Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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(Por Francisco J Cantamutto) El gobierno nacional ha dado sobradas muestras de su orientación, con claridad y celeridad, que nos permiten ir más allá del traqueteo cotidiano, y ver las fuerzas sociales de clase que representa.
El primer mes y medio de gobierno de Cambiemos-PRO ha sido contundente en su claridad, ejecutando un programa sin fisuras, a una velocidad extrema que trata de sacar el máximo provecho combinado de los “primeros 100 días” y la temporada estival. Aunque por velocidad no tiene comparación en la historia nacional, sí la tienen los lineamientos de su programa, lo que permite una caracterización temprana. Y ésta nos habilita a certificar nuestro diagnóstico previo: se trata de un gobierno representante de las fracciones desplazadas dentro bloque en el poder durante el kirchnerismo. Concretamente, se trata del capital agropecuario y el extranjero financiero y de servicios. Estas fracciones prefieren una forma de dominación con menores mediaciones, más directa, y esto es lo que el gobierno del Gerente de la Nación representa.
Representación de clase
Así, hemos sostenido en este espacio, el kirchnerismo fue la representación política de una fracción del bloque en el poder, concretamente, la burguesía industrial. Esto significa que esa clase es la que orientó las líneas centrales del proceso político con sus ideas, valores y proyectos. Duhalde había sido más explícito en este sentido, al nombrar directamente como funcionarios a dirigentes industriales (De Mendiguren) o cuadros de la UIA (Lavagna), subordinando el empleo a la producción como valor social, de la mano de la doctrina social de la Iglesia Católica.
Durante el kirchnerismo, esta representación se hizo más esquiva, pero no por eso menos certera. El hecho de que la forma específica de inclusión social que el gobierno promovía fuera el empleo, y especialmente, el empleo industrial, es una pista clara en este sentido. Que simpatizantes kirchneristas defendieran la “reindustrialización” del país resulta otro indicador. Los representantes del capital industrial, o una parte de ellos, entendieron que para poder llevar adelante sus propuestas necesitaban considerar las de otros, hacer concesiones. Eso los volvió los grandes beneficiarios de las políticas públicas, desplazando dentro de ese bloque de poder a las fracciones agropecuaria y de servicios. La financiera fue relegada en un primer momento, pero las concesiones fueron creciendo en el tiempo, siendo el sector de mayores ganancias los últimos años. Ninguna de estas fracciones perdieron su posición de poder privilegiado, simplemente, fueron desplazadas de la dirección del proceso.
Esto fue lo que el agro impugnó en 2008: sus ganancias seguían siendo siderales, el malestar era no comandar el proceso. El problema fue que, en su origen, el proyecto fue excesivamente corporativo, es decir, centrado en intereses particulares (“bajar las retenciones”), lo que hacía difícil que otros se sintieran parte de ese reclamo. Hacer sus propuestas más generales, presentarlas como de la sociedad, fue el trabajo al que confluyeron los partidos políticos de oposición.
Representación en el Estado
La ciudadanía vota partidos políticos, y estos para ganar necesitan presentarse como representando a la sociedad, a pesar de que, en definitiva, como el nombre lo indica, son una parte. Casi todo el pan-radicalismo (UCR, ARI, GEN), el PJ en oposición (Peronismo Federal) y el recién aparecido PRO contribuyeron en diferentes cuotas a representar ese sector de clase en litigio, como una estrategia para desplazar al gobierno. El discurso que finalmente elaboraron para presentar la parte (fracciones del bloque en el poder) como el todo (la comunidad argentina) fue uno que combinó liberalismo y republicanismo en cuotas dispares. Las críticas a una supuesta falta de libertades bajo un Estado leviatánico provenía de la primera tradición política, y la falta de división de los poderes y ética pública (corrupción) de la segunda. Este discurso sirvió para ordenar disgustos que existían en la sociedad, incluyendo parte de las clases, bajo una dirección específica en oposición a la fuerza en el gobierno. La alianza Cambiemos fue la forma concreta con la cual enarbolaron este programa, y finalmente, ganaron la elección.
Durante el período de elecciones, todas las organizaciones del capital más concentrado se reunieron para discutir sus necesidades, y el acuerdo común más amplio fue el de “reglas claras”. ¿Qué significa esto? Que no existan dudas de cómo se va a resolver cualquier conflicto, como existían con el kirchnerismo, donde la política intervenía a menudo. Un esquema político donde los ganadores estén claros.
Una vez en el poder, Cambiemos mostró este sesgo. Combinó funcionarios que son representantes directos del capital más concentrado y extranjerizado en algunos ministerios (petroleras en Energía, automotrices en Transporte, servicios tecnológicos en Cancillería, la banca internacional en Economía) con viejos políticos en otras áreas. No son todos gerentes, pero sí los suficientes para mostrarle a los capitalistas para quién quieren gobernar. Esto les otorgó vínculos directos que permitió, por ejemplo, la rápida gestión de nueva deuda externa con la banca extranjera y el contacto veloz con las trasnacionales en el Foro de Davos.
La devaluación con aumento de tarifas, que impulsa la inflación y pulveriza los salarios, fue el mecanismo para explicar cómo se va a repartir el ingreso a partir de ahora. Las paritarias deberán esperar a febrero-marzo, con el gobierno bregando por un tope inferior a la inflación. A quien no le guste, el gobierno reprime.
Para ejecutar este programa, Cambiemos no ha tenido reparos en echar por la borda su propio discurso. El intento de nombramiento de jueces de la Corte Suprema por decreto o de subordinar el AFSCA a un ministerio –vulnerando la ley de Medios- son dos pruebas que la división de poderes solo le importaba cuando no eran los que gobernaban. Pero no sólo eso: la campaña de despidos masivos o el encarcelamiento de Milagro Sala por protestar están abiertamente teñidos de revanchismo por pensar diferente. Esto es persecución ideológica, un claro rasgo de los regímenes totalitarios. Aún no vimos dirigentes agrarios ofuscados por esto que tanto les molestaba en el gobierno anterior.
Macri no vino a representar las expectativas de algunos contra el supuesto autoritarismo de Cristina Fernández; vino a aplicar un programa de ajuste a favor de una reducida minoría. Y esa minoría quiere un gobierno de dominación abierta, sin concesiones. Lo que está consiguiendo.
(Por Laura García Vazquez) Nuestro país está sufriendo un cambio desde que gobierna Cambiemos, valga la redundancia. La intención de esta nota consiste en indagar algunos aspectos de ese cambio que no se evidencian a simple vista pero que sin embargo están funcionando en beneficio de los intereses privados y extranjeros, en desmedro de la democracia y a favor de una mayor dependencia, mediante lo que podríamos llamar una (mayor) despolitización de la sociedad.
Los efectos sólo podrán atenuarse o combatirse con participación consciente de la población. Y para esto es necesario adentrarse en los terrenos de la cultura y la información.
Los argentinos venimos de un período de 12 años donde gobernó el denominado kirchnerismo, con la presidencia de Néstor Kirchner en los primeros 4 años y las dos de Cristina Fernández de Kirchner, 8 años más. Se pueden decir muchas cosas a favor y en contra pero lo que es indiscutible es que no sólo tenían una política para gobernar sino también una manera de comunicarla, también política. Tampoco se puede negar que para bien o para mal durante este período se acercaron muchas personas a la militancia política tanto a favor como en contra del gobierno. La expresidenta muchas veces calló en momentos importantes donde, según mi visión, hizo falta su palabra, pero no puede decirse que no habló en estos años. Todos sus discursos se pudieron ver o leer y, por lo tanto, se pudo polemizar con su pensamiento y su gobierno señalando contradicciones, verdades, aciertos, errores, ocultamientos y hasta mentiras. Y todo esto pudo hacerse, claramente, dentro del ámbito de lo político.
Lo que trasmite Cambiemos es más (es decir peor) que despolitización, es vaciamiento de contenido. Todo suena a un cuento intrascendente. He criticado mucho la falta de referencias en las cifras que daba el gobierno anterior, ahora, con Cambiemos, las cifras no existen. Se produce la extraña sensación que gobiernan pero no lo están haciendo, mientras, las medidas se toman y las consecuencias se producen. Si antes había un “relato” el actual “contra-relato” se convierte en algo mágico, plagado de buenas (falsas) intenciones y alejado completamente de la realidad. Cambiemos, todos juntos, trabajemos en equipo, estemos cada día un poco mejor.
Los peligros de todo esto, más el clima represivo general incluyendo los graves hechos puntuales de represión, consisten en un (mayor) alejamiento de la población hacia lo público y lo político. Y esa es la prueba por la que pasaremos como pueblo en los próximos meses ante la certeza de que el pilar del “plan de gobierno” de Cambiemos se limita a favorecer negocios privados y extranjeros. Si veníamos divididos quienes no tenemos que estarlo, el otro peligro es que esto aumente tal división. Hay un mecanismo de diluir la realidad que consisten en exacerbar la subjetividad y los hechos personales como si fueran representativos de una realidad más amplia. Es una forma sutil de apelar al individualismo y al egoísmo disfrazándolos de “oportunidad” e incluso de (falsa) “responsabilidad”.
Mientras Cambiemos nos comunica un sinfín de encuentros entre los gobernantes y diferentes tipos de personas o entidades, nada viene acompañado de ningún anuncio político que no sea el libreto armado entre mega-metas que suenan justas y son en realidad demagógicas (como pobreza 0, que ningún país en el mundo tiene mientras ha subido notablemente el precio de los alimentos) y hechos demasiado puntuales que tampoco demuestran ni un cambio significativo, ni, mucho menos, un plan para solucionar los problemas de los argentinos.
Festival del Año Nuevo Chino, Mesa de Mirtha Legrand, Operativo Sol, Cumbre de Unión Africana de Etiopía, reunión con la DAIA, restricción del tránsito de camiones, reunión con la Mesa de Enlace, utilización de la SUBE en Jujuy, más cadetes de la policía local, nuevos vehículos para la patrulla rural, frenado automático de trenes, autovía 34 en Jujuy, generación de Energía Solar, lucha contra el narcotráfico, devolución de piezas recuperadas y restituidas por la Argentina a Ecuador, mejorar la vida de las mascotas en la ciudad (CABA), reforma electoral: un sistema más moderno y confiable, vagones o km y con aire acondicionado para la línea D, trabajo en equipo para planificar obras que van a mejorar conectividad de Neuquén, recibimos a representantes de Organismos de Derechos Humanos, reunión con Dreyfus por el Plan Belgrano buscando recuperar la red ferroviaria y pluvial, todo es enunciado sin ninguna distinción, ni jerarquización por los principales responsables de este gobierno.
Un detalle más, al día de hoy y desde el 27 de enero en el que aparece un escrito sobre el viaje a Davos, no hay ninguna palabra del presidente. De la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ninguna desde el 21 de enero.
Está claro qué temas están ausentes, la inflación (que no se está midiendo oficialmente), los despidos, aunque en contraste las últimas noticias del Ministro de Trabajo están referidas a Davos y a la obsesión del presidente de crear trabajo para los argentinos. Tampoco se habla de la suba de tarifas ni, por supuesto, de ningún plan con respecto a la energía. Tampoco del conflicto petrolero que sucede en Chubut en el que hay 5000 puestos de trabajo en peligro. También están ausentes salud, educación, vivienda, es decir, todos los derechos fundamentales para las personas.
El Ministro de Cultura tampoco anunció nada, aunque sí se supo del despido de casi 500 trabajadores de su ministerio a cargo, la última comunicación de Pablo Avelluto fue el 21 de enero, en la Fiesta Nacional del Chamamé.
Hay relatos y relatos, a lo que se suma la tremenda dificultad de leer la realidad a través de los intereses que representan los medios de comunicación, cuando la necesidad de la sociedad es información concreta. La mediatización sigue avanzando, comunicar con todos los intereses en juego debe ser muy difícil para los trabajadores y trabajadoras de la comunicación, por eso nos atrevemos a decir, que más allá de la defensa de la Ley de Medios debemos trabajar por el derecho a informar e informarnos y lo que nos asegura eso es la participación. Detrás de la mejora de la “calidad democrática” que promueve Cambiemos está la clara intención de hacer más y más representativa la democracia a través de lo institucional. Y no hay mejor democracia que la participativa ejercida de forma directa por una población involucrada y consciente.
De la “herencia” somos responsables todos los que actuamos en política, aunque en diferentes medidas, por supuesto la mayoría le cabe al gobierno kichnerista. Del presente, es principal responsable el gobierno actual por las medidas que toma y por las que no toma aunque practique el libreto del disimulo, la despolitización y el vaciamiento de sentido.
El próximo jueves 3 de marzo a las 12 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación resolverá si remueve o no al camarista Néstor Luis Montezanti por mal desempeño de sus funciones. Este miércoles culminaron los alegatos de la acusación, a cargo del presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, y de la defensa encabezada por el abogado Ignacio Irigaray.
El ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue suspendidoen septiembre por el Plenario del Consejo por sus vínculos con la Triple A y su pasado como personal civil en el Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado.
El dictamen de la Comisión de Acusación y Disciplina le reprochaba “mal desempeño en sus funciones”, “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos”, “falta de idoneidad moral y de vocación democrática” y el hecho de “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes”.
Más de treinta testigos declararon en el debate que comenzó a fines de 2015 y se reanudó tras la feria judicial. El tribunal está presidido por el magistrado Miguel Ángel Caminos, e integrado por el juez Otmar Osvaldo Paulucci, las senadoras Silvia Beatriz Elías de Pérez y Sigrid Elisabeth Kunath, lxs diputadxs Alejandro Abraham y María Soledad Carrizo y el abogado neuquino Santiago Pini.
Durante su declaración Montezanti denunció una “operación concertada” en su contra. Según publica La Nación, el ex PCI manifestó que “quedó acreditado aquí a través del legajo pedido por la acusación que mi tarea como contratado puntual del Ejército se limitó a asesoramiento jurídico en temas de derecho internacional” y que “quedó desvinculado ‘con recomendación interna del Ejército’ de no volver a ser contratado ‘en ninguna área del Estado’”.
“Según Montezanti, las acusaciones que presentó contra él el gremio judicial se particularizaron en su contra a pesar de que habían sido adoptadas por los cinco miembros de la Cámara cuando él ni siquiera la presidía. ‘Defendí a Pilato, de un sindicato de izquierda. Pero también fui abogado de gremios de derecha. Desde que entré a la Cámara, los hábeas corpus pasaron a resolverse en el día’, dijo”, sostiene la vieja “tribuna de doctrina”.
Tanto La Nación como LaNueva. de Bahía Blanca, ambas empresas con sus propietarios imputados por crímenes de lesa humanidad, fueron las páginas elegidas por Montezanti para intentar desvirtuar las acusaciones en su contra que incluso derivaron en una investigación penal en la causa Triple A que tramita el juzgado federal bahiense. El diario de los Mitre lo incluyó en su repudiada editorial “No más venganza” calificando el jury como “otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial”.
Exactamente en un mes, se sabrá si para el Jurado haber pertenecido a la inteligencia del Ejército genocida y estar vinculado a la Alianza Anticomunista Argentina, que sólo en Bahía Blanca masacró a más de cuarenta personas, son obstáculos suficientes para integrar el máximo órgano judicial local en tiempos democráticos o se suma a los vientos políticos que prometen alegremente impunidad.
(Por José Luis Ares*)
“Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue al Estado de una gran banda de bandidos?”. San Agustín.
I. En enero pasado, el Presidente de la Nación dictó un decreto declarando la emergencia en seguridad pública por un año “para revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado”.
Entre otras medidas se encuentran las siguientes: un mayor control de las fronteras, radarización, vigilancia de la frontera fluvial, convocar a personal retirado de las fuerzas de seguridad, compras y contrataciones directas.
Hasta ahí nada nuevo bajo el sol, y cabría señalar que nunca las declaraciones de emergencia han producido resultados tangibles y apreciables en la lucha contra el delito. Pero lo que generó mayor impacto y polémica es la facultad que se otorga a las Fuerzas Armadas de derribar aviones sospechosos.
En efecto, se establecen unas “reglas de protección aeroespacial” para identificar aeronaves y darles advertencias u órdenes, intimidaciones y demostraciones de fuerza hasta autorizar dispararles con armas aire-aire y superficie-aire “para el derribo y/o destrucción de vectores incursores declarados hostiles”. La normativa considera un vector hostil al “medio aéreo tripulado o no que por sus características, en el marco de situación y exigencias de la misión, implica una probabilidad de daño o peligro a los intereses vitales de la Nación”. Como se advierte, algo bastante difuso que queda a criterio de los mandos militares.
II. Creo que la cuestión merece algunas reflexiones en distintos planos.
En primer lugar, algunos medios de prensa señalaron que se trataba de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y no es así. La Constitución Nacional (CN), reformada en 1994, luego de disponer que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, establece la facultad de dictar DNU cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la constitución para la sanción de las leyes, pero prohíbe expresamente que se trate de una materia penal.
Como claramente el derribo de aviones sospechosos es materia penal no resulta admisible el dictado de un DNU, y por eso se invocó el art. 99 inc. 1 de la CN que dispone que el Presidente es el jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Si no era posible disponer el derribo de aviones a través de un DNU mucho menos lo era a través de un decreto “común”, por lo que el Poder Ejecutivo ejerció facultades legislativas de las que carece.
Asimismo, se ha dicho con toda razón que una medida de ese tenor constituye una pena de muerte encubierta por las altas probabilidades de que al dispararle a un avión en vuelo, se produzca el deceso de sus ocupantes.
La reintroducción de la pena de muerte en nuestro país está prohibida por el bloque constitucional, por lo que ni el propio Congreso Nacional puede consagrar la pena capital. En efecto, Argentina suprimió el máximo castigo en 1984 y días antes ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que en 1994 adquirió jerarquía constitucional, y dispone que no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. El supremo castigo (en realidad una medida eliminatoria) se aplicaría en el caso que me ocupa, sin debido proceso, decidida y ejecutada por funcionarios que dependen del ejecutivo.
Además, por su falta de proporcionalidad, el derribo de aviones transgrede el principio de razonabilidad de los actos republicanos de gobierno, dado que un piloto que introduzca drogas prohibidas o contrabando al territorio nacional sería pasible de ser condenado a prisión pero nunca a suprimirle la vida. Asimismo, podrían morir inocentes como, por caso, si se transportaran por vía aérea personas para ser destinadas a trabajo esclavo o explotación sexual. ¿No sería más razonable detectar las pistas de aterrizaje clandestinas o seguir a los aviones hasta que se vean obligados a aterrizar por agotarse el combustible?. Por otro lado, algunos especialistas sostienen que la mayor cantidad de estupefacientes ingresa por agua y por tierra.
En 2001, un avión militar peruano, con información errónea suministrada por Estados Unidos (el mayor consumidor de drogas del mundo), atacó a un Cessna en el que viajaba una familia de misioneros norteamericanos. Como consecuencia de ello, murió la madre, Verónica Bowers y su beba de siete meses; el esposo, otro hijo pequeño y el piloto sufrieron graves heridas.
Miremos hacia los países desarrollados. Según informó recientemente el maestro Julio Maier, la ley alemana que autorizaba a derribar aviones (dirigido a terroristas), fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de ese país europeo.
III. Claro, se podrá decir que esta medida es simbólica y efectista, sólo busca el impacto mediático y se inscribe en la demagogia punitiva; que no se va a poner en práctica, que los militares no se atreverán a ordenar el derribo, que la norma será declarada inconstitucional, y cosas por el estilo. Sin embargo, resulta muy preocupante que un gobierno democrático banalice de tal forma la vida humana.
Desde luego que hay que combatir al narcotráfico, un serio problema con muchas aristas, pero no convirtiéndolo en un fenómeno bélico, ni introduciendo a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior; donde ello ocurrió se produjeron graves violaciones a los derechos humanos y se corrompió a militares. Por el contrario, es necesario, entre otras medidas, contar con confiable y capacitada inteligencia criminal, combatir la corrupción policial, alentar la colaboración internacional y cortar el flujo de las ganancias de los narcos, que ingresan al circuito económico legal a través del lavado de activos. Se debe consultar a expertos con una impronta democrática y siempre dentro del marco del bloque constitucional, que para algunos es un adorno superfluo y molesto, y no la Ley Fundamental, las reglas del juego democrático.
Creo que aprendiendo de la historia, nuestra sociedad debería aspirar a contar con mayores dosis de seguridad, sin socavar los derechos fundamentales inherentes a la dignidad de todo ser humano.
Bahía Blanca, febrero de 2016.-
(*) Juez en lo Correccional. Profesor Adjunto -por concurso- de Derecho Procesal Penal, UNS. Miembro de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires.
(Por Julio Gambina*) El gobierno anunció el incremento de tarifas de electricidad, con impacto muy destacado en la zona metropolitana. Se presenta como una medida para la igualación del precio en el ámbito nacional, para resolver el problema de rentabilidad de las empresas y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal que generan los subsidios.
Junto al aumento de tarifas comunican una tarifa social para el sector de menores ingresos, a costa del Estado, cuando debiera ser a costo de las empresas.
Es claro que ello supone una importante discusión sobre el modelo energético construido en la Argentina luego de las privatizaciones de los noventa.
No haber modificado la política energética tiene los costos actuales en materia de tarifazos.
Menor consumo y mayor inflación
La medida tiene doble impacto en la mayoría de la población.
Por un lado disminuye la capacidad de gasto hacia otros destinos, ya que habrá que cancelar las facturas actualizadas a valores siderales, del orden del 500%, o más.
Por otro lado, quienes puedan trasladar a precios ese mayor costo de la electricidad, lo harán, encareciendo los precios en un momento de aceleración inflacionaria, restringiendo aún más la capacidad de consumo de la mayoría de la población de menores ingresos.
Es un tema delicado y largamente anunciado. Fue tema de la campaña electoral y por eso no debe sorprender.
Las empresas del sector eléctrico venían reclamando la actualización tarifaria y coincidían con los gobernantes actuales en cambiar subsidios por precio a absorber directamente por los usuarios.
El programa del poder
Una vez más las reivindicaciones empresarias son resueltas por el Gobierno Macri.
Se demandó devaluación; eliminación de las restricciones para operar en el mercado de cambios (cepo); quita y/o baja de retenciones; ajuste fiscal afectando el gasto social y en personal; tarifazo; y el gobierno cumplió.
Todo lo solicitado va siendo acordado. El poder satisfecho.
Así lo hizo saber esta semana la cúpula de los empresarios más concentrados de la Argentina, de visita en la Casa Rosada, la Asociación Empresaria Argentina.
La AEA reúne a los principales dueños y ejecutivos de las más grandes empresas que actúan en el mercado local: Techint, Arcor, Fiat, Bagó, Roggio, Irsa, Aceitera Deheza, Cartellone, los Grobo, el Santander, Clarín, La Nación, entre muchos otros. Algo así como la crema de las clases dominantes.
En la próxima semana comenzaran las negociaciones con los hold-outs o “fondos buitres” para negociar “en serio” el pago de la deuda reclamada en la sentencia del Juez estadounidense.
Al mismo tiempo, podrá materializarse el préstamo colectivo por 6.000 millones de dólares de un pool de bancos transnacionales, que al tiempo que acrecienta las reservas internacionales, ofrece una señal de seguridad en el cumplimiento de las acreencias externas. Es la seguridad para el poder económico de adentro y de afuera.
El ajuste en acción
Mientras tanto continúan las cesantías en el Estado y en el sector privado, con réplicas muy importantes del movimiento de trabajadores, que marcan los límites a la ofensiva contra el empleo y el salario.
No resulta sencillo para el gobierno pasar por encima de derechos laborales conquistados.
Los estudios sobre precios y salarios circulan entre las direcciones sindicales preparándose para las negociaciones colectivas, donde la discusión docente aparece en primer lugar.
Si el gobierno pretende colocar su objetivo inflacionario del 20 a 25%, se encuentra con un INDEC que oficializa la evolución de precios según marca los institutos de la Ciudad de Buenos Aires o la Provincia de San Luis.
En ningún caso las proyecciones de demanda salarial bajan de 30 a 40%, incluso 45%, sin hablar del impacto del aumento tarifario.
Para colmo, los trabajadores de ATE del INDEC presentaron una actualización del informe de febrero del 2015 sobre ¿CUANTO DEBIERA SER NUESTRO SALARIO COMO MÍNIMO?
La propuesta es a diciembre del 2015 y señalan que “para un Hogar constituido por una pareja con dos hijos menores es de $15.677,40”.
Adicionemos a eso la inflación de enero, el tarifazo sobre electricidad y la continuidad del traslado a precios de la devaluación, con lo cual, la disputa por la distribución del ingreso augura un tiempo de conflictividad social creciente.
*Desde Asunción, Paraguay
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la Nación retoma esta semana el proceso de remoción contra el suspendido camarista bahiense Néstor Luis Montezanti. Entre lunes y martes declarará el imputado y las partes desarrollarán sus alegatos. Organismos de derechos humanos convocaron a participar de la audiencia desde las 12 en el tercer piso de Libertad 731 de Capital Federal.
El juez está acusado por “mal desempeño en sus funciones” por “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” y “falta de idoneidad moral y de vocación democrática” por su pasado como Personal Civil de Inteligencia del terrorismo de Estado y sus vínculos con integrantes de la Triple A. Además, se le endilga “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes”.
En diciembre el tribunal escuchó una treintena de testimonios de militantes políticos, gremiales, ex estudiantes y trabajadorxs judiciales. El último de ellxs, del recientemente fallecido ex fiscal de Bahía Blanca, Hugo Omar Cañón, cuyo aporte aquí se reseña.
Cañón se presentó en el edificio del Consejo de la Magistratura dos días antes de la navidad de 2015 y recordó que conoció a Montezanti en el Colegio Don Bosco. “En aquella época ya se destacaba por un perfil muy particular que le dio cierto prestigio o fama respecto a su forma de pensar o de actuar”, aseguró sobre el entonces militante de la “elitista” Guardia Restauradora Nacionalista.
Luego repasó el contexto político de los primeros 70 con Víctor Benamo como interventor de la Universidad del Sur, el desembarco de la Misión Ivanissevich encabezada por Remus Tetu y su “aparato de persecución ideológica”, el asesinato de David “Watu” Cilleruelo y el accionar de Rodolfo Ponce.
“Era vecino en Villa Rosas, mi papá me decía que era un hombre de temer, un hombre peligroso. (…) Luego fue cabeza de la Fiambrera, un vehículo que secuestraba personas para instalar el terror, inclusive hay anécdotas de colgar cuerpos en un puente como visibilización de ese terror”, afirmó.
Al referirse a la vinculación de Montezanti con miembros de la Triple A local, Cañón mencionó causas en las que el jefe de la patota Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablofueron defendidos por el juez en una causa por “tenencia de armas” en la cual los represores fueron sobreseídos.
Un civil a la altura de un teniente coronel
El ex fiscal manifestó que el imputado “fue ponderado por Vilas al igual que el periodista José Román Cachero”. Adel Edgardo Vilas fue segundo comandante del V Cuerpo de Ejército y comandante de la Subzona 51. “Tenía una plana mayor pequeña entre la que estaba el Destacamento de Inteligencia que fue el eje central operacional desde el cual se fijaba los blancos para hacer los operativos de secuestro”.
Aquel destacamento fue dirigido, entre otros, por José Osvaldo “Balita” Riveiro, “aval moral” de Montezanti para su ingreso a la plantilla del personal civil de inteligencia genocida. “El dr. Néstor Montezanti era un PCI de estructura de inteligencia con el rango A1 que, según la Ley de Inteligencia vigente entonces, era oficial superior y equivalente a teniente coronel del Ejército, por lo tanto el rango y el sueldo equivalente al de teniente coronel en esa estructura que funcionó durante décadas pero operacionalmente en el plan de exterminio de la dictadura militar desde el 76 en adelante”.
Contrariamente a lo sostenido por la defensa del juez respecto a la inexistencia de persecución política en la ciudad a principios de los 80, el ex fiscal explicó que “en Bahía Blanca la comunidad informativa siguió funcionando con especial ahínco, hay familiares, hay víctimas que eran ‘visitadas’ por militares, controladas y monitoreadas después de recuperada formalmente la democracia en diciembre del 83”.
“La comunidad informativa se ocupa de seleccionar y tomar información, clasificarla, porque al principio venía información -el mismo Vilas lo dice- que entraba en el ámbito de lo personal, alguien que la mujer lo engañaba hacía una denuncia para jorobar a la mujer o a su amante. Pero el perfil del ‘peligroso’, universitarios, estudiante o profesor, estaba definido por expertos”, detalló al acusador Miguel Piedecasas.
Agregó que “había canales de recolección de información muy variados”, por ejemplo, “un empleado bancario normal y oficial con el trabajo paralelo de informante que en el diálogo con el cliente iba sacando información -si viajó o no, qué depositaba, con quién estaba- y pasaba un parte que luego era procesado en esta comunidad informativa. Esta era la usina imprescindible para fijar los trazos de aquellos que Vilas nos mostró en un diagrama, de cómo armar el rompecabezas”.
Excusas
Granada en una audiencia del juicio V Cuerpo de Ejército.
Cañón comentó el caso del genocida Jorge Granada, condenado a prisión perpetua en 2012, para cuestionar argumentaciones defensivas del camarista suspendido. El presidente Alfonsín declaró el estado de sitio en 1985 y encarceló al represor en el marco de una serie de falsas amenazas de bombas a escuelas que generaron “una inestabilidad democrática muy fuerte y angustia y zozobra en la sociedad”.
Levantado el estado de sitio, el teniente coronel Granada fue liberado por falta de pruebas judiciales en su contra. “Granada argumentaba que su rol era dar permisos de casamiento, dedicarse a las autorizaciones cuando se trasladaba un personal militar de una ciudad a otra, que la familia se llevara los muebles de una vivienda a otra. Algo similar a la argumentación del dr. Montezanti respecto a su actividad” como PCI.
Lo mismo sucedió cuando en 1987 fueron detenidos los generales Vilas y Sexton: decían que no tenían nada que ver, que administraban traslados y autorizaciones, o desarrollaban hipótesis de conflicto con Chile o la defensa de Malvinas. “Siempre la excusa fue escudarse en argumentaciones que tienen que ver con lo específicamente militar u operaciones de ayuda comunitaria pero nunca con lo que tenía que ver con ese plan clandestino, oculto, criminal y, por ende, muy difícil de asumir. Este doble discurso se repitió en todos los militares que, por supuesto, pudimos probarlo por otras vías y no por sus declaraciones”.
“No hay casualidades, hay roles”
Madueño y Sierra
Consultado sobre el abogado y docente jubilado de la UNS Hugo Mario Sierra, Cañón destacó la dinámica de la historia que hace que “hoy podemos estar con alguien que creemos que comulgamos en las mismas ideas o posiciones políticas o ideológicas o la defensa del sistema democrático y después uno va descubriendo que las cosas no son así”.
Describió las reuniones que mantenía en la Procuración tras su asunción como fiscal, con funcionarios políticos, judiciales y militares. Entre ellos estaba su colega mendocino Otilio Romano, “un señor que todo hacía parecer que era una persona incorporada al sistema democrático con naturalidad. Romano, se descubrió que era un partícipe del plan de exterminio, se profugó a Chile, pudo ser extraditado, está siendo juzgado, está preso”.
El testigo tenía una muy buena imagen sobre Sierra. Tenía un artículo sobre la “autoría mediata muy interesante”, habían compartido durante la dictadura cursos que dictaba Raúl Zaffaroni en el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, era “alguien que estaba muy cercano”.
“Cuando comienzo las investigaciones veo quién era el dr. Sierra y que participó como secretario de (el juez genocida Guillermo) Madueño. Yo ahora me lo cruzo en la Plaza Rivadavia cuando saca a pasear el perrito y me esquiva para no saludarme, es muy duro todo esto, uno descubre quién está atrás del personaje que uno creyó que era y que no es. Él participó en La Escuelita, en el centro clandestino de detención, asistía con Madueño cuando había prisioneros, legitimó y hasta con risas burlonas los interrogatorios ilegales, estuvo con la Policía Federal” en la ‘limpieza ideológica’ en la UNS.
“Había toda una combinación de personajes que operaron en ese período y Sierra fue defensor del dr. Montezanti en ese juicio que se hizo en el Juzgado Correccional del dr. Ares. No hay casualidades, como Montezanti fue defensor de los Argibay o lo acompañó a Remus Tetu y eso está en la Prefectura, hay un informe que dice que Montezanti lo acompañó a Remus Tetu al Juzgado Federal como abogado. No hay casualidades, hay roles”.
Una Cámara de terror
Cañón reseñó al tribunal una breve historia del desprestigio de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Arrancó por su cara opuesta, la de los jueces “Cafasso, Cotter y Larraza”, una Cámara “de excelencia” que impulsó la presentación del fiscal sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida.
Luego se amplió de tres a cinco el número de integrantes para afrontar los Juicios por la Verdad pero los cargos no se cubrieron hasta que la Alzada “comenzó a ser mal vista”. Así llegó Augusto Fernández, “camarista civil en la provincia de Santa Cruz vinculado a Duhalde” quien inició “el desembarco para cambiar la matriz de esa Cámara”.
Cuando Duhalde se ubicó en la presidencia, Montezanti juró en el coqueto palacio de Mitre 60. “Asumió una actitud en base a su concepción del orden, de la autoridad, de la jerarquía, su posición corporativa y vertical, comenzaron los conflictos”.
“Se nos empezó a prohibir circulación en la Cámara, el uso de la cocina, la biblioteca, usar un libro especial (…) inclusive para entregar un escrito teníamos que esperar a que autorizaran su ingreso, algo insólito. (…) Es la actitud patoteril puesta en significación, lo dice expresamente, si no hay orden no hay jerarquía, se subvierten los valores, esto no puede ser”, declaró.
Cañón subrayó que “había terror en la Cámara, los empleados no se animaban a venir a la fiesta de despedida de Cotter, a la mía, mandaban saludos por interpósitas personas porque había miedo. Miedo a que se enterara, había vasos comunicantes, todo se sabía”. Varias empleadas no aguantaron el estrés generado por el acoso laboral y “ni hablemos del caso de los delegados gremiales, era intolerable para la concepción de Montezanti que alguien dentro de la Cámara Federal defendiera derechos”.
Más allá del jury promovido por el Consejo de la Magistratura, Montezanti está penalmente imputado con prohibición de salir del país en la causa que investiga una veintena de homicidios cometidos por la Triple A en Bahía Blanca. Los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia le atribuyen haber sido miembro de la banda paraestatal -conjuntamente con miembros de la CGT local e integrantes de las fuerzas de seguridad- de activa participación en la represión ilegal, particularmente la que se centró sobre el ámbito universitario y gremial durante la etapa previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y de haber sido cómplice del plan criminal desplegado posteriormente durante la última dictadura.
(Por Laura Garcìa Vazquez) América Latina tiene un pasado, un presente y un destino común. Y constituye la región más desigual del planeta, no la más pobre sino la más desigual, término que nos lleva irremediablemente a decir la más injusta. Al colonialismo le ha seguido el neocolonialismo, ejercido desde una amplia variedad de tipos de gobiernos pero que siempre privilegió los intereses privados y extranjeros. Por eso para una redistribución de la riqueza es necesario lograr Soberanía plena sobre nuestros recursos, o, si se prefiere, bienes comunes. El nacimiento de la CELAC, de la mano de Hugo Chávez y su empecinada vocación emancipadora y latinoamericanista se ha producido en el ciclo, sobre todo en el aspecto económico, denominado “progresista” donde se desarrollaron cambios trascendentales para la región. El fin o no de ese ciclo está puesto en debate, así como la imperiosa necesidad de comprender las causas de su discutida finalización, más allá del escenario actual internacional tan desfavorable cuyo principal rasgo económico es la baja de los precios de los productos primarios, comúnmente llamados commodities.
Sin duda una de las causas es no haber revertido un modelo atado a la exportación agro-minera, ya que, no hace falta ser experto para visualizar ahí mismo el gran obstáculo a vencer: la dependencia. Mucho más hoy, en pleno siglo XXI, con el comportamiento desterritorializado de las empresas transnacionales. Seguramente, una integración estratégica y soberana, no sólo es deseable sino necesaria a fin de poder desarrollar naciones y comunidades donde los derechos humanos integrales sean realmente para todos y todas. Y esto, necesariamente implica un desarrollo autónomo, de nuestros países, que incluya nuestras mejores tradiciones partiendo de los pueblos originarios.
Creemos que este organismo, la CELAC, es fundamental, es decir, desde su concepción va en el sentido de recomponer el destino común que tenemos los latinoamericanos ya que es el organismo que nos permite a nosotros, los latinoamericanos, reunirnos todos y sin tutelas y esto es, de por sí, importante a la hora de pensarnos independientes , integrados y soberanos. Pero lo más importante, es decir, la razón primaria sigue siendo la que resumió el presidente Evo Morales: “Para qué creamos la CELAC?” Pregunta el presidente Evo Morales de Bolivia en la Cumbre CELAC: “Para liberarnos de la dominación imperial”. Una vez más y en este año en que los argentinos cumpliremos 200 años de la Declaración de la Independencia, es necesario decir que sin emancipación, soberanía, liberación o autonomía plena no hay posibilidad de cumplir con todos los derechos humanos que necesitan nuestros pueblos. Por eso no es redundante sino imprescindible seguirlo señalando.
Han pasado muchas cosas desde la creación de la CELAC en el año 2011 hasta esta IV Cumbre que se acaba de realizar en Quito, en el imponente edificio de la UNASUR , y podría pensarse, desde una mirada emancipadora, que han sucedido cosas muy malas, algunos dicen “retroceso”, otros “fin del ciclo progresista”, cuando en realidad, frente a la “oportunidad” pasada del ciclo de “crecimiento económico” tiene que existir una autocrítica que abarque a todos los que aspiramos a la liberación nacional y social de nuestros países y a la integración autónoma de América Latina, pero también a proponer un modelo productivo donde el eje sean las comunidades y su ambiente frente a los desafíos que esta compleja e injusta realidad mundial nos presenta.
Recordando, la creación de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se creó en México en febrero de 2010 y se constituyó en Caracas, Venezuela en diciembre de 2011. Tuvo cuatro Cumbres, en Chile en 2013, en Cuba en 2014, en Costa Rica en 2016 y, recientemente, en Ecuador, quedando la presidencia, ahora, en manos de la República Dominicana. Dentro de las diferentes visiones que los gobiernos tienen y manifiestan elegimos la del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien en su significativa intervención se distinguió sin duda por varios motivos, pero en mi entender el primero es la franqueza que debe ganarle a la diplomacia y a la hipocresía que rodea este tipo de eventos. Los microclimas no son saludables y por supuesto, alejan de la realidad.
En primer lugar Evo se refiere al origen y el objetivo de la creación de la CELAC y que es liberarse de toda dominación sabiendo que los países actúan a través de las empresas transnacionales. Es por eso que, sostiene, gobierne la izquierda o la derecha, en nuestros países no deben gobernar ni banqueros ni empresarios que respondan a esos intereses. Soberanía real significa que los pueblos sean dueños de sus recursos naturales, por lo tanto todo bien estratégico debe ser nacional y estatal. Valorando especialmente la paz interna de cada país, pero teniendo en cuenta que esta paz se sostiene realmente con justicia social, igualdad y soberanía democrática. Y para todo esto debe redistribuirse la riqueza. También habló de los servicios básicos como derechos humanos: la telefonía, el agua y la energía y de cómo en Bolivia siguen bajando las tarifas de esos servicios gracias a que es el Estado el que los maneja priorizando su aspecto de justicia social. Con otro discurso diferente, sustancialmente diferente y leído, se desarrollaron las palabras de nuestra vicepresidenta Gabriela Michetti, ( señalo esto por lo que implica ceñirse a lo escrito, es decir, no salirse del libreto, no por dudar de su capacidad de hablar sin papeles ) enumerando, una vez más los objetivos del gobierno de Cambiemos en nuestro país: pobreza 0, derrotar al narcotráfico y fortalecer la calidad democrática. Palabras claves deslizó la vicepresidenta en su lectura: oportunidades es una, diversidad es otra, competitivas, otra más. Nada del tronco común latinoamericano, siempre pegándose a la ONU, a la OEA, es decir organismos que “vienen” sosteniendo el orden mundial injusto y la dominación de unos sobre otros. Pero también, siempre en el marco de la ONU, habló del “desarrollo sostenible”, del cambio climático y de las energías “limpias”. Mientras, en nuestro país, siguen los despidos y suben las tarifas de los servicios. Demasiados contrastes entre metas y medidas.
El desafío sigue siendo que la integración se concrete en emancipación económica, ahora, en un contexto más adverso.
Ratificamos la importancia de esta organización que responde a una hermosa palabra que es: comunidad. Trabajando en el sentido emancipatorio y en la defensa del sentido de las palabras, decimos que las poblaciones también podemos trabajar por la integración y la unidad latinoamericana más allá de nuestros gobiernos y es justamente nuestra participación protagónica la que definirá cómo sigue la historia. Tenemos mucho camino por delante, teniendo presente una cuestión fundamental: vayamos por derechos para todos, no por oportunidades.
La Secretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad de Bahía Blanca informa que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó ayer a la empresa Transportadora de Gas del Sur S.A. por emisión de humos negros.
La empresa informo que debido a una falla en la generación de energía eléctrica se produjo la parada de la planta localizada en General Daniel Cerri. Como consecuencia de esto se produjo una emisión una emisión de humos negros desde la antorcha de la planta.
La emisión fue constatada y calificada por un inspector del CTE. La calificación fue de grado 5 (100 % de la escala de opacidad) según la Escala de Ringelmann y superior a un minuto, tiempo máximo permitido por la legislación para dicha opacidad. Se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al artículo 2° de la Ley 5965, Articulo 10 Decreto Reglamentario 3395/96, conforme Anexo V, Escala de Ringelmann.
El acta de infracción será enviada junto a un informe de lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).
Foto: Sebastián Gutiérrez
Fuente: Bahía Blanca
La Coalición por una Comunicación Democrática lanzó la iniciativa “campaña de firmas en apoyo al reclamo” de derogación de los decretos 13/2015, 236/2015 Y 267/2015. La multisectorial expresó que “los mismos constituyen un abuso de poder contra la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación, y los principios de gestión plural con representación federal, parlamentaria y sectorial de la Autoridad de Aplicación”.
Asimismo, el documento que se publicó en el sitio desde el cual organizaciones o particulares pueden adherir al reclamo, califica de “normas de facto del actual gobierno” a los decretos y sostiene que “constituyen, por lo tanto, un ataque a la democracia y a sus instituciones”.
De esta forma, “si la libertad de expresión está en peligro, todas las libertades lo están”, finaliza el comunicado.
Nuevos 21 puntos
A su vez, la Coalición realizará un congreso a nivel país en Buenos Aires el 3 de marzo. La convocatoria se amplía hacia organizaciones políticas, sociales, sindicales, de comunicación cooperativa, comunitarias, pueblos originarios, universitarias y de pequeñas y medianas empresas de arraigo local.
Se debatirán 21 nuevos puntos por la comunicación democrática, que retoman y ratifican los que impulsaron inicialmente la Ley de Servicios Audiovisuales. Sin embargo, en esta oportunidad se intentarán incorporar nuevos elementos basados en aspectos técnicos así como las demandas sociales que se desprenden del balance de la aplicación de la Ley.
Con el objeto de que los debates tengan desarrollo territorial, se promoverán instancias locales y regionales sobre los nuevos 21 puntos, entre el 21 y el 27 de febrero, en todos los lugares del país que tomen el tema.
(Por Alfredo Grande) En diciembre 2013 escribí en Pelota de Trapo: “Te acuso Felicidad de mancillar la alegría y corromper la tristeza. Te acuso de cultivar la indiferencia, la apatía, el conformismo y la mediocridad. Te acuso especialmente de fomentar la voluntad de adorar y de idealizar y de arrasar la capacidad de amar y de sostener ideales.
“Quiero un nuevo año donde tenga su lugar la alegría, la tristeza, el dolor, la inteligencia, la indignación, la bronca, la justicia, el amor que pone lo que falta y el odio que saca lo que sobra. Aleja de mí el cáliz de la felicidad porque para obtenerlo es necesario anestesiarse ante el horror social. Los que luchan por sus ideas y los que ponen ideas a sus luchas sabrán entenderme. Por un nuevo año…y por un nuevo mundo en nuevos años”.
La felicidad es otra captura de la cultura represora que nos ofrece diversas maneras de comprarla, alquilarla, robarla, estafarla, licenciarla, alucinarla. Confunde y siempre deliberadamente, estar contento, ser alegre y ser feliz. Muchas veces estoy contento, algunas alegre, pero nunca feliz. Porque la matriz de la felicidad es colectiva o no es felicidad.
El mandato de ser feliz es poco feliz. Cualquier escrito en el libro de quejas de la vida recibe un comentario al estilo: “¿y vos te quejás porque no conseguís trabajo? ¿Qué tengo que decir yo que me echan de todos lados?”. En la cultura represora, siempre encuentra el que teje otro que teje peor. La góndola de las desgracias está repleta de primeras, segundas y terceras marcas. La góndola de las alegrías está vacía para conjurar ataques de envidia.
El “todo bien” deviene en su automatismo mental y vincular una negación absoluta del “¿o querés que te cuente?”. Como en las propagandas de cualquier producto, los rostros sonrientes, con almidón en los dientes, cuerpos en movimientos pendulares que a ninguna parte llevan, como hámster que se baja de la rueda y dice “que lindo paseo”, la felicidad tiene cara de consumo. Y esta mecánica de nuestros días felices, de las maravillas que lo posibilitaron, de los dioses y diosas que los tutelaron, toda esas ondas beatíficas de amor, paz, felicidad, bienestar, amor, amor, amor, son las máscaras perversas de los rostros del dolor, de la crueldad y de la desesperación.
“En la cultura represora,
se deploran los efectos,
pero se encubren las causas.”
(Aforismo Implicado A.G.)
Nos dicen que los días más felices para el pueblo fueron los días peronistas. No cuestiono. Sólo interrogo: ¿nadie pudo cuidar esa felicidad para que la “revolución” libertadora, la dictadura genocida, o la derecha liberal no terminaran castigando y sepultando tanta felicidad derramada? Porque si de ser felices se trata, más se trata de cuidarnos de los terrores y horrores de las clases dirigentes.
El precio de la felicidad en la cultura represora es el olvido. Ese precio no lo pago ni en cuotas ni al contado. Y poco tributo es aceptar no ser feliz cuando tantas otras y tantos otros buscando la felicidad para el pueblo encontraron la tortura, el desgarro, la muerte, o esa forma cruel del olvido que algunos llaman desaparición forzada de personas.
Forzamiento que alcanza a los valores, la cultura, la historia, los deseos, las esperanzas. Soluciones finales que se han puesto en práctica con embalaje democrático o tiránico o ambos operando en forma simultánea. Y agravado por el vínculo que no es otro que el origen constitucional de muchos desaparecedores.
Se busca la generación del enamoramiento por la razón o por la fuerza, como dice el escudo de Chile. Por la razón democrática, de Estado y su interminable e insoportable publicidad de los maravillosos actos de gobierno. Siempre con prensa monopólica, oligopólica, oligofrénica, privada y estatal. Aunque en realidad siempre estatal; lo que algunos llaman pauta publicitaria.
Fascinarse es el primer paso y a veces el único paso hacia la alienación. Los índices de fascinación se denominan “índices de aceptación”. Alfonsín fascinó, Menem fascinó, De la Rúa aburrió y Néstor y Cristina re fascinaron. Incluso a opositores, lo que es mucho. La fascinación alguna vez fue llamada “culto a la personalidad”. Criticada por la izquierda como un reduccionismo de cualquier política de masas, y fomentado por las derechas que siempre buscan y siempre encuentran al mesías salvador.
Amamos a Jesús pero en realidad nos fascina Barrabás. El mesías devastador se presenta como caudillo, líder natural, el mejor de los mejores, que grande sos cuanto valés, no te mueras nunca, nestornauta, jefa del movimiento nacional y popular, padre de la democracia. Tantas marcas para sostener el mito fundante de nuestra patria: la cruz y la espada. Con su versión mejorada: la cruz y la picana.
Freud nos enseñó que “no se enamoró porque es maravilloso sino que lo ve maravilloso porque se enamoró”. Los gerentes de la cultura represora lo tienen demasiado claro y es simple: no se trata de ser maravilloso, de lo único que se trata es de enamorar. Por eso el odio es tabú. Pero no es tabú para la derecha, sea liberal o fascista. Los oprimidos, los reprimidos, los pobres, los vengadores de tantas patagonias trágicas tienen prohibido odiar. Y están condenados a amar incluso, y muy especialmente, a los enemigos.
“Robar un banco y fundar un banco
son delitos, enseñó Brecht.
Ser cliente de un banco
es un delito de lesa imbecilidad”
(Aforismo Implicado A.G.)
La culpa del victimario se diluye en la culpa de la víctima, dice un aforismo implicado. Y agrego: también se diluyen en el amor de la víctima por su victimario. Amar es votar un poco. Pero es el amor idealizado, sin fisuras, sin desgarro. El amor idealizado es el enamoramiento, cuna de todos los sometimientos. Amor idealizado que es la fascinación. Lo que nos convierte en fascistas de los afectos. “Es un sentimiento no puedo parar” canta la hinchada enardecida. Y otras hinchadas enardecidas tampoco pueden parar por sentimientos opuestos. Dos que no paran chocan. Algunos llaman a esto violencia en el fútbol.
El fascismo de los afectos quizá sea la matriz de todo tipo de fascismos. Entonces una vez más Rosa Luxemburgo tendrá razón: “socialismo o barbarie”. Y agrego: la barbarie de la fascinación.
Al momento de su detención, durante un operativo policial, el dirigente se encontraba movilizando junto a sus compañerxs frente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO). Estaban reclamando por la reincorporación de 12 trabajadorxs tercerizadxs de la empresa de limpieza Litoral Cleaning, que fueron despedidos en diciembre.
El dirigente Rodolfo Aguiar se encuentra alojado e incomunicado en la Comisaría 31 de Roca, mientras trabajadorxs de ATE y la CTA reclaman su liberación en las puertas de esa institución policial ante la presencia de más de 70 efectivos que rodean la comisaría.
En tanto, dos militantes de la CTA también fueron privados de su libertad y reprimidos, “por el sólo hecho de querer conocer los motivos de la detención de Aguiar”. Todos ellos se encuentran incomunicados y esposados en una oficina.
Desde la CTA Autónoma exigen “la liberación de los detenidos y el cese de la criminalización de la protesta social. Asimismo nos solidarizamos con los trabajadores en lucha por su inmediata reincorporación”.
Repudio absoluto de ATE Río Negro a la detención del Secretario General de los trabajadores
“ATE repudia y denuncia la injustificada y violenta detención del Secretario General de ATE y CTA-A, Rodolfo Aguiar, en un ejemplo más del avasallamiento hacia la libertad de la protesta y el reclamo”.
Según informó la organización, “alrededor de las 11.30 horas, y en un claro hecho perpetrado entre el responsable de la empresa Litoral Cleaning SRL, Santiago Fernández, y la policía, el máximo representante de ATE fue detenido y esposado de manera violenta por efectivos policiales de la Comisaria 31, sita en Paraná y Panamá. Dos trabajadores, militantes ambos de la CTA, también fueron privados de su libertad y reprimidos, por el solo hecho de querer conocer los motivos de la detención de Aguiar. Todos ellos se encuentran incomunicados y esposados en una oficina”.
“Repudiamos desde ATE este claro ejemplo de adoctrinamiento que pretenden, tanto las fuerza policiales como políticas, estamos recordando viejas épocas nefastas y oscuras de nuestro país, hoy más que nunca saldremos con firmeza y convicción a defender lo que por derecho nos corresponde aseguró Aldo Capretti, Secretario Adjunto de ATE y CTA Río Negro. Exigimos la inmediata liberación de nuestro Secretario General y no nos pararán hasta conseguirla”, sentenció Capretti.
Fuente: Acta
(Por Julio Gambina) Macri busca normalizar las relaciones políticas y económicas de la Argentina con el poder económico mundial y por eso concurrió al Foro Económico Mundial en Davos, con señales hacia los principales protagonistas del sistema capitalista: el gobierno de EEUU, el inglés, el FMI y ejecutivos de las transnacionales ávidas de negocios con segura rentabilidad. La movida argentina fue presentada como sistémica con la compañía de buena parte del Poder Ejecutivo y Sergio Massa como líder de la oposición peronista. Oficialismo y oposición juntos para una opción de política de Estado amigable con la liberalización.
Llevaba Macri en su haber el cumplimiento de la demanda de la cúpula concentrada de las empresas que actúan en el país: la devaluación de la moneda, la eliminación y reducción de las retenciones y una mayor liberalización de la economía, acompañada de una brutal modificación regresiva de los precios relativos contra los ingresos populares y favorables a las ganancias. La inflación que miden las provincias de San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, referentes del INDEC ante la ausencia de indicadores propios, señalan una variación promedio del 6% para diciembre pasado y similar para enero 2016, consolidando la transferencia de ingresos de los de abajo a los sectores más concentrados en disposición de aumentar precios.
Además, se hace propaganda del compromiso de terminar con la cesación de pagos declarada en 2001, por lo que se propone arreglar con los holdouts, los “fondos buitres” que tienen sentencia de cobro por parte de la justicia estadounidense. En ese marco se habilitó al FMI que vuelva a auditar las cuentas de la Argentina según establece el estatuto del Fondo, t así, las restricciones externas para préstamos al país empezaron a flexibilizarse con el rumbo económico del gobierno Macri, aunque las divisas no terminan de ingresar.
De hecho, la colocación del Bonar 2020 en estos días y el canje de Bonos con vencimiento en 2017 tuvieron escaso impacto y pone en evidencia, que no alcanza con buena voluntad y profesión de fe por la iniciativa privada para que se concreten operaciones de ingresos de dólares a la Argentina, ya que la situación de la economía mundial no acompaña las expectativas de los empresarios gobernantes del país.
Lo concreto logrado es el ajuste interno
El FMI corrigió a la baja las estimaciones de evolución de la economía mundial, que en la coyuntura no solo incluye a los países capitalistas desarrollados como hasta hace poco, sino también a los llamados emergentes, especialmente a Brasil en franca caída y a China con desaceleración confirmada con un crecimiento del 6,9% para el 2015, menos de lo esperado y claro, mucho más que el pobre promedio de la economía mundial. Para la Argentina, la previsión es recesiva, con caída de su capacidad de producción.
El dato real es que los capitales globales, salvo ofertas excepcionales de rápida rentabilidad, prefieren la seguridad de los mercados tradicionales, especialmente EEUU con sus expectativas de subas de la tasa de interés, y por eso hay disputas inter-capitalistas que se manifiestan como “guerra de monedas” en un ciclo donde la mayor valorización de la moneda estadounidense induce la baja de los precios de las commodities, entre ellos el petróleo, el gas y de interés para la Argentina, los alimentos y muy especialmente la soja. Parte de ese fenómeno se manifiesta como crisis de las bolsas en todo el mundo, y la de la Argentina es una de las más perjudicadas en este comienzo del 2016.
La realidad es que la disputa por el ingreso y la riqueza se concentra en la redistribución regresiva hacia el interior de la Argentina. Por eso se cuentan por miles los desempleados del Estado y el sector privado, la cara visible del ajuste prometido y ejecutado. Se aprovecha el consenso electoral en el primer tramo de ejercicio de un gobierno que funciona a base de Decretos e iniciativa política e ideológica mediática para construir aceptación social más allá de lo obtenido en las urnas. Es curioso, pero el autoritarismo está asociado a la búsqueda de mayor consenso. Se presenta como señal de autoridad, de eficacia de gestión. Se trata de lógica política de empresarios por la eficiencia en la gestión.
El capitalismo mundial en crisis necesita de más liberalización de la economía y el gobierno Macri es funcional a ese programa. Los capitales transnacionales aguardan conocer cómo se procesa el conflicto social, con represiones diversas y confrontaciones en un tiempo de receso por vacaciones, con negociaciones paritarias que empiezan a intervenir en el debate económico y político, caso de los docentes, los bancarios o los petroleros. Todo agudizado con la incertidumbre derivada de la ausencia de cifras oficiales que midan la evolución de precios y salarios.
Los propósitos del Foro Económico Mundial
Davos reúne al poder económico mundial desde hace 45 años, cuando se convocó al primer Foro Económico Mundial en 1971, con la crisis capitalista de entonces asociada a la disminución de las ganancias gestada desde la mayor acumulación de poder popular en la historia.
Entonces parecía imparable el socialismo en el mundo, con EEUU enterrado en el fango de Viet Nam, que irremediablemente perdería poco tiempo después. En ese marco, el poder sindical había arrebatado históricas conquistas al poder concentrado. El Sur del mundo ejercía su capacidad de demanda asociada al sistema socialista para discutir un Nuevo Orden Económico Mundial, como Carta de los Deberes y Derechos de los Países en debate de la ONU en 1974, solo con 12 votos en contra.
A comienzos de los años 70´, el imperativo era frenar la acumulación de poder popular y se desató una gigantesca ofensiva del capital sobre el trabajo. Una ofensiva de contrapoder para restaurar la capacidad de mando y dominación del capital en la civilización contemporánea. Davos renueva en esta versión del 2016 sus propósitos, aunque sobre el mar de una crisis capitalista que empezó a visibilizarse desde el 2007/8.
La esperanza por una alternativa se procesó con el cambio político en Nuestramérica, justamente en el momento de eclosión de la nueva crisis mundial en 2007. Macri en Davos llevó tranquilidad al poder económico por su disposición a retomar el programa de máxima del gran capital e intervenir en la región para orientar su rumbo hacia la liberalización. Su política internacional inducirá las ansias liberalizadoras de corrientes afines en los gobiernos de Uruguay y Paraguay para contrarrestar el peso de Venezuela o Bolivia en el Mercosur, con un Brasil abocado a resolver su propia crisis interna y lejos de toda pretensión hegemónica regional.
Lo alternativo como asignatura pendiente
Por eso, la pregunta que se impone, para la Argentina y la región es relativa a los límites del proyecto de cambio político, especialmente en las modificaciones estructurales de orden económico. No haber avanzado en ese camino generó las condiciones de retorno al proyecto hegemónico de las transnacionales, los organismos internacionales y los países más desarrollados del capitalismo y el imperialismo.
El proyecto alternativo sigue siendo la asignatura pendiente. Es necesario instalar esa conclusión en la sociedad, ya que no alcanza con propugnar un sentido común de retorno a procesos que mostraron sus límites e incapacidades para transformar profundamente la realidad. La foto del balotaje con dos opciones constituye un problema para construir ese proyecto alternativo. La opción binaria del balotaje no sirvió para identificar rumbo alternativo al orden capitalista y su cristalización en el debate político cotidiano es un límite a superar.
La iniciativa política del gobierno Macri unifica acciones y movilizaciones para la defensa de reivindicaciones económicas y sociales. El problema es que no se requiere solo la unidad de acción, incluso de unidades orgánicas, tal como se sugiere con las CGT o las CTA. La cuestión de fondo es sobre la hegemonía de ese accionar en unidad, si para retomar procesos que demuestran sus límites para avanzar en proyectos de emancipación social, o si se define una propuesta con suficiente densidad social y política para desafiar al orden de Davos.
Susana Matzkin falleció ayer en la ciudad de La Plata donde se encontraba internada. Militante por los derechos humanos, fue querellante en las causas por crímenes de lesa humanidad y fundadora de Ausencias Presencias, de la Comisión de Apoyo a los Juicios y de Familiares/Amigos de Víctimas del terrorismo de Estado de la década del ‘70 de Bahía Blanca y la Región. Con asistencia casi perfecta siguió atentamente las audiencias para anotar en su libreta el dato que le permita develar cada detalle sobre los secuestros de sus hermanxs.
“Compañeros militantes de derechos humanos. Hoy es un día muy triste. Nos ha dejado la colorada Susan Matzkin. Nos queda su trabajo sin descanso y su aporte invalorable a los juicios de lesa humanidad. Peleó no solo por memoria, verdad y justicia para su hermana Zulma sino para los 30000 compañeros detenidos desaparecidos. La butaca del salón de Colón 80 que ocupó cada día hasta que su salud se lo permitió, será un lugar para recordarla y que la mantendrá presente en las jornadas que vendrán. Hasta siempre Susana”, señalaron desde FAVIC.
El 24 de agosto de 2011 Susana testimonió en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca y relató que su familia sufrió la represión militar entre 1973 y 1980 de manera continua pero, particularmente en 1975, cada dos meses su vivienda en Pehuajó era allanada para intimidarlos y llevarse distintos materiales, documentación y libros. A principios de 1976, Zulma les comentó que era perseguida y buscada.
Zulma llegó a Bahía Blanca con su hermano y sus padres a fines de la década del ’60 para terminar de cursar el secundario y estudiar Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional del Sur. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista, trabajaba en el barrio 17 de Agosto, a media cuadra del lugar donde la patota del V Cuerpo de Ejército la fusilaría junto a otras tres personas.
“Todas las semanas iban al barrio, enseñaban particular, hacían las tareas con los niños, actividad social comunitaria. La gente del barrio a ella y a Manolo (Tarchitzky) los conocían, los ayudaban con las inundaciones del Napostá, el agua pasaba por el arroyo y se inundaban las casas. La tarea de Zulma era ayudarlos con mantas, medicamentos…”, comentó su hermana y agregó que “estaba preparando la última materia para recibirse, tenía dos becas preparadas, había dos opciones: Inglaterra e Italia. Llegó el día fatídico del asesinato y esto quedó trunco…”.
El 18 de julio de 1976 la familia se reunió para celebrar el primer aniversario del matrimonio que conformaba con Alejandro Mónaco, desaparecido meses después. Al día siguiente, Zulma fue a trabajar a la empresa multinacional Sika de Alsina 95 donde hacía horario corrido para poder continuar su carrera. Durante la jornada recibió el llamado de su suegra a media mañana para preguntarle qué quería comer, luego su cuñado fue a dejarle el almuerzo y vio la oficina cerrada.
A las tres de la tarde, cuando volvió el gerente encontró una nota de Zulma diciendo que se había ido porque estaba descompuesta. El gerente comentó la novedad a la familia Matzkin y rato después se convencieron del secuestro.
El padre de Susana, Francisco, quiso hacer la denuncia en la comisaría pero no se la tomaron. Pasó por el Comando del V Cuerpo de Ejército donde tampoco tuvo noticias y finalmente pudo concretar la averiguación de paradero pero mediante una declaración fraguada por la policía. Quien tomó su testimonio fue un efectivo de apellido Conticorbo conocido de Matzkin padre.
Zulma Matzkin y Alejandro Mónaco vivían en una casa interna en General Paz al 200. Allí llegó un camión del Ejército con personal “con ropa verde” para cargar los muebles de la pareja. Las propietarias de la vivienda llamaron a Vicente Mónaco -padre de Alejandro- que era el garante del alquiler y le pidieron que arreglen el lugar porque “habían volado la mampostería”.
“En mi familia todos sabíamos que había secuestros, había ocurrido ya el secuestro y desaparición del cuerpo de Daniel Bombara, había ocurrido lo de Mónica Morán”, recordó Susana y agregó que decidieron ir a ver al médico familiar que trabajaba en el Batallón 181 que quedó en avisar si sabía algo.
Recién el 21 de septiembre Susana supo por el papá de sus nenas que el médico familiar le había avisado a su padre que el cuerpo de Zulma estaba en la morgue del Hospital Municipal. Inmediatamente Susana y su pareja cargaron a sus hijas y emprendieron el viaje hacía Bahía Blanca. Llegando a la ciudad escucharon por LU2 que “dos NN habían sido identificados como Zulma Raquel Matzkin y Mario Manuel Tarchitzky”.
“La familia de Tarchitzky es muy unida en el vínculo afectivo con la nuestra. Manolo era físico nuclear, muy amigo de la casa, es mi hermano de la vida y vivía con sus padres en calle Dorrego casi Alsina”.
Diciendo que había escuchado la noticia en la radio, Francisco Matzkin ingresó a la morgue donde “alguien vestido de verde con armas le muestra tres cadáveres de varón”, reconoce el de Manolo y el último cuerpo era el de Zulma.
En ese momento comenzó una larga serie de trámites para tratar de trasladar los restos hacia el cementerio donde ya les habían advertido que no podían cremarlo ni velarlo.
“Vuelve azorado porque le daban un papel tipo recibo y nuevamente le preguntan qué religión profesaba Zulma. Aparece escrito “Israelita”. Mi papá nunca hubiese dicho eso, cuanto mucho, hubiese dicho judaísmo”, destacó Susana.
En ese sentido recordó que pudo saber durante los juicios por la verdad que “el sobrenombre de Zulma -en La Escuelita- era ‘la turquita’, imaginemos que con el apellido ruso que tenemos era otra burla más a su persona”.
Al ser consultada por el juez Jorge Ferro acerca del motivo de la persecución contra su familia, Susana insistió en el origen de su apellido y agregó que “por el caso de Mónaco dice la Dipba (servicio de inteligencia de la policía provincial) que era un sujeto interesante para perseguir”.
“Creo que no fuimos los únicos perseguidos por portación de apellido. Además porque eran militantes de la Juventud Peronista y se los perseguía por su compromiso social y su decisión de cambios, ellos no estaban de acuerdo con cómo funcionaba el país y se juntaban a leer, a socializar…”, sugirió.
Zulma “estuvo en el centro clandestino de detención La Escuelita donde varias personas la vieron con vida, entre ellas tres chicas que declararon en los juicios por la verdad”. Una de ellas, que estudió Economía con Zulma, comentó tiempo después a Susana que “tuvo un careo por un guardia donde puerta por medio Zulma tenía que responder preguntas qué hacía ella”.
Los abogados radicales Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya compartieron cautiverio con Zulma y el primero de ellos comentó a Francisco Matzkin que “las mujeres habían sido violadas dentro del centro clandestino de detención, brutalmente torturadas” y “recibían todo tipo de castigo”.
“El 24 de noviembre del ’76, después de lo que pasó con Zulma, tuvimos un allanamiento en casa. Esa semana me llama mi mamá para decirme que no lo podían encontrar a José. Apareció en el Hospital Regional Español internado por una peritonitis en un estado crítico que no despertaba de la anestesia, no me dejaron venir (NdR: Según testimonios escuchados en la causa Armada, José pudo haber estado secuestrado en Baterías). En enero del año siguiente me fueron a buscar con las nenas porque para esa instancia no sabíamos cómo seguían nuestras vidas”, manifestó Susana y agregó que “después viene el asesinato de Alejandro en agosto del ’77”.
Su cuñado desapareció tras el fusilamiento de Zulma, “alguien lo habría visto con vida, hay documentación que dice que el día de su cumpleaños -el 3 o 4 de agosto del ’76- allanaron su casa y estaba su padre Vicente solo. A nosotros se nos diluye Alejandro, no sabemos nada de él”.
El 4 de agosto de 1977 el diario La Nación publicó que cinco “sediciosos” fueron identificados en Paraná, Entre Ríos. Tres de ellos eran: Alejandro Tomás Mónaco, José Antonio Garza y María Luisa Buffo.
El constante hostigamiento con la familia Matzkin culminó en una larga serie de enfermedades para su padre y su madre desde 1981 hasta 1996, cuando murieron con poquitos meses de diferencia.
“La vulnerabilidad de la psiquis de los que quedamos… mi hermano absolutamente vulnerado, a mí me costó mucho daño moral, respecto a mis hijas que es lo que una más cuida, con mucha terapia tanto de las chicas como mía pudimos buscar la verdad y así estoy hoy buscando justicia, el daño moral es irreparable”, relató Susana.
Además dijo que sufrieron el “aislamiento social”, la mirada condenatoria de algún directivo de la escuela donde trabajaba y la imposibilidad de vincularse normalmente con la comunidad. “Después de muchos años, con mucho esfuerzo, pude vincularme socialmente pero siempre con familiares donde encontré una cadena de contención, aparte por la cuestión de la religión que profesaba mi papá sufrimos un despreció total”.
El cuerpo de Susana dijo basta, pero su coraje y su compromiso con la búsqueda de Verdad y Justicia quedarán vivos por siempre en nuestra Memoria. ¡Compañera Susana, Presente!
Fotos: Belén López, Luis Rojas y Marcelo Núñez.
Lo hizo a través de un comunicado de prensa emitido ayer. De esa forma, lxs trabajadorxs de la salud organizadxs sostuvieron que “los hechos sucedidos en los últimos días suman nuevos elementos que confirman la caracterización y la dinámica del gobierno, contrarias a las necesidades de los trabajadores, tanto en el ámbito nacional como en nuestra provincia#”.
“El conflicto del hospital San Martín resume los problemas estructurales pendientes en Salud en toda la provincia y las respuestas del Ministerio, forzadas por la movilización, son francamente desalentadoras. La reunión reclamada con la ministra Ortiz sigue pendiente de confirmación”.
Según el gremio, “la crisis política que postergó el tratamiento del presupuesto en la Legislatura provincial no derivó en un cambio favorable; se resolvió con negociaciones de acuerdo a los intereses partidarios de los distintos sectores y a algunos fondos para uso discrecional de los intendentes”.
“Repitiendo la lógica de los últimos años, el oficialismo y el grueso de la oposición votaron juntos y a mano alzada un presupuesto de ajuste. Partidas sociales a la baja, endeudamiento récord, sin asignaciones para nuevos nombramientos ni para aumento salarial y una ley tributaria que mantiene el esquema regresivo forman parte de lo aprobado”.
Ya con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires aprobado, al mismo tiempo que la organización manifiesta su rechazo y continúa reclamando una partida de emergencia en salud “ahora jerarquizamos la demanda para una urgente convocatoria a paritarias, tanto general como sectorial. Tendremos que actualizar el pliego, precisando el aumento a reclamar, los temas de condiciones de trabajo y los puntos pendientes”.
Por otra parte, “producto de la reacción gremial contra el decreto reaccionario de la gobernadora Vidal que suspendía por 180 días la aplicación de la nueva ley marco municipal, se produjo un retroceso parcial por parte de las autoridades”.
Si bien no se anuló el decreto, la suspensión de la ley 14656 sería parcial, sin reinstalarse la 11757 y habilitando potencialmente a la realización de las negociaciones colectivas.
Desde CICOP reclaman “la anulación del decreto y la inmediata convocatoria a paritarias en los municipios con participación de nuestro sindicato”.
(Por Liga Argentina por los Derechos del Hombre) Por un 24 de marzo contra el ajuste con represión, en repudio al golpe de Estado de 1976, en solidaridad con los pueblos de América Latina que siguen luchando por la segunda y definitiva independencia; por todos los derechos para todos en Argentina y la región.
En una vertiginosa carrera de decretos de supuesta “necesidad y urgencia”, el Presidente Macri cambia leyes, reglamentos y protocolos como si encabezara una Junta Militar que hubiera dado un golpe de estado, anulado la Constitución Nacional y comenzado un nuevo “proceso” equiparable al de la Fusiladora en 1955, la claudicación “desarrollista” de Frondizi en 1958 o aún, el iniciado en 1976 por Videla.
De todos nosotros depende que tales presagios no se cumplan. Y estamos a tiempo.
Enumerar los decretos y analizar los cambios en las leyes comienza a pasar a segundo plano dada la complicidad de la Corte Suprema, de la mayoría de los Jueces Federales, una parte sustancial de los senadores y diputados nacionales y el desconcierto o impotencia de otros que asisten casi en silencio a la transformación de un orden constitucional en otro nuevo, que todavía no sabemos donde desemboca pero ya sabemos que es un orden para satisfacer los deseos y expectativas de los grupos más concentrados de la economía, esos que mantienen una relación de pertenencia o dependencia subordinada con las transnacionales que sustentan el Poder Imperial de los EEUU y Europa.
En el nuevo orden que se comenzó a instalar al mismo día de la asunción de Macri, los que no aceptan pasivamente los dictados presidenciales son tratados como “enemigos” y encarcelados por la sola razón de convocar a manifestarse, como el caso de Milagro Sala, o expulsado de su trabajo por explícitas razones ideológicas. Se habla de cerca de veinticinco mil despidos solo en la Administración pública y es notorio el afan de contar con una Corte Suprema adicta. De casi todo esto ya nos hemos pronunciado.
La sanción por decreto de una virtual “pena de muerte” con la llamada ley de Derribo, junto a una nueva declaración de Emergencia en materia de Seguridad que autoriza la convocatoria de efectivos retirados de las Fuerzas Armadas (todos ellos, por razones generacionales, con pasado en el periodo del Terrorismo de Estado y formados en la Doctrina de Seguridad Nacional, más allá que individualmente hayan sido inculpados o no, de algún delito de lesa humanidad) es solo un paso más en la construcción de un nuevo ciclo de graves violaciones a los derechos humanos que atraviesa al menos tres dimensiones: la preparación de las fuerzas de seguridad para las tareas represivas, la adaptación del corpus jurídico para las nuevas tareas de estigmatización y judicialización de la protesta social y la construcción discursiva de un nuevo “enemigo” que es nada menos que el militante popular al que se descalifica como corrupto, ñoqui en el Estado o beneficiario de supuestos favores por su condición de compromiso social y político.
La sanción por decreto de la emergencia en materia de Seguridad habilita un costado ya insinuado en otros actos gubernamentales: la administración de la cosa pública como negocios particulares (por la emergencia se podrán hacer compras sin licitación, con los conocidos negociados que el escándalo Niembro reveló) y la subordinación al Imperio en tanto y en cuanto se buscará “la mejor tecnología” y “el mejor know how”, lo que en su concepción no puede ser otro que el de la DEA, el FBI, el MOSSAD israelí, el DAS colombiano o la misma CIA que buscan este costado de la penetración para sus planes de contrainsurgencia estratégica para el continente como lo mostró la destitución de Lugo en Paraguay luego de una acción policial que contaba con asesoramiento de todas estas agencias.
Ante esta situación no alcanza con la queja ni con la denuncia aislada, hace falta la construcción de un amplio bloque de fuerzas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en su concepción más integral y abarcativa para lo cual habrá que superar los sectarismos y cálculos partidistas o personales; se requiere una actitud generosa y una voluntad muy firme para enfrentar los nuevos desafíos y derrotar la ofensiva derechista y autoritaria.
Proponemos formalmente al conjunto de organismos y fuerzas vinculadas a la lucha contra la impunidad, por la Memoria, la Verdad y la Justicia; a todos los que se oponen al ajuste con represión de Macri organizar de manera democrática y con protagonismo de todas y todos una jornada unitaria en conmemoración del 40 Aniversario del Golpe de Estado y contra la ofensiva de Macri en Argentina y de todas las fuerzas derechistas en la región
Será el mejor modo de honrar la memoria de los treinta mil y hacer efectiva la consigna del Nunca Más.
(Por Astor Vitali) Milagro Sala fue detenida el 16 de enero en el marco del expediente “Sala, Milagro Amalia Ángela y otros p.s.a. de Investigación a cometer delitos y tumulto en concurso real. Ciudad” tramitado por el Juzgado de Control Penal de Feria, Jujuy.
El primer hecho que le imputa el juez Gutiérrez corresponde al día 14 de diciembre de 2015. Según el voluntarioso juzgado, Sala “juntamente con Germán Noro, Emilio Cayo Rocabado y Alberto Esteban Cardozo, comenzaron a dar indicaciones que se manifestaron con arengas, señalamientos, ademanes y gestos a los fines del establecimiento y distribución de sectores, para ubicar a grupos de personas que seguían sus indicaciones, tanto de la vía pública como en la Plaza Belgrano”.
Continua el laborioso magistrado arguyendo que “esta actividad de persuasión tuvo por objeto, que personas indeterminadas a la fecha y en cumplimiento de sus directivas, acampen indiscriminadamente en sitios públicos, instalando carpas y gazebos y otros elementos similares”.
Para más claridad, en devoto feligrés de la actividad judicial estival sostiene que “la conducta despliega por los prevenidos, fue la de instigar públicamente a personas indeterminadas, integrantes de distintas organizaciones sociales que los acompañaban, a ocupar los espacios públicos consignados precedentemente”.
El segundo hecho que señala el paladín de la justicia se basa en que “luego del día 14/12/15, los prevenidos, configuraron la coautoría de instigación pública a cometer delitos descripta en el hecho anterior, continuaron concurriendo esporádicamente, a la zona de la plaza Belgrano y adyacencias de la misma con un propósito diferente: Alzarse públicamente junto con los acampante que aún permanecen en el mismo lugar, contra la decisión de ejecutar el Plan de Regulación y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales dispuesta por el Gobierno de la Provincia para impedir su ejecución”.
El Defensor de la Paz Social además agrega que “esta afirmación se desprende del informe emanado del Sr. Gobernador de la Provincia, agregado a estas actuaciones, que da cuenta que, a la fecha, persisten grupos de personas que se niegan a dar datos personales, por motivos que den ser objeto de investigación, y de esta manera, obstan a la ejecución íntegra del plan referido” aportando de esta forma su estrecho vínculo en el intereses de que los objetivos políticos del gobierno vigente se cumplan.
Del contenido de la orden de detención se desprenden algunas conclusiones de severa gravedad respecto del derecho de manifestarse. En principio, las organizaciones sociales se dan su propia forma de funcionamiento y tienen derecho a hacerlo. El rol de dirigente existe desde el principio de los tiempos. Y la orden cuestiona abiertamente el hecho de “dar indicaciones con arengas” como acto probatorio de que los delitos tipificados en el Código Penal que señala la orden fueran responsabilidad de la dirigente.
¿Qué sería de la historia de la lucha obrera sin capacidad de organización y sin el rol de dirigentes?
Pero la orden avanza más en su cuestionamiento a la organización social y en su camino abierto de allanar terreno a la criminalización de la protesta. En el documento se hace explícito que la organización, a través de su dirigente, rechaza un programa de gobierno y toma medidas de protesta en este sentido.
Aquí el letrado se pone al frente de las huestes del statu quo y se mete en el terreno de la política en nombre de la asepsia judicial. Si hay una diferencia de una organización social respecto de un programa de gobierno esto debe resolverse en el terreno de la política. El vetusto magistrado habla atribuye a la dirigente el hecho “alzarse públicamente (…) contra la decisión de ejecutar el Plan de Regulación y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales dispuesta por el Gobierno de la Provincia para impedir su ejecución”.
De esto se trata la criminalización de la política: la “justicia” penaliza a las organizaciones sociales y políticas ante la incapacidad de resolución de los conflictos públicos en el ámbito de la política por parte de los gobiernos en los distintos estamentos del Estado. Se puede dar por incapacidad o directamente por concepción política, es decir, no reconocer a las organizaciones sociales como interlocutores políticos y, por ende, manda a la justicia a encerrarlos.
De ese criterio político de funcionamiento donde la justicia y las fuerzas de seguridad son un brazo de acción violenta contra la pobreza que se organiza, se desprende un claro componente de clase. Es decir, quienes se organicen y opongan diferencia ante mi política no son interlocutores sino simplemente criminales.
Al margen de las coincidencias y diferencias políticas que cada organización que se considere popular puede enumerar con la Tupac Amaru y su dirigencia, tolerar esta clase de atropello abierto hacia la organización popular representa dar un cheque en blanco al gobierno de los CEOS.
No sólo es necesaria la solidaridad con la organización perseguida sino rechazar de plano cualquier otro intento de este tipo en cualquier localidad del territorio donde se lleve a cabo.
Manifestar pacíficamente por una diferencia política mediante una acción como una manifestación, un acampe, una olla popular no es delito.
Naturalizar el accionar de la política mediante la justicia condenando a la protesta social puede traer severos problemas en el marco de la vida democrática y de la lucha política.
Sería natural que las tradiciones políticas de lucha en Argentina rechacen de plano la criminalización de la protesta expresada en la detención de Milagro Sala. Se advierte, en cambio, cierta timidez en el rechazo al accionar político-judicial. Tal vez tenga algo que ver el hecho de que para los espíritus progresistas sea más aberrante la censura sobre un periodista blanco y prolijo que sobre una dirigente de piel oscura en el norte del país.
Mejor aún que manifestar la solidaridad, es trabajar para lograr la liberación Milagro y dar una clara advertencia al macrismo y a los envalentonados mandaderos judiciales respecto de lo que aquí no se toca.
Fuente: Rebelión
