este momento. Consideraron –en consonancia con el gobierno- que esta ley era una mala señal porque “modificaba las reglas de juego”. Bajo esta lógica, se debería cerrar el Congreso, pues toda nueva ley es por definición una regla. Haciendo abuso de la política de la expresión de deseos, el gobierno y el Grupo de los 6 afirma que es necesario cuidar el “clima de inversiones” para que el segundo semestre haya reactivación. Conocida excusa, este “clima” parece alterarse con cualquier política que toque sus intereses.
Por esto mismo, el gobierno ya ha expresado su decisión: vetará la ley. Esto es de suma gravedad y sirve de muestra de lo que Cambiemos entiende por democracia: cada quien dice lo que gusta o piensa, y luego se impone la decisión de quien tiene más poder. Se trata de una demagogia de la peor calaña.
Pero contra su propia voluntad, Macri se vio obligado a proponer alguna alternativa ante los despidos. Por eso, firmaron un pacto con cerca de 200 empresas, que expresaron “querer comprometerse en mantener la plantilla”. Además de ser notable cómo diluyen su responsabilidad, ni siquiera pudieron afirmar no despedir, sino mantener el número total –lo cual, en el contexto de falta de control estatal, permite las peores prácticas de reemplazo de trabajadores/as en peores condiciones. Las fuerzas organizadas del capital concentrado no están dispuestas a conceder, menos cuando tienen un gobierno que las defiende a toda costa.
Sin lugar a dudas, la ley antidespidos es una propuesta defensiva, que no puede alterar el rumbo de la valorización del capital y sus consecuencias. Pero es una ley necesaria para poner freno a la brutal ofensiva contra la clase trabajadora, y debe servir como punto de confluencia mínimo contra las ambiciones revanchistas de Cambiemos.
El abogado Guillermo Néstor Montezanti, hijo del ex espía del terrorismo de Estado y ex camarista federal Néstor Luis Montezanti, y el empresario Gustavo Elías, titular de Chenyhi SA y copropietario de la radio La Brújula 24, aparecen vinculados en la compañía offshore Tranway Finance Ltd. con domicilio en la capital uruguaya, según la nueva apertura de los Panamá Papers.
Así lo adelantó a FM De la Calle Sandra Crucianelli, incorporada recientemente al equipo de periodistas argentinos con acceso a la enorme filtración de datos que el periódico alemán Süddeutsche Zeitun compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
“Hay una empresa situada en las Islas Vírgenes Británicas que se llama Tranway Finance Ltd, y es Guillermo Néstor Montezanti quien fija domicilio en la misma oficina que Gustavo Fabián Elías, que es el vicepresidente de la Unión Industrial, y triangulan la formación de esta compañía a través de un estudio llamado Estudio Víctor Paullier, que sería el facilitador, así como acá el currier o el facilitador para los Torello fue Diego Polini, en este caso ellos recurrieron a un facilitador uruguayo para crear Tranway Finance Ltd”, dijo en diálogo con el programa En Eso Estamos.
Tras la segunda apertura parcial de la documentación sobre paraísos fiscales, Crucianelli identificó además a los bahienses Michel Medus y su esposa Fabiana Limanski, María Eugenia Torello y Juan Martín Luque, Diego Polini, entre otros.
“Es gente con muchos millones de dólares armando compañías en paraísos fiscales. Podemos hablar de una maniobra de elusión impositiva, a nadie le gusta pagar impuestos, pero también podemos pensar en maniobras de lavado o de evasión fiscal, que son delitos. Acá la AFIP tendría que ver si esas empresas están declaradas”, explicó.
Según publicó Crucianelli, las Islas Vírgenes Británicas, ubicadas al este de Puerto Rico, en el Mar Caribe, suman un total de 40 islas, de las cuales sólo 11 están habitadas. La más grande es Tórtola, sede de todas las empresas de los citados bahienses. Entre los beneficios que obtienen allí, se cuentan: no pagar ningún tipo de impuestos; privacidad, la información no queda registrada en ningún repositorio web; costos competitivos; y la posibilidad de dedicarse a cualquier tipo de negocio.
Más información:
Panamá Papers: Los Vínculos entre Elías, Montezanti y el Transporte
El miércoles pasado en Ojitos Chinos, el programa infantil de FM De la Calle, estuvieron Martín Sotelo y su hija Luana. Martín es guardaparques y además participa del grupo Guardianes del Estuario, quienes se dedican a dar charlas en colegios y jardines acerca de cómo cuidar y preservar las especies de nuestra ría. Luana, con ayuda de su papá, fabricó su propio tambor de telgopor para cantar y tocar las canciones inspiradas en la naturaleza del estuario bahiense.
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Se realiza hoy una nueva protesta contra las grandes cadenas de supermercados formadores de precios ante los constantes aumentos. La Jornada nacional “#SúperVacíos” es impulsada la CTA Autónoma, la Asociación “Consumidores Libres” y la Defensoría de la Tercera Edad, entre otras organizaciones.
“Estamos en una situación muy complicada, estamos a un mes de la anterior protesta que fue realmente muy significativa, muy exitosa, más de un 80 por ciento de ausencias respecto a días similares en los supermercados, esperemos que hoy esto se repita y en lo posible sea superado. Pero fundamentalmente estamos advirtiendo que los sectores más vulnerables de la sociedad no dan más”, dijo a FM De la Calle el titular de la Defensoría porteña, Eugenio Semino.
El control de los valores de los productos “es una responsabilidad combinada entre los grandes formadores de precios como son las cinco cadenas de supermercados y obviamente el gobierno en representación del Estado através de generar políticas activas para evitar este verdadero desastre”. Ante la falta de respuesta al pedido de audiencia al presidente Mauricio Macri tras el prier boicot, las organizaciones convocantes no descartan llevar adelante presentaciones ante la justicia para que se cumple la Ley de Defensa del Consumidor y de la Competencia.
Durante el anuncio de la iniciativa, productores rurales de Federación Agraria “presentaron una cantidad de productos, sobre todo alimentos frescos con el precio que se le paga al productor y el precio que está en la góndola. Cuando uno lo ve es impactante porque en general como hemos perdido toda noción los argentinos de precios de referencia, nos quedamos con lo que vemos al momento de comprar, pero había hortalizas que se le paga un peso o 0,80 y están cincuenta pesos en la góndola después”.
El fundador de Consumidores Libres, Héctor Polino señaló que “con la devaluación del peso y la quita de retenciones al agro y la industria se produjo un fenomenal aumento de precios. Las remarcaciones comenzaron, incluso antes de que asumiera el gobierno, en los primeros días de noviembre”.
“Sabemos que por no comprar durante un día no se da la solución, pero la experiencia del 7 de abril ya nos demostró que si nos unimos por reclamos justos, podemos dar un fuerte mensaje tanto a los grandes comercios que abusan con los precios, como a quienes gobiernan y no toman medidas al respecto”, afirma la convocatoria.
El músico, docente y compositor Pablo Lasala compuso una canción titulada “Al director de Cultura”. El disparador de la obra “no tiene nada que ver con lo personal. Toda la vida lo que me ha movilizado me llevó a escribir. En este caso me pareció que envergadura y la cosa también oficial, cultural y culturosa dio para escribir algo a modo pseudo académico”, dijo el músico a FM De la Calle, haciendo referencia a la estética elegida para la pieza.
“Lo que me motivó tuvo que ver con estos comentarios permanentes de que, en este caso, el director de Cultura (por Ricardo Margo, Director del Instituto Cultural de Bahía Blanca) no le está dando pelota a nadie”, agregó.
“En lo personal, (anteriormente) me invitó a su programa de televisión. Me invitó en el mismo día y yo en el mismo día fue. Yo venía de hacer televisión en Telefé, venía de trabajar en cosas de otra envergadura. Si a mí me llaman para un programa local de un pueblo yo voy igual. Entonces yo dije, la pucha, ahora que estamos en otro rol no nos damos pelota. Porque yo lo llamé para decirle que venga a visitar lo que estábamos haciendo con las artes integradas y no ha venido a ver nada. Pero a mi esas cosas no me afectan porque de alguna manera si no es una persona es otra”, explicó.
“Lo que sí me llamó la atención es que hubiera un montón de rechazos y cosas así que no me gusta que estén pasando. Sinceramente, me gustaría que tomemos las cosas con un poco más de amor. Que paren los ataques, que paren las defensas, que paren un poquito las cosas tensas y que de alguna manera bajemos el copete, digamos: mirá, en esto voy a poder ayudar, en esto no sé si me van a dejar ayudarte, no sé, algo un poquito más humano”.
Finalmente, el músico se preguntó “qué es lo que pasa con el ser humano cuando toma un lugar de poder. Me parece que ahí es cuando se pierde la humildad muchas veces”.
“La forma en que a mí se me ocurrió escribir esto fue un poco embanderándome en todos los compañeros artistas y todas las personas que apuntamos a ser un poquito más modestos y trabajar desde la humildad todo lo que se pueda. Porque me parece que es el camino verdadero, el camino más profundo. Es el camino en el que podemos llegar a dialogar aún habiendo diferencias. ¿A quién no se le sale la cadena en la vida? Pero a mí me parece que como autoridad cualquiera tiene que entender que tiene la responsabilidad de bajar un poquitito al pueblo, escuchar y también manifestarse limitado frente a determinadas situaciones que no puede resolver por problemas de establishment”, concluyó.
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Las Radios y socias y socios individuales que integramos la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de Argentina, expresamos nuestro más enérgico repudio al fallo que condenó a la REVISTA BARCELONA al pago de 40 mil pesos por “daño moral” a Cecilia Pando por la publicación de un fotomontaje donde se satirizó un acto en el que la dirigente defensora de represores se encadenó en Tribunales.
El fallo de la jueza de primera instancia, Susana Amelia Nóvile, resulta un grave ataque a la Libertad de Expresión y de Pensamiento tutelado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que posee rango constitucional) y al Derecho de publicar ideas por la prensa sin censura previa (Artículo 14 de la Constitución Nacional). Además, por tratarse de una condena por un monto menor de 50 mil pesos, el fallo sería inapelable ante la instancia superior aunque podría ser revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya que afecta Derechos Humanos. Entendemos que este fallo sienta un grave antecedente para los medios de comunicación y contra la libertad de expresión.
En los fundamentos de su fallo, la jueza remarca que “a pesar de tratarse de una revista de carácter satírico la foto y las frases allí colocadas exceden un tono sarcástico y burlón y hacen una exposición exagerada de la accionante.” La magistrada consideró que Pando no es una “persona pública” y dio por probados los testimonios de las testigos aportadas (otras esposas de militares) que contaron que la contratapa afectó su honor para fijar la condena de 40 mil pesos más costas.
Además quien realiza la denuncia por “daño moral” es alguien que avala hasta el día de hoy y defiende públicamente la última Dictadura Cívico-Militar, que no tuvo ni moral ni ética para asesinar, torturar y desaparecer a 30.000 compañeros/as en nuestro país. No es casualidad que en el actual marco de retroceso de derechos humanos muy sentidos para nuestra sociedad, la persona que denuncia es de las principales difusoras de la impunidad para los genocidas.
Este fallo, consideramos desde AMARC Argentina, sienta una peligrosa jurisprudencia para los medios de comunicación y la Libertad de Expresión. Consideramos que el repudio de las organizaciones de medios de comunicación y de periodistas debería ser amplio y urgente porque en caso de ser avalados, empezaremos a perder el derecho a la libertad de expresión, derecho humano fundamental para toda sociedad democrática.
(Por Julio Gambina) Los datos de la economía argentina son preocupantes y combinan el estancamiento con la elevación de los precios, un combo destructivo para la mayoría de la población con ingresos fijos y bajos.
Con el estancamiento derivado del enfriamiento deliberado de la actividad económica, producido por el Gobierno Macri, la consecuencia directa es pérdida de empleos, y por ende suspensiones y despidos, o chantaje empresario para bajar sueldos a cambios de empleo.
La respuesta empresaria, de los que pueden establecer precios, apunta a cambiar volumen de ventas por precios, asegurando rentabilidad. No importa que el gobierno les solicite mesura, y mientras pueden, aumentan precios en resguardo de su tasa de ganancia.
Queda claro que los perjudicados son la mayoría de la población argentina, con bajos ingresos y evolucionando por debajo de la inflación. En una estimación reciente realizada con informes del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, la inflación del último año transcurrido, a abril del 2016, supera el 40%. Las proyecciones para todo el 2016 apuntan en ese sentido.
La política económica de Macri empuja el enfriamiento económico para bajar la tendencia inflacionaria. Es lo que sugiere en Ministro de Energía cuando dice que si el combustible es caro, los consumidores deben abstenerse de comprar. Pura lógica ortodoxa del monetarismo tradicional, que acompaña el Presidente del Banco Central con su aspiradora de fondos y tasas del 37,5% para captar inversiones de compañías de seguro, Fondos de Inversiones, Bancos y especuladores de todo tipo.
Aranguren y Sturzenegger son las caras visibles de la ortodoxia monetarista que impera en el gobierno Macri. No les importan las consecuencias sociales si al final logran bajar a cualquier costo la inflación. Sin éxito por ahora, aunque auguran una merma inflacionario desde Julio, a costa, claro está, del nivel de consumo.
Unidad de acción contra la lógica de la ganancia
Las respuestas no se hacen esperar y con la movilización masiva del 29/4, de la unidad de acción, se hacen visibles y estimulan muchas otras protestas, ocultadas por la prensa en general. No solo contra los despidos y la carestía, sino contra la impunidad de los re-marcadores de precios, tal como se sustenta en la campaña “super vacíos”, en la segunda versión del 10/5.
Es interesante la multiplicación de protestas en unidad de acción, algo que no muchos entienden, pero que la realidad impone. Resulta interesante como se buscan lógicas para la protesta, cuando estas se imponen por la fuerza de la movilización y la organización popular.
Algunos sostienen que la ley anti despidos es ineficaz para asegurar el fin de los despidos. Quizá tengan razón, pero en la agenda de discusión política se impuso un consenso contrario a los despidos y eso es lo que importa.
Vale recordar que las centrales sindicales fueron convocadas al Parlamento a discutir por el impuesto a las ganancias y desde la CTA Autónoma se orientó el debate y la demanda hacia la “emergencia ocupacional”.
La primera batalla es por las ideas, más allá del éxito de una legislación, que igual no quieren los empresarios y el gobierno. Por algo será, aunque la impunidad les permita desoír el mandato legal, la sola existencia del instrumento y el consenso social y político a no despedir los desarma en la disputa de consenso para el poder.
También es cierto que algunos critican las visitas a un Parlamento poco amigable con las organizaciones populares, y otros agregan el carácter de impresentables de los dirigentes de algunas de las centrales sindicales. Todo eso es verdad, sin embargo, el accionar conjunto de las centrales y la presencia en el Parlamento expandió la vos de los afectados por los despidos, sean los que sean según las distintas fuentes de información.
El enunciado de razones de principios que sustentan algunos, en el marco de la crisis política vigente afecta la capacidad de movilización y organización popular, por lo que el desafío pasa por más iniciativa política popular para disputar el consenso masivo para construir una subjetividad consciente para un orden que afecte la lógica capitalista de ordenamiento social.
La lógica capitalista es por la maximización de la ganancia. La lógica de política económica es por bajar la inflación a costa de la mayoría de la sociedad. La realidad es que el capitalismo para funcionar necesita de la inversión, esquiva en estos momentos de crisis mundial del capitalismo.
El anticapitalismo como respuesta
En todo caso, el gobierno, mientras espera el ilusorio arribo de inversores o prestamistas externos, apurará la inversión pública a costa de contradecirse y emitir moneda, toda una sinrazón que agrava las respuestas contractivas del Banco Central con tasas de estímulo a la especulación financiera y negadora de cualquier reactivación del crédito productivo.
Seamos claros, el inversor capitalista busca la valorización de su inversión, es decir, no se invierte si no es atractivo para asegurar la ganancia. Por ello, el problema no es la falta de inversión, sino el capitalismo. No es sencillo confrontar al capitalismo y menos transformarlo, pero es ilusorio imaginar respuestas favorables a los pueblos diagnosticando la falta de inversión. Incluso, pensando en el inversor público, vale mencionar que se trata del Estado capitalista y por ende, actúa en beneficio de recuperar la lógica capitalista.
Lo dicho no quiere decir que nada puede hacerse hasta no terminar con el orden capitalista, claro, pero al mismo tiempo resulta imprescindible la crítica y la denuncia al capitalismo real para no abrigar expectativas en apuestas al capitalismo nacional, serio o norma, o a una burguesía nacional, incluida la sustitución con el papel del Estado.
Con estas lógicas neo-desarrollistas o neo-keynesianas se alimentan ilusiones de soluciones en el marco del capitalismo, con reformas paliativas que auguran posibilidades de cambios profundos más adelante. La realidad en América Latina en estas horas es que la demora en mutaciones económicas profundas, que desarmen la lógica capitalista, aborta experiencias de cambios políticos y abren las puertas a respuestas más acordes con las corrientes principales, hegemónicas del orden capitalista mundial.
La realidad exige aumentar la iniciativa política en unidad de acción para confrontar con políticas antipopulares sustentadas por el gobierno Macri y construir amplia subjetividad consciente por una sociedad no capitalista, que construya en simultáneo a la protesta un programa alternativo de otro modelo productivo sustentado en la soberanía alimentaria, energética, financiera, popular, en articulación con procesos similares en la región y en el mundo.
Las Abuelas de Plaza de Mayo expresaron su profunda preocupación y denunciaron el vaciamiento que la ministra Patricia Bullrich está llevando adelante en áreas sensibles del Ministerio de Seguridad de la Nación, dedicadas al sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos que venía sosteniendo el Estado Nacional.
En particular, la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado a instancias del organismo para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, que permiten la identificación de sus nietos y nietas.
El viernes se publicó en el Boletín Oficial la nueva estructura orgánica del Ministerio de Seguridad de la Nación, y allí se pudo constatar la desintegración de la Dirección de Derechos Humanos dependiente de la cartera ministerial.
“Este área ocupaba un rol muy importante en el relevamiento documental y en la producción de informes para asistir a las investigaciones judiciales por los crímenes de lesa humanidad. De ella también dependía el GEAJ, que fuera materia del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009”.
“Su creación obedeció a que, la delicada tarea de toma de muestras de ADN para identificar judicialmente a nuestros nietos, hijos de desaparecidos, no podía quedar en manos de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos actuaban con complicidad con los apropiadores, fraguando la toma de muestras para tornar imposible las restituciones”, dijeron las Abuelas.
A fines de 2014 fue condenado, por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín, el Oficial de Policía, Adolfo Porcel por haber fraguado en 2005, en complicidad con el ex gendarme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las muestras del allanamiento realizado en la restitución del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana. Esto motivó la necesidad de crear un Grupo Especializado para colaborar con la Justicia en el ámbito de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad a cargo de civiles comprometidos con la Memoria, la Verdad y la Justicia.
“Las decisiones tomadas en la órbita del Ministerio de Seguridad implican un grave retroceso en los estándares alcanzados por el Estado Nacional en materia de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa humanidad que lo tornan responsable internacionalmente”.
“Por tal razón, las Abuelas de Plaza de Mayo solicitamos al Presidente de la Nación que tome las medidas necesarias para dar marcha atrás con la grave decisión adoptada por la Ministra Bullrich. De lo contrario, denunciaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno Nacional por el incumplimiento del acuerdo de solución amistosa del año 2009”, concluyeron.
El jueves comenzará un nuevo ciclo de charlas en el marco de la Cátedra Abierta de Violencia de Género que organiza la Universidad Nacional del Sur con entrada libre y gratuita. En esta ocasión, se tratarán temas tales como las acciones en la promoción de la equidad de género en los medios audiovisuales, los delitos sexuales en las redes sociales y los derechos de las mujeres migrantes, entre otros.
Las charlas serán los días 12, 19 y 26 de mayo; 2 de junio, 9, 16 y 23 de junio, a las 19.30. La mayor parte serán en el Aula Magna de Colón 80 y contará con la presencia de disertantes de Capital Federal, La Pampa y Bahía Blanca. Las inscripciones se reciben a través del formulario http://goo.gl/forms/FLd6xaqnej. Para consultas, al mail [email protected] o al 4595036.
Esta es la cuarta edición de la Cátedra, que se replicó además en Punta Alta. Se trata de una de las actividades de Extensión con mayor convocatoria que realiza anualmente la UNS.
Programa:
12 de mayo: “Deconstruir para construir desde un enfoque de Derechos; la promoción de la equidad de géneros en los medios audiovisuales”, a cargo de la Dirección de Capacitación y promoción de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
19 de mayo: “Diagnóstico de la Violencia de Género en la provincia de La Pama, a cargo de funcionarios del área de Familia de la citada provincia.
26 de mayo: “La defensa de los Derechos Humanos con perspectiva de género”, a cargo de los abogados Viviana Lozano, Leandro Aparicio y Fernanda Petersen.
2 de junio: “Los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas”, a cargo de especialistas de la Asociación AMUNRA.
9 de junio: “Masculinidades plurales desde la perspectiva de Género”, conferencia de integrantes del Consejo Nacional de las Mujeres.
16 de junio: “Delitos sexuales y redes sociales”, exposición del fiscal Mauricio Del Cero.
23 de junio: La violencia de género en todas sus dimensiones”, por la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez.
I
(Por Luis Ponte) Un arquero que colecciona los goles más lindos que le hicieron. Un adolescente que sueña con ser estrella de fútbol, pero extraña a su familia. Un mundo sin fútbol, dentro de 400 años. Un entrenador y un mal que lo empuja a dejar su cargo, en la cima. Una sociedad injusta con miseria y diferencias de clase, mientras el fútbol sucede…
Qué surge de la cabeza de un grupo de tipos que son convocados a abandonar lo que más disfrutan y lo que mejor saben hacer – y sí que saben – , para explorar un campo de juego nuevo para ellos. Reconocidas figuras del fútbol acostumbradas a ilusionar a la gente con la pelota en sus pies, que de una, saltan del césped al escritorio.
Así nació el libro “Pelota de Papel”. Su singularidad: es el primer compilado de cuentos de fútbol escrito íntegramente por jugadores, ex jugadores, y entrenadores de este deporte. Literatura y fútbol unidos, en este caso, en contenido y título. Relatos de ficción con la mirada que sólo ellos, los que “la ven de adentro”, pueden tener. Juego de aprendizajes y desafíos. El primer cuento. En papel. Como los primeros palotes, la primer lectura… y la primer pelota.
II
El pasado miércoles 4 de mayo, se presentó finalmente en la Feria del Libro de Buenos Aires, este proyecto concebido entre Sebastián Domínguez ( jugador de Newell’s), el editor Ariel Scher y el periodista deportivo Juanky Jurado. Ellos convencieron a 24 jugadores, bajo la consigna de ser los genuinos escritores de los cuentos; sin editores, ni escritores fantasmas detrás. La excusa de este proyecto: donar todos los derechos a la Fundación Si y otra ONG uruguaya.
Entre otros figuran nada menos que Nahuel “Patón” Guzmán, Pablo Aimar, Nicolás Burdisso, Javier Mascherano, Fernando Cavenaghi, Kurt Lutman (ex – futbolista de Newell’s y autor de “El agua y el pez”), Facundo Sava, Rubén Capria, Jorge Valdano, Jorge Sampaoli, Juan Pablo Sorin y Jorge Bermúdez.
Cada cuento esta acompañado de un ilustración y de un prólogo. En los cuales intervinieron escritores o periodistas de fútbol como Alejandro Dolina, Reynaldo Sietecase, Norberto “Ruso” Verea, Eduardo Sacheri, Juan Jose Panno, Ezequiel Fernández Moores, el Chavo Fucks, Walter Vargas, Daniel Arcucci. E ilustradores como Tute, Maica, entre otros.
III
Vientre fecundo que no cesa de parir jugadores aclamados y reclamados en el mundo; tierra fértil abonada por la pluma de tipos que hicieron del cruce literario con el fútbol un género en sí mismo, el suelo rioplatense, nos entrega una lista tan extensa como exquisita en trayectoria y referentes: Fontanarrosa, Soriano, Galeano, Benedetti, y más acá Sacheri, Casas, Dolina, entre muchos otros.
Y, si sumamos América latina, Antonio Skármeta (Chile), Juan Villoro (Méjico), Bryce Echenique (Perú), y el mismo García Márquez, entre otros, dejaron sentada su doble pasión por escrito. Y sólo en ficción. Los estantes de la biblioteca futbolera se multiplican si entran ensayos, crónicas, poesía, biografías, historia, novelas, cuentos, periodismo, etc.
El periodista, narrador y editor del libro, Ariel Scher, hablando de los autores de “Pelota de Papel”, resaltó: “hicieron y demolieron todo tipo de prejuicios. Todos tenemos canales expresivos, el de la mayoría de ellos es con la pelota y con alto nivel. Acá los jugadores sólo reforzaron otro canal y con mucha alegría puedo decir que los que escribimos, aprendimos mucho de ellos, leyéndolos”.
También hay antecedentes conocidos de ex jugadores y entrenadores que decidieron volcar en papel conceptos técnicos, recuerdos, anécdotas, o inclusive ensayos más pretensiosos que escapan al propio deporte, como el caso de Jorge Valdano, entre otros.
Pero esta vez la noticia, el hecho a destacar, es que protagonistas de alta competencia de un fenómeno popular como el fútbol, se reconocen como referentes y toman conciencia de lo que pueden generar en su público como ídolos, no desde donde muchos de ellos nos tienen habituados (el juego propiamente dicho, los medios, la farándula, o temas más frívolos).
Tipos animados a pisar un terreno de juego hasta ahora desconocido para ellos, con un elemento muy distinto a la que acostumbran a hacerlo todos los domingos, conjugando desafío personal, por el esfuerzo de sentarse a hacer algo que nunca se imaginaron, y colectivo, por el sentido que tiene este proyecto: homenajear ese momento de la vida donde el papel sirve para aprender a leer y a escribir, pero también para jugar a la pelota.
La Corte Suprema resolvió que la justicia de San Juan es competente para investigar el derrame de cianuro en el río Potrerillos que se produjo desde la mina Veladero, operada por la empresa Barrick Gold en el Departamento de Iglesia. A raíz de este episodio, se originaron dos procesos penales, uno en la justicia provincial y otro en la federal de la ciudad de Buenos Aires.
“Hace mucho tiempo que tanto los directivos de Barrick como las autoridades de San Juan estaban tratando de quitarle la causa al juez federal Casanello porque venía a investigarlos de manera impecable, avanzando sobre la verdad de las cosas, con medidas judiciales muy importantes”, dijo a FM De la Calle el abogado ambientalista Enrique Viale.
En San Juan se investiga a los directivos de la empresa y a funcionarios provinciales del Ministerio de Minería y del Ministerio de Salud y Ambiente, mientras que en la justicia federal de la Capital Federal se investiga el comportamiento de Sergio Lorusso y Jorge Mayoral ex secretarios de Ambiente y Minería de la Nación, así como el de funcionarios provinciales y directivos de la empresa.
El abogado explicó que las responsabilidades provinciales alcanzan al ex gobernador y flamante presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja: “No es casual que todo ocurra en las misma semana, son poderes muy grandes, me resulta extraño que los análisis políticos sobre la nueva conducción del PJ no pongan el acento y la lupa sobre esta relación que tiene el ex gobernador Gioja con la Barrick, una relación espuria de muchos años”.
La Corte Suprema decidió que la justicia provincial debe determinar la responsabilidad de los directivos de la empresa Barrick Gold y de los funcionarios del gobierno provincial por la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos, y que el juez federal debe investigar la conducta de los ex secretarios de Minería y de Ambiente nacionales. Además, enfatizó la importancia de resguardar la jurisdicción de los jueces provinciales dado que la Constitución Nacional garantiza como principio fundacional del federalismo el reconocimiento de su autonomía.
En el marco de la causa que investiga el derrame, la Asociación de Abogados Ambientalista impulsa una medida cautelar para cerrar la mina mientras continúa el trámite judicial y por existir riesgo de nuevos derrames y de violación de la Ley de Glaciares. “Justamente quedaban pocos días para que el juez Casanello resuelva ese pedido” en base a un informe de un comité de expertos. “Fue muy oportuna para los intereses de Barrick la decisión de quitarle la causa a Casanello y ahora va a un juez más complaciente, un juez de San Juan y quedará en la impunidad una vez más un caso como este”.
“La Corte lamentablemente en los últimos fallos en materia socioambiental ha jugado de esta manera, una vez más jugando a favor de los poderosos. Vamos a seguir con mucha fuerza y también el pueblo de Jáchal, impulsando la causa ante el juez Casanello porque creemos que a pesar de haberle recortado la competencia hay muchas cosas por hacer”, afirmó Viale y mencionó entre ellas, insistir en el cumplimiento de la Ley de Glaciares “que prohíbe expresamente la actividad minera en el ambiente glaciar y periglaciar y Veladero está ahí”.
