Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
Noticias relacionadas
La secretaria de Gobierno, María Laura Biondi, visitó el estudio Heinrich y Loyola de FM De la Calle. A dos meses de gestión, la funcionaria dijo que “hemos encontrado cosas desorganizadas o sin hacer pero para todo había una solución. Muy buena predisposición del empleado municipal y mucha gente que se acercó para ofrecer inversiones y negocios”.
Revisión de contratos
La titular del área de gobierno informó que “hasta el 31 de marzo estamos analizando cada una de las secretarías. Hay que ver cuánta gente tiene cada uno a cargo, qué tareas tiene cada uno a cargo, si hay algún área que está superpoblada y a otra le falta. Hay gente que vino sola a presentarse pidiendo se le den funciones porque no tenían mucho que hacer, es el caso del Museo del Deporte”.
Por otra parte, “ocurrieron bajas de contratos temporarios pero para darlos de alta en otro sector. Una persona temporaria no la podés trasladar de dependencia. Tenés que dar sí o sí de baja el contrato y darle de alta en otro lado”.
“Estamos reunidos con el gremio para ver cómo vamos a ir regularizando los temporarios, becarios y planes de empleo. La idea es regularizar. Todo aquel que trabaja, no hay problema”.
Delegaciones
En el caso de las delegaciones, las auditorías también tienen fecha de finalización el 31 de marzo. “Se descubrieron algunas irregularidades. Se anunciarán a final de marzo”.
“La realidad es que hay muchos empleados que ponen plata de su bolsillo. Ante la necesidad de trabajo y el reclamo vecinal”.
Planta política
“Hubo un pequeño incremento” de la planta política. “Se deba a la creación de la Secretaría de Seguridad, a la creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y a la re estructuración del área de Políticas Sociales a cargo de Fabio Pierdominicci”.
Empleo
A principios de año, el intendente municipal adelantó que se volvería a poner en marcha el frigorífico Villa Olga. Al poco tiempo se conoció que un conflicto legal, hasta dirimirse, no permitirá poner en funcionamiento el emprendimiento.
“La idea del inversor está firme. Se demora por la resolución judicial. Sería poner en funcionamiento el frigorífico y una planta de agua”. El inversor es Walter Ottavianelli.
El gobierno municipal también tiene en carpeta un country en la zona del cementerio, propiedad de Marta Furfuro.
El gobierno mantiene reuniones con diferentes inversores pero no quieren adelantar nombres ni proyectos aún.
Innovación
“Hay mucha burocracia y por ahí para un trámite tenés que andar dando vueltas por dos o tres dependencias municipales, ni si quiera dentro de un mismo edificio. Eso es algo que se está cambiando desde el área de Innovación, Ciencia y Tecnología y también desde el área de Elisa Quartucci, para facilitarle las cosas al vecino y que tenga una respuesta, sea del área que sea”.
Bahía Transporte SAPEM
Luego de que se conociera la estafa por unos 8 millones de pesos, los allanamientos en 7 comercios que vendían la tarjeta de acceso al servicio de transporte público de pasajeros el viernes pasado y la confesión del kiosquero Federico Reta, quien dijo públicamente que habría usufructuado cuantioso saldo a favor “sin complicidades”, oficialistas y opositores debaten si esa cifra tuvo impacto en el precio del servicio.
“No creo que el kiosquero sea el culpable de todos los males. Remarca mucho que no hay nadie arriba de él. Estamos trabajando muy bien con los fiscales y con el juez. Es cierto que se filtró la información antes de lo que la justicia necesitaba ellos para seguir haciendo la inteligencia”.
Municipalización de los servicios
Sobre la prestación del servicio del agua, “hoy por hoy como está el servicio sería imposible la municipalización porque hace años que no se hacen obras de mantenimiento”.
“Hay reuniones constantemente con la gobernadora” de la provincia de Buenos Aires.
(Por Laura García Vazquez) El avance de la derecha en Latinoamérica, charla a cargo de Modesto Guerrero
Tuvimos la suerte de asistir a la charla-debate que ofreció Modesto Guerrero en la ciudad de Mar del Plata el miércoles 10 de febrero, organizada por ATILRA, en la que desarrolló un tema tan importante como crucial para todos los latinoamericanos en este momento: el avance la derecha. Este título no explicita el principal eje del debate ya que nos preguntamos, más allá de lo que pasará en el futuro, ¿qué pasó con los gobiernos “progresistas” durante estos pasados años donde contaron con condiciones de excepción, es decir, una gran oportunidad para ir por la emancipación nacional y social y la integración y la autonomía de América Latina?
Compartimos con Modesto la necesidad de analizar las causas y las responsabilidades. La autocrítica es imprescindible y cada organización política involucrada debería proponerse hacerla.
Para los argentinos es especialmente duro nuestro presente, por un lado es el año del Bicentenario de la declaración de la Independencia por otro el nuevo gobierno del presidente Macri avanza favoreciendo negocios que concentran y extranjerizan (aún más) la economía. Y aporta (en sentido negativo) a este avance de la derecha en la región.
Esto nos pone ante la imperiosa necesidad de analizar la derrota. Las derrotas se construyen, las victorias también.
Nos parece sumamente interesante en primer lugar pensarnos como región, aunque posteriormente se distingan los matices y las particularidades de cada país. En este sentido Modesto Guerrero señala como gran triunfo la derrota del ALCA que justamente ocurrió en mar del Plata en el año 2005, pero no sólo por la victoria que constituye su resultado sino también porque la lucha contra el ALCA constituyó un movimiento de intensa actividad militante, con participación, masividad y alcance territorial. La lógica dice que a esta victoria debieron seguirle otras, que, lamentablemente, no existieron. Los diversos organismos de integración que se crearon pudieron funcionar a nivel político o diplomático, y eso es importante, pero no pudieron dar el paso de la integración al servicio de un desarrollo conjunto y autónomo. El tantísimas veces anunciado y postergado Banco del Sud es una muestra cabal de esto. Fundamentalmente los gobiernos se basaron en la exportación de materias primas, es decir, apostaron al agronegocio y otras formas extractivas y distribuyeron esa renta, en lugar de crear condiciones de fortaleza a nivel de desarrollo productivo e integración y autonomía financiera. Emancipación implica hacerse autónomo, independiente y soberano. En el caso de los latinoamericanos implica necesariamente la integración. Por eso decimos que al NO al ALCA debió seguirle un SÍ al ALBA, al que tanto Brasil como Argentina (aunque quizás por razones distintas) se negaron.
Seguramente, el Comandante Chávez será recordado como el gran impulsor, y por qué no? inventor de esta integración siguiendo los pasos de Bolívar, y tendremos que seguir indagando sobre esta experiencia teniendo en cuenta, como claramente señaló Modesto en su charla, que los oprimidos no podemos aguantar las derrotas en cambio los opresores sí pueden y por eso hoy utilizan su dominio sobre un territorio que creen propio.
En la charla se relataron muchísimos hechos ilustrativos de este proceso, nuestra intención es reflejar los principales argumentos propuestos. Nos queda a todos los que seguimos trabajando diariamente por la emancipación, la integración y la autonomía latinoamericana continuar en este camino alejando todo rasgo de sectarismo de nosotros. Ese es hoy nuestro principal desafío para hacer honor a la frase de Simón Bolívar que encabeza estas palabras.
(Por Francisco J Cantamutto) Dos meses van ya, y el gobierno de Cambiemos confirma día a día su sesgo ajustador, en beneficio de unos pocos. Los ritmos de la devaluación y la inflación al servicio de esos pocos.
Cuando hace 3 meses caracterizábamos las propuestas en juego, señalábamos el sesgo de ajuste de Cambiemos, incluso antes de ser electo. Y todas las predicciones fueron atinadas. No se trata de iniciar esta nota con un enaltecimiento del ego (tantas otras notas hicieron lo propio), sino mostrar que no se trataba de una campaña de miedo, sino de un análisis concreto para desmentir la revolución de la alegría.
El gobierno de Cambiemos, en estos dos meses de tareas, se ha encargado de certificar su sesgo de clase. La columna dominical de Verbitsky comenta sobre un informe del CIFRA de la CTA en este respecto, mostrando –una vez más- que no se trata de un gobierno para todos, sino una gestión para pocos. Allí se consigna la composición social del “equipo”, haciendo notar la presencia explícita de representantes de la banca extranjera, los oligopolios mineros y las empresas de servicios, con menor presencia del agro y la industria. No sólo por la presencia de sus conspicuos portavoces son beneficiados estos sectores concentrados del poder económico y político, pues múltiples adláteres ofician de apoyo bajo una convicción ideológica forjada en años de educación y trabajo para sus mandantes. Es allí donde se cruzan los argumentos neoliberales como excusas y como programa de clase.
Aunque útil para notarlo (por lo explícito del caso), el análisis sobre la hegemonía no debe restringirse a los cuadros orgánicos que ocupan cargos, sino a través de sus acciones concretas. Por ejemplo, señalábamos antes cómo el vínculo directo con la banca ha desatado esta furia endeudadora mediante la venta de bonos del Banco Central, del Tesoro y ahora la propuesta de arreglo con los fondos buitres. Pero pocas cosas parecen tan concretas en estos dos meses como el acelerado ritmo de la devaluación y la inflación, que afecta los bolsillos de la clase trabajadora.
Con un dólar superando los $14,60, la devaluación total de estos dos meses ha sido del 55%. En términos de poder adquisitivo, esto significa que nuestros salarios en pesos perdieron un 35% en dólares. Sí: podemos comprar menos, porque nuestros pesos valen menos. Esta pérdida aplica de modo directo a las importaciones, pero también a productos nacionales con componentes importados, que en la industria promedian más de un tercio de la producción total.
A esta caída del valor del peso, superior a la provocada por Kicillof en enero de 2014, hay que añadirle la quita de retenciones a las exportaciones a toda la producción primaria (primero agropecuaria –con excepción de la soja-, y esta semana, minera). Al quitarle estos impuestos, los exportadores captan un precio mayor de venta: por cada dólar, reciben más pesos, tanto por la devaluación como por la quita de impuestos. Los exportadores son entonces uno de los ganadores de estas medidas, que además han ganado mediante la especulación, reteniendo productos hasta que el precio los satisfaga.
Esto significa mayores ganancias, pero al mismo tiempo un aumento de precios para los compradores de esos productos. Esto significa aumentos de precios para los consumidores pero también aumento de costos en la cadena de valor. Es decir, la devaluación no sólo significa caída del poder de compra en dólares sino que está generando aumentos de precios internos: esto es, inflación. Cambiemos, que se llenó la boca hablando de reducir la inflación durante la campaña, a fuerza de ilusiones abstractas, ha dejado en claro que no es ese el objetivo. Aunque nos han dejado sin estadísticas hasta agosto (ocultando información pública), la inflación estimada entre consultoras privadas y el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires indica que tanto diciembre como enero cerraron en torno al 4% mensual. Para febrero, merced de los aumentos de tarifas eléctricas (otro sector ganador), que van de 550% a 700%, se espera que el aumento sea del 5%. Un acumulado en tres meses del 13,5%. Extrapolado al año, la inflación superaría el 35%.
Pero este aumento de precios, muy superior al de los años previos, no afecta a todos por igual, como el discurso mediático insiste. Una ventaja de este fuerte aumento de precios es que perdemos noción de los precios relativos. Esto permite a la cadena de comercialización aumentar sus márgenes de ganancia sin correlación alguna en los costos. He aquí otro sector ganador. El gobierno ha propuesto para su control un sistema ineficaz, sólo apto para usuarios de telefonía móvil en ciudades, un traspaso del costo de control a los consumidores.
Entonces, el ajuste de precios beneficia a exportadores, importadores, comercializadores y a las prestadoras de servicios. No es un caos ni aleatorio: el ajuste está diseñado para mejorar las ganancias de unos pocos contra las necesidades de la mayoría.
Justamente, usando como testigo la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, el gobierno espera que los salarios aumenten entre 20 y 25%. Muy por debajo de la inflación. Con casi tres meses de devaluación e inflación, las paritarias inician con desventaja, con salarios que ya fueron reducidos, y en la pelea desigual por recuperar lo perdido, el gobierno nos traslada el costo del ajuste. Y para garantizar ese resultado ya ha puesto en marcha el operativo de represión a la protesta y arreglo con la burocracia sindical.
La inflación no es resultado del gasto público ni la emisión: es el ajuste de precios, la pelea por la apropiación del ingreso. Y en esta pelea, el gobierno ha tomado partido claro a favor de los grupos concentrados.
(Por Julio Gambina) El gobierno de Macri busca disciplinar al movimiento sindical y por eso junto a las cesantías en el Estado, la represión y criminalización de la protesta social, se pretende asociar a los objetivos de la gestión a parte de la dirigencia gremial. Por eso la reunión del gobierno se limitó a recibir a la dirigencia de las distintas versiones del sindicalismo tradicional agrupado en las CGT.
Afuera del diálogo quedaron las CTA, que nuclean a gremios y movimientos sociales que expresan muy fuerte la conflictividad en estas horas. No importó la legalidad de ambas centrales, sino que primó en el gobierno el objetivo de contención y aislamiento del conflicto social. Es una estrategia acompañada de represión y criminalización de la protesta social.
ATE convocó a un paro nacional para el 24 de febrero y crecen las adhesiones y simpatías de una medida que trasciende los propósitos concretos de la medida, contra las cesantías y en defensa del empleo público. Los trabajadores estatales denuncian cerca de 20.000 cesantías en los tres ámbitos del Estado: municipios, provincias y nación, muy por encima del difundido por las autoridades, que solo informan sobre lo que ocurre en el Estado Nacional, desentendiéndose de procesos similares de varias provincias, incluso las gobernadas por el kirchnerismo.
La situación de los gremios docentes está en tensión y son parte de la conflictividad expresada por estas horas. Los docentes bonaerenses acaban de desestimar una nueva oferta del gobierno provincial por actualización salarial del 24,1%, con una demanda del 35% de ajuste, en lo que pretende ser la primera pulseada de un debate nacional reiterado a comienzo del ciclo escolar.
Diversas son las expresiones en solidaridad con la libertad de Milagro Sala y la criminalización de la protesta social, en un momento en que se intenta deslegitimar la experiencia de autogestión desarrollada especialmente ante la crisis del 2001. La “normalización” del orden capitalista local tiene en paralelo la continuidad y extensión de experiencias de organizar la vida cotidiana con y más allá del Estado, lo que supone la disputa de fondos públicos por parte del movimiento social.
En rigor, el problema no es solo de los estatales, ya que las cesantías y suspensiones se extienden también en el sector privado. La Volkswagen y la FIAT anuncian masivas suspensiones ante la reducción de la demanda brasileña. La crisis mundial y su impacto recesivo en Brasil golpea en forma directa sobre la Argentina y desmitifica el imaginario gubernamental de lluvia de inversiones externas hacia el país.
Disciplinar el conflicto social es un objetivo central, ya que en el marco de la crisis mundial de la economía, el imaginario de receptar cuantiosas inversiones externas o préstamos se ralentiza y es creciente el rumbo recesivo de la economía local.
Como hemos sostenido en otras ocasiones, salvo por créditos externos, las reservas internacionales siguen a la baja y no alcanza con las apelaciones a la responsabilidad empresarial para reducir precios. En enero, según la medición en la Ciudad de Buenos Aires, los precios escalaron 4,1%, con alimentos por encima de este promedio, con un registro proyectado para el año del 33%.
La burguesía mundial o local privilegia su propia rentabilidad a los objetivos de “buen gobierno” y “amigable” con el mercado y las empresas sugerido por la burocracia macrista en la gestión estatal.
Precios y salarios
Se puede afirmar que al no poder frenar o morigerar la inflación, con apelaciones morales a la responsabilidad y sin capacidad para disciplinar a los empresarios fijadores de precios, acuden a la reducción de los salarios e ingresos populares.
Un claro ejemplo son los jubilados y otras prestaciones sociales de la seguridad social.
Acaban de difundir la actualización establecida por ley de los haberes jubilatorios, la asignación universal por hijos y las asignaciones familiares, con valores a cobrar a partir de marzo.
La mínima de los jubilados pasará de 4.299 a 4.943 pesos mensuales. Son 644 pesos de actualización, o sea, menos de 22 pesos diarios, lo que supone apenas un poco más de pan en el consumo cotidiano. Un poco más de 4 millones de jubilados se ubican en este rango
El ajuste es de un 15%, cuando la inflación de octubre 2015 (última actualización) a marzo 2016, fecha de efectivización del ingreso, puede ser superior a ese guarismo.
Para las pensiones no contributivas se pasa de 3.009 pesos a 3.460 pesos, unos 451 pesos más, algo así como 15 pesos diarios. Más de 1,5 millones de beneficiarios.
Esa actualización también se aplica a la AUH, con cerca de 3,6 millones de beneficiaros, que pasa de 837 a 962 pesos, una actualización de 125 pesos mensuales, o un poco más de 4 pesos diarios. Se actualizaron también las asignaciones familiares de los trabajadores en relación de dependencia.
Son ajustes mínimos que involucran a más de 10 millones de personas, un 25% de la población, evidenciando la situación de empobrecimiento ante la evidencia de un consumo suntuario y beneficios concentrados en una minoría de la población.
El tema de fondo es que el mínimo para una familia tipo, según los trabajadores del INDEC es superior a los 15.700 pesos, con valores a diciembre del 2015. Los trabajadores aceiteros, insisten que más que porcentaje el salario mínimo que requiere un trabajador del sector es de 20.000 pesos mensuales.
La realidad es que la intencionalidad patronal y gubernamental no apunta a resolver la ecuación de satisfacción de necesidades de ingresos de trabajadores y otros sectores populares, de hecho, la mayoría de la sociedad argentina. La orientación de la política económica es pro empresas y su rentabilidad.
Por eso, el BCRA deja que suba la cotización de la divisa estadounidense y ya se acerca a los 15 pesos por dólar, lo que facilita la liquidación de la cosecha de soja almacenada en silos, una aspiración sostenida desde el primer día del gobierno Macri. Además, estimula la tendencia a la especulación contra la moneda local y aspira dinero de la circulación para inducir vía política monetaria restrictiva bajar la inflación. Se trata del retorno de las viejas políticas monetaristas propias de las “metas de inflación” y la ortodoxia en la gestión del Banco Central.
Límites a la política gubernamental y posibilidades para alternativas
Como las inversiones no llegan y eso demora la apertura de crédito a menores tasas de interés, el esfuerzo del Ministro de Economía se concentra en las oportunidades otorgadas a los fondos buitres (holdouts) y observa con satisfacción cierto guiño de simpatía expresado por el negociador de la Justicia de EEUU y el propio juez a cargo de la causa, claro que el acuerdo supondrá cuantiosos costos para el conjunto de la sociedad argentina.
La expectativa del gobierno se concentra en obtener crédito externo y si puede, alguna radicación de inversión extranjera, por eso recibe con expectativa esperanzada las visitas de los gobernantes de Francia e Italia, y mientras tanto cubre con iniciativa política la búsqueda de consenso político a su gestión. Es una estrategia orientada hacia la burocracia política y sindical, develando acciones en operaciones de manipulación ideológica detrás del republicanismo y el amplio diálogo político pregonado.
No hay dudas que el gobierno actúa con gran iniciativa política y aprovecha el desconcierto político generado en ciertos sectores ante la nueva realidad de un gobierno PRO en la Nación, Capital y Buenos Aires y que sin mayoría parlamentaria demostró capacidad para intervenir en captar voluntades de la oposición sistémica.
Ese accionar motiva a pensar en la necesaria estimulación de iniciativa y acción política organizada del amplio movimiento social y político con voluntad de intervenir en la construcción de alternativa.
La discusión es siempre si se puede proponer algo distinto a la lógica discursiva del poder y no caer en la inevitabilidad del ajuste social para combatir la inflación.
El costo puede trasladarse hacia los sectores de mayores ingresos, lo que supone luchar por reformas progresivas del régimen tributario y claro, discutir el modelo productivo y de desarrollo, sus beneficiarios y el tipo de inserción internacional que privilegie la satisfacción de necesidades sociales por encima de las ganancias.
Foto: Uniónentreríos
La Comisión Directiva Departamental de Bahía Blanca informó que el día viernes 12 de febrero desde las 8 de la mañana se llevará a cabo una Asamblea informativa en el Hall del Palacio de Tribunales (Estomba 34).
Por su parte, a nivel provincial “como respuesta al incumplimiento del compromiso asumido por la gobernadora Vidal durante la reunión mantenida el pasado 23 de diciembre, la AJB declaró el estado de alerta y movilización y convocó a los judiciales a debatir en asambleas la respuesta gremial en caso de mantenerse esta situación”.
Según la organización gremial, “el gobierno provincial asumió el compromiso de iniciar las mesas técnicas con todos los sectores de estatales en el mes de enero, para dar inicio a las negociaciones paritarias durante febrero”.
El 26 de enero, la entidad gremial presentó una nota al Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, solicitando al gobierno el urgente llamado a mesas técnicas.
El mandato paritario
El Congreso de la AJB, realizado en La Matanza el 18 de diciembre pasado resolvió, a partir de los mandatos de las asambleas departamentales realizadas días antes, reclamar en la negociación paritaria los siguientes puntos:
– Aumento salarial, entre un 45 y un 50%.
– Sanción de la ley de paritarias y de la ley que restituye el 3% de antigüedad.
– Bloqueo de título para los peritos.
– Pase a planta permanente de contratados, pasantes y tercerizados de limpieza.
– Incremento al 40% de la Bonificación Especial y Compensación Funcional.
– Transformación automática de Auxiliar 3º a 1º al año de antigüedad.
– Sanción de la ley de licencia por violencia de género.
– Universalización del cargo de Jefe de Despacho.
(Por Francisco J Cantamutto) Se anunció finalmente la oferta a los fondos buitres que ganaron en las Cortes de Nueva York. Ganancias considerables para la rapiña, falta de precisiones y olvido de la legalidad.
Acorde con el objetivo de volver a la ruta del endeudamiento privado externo sin ningún objetivo ulterior (la deuda por la deuda misma), el gobierno de Macri abocó sus esfuerzos a la cuestión de los holdouts litigantes, los famosos fondos buitres. Tras la deleznable operación de diciembre, cuando se cambiaron bonos intra-Estado por deuda con la banca extranjera, el “equipo” de Economía se dedicó a elaborar una propuesta para presentar en Nueva York. Bajo el comando del ministro de la JP Morgan, Prat Gay, y el secretario de la Deutsche, Caputo, se llegó a una nueva oferta para resolver este litigio.
De dónde veníamos
Recordemos que los llamados fondos buitres son entidades dedicadas a la compra de deuda con problemas de pago a previo vil, para litigar luego en tribunales del mundo para obtener el precio pleno, más intereses caídos y punitorios. Debido a lo costoso de asediar legalmente a un deudor por tantos años, esta operatoria sólo está disponible para actores con gran capacidad financiera y de lobby. Es decir: nada que ver con la imagen de los pobres bonistas engañados. Algunos de estos tenedores de deuda argentina lograron una serie de victorias en los tribunales de Nueva York, obteniendo fallos favorables en primera y segunda instancia, para ser desestimado como caso por la Corte Suprema de Estados Unidos. Estos fondos eran dueños del 1,3% de la deuda total, sobre un total de un 7% restante aún impago. El juez Thomas Griesa se volvió así la imagen icónica de lo más detestable del capitalismo financiero mundial, interpretando la ley de manera arbitraria para favorecer a acreedores espurios. Acceder a cumplir con esta sentencia en 2014 abría la puerta de reclamos de bonistas que entraron en previos canjes, lo que hubiera generado una debacle financiera para el país.
Por eso, el gobierno de Cristina Fernández reaccionó utilizando a estos buitres para su propia construcción política, alegando su carácter predatorio contra la soberanía nacional (el “Patria o Buitres”). Aunque es cierto que los buitres lo son, el gobierno omitió entonces su incansable esfuerzo por cumplir con reclamos equivalentes, igual de predatorios. La sola idea de ser “pagadores seriales” resultó incomprensible para quienes insistimos con el carácter ilegal e ilegítimo de la deuda. La derogación en dos oportunidades (2010 y 2013) para pagar a nuevos litigantes fue expresión de la voluntad de pago, enaltecida a interés público en la mal llamada Ley de pago soberano. La comisión encarga de investigar la deuda no sesionó, evitando cualquier investigación. El objetivo oficial de volver a los mercados de crédito encontraba escollos más por las formas que por desacuerdos de fondo. Los pedidos de los buitres resultaban excesivos pero no desorientados. En la campaña presidencial, los tres candidatos más votados coincidían en que el objetivo era volver a la ruta de la deuda “aprovechando el bajo nivel actual”: es decir, elogiando la gestión kirchnerista. No había desacuerdos en esto.
El gobierno para el capital financiero
El gobierno de Macri nunca explicó para qué quería tomar deuda: no tenemos noticias de inversiones a financiar con estos recursos. Aparentemente, se trata de tomar deuda sólo para eso… tomar deuda. Y pagar jugosas comisiones. Es ahí donde poner funcionarios de la banca en el Ministerio de Economía resulta una ventaja. La impronta gerencial del gobierno fue festejada en Davos, y también en Nueva York. Tras el negociado de diciembre, llegó ahora el anuncio de avance con los fondos buitres.
La oferta habla de un recorte del 25% sobre un valor total de 9.000 millones de dólares, incluyendo dos variantes, una para aquellos bonistas con sentencia firme (que pagaría mejor) y otra para aquellos que no la tienen. Sin embargo, según el especialista Héctor Giuliano, falta mucha información para comprender la oferta, incluyendo qué porcentaje de acreedores representarían este monto (dado que incluso el gobierno de Macri habló de otros valores). Con o sin recorte, se reconoce el derecho al cobro y se acaba con el litigio.
Dos fondos buitres (Montreux Partners y Dart Management) ya aceptaron el arreglo, pero otros cuatro aún no lo hicieron, entre ellos, dos de los que más dolores de cabeza han causado (Elliot Management, Aurelius Capital, Bracebridge Capital y Davidson-Kempner Capital Management). Según un informe de la agencia Bloomberg, estas diferentes voluntades tienen que ver con los montos en juego y las ganancias de cada fondo. El mediador designado por Griesa, Daniel Pollack, ha recibido con gran gusto la oferta, y se ha expresado muy favorable al arreglo.
Con el mediador, el gobierno estadounidense y el FMI apoyando la propuesta, aparentemente el arreglo sería posible. Para ello, el gobierno enviará la propuesta de pago al Congreso, porque éste deberá expedirse al derogar –nuevamente- la ley Cerrojo y también la ley de Pago Soberano. Además de su propia bancada, el PRO cuenta con el apoyo de la UCR, GEN y el Frente Renovador. El kirchnerismo se ve dividido en la estrategia de bloquear al gobierno –expresado por su jefe de bloque en Diputados, Héctor Recalde- o negociar para obtener concesiones –expresado por su jefe de bloque en Senadores, Miguel Pichetto-. Dado que en rigor la propuesta no contradice los fundamentos de la gestión kirchnerista, se trata sólo de una rencilla mediática. El antecesor de Caputo en la secretaría de Finanzas, y negociador del canje 2005, Guillermo Nielsen, calificó la oferta de “muy razonable”. Está por verse cómo se comporta entonces el bloque. En cambio, el Frente de Izquierda se expresó frontalmente en contra del arreglo, pidiendo la investigación.
Más allá de la espuma del potencial acuerdo, una vez más estamos ante la puerta de un nuevo desfalco a la nación. Se acepta la jurisdicción extranjera sobre reclamos cuya ilegalidad e ilegitimidad son comprobables, no sólo en la jurisprudencia local sino internacional. Hay que reclamar de inmediato el cese del pago y la auditoría de la deuda, con participación ciudadana.
Una larga tradición por el derecho a festejar
(Por Astor Vitali) La historia del carnaval es una muestra cabal de que la tenaz alegría puede, siempre que se quiere, sobre la vulgar displicencia anti popular. Pese a los intentos de vilipendiar la imagen a principio de siglo, así como se intentó contra el tango, hasta la censura y persecución explícita del último gobierno cívico militar clerical, la alegría de lxs murguistas ha resistido los embates violentos de sus enemigos declarados y soterrados.
Bahía Blanca tiene una amplia tradición murguística, como se puede leer en el libro que escribió el director de la Murga Vía Libre, Guillermo Tellarini. Es una de las ciudades que reclamó por la recuperación del feriado de carnaval, finalmente restituido en el año 2010.
Si bien la tardía recuperación del feriado de carnaval representa un triunfo concreto y simbólico muy importante para lxs murguistas de Argentina, la mera declaración no se vio inmediatamente expresada en la facilitación de recursos por parte del Estado para garantizar el cumplimiento real de lo establecido en carácter nominal.
Nuestra ciudad tuvo sus idas y vueltas. Los corsos barriales se llevan a cabo gracias al tesón y el invalorable trabajo de familias enteras, directores de murgas, pequeños comercios y niñxs que anteponen el antifaz a las inclemencias coyunturales.
El corso céntrico, por otra parte, evidencia que un segmento importante de la población lo convalida y participa con alegría. Como contrapartida, los trozos decrépitos del cuerpo social bahiense envían sendas cartas de lector al centenario folletín local con el objeto de quejarse por “la mugre que dejan” (la barbarie popular). Esas partes anacrónicas de la sociedad bahiense son las mismas que otrora despotricaron –finalmente victoriosos- contra la Feria de la Cultura (’90).
Por ello, el corso céntrico fue mudándose desde la peatonal de Drago, pasando por la plaza Rivadavia hasta la avenida Cerri. Actualmente, como lo venía reclamando la asociación que nuclea a las murgas, se realiza en la plaza central.
Por otra parte, un importante número de murgas lograron nuclearse y funcionar a través de una asociación, que les permite generar consensos y estrategias anuales en el desafío de planificar este festejo que moviliza a miles de personas.
Se trata de una verdadera fiesta popular que se ha realizado con y sin apoyo gubernamental. Ante esto, la línea que divide las aguas está marcada por quienes elijen las anteojeras para no ver la fiesta que ocurre en su entorno, en su ciudad, frente a quienes eligen el antifaz para divertirse y mirar a los ojos al prójimo, a sus pares.
Cronograma carnaval 2016
Gran corso céntrico / Calles chiclana (1era cuadra) y Alsina (1era cuadra)
Lunes 8 de febrero:
17.30 hs: Comparsa “Vamo’ Arriba” (a confirmar)
18 hs: Los Portuarios (Ing. White)
18.30 hs: Los Piratas
19 hs: Umirá Candombe
19.30 hs: Las Casitas (G. Tellarini)
20 hs: La Periférica
20.30 hs: Centro Murga Vía Libre
21 hs: Machimbrera
21.30 hs: Portadores de Alegria
22 hs: Fileteando Ilusiones
Martes 9 de febrero:
17 hs: Batucada Los Patanes
17.30 hs: Los Rumberos de Villa Talleres
18 hs: El sueño de los Sin Jeta
18.30 hs: Los amantes del carnaval
19 hs: La Lomita
19.30 hs: Murga de la abuela (Pta. Alta)
20 hs: Los faroleros del carnaval
20.30 hs: Los rebeldes de Bordeu
21 hs: La Cucharón
21.30 hs: Comparsa Iberá (Pta. Alta)
22 hs: Los Mocosos
Centro Comunitario San Roque – Estomba y P. Acosta
5, 6 y 7 de febrero: La cucharón
Villa Mitre – Las 5 esquinas
13 de febrero
Villa Nocito – Pacífico y Maldonado
13 y 14 de febrero: La Periférica
Noroeste – Blandengues y Sixto Laspiur
12,13 y 14 de febrero: Vía Libre
Corsos de General Cerri – Plaza Morel
13,14,20,21 y 27 de febrero
Villa Don Bosco – Paroissien y Humboldt
19,20 y 21 de febrero: Fileteando Ilusiones
Corsos de Ingeniero White – Av. San Martín entre Knoutt y Mascarello
20 y 21 de febrero
Barrio Mariano Moreno – Brasil y Don Bosco
26,27 y 28 de febrero: Portadores de Alegría
Villa Bordeu – Chaco y Paula Albarracín
5 de marzo: Los rebeldes de Bordeu
Corsos de Cabildo
5 de marzo
Pampa Central – Chaco y Brasil
5 y 6 de marzo: Machimbrera
Villa Rosas – Av Arias y Libertad
11 y 12 de marzo: Los mocosos.
Miradas
(Por Ricardo Margo*) Bahía Blanca, con esta sexta edición tras veintidós años de trabajo ininterrumpido por parte de la Asociación, se está consolidando la recuperación de una de sus costumbres más arraigadas en nuestra cultura y a su vez negadas por la intolerancia. Recordemos las prohibiciones a lo largo de la historias y su relativamente nuevo carácter de feriado nacional.
Recuerdo, y lo comenta Guillermo Tellarini en su libro “Bahía murguera” citando a Isabel Trujillo, cuando en el año 1994 desde mi cargo de Subsecretario de Cultura participé a instancias del ex comisario Galeano de la iniciativa de celebrar un carnaval infantil en las instalaciones del ex Mercado Victoria. Allí se reanudó.
El mismo Guillermo hacía memoria de una expresión mía recordada por Mirta Sartori: “me imagino las murgas viniendo de los barrios y ganando el centro”, de alguna manera hoy estamos dando cumplimiento a ese anhelo.
No deja de generar una suerte de contradicción que los carnavales -expresión de la trasgresión por excelencia- sean coorganizados con el Estado, en este caso el municipio. No obstante, todo indica que en este largo camino de recuperaciones, faltan todavía el concurso de carrozas como así también la espontaneidad de los concurrentes aportando disfraces y máscaras que vengan a establecer definitivamente el carnaval en la ciudad. Y crecerá, como todo lo bueno en la vida de los pueblos.
*Director del Instituto Cultural de Bahía Blanca
(Por Augusto*) Decía un viejo murguero porteño: “El carnaval es la fiesta que el pueblo se regala a si mismo”.
En este sentido desde la murga del barrio creemos y sostenemos que una manifestación popular y callejera como es la actividad que desarrollamos tiene su escenario mejor en las calles, plazas y esquinas de cada punto de la ciudad, nace en un barrio, se alimenta de él, crece para salir a mostrarse por cada rincón de la ciudad.
Por eso y reivindicando el tiempo que hace que la murga aparece en Bahía Blanca, pensamos que el crecimiento y desarrollo de la misma se produce acompañando el resurgimiento a nivel porteño y nacional, pero se sustancia en el no casual hecho de haber sacado la fiesta a la calle, hacerla visible, sin paredones, con la posibilidad de alterar el orden de circulación y bailar y murguear en la calle, vivirla, revalorizarla, provocar el encuentro, el abrazo, el empoderamiento de la gente de a pie. Y eso ocurre en Bahía desde hace no más de 14 años, cuando comienza tímidamente primero y luego acompañando el envión el Circuito Barrial de Corsos Bahienses.
En el caso de la murga Cucharón con su Corso a Contramano, cambiándole el sentido de circulación a la calle Estomba por allá por el 2300.
El hecho de recuperar el carnaval como feriado nacional primero, y desde entonces promover un corso central para la ciudad casi en una misma acción le han otorgado a la ciudad, las murgas y sus integrantes la posibilidad de festejar a lo grande (por lo que significa hacer lo que a uno le gusta en el “centro” como dicen los pibes), siempre y cuando eso ocurra en el espacio físico al que se retorna en la presente edición ( la primera cuadra de Chiclana y Alsina con escenario en el Palacio Municipal), luego de explicar reiteradamente por qué.
Esto es el carnaval y la actividad murguera para nosotros, sobremanera en estos tiempos donde es difícil resistir con alegría los avatares de vivir. Salú y Feliz Carnaval.
*Director de la Murga La Cucharón y conductor de “La cucharón Radio”, programa de las murgas del sur argentino producido y emitido por FM De la Calle y retransmitido por Radio Universidad Nacional del Sur.
Foto: IC
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El bloque de concejalxs de Integración Ciudadana solicitó información a Eycon SA, Bahía Transporte SAPEM y al municipio para corroborar si se efectuó alguna denuncia penal y sumarios administrativos relacionados con la falta de recursos obtenidos por la venta y carga de tarjeta urbana.
Juan Manuel Martínez Eizaguirre adujo “la necesaria transparencia en la gestión de recursos públicos” y consideró que resulta pertinente informar al Concejo, “en vísperas de iniciar el estudio de rendición de cuentas, conocer con exactitud, si existe alguna irregularidad en el ingreso de fondos en comercios autorizados, que venden cargas de las tarjetas del servicio de Transporte Público de Pasajeros”.
Las versiones recogidas en el bloque advierten “la posible venta de pasajes, sin ingreso de los fondos al sistema en una importante suma de dinero, demostrando la vulnerabilidad del mismo respecto a las fallas, aspecto que de existir, no debería ocultarse, en la búsqueda de soluciones técnicas apropiadas”. Las empresas EYCON y Bahía Transporte SAPEM se habrían presentado en la justicia.
Lxs edilxs pretenden conocer qué fiscalía interviene; el monto aproximado del perjuicio; y si fue considerado el eventual faltante en el estudio de costos que fundamentó el aumento del boleto del Sistema de Transporte Público de Pasajeros; además de las personas responsables involucradas.
(Por Julio Gambina) Las reservas internacionales del BCRA crecieron en 5.000 millones de dólares el último día de enero del 2016, derivados de un crédito de la banca externa.
Transitoriamente, solo un día, las reservas estuvieron por encima de los 30.000 millones de dólares (30.074), ya que el 1 de febrero ya estaban en 29.985 millones y el último registro baja a 29.892 para el miércoles 3 de febrero.[1]
Al asumir el gobierno de Mauricio Macri, las reservas en la contabilidad del Banco Central acusaban 24.862 millones de dólares (10/12/2015). El incremento se explica principalmente por esta expansión del endeudamiento externo, y solo marginalmente por otras razones, caso de las liquidaciones de divisas de los exportadores.
Las reservas pueden crecer por saldo comercial favorable; ingresos por inversiones externas o préstamos internacionales y disminuyen por cancelaciones de la deuda, salidas de divisas y remesas de utilidades al exterior.
Vale mencionar que el record de reservas se logró el 22 de junio del 2011, con 52.259 millones de dólares[2], habiendo perdido reservas desde entonces y hasta el cambio de gobierno por 27.397 millones de dólares.
Bien valdría investigar las motivaciones de esas salidas de divisas, especialmente cuando existen procesos judiciales que pretenden indagar sobre delitos por usos de fondos públicos.
La muleta del ingreso de capitales externos
Un gran objetivo que se sustenta desde el gobierno y los sectores más concentrados de la economía local pasan por superar los límites al ingreso de capitales, especialmente del mercado de crédito internacional.
Era un propósito explícito de los principales candidatos en las elecciones presidenciales de octubre del 2015, especialmente Macri, Scioli y Massa, y uno de los motivos del primero y el tercero que llevaron a la Cumbre empresarial de Davos.
La exclusión argentina del mercado mundial de créditos se deriva de la continuidad del país en la situación de cesación de pagos y juicio con sentencia en firme en Nueva York.
Por eso se retomaron las negociaciones en EEUU para cancelar la demanda de los fondos buitres y al mismo tiempo suscribir un preacuerdo con bonistas italianos que habían demandado a la Argentina ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones, ámbito vinculado al Banco Mundial) luego de la salida de la convertibilidad a comienzos del 2002[3].
En el cierre de la primera semana de febrero se hizo la oferta concreta de cancelación a todos los acreedores del default argentino.
El monto de la acreencia es por 9.000 millones de dólares y se hace una oferta base a quienes no tienen sentencia judicial hasta el 1/2/2016 por el capital original más un 50%.
A los buitres y los “me too” se les ofrece el 100% con una quita del 30% o del 27,5% si aceptan antes del 19/2. Se pagará algo en efectivo y con bonos por un monto equivalente a 6.500 millones de dólares estiman en el Ministerio de Economía de la Argentina.[4]
La negociación con los buitres y el acuerdo con los acreedores europeos suponen mayores compromisos de deuda, es decir, acrecentamiento del stock de deuda y mayores intereses a cancelar a futuro.
El resultado de estas propuestas actúa como una garantía de la voluntad de pago, del mismo modo que durante el gobierno anterior se acordó renegociar con el Club de París, o con Repsol por la expropiación parcial de YPF.
Es en este marco, que el gobierno de Macri logró vencer el obstáculo y cerró un acuerdo crediticio con un conjunto de bancos transnacionales: HSBC, JPMorgan, Santander, cada uno con 1.000 millones de dólares; el Deustche bank, Citibank, BBVA y UBS por 500 millones de dólares cada uno. Son en total 5.000 millones de dólares.
La tasa de interés ronda el 7%, muy por encima de lo que logran otros países en la región. Igual, el tema fue celebrado porque abrieron el canal de ingresos de fondos externos para auxiliar la política económica. Se otorgaron en garantía bonos del tesoro y se mantuvo la cesión de soberanía jurídica ante algún incumplimiento del Estado Nacional.
No solo mejora las reservas para sostener las cuentas nacionales de la economía argentina, sino que le permite al gobierno ejercer presión sobre los acreedores para un acuerdo de pagos más rápido, según la oferta presentada en Nueva York.
Sin ingreso de capitales, de riesgo o de préstamos, no es sostenible el funcionamiento de la economía local, con un horizonte de estancamiento, desaceleración o directamente recesión para el 2016 (ver previsiones del FMI)[5].
Necesitan la muleta del ingreso de capitales externos porque no existe posibilidad de un crecimiento auto sustentado del capitalismo local.
Es resultado de la ausencia de estímulo al gasto privado o público, por baja de poder adquisitivo de ingresos populares, principalmente salarios, lo que impacta en la facturación de las empresas. Además, las condiciones internacionales no favorecen la demanda externa, especialmente de Brasil.
Tampoco favorece la demanda pública, por el ajuste fiscal vía cesantías o reducción del gasto (eliminación de subsidios que se transfieren a precios de facturación).
Pero tampoco hay un horizonte de crecimiento de la inversión privada o pública, especialmente cuando la preocupación de la política monetaria apunta a sacar dinero de la circulación (39.541 millones de pesos menos de Base Monetaria entre el 10/12/15 al 3/2/16)[6].
Esta absorción de dinero realizada por el BCRA es además onerosa, vía letras de endeudamiento, con tasas del orden del 30% que restringen aún más la posibilidad de destinar recursos con destino al gasto social. Es coherente con una política monetaria de “metas de inflación” orientada a restringir la circulación de dinero para frenar la escalada de precios.
El horizonte es de más deuda pública y externa
Si las perspectivas de evolución de la economía no provienen ni del consumo, ni de la inversión, lo único que resta es el endeudamiento público, con la intencionalidad de habilitar nuevas rondas de deuda externa para el sector público y el privado.
La Argentina reitera así el camino del recurrente endeudamiento externo y sin cerrar antiguas historias de investigación de la eterna deuda.
El Parlamento organizó una Comisión para la investigación de la Deuda, que no emitió su informe final[7] y que nunca tuvo voluntad de auditar seriamente la situación del endeudamiento desde 1976, tal como convocaba la llamada ley de pago soberano que en septiembre del 2014 formuló la propuesta de una Comisión para la investigación.
El gran endeudamiento se inició hace 40 años bajo la gestión de la dictadura genocida, creció en tiempos constitucionales, especialmente en la última década del siglo pasado.
La experiencia histórica nos dice que el endeudamiento externo es un mecanismo de potenciación de la dependencia y que hipoteca la economía local, convocando reiteradamente a procesos de cancelación indefinida de pagos, postergando insatisfechas necesidades sociales y alentando nuevas rondas de sometimiento a los acreedores internacionales.
Existe una demanda social para la investigación de la deuda pública y mientras tanto proceder a la suspensión de los pagos que ya es un derecho, y sigue siendo una consigna y motivo de lucha social junto a otras agresiones económicas derivadas de la política del gobierno Macri.
“No hay cosa mejor en el mundo que ser uno y una misma. De volver a nacer elegiría ser travesti. Si de algo me siento orgullosa en la vida es de ser travesti. A mí el travestismo no me conflictuó para nada, jamás la sociedad me va a ver derrotada, pensando esas cuestiones que hay sobre nosotras, que vamos a terminar asesinadas, que yo me voy a suicidar, que la pasamos mal, la pasamos bomba! Yo soy divina, soy una señora feliz, tengo una autoestima brillante, quiero ser presidenta de este país. Somos ángel y demonio, tenemos capacidad e incapacidad, esos mitos que nos metió la sociedad, de demonizarnos, yo no me hago cargo, vayan a la psicóloga y hagansé cargo!”, decía Lohana Berkins en los estudios de FM De la Calle a fines de 2009 antes de brindar una charla por el Mes por la Diversidad.
La activista trans falleció esta mañana, tras haber estado internada las últimas semanas en el Hospital Italiano de la Capital Federal. Ayer, a través de su compañera de militancia Marlene Wayar, había dado a conocer el que fue su último texto: “Queridas compañeras, mi estado de salud es muy crítico y no me permite reunirme personalmente con ustedes. Por eso quiero agradecerles sus muestras de cariño y transmitirles unas palabras por medio de la compañera Marlene Wayar, a quien lego esta posta”.
“Muchos son los triunfos que obtuvimos en estos años. Ahora es tiempo de resistir, de luchar por su continuidad. El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí, no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia Travesti Siempre. Un abrazo”.
Berkins fue una pionera en la lucha por la visibilización y conquista de derechos del colectivo trans. En 1994, fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), que y fue una de las principales impulsoras de la ley 3062 de respeto a la identidad adoptada por travestis y transexuales y aprobada por la Legislatura porteña en 2009.
Además, hasta 2002 fue la primera travesti con un empleo en el Estado al ser asesora de Patricio Echegaray, legislador porteño por el Partido Comunista, en el cual Lohana militaba. En 2010 conformó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, una alianza de más de quince organizaciones, que impulsó la sanción de la Ley de Género, aprobada por el parlamento el 9 de mayo de 2012.
En un perfil escrito en 2013 por la periodista Marta Dillon, se la evocaba de esta manera: “Además, para una pionera como Berkins, ser primera en algo es casi un lugar común: fue candidata a diputada cuando a las travestis apenas se las consideraba para algo más que el sexo pago y el calabozo fácil, la primera que consiguió que la inscribieran en la escuela secundaria con su nombre propio, fundadora con otras compañeras de la primera cooperativa de trabajo integrada y dirigida por travestis y transexuales. Y la enumeración podría seguir, pero ya se dijo que no es una cuestión de orden, de cómo se llega a la meta”.
Desde 2013, Berkins era la directora de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, que funciona bajo la órbita del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuentes: FM De la Calle / Agencia ACTA.
Foto: Julián Merlo.
El Concejo Deliberante aprobó ayer por mayoría (15-8) el proyecto de ordenanza por el que se establece el nuevo cuadro tarifario del Sistema de Estacionamiento Medido y Pago del Partido de Bahía Blanca dividido en cuatro zonas:
Zona A: 1era hora: $13,38 – 2da hora: 17,84 – 3 hora +: $26,76 / Circunscripción a Plaza Rivadavia: calle Sarmiento (entre Zelarrayán y Estomba), calles Estomba – Chiclana (entre Sarmiento – Moreno y O´Higgins – Alsina), calle Alsina (entre Chiclana y San Martín) y calles San Martín-Zelarrayán (entre Alsina y Sarmiento).
Zona B: 1era hora: $11,31 – 2da hora: $15,08 – 3era hora +: $22,63 / comprendida por el radio: calles Roca – 11 de Abril (entre Güemes y Alvarado), calles Güemes – Saavedra (entre Roca y España), calles España – Lavalle (entre Beruti y Lamadrid) y calles Lamadrid – Alvarado (entre Lavalle y 11 de Abril).
Zona C: 1era hora: $7,36 – 2da hora: $9,81 – 3era hora: $14,72 / comprendida por el radio: calles Blandengues – Caronti (entre Castelli y Zapiola), calles Zapiola – Dorrego (entre Caronti y Brandsen) calles Brandsen – Undiano (entre Dorrego y Beruti) y calles Castelli – Beruti (entre Undiano y Blandengues), sólo en las arterias que especifica el plano adjunto.
Zona D: 1era hora: $11,31 – 2da hora: $15,08 – 3era hora: $22,63 /comprendida por el radio: Caronti, Avenida Alem, Alsina, Zeballos, Belgrano, Dorrego y Zapiola.
Este aumento se suma a los que en los últimos días también dio luz verde el cuerpo deliberativo: transporte público de pasajeros y ABL.
Otras resoluciones
Durante la sesión extraordinaria lxs ediles le dieron el visto bueno por mayoría (22-1) la Declaración de Estado de Emergencia en Infraestructura Educativa del Distrito de Bahía Blanca, por el término de sesenta días, prorrogables por otros treinta días.
El oficialismo buscó esta disposición con el objetivo de “utilizar fondos para refacciones en establecimientos educativos con miras al inicio del ciclo lectivo”.
De esta forma, quedó establecido que la disponibilidad presupuestaria será resultante del saldo de la partida destinada como Fondo Educativo 2015, priorizando las obras asignadas en el acta nro. 23, las cuales son 48 obras menores calificadas por UEGD.
La gestión de los fondos afectados a la Emergencia, estará a cargo de las secretarías de Políticas Sociales y de Infraestructura del Departamento Ejecutivo.
Además, se dispuso que el Departamento Ejecutivo arbitre los medios necesarios para solicitar a la Dirección de Infraestructura Escolar de la Provincia de Buenos Aires el personal necesario para el armado de los pliegos correspondientes, pudiendo en su caso colaborar en la confección de los mismos el personal municipal del área competente, y/o celebrar convenios con colegios profesionales y escuelas técnicas con el mismo fin.
También se definió que los secretarios de Políticas Sociales y de Infraestructura deberán entregar al HCD, a los 30 días de promulgada ésta Ordenanza, un informe escrito con los avances de los trabajos realizados en el marco de la presente Emergencia.
Al finalizar la misma, y dentro de un plazo que no exceda 30 días de su vencimiento, el Intendente Municipal deberá concurrir al Concejo Deliberante, a los efectos de dar la información detalladas sobre la ejecución y costos de los trabajos realizados.
Fuente: HCD
(Por Francisco J Cantamutto) El gobierno nacional ha dado sobradas muestras de su orientación, con claridad y celeridad, que nos permiten ir más allá del traqueteo cotidiano, y ver las fuerzas sociales de clase que representa.
El primer mes y medio de gobierno de Cambiemos-PRO ha sido contundente en su claridad, ejecutando un programa sin fisuras, a una velocidad extrema que trata de sacar el máximo provecho combinado de los “primeros 100 días” y la temporada estival. Aunque por velocidad no tiene comparación en la historia nacional, sí la tienen los lineamientos de su programa, lo que permite una caracterización temprana. Y ésta nos habilita a certificar nuestro diagnóstico previo: se trata de un gobierno representante de las fracciones desplazadas dentro bloque en el poder durante el kirchnerismo. Concretamente, se trata del capital agropecuario y el extranjero financiero y de servicios. Estas fracciones prefieren una forma de dominación con menores mediaciones, más directa, y esto es lo que el gobierno del Gerente de la Nación representa.
Representación de clase
Así, hemos sostenido en este espacio, el kirchnerismo fue la representación política de una fracción del bloque en el poder, concretamente, la burguesía industrial. Esto significa que esa clase es la que orientó las líneas centrales del proceso político con sus ideas, valores y proyectos. Duhalde había sido más explícito en este sentido, al nombrar directamente como funcionarios a dirigentes industriales (De Mendiguren) o cuadros de la UIA (Lavagna), subordinando el empleo a la producción como valor social, de la mano de la doctrina social de la Iglesia Católica.
Durante el kirchnerismo, esta representación se hizo más esquiva, pero no por eso menos certera. El hecho de que la forma específica de inclusión social que el gobierno promovía fuera el empleo, y especialmente, el empleo industrial, es una pista clara en este sentido. Que simpatizantes kirchneristas defendieran la “reindustrialización” del país resulta otro indicador. Los representantes del capital industrial, o una parte de ellos, entendieron que para poder llevar adelante sus propuestas necesitaban considerar las de otros, hacer concesiones. Eso los volvió los grandes beneficiarios de las políticas públicas, desplazando dentro de ese bloque de poder a las fracciones agropecuaria y de servicios. La financiera fue relegada en un primer momento, pero las concesiones fueron creciendo en el tiempo, siendo el sector de mayores ganancias los últimos años. Ninguna de estas fracciones perdieron su posición de poder privilegiado, simplemente, fueron desplazadas de la dirección del proceso.
Esto fue lo que el agro impugnó en 2008: sus ganancias seguían siendo siderales, el malestar era no comandar el proceso. El problema fue que, en su origen, el proyecto fue excesivamente corporativo, es decir, centrado en intereses particulares (“bajar las retenciones”), lo que hacía difícil que otros se sintieran parte de ese reclamo. Hacer sus propuestas más generales, presentarlas como de la sociedad, fue el trabajo al que confluyeron los partidos políticos de oposición.
Representación en el Estado
La ciudadanía vota partidos políticos, y estos para ganar necesitan presentarse como representando a la sociedad, a pesar de que, en definitiva, como el nombre lo indica, son una parte. Casi todo el pan-radicalismo (UCR, ARI, GEN), el PJ en oposición (Peronismo Federal) y el recién aparecido PRO contribuyeron en diferentes cuotas a representar ese sector de clase en litigio, como una estrategia para desplazar al gobierno. El discurso que finalmente elaboraron para presentar la parte (fracciones del bloque en el poder) como el todo (la comunidad argentina) fue uno que combinó liberalismo y republicanismo en cuotas dispares. Las críticas a una supuesta falta de libertades bajo un Estado leviatánico provenía de la primera tradición política, y la falta de división de los poderes y ética pública (corrupción) de la segunda. Este discurso sirvió para ordenar disgustos que existían en la sociedad, incluyendo parte de las clases, bajo una dirección específica en oposición a la fuerza en el gobierno. La alianza Cambiemos fue la forma concreta con la cual enarbolaron este programa, y finalmente, ganaron la elección.
Durante el período de elecciones, todas las organizaciones del capital más concentrado se reunieron para discutir sus necesidades, y el acuerdo común más amplio fue el de “reglas claras”. ¿Qué significa esto? Que no existan dudas de cómo se va a resolver cualquier conflicto, como existían con el kirchnerismo, donde la política intervenía a menudo. Un esquema político donde los ganadores estén claros.
Una vez en el poder, Cambiemos mostró este sesgo. Combinó funcionarios que son representantes directos del capital más concentrado y extranjerizado en algunos ministerios (petroleras en Energía, automotrices en Transporte, servicios tecnológicos en Cancillería, la banca internacional en Economía) con viejos políticos en otras áreas. No son todos gerentes, pero sí los suficientes para mostrarle a los capitalistas para quién quieren gobernar. Esto les otorgó vínculos directos que permitió, por ejemplo, la rápida gestión de nueva deuda externa con la banca extranjera y el contacto veloz con las trasnacionales en el Foro de Davos.
La devaluación con aumento de tarifas, que impulsa la inflación y pulveriza los salarios, fue el mecanismo para explicar cómo se va a repartir el ingreso a partir de ahora. Las paritarias deberán esperar a febrero-marzo, con el gobierno bregando por un tope inferior a la inflación. A quien no le guste, el gobierno reprime.
Para ejecutar este programa, Cambiemos no ha tenido reparos en echar por la borda su propio discurso. El intento de nombramiento de jueces de la Corte Suprema por decreto o de subordinar el AFSCA a un ministerio –vulnerando la ley de Medios- son dos pruebas que la división de poderes solo le importaba cuando no eran los que gobernaban. Pero no sólo eso: la campaña de despidos masivos o el encarcelamiento de Milagro Sala por protestar están abiertamente teñidos de revanchismo por pensar diferente. Esto es persecución ideológica, un claro rasgo de los regímenes totalitarios. Aún no vimos dirigentes agrarios ofuscados por esto que tanto les molestaba en el gobierno anterior.
Macri no vino a representar las expectativas de algunos contra el supuesto autoritarismo de Cristina Fernández; vino a aplicar un programa de ajuste a favor de una reducida minoría. Y esa minoría quiere un gobierno de dominación abierta, sin concesiones. Lo que está consiguiendo.
(Por Laura García Vazquez) Nuestro país está sufriendo un cambio desde que gobierna Cambiemos, valga la redundancia. La intención de esta nota consiste en indagar algunos aspectos de ese cambio que no se evidencian a simple vista pero que sin embargo están funcionando en beneficio de los intereses privados y extranjeros, en desmedro de la democracia y a favor de una mayor dependencia, mediante lo que podríamos llamar una (mayor) despolitización de la sociedad.
Los efectos sólo podrán atenuarse o combatirse con participación consciente de la población. Y para esto es necesario adentrarse en los terrenos de la cultura y la información.
Los argentinos venimos de un período de 12 años donde gobernó el denominado kirchnerismo, con la presidencia de Néstor Kirchner en los primeros 4 años y las dos de Cristina Fernández de Kirchner, 8 años más. Se pueden decir muchas cosas a favor y en contra pero lo que es indiscutible es que no sólo tenían una política para gobernar sino también una manera de comunicarla, también política. Tampoco se puede negar que para bien o para mal durante este período se acercaron muchas personas a la militancia política tanto a favor como en contra del gobierno. La expresidenta muchas veces calló en momentos importantes donde, según mi visión, hizo falta su palabra, pero no puede decirse que no habló en estos años. Todos sus discursos se pudieron ver o leer y, por lo tanto, se pudo polemizar con su pensamiento y su gobierno señalando contradicciones, verdades, aciertos, errores, ocultamientos y hasta mentiras. Y todo esto pudo hacerse, claramente, dentro del ámbito de lo político.
Lo que trasmite Cambiemos es más (es decir peor) que despolitización, es vaciamiento de contenido. Todo suena a un cuento intrascendente. He criticado mucho la falta de referencias en las cifras que daba el gobierno anterior, ahora, con Cambiemos, las cifras no existen. Se produce la extraña sensación que gobiernan pero no lo están haciendo, mientras, las medidas se toman y las consecuencias se producen. Si antes había un “relato” el actual “contra-relato” se convierte en algo mágico, plagado de buenas (falsas) intenciones y alejado completamente de la realidad. Cambiemos, todos juntos, trabajemos en equipo, estemos cada día un poco mejor.
Los peligros de todo esto, más el clima represivo general incluyendo los graves hechos puntuales de represión, consisten en un (mayor) alejamiento de la población hacia lo público y lo político. Y esa es la prueba por la que pasaremos como pueblo en los próximos meses ante la certeza de que el pilar del “plan de gobierno” de Cambiemos se limita a favorecer negocios privados y extranjeros. Si veníamos divididos quienes no tenemos que estarlo, el otro peligro es que esto aumente tal división. Hay un mecanismo de diluir la realidad que consisten en exacerbar la subjetividad y los hechos personales como si fueran representativos de una realidad más amplia. Es una forma sutil de apelar al individualismo y al egoísmo disfrazándolos de “oportunidad” e incluso de (falsa) “responsabilidad”.
Mientras Cambiemos nos comunica un sinfín de encuentros entre los gobernantes y diferentes tipos de personas o entidades, nada viene acompañado de ningún anuncio político que no sea el libreto armado entre mega-metas que suenan justas y son en realidad demagógicas (como pobreza 0, que ningún país en el mundo tiene mientras ha subido notablemente el precio de los alimentos) y hechos demasiado puntuales que tampoco demuestran ni un cambio significativo, ni, mucho menos, un plan para solucionar los problemas de los argentinos.
Festival del Año Nuevo Chino, Mesa de Mirtha Legrand, Operativo Sol, Cumbre de Unión Africana de Etiopía, reunión con la DAIA, restricción del tránsito de camiones, reunión con la Mesa de Enlace, utilización de la SUBE en Jujuy, más cadetes de la policía local, nuevos vehículos para la patrulla rural, frenado automático de trenes, autovía 34 en Jujuy, generación de Energía Solar, lucha contra el narcotráfico, devolución de piezas recuperadas y restituidas por la Argentina a Ecuador, mejorar la vida de las mascotas en la ciudad (CABA), reforma electoral: un sistema más moderno y confiable, vagones o km y con aire acondicionado para la línea D, trabajo en equipo para planificar obras que van a mejorar conectividad de Neuquén, recibimos a representantes de Organismos de Derechos Humanos, reunión con Dreyfus por el Plan Belgrano buscando recuperar la red ferroviaria y pluvial, todo es enunciado sin ninguna distinción, ni jerarquización por los principales responsables de este gobierno.
Un detalle más, al día de hoy y desde el 27 de enero en el que aparece un escrito sobre el viaje a Davos, no hay ninguna palabra del presidente. De la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ninguna desde el 21 de enero.
Está claro qué temas están ausentes, la inflación (que no se está midiendo oficialmente), los despidos, aunque en contraste las últimas noticias del Ministro de Trabajo están referidas a Davos y a la obsesión del presidente de crear trabajo para los argentinos. Tampoco se habla de la suba de tarifas ni, por supuesto, de ningún plan con respecto a la energía. Tampoco del conflicto petrolero que sucede en Chubut en el que hay 5000 puestos de trabajo en peligro. También están ausentes salud, educación, vivienda, es decir, todos los derechos fundamentales para las personas.
El Ministro de Cultura tampoco anunció nada, aunque sí se supo del despido de casi 500 trabajadores de su ministerio a cargo, la última comunicación de Pablo Avelluto fue el 21 de enero, en la Fiesta Nacional del Chamamé.
Hay relatos y relatos, a lo que se suma la tremenda dificultad de leer la realidad a través de los intereses que representan los medios de comunicación, cuando la necesidad de la sociedad es información concreta. La mediatización sigue avanzando, comunicar con todos los intereses en juego debe ser muy difícil para los trabajadores y trabajadoras de la comunicación, por eso nos atrevemos a decir, que más allá de la defensa de la Ley de Medios debemos trabajar por el derecho a informar e informarnos y lo que nos asegura eso es la participación. Detrás de la mejora de la “calidad democrática” que promueve Cambiemos está la clara intención de hacer más y más representativa la democracia a través de lo institucional. Y no hay mejor democracia que la participativa ejercida de forma directa por una población involucrada y consciente.
De la “herencia” somos responsables todos los que actuamos en política, aunque en diferentes medidas, por supuesto la mayoría le cabe al gobierno kichnerista. Del presente, es principal responsable el gobierno actual por las medidas que toma y por las que no toma aunque practique el libreto del disimulo, la despolitización y el vaciamiento de sentido.
El próximo jueves 3 de marzo a las 12 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación resolverá si remueve o no al camarista Néstor Luis Montezanti por mal desempeño de sus funciones. Este miércoles culminaron los alegatos de la acusación, a cargo del presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, y de la defensa encabezada por el abogado Ignacio Irigaray.
El ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue suspendidoen septiembre por el Plenario del Consejo por sus vínculos con la Triple A y su pasado como personal civil en el Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado.
El dictamen de la Comisión de Acusación y Disciplina le reprochaba “mal desempeño en sus funciones”, “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos”, “falta de idoneidad moral y de vocación democrática” y el hecho de “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes”.
Más de treinta testigos declararon en el debate que comenzó a fines de 2015 y se reanudó tras la feria judicial. El tribunal está presidido por el magistrado Miguel Ángel Caminos, e integrado por el juez Otmar Osvaldo Paulucci, las senadoras Silvia Beatriz Elías de Pérez y Sigrid Elisabeth Kunath, lxs diputadxs Alejandro Abraham y María Soledad Carrizo y el abogado neuquino Santiago Pini.
Durante su declaración Montezanti denunció una “operación concertada” en su contra. Según publica La Nación, el ex PCI manifestó que “quedó acreditado aquí a través del legajo pedido por la acusación que mi tarea como contratado puntual del Ejército se limitó a asesoramiento jurídico en temas de derecho internacional” y que “quedó desvinculado ‘con recomendación interna del Ejército’ de no volver a ser contratado ‘en ninguna área del Estado’”.
“Según Montezanti, las acusaciones que presentó contra él el gremio judicial se particularizaron en su contra a pesar de que habían sido adoptadas por los cinco miembros de la Cámara cuando él ni siquiera la presidía. ‘Defendí a Pilato, de un sindicato de izquierda. Pero también fui abogado de gremios de derecha. Desde que entré a la Cámara, los hábeas corpus pasaron a resolverse en el día’, dijo”, sostiene la vieja “tribuna de doctrina”.
Tanto La Nación como LaNueva. de Bahía Blanca, ambas empresas con sus propietarios imputados por crímenes de lesa humanidad, fueron las páginas elegidas por Montezanti para intentar desvirtuar las acusaciones en su contra que incluso derivaron en una investigación penal en la causa Triple A que tramita el juzgado federal bahiense. El diario de los Mitre lo incluyó en su repudiada editorial “No más venganza” calificando el jury como “otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial”.
Exactamente en un mes, se sabrá si para el Jurado haber pertenecido a la inteligencia del Ejército genocida y estar vinculado a la Alianza Anticomunista Argentina, que sólo en Bahía Blanca masacró a más de cuarenta personas, son obstáculos suficientes para integrar el máximo órgano judicial local en tiempos democráticos o se suma a los vientos políticos que prometen alegremente impunidad.
(Por José Luis Ares*)
“Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue al Estado de una gran banda de bandidos?”. San Agustín.
I. En enero pasado, el Presidente de la Nación dictó un decreto declarando la emergencia en seguridad pública por un año “para revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado”.
Entre otras medidas se encuentran las siguientes: un mayor control de las fronteras, radarización, vigilancia de la frontera fluvial, convocar a personal retirado de las fuerzas de seguridad, compras y contrataciones directas.
Hasta ahí nada nuevo bajo el sol, y cabría señalar que nunca las declaraciones de emergencia han producido resultados tangibles y apreciables en la lucha contra el delito. Pero lo que generó mayor impacto y polémica es la facultad que se otorga a las Fuerzas Armadas de derribar aviones sospechosos.
En efecto, se establecen unas “reglas de protección aeroespacial” para identificar aeronaves y darles advertencias u órdenes, intimidaciones y demostraciones de fuerza hasta autorizar dispararles con armas aire-aire y superficie-aire “para el derribo y/o destrucción de vectores incursores declarados hostiles”. La normativa considera un vector hostil al “medio aéreo tripulado o no que por sus características, en el marco de situación y exigencias de la misión, implica una probabilidad de daño o peligro a los intereses vitales de la Nación”. Como se advierte, algo bastante difuso que queda a criterio de los mandos militares.
II. Creo que la cuestión merece algunas reflexiones en distintos planos.
En primer lugar, algunos medios de prensa señalaron que se trataba de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y no es así. La Constitución Nacional (CN), reformada en 1994, luego de disponer que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, establece la facultad de dictar DNU cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la constitución para la sanción de las leyes, pero prohíbe expresamente que se trate de una materia penal.
Como claramente el derribo de aviones sospechosos es materia penal no resulta admisible el dictado de un DNU, y por eso se invocó el art. 99 inc. 1 de la CN que dispone que el Presidente es el jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Si no era posible disponer el derribo de aviones a través de un DNU mucho menos lo era a través de un decreto “común”, por lo que el Poder Ejecutivo ejerció facultades legislativas de las que carece.
Asimismo, se ha dicho con toda razón que una medida de ese tenor constituye una pena de muerte encubierta por las altas probabilidades de que al dispararle a un avión en vuelo, se produzca el deceso de sus ocupantes.
La reintroducción de la pena de muerte en nuestro país está prohibida por el bloque constitucional, por lo que ni el propio Congreso Nacional puede consagrar la pena capital. En efecto, Argentina suprimió el máximo castigo en 1984 y días antes ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que en 1994 adquirió jerarquía constitucional, y dispone que no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. El supremo castigo (en realidad una medida eliminatoria) se aplicaría en el caso que me ocupa, sin debido proceso, decidida y ejecutada por funcionarios que dependen del ejecutivo.
Además, por su falta de proporcionalidad, el derribo de aviones transgrede el principio de razonabilidad de los actos republicanos de gobierno, dado que un piloto que introduzca drogas prohibidas o contrabando al territorio nacional sería pasible de ser condenado a prisión pero nunca a suprimirle la vida. Asimismo, podrían morir inocentes como, por caso, si se transportaran por vía aérea personas para ser destinadas a trabajo esclavo o explotación sexual. ¿No sería más razonable detectar las pistas de aterrizaje clandestinas o seguir a los aviones hasta que se vean obligados a aterrizar por agotarse el combustible?. Por otro lado, algunos especialistas sostienen que la mayor cantidad de estupefacientes ingresa por agua y por tierra.
En 2001, un avión militar peruano, con información errónea suministrada por Estados Unidos (el mayor consumidor de drogas del mundo), atacó a un Cessna en el que viajaba una familia de misioneros norteamericanos. Como consecuencia de ello, murió la madre, Verónica Bowers y su beba de siete meses; el esposo, otro hijo pequeño y el piloto sufrieron graves heridas.
Miremos hacia los países desarrollados. Según informó recientemente el maestro Julio Maier, la ley alemana que autorizaba a derribar aviones (dirigido a terroristas), fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de ese país europeo.
III. Claro, se podrá decir que esta medida es simbólica y efectista, sólo busca el impacto mediático y se inscribe en la demagogia punitiva; que no se va a poner en práctica, que los militares no se atreverán a ordenar el derribo, que la norma será declarada inconstitucional, y cosas por el estilo. Sin embargo, resulta muy preocupante que un gobierno democrático banalice de tal forma la vida humana.
Desde luego que hay que combatir al narcotráfico, un serio problema con muchas aristas, pero no convirtiéndolo en un fenómeno bélico, ni introduciendo a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior; donde ello ocurrió se produjeron graves violaciones a los derechos humanos y se corrompió a militares. Por el contrario, es necesario, entre otras medidas, contar con confiable y capacitada inteligencia criminal, combatir la corrupción policial, alentar la colaboración internacional y cortar el flujo de las ganancias de los narcos, que ingresan al circuito económico legal a través del lavado de activos. Se debe consultar a expertos con una impronta democrática y siempre dentro del marco del bloque constitucional, que para algunos es un adorno superfluo y molesto, y no la Ley Fundamental, las reglas del juego democrático.
Creo que aprendiendo de la historia, nuestra sociedad debería aspirar a contar con mayores dosis de seguridad, sin socavar los derechos fundamentales inherentes a la dignidad de todo ser humano.
Bahía Blanca, febrero de 2016.-
(*) Juez en lo Correccional. Profesor Adjunto -por concurso- de Derecho Procesal Penal, UNS. Miembro de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires.
(Por Julio Gambina*) El gobierno anunció el incremento de tarifas de electricidad, con impacto muy destacado en la zona metropolitana. Se presenta como una medida para la igualación del precio en el ámbito nacional, para resolver el problema de rentabilidad de las empresas y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal que generan los subsidios.
Junto al aumento de tarifas comunican una tarifa social para el sector de menores ingresos, a costa del Estado, cuando debiera ser a costo de las empresas.
Es claro que ello supone una importante discusión sobre el modelo energético construido en la Argentina luego de las privatizaciones de los noventa.
No haber modificado la política energética tiene los costos actuales en materia de tarifazos.
Menor consumo y mayor inflación
La medida tiene doble impacto en la mayoría de la población.
Por un lado disminuye la capacidad de gasto hacia otros destinos, ya que habrá que cancelar las facturas actualizadas a valores siderales, del orden del 500%, o más.
Por otro lado, quienes puedan trasladar a precios ese mayor costo de la electricidad, lo harán, encareciendo los precios en un momento de aceleración inflacionaria, restringiendo aún más la capacidad de consumo de la mayoría de la población de menores ingresos.
Es un tema delicado y largamente anunciado. Fue tema de la campaña electoral y por eso no debe sorprender.
Las empresas del sector eléctrico venían reclamando la actualización tarifaria y coincidían con los gobernantes actuales en cambiar subsidios por precio a absorber directamente por los usuarios.
El programa del poder
Una vez más las reivindicaciones empresarias son resueltas por el Gobierno Macri.
Se demandó devaluación; eliminación de las restricciones para operar en el mercado de cambios (cepo); quita y/o baja de retenciones; ajuste fiscal afectando el gasto social y en personal; tarifazo; y el gobierno cumplió.
Todo lo solicitado va siendo acordado. El poder satisfecho.
Así lo hizo saber esta semana la cúpula de los empresarios más concentrados de la Argentina, de visita en la Casa Rosada, la Asociación Empresaria Argentina.
La AEA reúne a los principales dueños y ejecutivos de las más grandes empresas que actúan en el mercado local: Techint, Arcor, Fiat, Bagó, Roggio, Irsa, Aceitera Deheza, Cartellone, los Grobo, el Santander, Clarín, La Nación, entre muchos otros. Algo así como la crema de las clases dominantes.
En la próxima semana comenzaran las negociaciones con los hold-outs o “fondos buitres” para negociar “en serio” el pago de la deuda reclamada en la sentencia del Juez estadounidense.
Al mismo tiempo, podrá materializarse el préstamo colectivo por 6.000 millones de dólares de un pool de bancos transnacionales, que al tiempo que acrecienta las reservas internacionales, ofrece una señal de seguridad en el cumplimiento de las acreencias externas. Es la seguridad para el poder económico de adentro y de afuera.
El ajuste en acción
Mientras tanto continúan las cesantías en el Estado y en el sector privado, con réplicas muy importantes del movimiento de trabajadores, que marcan los límites a la ofensiva contra el empleo y el salario.
No resulta sencillo para el gobierno pasar por encima de derechos laborales conquistados.
Los estudios sobre precios y salarios circulan entre las direcciones sindicales preparándose para las negociaciones colectivas, donde la discusión docente aparece en primer lugar.
Si el gobierno pretende colocar su objetivo inflacionario del 20 a 25%, se encuentra con un INDEC que oficializa la evolución de precios según marca los institutos de la Ciudad de Buenos Aires o la Provincia de San Luis.
En ningún caso las proyecciones de demanda salarial bajan de 30 a 40%, incluso 45%, sin hablar del impacto del aumento tarifario.
Para colmo, los trabajadores de ATE del INDEC presentaron una actualización del informe de febrero del 2015 sobre ¿CUANTO DEBIERA SER NUESTRO SALARIO COMO MÍNIMO?
La propuesta es a diciembre del 2015 y señalan que “para un Hogar constituido por una pareja con dos hijos menores es de $15.677,40”.
Adicionemos a eso la inflación de enero, el tarifazo sobre electricidad y la continuidad del traslado a precios de la devaluación, con lo cual, la disputa por la distribución del ingreso augura un tiempo de conflictividad social creciente.
*Desde Asunción, Paraguay
