Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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(Por Alfredo Grande) Hace algunos años, ante un derrumbe de una casa en la ciudad de buenos aires, un arquitecto amigo comentó: “fatiga de los materiales”. Hace algunos años más, cuando todavía existía Movinet, la internet de Movicom, una operadora ante mi consulta por la imposibilidad de conectarme dijo: “los archivos se corrompen”. Pensando en voz alta, que siempre es preferible a no pensar en voz baja: si los materiales se fatigan y los archivos electrónicos se corrompen: ¿la subjetividad tanto individual, vincular, grupal y social puede estar exenta de estos procesos de degradación?
Mi propia degradación es palpable porque me resulta más difícil ir al pedicuro que al cardiólogo. Y varios y varias decretaron mi degradación política irreversible cuando en mi artículo “Votar en Negro” sugerí optar a Daniel el Tranquilo en el balotaje. Hasta el idioma español ha degradado. “Las cifras de El español en el mundo, anuario del Instituto Cervantes, ratifican un crecimiento sostenido de dominio junto al inglés en 2015. Pero frente a estos alentadores números no conviene caer en espejismos que nublen la cada vez más preocupante calidad del idioma, según alertan los expertos. Su uso resulta progresivamente “zaparrastroso” [adjetivo coloquial: desaseado, andrajoso, desaliñado y roto], en palabras de los responsables del Cervantes y de la Real Academia Española (RAE)”. Lo zaparrastroso nos habita. Hace décadas que hablamos de corrupción, tanto, que debería dictarse al menos una maestría en el tema. Profesores sobran y alumnado también.
“En la cultura represora,
cualquier cacatúa esta convencido
que tiene la pinta de Carlos Gardel”
(Aforismo implicado tanguero A. G.)
Corrupción es, entre tantas otras cosas (delitos varios, por ejemplo), la degradación absoluta de la cosa pública. Degrada a negocios privados y de tan privados que son, son clandestinos. Aceptar la degradación es ser optimista. Nos queda como cantaba Gardel… “la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser”. Eso en el mejor de los casos. La degradación anula la vergüenza y también el dolor, aunque alimenta el rencor.
Los dioses de una época son los demonios de la siguiente, señalaba Freud. Agrego que son demonios resentidos. Ofendidos. Lacerados en sus prebendas y privilegios. Heridos y, por lo tanto, peligrosos. El kirchnerismo en su desarrollo político rescató a los derechos humanos como política de Estado. Pero esa lucha degradó a una planificación sistemática de administración de privilegios para los que eran “gente como uno”. Los únicos privilegiados no fueron los niños sino los gerenciadores, los tercerizadores, los ejecutores. Milagro Sala está en esa categoría. Tercerizó e intermedió los presupuestos del Estado construyendo un Estado dentro del Estado, que también martirizó al gobernador Fellner. Y la degradación es homologar la militancia por todos los derechos humanos que interpelan y enfrentar a las pretensiones punitivas y depredadoras de los Estados, con la militarización de sectores sociales para construir organizaciones creadas desde, por y para el Estado.
Para dar carne a las fieras que decretan mi degradación, porque darles pasto es inútil, haré una comparación odiosa. Si alguna vez hubieran sido encarcelados los organizadores, financiadores y ejecutores de la Triple A ¿se los pensaría como presos políticos? Porque la Alianza Anticomunista Argentina y sus integrantes expresaron una política de estado con la nave insignia de López Rega, gerente del Bienestar Social. Fin de la comparación. Estoy de acuerdo con María del Carmen Verdú, Adolfo Pérez Esquivel y Vicente Zito Lema que Milagro Sala es una presa política.
Después de todo y antes de nada, no es fácil polemizar con cualquiera de los tres y suicida con los tres juntos. Pero me permito preguntar (les): “¿de que política es presa Milagro Sala?” Y también: ¿que política expresa Milagro Sala? Una gran compañera, Alicia Jardel en un intercambio con Oscar Castelnovo (Agencia para la Libertad) recordó un artículo de la ley antiterrorista: “ Art. 213 ter: “Se impondrá prisión o reclusión de CINCO a VEINTE años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Como dijo el poeta, todo es según el color del cristal con que se mira y desde la ideología con que se piensa. Todo preso es político, cantaba el Indio Solari. “Obligados a escapar, somos presos políticos, reos de la propiedad, los esclavos políticos”. Milagro Sala también.
Pero a mi criterio, quizá zaparrastroso, es una expresión degradada de la categoría “preso político”. No es lo mismo pelear por nuevos derechos que combatir por mantener antiguos privilegios. Incluso es lo opuesto. Invocar supuestos fueros parlamentarios (el “hablasur” que algunos llaman parlasur) es otra marca de la degradación. La asamblea del año XIII abolió los títulos de nobleza. Y los fueros, todos los fueros, son el residuo de nuestra “noble igualdad”.
Una de las formas más habituales de degradarme, además de chicanearme con mi contradicción insalvable entre estatura y apellido, es decirme “gorila”. Aunque no necesariamente esté en la niebla. Por eso hago mías, muy mías, las palabras de mi amigo y compañero el “negro” Soares: “Llamaría a la reflexión, a todos nosotros, a los que hoy (por el lunes) marcharon, a los que se solidarizaron, porque a Milagro Sala yo la he visto. Yo he marchado con el Perro Santillán y con los obreros del SEOM y he visto las patotas y bandas policiales reprimir a los obreros del SEOM y entre policías uniformados los infiltrados de la Milagro Sala”.
“Algo elemental en toda política,
desde la estatal hasta la vincular:
no victimizar al victimario”
(Aforismo implicado A. G.)
El abogado de La Gremial de Abogados recordó que en una de esas represiones un obrero perdió un ojo. “Milagro Sala no es una dirigente compañera, es una dirigente de la derecha kirchnerista y de lo peor de esa derecha. Una dirigente que ha reprimido a los sectores populares de Jujuy. Sería bueno que al cortar esta comunicación (1) y antes de recibir las puteadas de alguno lo llamen al Perro Santillán, que tiene muchísima más autoridad que yo para hablar de Milagro Sala”, expresó citando al referente de la Tupaj Katari, agrupación enfrentada con la de Sala. Insisto: no es lo mismo luchar por nuevos derechos que luchar por mantener antiguos privilegios. Los dioses convertidos en demonios cultivan el rencor, tan peligroso como el dengue. Y más contagioso.
El final del duhaldismo fue el asesinato de Darío Santillán que hoy tendría 35 años. Y seguiría luchando por nuevos derechos. Contra el Estado Gendarme que, después de una brutal devaluación, que algunos llaman pesificación asimétrica, pasó a ser nominado como Estado de Bienestar. Luciano Arruga fue preso político, torturado político y asesinado político. Pero, al igual que Darío, de las políticas no degradadas. De las políticas emancipatorias fundantes, donde se autogestiona la vida.
Hasta las cooperativas están degradadas cuando se las convierte en receptorías y licenciatarias de las dádivas estatales. Milagro Sala es una presa política. De una política que más temprano que tarde, tendrá que cambiar. Pero no desde el arriba del Estado sino desde el abajo de los pobres de la tierra. De los que luchan por todos los derechos y no de los administran todos los privilegios.
(1) En referencia a la entrevista en el programa radial “Sueños Posibles” que conduzco en La Retaguardia con Irene Antinori.
(Por José Rigane*) La declaración de la “emergencia energética” por el gobierno de Macri y la anunciada quita de subsidios y aumento de tarifas, junto al incremento del costo de vida producto del fuerte shock devaluatorio y el nuevo impulso inflacionario, imponen la necesidad de implementar una Tarifa Social.
La Tarifa Social nació en nuestro país a finales del año 1999 en la ciudad de Mar del Plata, al calor de la lucha popular y donde nuestra organización, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, junto a las agrupaciones barriales, fomentistas y de desocupados de Mar del Plata, desafiamos a las multinacionales Camuzzi y United Utilities para lograr la implementación de una iniciativa que discutiera la lógica de las ganancias empresarias plenas impuesta desde la privatización de los servicios.
La Tarifa Social es Ley de la Provincia de Buenos Aires. Lleva el número 12.698 y es uno de los primeros reconocimientos legislativos a las luchas de los desocupados y pobres por recuperar su derecho a ciudadanía.
La Tarifa Social, con metas de quitas hasta del 50% del valor final, es un paliativo concreto para el desangrado de los bolsillos de las familias populares, pero también es un pilar en el reconocimiento de la energía como un derecho humano. Nadie puede estar privado de un servicio esencial para la vida en nuestras sociedades contemporáneas como es la energía.
La Tarifa Social es el precio diferenciado para el uso de los servicios públicos esenciales (agua y cloacas, electricidad y gas) dirigido a la población de escasos recursos. Supone, además, el no corte de los servicios ante la comprobación manifiesta de incapacidad de pago de las facturas y facilidades financieras para saldar las deudas.
Aranguren, ministro de Energía y Minería del actual gobierno de Macri, ya adelantó sin demasiadas precisiones que con el nuevo esquema de quita de subsidios se prevé como contraparte la implementación de una “tarifa social”, que seguramente se intentará aplicar como un servicio a la demanda, depositando el dinero (un porcentaje del valor final) en las cuentas del beneficiario como ya se ha hecho, por ejemplo, con el gas en garrafa.
La cuestión que se impone es preguntarnos quién va a poner estos aportes. ¿Serán nuevamente los trabajadores los que respondan, a través del estado y sus recursos, garantizando las ganancias a las empresas que supuestamente iban a solucionar la crisis de energía en Argentina? ¿Qué van a poner las empresas que han amasado fortunas desde 1999 hasta la actualidad? ¿Continuaremos en la senda de garantizar las ganancias a las multinacionales como lo venimos haciendo con el sistema eléctrico o con el precio de barril “criollo” de petróleo, donde el gobierno le garantiza a fuerza de subsidios de más de 12 millones de dólares por día un precio de u$s 60 el barril cuando en el mundo está debajo de los u$s 30?
La crisis actual en energía y el cambio de gobierno nacional habilita a repensar y revisar las condiciones con las cuales se viene desarrollado el sistema privado en materia de energía.
La tarifa social debe ser responsabilidad de las empresas y no del Estado.
Para conocer más sobre la tarifa social, su lucha para convertirla en Ley y los textos legales presentados para crear un Proyecto Nacional de Tarifa Social pueden visitar el siguiente URL
* José Rigane es Secretario Adjunto de CTA Autónoma y Secretario General de la FeTERA
La Comisión Provincial por la Memoria junto al CELS, el CEPI, FOJUDE, AJUS La Plata, la Defensoría de Casación y funcionarios judiciales presentaron una petición a la Gobernadora María Eugenia Vidal para que anule el Decreto del Poder Ejecutivo que designa al dr. César Albarracín como fiscal de Casación adjunto.
Albarracín se desempeñó hasta fines de diciembre como subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, teniendo a su cargo al Servicio Penitenciario Bonaerense. El cuestionamiento se fundamenta en las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron en las cárceles bajo su gestión; por su desempeño como funcionario es que se pone en duda su idoneidad para cumplir con las funciones que el cargo de casación demanda.
Las distintas políticas llevadas adelante, contravienen la manda de la Constitución provincial que reclama el “respeto por los derechos humanos” y los “valores democráticos”. La gestión de Albarracín en aquella Subsecretaría se basó en la negación de la grave situación de violaciones a los derechos humanos que sufren las personas privadas de su libertad en la provincia.
Las pésimas condiciones de detención, la corrupción dentro de la estructura penitenciaria, la circulación de armas de fabricación casera, la violencia de los agentes penitenciarios, la tortura y la muerte, han sido sistemáticamente negadas por la gestión del dr. Albarracín, que no tomó medidas efectivas para combatirlas y obstaculizó los distintos intentos de hacerlas cesar.
Este modo de gestionar, provocó la interposición de múltiples acciones judiciales e incluso, la necesidad de recurrir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ante estos reclamos, la respuesta de Albarracín, como representante de aquella Subsecretaría y del Poder Ejecutivo provincial, fue obstaculizar la labor de la justicia en la tutela de estos derechos.
Entre otros puntos, la nota presentada a Vidal señala esa reiterada negativa a dar cumplimiento a distintas órdenes judiciales, al tiempo que procedió de manera sistemática a recurrir e impugnar las decisiones de los jueces en materia de Hábeas Corpus colectivos por agravamiento de las condiciones de detención de las personas en ámbitos carcelarios, impidiendo que se ejecuten las medidas destinadas a hacer cesar los actos lesivos verificados por los magistrados. Así, la gestión de la Subsecretaría desnaturalizó y privó de efectividad al instituto del Hábeas Corpus, una de las principales herramientas de denuncia presentada por funcionarios y organizaciones no gubernamentales, para el ejercicio del derecho a una tutela judicial efectiva frente a los agravamientos en las condiciones de detención de las cárceles Bonaerenses.
Además de estos antecedentes, la nota presentada subraya el tiempo que ha transcurrido en el proceso de designación del fiscal, lo que evidencia un “injustificado incumplimiento de la obligación constitucional de expedirse en un plazo razonable para evitar una parálisis que conspire contra los fines del sistema de designación de magistrados y afecte el mandato de efectividad en la tutela judicial”. Este proceso tiene cinco años de demora y su principal explicación se encuentra en los intereses personales del candidato, que privilegió la asunción de cargos políticos en el poder Ejecutivo, en evidente desmedro de la justicia y los derechos.
Por estas razones, la CPM junto al CELS, FOJUDE Y AJUS La Plata, el Defensor de Casación Mario Coriolano, el juez de Cámara de Mar del Plata, Marcelo Madina, Pedro Sisti del CEPI y la Defensora Oficial de San Martín María Dolores Gómez, solicitan a la gobernadora revisar su designación, por contrariar el tercer párrafo del art. 175 de la Constitución de Buenos Aires.
Repudio a la criminalización de la protesta
Por su parte, la CPM expresó su “repudio a toda forma de criminalización de la protesta social y cualquier tipo de persecución política, ejecutado por cualquier autoridad o funcionario del Estado Argentino en todos sus niveles. En estos actos se encuadra la detención y persecución política de la parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala. La gravedad del hecho implica no sólo al gobierno de Jujuy sino también y sobre todo al accionar de la Justicia que actúa como instrumento del Poder ejecutivo, apelando a la represión y la intimidación desde el sistema penal como vía de abordaje de un conflicto claramente político-social”.
“Los argumentos judiciales que pretenden justificar la detención son inadmisibles. Porque en democracia es inadmisible que se criminalicen actos que son propios e imprescindibles en la coordinación de la acción colectiva, e inherentes al ejercicio del derecho a asociación que son la base de los derechos políticos y el ejercicio de la ciudadanía. Promover la acción colectiva no es “instigar al delito”, una manifestación masiva no es un “tumulto”, y oponerse a una decisión del gobierno no es un “acto de sedición”. Es el libre ejercicio de las libertades políticas”.
Además, la organización sostuvo que “la represión en La Plata a trabajadores despedidos -que también estuvo acompañada por el señalamiento por parte del Municipio de supuestos ‘instigadores’ de la manifestación- y la violenta represión a los trabajadores de la empresa ‘Cresta Roja’, son antecedentes de este hecho que alertan sobre una modalidad de abordaje del conflicto político-social basado en la represión y la persecución penal de la protesta que ha sido defendida por los distintos ejecutivos implicados”.
Finalmente, desde el organismo afirmaron que “la criminalización de la protesta y la represión no son una novedad en Argentina, y ya sabemos los efectos nefastos que ha tenido. No han resuelto ningún conflicto, por el contrario han generado la pérdida de decenas de vidas. A más de 30 años de democracia, existen numerosos mecanismos institucionales y políticos para dirimir los conflictos de acuerdo a la Constitución y la ley, e instamos a todos los funcionarios a resolverlos de manera pacífica y a través del dialogo. Solo en el respeto, la tolerancia y la paz, se fortalece la democracia”.
Fuente: CPM
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria publicó el libro “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente” durante el mes de diciembre de 2015.
El trabajo revisa el marco regulatorio de los temas medioambientales, realiza un repaso por la historia de los métodos de análisis y parámetros de medición de contaminación, conceptos sobre el suelo, perjuicios de las técnicas de siembra directa del suelo, entre otros aspectos.
El Scanner de FM De la Calle deja algunos de los extractos destacados.
“El actual modelo de agricultura industrial o modelo extractivo ha pretendido que la química (en este caso, los plaguicidas) controle a la biología, simplificando así la toma de decisiones. Sin embargo, dentro de este modelo, no se ha tenido en cuenta que el uso excesivo de plaguicidas pone en serio riesgo al recurso suelo, debido a que se disminuye la capacidad del mismo para cumplir con una de sus funciones vitales que es actuar como reactor bio-físico-químico”.
“En el concepto establecido por Comerford (2003) en el que se considera al suelo como un Reactor Natural capaz de transformar, filtrar, amortiguar y depurar las sustancias que lleguen a su superficie, así como regular los ciclos biogeoquímicos. De todos los contaminantes presentes en el medio ambiente, los plaguicidas son los más criticados debido a su aplicación masiva y directa en los sistemas naturales. En este sentido, nos preguntamos si la introducción de plaguicidas al suelo estará afectando la capacidad potencial de Reactor Natural de los mismos”.
“El objetivo de la incorporación de plaguicidas en los sistemas productivos es el control de malezas y plagas, en este sentido, se aplican tanto sobre los cultivos como en el suelo descubierto. Sin embargo, no es la única “función” que tienen estos químicos en el medio ambiente, es decir, no sólo pueden afectar las malezas del suelo y/o las plagas que combaten, sino que su efecto adverso residual se ve aumentado al atacar de forma indirecta a los organismos no blanco del suelo y de otros ambientes (acuáticos y aéreo), que también son destino de estas moléculas”.
“En Argentina, la actividad agropecuaria se encuentra fuertemente ligada a la disponibilidad de agua, lo cual resulta en una relación directa de la localización de los campos cultivados con ecosistemas acuáticos superficiales y/ó subterráneos. Asimismo, el uso de aeroplanos y/o pulverizadores autopropuslados (mosquitos) para la aplicación de plaguicidas en toda la extensión de los campos, puede causar una introducción directa en los cursos de agua superficiales. A este hecho se le suman la incorporación de plaguicidas por eventos de lixiviación, escorrentía y deriva”
“En los estudios realizados en estuarios del sudeste bonaerense (Laguna de Mar Chiquita y Estuario de Bahía Blanca) se observa que los niveles de POCs (Plaguicidas organoclorados*) detectados en los organismos, tales como cangrejos y espartillo, son similares a los detectados en pejerreyes que habitan en la Laguna de los Padres, ubicada de forma adyacentes al cinturón hortícola de la ciudad de Mar del Plata. Este hecho indica que la llegada de POCs hasta los estuarios se debe al transporte por ríos y arroyos que atraviesan zonas cultivadas (Menone et al., 2000a), así como también al proceso de volatilización que experimentan los POCS, debido a que presentan altas presiones de vapor que presentan”.
“Argentina es un país mundialmente reconocido por su rol de proveedor de productos primarios agropecuarios. Según datos de la FAO (2015), respecto de la utilización de herbicidas por superficie arable por país, Argentina está en el segundo lugar de mayor utilización de herbicidas por hectárea en sus sistemas productivos”
“Sin embargo, este uso intensivo de herbicidas no se ve reflejado en un mayor rendimiento por hectárea comparado con otros países como Estados Unidos, Alemania, Francia y Dinamarca (Banco Mundial, 2015) donde hay una mayor eficiencia en la producción de granos por cantidad de herbicida empleado. Para visualizar esto seleccionamos países del mundo que contaran con información sobre utilización de herbicidas (FAO, 2015) y rendimiento por hectárea arable, para un mismo año (Banco Mundial, 2015), y vemos que Argentina es el país menos eficiente en producir granos (Tn de grano por Kg de i. a) seguido de Chile y Brasil”.
“El suelo es un recurso natural no renovable a escala de vida humana que se puede conceptualizar como un reactor biofísico-químico con funciones potenciales de filtración, amortiguación, depuración y regulación de los ciclos biogeoquímicos (Comerford, 2014). La presencia de plaguicidas en distintas matrices ambientales indica un agotamiento en la capacidad del suelo de funcionar como reactor. El suelo, al operar como una interfase entre el aire y el agua, estaría provocando un impacto en estos dos recursos vitales”.
“La presencia de plaguicidas en distintos compartimentos ambientales genera una preocupación genuina en la sociedad. El sistema científico-tecnológico ligado a la producción agropecuaria debe tener una posición que jerarquice la discusión y establezca un mensaje claro. El manejo de los suelos, los sistemas de labranzas, los sistemas ecológicos, las tecnologías de procesos, la reducción de dosis de plaguicidas y el uso de insumos en el marco de las buenas prácticas agrícolas, entre otras prácticas agronómicas, son herramientas a debatir para proponer, desde INTA, alternativas al modelo agropecuario actual”.
“El principal objetivo del modelo actual es maximizar la renta con una mirada de corto plazo, poniendo en situación crítica al Sistema Agroalimentario Argentino en el mediano y largo plazo. Por otra parte, algunos estudios indican que, si bien los rendimientos en toneladas de cultivo por hectárea han aumentado en diferentes porcentajes para diferentes cultivos (Fig. 13), la capacidad de captación de esa ganancia por parte del productor agropecuario argentino es menor debido justamente a que hay una transferencia de esa rentabilidad a las empresas que producen y venden los paquetes tecnológicos de altos insumos, esto indica una baja eficiencia productiva de Argentina. Sumado a que las empresas que producen y venden plaguicidas son en su mayoría internacionales y/o multinacionales, existe una pérdida en la competitividad de los productores locales (aquellos capaces de garantizar un desarrollo territorial eficiente) y, a su vez, esa captación de ganancia por parte de las empresas multinacionales no queda dentro de las fronteras nacionales, sino que contribuye a una fuga de divisas al exterior”.
*Los plaguicidas organoclorados (POC) son compuestos orgánicos que persisten en el medio ambiente durante años, pudiendo ser introducidos en el organismo humano a través de la cadena alimentaria (1), particularmente por el consumo de alimentos con elevado contenido de grasa, entre los cuales se encuentran los aceites vegetales
FICHA TÉCNICA
2015
Compiladores
Ing. Agrónoma (Dra) Virginia Aparicio Bioquímico (Dr) Eduardo De Gerónimo Lic. en Microbiología (Ms C) Keren Hernández Guijarro Lic. en Cs. Biológicas (Dra) Débora Pérez Ing. en Recursos Naturales (Ms C) Rocío Portocarrero Ing. Agronóma (Esp Riego) Claudia Vidal
Revisores
Ing. Agrónomo (PhD) José Luis Costa Ing. Agrónomo (PhD) Adrián Andriulo
(Por Julio Gambina) El pasado miércoles 13 de enero habló, a un mes de asumido el gobierno de Macri, el ministro de Economía.
La primera curiosidad es que su crítica al gobierno anterior remite al periodo 2007-2015. Tiene lógica, ya que englobar a todo el ciclo entre 2003 y 2015, lo involucraba a él mismo al frente del Banco Central entre diciembre del 2002 a septiembre del 2004, entre los gobiernos de Duhalde y Kirchner.
Es más, hizo el autoelogio de haber contribuido con la política monetaria del BCRA a disminuir la inflación del 40% al 5%, y aun reconociendo circunstancias distintas, oculta que la baja de la inflación estuvo asociada a la recuperación económica luego de años de recesión entre 1998 y 2002, una reactivación sustentada con la devaluación y la cesación de pagos.
Ambas medidas (devaluación y default) favorecieron, brutales transferencias regresivas de ingresos mediante, la instrumentación de políticas económicas activas y políticas sociales masivas (Plan Jefas y Jefes de hogar) al evitar pagos a los acreedores no privilegiados (recordemos que a los organismos internacionales, siempre se les canceló los vencimientos).
En la actualidad, si bien venimos de un periodo de desaceleración económica y recesión industrial, sin la profundidad del ocaso menemista, los pagos de deuda vienen siendo crecientes y lo serán mucho más a partir de la negociación anunciada con los buitres (hold-outs) y la justicia estadounidense.
Los crecientes pagos de deuda, el llamado desendeudamiento, significaron cuantiosos pagos de viejas deudas, al tiempo que se asumía nuevos endeudamientos, especialmente con organismos nacionales, del tipo del BCRA o la ANSES. Esos bonos con los organismos nacionales son los que ahora se utilizan como garantía para nueva deuda externa.
Recordemos que a la salida de la crisis del 2001, la devaluación orientada a reactivar la “producción y la competitividad local”, estuvo acompañada de la cesación parcial de pagos, liberando fondos públicos para la política económica y social desde el 2002, lubricando un consenso que sustenta el ascenso electoral del ciclo kirchnerista entre 2003 y 2011.
La devaluación actual, más que activar la competitividad o la productividad de la producción local, actúa directamente como un mecanismo de mejora de la rentabilidad de la cúpula empresarial, especialmente de los sectores hegemónicos de la producción agraria e industrial asociada a la exportación, y claro, como siempre, la banca y los capitales concentrados en el ámbito de la especulación.
Alfonso Prat-Gay quiere mostrar los logros macroeconómicos a la salida de la recesión 1998-2002, asumiéndose protagonista de esa historia y se pone nuevamente en ese lugar, ahora como Ministro de Economía, pretendiendo asimilar la herencia actual a la debacle del 2001.
En su mensaje habla de la herencia negativa, especialmente la continuidad del default, que habría que superar para volver al mercado financiero mundial. Ahora, la continuidad de la cesación de pagos sería una situación negativa en su lógica analítica del presente, cuando en realidad, fue una condición de posibilidad indispensable para la recuperación macroeconómica desde el 2002.
Por eso sugiere negociar “en serio” en EEUU, situación que ya está en marcha, incluso la licitación de una nueva representación de abogados ante la justicia estadounidense.
Claro que señala el despropósito de la justicia estadounidense que multiplicó por diez, vía intereses punitorios, una deuda de capital que en origen era menor a 500 millones de dólares (demanda de los buitres).
Ese monto más punitorios y otros acreedores no partícipes de los canjes de deuda del 2005 y 2010 acrecen la demanda a casi 3.000 millones de dólares; base de la discusión en estos días para terminar con el default y volver al mercado de créditos mundial en condiciones similares a la de otros países de la región (tasas del 4 al 6%).
La deuda constituye un capítulo esencial de la política económica actual y condiciona al conjunto de decisiones que asume el gobierno, privilegiando a los acreedores del Estado por encima de cualquier propósito, aun cuando se formula el objetivo de pobreza cero.
Inflación, precios, salarios y el papel del Estado
El ministro insiste en un diagnóstico ortodoxo sobre la inflación, el que podría resolverse con restricciones en la política monetaria, fiscal y de ingresos, o sea con ajuste.
El Estado “bobo” sería el responsable de la inflación. Dice Prat Gay que el Estado gasta más de lo que recauda y denuncia un déficit fiscal primario (antes de pagar deuda) para el 2015 de 5,8% del PBI, contra el 2,3% informado por la gestión anterior.
El dato acrecido surge de incluir gastos no registrados en las cuentas oficiales (deudas a proveedores, p.e.) e ingresos incorrectamente incluidos, caso de los aportes del BCRA o de la ANSES, aunque admite que es una tesis discutible.
Si se suma el pago de intereses, el ministro de economía denuncia un déficit fiscal total del 7%.
Vale discutir lo del Estado bobo, calificativo que escamotea el carácter capitalista del Estado en la Argentina, desde que este se considera país independiente.
Por lo tanto, el Estado, más que bobo, siempre estuvo al servicio de algún sector de la clase dominante, claro que con los matices que pueden diferenciar los regímenes militares a través de la historia, especialmente entre 1930 y 1983 respecto de los gobiernos constitucionales en ese periodo y los previos; incluso los matices y especificidades de las lógicas de dominación capitalista en el ciclo 1983 y el presente.
No hay Estado ausente, sino un Estado que define esencialmente el orden económico, social y cultural. Eso remite a una construcción histórica del modelo productivo sojero, mediado con los cambios institucionales y operativos de la producción ocurridos en los 90; pero también el despliegue de la mega minería a cielo abierto, consolidado con las modificaciones de la última década del siglo pasado; o la extensión de la industrialización dependiente de insumos y partes del exterior (desde siempre); junto al condicionante del endeudamiento y la lógica especulativa del sistema financiero, asociada a la dinámica delictiva del narco tráfico, la trata de personas o la venta de armas.
Remito a una realidad construida desde el Estado, con matices, en los 40 años a cumplirse el próximo mes de marzo. La soja emerge en los 70 y se consolida como cultivo hegemónico en los 90. El cambio del código minero y la legislación específica del sector hizo atractiva a la cordillera para las grandes mineras transnacionales, del mismo modo que el extractivismo petrolero busca rentabilidad explotando los hidrocarburos no convencionales. La ley de entidades financieras y la de inversiones externas datan de los años de la dictadura genocida.
Cada gobierna milita “su” Estado y le adiciona capas de personal necesaria para cada proyecto político. El Ministro es un militante del proyecto Macri y las aspiraciones de las clases dominantes asociadas por primera vez a una gestión gubernamental sustentada en el voto mayoritario de la sociedad.
El ministro quiere quitar lastre del gasto público y por eso alude a la “grasa militante”. No se lo ocurre disminuir gasto vía la suspensión de pagos de la deuda, y ojo que a la Argentina no le fue tan mal entre 2002 y 2007, con cesación de pagos y aislamiento de la lógica financiera mundial que castigaba al país por el default.
Lo concreto sugerido explícitamente es el ajuste del salario y del empleo, especialmente en el estado. Ni siquiera es sutil cuando sugiere paritarias por debajo de su objetivo de inflación: entre el 20 y 25%. Incluso amenaza con quedar descolocado al que negocie por encima de esa “meta de inflación”.
Se trata de un mensaje ortodoxo, de alguien que se presenta como neo-keynesiano. En rigor, es un pragmático que piensa en la mejor manera de hacer funcionar, según sus intereses, al capitalismo local.
La herencia y las propuestas
El ministro carga la responsabilidad sobre el déficit fiscal al derroche de los gobiernos de Cristina Fernández, más que al de Néstor Kirchner, y no realiza ningún análisis sobre el modelo productivo y de desarrollo construido por décadas, más allá del ciclo kirchnerista.
El kirchnerismo en la oposición no acepta ningún diagnóstico crítico sobre ese modelo productivo consolidado en tres turnos y su correspondiente modelo de desarrollo sustentado en el consumismo y la extranjerización de la economía.
Es más, el comentario entre los seguidores del kirchnerismo alude al límite de haber realizado lo que se pudo, sin imaginar nada más allá de lo intentado o ejecutado, ya que la sociedad no hubiera acompañado.
Nuestra tesis es que la sociedad nunca fue convocada a discutir el modelo productivo y de desarrollo construido entre 1976 y 2001, y que la respuesta electoral remitió a otro debate, quizá más asentado en las formas del ejercicio de la política. Se trata de un problema, ya que el discurso oficial se apoya en el convergente consenso electoral al respecto.
La mayoría de la sociedad expresó en el voto la insatisfacción del proceso previo, por lo menos en su tramo final, entre 2013 y 2015, y se expresó entre otras formas en paros generales y extensión de la protesta social, los que no pudieron materializarse en propuesta política para la disputa del gobierno, por lo que el resultado del castigo emerge en un gobierno alineado a la derecha política y por la liberalización de la economía.
El discurso kirchnerista se asume como el límite de lo posible y se atrinchera en su propio relato, sin imaginar la radicalización programática y menos la constitución de una subjetividad popular para encarar transformaciones sociales. No es solo un problema de Argentina y puede identificarse como dificultad central para los procesos de cambio en Nuestramérica en este Siglo XXI.
Existe la necesidad de construir relatos alternativos al macrismo y al kirchnerismo, para encarar el proceso emancipador. Mariategui aludía al mito de la revolución socialista hace un siglo, como tarea de los pueblos en Nuestramérica.
Puede ser que atrase un proyecto que sustente nuevamente el mito del socialismo, como muchos me dicen, pero más atrasa la propuesta liberalizadora, base de las consignas de los iniciáticos liberales del dejar hacer.
¿Qué es más antiguo, el liberalismo o el marxismo, el capitalismo o el socialismo?
En rigor, ni más antiguo ni más moderno, solo un interés de clase, de los que dominan o los dominados que luchan por su emancipación.
Foto: Hoja de noticias
(Por Alfredo Grande) “La historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa” . La tentación de empezar con esta cita del “18 Brumario de Luis Bonaparte” de Carlos Marx fue irresistible. La tragedia: la autodenominada “revolución libertadora”. La farsa: la “votación libertadora”. Algunos llamaron a esto balotaje. Dos candidatos que no eran lo mismo, pero que para encontrar diferencias había que usar micro cirugía intelectual y política. Lo intenté en mi trabajo “Votar en Negro” con el resultado conocido. Sigo pensando que no solamente no son lo mismo, sino que va quedando claro que son lo opuesto. ¿Opuesto a qué? Esa es la cuestión.
El intento de oponer como excluyentes un proyecto nacional y popular y un proyecto anti nacional y anti popular suena tentador. Pero agoté mis tentaciones con la cita de Marx. No son lo opuesto en lo fundante. La matriz de una economía concentrada, transnacionalizada, con un reparto de la riqueza parecido a un “delivery” de la “buena gente” que llena este país, ratifica la profecía de Eduardo Duhalde. Presidente mixto entre de facto y de jure, sentenció que: “el Estado para los pobres, el mercado para los ricos”. Omite el otrora hombre fuerte de Lomas de Zamora que tanto el Estado como el Mercado están dirigidos, conducidos, comandados por los ricos. Y que la cínica teoría del derrame no es en su fundante diferente a la política del eterno subsidio que también es el derrame de las magnas ganancias de las empresas líderes y de la dimensión industrial de la política. Eso que llaman Estado.
Pero no son lo mismo en el origen cultural y político. No es lo mismo venir de la UCEDÉ que venir del laborismo o del anarquismo. Lamentablemente, ya dentro de la farsa, Menem peronizó a la derecha en la figura de la nave insigne de las políticas económicas reaccionarias de la Argentina, o sea, el ingeniero Álvaro Alsogaray. Antes que eso, creo que cuando era presidente Frondizi o más o menos por ahí, Alsogaray fue a una reunión internacional de economistas. Con su humor filoso, Aldo Cammarota preguntaba: “¿y por la Argentina quien va?”. La UCEDÉ incluyendo a nuestra venus de las pieles, la ingeniera María Julia ( Gatúbela) Alsogaray a la que nadie osó tirar al Riachuelo el día 1001 donde debía verificarse su promesa de sanear la pestilencia, decía que la UCEDÉ derechizó al peronismo. Que apenas resistió en pocos diputados, entre ellos el inolvidable Germán Abdala.
“RESISTIR SIEMPRE ES VENCER.
Porque atravesamos
el mandato represor de no resistir”
(Aforismo implicado A. G.)
Desde la Revolución Libertadora del 55 y su secuela de fusilamientos y asesinatos, hasta la Votación Liberadora con su secuela de despidos de ñoquis, represión con balas (¿importa que sean de goma para minimizar la bestialidad?) y desmantelamiento de programas laborales de inclusión social, la farsa es que se pudo llegar a esto luego de una década supuestamente ganada. Si hubiera sido perdida llegaba Freddy Kruger o Jason. He denominado “alucinatorio social y político” a la hegemonía de la farsa. También grotesco mágico, porque nada queda del realismo, ni capitalista ni socialista.
Ante la perplejidad, el asombro, la profunda decepción, la insondable tristeza, los terrores que regresan, el espacio de una profunda autocrítica de los que nos gobernaron todavía no ha llegado. Al menos cuando triunfó Alfonsín hubo en el peronismo un movimiento renovador y marcaron a fuego a los denominados “mariscales de la derrota”. Un renovador de esos tiempos fue Menem que luego se siguió renovando y terminó como un neo conservador renovado. Su aliado estratégico que ayudó al golpe económico contra Alfonsín, Domingo ¿Faustino? Cavallo, inventó o deliró o ambas cosas, con el delirio de la paridad cambiaria que bautizó con el neologismo convertibilidad. No salir del neologismo le costó a Fernando el Aburrido que la paridad cambiaria le estallara en las manos.
Otra farsa apareció: las cuasimonedas. Pero Cavallo bancarizó a todos y todas, y eso sigue. Cada trabajador que cobra su sueldo lo hace en los bancos que administran cuantiosos recursos que son de los trabajadores. Negociado. Corrupción. Estafa reiterada. Asociación ilícita. Pero la bancarización llegó para quedarse. Un colega me decía que estaba furioso por 4 pesos con 60 centavos que nunca podía retirar de su sueldo. Hacer largas filas para pedirle al cajero retirar esa suma era un ridículo que no podía tolerar. Los cajeros automáticos no creen en lágrimas ni en billetes menores a 100 pesos. Otra estafa.
Cuando el Frente para la Victoria profetizó que podían ir juntos el capitalismo serio (sic) y los derechos humanos, pocos plantearon lo paradojal de esa afirmación. En una jornada creo que del 2004 organizada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (en 1937 las cuestiones de género no estaban en el tapete) que se denominó “Las largas sombras del genocidio” dije que la profecía del capitalismo serio con derechos humanos era un delirio. Y que el núcleo de verdad de ese delirio era Hebe de Bonafini. Años después el abrazo de Hebe con Milani me dio una razón que hubiera preferido no tener.
“Para la cultura represora
el pasado siempre fue mejor.
Sabe que para el futuro
planifica el exterminio”
(Aforismo implicado A. G.)
No creo que la tragedia se cerró con el Nunca Más. Correpi nos recuerda siempre que los asesinatos en democracia no sólo no son pocos, sino que demasiados. Lo trágico aún nos habita. Por eso la farsa es simultánea con la tragedia, y el arte de lo simultáneo es marca registrada de la cultura represora. Para muestra basta un botón, si ese botón es un analizador. La fuga de tres condenados, los vaivenes de su persecución, las declaraciones de los funcionarios, todos los chistes que generaron, ubican ese episodio en la tragedia y en la farsa al mismo tiempo. Y la unión de ambos registros provoca incertidumbre. Pésima consejera. Anestesia el miedo pero va convocando al terror. Y el terror es el arma letal de todas las dictaduras, incluso las de origen constitucional. El terror degrada al sujeto colectivo y social en individuo. “Sálvese quien pueda” forma piadosa de sentenciar “Muérase el que no pueda”.
Para enfrentar el terror hay dos operaciones fundantes: volver a construirnos como sujetos y eso implica organizar colectivos que son grupos con estrategias de poder. Y clonar el terror en miedo. Porque el miedo no es sonso. El miedo identifica el peligro real y habilita la defensa. Yo tengo miedo. Pero para impedir que me domine el terror, sigo militando el colectivos diversos, desde mi cooperativa de trabajo, la fundación Pelota de Trapo, la Liga Argentina, el periodismo alternativo no empresarial. Por eso el programa radial que conduzco con Irene Antinori sale por la radio La Retaguardia, que integra la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) Y si “solo saben los que luchan” algo debo saber en más de 40 años de batir varios parches. Mi brújula es algo que escribí hace ya demasiado tiempo… “no tengo la certeza compartida, pero sí la convicción de una lucha compartida”. Y lucharé para que nadie crea nunca más que puede haber una “votación libertadora”.
Los miércoles de enero en Espacio por el Arte (Israel 88) se lleva a cabo el Taller de Educación Popular, una mirada desde el arte coordinado por la Lic. y Dra. en Historia, Jessica Visotsky. Consultada por FM De la Calle, la responsable de las jornadas estableció los enfoques de trabajo y las razones de la iniciativa.
¿Cuál es la intención del taller?
La intención tiene que ver con la situación que está atravesando el país. Situación que estamos atravesando hoy y que adopta características escandalosas con este nuevo gobierno pero sin duda estamos ante problemas estructurales que no han tenido respuestas de fondo con ninguno de los gobiernos ‘democráticos’, hallándonos en una situación donde la organización y la lucha se hacen una vez más necesarias e imprescindibles.
La educación popular como una corriente de pensamiento latinoamericana ha sido una corriente pedagógica que ha contribuido a los procesos organizativos del pueblo a lo largo de los últimos 40 o 50 años en Latinoamérica. Es ni más ni menos que pensar procesos de reflexión y de formación que contribuyan a fortalecer procesos organizativos del pueblo en el contexto que estamos viviendo hoy. Lo mejor que podemos hacer es construir espacios de reflexión, de formación y de fortalecimiento de espacios colectivos de construcción.
Este es un espacio de arte y la educación popular es una corriente que ha contribuido a los espacios educativos, a fortalecimiento de procesos de salud en Nicaragua durante el sandinismo, en Brasil en todos los ámbitos como por ejemplo la organización de campesinos. Pero también hay una arista que es la relación en los diálogos posibles entre la educación popular y el arte tiene proyecciones que todavía no las hemos sabido dimensionar.
Antes de avanzar acerca de esa relación ¿cuáles son los principales elementos a través de los que definirías la educación popular hoy?
Es una corriente de pensamiento que sobre todo plantea una opción ética, moral, política, pedagógica y epistemológica que parte y está al servicio de los sectores populares, de los oprimidos, volviendo a la categoría de Freire. Es una corriente de pensamiento y de acción que surgió en las décadas de los 60 y 70 desde procesos de lucha de campesinos y trabajadores, el referente más conocido es Paulo Freire de la zona del nordeste brasilero, las zonas más pobres, de sequía, de campesinos analfabetos. Justamente Freire se plantea una corriente pedagógica que no solamente sea para el pueblo, como hasta el momento había sido pensada la educación popular, incluso en los términos en los que habló Sarmiento –la educación popular, la educación pública para el pueblo- sino una educación “desde” el pueblo. Desde ese lugar se plantea una pedagogía del oprimido. Es la categoría que Marx en el Manifiesto (comunista) plantea, la sociedad se divide en dos: opresores y oprimidos.
En este sentido, tal vez el ejemplo más cercano en el tiempo respecto de la acción política en el marco de la educación popular es el de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Un sector que en términos de poder de fuerza no tiene nada pero en términos de poder simbólico sí, ya que son aquellos estudiantes que aprenden allí la historia y prácticas campesinas, las luchas zapatistas y esta educación permite la supervivencia y transmisión de saberes que no se encuentra en otros lugares, incluso de acceso público.
Sí, este año pudimos conocer sobre la experiencia de Ayotzinapa y de lo que son las normales rurales en México y son experiencias educativas alimentadas por las dos tradiciones que han nutrido a la educación popular en Nuestra América que son la del socialismo más europeo y otra más indígena y popular. Justamente estas escuelas tienen como característica principal el protagonismo que asumen los estudiantes en las escuelas y en la comunidad.
Volviendo al tema de este taller ¿cómo se vincularán educación popular y arte?
La intención es poner a dialogar los principios, los presupuestos que han nutrido a esta corriente de pensamiento y acción educativa con el arte como experiencia humana, partiendo de la idea gramsciana de que todo hombre es filósofo y en este sentido también de que todo ser humano es artista. Poder indagar en las experiencias que ha habido en América Latina de un arte contrahegemónico, un arte nacido en el pueblo nutrido de esas categorías. Será una invitación a poner a dialogar experiencias artísticas.
Para participar del taller pueden realizar inscripciones a través de Facebook o acercándose a EPA durante el día y horario de encuentro (20, 27 de enero y 3 de febrero).
(Por José Rigane*) A un mes de asumir, el gobierno del presidente Mauricio Macri comienza a dejar en claro con hechos -no sólo con palabras- la política económica y social que quiere llevar adelante en Argentina. Por un lado, intenta hacernos creer a través de ministros como Triaca o Prat Gay que hay un retroceso del proceso inflacionario, con lo cual no reconoce la devaluación provocada con la quita del cepo en diciembre ni del aumento disparado de los precios de los alimentos a fin de 2015.
Desde el gobierno nacional se hace hincapié en el “dialogo social” (aunque avanza en realizar masivos despidos en distintos organismos estatales). Se reivindica desde el ejecutivo nacional a este acuerdo social como una meta a alcanzar y se remarca que participarán los gobernadores provinciales y algunos dirigentes políticos. También se reivindica el proceso de unidad de los dirigentes sindicales, sobre todo de la CGT.
Pero, por otro lado, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, les pide a los dirigentes sindicales “responsabilidad” a cambio de las paritarias y de quitar algunas presiones tributarias a los trabajadores como ganancias (impuesto al salario). Es decir, desde el gobierno dicen que podrían modificar el sistema de ganancias pero amenazan con que las demandas de los trabajadores para las paritarias tengan “responsabilidad”.
Sobre este tema Prat Gay fue el más claro del gobierno nacional cuando dijo que “cada gremio sabrá hasta dónde arriesgar empleos a cambio de salarios”. Es decir, que los trabajadores vamos a tener que optar entre “salario o empleo”.
Prat Gay directamente nos está amenazando a los trabajadores diciéndonos que si reclamamos aumento de salario en las paritarias se van a “venir” despidos masivos. Además, dijo que la inflación no va a superar el 20 o 25% y, por lo tanto, las paritarias no tienen que superar de ninguna manera esa cifra. Es decir, Jorge Triaca y Alfonso Prat Gay le están poniendo un cepo a las paritarias.
Esto es una verdadera extorsión porque en realidad de lo que se está hablando es algo que los trabajadores ya conocemos en Argentina, como ocurrió en la época de Martínez de Hoz o con Domingo Cavallo.
Es decir, lo que el gobierno busca es “competitividad” para los empresarios y los trabajadores sabemos que esto significa bajar salarios y cambiar el régimen laboral. Es decir, significa una gran pérdida del poder adquisitivo de los asalariados. Esto no siempre le resulto efectivo al poder en nuestro país, porque se encontraron con la presencia de los trabajadores en la calle. Nuestro pueblo tiene una rica experiencia en enfrentar estas políticas.
Pero Jorge Triaca continua diciendo que “tenemos que recuperar competitividad y los dirigentes sindicales son concientes de esto”. Y sigue: “en los últimos tiempos hubo desorden en el ámbito del trabajo, hubo fallos que modificaban el modelo sindical, otorgaron personería gremial, etc. y esto requiere un reordenamiento, una modernización”.
Esto los trabajadores también sabemos qué significa: ajuste para los trabajadores y más ganancia para los empresarios (garantizada por el gobierno).
Como venimos diciendo desde la CTA Autónoma, evidentemente no queda otro camino que ganar la calle. No queda otra opción que organizarnos más y mejor para desarrollar poder propio. Pero no hay que ganar la calle de cualquier manera: hay que recordar que parte de esta situación que vivimos hoy se genera en un pasado donde no se quiso, no se pudo o no se tuvo la voluntad política en avanzar en tomar las medidas políticas, gremiales y sociales que se requerían para profundizar a favor del pueblo y los sectores populares. Es decir, que no todo es responsabilidad de lo que genera este gobierno de Macri en la actualidad.
Los trabajadores tenemos que defender nuestros intereses, gobierne quien gobierne. Los trabajadores debemos organizarnos y discutir cuál es la mejor forma de enfrentar este nuevo ataque a nuestros bolsillos. Los trabajadores tenemos que discutir y debatir, pero pongamos por delante la organización y la unidad para salir nuevamente a la calle a luchar, como siempre lo hicimos.
* (Sec. Adjunto de la CTA Autónoma y Sec. Gral. de la FeTERA)
Fuente: Fetera
Durante el mediodía de hoy el director del Instituto Cultural presentó el presupuesto correspondiente al área de la que está a cargo. El monto total presupuestado es de $ 37.215.886,35 y representa el 1.5 % del total municipal. En este sentido, el funcionario sostuvo que es lo que “la UNESCO sugiere como recomendable”. En lo que compete al municipio, la inversión pública expresada en el presupuesto no registra aumento real, dado que el año anterior fue presupuestado también por el 1.5 % del total.
Margo sostuvo que se agregará el área la División de Áreas Verdes. A su vez habrá una persona encargada de la articulación de los museos, otra a cargo de la contratación de espectáculos y evalúa la posibilidad de una persona que se ocupe de trabajar el vínculo entre el Estado y el sector privado. En este sentido, en más de una oportunidad abrió la puerta a una política con fuertes lazos con el sector privado, mencionando su búsqueda de “nuevos mecanismos de financiamiento”.
No habrá un cuerpo estable de cargos jerárquicos contratados como sucedió en gestiones anteriores sino que contará con “de dos o tres asesores que a los efectos económicos resulta menos oneroso que tener un subsecretario de Cultura”.
En otras oportunidades expresó la posibilidad de derogar la ordenanza de creación del Instituto Cultural y funcionar bajo la nomenclatura de Secretaría de Cultura. Durante la ponencia aseveró que el tema se encuentra en estudio y que mientras tanto seguirá con el organigrama vigente, con excepción de las modificaciones antes mencionadas. “Aquello que funcionaba no lo vamos a cortar”, sentenció.
En este contexto sostuvo que “no se alterará el Consejo Consultivo” pero cuestionó “el mecanismo de constitución” del cuerpo. Actualmente cada integrante del órgano de consulta y participación es elegido de manera directa y democrática a través de asambleas que realizan las distintas áreas artísticas así como también se establece la representación de una persona delegada por el cuerpo de trabajadores y trabajadoras del Instituto Cultural.
Respecto de la cuestionada ordenanza de Solidaridad Cultural, el director del Instituto bregó por aumentar los incentivos hacia las empresas del sector privado, buscando otras herramientas distintas a esta y convidó a los y las ediles presentes a colaborar en la redacción de un proyecto.
“El área de cultura hoy cuenta con 131 empleados, de los cuales 63 son permanentes, 34 son temporarios, 27 destajistas, 12 talleristas y 7 becarios”, sostuvo Margo al momento de brindar detalle respecto del área administrativa.
Por otra parte, “me reuní con los delegados barriales” en función de poner en práctica de anunciada idea de que cada delegación cuente con una persona que atienda a las necesidades culturales de cada zona. De esta forma, “la nueva área de planteamiento educativo” articulará con el Instituto Cultural. A su vez, no descartó financiamiento del sector privado para el desarrollo de talleres.
En materia de comunicación estableció que se editará un mensuario y que “sobre la base de lo presupuestado se puede trabajar la difusión” de manera más eficiente.
Foto: HCD Bahía Blanca
El sábado 16 y domingo 17 de enero, más de 30 directores y directoras de radios comunitarias indígenas de Centroamérica así como representantes de organizaciones nativas participarán del Primer Encuentro Centroamericano de Radios Comunitarias Indígenas, que tendrá lugar en Panamá.
Según informa el sitio web de la Fundación Comunicándonos, de El Salvador, el encuentro tendrá como uno de sus fines iniciar el tejido de una Red Centroamericana que les permita fortalecer y visibilizar su labor diaria.
De este modo, explica, esperan sumarse a los esfuerzos de la región por la democratización de las comunicaciones, con particular enfoque en las necesidades de los pueblos indígenas.
Como escenario del encuentro se ha elegido la isla de Narganá, que se encuentra en la comarca de Guna Yala, en el litoral del Caribe panameño.
Para la realización de este primer evento se cuenta con el apoyo de organizaciones que trabajan en la región como Cultural Survival, AMARC Centroamérica, Voces Indígenas en Panamá, laAsociación Sobrevivencia Cultural en Guatemala y la Fundación Comunicándonos en El Salvador.
Dichas organizaciones promueven la creación de emisoras comunitarias indígenas que transmiten una programación al servicio de sus comunidades, explicó Teresita Orozco, promotora regional de Cultural Survival, en Managua, Nicaragua.
Las mismas, agregó, “consideran de interés articular esfuerzos para crear una Red Centroamericana de Radios Comunitarias Indígenas”.
De acuerdo a Orozco, “mediante el trabajo en Red, se pretende crear sinergia entre las emisoras participantes para que puedan compartir recursos, tecnologías, buenas prácticas y estrategias de incidencia.”
Esto con el propósito de lograr “el fortalecimiento del apoyo político y continuar con fuerza la lucha de los pueblos indígenas en defensa de su identidad, cultura, tierra, derechos humanos y derechos indígenas”.
La representante de Nicaragua destacó la importancia de las mujeres en este proceso, las mismas que hoy piden mayor voz en los medios públicos para que atiendan a sus intereses y necesidades actuales.
Fuente: Servidini
Foto: Fundación Comunicándonos
La CTA Autónoma de la Provincia de Buenos lleva adelante una medida de fuerza con un acto central en la bajada de la Autopista, en La Plata
A su vez, la Central presentó un recurso de amparo y participó de la movilización de ayer frente a la Municipalidad Platense, en repudio a la represión del viernes pasado y por el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados. Exige además mayor presupuesto para las Áreas de Políticas Sociales y repudia los despidos en el Sector Privado.
Durante la jornada de ayer el Secretario General de la CTA Provincia, Oscar de Isasi, dijo en conferencia de prensa que las razones del conflicto se deben a que “la Gobernadora ha decidido de manera anticonstitucional, por un decreto, suspender la Ley de Paritarias Municipales por 180 días. Y con la misma excusa de que no hay presupuesto, decidió suspender la negociación paritaria que habían comprometido se iba a realizar en enero.”
“Entendemos que ese decreto también intenta cercenar derechos construidos por consenso por el conjunto de los trabajadores municipales, como el salario Mínimo, Vital y Móvil, el derecho a que las plantas de personal tengan Estabilidad Laboral, el derecho a la Licencia por Violencia de Género, Maternidad y Paternidad. No solo intentan quitarnos todo eso sino que además lo hacen de una manera autoritaria y anticonstitucional”, agregó.
Por su parte, la seccional de ATE Bahía Blanca lleva adelante un paro por 24 horas en reclamo de “aperturas de paritarias, contra los despidos y la represión, pase a planta de los trabajadores precarizados y por vigencia de la Ley de Paritaria de los Municipales”.
La CTA Bahía Blanca – Crel. Dorrego manifestó hoy su rechazo a “la ola de despidos que se están produciendo en la administración estatal nacional, provincial y municipal” a través de un comunicado de prensa.
“El decreto 254 del gobierno de Mauricio Macri ordenaba revisar los concursos y los contratos de todas las áreas en un plazo de tres meses. Ahora están echando directamente, ni siquiera respetan su propio decreto que ya estaba marcando la política de avanzar sobre los puestos de trabajo. Los trabajadores despedidos hasta el momento son: Estado nacional 3340 (gobierno Cambiemos), Santa Cruz 1000 (gobierno FpV),Salta 195 (gobierno FpV), Tierra del fuego 1000 (gobierno FpV), La Rioja 800 (gobierno FpV), Pcia de Buenos Aires 7397 (gobierno Cambiemos), Catamarca 832 (gobierno FpV), Mendoza 1600 (gobierno Cambiemos)”
Según la central obrera, “en total son 16164 en menos de 30 días”.
Por otra parte, “en el ámbito privado se dan situaciones similares (Cresta Roja, Cerámica San Lorenzo etc), alentadas además por el ejemplo de lo que ocurre en el Estado,s in alcanzar todavía esos números, pero sí avanzando sobre las condiciones y la intensidad de los trabajos”.
Sumado a esto, la CTA enumeró que “en la provincia de Buenos Aires a todo esto se agrega al decreto de la gobernadora para suspender la paritaria de los trabajadores municipales en toda la provincia”.
Lxs dirigentes sindicales también analizaron la situación en Bahía Blanca. “A nivel local en tanto se quita el subsidio de 2 mil pesos a los cartoneros mientras se suman nuevos cargos políticos y el intendente cobra 163 mil pesos por su trabajo”.
“No hay casualidad en estos números. Se trata de una política deliberada que merece una respuesta inmediata desde nuestro lugar de clase trabajadora”.
El otro relato
El argumento central desde los distintos estamentos gubernamentales es que las personas despedidas “no trabajan”, “son militantes” o simplemente “ñoquis”.
En este sentido, la organización sostuvo que “no defiende a quien cobra sin trabajar ni el clientelismo de última hora para realizar nombramientos, pero sí decimos rotundamente que la inmensa mayoría de los puestos de trabajo en el Estado tiene que ver con la atención de derechos sociales como la salud, la educación, el trabajo, la previsión y la seguridad social, la vivienda, las jubilaciones etc. Los trabajos de hombres y mujeres en el Estado son socialmente necesarios en tanto están dirigidos a la atención de esos derechos y necesidades”.
En consecuencia rechazan “por mentiroso y manipulador el intento de construir un sentido común que asocia a todo trabajador/a estatal con un vago o un ñoqui” y sostienen también “que la oleada de despidos está siendo facilitada por algo que nuestra CTA vino denunciando como política de las patronales, que el gobierno anterior convalidó: la gran extensión de la precarización laboral tanto en el trabajo público como en el privado. El ajuste sobre el empleo está pavimentado por la alta vulnerabilidad de todos quienes trabajan bajo las distintas formas de la precarización”.
Continuando con el análisis, la central sostiene que “con el discurso de dar de baja a los ñoquis se encubren los verdaderos objetivos de los despidos masivos” que enumeraron de la siguiente forma:
- “ajustar la inversión pública utilizando como variable principal el empleo”;
- “disciplinar no solo a estatales sino al movimiento obrero en su conjunto en el período previo a las paritarias. Cuando el ministro Prat Gay ha dicho como mensaje a los sindicatos ‘fíjense hasta que punto pueden arriesgar salario a cambio de empleo’ cierra toda la ecuación: el imperativo es aceptar la baja de salarios o ponerse bajo riesgo de perder el trabajo”;
- “una forma de proclamar lo que son intereses propios (los de quienes ganan fortunas con remarcaciones y devaluaciones y otras yerbas) como si fueran intereses colectivos. Dicho de otra manera: de intentar disfrazar como de interés colectivo (de todos los trabajadores) lo que es interés específico de una minoría de grandes empresas que solo piensan en incrementar su tasa de ganancia”.
Respuesta de lxs trabajadorxs
La CTA señala “la necesidad de esclarecer los verdaderos objetivos de esta escalada de despidos y remarcaciones de precios a los que se acompaña con represión como ocurrió en La Plata, en Neuquén y antes en Cresta Roja. Y de organizarnos desde cada lugar de trabajo para resistir este avance sobre nuestros derechos. El segundo paso necesariamente será unir los reclamos y darle una expresión unificada, porque los de arriba apuestan a dividirnos. Saben que la fragmentación impide luchar con la fuerza necesaria para frenar el ajuste y cuentan para ello lamentablemente con la ayuda de buena parte de quienes deberían representar los intereses de los trabajadores y están encaramados y atornillados a los cargos sindicales”.
Finalmente, reclamaron “ningún trabajador/a despedido, la reincorporación inmediata de todos/as los que trabajan, la inmediata convocatoria a paritarias libres, rechazo al al chantaje para no otorgar los aumentos salariales que correspondan, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, el aumento de emergencia a los jubilados y la no a la criminalización de la protesta”.
(Por Julio Gambina) La inflación está en el centro de la evolución económica de estas horas, con una aceleración que se inició antes de asumir el nuevo gobierno de Macri y que no para en el verano, con una proyección preocupante para todo el 2016, con valores que se acercan al 40% y sin el INDEC normalizado.
No se trata de adivinar a cuanto escalará la suba de precios, pero el tema es clave a la hora de discutir, próximamente, las paritarias. La regresiva distribución del ingreso actúa ya, bajo la lógica del mercado, en la oferta y la demanda, de precios en alza e ingresos populares congelados.
El aumento de los combustibles de 6% en esta semana, que se replicará en marzo próximo resulta emblemático, por su impacto en toda la cadena de valor. Alimentos y medicamentos están a la cabeza del aumento de precios, y son precisamente importantes al medir la capacidad de compra de la mayoría de la población.
Los aumentos de precios posibilitan recomponer las ganancias de las empresas con capacidad de fijar precios, en un ciclo de desaceleración económica y recesión productiva, al mismo tiempo que deprimen la capacidad de compra de los ingresos fijos, imposibilitados de actualizar sus precios, el de la fuerza de trabajo. Por eso, a comienzo de año, se sigue demandando un bono compensatorio de fin de año.
Empleo o salarios
Resulta interesante considerar el chantaje del Ministro de Economía, quien sugiere optar entre empleo y actualización salarial. Se trata de una opción que se presenta en el marco de despidos que ocurren tanto en el sector estatal como en el privado.
En el Estado el tema se enrarece con la discusión de los “ñoquis” o designados políticamente, escamoteando el tema de fondo de la precariedad laboral de contratados por más de una década. En el sector privado, la realidad de los despidos transita por la lógica de la impunidad derivada de la ausencia de delegados de las/os trabajadoras/es.
La discusión sobre “ñoquis” oculta el debate sobre bajos salarios y precariedad, especialmente en los Estados municipales, con ingresos de trabajadores menores a los de los Estados provinciales y de estos respecto de la Nación. Sin hablar de la inseguridad de esos contratos, explicitados con la masiva rescisión ocurrida en estas horas, acompañada de represión ante la lucha de esas cesantías.
Queda claro que la variable de ajuste son las/os trabajadoras/es, contra la impunidad empresaria y una política económica de ajuste fiscal regresiva y estimulo inflacionario que consolida la brutal transferencias de ingresos desde la mayoría de la sociedad a la minoría más concentrada del poder económico.
El Estado en debate
Incluso, lo que no se discute es ¿qué Estado es necesario?, ¿con cuántos trabajadores y para qué funciones? Ello nos lleva a una discusión sobre los ingresos y los egresos del Estado, o sobre quienes sostienen financieramente al Estado y en que se gasta. El Estado siempre actúa, lo que necesitamos esclarecer es para quién actúa, quién se beneficia y quién se perjudica.
La historia reciente del debate presupuestario, por ejemplo, se agota en la iniciativa del Poder Ejecutivo y su hegemonía en el Parlamento o su capacidad negociadora con legisladores opositores, tal como ocurre en estas horas en la Provincia de Buenos Aires con oficialismo sin mayoría en el Congreso provincial.
Es cierto que lo formal deriva en una democracia “delegativa, representativa”, sin lugar a la participación social. No existe participación de la sociedad en el debate, salvo la delegada a los poderes legislativos y ejecutivos.
Algunas veces se nos consulta sobre qué medidas alternativas podrían sustentarse. Bueno, el presupuesto participativo, con asambleas territoriales o sectoriales serviría para considerar la orientación de los recursos públicos en diferentes niveles del Estado, municipal, provincial o nacional.
Es una utopía esperar una respuesta en ese sentido desde un gobierno que se orienta a profundizar la iniciativa privada, pero constituye un programa a sustentar desde el movimiento popular.
Discutir el régimen tributario es una gran asignatura pendiente, mediada por límites del régimen federal actual y sus formas de funcionamiento, en donde opera el condicionante financiero de la Nación sobre las provincias y de éstas sobre las Municipalidades.
Cuestión de poder
Tanto la inflación como el Estado remiten a una cuestión de poder. Por eso se propone desde el gobierno Macri un Pacto Social tripartito, entre el sector empresario, el sindicalismo y el Estado, que ahora parece demorarse hasta que se pueda deteriorar la capacidad negociadora de trabajadoras y trabajadores. Los empresarios están más que dispuestos para una negociación condicionada, en la perspectiva de contener el costo salarial e inducir una escalada de facturación y ganancias.
El conflicto social existente demora los objetivos del gobierno por el pacto que ajuste salarios, por lo que dejan operar las leyes del mercado, con la escalada de precios y un restringido accionar del Estado para morigerar el impacto social, con el bono mísero de $400 para jubilados de la mínima y planes sociales; la continuidad de los “precios cuidados”, claro que con precios actualizados, y alguna mediación en conflictos visibilizados por la prensa, caso de Cresta Roja.
Desde el gobierno Macri se imaginaba que su política de shock iba a ser acompañada, desde el consenso electoral, por la docilidad de la organización social y sindical de los trabajadores, pero también por la solidaridad y disposición de los mercados mundiales.
Ninguna de ambas premisas se materializa. No hay disposición social a resignar derechos adquiridos, y la crisis mundial tiene dinámica propia más allá de la profesión de fe ideológica en la lógica mercantil.
La sorpresa de estas horas es China, con nuevas devaluaciones e impacto en los precios relativos a escala global, con baja de los precios de las commodities, especialmente el petróleo y los alimentos, y fortalecimiento del dólar contra otras monedas mundiales. La guerra monetaria continúa y es forma de expresión de la disputa entre los Estados nacionales por atraer capitales excedentes del sistema mundial.
¿Qué tiene que ver todo esto con la Argentina? Que los sojeros quieren un mejor tipo de cambio ante la baja del precio de la soja. El dólar volvió a subir esta semana, con mayor demanda de importadores. Eso alimenta la expectativa especuladora de productores para la exportación, que retienen producción en espera de mejor cotización de la divisa. Además, los capitales que se buscan en el exterior, inversiones o préstamos, para sustentar la política económica de Macri demandan enormes concesiones para decidir su rumbo inversor o de préstamo en el país, tentado por las ofertas sugeridas en otros territorios, especialmente, por la expectativa de continuidad en la suba de las tasas de intereses en EEUU.
No es tan sencillo para el gobierno Macri construir el consenso político hacia un programa reaccionario, y no alcanza con lo logrado en el proceso electoral, ya que a la hora de gobernar, las contradicciones locales y globales actúan. Es la lucha de clases que se abre camino más allá de la voluntad gubernamental.
Es poco lo cambiado esencialmente en Argentina, ya que el modelo productivo y de desarrollo se sostiene, con modificaciones en la explicitación del interés por las ganancias de las empresas, enfatizado por un gobierno sin mediación política, con empresarios definiendo las políticas de Estado. Por ello es que se impone el debate de la cuestión del poder, en el orden local y mundial.
(Por Alfredo Grande) Señor presidente de la República Argentina
Ingeniero Mauricio Macri.
Por diferentes medios, que no puedo confirmar en forma fehaciente, encontré la mención de su deseo de restituir el cuadro de Jorge Rafael Videla en la galería de los presidentes de la Argentina. Alarmado por tal circunstancia, verifiqué que en la página web de la Casa Rosada figuran militares condenados por delitos de lesa humanidad como “presidentes de facto”. Ignoro y no me condeno por ello, quiénes lo asesoraron en este sentido.
Sugiero que los cambie inmediatamente, porque comprometen muy tempranamente su gestión republicana como presidente de jure. O sea: de derecho. “Presidente de Facto” es un neologismo, apto para la poesía, la política ficción, el realismo mágico o como me agrada decir, el alucinatorio política y social. Denominar presidente de facto a los militares genocidas es igual que denominar marido de facto a un violador. O dueño de facto a un ladrón.
No sigo porque temo que me roben las ideas. Para concretar, ya que su tiempo es de oro aunque hace tiempo que el mío es de lata. Si es Presidente no hay “facto”. Y si hay “facto” no hay Presidente. El hecho consumado rompe la necesaria continuidad entre legitimidad y legalidad. Sin esa fundante condición, lo legítimo puede ser ilegal y por cierto algo quizá más grave, lo ilegítimo puede ser legal. Mal presagio para cualquier Presidente de Derecho, especialmente en su caso que ha propuesto y triunfado en su propuesta de “Cambiemos”. Debo reconocer, con la humildad que no me caracteriza pero que ante su investidura no puedo menos que asumir el remanente que aún queda, que no lo voté ni en primera vuelta ni en balotaje porque no supo entender qué iba a cambiar y en qué dirección.
Lamento participarle de un recuerdo personal, pero que no he podido elaborar en mis 15 años de terapia psicoanalítica. Mi primera esposa, que no era mi primera mujer pero no quiero desviar el tema, mi primera esposa una mañana me dijo: “cambiemos”. Y tuvo relaciones sexuales con el portero. En esa época no eran encargados de edificio y mucho menos disfrutaban de una corporación con más poder que los propietarios, pero también es otro tema. El “cambiemos” me quedó marcado especialmente en mi frente. Pero si el cambiemos incluye una galería de presidentes donde incluye a asesinos seriales, ladrones, torturadores, es decir, mayoristas del crimen organizado, en ese cambiemos no puedo ni quiero acompañarlo. En otros “cambiemos” quizá tampoco, pero eso es otro tema.
Para colmo de males, aunque siempre me preocupó que nadie diga “para colmo de bienes”, aunque eso es otro tema, el rabino Bergman dijo, palabras más, palabras menos que:
“En una reciente entrevista con el portal Pura Ciudad, Bergman sostuvo que, en caso de ser presidente de la Nación “Mauricio no hubiera descolgado el cuadro. Me parece que una cosa es de ese tenor y otra institucional. Estoy de acuerdo en descolgarlo pero dentro de una decisión del tipo institucional. Honraría a las Fuerzas Armadas, que sean las propias Fuerzas Armadas las que tomen la decisión”, argumentó el diputado con respecto a los cuadros de los genocidas Reynaldo Bignone y Jorge Rafael Videla del Colegio Militar. (Diario Regstrado.7/1/2016)”.
“En el preámbulo de nuestra constitución
cuando arrasemos a la cultura represora
escribiremos que el pueblo delibera y gobierna
a pesar de sus representantes”
(Aforismo implicado A. G.)
Honrar a las Fuerzas Armadas que han hecho desaparecer a las fuerzas desarmadas de varias generaciones, no logra conmoverme. El informe del General Ratenbach recomendaba fusilar a los responsables militares de la Guerra (es un eufemismo, Usted comprenderá, quiero decir denominar Guerra a esa estrategia de perpetuarse en el poder a costa de la vida de conscriptos, pero también es otro tema) Por supuesto, no siguieron la conclusión del General Ratenbach. Lo lamento. El Código de Justicia Militar no contempla la obediencia debida.
Me lo enseñaron amigos militares del CEMIDA que recibieron atentados y expulsión de sus camaradas de armas por oponerse a la dictadura genocida. No fueron presidentes de facto sino asesinos con el agravante de ocupar el Estado Nacional transformando a las Fuerzas Armadas en una asociación ilícita y criminal. Siempre pensé que descolgar el cuadro de Videla no hacía olvidar que el ex Presidente Néstor Kirchner nada hizo para enfrentar el genocidio. Pero tantos otros y otras tampoco, que al menos tardíamente ese gesto aunque marcaba una reparación imposible, algún confort republicano traía. Recuerdo la moraleja de una fábula que mi padre me contaba: “si el bueno critica, es malo. Si el malo aplaude, es peor”.
Su medida de volver a colgar los cuadros, y mucho peor en la web que tiene mucho más sencillo acceso que el Salón de los Presidentes de la Casa Rosada, en caso de ser aplaudida, será por los malos. Y si Usted se queda atrapado en ese aplauso, el “cambiemos” será en el mejor de los casos, gatopardismo liso y llano, tan bien descrito por Lampedusa. Y en el peor, una estafa cultural y política. No habrá cajas que pueden ser de Pandora. La Casa Rosada no tolera mezclar Presidentes con Asesinos. Por supuesto que algunos presidentes de derecho han asesinado. Y no poco. Pero eso es como ya dije, otro tema. Importante. Pero otro.
Como ciudadano no puedo tolerar que se ignore la memoria de los que lucharon entre otras cosas, para que Usted pueda ser presidente de una república democrática. No se puede servir a dos amos. Ni a tres. Poco he leído el evangelio, pero ese poco lo he leído bien. Su amo es el pueblo, incluso el que no lo votó.
Le acerco una idea que puede ayudarlo. No quiero ser amarrete porque lo que está en juego es demasiado importante. Puede dar prueba fehaciente de su convicción republicana que no puede disociarse de la constitución nacional. Dice el artículo 29 de la Constitución Nacional: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria”.
Imagínese el grado de infamia que sería que sea el propio Ejecutivo Nacional el que se concede a sí mismo esas prerrogativas. Eso se llama Golpe de Estado, donde el Estado es golpeado, molido a patadas, descuartizado, por una asociación ilícita de los delincuentes más peligrosos que en la historia hubo. Se autodenominó Junta Militar. Le acerco la idea: inaugure invitando a personalidades de la cultura, la política, el arte, incluso puede invitarme, a inaugurar El Salón de los Infames Traidores a la Patria. Eso anula lo de presidentes de facto, letal neologismo. Además, es más inclusivo porque han traicionado a la Patria muchos que no fueron Presidentes. Pero si brazos ejecutores. Por ejemplo: estatizar deuda privada. Pero eso es otro tema.
Lamento haber utilizado su tiempo que es oro. Y le escribo porque aunque no crea ser patriota, seguro estoy de no ser un infame que desde cualquier Poder, decide traicionarla.
Le deseo lo mejor para nuestra Patria.
(Por Laura Garcìa Vazquez) Vivimos en un mundo dónde las relaciones entre los países, entre las naciones, no son democráticas ni justas, ni de colaboración, ni de solidaridad. Por el contrario, y aún en esta época de globalización o multipolaridad hay países dominantes y países dominados. Es más, el neocolonalismo convive con el colonialismo, y hay opiniones diferentes sobre lo que diferenciaría estos conceptos. La evolución de las formas de producir de las empresas transnacionales tiene sus propias fronteras que pasan por encima de los límites de los países, de las naciones. En este orden injusto es importante señalar que la dominación cultural no es algo menor sino que es indispensable a la hora de mantener hegemonía. La tarea de descolonializar es permanente para quienes tenemos la responsabilidad de ser parte de la educación institucional ya que todo está pensado desde la cultura dominante y tener una visión por fuera de estos conceptos grabados a fuego es un ejercicio dificilísimo y que hay que mantener constantemente. Hay que “dar lugar” tanto a aclarar cuando nos referimos a la “cultura occidental y cristiana” para no tomarla como “universal” como a incorporar pensamientos construidos desde nuestra identidad latinoamericana.
Por otro lado el termino nacionalismo ha sido tergiversado innumerables veces a lo largo de nuestra historia al servicio de la dominación, y se ha contrapuesto a lo universal señalando esto como lo más humanizado y deseable. Ni hablar del término Patria, que ha sido vapuleado innumerables veces. La reformulación de la dependencia de nuestra nación argentina ha sufrido un sinnúmero de manejos de este tipo, por citar uno, el del genocidio cometido por la dictadura cívico militar que decía incansablemente “la subversión apátrida” al referirse a los militantes que perseguía y desaparecía, mientras hizo crecer nuestra deuda externa y por lo tanto aumentar nuestro grado de dependencia. También es bueno recordar que en la larga historia de la Deuda Externa, desde el empréstito Baring Brothers en 1824 fue recién en el primer gobierno de Juan Perón donde esa deuda fue inexistente, es decir, pagada pero sin volver a endeudarnos (que es lo que los dominadores siempre quieren) y por lo tanto, nuestra nación más independiente.
Por todo esto, creemos que hay que defender las naciones desde un nacionalismo que busque la emancipación en todos los aspectos así como también la integración de latinoamérica como hermanos que somos y tenemos una historia común, y por supuesto, esto no excluye, al contrario, necesita de los pueblos originarios y un nuevo orden plurinacional en cada nación. Así fueron las batallas emancipatorias en nuestra región y eso deberíamos retomar las veces que sea necesario.
Valga una aclaración más, para contextualizar desde dónde hablamos, antes de pasar a las dos citas que consideramos importantes a la hora de preguntarnos qué significa la designación de Alberto Manguel como nuevo director de la Biblioteca Nacional invitando a que esto sea pensado por cada uno. Por un lado preguntarnos qué tan nacionalista fue la cultura oficial argentina en los últimos años que no impidió el saqueo de nuestros bienes mediante la acción de empresas transnacionales que utilizan prácticas extractivas peligrosas y contaminantes, y por otro si la “tradición de la cultura occidental”, que según Martín Caparrós recuperaríamos con la designación de Manguel no significa reformular, una vez más, la dependencia.
Invitamos a pensar cómo sería una cultura al servicio de la emancipación, nacional, social y latinoamericana. Cómo descolonializamos.
“Tras una década en que el nacionalismo dominó la cultura oficial argentina, en que la Biblioteca se transformó en el centro de la cultura política oficialista, el nombramiento de Manguel, un hombre que casi no ha vivido allí, que es más conocido fuera de su país que en él, que siempre escribió sobre temas universales, recupera la tradición borgiana que pretende que lo argentino no consiste en limitarse a lo supuestamente propio sino en abrazar como propio todo lo que el mundo puede dar. “Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental, y creo también que tenemos derecho a esa tradición”, dijo, aquella tarde, Borges.”
Martín Caparrós
“Es cierto, de hecho, que las dinámicas globales no producen igualdad universal, ni uniformidad que no sea superficial, ni mucho menos unidad del mundo. Lo que se afirma en la globalización es, según los casos y los puntos de vista, un universalismo mínimo e insignificante en cuyo interior se reproducen conflictos de todo tipo, o, al contrario, una hegemonía de la parte occidental del mundo sobre las otras. Y es también cierto que esas dinámicas quitan de en medio la centralidad política de lo común políticamente construido y espacialmente delimitado, es decir, del moderno estado nacional democrático. Es cierto por lo tanto que la relación entre particular y universal, entre lleno y vacío, está -en sus formas tradicionales- de hecho ausente. y que así como la verdad política de la globalización es más el conflicto caótico que la paz, y que su verdad ecológica es más el dominio destructivo del planeta que su salvaguardia, así también su verdad desde el punto de vista de la idea de humanidad es más la fragmentación y la desigualdad del poder, de la riqueza, del saber, que una sensata, articulada y fraterna unidad del género humano.”
Carlo Galli, La Humanidad multicultural
Durante la jornada de ayer, vecinxs de diferentes barrio de Bahía Blanca se manifestar en reclamo por el derecho al acceso al agua. La convocatoria fue realizada a través de redes sociales.
El suministro de agua potable fue vedado a la ciudadanía durante 48 horas. El problema no es nuevo en la localidad y evidencia el déficit de inversión.
Sumado a esto, el Anexo 0 firmado en el marco del contrato de concesión de agua potable a fines de los noventa a través de Azurix expresa que a partir del “séptimo año el concesionario deberá destinar el agua proveniente del Dique Paso Piedras prioritariamente al abastecimiento de agua para el Polo. Y si no hubiera agua suficiente para proveer agua potable a los ciudadanos de Bahía Blanca, deberá comprometerse a buscar fuentes alternativas del suministro”.
FM de la Calle registró en imágenes el recorrido de la marcha y las voces de las personas que se acercaron para reclamar por el servicio básico del agua potable y la ecuación de sentido común que sugiere priorizar a las personas por sobre las empresas.
