Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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En el día de hoy se conoció el fallecimiento de Esteban Latorre, trabajador de Biblioteca Nacional que fue despedido y luego reincorporado por las autoridades al enterarse que había sido operado en enero del corazón. Ya son tres los trabajadores muertos en una semana por las políticas del gobierno nacional.
Latorre, de 41 años y una hija de seis años, fue operado en el mes de enero donde se le realizó un triple bypass por problemas que venía arrastrando de salud. Estando de licencia médica debido a esta situación, el 21 de marzo recibió el telegrama de despido por parte de las autoridades de Biblioteca Nacional.Afiliado a ATE, Latorre tuvo que presentar los comprobantes de su deterioro de salud por lo que terminó siendo reincorporado.
Sin embargo, este lunes se hizo presente en Biblioteca Nacional para presentar los certificados correspondientes con el fin de mantener la licencia.Según cuentan sus compañeros, Latorre se encontraba muy angustiado por los despidos (240) en su sector de trabajo y por la situación que le hicieron pasar tras ser operado del corazón. Este mismo lunes, mientras volvía en moto a su casa de José C. Paz, se descompuso y falleció en el camino.Esteban Latorre era trabajador del sector de Seguridad e Higiene, con 7 años de antigüedad estaba sujeto a la resolución 48, una renovación de contrato anual que padecen miles de trabajadores estatales.
Con el fallecimiento de Latorre ya son tres los compañeros muertos producto de los despidos y las políticas que impulsa el Gobierno Nacional. El fin de semana pasado, Yolanda Mercedes, auxiliar docente de Mar del Plata tuvo un infarto que le produjo al advertir que en su cuenta sueldo sólo había $40 por el descuento que le habían aplicado de más de $6.000. Y este martes, Melisa Bogarin, trabajadora precarizada del Inta del Chaco, en el marco de una reunión con autoridades del sector, se descompuso y murió mientras era trasladada a un hospital.
Fuente: http://www.eltrabajadordelestado.org/
La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur adhirió al Paro Nacional de Estatales convocado por ATE junto a otras organizaciones sindicales que se realizará el martes 19. Las y los docentes universitarios concurrirán ese día a las 10 al Encuentro – Debate de Trabajadores organizado por la CTA en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense -Luiggi 63-. El Consejo Superior de la UNS se sumó a las demandas.
Tras la elección de delegadxs al Congreso de la ConaduH, el gremio decidió impulsar la realización de un paro general de trabajadorxs a través de la convocatoria de todas las centrales sindicales y ratificar el pliego de reivindicaciones de la federación universitaria buscando confluir en “unidad de acción” con organizaciones similares en futuras medidas de fuerza.
“Con respecto al mandato de plan de lucha de la Federación, nuestra delegación tomará conocimiento de la resolución que adoptará el Congreso Extraordinario sobre el particular y la pondrá a consideración de una Asamblea, que se convocará la semana que viene, para ratificarla o adecuarla a las decisiones que se tomen en la misma”, informó ADUNS.
Por otra parte, lxs trabajadorxs apoyaron la denuncia penal formulada por el gremio SOEME contra la gobernadora María Eugenia Vidal a raíz del fallecimiento de la auxiliar docente Yolanda Mercedes y acompañaron el reclamo por la urgente reglamentación e implementación de la Ley del Boleto Estudiantil Gratuito.
Respaldo del Consejo Superior de la UNS
Una resolución que solicita a las autoridades nacionales “que realicen todos los esfuerzos necesarios para concretar, a la brevedad, en el marco de la paritaria nacional la formalización de una oferta de incremento salarial satisfactoria dada la inflación verificada”, y también que “se regularicen las transferencias de las partidas presupuestarias que financian el funcionamiento de las Instituciones Universitarias Nacionales, y se considere un incremento de las mismas” emitió en su último plenario el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur.
La declaración tuvo su origen en un petitorio de ADUNS presentado ante las autoridades el 4 de abril. Entre sus considerandos, el Consejo expresó “que el último acuerdo paritario docente por el cual se obtuvo un incremento salarial, ha sido largamente superado por la inflación verificada en el período acordado provocando un importante deterioro del salario real”; que “junto a otros reclamos, ha motivado la adopción de medidas de fuerza que provocan la retención e interrupción en la prestación de los servicios docentes en los ámbitos universitario y preuniversitario”, y que “es imprescindible la regularización del flujo de financiamiento y el incremento del mismo, para asegurar el normal funcionamiento de las Instituciones Universitarias Nacionales”. También, “que las condiciones presupuestarias están en estrecha vinculación con la calidad académica de la Universidad pública en materia de docencia, investigación y extensión, afectando directamente al estudiantado”.
La Resolución CSU 168/2016 completa puede descargarse aquí: http://servicios.uns.edu.ar/data/noticias/docs/77.pdf
Bahía Blanca cuenta con un nuevo espacio cultural: Factor C. Si bien la formulación del proyecto responde a una visión de acción cultural para el momento actual, el espacio físico sobre el que funciona tiene muchos años de historia.
Inicialmente, Factor C “fue una propuesta del espacio en el cual yo estaba desempeñando mi trabajo de fotografía. Darle otra dirección. Siempre estaba pendiente y ese lugar estaba cargado de historia. Ahí particularmente trabajó el grupo Caos y en la experiencia que fue espacio Vox. Fue volver a convocar a Gustavo (López) y proponerle volver a darle un fin cultural y más impulsado por la ordenanza municipal que permite habilitar espacios culturales independientes” dijo a FM De la Calle, Raúl Lázaro, uno de los gestores de la idea.
Caos es una experiencia que viene de la danza y el teatro en la década del 90. Se desarrolló principalmente en lo que fue el garaje del inmueble del Museo de Arte Contemporáneo.
“El proyecto de Espacio Vox comenzó en el año 98 y duró hasta el 2006. Se desarrollaron una serie de acciones que iniciaron trabajo de grupo e incluso de escritores, artistas plásticos. A parte de lo que producía Caos hubo muchos años de unas becas muy importantes que financiaba la Fundación Antorchas para poetas. Ahí se hicieron nucleamientos de grupos y poetas que fue muy productivo en esa época. También funcionó como galería de arte”, agregó Gustavo López, el otro hacedor del proyecto.
Actualmente, “el espacio está fuertemente marcado por el teatro y la danza. Pero hay otras actividades como talleres de música para chicos, de plástica, de teatro y de fotografía. Después hay muchas actividades específicas que nosotros diagnosticamos como que a veces no están en la ciudad”.
Factor C se encuentra en Zeballos 295. Pueden consultar la programación a través de su cuenta en Facebook o contactarse vía WhatsApp (+54 291 6451304).
Foto: Facebook
La presidenta del Consejo Escolar Susana Rodríguez confirmó esta mañana que la provincia devolverá los cupos en comedores escolares recortados a principios de año y duplicará los montos asignados a desayunos, meriendas y almuerzos. Los anuncios se efectivizarán a partir del próximo mes.
“Estuve en La Plata con el director de Consejos Escolares de la provincia, fui específicamente por el reclamo de cupos de comedor del recorte que nos había llegado a principios de año que nosotros nunca pusimos en práctica porque dijimos que íbamos a seguir trabajando con los mismos cupos porque no éramos quienes para decidir quién come y quién no. Esos cupos nos los devolvieron, vamos a seguir trabajando con los cupos de 2015 hasta la nominalidad y si necesitamos más cupos de comedor o copa de leche el director dijo que no iba a tener problema en darnos los que necesitáramos”, dijo Rodríguez a FM De la Calle.
La funcionaria afirmó que “otra alegría que me dio el director fue que el DMC, el desayuno y merienda completa, va a ser de $7,90 con un incremento del cien por cien y el comedor va a ser de $12,60 también un incremento del cien por cien. Con estos montos estamos hablando de la posibilidad de otros menús”.
Por otra parte, la consejera se refirió a la continuidad de la problemática de los roedores en algunas instituciones -hoy se denunció la aparición de una rata muerta en la Escuela 5- e informó que, a partir de la renuncia de Adriana Perdriel, asumió Pablo Coleffi en el bloque de Cambiemos y Carolina Recalde fue designada vicepresidenta del cuerpo.
(Lucía Gorricho*) Este año tomé horas en una escuela en Sierra de los Padres, una localidad del Partido de General Pueyrredón que cuenta con una población estable de unos 4 mil habitantes. El lugar forma parte del sistema montañoso de Tandilia y está compuesto por sierras de unos 150 metros de altura. La vegetación es muy diversa y se pueden apreciar pastizales, monte y bosque. En el espacio conviven un barrio residencial con calles que respetan la topografía y campos productivos ubicados sobre los márgenes; siendo el más destacado en la actualidad por su rentabilidad, el cultivo de frutillas. Hay varias agro-empresas operando en la zona y todas contratan mano de obra boliviana y han recibido diversas denuncias por parte de organizaciones sociales y ambientales que señalan, no sólo situaciones de semi-esclavitud en relación a la mano de obra, sino que han advertido sobre el uso de agroquímicos como parte del paquete tecnológico de producción.
Esta semana me citaron para evaluar a una estudiante que debía una materia que la habilitaría, en caso de aprobarla, a pasar de año. El director me anticipó que el nivel académico no era bueno pero que era una alumna que se esforzaba mucho para estar en la escuela.
Como no fue estudiante mía decidí preguntarle a ella los temas que habían visto en geografía el año anterior; pero no se acordaba ninguno. Con piel morena y voz muy bajita, me dijo que no había podido estudiar porque no tenía libro ni carpeta. Entonces le dije que yo tenía toda la voluntad de aprobarla pero que era fundamental que escribiera algo que justificara la nota.
A pesar de mi insistencia no supo decir nada en relación a los contenidos de la planificación anual y entonces le pregunté:
¿De las frutillas sabés algo?
Abrió los ojos enormes.
Si, me dijo.
Entonces sobre la hoja de carpeta que ella misma me dio escribí:
Evaluación de Geografía
Fecha: 07/04/16
Año: 2º
Estudiante: G.C
1) Describir una actividad económica
y ella preguntó:
¿Puedo escribir también sobre Bolivia? Porque yo soy Boliviana.
Si claro, le dije. Entonces agregué:
2) Mencionar los aspectos más importantes del algún país latinoamericano.
A las dos horas me entregó 3 hojas escritas de ambos lados con letra clara y prolija.
Hacia tiempo que no corregía una evaluación con tanto entusiasmo. Todo el relato de esta nena de 14 años aportó sin duda, a mi formación como geógrafa y como docente. Comparto el desarrollo de la evaluación porque creo que no pueden quedar estos contenidos sólo en mí.
Corregí las faltas de ortografía y agregué algunos signos de puntuación para facilitar la lectura.
1)
En la frutilla trabajan aproximadamente 200 personas que cosechan la fruta, limpian el campo, sacan las hojas, sacan la maleza, tienen que carpir. Ahora pagan más que antes aún mejor, pagan todo lo que hacen si carpean, limpian la cunita, etc. Algunos niños trabajan ahí aproximadamente de la edad de 13 años para arriba y algunas embarazadas también pero no hacen tanto esfuerzo o si no, no trabajan. Eso depende de ellas. A veces lo hacen para ayudar a sus maridos. Algunos de ahí, bueno casi todos, son juntados.
Casi todos los bolivianos trabajan en el campo y siempre llegan cansados y que no le toman importancia a los hijos que nunca le preguntan nada qué cómo estás o algún problema en la escuela.
Las frutilla se cosecha en cunitas en un carrito y un balde. El balde es para descartable y la cunita es para armar caja. Eso se llama embalada. A mí me gusta embalar y armar cajas y claro a la frutilla se le pone esa cosa rara en las plantas. Las riegan con un tubo que está debajo del plástico. Lo ponen los tractores.
Las cajas con frutilla y las cunitas con frutilla descartable se lo lleva un tractor que viene a las 12:15 o cerca aproximadamente y a la tarde también.
Los bolivianos pueden soportar más el campo que los argentinos porque los bolivianos tienen el trabajo más pesado y los argentinos están en las oficinas o será porque ellos si pudieron estudiar? Yo pregunto en mi casa porque no estudian porque no hay tiempo es la misma respuesta que me dan todos los días.
Ya que la frutilla es una empresa a nosotros nos dan techo, agua potable, luz menos gas. Pero claro a veces nos quitan un poco de plata para ayudar en las pagas. Para que los padres se vayan tranquilos a trabajar hay una guardería que los cuidan. Ahí les dan desayuno, comida y merienda y hay reuniones para levantar la basura. Porque además de levantar la basura de su casa, tienen que levantar la basura del patio o del suelo del baño y sino están presentes, tienen que pagar 5 pesos por cada día que falten.
También hay donaciones que mandan o traen en camiones y se le dejan a una señora que se llama Graciela y parece que ella se queda con las ropas de las cosas bonitas que llegan y lo descartable lo dejan en una carretilla para que la gente lo use.
2)
Bolivia me encanta porque la primera vez que fui me encantó. Cuando es de noche todas las luces se encienden de todos colores y yo escucho tambores y cosas así como una banda porque mi casa está en una montaña. Me acuerdo cuando fui a la cancha. La cancha es una cosa que llega casi a la terminal. Hay tiendas de comida, ropa, bebidas y cosas de mercadería. A mí me gustó donde venden caña de azúcar.
En Bolivia hay montañas chicas y en la escuela les dan uniformes. Sabía que en el jardín de niños estudian las lineas, los cuadrados, triángulos y números?
La gente del campo vive en casas de barro y paja y lo único que comen es chuño y mate y cuando es cumpleaños de alguien de la familia comen seco que significa arroz con papa y ensalada y carne seca y queso de vaca y de desayuno arroz con leche y buñuelo. Todo eso lo cocinan en una clase de horno a la parrilla y yo me sé el nombre pero no sé cómo se escribe.
La gente, más bien las mujeres, tienen que ir con ropa lavada desde su casa hasta que llegan a un río caminando y la ropa la llevan en un aguayo en la espalda. Más o menos lo que tienen que caminar es desde aquí hasta Sulema para enjuagar la ropa.
Alguna vez comió tostado? Se hace con habas. Las hacés secar al sol hasta que estén más secas. Después tenés que poner en una olla sal y después poner las habas secas y tostarlas hasta que revienten. Mi abuela las hacía. Sabe que mi abuela tiene ochentaialgo y fue al doctor y le dijo que estaba muy fuerte ella? Vive en el campo y solamente dos veces la vi.
La aprobé. La abracé cuando se fue. Le pedí permiso para compartir su texto en internet y le dije que escribiera todo lo que pudiera porque escribir hace bien y porque siempre hay cosas importantes para contar. Con un 4 (cuatro) pasó de año y por eso no estará en mi aula durante este ciclo lectivo, pero espero cruzármela en los pasillos o en el patio y preguntarle:
¿Cómo fue tu día de ayer? ¿Lo querés contar en un papel?
*Educadora Popular y comunicadora social. Feminista. Autora del blog: Lucía Gorricho – Que nadie decida sobre tu cuerpo
Melisa Bogarin, trabajadora del programa ProHuerta en Chaco, falleció ayer durante una asamblea en la cual informaba que por resolución su contrato precarizado había sido extendido por tres meses, sin seguridad de renovación. Germán, su marido y padre de su hija de un año, ya había sido despedido de la Secretaría de Agricultura Familiar. “Mientras explicaba sus miedos por la continuidad de sus sueños de trabajo y familia, les había sido otorgado el año pasado un crédito Procrear para la primer vivienda, se descompensó, sufrió un paro cardíaco y murió cuando era trasladada al hospital más cercano para ser atendida”, aseguraron sus compañerxs de ATE.
ProHuerta es una política pública de autoproducción de alimentos que gestiona el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde hace más de 25 años, y que trabaja con familias en situación de vulnerabilidad social, las que se juegan todos los días para llevar un plato de comida a las mesas de sus familias.
Cuando empezamos la normalización del sindicato acá en la provincia me ayudó muchísimo en el área de comunicación, era comunicadora social, era esa su herramienta de trabajo y a la hora de ir a las comunidades, era de esos cuadros necesarios con fuerte compromiso con un sector tan vulnerable”, dijo a FM De la Calle el secretario general de ATE Chaco, Mario Bustamante.
Mediante una carta abierta, sus compañerxs comentaron que Melisa “no era una trabajadora que pensaba la comunicación como tradicionalmente se la conoce, una herramienta para difundir un hecho en un medio. Si no que consideraba que, para los sectores con los que trabajaba todos los días, campesinos, agricultores familiares y comunidades originarias, la comunicación, ejercida como un derecho humano, podía servirles para, sin intermediarios, ayudarles a expresar sus problemáticas, luchas y alegrías. En eso trabajo en esos 8 años”.
“Con otros compañeros, impulsó una red de radios escolares rurales, en las escuelas en donde asistían los hijos de los huerteros, de los agricultores familiares y campesinos con los que trabajaba. Esa era su preocupación, cómo la comunicación podía servir a esos sectores para decir, para denunciar la explotación y postergación, para ayudar a organizarlos”.
Bustamante explicó que la trabajadora “no tenía antecedentes cardíacos, hace poco fue mamá, desconocíamos si tenía algún tipo de problema de salud porque hasta eso nos están tirando algunos. No solamente nos pegan diariamente que somos ñoquis sino que además, una cosa de locos, de la solidaridad a la apatía en ese espectro hay gente de todo tipo, compañeros que han dado toda su solidaridad y todavía hoy estoy escuchando ‘ah, bueno, pero era contratada’. La verdad que es durísimo pero estamos dándonos fortaleza entre todos, seguimos asumiendo esta lucha que tiene que ver con detener los despidos”.
Agrega la carta de lxs trabajadorxs de ProHuerta: “Soñó e hizo lo posible, desde su lugar, por la construcción de la utopía de un país más justo e inclusivo. Su marido Germán también trabajaba la comunicación en el mismo sentido en la Secretaría de Agricultura Familiar. Tenían una nena que hace unas semanas cumplió un año. Como miles de laburantes de la gestión pública, desde hace 4 meses, viven la humillación, la persecución y el maltrato, no solo de un gobierno que nos trata de ñoquis y vagos, sino de un sector importante de la prensa nacional y la sociedad que repite ese relato, sin fundamentos, sin saber, sin conocer una sola historia de estos trabajadores, queriéndole cobrar a Melisas y Germanes vaya saber qué venganza”.
“Melisa Bogarin tenía 30 años. El proyecto de gobierno encarnado por Mauricio Macri no es solo un gobierno de ajuste, de devaluación, de tarifazos, de despidos. Es un gobierno de muerte. Y los trabajadores no queremos una muerte más. En tu memoria, por tu trabajo, por tus sueños y por tu familia, los trabajadores de INTA, tus compañeros, te prometemos mantener encendido el reclamo de justicia”, concluyeron.
Denunciaron a Vidal por homicidio culposo
El Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) denunció penalmente a la gobernadora María Eugenia Vidal y al director general de Cultura y Educación Alejandro Finocchiaro tras el fallecimiento de una de sus afiliadas.
Yolanda Mercedes, vivía en Mar del Plata y trabajaba en la escuela especial 506 de esa ciudad. Desde el gremio manifestaron que murió “producto de un infarto tras advertir que en su cuenta sueldo sólo había $40 y no podía pagar el alquiler. El gobierno de María Eugenia Vidal le había aplicado un descuento de más de $6.000 sobre su salario”.
El gremio había mantenido medidas de fuerzas durante 45 días en reclamo de la reapertura paritaria y desde la gobernación aplicaron descuentos en el último recibo de sueldo por las ausencias.
“La muerte de Yolanda no fue en vano: en honor a su memoria, iremos hasta las últimas consecuencias para que cada uno de los responsables de esta aberración que se cometió con los descuentos abusivos e indiscriminados tengan que rendir cuentas ante la Justicia. Tenemos muchos casos de compañeros que han sufrido descompensaciones y todo tipo de problemas de salud. Desde el primer momento advertimos, cuando se conocieron los descuentos, que era una decisión criminal” expresó Marcelo Balcedo, secretario de Soeme en un comunicado.
“Lo más agraviante, en el caso de Yolanda es que ella ni siquiera hizo retención de tareas, pero igual le aplicaron el descuento. Así también ha pasado con compañeras que tienen licencia médica o que están internadas”, agregó por su parte el secretario de la delegación Mar del Plata, Enrique Sánchez.
El municipio envió una nota a la asociación Bahía Blanca Che intimándola a que el 1ro de mayo desaloje el espacio que utiliza el grupo cultural en el inmueble ubicado en calle Alsina 370.
“Esta asociación fue creada para defender y difundir las producciones artísticas artesanales locales y regionales. Hay mucha gente que produce cosas bellísimas, locales, con un sabor muy particular pero que no tiene después cómo venderlas o qué hacer con ellas. Es un problema que en realidad el estado debería resolver: cómo se transita, cómo se difunde, cómo se intercambia en toda la provincia, en todo el país”, dijo Mónica Oliver, presidenta de la institución.
En el 2006 comenzaron a conformarse y a partir de 2008 obtuvieron la personería jurídica. Durante el mismo año de la creación formal el municipio les cedió un pequeño espacio al fondo de ese inmueble alquilado, en el que funcionan otras dependencias municipales.
Luego de recibir la noticia, integrantes de la asociación lograron ser recibidos por el director del Instituto Cultural, Ricardo Margo y un funcionario de la Secretaria Privada de apellido Gómez. El gobierno ratificó su decisión de que Bahía Blanca Che abandone el inmueble que venía utilizando desde 2008.
En cambio, se ofrece a la organización la posibilidad de funcionar en una oficina del mercado municipal. “Nos parece un lugar precioso y popular. Pero estamos pensando cómo podemos articular todo lo que además hacemos”, dijo Oliver en referencia a un conjunto de actividades que realiza la asociación, como la Feria del limonero, un espacio de encuentro periódico de distintas artes y prácticas culturales, que se lleva a cabo en el patio y pasillo de ingreso del lugar.
En otras palabras, si Gobierno no le ofrece un espacio adecuado, Bahía Blanca Che será expulsada del lugar hacia otro de dimensiones y características que no permitirán la continuidad de las actividades que la asociación de reconocida labor viene realizando.
En reemplazo de este colectivo de trabajadorxs de la cultura, las oficinas el municipio estaría pensando el lugar para que sea utilizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El próximo sábado 16 de abril a las 16 en adelante se llevará a cabo una nueva Feria del limonero en la que habrá música, narración, artesanías, poemas, libros, agendas, dibujos y otras expresiones. Según la organización, “un lugar donde las manos susurran, las sombras iluminan y los oídos cantan”.
Foto: Silvia Pascual
(Por Francisco J Cantamutto) El escándalo conocido a nivel mundial como los Papeles de Panamá recién empieza a desplegarse. En Argentina, el impacto fue inmediato, dado que involucra al propio presidente Macri y todo su entorno familiar. Hasta el momento las explicaciones son escasas y las pruebas directamente nulas, apelando –como ya es costumbre- a la fe y la buena voluntad.
El origen del escándalo
La cantidad de documentos hackeados del estudio Mossack Fonseca es varias veces más grande que los involucrados en el Wikileaks, del que aún surgen novedades. Procesarlo demanda mucho tiempo, y los alcances del escándalo están lejos de conocerse. Esta ha sido la razón aducida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), que procesa los documentos mediante un software de reconocimiento gráfico.
Si bien esto probablemente sea cierto, esta asociación de periodistas creada en 1997 no es exactamente neutral. Según denunció Julian Assange, la misma es financiada por Organized Crime and Corruption Reporting Project y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Níkolás Stolpkin completa la lista con otros destacados aportantes: Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Open Society Foundations, Ford Foundation, Carnegie Corporation of New York. Open Society Foundations responde al especulador global George Soros, mientras que la Ford tiene conocidas relaciones históricas con la CIA. Aunque la fuente del hackeo es anónima, su procesamiento claramente responde a urgencias de geopolítica estadounidenses. Esto explicaría por qué no abundan en la lista del escándalo nombres de esta nacionalidad.
Pero el origen no debe opacar los hallazgos reales, sino más bien explicar el foco de énfasis al inicio: por qué aparecen unos nombres antes que otros. De hecho, dado que Estados Unidos cuenta con sus propias zonas de secrecía -Delaware, Wyoming, Nevada-, de mucha mayor escala que Panamá: los estadounidenses pueden aprovechar sus propios “paraísos”. En el listado se ha visto afectado, por ejemplo, el primer ministro David Cameron, que tras mentir públicamente 3 veces al respecto, debió aceptar haber obtenido rédito de una sociedad creada por su padre. Como participan del consorcio grandes medios de comunicación de la mayor parte del mundo, con agendas sólo en parte homogéneas, lo que dificulta contener la información. De hecho, el diario alemán Süddeutsche Zeitung (aquí traducción) se sorprendió del trato amable que la prensa argentina dio al presidente Macri.
Es que los representantes por Argentina en el ICIJ son periodistas de La Nación y Canal 13. Su objetivo de búsqueda primario era la ex presidenta Cristina Fernández, y “tropezaron” con estos casos alrededor del ahora presidente Macri. Mostrando lo sesgado e interesado de su investigación, el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon reconoció que poseían esta información sensible antes de la segunda vuelta electoral, y decidieron evitar su estado público hasta ahora. Información que sin dudas hubiera incidido en el resultado, pues hubiera puesto en duda la transparencia promocionado por Cambiemos.
El impacto local
Las cuentas offshore son instrumentos financieros utilizados a escala mundial, con el objeto de ocultar información y evitar el pago de impuestos. Apañados por leyes locales que permiten estas prácticas, las empresas y los empresarios más poderosos toman provecho de ellas, incluyendo actividades ilícitas. Las acciones de Cambiemos desde que inició su gobierno no han contribuido a controlar el uso de estas cuentas, sino más bien lo contrario. La quita de controles a los movimientos de capitales (incluyendo la desaparición del mal llamado “cepo”) y los despidos masivos en la Unidad de Investigación Financiera facilitan los usos ilícitos de las cuentas offshore.
Ahora bien, esto no debe sorprender que en el marco de un gobierno cuyas figuras centrales están implicadas en este tipo de prácticas. La investigadora de CONICET y UNSam, Ana Castellani, ubicó a 7 funcionarios del gabinete nacional con cuentas offshore:
– Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Involucrado en Kalushy SA, en Panamá. Avruj señaló que la empresa fue creada por la ONG B’nai B’rith, para la que trabajó. La organización lo negó de manera contundente.
– Carlos Augusto Lo Turco, Subsecretario Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Involucrado en Marbira SA, en Panamá.
– Jesús María Silveyra Subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria. Involucrado en Trafimex SA Holding Corporation, en Panamá.
– Clarisa Lifsic, Secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones. Involucrada en 4 empresas en Chipre desde mediados de los años ´90, de las cuales tres continúan activas a la fecha. Orsett Investments Limited, Emerging Ukranian Limited, Ukranian Dolphin Limited y Prior Investments Limited.
– Hugo Darío Miguel, Subsecretario de Planeamiento en la Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones. Involucrado en TESACOM Panamá SA.
– Jorge Braulio Norverto, Subsecretario de Ciberdefensa en el Ministerio de Defensa. Involucrado en La Jotabe, en Florida.
– Maria Paula Schiappapietra, Subsecretaria de Comercialización de la Economía Social de la Secretaria de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social. Involucrada en Los Didis, en Florida.
Por supuesto, hay que agregar al listado al presidente Mauricio Macri, con al menos dos sociedades registradas en Panamá que lo ubican como director, Fleg Trading y Kagemusha. La última en operatoria y la primera vigente entre 1998 y 2008, ambas sin declarar por el presidente. De esta segunda, Macri dijo que no tuvo operatoria porque el negocio en Brasil no prosperó. Sin embargo, ha trascendido recientemente que el negocio en cuestión, la expansión del Pago Fácil en el país vecino, ocurrió bajo el mando del consorcio Macri durante el período 2001-2006, para ser luego vendido al socio Western Union. Es decir, el presidente habría mentido en su declaración jurada y en su excusa pública, siguiendo el patrón del inglés Cameron. Como señalamos, todo el entorno familiar de Macri está implicado con cuentas de este tipo en Panamá, lo que favorece la naturalidad con la que Macri reacciona ante las preguntas: forma parte de lo “normal” para el empresario.
El gobierno no ha dado hasta ahora ninguna explicación, y no ha aportado pruebas: todo se reduce a la voluntad de quien quiera creer. Los libros de las cuentas offshore podrían ser aportados por sus titulares si así lo quisieran. Como ya dijimos, no sólo la sospecha por actividades ilegales, sino la evasión y elusión impositiva, además de la falsedad de las declaraciones juradas, son elementos para cuestionar el accionar del gobierno. El discurso de la transparencia queda muy rápidamente desprestigiado.
Mientras la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, concurrió a las jornadas oficiales, las calles bahienses fueron escenario de concentraciones, movilizaciones y expresiones culturales.
“Es un signo de los tiempos. Parece que la tolerancia, el diálogo, todas esas banderas o palabras a la hora de tener que escuchar la protesta se despliega la policía, se vallan las calles, se impide el tránsito. Es un signo del tiempo que vivimos a partir de lo que se dice en los discursos y lo que se hace en la práctica”, dijo a FM De la Calle Enrique Gandolfo, dirigente de la CTA Bahía Blanca – Coronel Dorrego.
La CGT terminó confluyendo en la esquina de San Martín y Alsina (por Alsina) con la marcha de estatales (por San Martín), en reclamo de medidas concretas para afrontar la situación de despidos que sufre también el sector privado.
“Creo que es muy importante que comencemos a encontrarnos más allá de las diferentes pertenencias sindicales. Que podamos unir nuestras voces en la calle y en lo posible marchar juntos, cuando los padecimientos que sufrimos son parecidos en los diferentes sectores. Tiene que ver con una política que beneficia a los de arriba, que les da enormes ingresos asegurados, una tasa de rentabilidad altísima y para los de abajo vienen despidos, aprietes, amenazas, descuentos, decretos para cerrar paritarias. Una batería de medidas que apuntan al conjunto”, agregó Gandolfo.
Por su parte, el secretario de Prensa de ATE, Matías Rossetti, recordó que se encuentran acampando “desde el día viernes en el Consejo Escolar. Obviamente por el salvaje descuento de miles de compañeros. En el día de ayer trascendió que una compañera auxiliar murió, falleció en Mar del Plata al enterarse que solamente tenía $40 en el cajero. Esto es un crimen de esta política que lleva adelante la gobernadora de la provincia”.
En este contexto, destacó que el reclamo incluye “la catarata de decretos que va en contra de todos los trabajadores del estado. Esto de darle poderes a los ministros, a los secretarios para que hagan lo que quieran con los trabajadores sin respectar ninguna ley”.
Néstor Alende, de la Asociación Judicial Bonaerense calificó a la de Vidal como “una de las gobernaciones más antipopulares de los últimos años. Nosotros tenemos hoy una nueva convocatoria paritaria pero siguen sosteniendo hasta la fecha el 25 % para todo el año y a partir de julio. Un porcentaje totalmente insuficiente. Esto después de una larga espera de no haber sido convocados en tiempo y forma”.
Según el dirigente, la mandataria aplica “medidas que claramente benefician al sector más concentrado de la riqueza y dejan de lado al pueblo y a los trabajadores. En nuestro caso en particular en otras paritarias nosotros ya prácticamente teníamos cerrado para esta fecha. Acá recién arrancamos y estamos con el mismo sueldo que tuvimos en agosto cuando se completó la tercera y última parte de la pauta salarial establecido con el gobierno de Scioli. A esta altura no sabemos cuándo vamos a terminar y cuándo vamos a tener un peso más en el bolsillo”.
Desde el Centro de Estudiantes del Conservatorio y la Coordinadora por el Boleto Estudiantil, Marcos De Benedetto sostuvo que “no está la decisión política de implementar la ley 14735”, aprobada durante el año pasado.
Desde la Plaza Rivadavia, el concejal Gustavo Mandará (FpV) dijo que “nos pasamos una semana (por el gobierno municipal) poniendo plata en los medios, pautando pidiendo que venga la gente y cuando viene la gente no la dejan pasar. No lo puedo creer. Di un montón de vueltas para entrar. Hay gente de a pie que quiere pasar y no puede. No me acuerdo yo de un acto de Bahía Blanca con este nivel de dispositivo de seguridad”.
A su vez, el espacio “Amor & espanto, cultura contra el neoliberalismo” llevó adelante “una acción sorpresa en una plaza lamentablemente vallada por este gobierno que le tiene miedo a que la gente se exprese. Estamos acá para participar de una acción concreta que es servir un vaso de chocolate, vasos que tendrán cada uno distintas inscripciones que denuncian la situación actual”, según informó a esta radio Sergio Zaninelli, quien a su vez es secretario general de ADUNS.
“Es una vergüenza una plaza toda vacía y los compañeros reclamando fuera de ella”, agregó.
Con un operativo de seguridad digno de una gestión antipopular, que restringió el acceso al palacio municipal y a la plaza pública -donde paradójicamente se convocó a la comunidad-, la gobernadora María Eugenia Vidal realizó su primera visita a Bahía Blanca.
Fue en el marco del 188º aniversario de la ciudad en el cual reanunció la obra del acueducto del Río Colorado y una inversión de seis mil millones de pesos para solucionar las falencias del servicio de agua y cloacas de la empresa ABSA. Vidal estuvo acompañada por el intendente Héctor Gay, funcionarixs locales y provinciales, “representantes de fuerzas militares y de seguridad, concejales y referentes de instituciones”.
La Central de Trabajadores de la Argentina, la Confederación General del Trabajo, organizaciones estudiantiles secundarias, terciarias y universitarias reunidas en la Coordinadora por el Boleto, militantes y ciudadanas y ciudadanos se manifestaron frente a los vallados que rodeaban la Plaza Rivadavia para repudiar el ajuste y sus consecuencias.
La agenda oficial comenzó con una breve conferencia de prensa en la Casa Coleman durante la cual el jefe comunal mostró sus “expectativas” sobre el “proyecto de cambio”. “Vamos hacia un nuevo modelo de país, un nuevo modelo de gestión y transparencia, un modelo de hacer, donde las economías regionales tengan una importancia que no tenían y es por eso que hoy estamos en un proceso distinto, estamos alumbrando una nueva ciudad”, agregó Gay.
La gobernadora aseguró que “lo que más me gusta del encuentro de hoy es poder anunciar obras, que de a poco van a poder resolver el problema del agua, el principal de la ciudad”. En ese sentido, anunció una inversión de seis mil millones de pesos -aportados por la Comunidad Andina de Fomento, la provincia y ABSA- para “el acueducto desde el Río Colorado, la red fina de distribución, la planta potabilizadora Patagonia, la planta depuradora, tres estaciones de bombeo, entre otras obras”.
“Después de muchos años que se prometieron estas obras y las anunciaron, finalmente se van a hacer, se van a ver y vamos a cumplir con este compromiso”, sumó Vidal con el valor de la “palabra” como única garantía para la concreción del cuestionado acueducto.
Al ser consultada acerca de la implementación del boleto estudiantil, transformado en ley por la legislatura en 2015, Vidal se excusó en la falta de fondos en las arcas provinciales y afirmó que priorizará inversiones en infraestructura escolar.
Si bien el acto central fue programado en la Plaza Rivadavia, rodeada por más de un centenar de policías bonaerenses y locales, por una decisión de “protocolo y seguridad de la provincia” se escondió de las protestas gremiales en el hall de Alsina 65. Aun así, la gobernadora fue repudiada cara a cara por Analía Larrea, una joven que se acercó en su silla de ruedas y le reprochó el pago a los fondos buitres con “el hambre de la gente, con el hambre del pueblo”. “Ya te pudiste expresar, estamos en democracia, ya pudiste decir todo lo que querías decir”, respondió Vidal provocando el aplauso oficial.
Con la gobernadora camino al polo petroquímico, donde tenía previsto reunirse con autoridades de la multinacional DOW Chemical, un grupo de bahienses ocupó las sillas dispuestas en el centro de la plaza para presenciar espectáculos musicales y humorísticos.
La senadora Nidia Moirano cruza y junto al secretario de Seguridad comunal Emiliano Álvare Porte, la jefa de protocolo Silvia Corinaldesi y otro funcionario se abrazan por detrás para impedir el paso a Analía Larrea.
(Por Francisco J Cantamutto) El consenso social es bastante amplio respecto de la corrupción: se trata de un flagelo que nos daña como sociedad. Resulta difícil encontrar alguien que defienda abiertamente la corrupción, incluso cuando a todas luces la práctica resulta más extendida que lo que se reconoce. ¿Por qué se sostiene entonces esta práctica delictiva? El tratamiento mediático generalizado pretende afirmar que se trata de la falta de altura moral de algunos individuos, que toman provecho de su posición de poder en algún escalafón del Estado para sacar provecho particular. Y seguramente algo de esto puede haber, pero… ¿es ésta toda la historia?
Trama de corrupción
Cuando se habla de corrupción se la asocia de manera más o menos automática la culpabilidad al funcionario público involucrado, olvidando relativamente la contraparte privada. Sin embargo, para que el acto de corrupción ocurra, son casi siempre necesarias al menos dos partes: es extraño el caso de un funcionario que actúe sin socios. Es que la corrupción cumple una función específica dentro del sistema nacional de acumulación: suele ser el precio pagado para obtener negocios asociados a posiciones monopólicas o cuasi-monopólicas. Dicho de otra forma, en la pelea por obtener negocios protegidos, la corrupción es un mecanismo que “acelera las gestiones”.
Esto ocurre en todos los países del mundo, donde grandes capitales han sido acumulados y se expanden de la mano de la demanda o la protección estatal. Dejemos claro algo: no todos los negocios con el Estado necesitan estar “sucios”, simplemente, ensuciarlos los facilita. Ocurre a toda escala: desde la compra de insumos básicos (papel o comida) pagada con sobreprecios o adjudicada sin licitar, hasta la venta de activos estatales (las privatizaciones de los noventa fueron una gigantesca estafa) o la colocación de deuda (¿no es extraño que la JP Morgan “le preste” a un ex empleado suyo en el gobierno?). Las posiciones protegidas por el Estado son un botín que merece disputarse, y en caso de escándalo, dejar caer el peso sobre la moral individual en lugar de la economía política.
Al enfocarse solo en los funcionarios corrompidos, hay un claro sesgo anti-político, que busca mancillar toda actividad estatal como moralmente dudosa, y al mismo tiempo desplazar el debate de la política a la ética: en lugar de discutir proyectos políticos, reducir el problema a la gestión “honorable” de lo existente. Esta fue el eje de la propuesta de la Alianza, que ganó en 1999 prometiendo conservar la Convertibilidad como modelo, pero gestionarlo sin corrupción. Esa fantasía acabó en unos meses con el escándalo de la ley “Banelco” de reforma laboral, y finalmente, con la crisis de 2001. Antes que eso, y mostrando la asociación de este discurso con el proyecto neoliberal, la corrupción había sido utilizada como excusa para justificar el proceso de privatizaciones: quitar de lo público las empresas las eximiría de desfalco. Sabemos con certeza que acabaron por convertirse en un nicho de ganancias privilegiadas e incumplimientos sistemáticos.
Proyectos políticos
Justamente, uno de los pocos puntos consistentes del discurso de campaña de Cambiemos (y del Frente Renovador) fue el combate a la corrupción, aunque esta vez sin preservar “el modelo”. ¿Por qué? Porque se caracterizaba al “modelo” sólo por su asociación con la corrupción: el kirchnerismo se veía reducido a una horda de saqueadores de los fondos públicos. Como ya hemos insistido, esta lectura es una expansión en clave liberal del planteo agrario de 2008, que logró presentar un malestar corporativo como un problema social, que afecta a la mayoría. La intervención del Estado es presentada como fuente de ineficiencia, malgasto, debido a la dudosa moral de malos “administradores”. Reemplazándolos por buenos “equipos” dirigidos por gerentes exitosos, la acción del Estado podría corregirse. Por eso, el Estado reclamado por el empresariado concentrado y el defendido por Macri no es un Estado “chico”, sino uno más eficaz en sus objetivos. El problema es político: cuáles son sus objetivos. Al enfocarse sobre esta forma de comprender la corrupción, Cambiemos evita de manera enfática pronunciarse sobre desfalcos privados.
Las cifras de la corrupción son, lamentablemente, malas. Tomemos la estimación realizada por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que los diarios Clarín y La Nación toman como la mejor disponible, lo que quita sospechas de favorecer al gobierno previo. Según esta ONG, entre 1982 y 2007 se registraron 750 causas por corrupción, de las cuales sólo el 3% llegó a condena, prescribiendo la mayoría –mostrando la impresionante y aborrecible impunidad. Siempre según este informe, estas causas involucran un total de 13.000 millones de dólares, lo que constituye un verdadero agravio a la función pública, y la pérdida de valiosos recursos que podrían ser usados para inversión en educación, infraestructura, vivienda o salud, por ejemplo. Estos robos son reprobables, y no deben quedar impunes (incluyendo los que involucran al presidente y sus funcionarios, muchos con causas pendientes).
Ahora bien, esta cifra palidece ante los montos de la fuga de capitales. Usando los datos del especialista Jorge Gaggero, en el mismo período, se fugaron del país entre 171.000 y 342.000 millones de dólares. Esta fuga no ha ido toda a paraísos fiscales y sólo en parte está ligada a actividades ilegales. Pero sin dudas es dinero quitado de nuestra economía, que dejó de producir y dejó de aportar en impuestos, utilizando prácticas reprobables como subdeclaración de exportaciones o sobredeclaración de importaciones. En sus estimaciones más cautas, Gaggero indica que esta fuga significó una merma de recursos fiscales de alrededor de 1.250 millones de dólares por año. Serían unos 18.000 millones de pesos de abril de 2016, lo que equivale al 75% del monto anual presupuestado para Ciencia y Técnica o para Promoción y Asistencia Social. La fuga de capitales es un problema económico y fiscal, y a Cambiemos esto no parece importarle.
Dejémoslo claro: la corrupción es un flagelo y debe condenarse. No sólo en las causas previas, sino en las que involucran al actual gabinete. Pero al utilizarlo como eje privilegiado de intervención, se pretende evitar la discusión estrictamente política sobre los objetivos que se persiguen y los sectores sociales que se benefician. La asociación del déficit fiscal como problema y la corrupción como su origen tiene la intención de mancillar la actividad política, y darle solución mediante mayor presencia del mercado. Por eso, el sesgo elegido de las políticas de Cambiemos es darle rienda suelta a los actores empresariales poderosos. Las quitas de controles y regulaciones al comercio exterior y al movimiento de capitales aplicadas por Cambiemos facilitan esta fuente de elusión y evasión fiscal. Se trata apenas de otra de las pruebas de que Cambiemos sólo gobierna para empresarios.
El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) informó que su presidente, Sergio Cassinotti, presentó en la UFI 8 de delitos complejos de La Plata, a cargo del fiscal Dr. Jorge Paolini, siete denuncias por irregularidades detectadas durante la anterior gestión que podrían alcanzar un perjuicio para el estado provincial de aproximadamente 380 millones de pesos anuales.
Una auditoría interna encarada por las nuevas autoridades encontró “ilícitos en el pago de sobreprecios por medicamentos, prótesis y ortesis, facturación por internación domiciliaria a pacientes fallecidos, compra de equipamiento electrónico nunca entregado y un manejo oportunista en el negocio de los Recursos de Amparos”.
El presidente de IOMA afirmó que se trata de “una mezcla de desidia y corrupción instalada, falta de gestión y ausencia de controles cruzados que sólo pudo ser posible con el paraguas de quienes gestionaban anteriormente el Estado provincial”.
IOMA es la obra social del personal del Estado provincial -maestrxs, policías, empleadxs estatales, etc.- y a través de convenios de afiliación también brinda salud a lxs trabajadorxs municipales, asociaciones y federaciones, entre otros organismos. Concentra actualmente a más de dos millones de afiliadxs, siendo la segunda en magnitud del país después de PAMI.
Las siete denuncias presentas son las siguientes:
1- Sobreprecios en medicamentos. Se pagaron más de 36 millones de pesos anuales por medicamentos comprados a través de amparos o por urgencia, en cuyos casos se abonó entre el 25% y el 30% más de su valor.
2- Internación Domiciliaria. Se detectaron casos de facturación por esta prestación a pacientes fallecidos. También a afiliados por los cuales se le facturaba al IOMA prestaciones que no eran brindadas. Un 20% de estos beneficiarios no recibían algunos de los servicios autorizados o bien su totalidad. Se identificaron casos de familiares de adherentes a los cuales ciertas empresas de internación domiciliaria les pagaban un monto determinado, pero sin darle prestación alguna, para luego facturarle a la obra social el monto total.
3- Prótesis. Se rescindió el convenio de prótesis y se retomó la compra directa, lo que representa un recupero para el Estado de 200 millones de pesos anuales. Antes el mencionado convenio estaba tercerizado en las Asociaciones Intermedias con manejos poco claros.
4- Ortopedia. Se encontraron casos de solicitud de compras fraguadas. También se hallaron ítems con sobreprecios -entre 2 y 3 veces más caros- en el listado de elementos ortopédicos aprobados. De esta manera, se recuperan alrededor de 37 millones de pesos anuales.
5- Se construyeron consensos para eliminar gastos administrativos correspondientes al segundo y tercer nivel de atención (clínicas y sanatorios) por 84 millones de pesos anuales que han sido recuperados para el Estado.
6- Se detectó que un stock de 103 computadoras figuraba como recibido en el mes de noviembre de 2015, ingresado a patrimonio y enviado al pago sin haber ingresado a la obra social.
7- Se denunció el negocio de los Recursos de Amparos. Esta modalidad se estableció como un mecanismo generalizado para brindar prestaciones que en la gran mayoría de los casos correspondía otorgar al afiliado con cobertura del 100%. Generando importantes demoras en el circuito de cobertura en detrimento del beneficiario, con el objetivo de forzar la realización de las compras por circuitos fuera de la operatoria normal, a precios no convenidos y además abonando honorarios a los abogados. Esto era el “negocio” de unos pocos, en perjuicio de los beneficiarios a los que en vez de darles lo que corresponde por derecho se los sometía a burocráticos sistemas administrativos.
El fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Javier De Luca, solicitó que se haga lugar al recurso presentado por su par bahiense, Horacio Castaño, contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que había desestimado una denuncia, presentada oportunamente, por los coordinadores de la Unidad de Asistencia por Causas por Violaciones a los Derechos Humanos.
En dicha presentación, se había denunciado a Santiago Ulpiano Martínez, juez federal subrogante en su momento, por desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Martínez desobedeció una orden de la Cámara Federal de Bahía Blanca que mandaba a detener personal del Ejército por crímenes de lesa humanidad.
Presentado el recurso ante la Cámara los magistrados tuvieron por desistido el recurso argumentando que “el escrito obrante (…) es notoriamente inoficioso, al estar firmado –y sellado- por el funcionario que interpuso el recurso y no por quien debe mantenerlo y tramitarlo en la segunda instancia”.
En este sentido, Javier De Luca explicó que antes de emitir dictamen el propio fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, le había informado que le pidió al fiscal Castaño que suscribiera el escrito de mantenimiento del recurso ante dicha cámara por razones personales. “Situaciones como estas se dan a diario y en este caso se buscó evitar el mecanismo de la excusación, pues nada impedía que Castaño representara al Ministerio Público Fiscal ante aquella Cámara”, adujo De Luca. Y agregó: a diario los fiscales firman escritos de colegas en el marco de “ausencia momentánea”, sin que ello implique que el recurso sea considerado como “no presentado”.
Asimismo, resaltó que lo resuelto por los jueces contenía un “excesivo rigor formal pues no responde a normas ni principios vigentes (…) de existir agravio, éste sólo afectaría al Ministerio Público Fiscal, que es el único interesado en este asunto porque hace a su funcionamiento interno, máxime si tomamos en cuenta que cualquier fiscal que hubiese mantenido el recurso tenía y tiene el deber de mantener e impulsar la acción penal, como lo hizo el Dr. Castaño”.
Al final del dictamen, el fiscal de Casación remarcó el “inusitado rigor formal contenido en el auto recurrido frustra la vía para el correcto ejercicio de la acción penal”. La causa en cuestión está vinculada al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, por ello, explicó De Luca, la Cámara debía estudiar “los requisitos formales con suma prudencia, en atención a los intereses en juego y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Nacional”.
Fuente: fiscales.gob.ar
(Por Julio Gambina) El 3 de abril se difundió el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en Inglés) sobre empresas offshore y fuga de capitales[1]. Allí aluden a información sobre más de 11,5 millones de registros financieros y legales, que expone un sistema de “delincuencia, corrupción y maldad, oculto por las empresas offshore secretas.”
Tal es el escándalo por la difusión de esa información renunció Sigmundur David Gunnlaugsson, presidente de Islandia tras las protestas masivas por revelaciones de que había sido propietario de una empresa offshore con su esposa.[2] La filtración de la información causó también conmoción en Nuestramérica, especialmente en la Argentina ante la presencia del Presidente Mauricio Macri entre los involucrados con empresas offshore en las Bahamas, conocido paraíso fiscal.[3]
Más allá de la filtración y las sospechas que genera la información[4], lo cierto es que evidencia la práctica generalizada de la Fuga de Capitales sostenida desde la facilitación de la circulación mundial del dinero. En un estudio sobre los tratados de libre comercio, presentado en el VII° ESNA[5] realizado en Montevideo entre el 31 de marzo y el 2 de abril, se informa que éstos no son “acuerdos comerciales”, sino “instrumentos de protección de las inversiones extranjeras”[6]. En la presentación se informa sobre los paraísos fiscales, que son resultado del proceso de liberalización que empujan los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión.
Sobre los paraísos fiscales se informa de la difusión de los mismos en todos los continentes, destacando el caso del Estado de Delaware, en EEUU, en donde aparecen “registradas 6.500 empresas. Dos tercios de las empresas del listado Forbes 500 tienen domiciliada alguna empresa en este domicilio, entre ellas Ford, American Airlines, General Motors, Coca-Cola y Kentucky Fried Chicken.” Informa sobre 830.000 compañías registradas en las islas Vírgenes Británicas, donde la población apenas llega a los 19.000 habitantes. Estiman en 2 billones de dólares “el stock de flujos que salieron hacia paraísos fiscales entre 1970 y 2011”, y se destaca Brasil con 520.000 millones de dólares, un 160% de su deuda externa; México con 417.000 millones de dólares, un 224% de sus pasivos externos; Venezuela con 406.000 millones de dólares, 728% de su deuda externa y Argentina con 399.000 millones de dólares, dos veces su deuda externa.
Convengamos que una empresa offshore es parte de la trama de la fuga de capitales y que la fuga de capitales no puede entenderse sin la complicidad del sistema financiero. No hay paraísos fiscales sin transnacionalización de la especulación y del sistema financiero, que tiene en su cúpula el FMI y al Banco Mundial. Una empresa offshore supone el registro en el exterior de una empresa, pero nadie organiza una empresa offshore en paraíso fiscal si no es para evitar pago de impuestos en el país propio o de la inversión. La filtración, más allá de las consecuencias políticas que supone, habilita a discutir la cuestión de fondo, que debiera reactualizar el fin de los paraísos fiscales, un tema que estuvo en la agenda del G20 desde que se auto consideró “ámbito de discusión de la crisis” a partir de sus inicios en noviembre del 2008.
En rigor, la cuestión de fondo es el capitalismo, ya que el capitalismo de época es el delito, el contrabando, la trata de personas, el narcotráfico, la venta de armas. Son los asuntos, entre otros, que motivan el lavado de dinero y la fuga de capitales. Se trata de esconder las grandes acumulaciones que generan socialmente una tremenda brecha entre muy pocos ricos y muchos sectores empobrecidos. No debe sorprender la existencia de empresas y cuentas offshore de gobernantes y famosos, ya que se trata de una práctica usual de las clases dominantes en el capitalismo contemporáneo. Es la forma cotidiana de expresión del capitalismo especulativo y normal. Para terminar con el negocio offshore hay que terminar con la especulación y la economía del delito, es decir, con el capitalismo.
(Por Helen Turpaud Barnes) En una nota “de color” del diario Clarín del 22 de diciembre de 2015 titulada “Mujeres con falda desafían los gigantes nevados en Bolivia” se cuenta sobre un fenómeno aparentemente novedoso: mujeres aymaras suben como porteadoras y/o ayudantes de guías a la cumbre del cerro boliviano Huayna Potosí (6088msnm). La nota comienza diciendo:
“No parecen montañistas, salvo por el casco, los lentes polarizados y los zapatos de grampones. Sin embargo, este grupo de mujeres aymaras escalan la montaña vestidas con sus largas faldas tradicionales de varias capas, mantas de flecos y un atado multicolor al hombro como si fueran de compras.”
Más allá del probable uso marketinero de la situación, la confluencia de mujeres, tradición y domesticidad no es algo nuevo, por cierto: las mujeres, sobre todo las identificadas con los pueblos originarios, parecerían cargar sobre sus espaldas no con mochilas de trekking sino más bien -como apuntan las Mujeres Creando de La Paz- con la obligación de ser las “guardianas” de la tradición cultural de sus pueblos, especialmente en un aspecto: el de la vestimenta. Los hombres que se identifican con los pueblos originarios de países como Argentina, Chile, Bolivia, Perú y otros, en muchos casos han adoptado (o se les han impuesto) las ropas occidentales de modo más generalizado que las mujeres de esas comunidades (incluso el uso del sombrero “bombín” que es de origen europeo y que en Bolivia es propio solamente de las mujeres, ha pasado a considerarse tradición de las “cholitas”, y no de las “cambas” o “blancas”). Si la nota en cuestión fuera sobre hombres aymaras que se dedican a guiar, cocinar y/o portear en las montañas de la Cordillera Real, la cuestión de las tradiciones, al menos en la vestimenta, probablemente estaría ausente.
Pero ese no es el único problema al leer los cuerpos originarios. Tanto la nota como todo un imaginario se “sorprende” de que las mujeres aymaras “salgan” a la montaña. Por eso su aspecto pareciera recordar –según la persona que escribió la nota- a mujeres que “van de compras”, como si el lugar de pertenencia de las aymaras fuera el pequeño círculo doméstico que habitualmente entendemos como “salir de compras” en una ciudad (detrás de esta “sorpresa” se entrevé además cierta idea de que las mujeres occidentales estarían más “liberadas” que las originarias). Muchos pueblos originarios de Nuestramérica no necesariamente mantienen la misma división sexual de las esferas pública (considerada “masculina”) y privada (“femenina”) que prevalece en la cultura europea y sus derivaciones coloniales mestizas o “blancas”. Las mujeres aymaras, como muchas otras mujeres originarias, se han dedicado durante siglos a salir a comerciar entre poblados, o en lugares donde el par rural/urbano no tenía (no tiene) el mismo sentido que para la espacialidad occidental. Las tareas “masculinas” y las tareas “femeninas” no siguen la lógica occidental de que lo “físicamente pesado” sería para varones, mientras que lo menos “pesado” sería tarea femenina. En la puna boliviana no es tan extraño ver mujeres trabajando de albañiles, en la construcción de carreteras, al cuidado de la agricultura y el ganado, descargando bolsas de cemento, ropa o alimentos de camiones o al cruzar de un país a otro. De hecho, se puede llegar a escuchar turistas de la Argentina “quejarse” de que en Bolivia los hombres “les dejan los trabajos pesados a las mujeres” (idéntico reproche aparece en el Martín Fierro respecto de los “indios” en la “frontera”). (Si hiciéramos un estudio diacrónico de las propias sociedades occidentales en tiempos de nuestros abuelos y abuelas también veríamos claramente que lo entendido como “tarea de hombres” y “tarea de mujeres” –así como los criterios usados para sostener dicha división- ha sufrido grandes variaciones.)
Esto tampoco quiere decir que no haya problemas de violencia machista en países o regiones de fuerte presencia originaria. Solo significa que el cristal con que miremos esta situación no debe ser el mismo que usemos para nuestro propio entorno, si somos de clase media urbana “blanca”.
La traslación de las categorías urbanas propias de sectores medios “blancos” para aplicarlas al análisis de las tareas de mujeres originarias (ya sea en zonas urbanas pobres o en zonas rurales) es un recurso permeado de clasismo en tanto desconoce que lo que hacen las mujeres de clase media urbana no es lo mismo que lo que hacen las mujeres campesinas. Y también es una mirada racista que olvida que la división sexual del trabajo entre dos esferas diferenciadas (lo público y “pesado” como propio de lo masculino por un lado, y lo privado y “delicado” como lo femenino por el otro) responde principalmente a un marco específico: la mirada de clase media “blanca” eurocentrada. Esto no quiere decir que no haya divisiones sexuales de las tareas en muchas sociedades no occidentales, pero ciertamente estas divisiones no tienen en cuenta los mismos aspectos. Lo mismo se aplica para las diferentes clases sociales.
La línea que conecta racismo, clasismo y machismo es más intrincada de lo que habitualmente vemos. Muchas actitudes que para mujeres de sectores medios o altos implican de por sí un cuestionamiento de los estereotipos de género, pueden ser para mujeres de sectores bajos algo de significación totalmente diferente. “Cuestionar la feminidad” para una mujer de clase media-alta (hacer tareas “pesadas”, no maquillarse ni hacerse cirugías estéticas, no verse constreñida por cuestiones de sobrepeso, tener una gestualidad “masculina”, etc.) en el caso de mujeres pobres muchas veces no es producto de una rebelión contra los estereotipos de género sino de un modo específico de expropiación material y simbólica operada sobre su clase. Las mujeres de sectores populares que deben realizar tareas físicas pesadas en trabajos altamente precarizados, las que no tienen suficiente dinero para pagar productos cosméticos o cirugías, las que tienen escaso o nulo acceso a la salud nutricional y a alimentos de calidad y las que portan una corporalidad entendida como “masculina” para la mirada clasemediera, son parte de un modo de vida caracterizado por la inaccesibilidad a aquellos bienes simbólicos y materiales que hacen a la “femineidad” de las mujeres de clase media. Así, una mujer “blanca” con educación universitaria que sea leída como medianamente “poco femenina” en sectores medios, difícilmente sea vista igual para mujeres de sectores populares, y más bien será muy previsiblemente identificada como un cuerpo portador de ciertos privilegios de clase, y no como un cuerpo que escapa a la feminidad hegemónica.
Esto de algún modo nos ayuda a comprender que, para las mujeres, cuestionar los estereotipos de género no es necesariamente oponerse a los códigos y marcas de la “feminidad” como si fuera algo abstracto, sino ver qué puede haber en ella de opresivo y qué puede haber de autonomía. Por lo demás, cada sector social puede tener conceptos diferentes de “feminidad”. Sin considerar el contexto social y cultural, es imposible hacer este análisis.
En una reunión docente en Bahía Blanca, un profesor de Educación Física explicaba las razones que creía tener para oponerse a que chicos y chicas hicieran actividades físicas en conjunto. Expresó lo siguiente: “no podés poner a chicos y chicas a jugar al fútbol juntos porque estas siempre van a perder y encima son delicadas y no se la bancan”. “Sin embargo” –agregó- “las chicas de los barrios juegan como indios, algunas mejor que muchos varones porque son re machonas”. El estereotipo de género se mantiene intacto para los sectores medios en base a una supuesta diferencia “natural” que escamotea su condición de clase, mientras que lo que el docente entendía como “excepcionalidad” era explicada en términos racistas y clasistas que evitaban entender el fenómeno en términos de diferencia sexual. Cuando hablaba de la clase media, hablaba de mujeres y varones; cuando hablaba de sectores pobres, hablaba racializando y otrificando.
En este razonamiento se muestra cómo se usan criterios contradictorios en la lectura de los cuerpos sexuados según la extracción social de los sujetos involucrados. Esto le impidió a ese profesor usar el ejemplo de las “chicas de los barrios” para cuestionar el estereotipo imperante en los sectores medios, y también le impidió repensar su decisión de negarse a brindarle a las chicas de clase media la oportunidad de desarrollarse físicamente de modos más amplios y empoderantes (lo cual, dicho sea de paso, es una de nuestras obligaciones como docentes). Está claro que las mujeres de sectores pobres tienen menos oportunidades educativas que las otras, pero el privilegio de clase que ostentan estas otras es al precio de ser consideradas más “inútiles” para ciertas actividades, a su vez que esta “inutilidad” las “protege” de ser consideradas “indias” o “machonas”. La condición de “femenina” actúa aquí como una etiqueta desigualmente asignada según la clase social a la que se pertenezca, como un “premio” que algunas no se merecen. En resumen: la “feminidad” como privilegio de clase.
Si cruzamos estas concepciones sobre los cuerpos de adolescentes urbanos/as con el modo estereotipado de leer los cuerpos originarios se complica aun más el panorama.
Así, un análisis de los estereotipos de género no puede ir por separado de un análisis del contexto social en que estos estereotipos operan. Caso contrario, corremos el riesgo de hacer lecturas erróneas, invisibilizar las voces propias de cada territorio y plantear caminos de lucha escasamente significativos para los sujetos que los transitan. Esto vale también como advertencia frente a la incorporación cada vez más rápida y acrítica de categorías de la “clasificación racial” usada en Estados Unidos: escuchamos usar el término “caucásica”, “afro-americana”, “hispana”, “latina”, etc. para clasificar a personas en Argentina o países vecinos. Una persona que en nuestro país se autodefina como “blanca” o “caucásica” en EE.UU. difícilmente sería entendida del mismo modo. Esta es una de las tantas razones por las cuales rechazar la importación del patrón utilizado para la “racialización” operada en países del “Primer Mundo” sobre migrantes, turistas, refugiados/as, etc. Debemos elaborar nuestras propias categorías que permitan comprender la densa e intrincada trama de los racismos operantes en nuestros territorios.
Volviendo al principio, en realidad lo que debería llamar nuestra atención es el hecho de que personas de comunidades originarias (tanto hombres como mujeres) se aboquen como sujetos secundarios en trabajos altamente precarizados a tareas que tienen que ver con actividades europeas de raíz colonial. El montañismo como deporte y como actividad turística tiene su origen en los viajes exploratorios que hacían los grupos colonizadores europeos: los pioneros y pioneras de esta disciplina fueron principalmente exploradores/as y aristócratas de Inglaterra, Francia, Suiza, etc. que se dedicaban a recorrer los lugares que aun afianzado el colonialismo eran todavía bastante inaccesibles para el pie europeo en Asia, América y África ya entrados los siglos XIX y XX.
Los pueblos originarios de América, en cambio, han recorrido las montañas andinas por siglos y siglos. Su inserción actual en el mercado del turismo aventura como sujetos racializados y “generizados” tiene muy poco de pintoresco.
I
(Por Luis Ponte) Paris, esconde bajo su encantadora y admirada superficie, la red cloacal más extensa del mundo. 2600 kms. de modernas e higiénicas tuberías, ampliadas y actualizadas durante los últimos 200 años, para llevarse bien lejos todo lo que desechan los parisinos metros más arriba.
No siempre fue así. En la Edad Media, canaletas por el medio de las calles y a cielo abierto, eran las encargadas de conducir las hediondas aguas residuales que cada habitante arrojaba desde sus casas. Enfermedades, pestes y epidemias mortales (entre otras cosas) diezmaron la población, como lógica derivación.
Fue necesario tomar decisiones que priorizaran lo colectivo en materia de urbanismo, higiene, salud, educación, etc., por encima del hábito y conveniencia individuales para solucionar el tema. Quién podría imaginarse hoy a un refinado parisino lanzando un balde con sus deshechos a las calles de la ciudad Luz. El acuerdo colectivo, lo convierte en una obviedad. Cristalizado en obras y normas legales consensuadas.
II
El economista bahiense Francisco Cantamutto, sostiene que el total estimado de dinero depositado por particulares y empresas argentinas en el exterior en las últimas décadas, rondaría los 400.000 millones de dólares. Traducido a pesos y aplicados los impuestos correspondientes, un billón doscientos mil millones de pesos pasarían a engrosar las arcas del Estado.
Una suma compleja, y un cálculo simple orientados a averiguar qué haría el Estado si contara con todo ese dinero, que muchos argentinos le esconden debajo de “colchones secretos”, en el extranjero.
Hagamos un recorte, y analicemos un solo área como el de la cultura. La suma de los presupuestos 2015 de Nación y todas las provincias más C.A.B.A. para ese sector, fue de 4.200 millones de pesos. Un equivalente al 0,30 % del presupuesto nacional. Si aplicáramos ese mismo porcentaje al “dinero en fuga” arriba calculado, nos quedaría para invertir en cultura (Nación más estados provinciales), otro presupuesto completo, en números redondos.
III
No hay otra forma de representarse mentalmente esas cifras descomunales de plata, que a través de elementos tangibles y familiares a nuestros sentidos y razón.
Descontados los gastos propios de funcionamiento como salarios, servicios, etc., el Estado podría construir nuevos centros culturales, museos y salas de teatros, de unos 350 m2 cada uno de ellos, y totalmente equipados con lo último de tecnología y servicios, en cien ciudades a elección de la Argentina. Sobraría dinero para restaurar y poner en valor unos seiscientos teatros, museos, centros culturales, edificios a reciclar, etc.
Y, también, quedaría mucho resto importante, para sostener la política de fomentos, subsidios, estímulos a la creación, a la compra de equipamiento, al sostenimiento de colectivos artísticos, y salas o espacios, etc. en cada una de las áreas que conforman la actividad cultural como las artes escénicas, artes visuales, audiovisuales, música, etc.
Podríamos sostener con holgura, las Orquestas del Bicentenario. Hoy en un limbo presupuestario que les impide funcionar. Y seguirían los ejemplos…
IV
Fin de la fantasía. Ese dinero no está. No lo tiene el Estado. Sí, tenemos despidos de 500 trabajadores, achique y desguace de áreas en el Ministerio de Cultura de la Nación. Reducción o mantenimiento de los mismos porcentajes de presupuestos de años previos, en las áreas de cultura provinciales y municipales (como el caso de nuestra ciudad).
El contraste es fuerte, muy fuerte. Una realidad de supuestos escasos recursos con funcionarios que priorizan balances contables por sobre encima de cada uno de aquellos que pierden sus empleos (o están a punto de).
Opuesto a ese infierno, los paraísos fiscales. Donde están “acovachadas” descomunales masas de dinero que particulares y empresas argentinas decidieron escondérselas al Estado. Desde hace décadas. Girándolo al exterior. Armando empresas off shore. En definitiva eludiendo impuestos.
El contraste deviene en desolador cuando entre esos funcionarios, que promueven endeudamiento externo (como dice Cantamutto, fuente de nuevas fugas de capital), achique, despidos, desguace de planes y áreas de Estado que atienden al desfavorecido; aparece, el mismísimo presidente de los argentinos con empresas off-shore en Panamá. Donde (la ironía muestra su mejor cara), el Emabajador es Del Sel…
V
En algún momento de la Historia, al parisino no le parecía escandaloso ni repudiable resolver el tema individual de sus deshechos humanos, abriendo la puerta o la ventana, arrojándolos al medio de la calle, en perjuicio “del otro”. Hasta que la realidad de muerte, enfermedades y otros problemas sociales insostenibles, los empujó a tomar conciencia de una solución colectiva racional y conveniente para todos, a riesgo de perecer diezmados.
¿Y nosotros, en qué punto de nuestra Historia estamos?
