Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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La concejal del FpV, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredón (Mar del Plata) y referente política de La Cámpora, Marina Laura Santoro, dijo a FM De la Calle que “a las 0:59 (del domingo) impactaron cinco disparos de un arma de guerra sobre el frente de nuestro local. Es el local central de la agrupación. Queda en pleno centro de Mar del Plata en calle 9 de julio y 20 de septiembre”.
Durante la mañana de hoy, asistieron a una conferencia de prensa en repudio de lo sucedido “representantes del poder político, legislativo, dirigentes de todos los partidos políticos, una representación en nombre del obispo, la universidad nacional, la universidad privada, un fiscal provincial, el poder judicial. O sea que hemos logrado, gracias a Dios, un repudio de la gran mayoría del poder político de Mar del Plata y de toda la sociedad”
“Esto es lo que hace falta, porque estos grupos son una minoría organizada cada vez más violenta, los que están operando y perpetrando estos hechos repudiables vengan de quién vengan. Han recibido hoy el repudio de toda la sociedad en su conjunto”.
Por su parte, ayer a las 14:40 referentes de Nuevo Encuentro denunciaron, a través de una conferencia de prensa acompañada por personalidades de la política, movimientos sociales y la cultura, otro ataque con armas de fuego cuando se encontraban reunidxs en la inauguración de un nuevo local en el barrio de Villa Crespo (Padilla y Gurruchaga), el sábado por la noche.
Fueron heridas dos mujeres, una de 30 años y otra de 19. La última, llevaba a su hermana menor en brazos al momento del ataque. Ambas fueron derivadas al Hospital Durand y se encuentran fuera de peligro.
Durante la tarde hoy, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió al titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quién reclama al gobierno argentino que repudie enérgicamente el atentando a esta organización política democrática. También participaron de la reunión Gabriela Cerruti y el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
(Por Francisco J Cantamutto) El viernes pasado, el ministro Prat Gay presentó ante la comisión de Presupuesto y Hacienda la propuesta oficial de arreglo con los buitres. Una entrega sin reparos.
Continuando el camino del Gerente de la Nación, que abrió las sesiones ordinarias del Congreso el martes, el ministro Prat Gay fue el viernes a presentar el pre-acuerdo con los fondos buitres a la comisión de Presupuesto y Hacienda. La propuesta, que se difundió en la edición matutina del diario La Nación antes de ingresar al Congreso, va en línea con lo que ya conocíamos del pre-acuerdo negociado en Nueva York. El gobierno abiertamente pidió por un tratamiento veloz, que permita tener dictámenes –por mayoría y minoría- para tratarlo en pleno del Congreso esta misma semana. Un apuro evidente para poder cumplir con la exigencia del juez Griesa de tener el acuerdo cerrado antes del 14 de abril, para que el acuerdo tenga validez.
El borrador de proyecto tiene 17 puntos, que incluyen la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y la habilitación para emitir nueva deuda por 15.000 millones de dólares. Como ya explicamos, la derogación de las leyes apunta a un acuerdo político amplio, que el gobierno se está esforzando en conseguir (la actividad de Marcos Peña en este sentido es frenética). El Frente Renovador ha hecho críticas tibias para poder obtener algo a cambio en la negociación: al igual que el resto de los gobernadores peronistas, están interesados en conseguir fondos de la co-participación para sus alicaídas finanzas. El Frente para la Victoria tampoco tomó posición contundente, disponiéndose a negociar. El Frente de Izquierda, en cambio, ya expresó su repudio.
La presencia del ministro en la comisión tuvo su momento mediático ante los cruces con su predecesor en el cargo y actual diputado, Axel Kicillof. Más allá de las chicanas, el intercambio puso de soslayo algunas continuidades reales. Prat Gay defendió el acuerdo como “una cuestión de Estado”, lo que se acerca de manera evidente a la declaración del pago de deuda como de “interés público”, tal como figura en la Ley de Pago Soberano del kirchnerismo. Se trata, en efecto, de una auténtica política de Estado, de continuidad que excede a las fuerzas políticas en el gobierno, garantizando los intereses de los acreedores por encima de los vaivenes nacionales. Tal como Prat Gay retrucó a Kicillof, la gestión de este último convalidó los pagos al Club de París, a REPSOL y los juicios ante el CIADI. El actual acuerdo de Cambiemos es apenas una versión menos camuflada de este mismo rumbo.
En efecto, el “equipo Cambiemos” no tiene reparos en dar cuenta de su intención de gobernar para unos pocos poderosos. El Financial Times –genuino representante mediático del poder financiero estadounidense- editorializó que este arreglo se trataba de una conquista de los fondos buitres. En esa nota, se explicó que estos operadores estarían obteniendo ganancias que van de 846% hasta 3.186% del capital invertido, un negocio formidable que no tiene nada que ver con los supuestos recortes que promociona Prat Gay. Los fondos buitres están obteniendo ganancias siderales por este arreglo, que percibirán en efectivo. Una bicoca de 11.648 millones de dólares, que se obtendrían mediante nuevos bonos, que pagan el 7,5% de interés anual –por los que se pide autorización al Congreso. Es la emisión de deuda más grande de un país periférico en los últimos 20 años. El remanente por el que se pide autorización tiene que ver con otros fondos que aún no entran al arreglo (en Nueva York, Alemania y Japón, principalmente). Es decir, la farsa no termina aquí, sino que las entregas continuarán.
Según el ministro, se espera que tras arreglar con estos fondos, Argentina podrá endeudarse al 6% de interés, lo que representaría un punto y medio menos que lo que paga actualmente. Esto resulta interesante, porque nos explica cuál es el beneficio esperado de este arreglo, que sería el endeudamiento más barato. Ahora bien, para que los intereses ahorrados superen el costo de este arreglo, habría que emitir nueva deuda por… ¡778.933 millones de dólares! Esto es aproximadamente (usamos el último dato oficial conocido) el triple de la deuda pública actual, o diez veces la deuda pública externa. O, puesto de otra manera, es cerca de dos PBI completos de Argentina. Una auténtica locura: la única manera de “amortizar” el arreglo con los buitres sería endeudarnos hasta la médula.
Cuando el ministro habla de que es la única vía para frenar el ajuste, simplemente está chantajeando. Aunque los perfiles de vencimiento de esta nueva deuda van de los 5 a los 30 años, los pagos de intereses anuales consumirán fondos públicos que deberán quitarse de otros usos, llevando, de manera directa, al ajuste. Dado que el gobierno entiende que la presión fiscal argentina es excesiva, no se pueden prever incrementos de la tributación: ¿a qué tasa debería crecer el país para que el Estado tenga fondos para pagar esta deuda sin ajustar? A una tasa mayor a la que promete por intereses, es decir, por encima del 7,5% anual, lo cual constituiría una auténtica proeza en el marco global recesivo actual. Si el país no crece a esas tasas y el Estado no aumenta la recaudación, no queda otra salida que el ajuste. Es decir, arreglar con los buitres significa más ajuste.
El argumento de que la deuda se utilizará para invertir en infraestructura es simplemente una pantalla para negociar con los gobernadores. La inversión pública, salvo por contados insumos, se paga en pesos, por lo que la deuda en dólares no es necesaria para financiarla. Y, de cualquier modo, está por verse que los mercados estén dispuestos a prestar más fondos después de la gigantesca emisión de bonos para pagarle a los buitres.
Argentina no tiene por qué aceptar este arreglo. No traerá ningún beneficio económico al país, aunque sí suculentas ganancias a los peores actores del sistema financiero internacional. Argentina no se cae del mundo por no aceptar este acuerdo, más bien cae al abismo en caso de aceptarlo. La deuda que se reclama es ilegal, ilegítima y usurera. El fallo de Griesa es cuestionable por todos sus ángulos: Argentina no tiene por qué aceptarlo como válido. Detener los pagos y auditar es el camino: no sólo por legítimo y legal, sino por económico.
El sábado por la tarde, militantes políticos lanzaron en Bahía Blanca la Corriente Comunista David Watu Cilleruelo. Lo hicieron a través de un encuentro del que participaron referentes y distintos espacios sociales, sindicales y políticos de la región y el país a quienes se les entregó un documento con las principales ideas que expresan los objetivos del espacio.
En ese marco, José Lualdi, quien fue por mucho tiempo Secretario General del Partido Comunista Regional Bahía Blanca, expresó los motivos del lanzamiento del espacio político por fuera del PCA. De esta forma, el dirigente explicó que no fueron solo las definiciones de “voto táctico” las que alejó a este grupo político de la organización, sino prácticas “inaceptables para cualquier persona que se diga de izquierda” que cerraron los debates internos.
Por su parte, Gabriel Cena hizo referencia a quiénes integran este espacio y cómo proponen su trabajo militante al servicio de diversas construcciones sindicales y sociales de la comunidad.
Finalmente, hubo una ronda de opiniones en línea con el objetivo del encuentro de recoger miradas acerca de la necesidad de construir una alternativa política desde los sectores críticos del capitalismo y la posibilidad de intervenir también en la lucha electoral a tales efectos.
Participaron también referentes nacionales como Carlos Chile (CTA), Néstor Jeifetz y Carla Rodríguez (MOI) y referentes del Movimiento Territorial Liberación.
A dos años de la muerte de Daiana Herlein, su madre y padre difundieron una carta “a la comunidad”. En ella recordaron el aniversario pero sostuvieron que, a su vez, “un día como hoy hace dos años la cuidad perdió el miedo. Porque desde ese momento los ciudadanos de Bahía Blanca comprendimos que Daiana pudo haber sido la hija o la hermana de cualquiera que ese día paseaba en el Parque de Mayo. Porque ese día entendimos que la corrupción mata”.
A pesar del “dolor decidimos junto con muchos ciudadanos luchar para que ninguna otra familia sufra una perdida como la nuestra. Denunciar todos y cada uno de los lazos mafiosos con los que el poder se aprovecha de los dineros públicos y sumerge nuestras vidas en el abandono, la negligencia y la decidía”.
Alejandro Herlein y Lorena Zerneri han denunciado con anterioridad “que a Daiana la asesino un estado mafioso y corrupto”. Hoy la realidad nos da la razón y personajes tan nefastos como Marcelo Caramelli quien al momento del hecho era el director de parques se encuentra preso por extorsionar a comerciantes. Es decir lisa y llanamente un funcionario municipal corrupto que usaba su puesto para beneficiarse económicamente y que no cumplía con sus funciones ya que desconoció los informes sobre las condiciones terribles del arbolado público”.
Apuntando al rol del poder judicial en la complicidad del entramado de corrupción, la carta expresa que “para que haya funcionarios corruptos tiene que haber jueces que miren para otro lado. Donde esta mezclada la política y el poder económico, los negocios lícitos y los ilícitos. Donde están involucradas las fuerzas que tienen que investigar y los que tienen que detener a los delincuentes”.
El documento incluye una crítica a comunicadorxs, aseverando que “donde se compran voluntades de periodistas que difunden mentiras e infamias contra las victimas para proteger a sus patrones corruptos”.
Apuntando a que se investigue a otros funcionarios, Alejandro y Lorena señalaron que “el encarcelamiento de Caramelli es solo el principio hay muchos implicados que tarde o temprano pagaran por sus actos, por su acción u omisión. Rubén Valerio el responsable de Obras públicas recientemente fugado al vecino Monte Hermoso. Martín La Place y Rubén Lazcano…y como olvidar al jefe de la banda el fugado Gustavo Bevilacqua, quien fuera premiado por sus servicios y que su sola presencia mancha a todo el cuerpo de diputados de la provincia de Buenos Aires”.
El Secretario de Finanzas de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Guillermo Molina, habló con FM De la Calle sobre la problemática de los sectores industriales y obreras de la ciudad.
“Tuvimos un par de reuniones interesantes en el municipio. El intendente, Héctor Gay, nos explicó las intenciones de realizar obras públicas, cosa que nos parece muy bueno. Pero la realidad sabemos que no es definitivo: el problema es el salario de la gente que repercute directamente en nosotros”, remarcó.
Hasta el momento se realizaron dos reuniones. “En la primera concurrieron por el ejecutivo el secretario de obras públicas, Manrique, un concejal en representación de la comisión de obras del Consejo Deliberantes, colegios, gremios y empresas. Ya en la segunda, además de estas personas, se convocó a los legisladores de los tres niveles con pertenencia territorial a Bahía Blanca y a la sección”, explicó.
Además destacó que “hay interés que definen las condiciones de trabajo. El intendente dejó de entrever algún anuncio de obra para la ciudad en un largo plazo”.
Con respecto a esta problemática señaló el trabajo de seguimiento que lleva a cabo el gremio, “más allá de los números que arrojamos, hay un gran párate”, haciendo referencia al peligro de unos 1500 puestos laborales en la región.
El secretario gremial resumió la situación con los empresarios locales. “De las empresas y de la cámara se sumaron al debate, a nadie le conviene esta mala situación. La ventaja que tienen los empresarios es que pueden abaratar costos, tienen muchas maneras. Ahora, el trabajador si no trabaja no gana plata, si no tiene plata no come. Se está intentando crear un ámbito para tratar el tema de la desocupación”.
Respecto de la inminente designación de un delegado en el Ministerio de Trabajo, el dirigente obrero reconoció que se trata de “puestos políticos” pero que, desde hace algunos años “se ha logrado que este un trabajador en el puesto de delegado y esto nos encuentra en buena posición porque las cosas se nos hace más ágiles. Arrigoni y ahora Moreno están realizando una excelente tarea”.
A la espera de una resolución, la CGT advirtió que espera ser consultada.
“Nosotros desde el gremio estamos en permanente alerta y preocupación. Estamos empezando a ver este espiral diabólico: es la resultante de la desocupación, la falta de obras y la pérdida del poder adquisitivo. Sabemos que comenzó a bajar y las consecuencia que puede pasar con esto”, finalizó.
Texto: Diego Garcia
(Por Micaela Ryan) Confirmado por Telesur, la líder indígena y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres fue asesinada en la madrugada del 3 de marzo. Un grupo de desconocidos ingresó a su vivienda aproximadamente a la 1 de la mañana, mientras Berta dormía, y la asesinó e hirió a su hermano, que intentó defenderla.
Berta era una de las máximas referentes en la defensa de los derechos humanos, específicamente de los indígenas hondureños, a través de la organización Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), que lideraba. Tomas Membreño, miembro de la Coordinación General del COPINH, ratificó que Berta Cáceres fue asesinada en el sector La Esperanza, departamento de Intibucá.El secretario general del Partido Libertad y Refundacion (LIBRE), Juan Barahona, también confirmó la noticia vía Twitter.
A partir del golpe de Estado en Honduras en 2009 contra el gobierno de Manuel Zelaya, perpetrado con la activa colaboración de la Embajada de Estados Unidos, los gobiernos de extrema derecha de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández han hecho de la persecución ideológica y la violencia, una política sistemática. Los principales objetivos de esta violencia han sido los líderes de las comunidades lenca, los referentes en la lucha por derechos humanos y las organizaciones sindicales y sociales.
Berta Cáceres era una de las máximas referentes en la lucha por la defensa de los territorios, en un país donde el autoritarismo y la violencia han ido de la mano con el otorgamiento de las concesiones mineras y la instalación de represas. En el año 2013, Cáceres fue encarcelada por haberse enfrentado al proyecto de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, que implicaba el desplazamiento forzoso de las comunidades lencas habitantes en las zonas aledañas del Río Gualcarque. En su prisión, Cáceres se declaró “perseguida política” y “prisionera de conciencia”, logrando su libertad gracias a la presión social y a la movilización masiva que se expresó a pesar de la represión policial.
Por esta lucha, Cáceres recibió el prestigioso Premio Ambiental Goldman para el Sur y Centroamérica en el año 2015,y su lucha fue dada a conocer por varios periódicos del mundo, como BBC y TheGuardian.
Pocos días atrás, Cáceres había encabezado una conferencia de prensa en la que alertó acerca de las amenazas a su vida y el asesinato de varios líderes de las comunidades indígenas lenca. La denuncia contra las políticas del gobierno hondureño que mantenía Cáceres a través de su activismo permanente, la constituyeron como una de las máximas referentes sociales y feministas de América Latina.
Las instituciones deberán dar cuenta rápidamente de estos hechos, mientras un manto de duda y deslegitimación ya ha caído sobre el gobierno hondureño. En las próximas horas se sucederán movilizaciones en rechazo a este asesinato y la exigencia inmediata de la captura de sus asesinos.
Fuente: Notas.org
Así definió la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego al fallo del juzgado en lo Correccional Nº3 de Bahía Blanca, a cargo de la Jueza Susana Gonzalez La Riva, en el marco del juicio oral contra 5 trabajadores que tomaron en 2012 el frigorífico Villa Olga.
“Se consumó un atropello contra el legítimo derecho a la protesta social de los trabajadores. En la sentencia se condena a uno” de ellos, “Hugo Cartagena y se absuelve a los otros cuatro acusados. Se le imputa al trabajador el delito de ‘usurpación’, al tiempo que se restituye la propiedad del frigorífico a la familia Siracusa”.
Para el abogado de dos de los trabajadores criminalizados, Claudio Lofvall, el juicio “nunca debió haber llegado al ámbito penal ya que se trata de un conflicto que debía dirimirse en la justicia laboral”.
A través de un documento, la CTA recordó que “en el 2012 la legislatura bonaerense votó una ley que lo declaraba de ‘utilidad pública sujeto a expropiación´. En aquel momento se hizo un acto en las puertas del frigorífico con la presencia de los diputados del FpV Sonia Larraburu y Marcelo Feliú y se hicieron promesas de reactivación. Las mismas nunca se efectivizaron ni tampoco se concretó la expropiación. Ahora bien, en todo esto, los trabajadores no tienen responsabilidad alguna. Llama la atención que nadie del sector político que impulsó la ley estuviera en el juzgado”.
Criminazliación de la proyesta
Para la CTA, “la sentencia sienta un precedente en tanto criminaliza la decisión de 187 trabajadores despedidos en el 2012 de defender sus puestos de trabajo ante el vaciamiento patronal”. Además, el texto expresa que “en un momento en que se producen despidos tanto en el ámbito estatal como el privado, la justicia produce un fallo por el cual inclina claramente la balanza a favor de las patronales”.
Para la fiscal Olga Herro, según se puede escuchar en el audio extraído de una entrevista otorgada a este medio, no había ningún conflicto laboral que justifique la toma y se mostró únicamente abocada a observar el delito de usurpación sin contemplar el contexto en el que se llevó adelante la medida de fuerza. En este sentido, la central sostuvo que “usurpación es apoderarse injustamente y de forma violenta de una propiedad o de un derecho que pertenece a otra persona. Los trabajadores no se apoderaron de nada ni utilizaron la violencia. Frente a una patronal que primero los explotaba obligándolos a asociarse a una cooperativa fraudulenta y luego los despedía y comenzaba a llevarse las máquinas de trabajo para vaciar la planta acordaron conjuntamente la defensa del trabajo”.
Enrique Gandolfo, referente de la CTA regional, dijo a FM De la Calle que “nosotros hablamos de una justicia direccionada en este caso desde la fiscalía y convalidad por la jueza en el sentido de que hay una justicia que se saca la venda, abre bien abiertos los ojos y decide con una mano premiar a los empresarios, le devuelve la propiedad que había sido declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación y por otro lado castiga a los laburante”.
“La fiscal, cuando habla de los trabajadores, habla de esta gente. No es gente como ella”.
Reforzando lo antedicho, el dirigente que estuvo presente en los pasillos palaciegos contó que, mientras esperaban la lectura del fallo, “a dos metros de los trabajadores estaba la familia Siracusa (dueños de la firma). Pasa la fiscal: abrazos, besos con la familia, con la abogada. Un rato después la sentencia le da la razón a la patronal”.
Este sábado a las 17 la Casa del Pueblo propone su reapertura. La casona conocida históricamente como local del Partido Socialista fue habitada, desde hace pocos años, por una agenda cultural a cargo de un grupo de artistas.
El sábado 22 de agosto del año pasado la Municipalidad de Bahía Blanca tomó la decisión de clausurar el establecimiento durante una actividad de varieté. La actual casa de Socialistas para la Victoria es cedida para la gestión de actividades al grupo Perro Azul, conocido por la organización de El Semillero, un encuentro de formación y festival de gran impacto en la región.
Actualmente, rige la ordenanza de espacios culturales, sancionada en julio 2014. La misma prevé una mesa que incluye autoridades del Instituto Cultural, personal técnico que debería colaborar en la realización de los planes de readecuación de los establecimientos que están cerca de habilitarse según los cánones establecidos en la norma y un representante por los espacios culturales. A su vez, dispone un fondo presupuestable para financiar la actividad.
Sin embargo, al momento de la clausura de la Casa del Pueblo esta mesa no estaba funcionando. Ante el debate público que ocasionó el cierre del lugar, el gobierno saliente, de la mano de la ex directora del Instituto Cultural, Marcela Sainz, puso en marcha la mesa a último momento.
Según dijo a FM De la Calle Nicolás Caminiti, referente del espacio, “finalizado el año la comisión técnica no tuvo mayores progresos y los subsidios quedaron mayormente parados”.
Actualmente, “el Instituto Cultural todavía no convocó nuevamente a la comisión ni a los espacios culturales. El presupuesto destinado a los subsidios del año pasado todavía no sabemos en qué estado quedó”.
Desde el espacio artístico pidieron una reunión a las nuevas autoridades del Instituto Cultural, aún sin respuesta.
De cualquier manera, éste sábado desde las 17 “hasta aproximadamente las diez de la noche” se llevará adelante la reapertura de La Casa del Pueblo. Durante la jornada habrá música, danza, teatro y espacios de charla sobre la actualidad de los centros culturales será el entorno para dar comienzo a un nuevo año.
La actividad será con entrada libre y gratuita pero habrá urnas para quienes deseen colaborar con las refacciones que el espacio debe efectuar para lograr su habilitación.
Además, Jorge Rivas presentará en Bahía Blanca su libro “El rumbo”, prologado por Cristina Fernández. La publicación reúne intervenciones parlamentarias, notas de opinión, discursos partidarios y diversas exposiciones y ponencias en debates.
(Por Francisco J Cantamutto) Macri dio inicio a las sesiones ordinarias del Congreso, y adelantó el pedido de aval para el pre-acuerdo con los fondos buitres.
Luego del anuncio informal de pre-acuerdo, el mediador Pollack y el ministro argentino Prat Gay confirmaron la semana pasada los términos de la negociación. Según el ministro de la JP Morgan y el Gerente de la Nación, se termina así el prolongado conflicto y el país verá llover crédito barato. “Mucho se habló del acuerdo con los holdouts. Ahora dependerá del Congreso si terminamos o no de cerrar este conflicto que lleva 15 años. Confío en que va a primar la responsabilidad sobre la retórica”, explicó Macri en el Congreso. Sin embargo, sus afirmaciones son fruto de la imaginación o simples falsedades.
¿El conflicto lleva 15 años?
En el 2001 se declaró el default de la mitad de la deuda pública, dando inicio a una serie de prolongadas negociaciones que llevaron adelante Duhalde, Kirchner y Fernández a través de sus equipos. En el curso de esas negociaciones, se pagó por adelantado al FMI y a otros organismos internacionales de crédito, se arregló con el Club de París, se aceptaron los reclamos ante el CIADI del Banco Mundial. En todos estos casos se pagó toda la deuda, más intereses caídos, punitorios y costas de juicios.
Pero además, se realizó el mega-canje en 2005, reabierto en 2010 y en 2013, regularizando así el 93% de la deuda originalmente defaulteada. Para esto, se realizó una quita de capital, pero se reconocieron todos los intereses caídos, capitalizándolos (integrándolos al principal de la deuda) con excelentes rendimientos financieros, y en algunos casos con premios atados al crecimiento del PBI. La enorme parte de estos bonos canjeados habían sido comprados tras el default por debajo de su valor (algunas compras se hicieron al 20% del valor nominal), por lo que se trató de un excelente negocio para los acreedores.
La presidenta Cristina Fernández aseguró –acertadamente- que su gobierno era un “pagador serial”, dispuesto a asociar a los acreedores en el crecimiento del país. En tal brío, la última información oficial indica que el país pagó 192.000 millones de dólares durante la “década larga” kirchnerista. La orientación general fue: abonar deuda a privados, en especial, deuda en moneda extranjera, colocando deuda en el mercado interno, en especial, dentro del propio Estado. Este cambio tiene la ventaja de un manejo más fácil (el Estado negociando consigo mismo), pero de ninguna forma resolvió el problema de fondo. Tanto así, que una de las primeras medidas de Macri fue canjear bonos intransferibles en manos del Banco Central por títulos negociables, que vendió a 5 bancos extranjeros a precio vil (pagaron la mitad de su valor) y pagando el elevadísimo interés del 7,8% anual. El cambio, aun si valorado positivamente, era superficial.
En estos 15 años, los sucesivos gobiernos se esforzaron denodadamente por cumplir con el capital financiero mundial, pagando y negociando hasta el único límite de la sustentabilidad: pagar “sólo” hasta donde se pudiera pagar.
Cambiamos, empeoramos
La negociación macrista fue una concesión entre pares. Enviar a negociar a JP Morgan-Prat Gay y a Deutsche-Caputo con viejos camaradas no podía tener un resultado diferente. Desesperados por obtener fondos para su programa de ajuste –que está llevando la economía a una recesión-, abiertamente aceptaron cualquier reclamo. La quita promocionada del 25% se trata de una estafa: la deuda en negociación fue adquirida por la séptima parte de su valor, representando este pago una descomunal ganancia para los buitres.
No en vano, finalmente aceptaron la oferta NML Capital y Aurelius, los fondos buitres administrados por Paul Singer, beneficiarios de las sentencias del juez Griesa. Con ellos y los fondos que ya habían aceptado, quedaría regularizado el 85% de los holdouts, que son un 7% de la deuda total defaulteada en 2001. Este dato es muy relevante, porque entonces aún queda un 1% de acreedores sin acordar, que bien podrá iniciar nuevos juicios al país para obtener más concesiones. Desconocemos aún si el 93% que canjeó su deuda antes no abrirá también reclamos para obtener las ventajas, encontrando su propio Griesa que interprete la ley según lo que convenga al acreedor.
El pre-acuerdo incluye una cláusula política. Se trata del pedido de derogación de la ley Cerrojo (N° 26.017) y la mal llamada de Pago Soberano (N° 26.984). La primera está de hecho suspendida desde 2013, pero en su texto señala que no podrían ofrecerse mejores condiciones a los acreedores que las del canje 2005. La segunda, aunque declara de interés público el pago de deuda, obstaculiza los pagos y la jurisdicción extranjera (aunque no los prohíbe). Ninguna es un problema real para el arreglo, pues ambas se pueden sortear: la preocupación es política. Sabiendo que este pre-acuerdo implicará un cuantioso pago en efectivo (un total de 6.500 millones de dólares, según el propio gobierno) en el marco de un programa de un brutal ajuste social, es esperable que tarde o temprano desate una reacción popular. Los buitres quieren asegurarse el apoyo de toda la camarilla política ante este acuerdo, no sólo el gobierno; tal es el motivo de este requisito.
El gobierno de Cambiemos –como reverso del kirchnerismo- nos quiere convencer que, en efecto, el discurso previo era un enfrentamiento real, y que llegó la hora de suavizar las cosas. Que si cedemos en todas las demandas, lloverán fondos para el país. Además de lo falso del diagnóstico sobre lo pasado, la idea de que nuevos fondos llegarán y que además serán baratos es la expresión del más puro deseo, sin ningún aval real. No se ha ofrecido ningún dato que muestre: 1) que los intereses que pagará el país vayan a bajar (la emisión de bonos de enero fracasó en este sentido); 2) si esa potencial baja de intereses será mayor que el costo de pagar este arreglo; 3) si esos posibles fondos tienen alguna beneficio para el pueblo, o seguirán financiando más pagos al capital (o sea, deuda para la deuda).
Es prioritario y urgente bloquear la aprobación de este acuerdo en el Congreso, y repudiarlo en las calles. Este negocio entre camaradas no traerá nada bueno para el pueblo argentino. Hay que reactivar la comisión de investigación, con participación de las organizaciones sociales.
(Por Alfredo Grande) La revista dislocada fue un programa, de tinte humorístico, que debutó en Radio Argentina en 1952 y su día y horario inicial era el domingo, entre las 12.30 y las 13.30. Posteriormente, pasó a Radio Splendid y en 1959 se trasladó a Canal 7. Más tarde, se emitió por el Canal 13, emisora en la que permaneció hasta 1973 cuando fue prohibido bajo la dictadura de Alejandro Lanusse. La popularidad de “deben ser los gorilas, deben ser…” también es un aporte de la Revista Dislocada. Wikipedia permite precisiones que la memoria desdibuja.
La palabra “dislocada” se asocia con “alocada” y desde ahí hay un pequeño paso a la “asociación libre” siempre ponderada por los psicoanalistas. Alocada, dislocada, trastocada, hacen referencia a la pérdida de una idea directriz. Y no por asumir la creatividad de líneas de fuga rizomáticas como diría un deleuziano, sino a mi sencillo criterio, por una manera estéril y suicida de irse siempre por las ramas. Por las lianas lo hacía Tarzán, un blanco inglés criado por gorilas. Metáfora de cuya potencia histórica dejaremos para otros trabajos. Actualmente la argentina dislocada es la argentina del converso, del oficialista serial (como le gustaba decir al inefable Bernardo Neustadt), quien en una noche de alucinógenos lo vio a Menem alto, rubio y de ojos celestes.
“En una cultura no represora
siempre que llovió no paró.
Lloverá hasta ahogar
a toda la canalla gobernante.”
(Aforismo implicado A. G.)
Quizá lo profetizó a Macri, pero los profetas siempre generan desconfianza y temor. La verdad a futuro no es muy popular en estos pagos. Lo dislocado alude también a los súbitos cambios de lugares. O estar de los dos lados del mostrador. O del bando privatizador y años después del bando nacionalizador, sin que haga mella ni nadie cuestione demasiado. Poliladrones de guante blanco, aunque por la reiteración de eso que llaman corrupción, cada vez están más grises. Supongo que algunos me contestarán desde la teoría del caos. O desde el principio de incertidumbre. O desde la física cuántica. Pero la política que es el movimiento real de la lucha de clases, nada sabe de estas sutilezas. Las incoherencias, las falsedades, las verdades a medias que son mentiras sin medias, están en la superficie. Pero no es una superficie plana. Tiene pliegues, recovecos, sus cavernas y sus penínsulas. No hay tarifa plana para conocer e intentar transformar la realidad. Entendiendo la realidad como modo de producción de cosas y personas. Hay fábricas con trabajadores (algunas quedan) y hay cárceles con esclavos y esclavos que producen especialmente ropa y sexoplacer. Pero están en diferentes planos.
La cultura represora anhela una realidad aplanada y achatada. Dos planos como máximo, sin la dimensión del tiempo histórico ni del espacio de la lucha política. Todas las formas de la esclavitud corporal, mental y social. Gracias al sitio “El Sudaméricano” me reencuentro con este texto de Simón Bolívar en su discurso de Angostura: “La esclavitud es la hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción; la ambición, la intriga abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil; adoptan como realidades las que son puras ilusiones; toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Semejante a un robusto ciego que instigado por el sentimiento de sus fuerzas marcha con la seguridad del hombre más perspicaz, y dando en todos los escollos no puede rectificar sus pasos” (15 de Febrero de 1819 Citado por Silvio Frondizi en La Realidad Argentina)
Es lo que denomino el “alucinatorio social”. Los espejos que deforman y pervierten al vero icono, o sea, la verdadera imagen. Hoy el anti macrismo se nutre de todas las izquierdas, pero también es una estrategia del “robusto ciego” que gobernó una década y más y nos regaló como opción al “absoluto mal” el “relativo mal” del peor gobernador que en la provincia ha sido. Daniel el Tranquilo fue elegido y luego, despreciado. Y antes también, así que tenía una vacuna contra el veneno del deprecio.
“Tenemos que construir lugares para resistir y para insistir.
Pero resistir al represor
y para insistir con el deseo.”
(Aforismo implicado A. G.)
El anti macrismo único es una estrategia canalla. Porque se están colando aquellos que todo hicieron para que llegara lo que ahora pretenden combatir. El recurso de buscar al peor para extrañar al malo. No es casual que a diferencia del 83 cuando Luder vio hundirse su proceso de reconstrucción nacional, no hayan aparecidos mariscales o mariscalas de la derrota. Lo que transforma la derrota en fracaso. Se derrotó a sí mismo el otrora Frente para la Victoria. Eligieron un candidato para sabotearlo. Con alevosía agravada por el vínculo. Un antimacrismo brutal permitirá que “mister músculo” lave toda la inmundicia de la suicida estrategia electoral. Suicida y homicida porque ha entregado indefensos a trabajadores precarizados hace más de 5 años a las fauces del tiranosaurios rex.
La Argentina dislocada es como un Tetris psicótico donde nada encaja. La fragmentación, la dispersión, la dislocación del llamado campo popular, que es un campo minado por el oportunismo, por la demagogia y por todas las formas de corrupción, incluyendo las ideológicas, obligan a una tarea previa a intentar la Unidad. A la que me permito denominar “UNIÓN EN LA DIVERSIDAD”. Como fundante diferenciar lo diferente de lo incompatible. Lo incompatible son los relatos que postulan la comunidad organizada y la anulación del conflicto. O sea: la abolición de la lucha de clases. Lo incompatible: discriminar en el Instituto que lucha contra todas las formas de la discriminación. El Inadi echó por mail a 60 de sus 400 empleados como vienen haciendo de a miles otras áreas del Estado.
Es la Argentina dislocada. No conozco otro remedio para esta letal enfermedad, este dengue psicosocial y político que insistir con el deseo y resistir al represor. Y construir como en la película Kamchatka “lugares desde donde resistir”. O sea: colectivos militantes. Donde haya ternura con el compañero y dureza con el enemigo.
Lo dijo a FM De la Calle el testigo directo de crímenes cometidos por la banda de la Triple A bahiense y querellante en la causa judicial, Alberto Rodríguez, tras conocer que el Poder Ejecutivo Nacional publicó el decreto 427/2016, firmado por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano, aceptando la renuncia del camarista Néstor Luis Montezanti.
“En segundo lugar, se declaró cobarde. Y en tercer lugar, el pueblo le pagará la jubilación de por vida, al haber el PEN aceptado la renuncia a alguien que va a ser condenado”, agregó. En este sentido, Rodríguez se preguntó: “¿Qué haría el Poder Ejecutivo ante algún morocho con gorrito dado vuelta si lo detienen por robo de gallinas y se arrepiente? ¿Lo liberaría? Creo que no. Por lo tanto, como siempre, la clase dominante exculpa a sus aliados y condena a los humildes. Nada nuevo bajo el sol”.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación debía resolver este mediodía si removía o no al ahora ex juez acusado por mal desempeño de sus funciones. Montezanti había sido suspendido en septiembre por el Plenario del Consejo por sus vínculos con la Triple A y su pasado como personal civil en el Destacamento de Inteligencia 181 durante el terrorismo de Estado.
Según manifestó Rodríguez “había elementos suficientes para que el fallo del jury fuera desfavorable para el ex camarista. Si presentó la renuncia una semana antes es porque un señor como Montezanti tiene las amistades necesarias para contarles los votos y avisar cómo le iba a ir. Él sabía que iba a ser condenado”.
Por su parte, el titular de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, José Schulman, organismo que había pedido al PEN que rechazara el pedido de renuncia, sostuvo que “lo más importante desde el punto de vista de la consecuencias es que pierde los fueros: pasa a ser un ciudadano común. Ahora el juzgado de instrucción de Bahía Blanca no tiene otra opción que llamarlo a declaración indagatoria” en el marco de la causa Triple A en la cual está imputado junto a cinco integrantes de la patota que se encuentran detenidos.
“El poder lo sigue defendiendo. Faltaban dos días para leer la sentencia. ¿Por qué razón se apura Macri a aceptar la renuncia?”, se preguntó el dirigente y recordó que el jury del Consejo de la Magistratura “se constituyó por dos denuncias: una es la de los trabajadores judiciales de Bahía Blanca que durante mucho tiempo han denunciado toda clase de maltratos, agravios, actos del machismo más brutal”.
“Y en segundo término, nosotros hemos apoyado desde siempre una antigua denuncia de Alberto Rodríguez, primero y de Dante Patrignani, luego, sobre la vinculación del doctor Montezanti con la Triple A”.
La imputación hacia el ex camarista como integrante de la Triple A “fue discutida hace muchos años en un juicio que el propio Montezanti abrió contra Rodríguez por supuestas injurias y agravios. Fue el primer momento en que se discutió la cuestión de la Triple A en Bahía Blanca. Fue una batalla realmente importante, donde pudimos confrontar dos maneras de entender la vida”.
A su vez, Schulman invitó a considerar la renuncia de Montezanti como “una victoria enorme, ética. En general las ratas huyen de los barcos cuando los barcos se hunden. Pobre Montezanti que es una rata pero que tuvo que huir de un barco que en realidad está en el momento más glorioso: ha recuperado el gobierno, el sobrino de Massot es presidente del bloque (del PRO), Macri habla de la teoría de los dos demonios con una impudicia… pero los procesos son contradictorios y nuestros más de 10 años de lucha fructificaron ahora”.
Con el acuerdo arribado para cancelar la sentencia de la Justicia estadounidense con los “fondos buitres”, se consuma un nuevo fraude a la sociedad argentina.
Esta vez por 15.000 millones de dólares, que es el monto a pagar en efectivo a los acreedores, y que se obtendrán de una nueva colocación de títulos de la deuda pública, que alcanzaría un stock de deuda por 300.000 millones de dólares, y habilita a nuevas rondas de préstamos que agravará la hipoteca de nuestro pueblo.
Los especuladores financieros (buitres) compraron bonos depreciados en plena cesación de pagos de la Argentina, y ahora cobrarán con una renta increíble que oscila, según sea cada título, entre 400 a 1.000%. Más que un gran negocio, se trata de una estafa gigantesca.
Una estafa convalidada bajo un gobierno constitucional, ratificando la reiterada lógica de todos los turnos gubernamentales desde 1983, quienes renegociaron la deuda pública surgida de manera ilegal, ilegitima y odiosa en tiempos de la dictadura genocida.
En rigor, se viene escamoteando la investigación sobre la deuda, un tema que logró incluirse en la ley de pago soberano que ahora pretenden derogar para habilitar el acuerdo con los buitres y la justicia de Nueva York. La comisión bicameral incumplió con la presentación de un informe a fines del 2015.
Nuestro país legaliza en cada turno de gobierno el endeudamiento espurio y se niega a auditar las deudas, desconociendo, incluso, fallos de la justicia local (sentencia de Ballesteros, del año 2000) y otros procesos judiciales en curso.
Ahora se celebra el fin del default asumiendo más deuda, con la convicción de que será punta de partida de un crecimiento que reproduce la lógica de producción, distribución, intercambio y consumo para beneficio de la élite empresarial que usufructúa el trabajo social.
Es curioso como ayer se celebraba el desendeudamiento y ahora se continúa con pagos y nuevas rondas de deuda. Son relatos de la alegría para profundizar la pérdida de soberanía a 200 años de la independencia.
Además, las deudas de hoy se exigirán pronto y restarán recursos fiscales para satisfacer derechos sociales de alimentación, salud, educación, energía, entre muchas necesidades insatisfechas. La nueva deuda es una de las caras del ajuste, aunque el tema se presente como única salida que convoca al consenso de toda la población.
Ganar en conciencia social movilizada para suspender los pagos, mientras se audita la deuda, sería un camino alternativo.
El concejal Matías Italiano presentó un proyecto de resolución solicitando a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires la inmediata realización de audiencia pública, a los efectos de garantizar la participación de lxs usuarixs en la discusión del aumento de tarifa del servicio público de energía eléctrica.
El Gobierno Provincial publicó el día 26 de Febrero de 2016, en el Boletín Oficial, una resolución del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Edgardo Cenzon.
Según el edil de Compromiso Bahía, “la resolución en cuestión, establece un incremento en la tarifa del servicio de la energía eléctrica de un ciento diez por ciento (110%)”.
La Ley N° 24.065 establece que “cualquier modificación al régimen tarifario debe contar con una convocatoria a audiencia pública en al que se expliquen los motivos y las causas de la reducción de los subsidios”
Este aumento se suma “a la intensión de fuertes aumentos en las tarifas de los servicios de gas y agua y cloacas”
A su vez, el texto indica que “los servicios públicos de suministro (agua, electricidad y gas) son fundamentales y desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social, y que los servicios públicos de suministro de calidad son una condición sine qua non para la erradicación efectiva de la pobreza” y “que los gobiernos son responsables en último término de asegurar el acceso fiable y universal a los servicios en unos marcos normativos que prevean la rendición de cuentas”.
Por último, el proyecto de resolución destaca que “la Audiencia Pública es una garantía que tiene el usuario para ejercer un control evitando abusos en la fijación de la tarifa”.
La Banda Sinfónica de Bahía Blanca, conducida por el profesor Gustavo Kamerbeek, invita estudiantes, aficionadxs y profesionales a integrar las filas de esta agrupación de concierto y sinfónica.
La invitación se extiende a los siguientes instrumentos: flauta, oboe, clarinete y/o fagot; corno, trompeta, trombón, tuba, violoncello, contrabajo y percusión.
Al respecto, el músico recordó que el proyecto comenzó “haciendo una orquesta juvenil (la JOCA) la profesora Alejandra Hall y Santiago Doiny Cabré. Convocaron a un grupo de gente entre los que yo estaba colaborando en la parte de los vientistas de la orquesta. Eso fue creciendo. Se adosó el coro de clarinetes que yo había formado un año antes. Empezamos a organizar los Encuentros de Clarinetes. Ahí nos dimos cuenta que necesitábamos una estructura formal y ahí armamos la Asociación Filarmónica”.
En este momento la institución cuenta con “un Coro de Voces, la Banda Sinfónica y el Coro de Clarinetes”.
Los objetivos “son diferentes. La JOCA en su momento se hizo viendo que en la ciudad no había orquestas juveniles. En cuanto al Coro de Clarinetes se inició como un incentivo a los alumnos de la Cátedra en el Conservatorio y hoy es un grupo de amateurs. El Coro Escuela tiene como idea ayudar a los coreutas a formarse en un pre coro o un coro profesional. Y la banda, cuando tuvimos que reformular la JOCA en su momento, que teníamos poquita cuerda dijimos hay que hacer orquesta de cuerda en lugar de orquesta sinfónica, entonces juntamos a los vientos e hicimos la banda que tampoco había.
La Banda Sinfónica de Bahía Blanca fue creada a fines de 2010 por la Asociación Filarmónica de Bahía Blanca y cuenta con aproximadamente 40 integrantes, entre estudiantes avanzados, aficionadxs y profesionales.
Se ha presentado en el Salón Blanco del Club Argentino, Teatro Municipal de Bahía Blanca, Teatro Colón de Punta Alta y en distintos escenarios, instituciones y asociaciones de nuestra ciudad interpretando obras originales para la formación, así como arreglos de obras sinfónicas y populares.
A su vez, consultado sobre el balance de estos años de trabajo, Kamerbeek sostuvo que “es muy bueno porque en general la gente que se va, se va para algo mejor. Se va a estudiar afuera o está trabajando y no le dan los horarios. Y también porque vamos haciendo un repertorio de banda que no es muy común en esta zona”.
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(Por Francisco J. Cantamutto) Trascendió por anuncios informales que los fondos buitres más litigiosos habrían arreglado con Argentina. ¿Capítulos finales de la entrega del país?
Tal como explicábamos hace poco, el gobierno de Macri lanzó una campaña de arreglo con los fondos buitres en litigio en las cortes de Nueva York. Se busca conseguir el acuerdo con estos houldouts a toda costa, abiertamente reconociendo la posibilidad de ceder ante cualquier reclamo. Es un paso clave para el nuevo gobierno, pues según sus propias declaraciones, es el instrumento para reanudar la relación del país con los mercados de crédito internacionales. En buen criollo, retomar el camino de la deuda. El programa de salvaje ajuste que está llevando adelante el gobierno requiere de fuentes de financiamiento para evitar una crisis fiscal y económica generalizada.
En este marco, el ministro Prat Gay –antiguo funcionario de la banca JP Morgan- había anunciado sin mayores precisiones una oferta de pago por 6.500 millones de dólares. Este monto está envuelto en múltiples imprecisiones. Por un lado, se presentó esta propuesta como una quita frente a una deuda total en litigio de 9.000 millones de dólares, pero hasta ahora se ha negociado con acreedores por menos de 5.000 millones. Prat Gay señaló que para pagar a estos acreedores, emitiría deuda por 15.000 millones. Esta cifra sigue por debajo de los 20-30.000 millones que el mismo ministro señalara como el total de holdouts previamente. En síntesis, no sabemos cuánta es la deuda sin arreglo, cuánta la que está en litigio, con qué proporción se está arreglando ni cuánto nos costará.
El acuerdo no es aun firme. Se trata de una indiscreción del abogado de los fondos buitres Matthew McGill, que reconoció públicamente que NML Capital y Aurelius –los fondos administrados por Paul Singer- estarían de acuerdo con la oferta. Como se trata de los dos principales buitres en materia de juicios a la Argentina en las cortes de Nueva York, socios en la acción con el juez Griesa, esta noticia fue leída como el anticipo del cierre del problema. Con otros dos fondos que ya aceptaron, la negociación estaría casi cerrada, estando pendientes solo precisiones técnicas de la talla de los plazos y formas de pago. El mediador Daniel Pollack se enojó por este anuncio por fuera de la negociación formal, pero ninguna fuente desmintió los dichos.
Griesa debería levantar las cautelares que emitió en los últimos 4 años para permitir el arreglo. El juez demandó para ello que el gobierno logre el acuerdo del Congreso. Por eso, el jefe del bloque de diputados de PRO, Nicolás Massot, ya explicó que enviará en breve el proyecto para derogar las leyes que complican el pago. Se trata de la Ley Cerrojo (N° 26.017) de 2005, que prohibía la reapertura del canje de Kirchner de ese año, y la mal llamada Ley de Pago Soberano (N° 26.984) de 2014, que declaraba de interés público el pago de la deuda y comandaba a investigarla al mismo tiempo. La Ley Cerrojo se suspendió en dos ocasiones ya (2010 y 2013) para permitir el pago con acreedores que no entraron al canje en 2005. La comisión creada para investigar la deuda mediante la Ley de Pago Soberano no ha producido ningún efecto real. Al enviar la iniciativa al Congreso, el PRO busca compartir la responsabilidad por la deuda con las fuerzas políticas mayoritarias, una auténtica política de Estado contra el pueblo, de las que demandan los analistas ligados al empresariado. Gane quien gane, que no se toquen los fundamentos de la economía.
Se cerraría así, una vez más, la oportunidad de auditar la deuda y repudiar el pago. Investigar y repudiar es la única posible salida soberana al problema de la deuda. Una operación ilegal e ilegítima que no puede extenderse más en el tiempo. La política de pagos seriales no logró resolverla a pesar de haber puesto a disposición miles de millones de dólares: la voracidad del capital no tiene límites.
La propuesta de Macri representa un retroceso fuerte en la materia. Referentes de Scioli y Massa salieron a respaldar la decisión, dándonos la razón respecto al acuerdo común que tenían en esta materia. Se trata de rendirse ante las fracciones más predatorias del capital financiero, sin obtener nada a cambio. Si los capitales entran al país luego de esta operación, se tratará de nueva deuda para financiar el ajuste que se está llevando adelante: es decir, si esta operación tiene “éxito” será una derrota mayor para todo el pueblo, que se ve obligado a vivir en peores condiciones para pagar la deuda que no lo benefició en nada.
Foto: Vía Rosario
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó la falta de mérito del dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, imputado por crímenes de lesa humanidad, y declaró abstracto el pedido de nulidad de lo actuado por el abogado Claudio Pontet, quien benefició al empresario en marzo de 2015.
Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia habían cuestionado aquel fallo ante la Alzada local, cuyo ex presidente Néstor Luis Montezanti presentó ayer la renuncia al cargo -en el cual estaba suspendido- jaqueado por un jury que le reprocha su pasado como personal civil de inteligencia del Destacamento 181 y sus vínculos con la Triple A. Con la lectura del veredicto establecida para el próximo jueves, el Ministerio de Justicia deberá decidir si acepta o rechaza la dimisión. En la causa Massot se había involucrado para exonerar al juez Álvaro Coleffi.
Ayer, Pablo Candisano Mera y el camarista marplatense Jorge Ferro firmaron la sentencia y dijeron que, “por el momento”, no se encuentra acreditada la responsabilidad de Massot como coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio.
Pablo Candisano Mera.
En cuanto a la validez de la intervención de Pontet, Candisano Mera validó sus actos y afirmó que su designación no adolece de vicio alguno y, en ese sentido, el Consejo de la Magistratura solo se limitó a no ratificarla”. Ferro contrapuso que el letrado “no estaba en condiciones legales ni reglamentarias para acceder a tal cargo” aunque coincidió en que finalmente el pedido fiscal, con el juez fuera de la causa, “cae en abstracto”.
Los magistrados manifestaron que las operaciones psicológicas, según su lectura de las normativas militares, eran planificadas y desarrolladas por los uniformados y que “el control y fiscalización gubernamental de los medios de comunicación en la lucha contra la subversión también estaba consagrado reglamentariamente”.
“No es posible considerar como lo hacen los fiscales que toda esta responsabilidad recayera en una empresa privada, o en un civil, siendo más lógico y razonable, a la par de legal y reglamentario, que el Jefe de Operaciones de la Zona 5 se valga de aquellos elementos que le puedan resultar útiles en su planificación, resultando La Nueva Provincia ineludible en esta ciudad y alrededores, especialmente por su posición en el mercado local y su enfoque ideológico abiertamente expuesto”, dijo el autor del primer voto.
El veredicto compartió la “cuasi legalidad de la época” planteada por Pontet reconociendo los decretos del gobierno de Isabel Perón para “aniquilar la subversión”. “En ese marco de violencia política, dado fundamentalmente por el accionar, por un lado, de agrupaciones como Montoneros y el ERP y, por el otro, de grupos parapoliciales apañados por el Estado como la Triple A, el golpe militar no fue resistido por la sociedad, sino más bien aceptado, en algunos casos con resignación, en otros con entusiasmo, en especial en los medios de prensa”.
Como “para ciertos sectores de la sociedad”, entre ellos la empresa de la familia Massot, “la subversión armada era un peligro actual, real y palpable, por lo que la acción psicológica militar sobre ella, solo tendría que acentuar el miedo sin necesidad de convencer. Por ello es que no puede considerarse acreditado que el diario y/o sus directivos tuvieran un conocimiento previo y certero respecto de la realidad de la lucha contra la subversión”, entendió Candisano.
Al amparo de la “libertad de prensa”, agregó: “De allí también que la línea editorial, si bien no era muy diferente antes, alentara y proclamara la necesidad de aniquilar la subversión de la que legítimamente podían sentirse blanco, y dicho mensaje no era más que el oficial y, aún sin saberlo, hasta legal, según los cánones de legalidad de la época”.
La Fiscalía ubicó al actual director del diario dentro del “núcleo duro” de administración del multimedios, en una segunda línea compartida con su hermano Federico, subordinada a la madre de ambos, Diana Julio. Para ello destacan su carácter de dueño, de ser el encargado de representar internacionalmente a la empresa, de queintervino en forma directa y personal en los conflictos laborales haciendo labrar actas notariales, que tuvo reuniones con jerarcas de las fuerzas represoras y que cobraba sueldo como editorialista. Los jueces opinaron que nada de ello fue probado.
Por ejemplo, su rol de correo entre los genocidas Guillermo Suárez Mason y René Azpitarte, en medio de una interna militar, no significa “elemento cargoso alguno, pues dada la presencia prácticamente hegemónica del diario a nivel local y regional, resulta razonable que guardaran buenas relaciones con las distintas autoridades asentadas en la ciudad, ya sean nacionales o provinciales, civiles o militares”.
“La extensa y compleja imputación fiscal fue tratada en profundidad por el a quo y descartada por falta de elementos probatorios que la confirmen, pues no se ha acreditado que el imputado tuviera algún grado de participación en los hechos endilgados, teniendo en cuenta la edad, lugar de residencia y su actividad al momento de los hechos”, culminó Candisano Mera.
Jorge Ferro.
El marplatense Jorge Ferro, presidente del Tribunal Oral que ordenó investigar el rol de La Nueva Provincia tras condenar a 17 represores del V Cuerpo de Ejército, firmó que “hasta el momento no se han podido acreditar” los delitos imputados, “pues la sola circunstancia de publicar ciertas ideas más afines a gobiernos dictatoriales o una línea editorial que muestra el perfil que sostiene el diario La Nueva provincia, no obstante que no se compartan tales ideales, por sí solo no dan la idea acabada de haber formado parte del plan criminal y formar una asociación ilícita a partir del Terrorismo de Estado”.
“Si bien he dicho en la causa N° 982 que le resulta arbitraria la consideración que los militares ‘utilizaron’ a La Nueva Provincia y admitieron una acción psicológica, imputar por ahora a todos los directores de diarios sería aplicar la lógica de libre convicción ya que, insisto, hasta el momento no se valoró elemento alguno que lo acredite”, escribió.
En la misma línea, subrayó que “tampoco ha sido demostrado ni siquiera indiciariamente” que “el imputado asumió voluntaria y conscientemente su parte en el plan delictivo, realizando actividad de inteligencia, en las especialidades de selección de blancos, construcción del enemigo, actividad psicológica de persuasión, compulsión y sugestión de la población, enmarcada incluso en los reglamentos militares, hasta el momento y con la indulgencia de las pruebas que exige este estado procesal”.
