

Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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Desde abril de 2012 trabajadorxs de esa planta tomaron posesión de las instalaciones, ante el incumplimiento de un acuerdo de reinversión por parte de la empresa. Luego, según el abogado Claudio Lofvall, la propiedad fue determinada a favor de lxs manifestantes por “una ley de expropiación de la Cámara de Diputados que le otorgó propiedad del frigorífico a la Cooperativa Fortín Cuatreros”.
Como trasfondo del conflicto, “lo que se debate a partir del lunes es si la conducta de esos trabajadores constituye el delito de usurpación o se trata de una conducta que apuntaba a ejercer un derecho o a defender la fuente de trabajo o el derecho a manifestarse, a protestar”.
De esta forma, “es un conflicto netamente del derecho laboral. Es un reclamo sindical. El derecho penal es la última alternativa si el derecho administrativo, civil o laboral no lograron encontrar solución al conflicto. En el terreno laboral esto se hubiera resuelto hace rato”.
“La discusión se da ahora en terreno penal porque evidentemente en el derecho penal los poderosos sí tienen más chance de ganar. Seguramente en el derecho laboral el derecho a huelga amparado constitucionalmente hubiera tenido otra acogida”.
Para Lofvall, “cuando dos derechos se enfrentan prima el mayor jerarquía. En este caso y siempre, cuando un derecho que es más importante que el derecho de la propiedad se enfrenta con el derecho a la propiedad existe un remedio legal que es, justamente, una ley de expropiación por utilidad pública”.
“Eso no lo hace la justicia sino la Cámara de Diputados que dice: ‘mire por estas razones, para mantener las fuentes de trabajo y habiendo constituido una cooperativa, ahora expropiamos la propiedad y se la damos a la cooperativa conformada por los trabajadores’. Eso es lo que sucedió”.
“Ahora debatiremos, a partir del lunes, si estos trabajadores, que nunca de debieron haber necesitado un abogado penalista porque con un planteo laboral les hubiera alcanzado, van a hacer valer el derecho que por ley les corresponde (Ley 15505) o se va a aplicar el derecho penal para criminalizar la protesta y se los va a meter presos y se les va a sacar el frigorífico que por ley les corresponde”.
El contexto
El abogado de los trabajadores acusados de usurpación recordó que “en el año 2011 disminuyó la faena del frigorífico. En septiembre la firma decide cerrar y despedir a 187 trabajadores. Los obreros se plantan en la puerta. Se plantea el conflicto social. Entonces intervienen la política, la municipalidad, el Concejo Deliberante, legisladores, el Ministerio de Trabajo y finalmente se hace un acuerdo de paz social. En él se comprometían a poner en marcha el frigorífico, la municipalidad iba a ayudar, la provincia iba a poner una plata y mantener a las familias que estaban tomando las instalaciones manifestando de ese modo. El convenio no se cumplió. Sí la provincia y la municipalidad cumplieron pero el frigorífico no se puso en marcha sino que, por el contrario, empezó a haber un movimiento de camiones donde empezaban a sacar máquinas balanzas, todos los elementos de trabajo”.
En este contexto, “en abril de 2012 los trabajadores dijeron: no saquen nada más. Tomaron la planta. En realidad no entraron a las oficinas. Se quedaron en una galería y las oficinas del frigorífico estuvieron siempre cerradas hasta que salió esta ley de la Cámara de Diputados que le otorgó la propiedad”.
¿Qué es lo que dirimirá el juicio oral?
Hasta el día miércoles, “la discusión se circunscribe a ver si hubo usurpación en ese período en que ingresaron al hall (y no a las oficinas) en 2012 y el momento en que la ley les reconoce la propiedad”.
Sin embargo, Lofvall cree “que se está queriendo criminalizar la protesta social y mandar un mensaje a toda la sociedad: que las paritarias tienen techo y que ‘si protestan los hecho’ y si hacen lío los meten preso. Creo que es una revancha política”.
En este sentido, el abogado recalcó que “la fiscal dice por los medios que van a pedir la condena y la restitución del frigorífico. Realmente eso es lo que les interesa”.
En el ámbito político, también cuestionó que “antes de que este juicio suceda y de que haya una sentencia ya las nuevas autoridades municipales se sacan foto en el frigorífico anunciando que se va a abrir con nuevos inversores. No podría hacerse esto sin que haya una sentencia”.
Foto: Telam
La normativa anti-piquetes que legaliza la represión y criminalización de la protesta social, presentada la semana pasada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y aprobada por el Consejo de Seguridad Interior con el pomposo nombre de “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, comenzó a recibir sus primeros rechazos y repudios por parte de organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales salió inmediatamente a cuestionar la iniciativa tildándola de “antidemocrática” y advirtiendo que “uno de los aspectos más graves de la resolución es que no prohíbe de manera explícita que los policías que intervienen en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar. (…) El gobierno nacional, en lugar de regular la actuación de las fuerzas de seguridad y el uso de la fuerza, amplía sus facultades para reprimir y criminalizar. La ministra respondió que “el CELS no sabe leer, lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción. (…) Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes”.
Desde el organismo no tardaron en retrucar afirmando que “la protesta social y las manifestaciones públicas son parte de la vida democrática, son el megáfono de las demandas sociales. En nuestro país han sido inseparables de transformaciones sociales que ampliaron derechos. Frente a estas demandas, los gobiernos pueden priorizar la resolución política de los conflictos a través de mecanismos no represivos o pueden hacer prevalecer el orden público y la represión. Pueden dar el mensaje de que van a controlar la actuación policial o el de que van a dejar que actúen con sus propios criterios. Este es un debate político de fondo en el que están en juego derechos fundamentales”.
La Comisión Provincial por la Memoria rechazó la “criminalización de la protesta social” que propone el nuevo protocolo “en un escenario de conflictividad social” en el cual “la represión de la protesta termina con situaciones de violencias generalizadas, no aporta a la resolución de los conflictos, vulnera las garantías constitucionales y degrada el sistema republicano y democrático”.
“Amparándose en el derecho a transitar y mediante la utilización de términos ambiguos y laxos, la nueva legislación delimita de manera arbitraria el derecho fundamental de la ciudadanía a manifestarse y peticionar ante las autoridades y, al mismo tiempo, permite la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad para intervenir en las manifestaciones públicas”.
Por otra parte, el organismo repudió “las limitaciones impuestas a la participación de los medios de comunicación, que siempre funcionaron como un reaseguro de la legalidad de las intervenciones de las fuerzas de seguridad. (…) Cualquier limitación al trabajo de los medios de comunicación resulta también inconstitucional en tanto vulnera la efectiva libertad de prensa. Además, con el pretexto de evaluar la actuación de las fuerzas de seguridad, se permite tomar registro fílmico y fotográfico de las manifestaciones. Sin embargo, existen innumerables antecedentes en donde este tipo de información pasa a engrosar los archivos de inteligencia”.
Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional el protocolo es “un dispositivo ideológico que tiende a restringir las libertades públicas, al tiempo que consolida el proceso creciente de exclusión social, y estigmatiza y moldea la opinión pública, allanando el camino para que gobiernen en contra de las clases subalternas. No se diferencia sustancialmente de otros intentos, como el del anterior gobierno, con el consenso de todos los partidos patronales, a partir del discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el 1º de marzo de 2014”.
En cuanto a los registros audiovisuales que deberán realizar las propias fuerzas de seguridad para ser utilizadas en sede judicial, CORREPI sostiene que es “una clara reedición del Proyecto X del anterior gobierno”. “De este modo, y considerando que en otro punto se vincula la protesta con la infracción a varios delitos del Código Penal (art. 183, daño; art. 194, corte de calles, etc.), se habilita la filmación de reuniones previas, o la identificación de los organizadores, con la excusa legal de prevenir o evitar la comisión de esos delitos”.
“Criminalizar la protesta, devaluar el derecho a ejercerla, rebajando incluso su trascendencia al asimilarla al derecho al libre tránsito de las calles, importa propiciar un verdadero estado policíaco que la clase dominante necesita, porque se trata de enfrentar el peligro que para esa clase implica su ejercicio. Niveles inflacionarios devastadores del bolsillo de los trabajadores y del pueblo, techo a las paritarias, tarifazos, despidos masivos, impuesto al salario, cortes de luz, persecución política y social, represiones varias, son la contracara de las enormes ganancias transferidas a los más ricos en los últimos dos meses”, agrega el comunicado y convoca a la clase trabajadora a “tomar nota de esta amenaza concreta y disponerse a enfrentarla con redoblados esfuerzos organizativos para no dejar las calles”.
El secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma y secretario general de la Federación Judicial Argentina, Hugo Blasco, opinó que el gobierno está interpelando el modelo democrático argentino: “Tenemos una larga tradición de más de 20 años, recordemos los piquetes del del ’94, ’95, de desocupados que inclusive significaron el asesinato de compañeros y compañeras. Hay una larga tradición respecto a la movilización popular, al corte de calle, al corte de rutas, cuando hay toda una instancia previa que no ha sido atendida por el Gobierno, por el Estado como trabajadores despedidos de un día para el otro, trabajadores que no cobran el salario hace 3, 4, 5 meses, poblaciones enteras que se ven afectadas en su calidad de vida por la contaminación ambiental y no tienen ninguna respuesta ni solución”.
“Ahora la respuesta del Estado es la represión porque en definitiva en esta democracia que no es tal, no es la que pretendemos los trabajadores, siempre se nos dice, desde los medios de comunicación fundamentalmente y de toda la catarata ideológica liberal que hay que garantizar los derechos de todos como la libre circulación ahora los otros derechos que son vulnerados y que son gravísimos, porque yo puedo tener una demora un día siendo automovilista, puedo tomar por otra calle que me signifique llegar más tarde a donde tengo que ir, ahora el que no tiene para comer, no tiene para comer, el que perdió el empleo, perdió el empleo y eso no lo resuelve caminando tres cuadras más o una hora por un embotellamiento de tránsito”.
Victorio Paulón, titular del área de Derechos Humanos de la CTA que conduce Hugo Yaski, dijo que el plan de Bullrich “es un enorme retroceso respecto a todo lo que se había construido en los últimos años no solamente en la sociedad civil, en el propio parlamento. El Acuerdo de Seguridad Democrática había establecido un claro protocolo en el que estaba prohibida la portación de armas a los agentes de seguridad, la obligación de la mediación y generar espacios de negociación que permitieran abordar los motivos del conflicto y todo esto de un plumazo es borrado por la ministra de Seguridad y volvemos al viejo esquema de un emplazamiento de pocos minutos para desalojar la calle, caso contrario la represión”.
“En términos históricos es un retroceso de una década, en términos prácticos esta es la antesala de que empecemos a contabilizar heridos, detenidos, procesados y por qué no también algún muerto como consecuencia de la represión. Esto es reiterativo. Kosteki y Santillán siguen presentes en la memoria colectiva, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en los organismos de derechos humanos, y lo que hace este protocolo es generar exactamente el mismo escenario que teníamos en aquel momento”.
La Asociación de Reporteros Gráficos se opuso al “corralito periodístico” y argumentó que “una cobertura periodística callejera no puede realizarse de ningún modo desde ‘una zona determinada’ por la policía, y que esta solo sirve para ocultar un accionar que se presupone así represivo cuando no ilegal”.
“No es necesario tampoco abundar en ejemplos donde la cobertura periodística justamente desnudó y ayudó a castigar ese accionar abusivo o ilegal de las fuerzas de seguridad. Fotos icónicas de la Matanza de Tlatelolco o de la universidad de California lo demuestran, y las fotos de nuestros colegas que cubrieron y denunciaron y facilitaron el castigo de los asesinatos de Kosteki y Santillán lo confirman”, afirmaron y responsabilizaron al gobierno nacional “por la integridad física de los trabajadores de prensa que cubren la protesta social” exigiendo que “se les permita cubrir los hechos con la libertad de movimiento y perspectiva que corresponde a una prensa libre y responsable”
En el mismo sentido, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) mostró “particular preocupación” por “la limitación del trabajo de periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de la comunicación. La historia también nos ha dejado la lección de que muchos episodios de abuso policial y represión criminal han sido juzgados gracias a los registros fotográficos y audiovisuales realizados por comunicadores”.
“La prescripción de una ‘zona de ubicación determinada’ para los trabajadores de la comunicación implica un condicionamiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes”.
Este lunes, en el marco de reanudación del juicio Escuelita IV en Neuquén, los organismos de derechos humanos de la región adherirán al proyecto de repudio al protocolo presentado en la legislatura provincial por el diputado del PTS-FIT, Raúl Godoy. Natalia Hormazabal, del CeProDH, expresó que el proyecto del gobierno “resulta ilegítimo e ilegal desde todo punto de vista, y que constituye un gravísimo avance en la criminalización de la protesta. Es escandaloso que se brinde poder ilimitado a las fuerzas de seguridad dejándoles la potestad de definir qué protestas permiten y cuáles no. Asimismo, el hecho de que bajo la argucia de la ‘flagrancia’, las fuerzas encargadas de la represión y el Ministerio de Seguridad puedan definir arbitrariamente quién comete delitos, juzgado ‘in situ’ sin intervención judicial, basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por el general Onganía, constituye un real ataque a las más amplias libertades democráticas”.
“Amnistía Internacional considera de suma importancia que se desarrolle un debate serio informado y participativo en torno al derecho a manifestarse y expresarse. Es imperioso examinar el marco jurídico actual que impacta en el ejercicio de este derecho”, señaló la organización en una carta que su directora ejecutiva, Mariela Belski, le envió a la ministra Bullrich tras al anuncio del protocolo.
Finalmente, la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada aseveró que “mientras el pueblo se encuentra abocado a preparar los actos de repudio al golpe de Estado genocida de 1976, reivindicando las 30.000 compañeras y compañeros detenidos – desaparecidos y la lucha antidictatorial, el gobierno de Mauricio Macri ha decidido reivindicar el accionar de esa dictadura genocida. Así, el nombramiento de funcionarios ligados a la dictadura militar, la reunión del secretario de DDHH Carlos Avruj con la ONG CEITYV, el negacionismo del ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido y el proyecto elaborado en el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, es una muestra inequívoca que el gobierno nacional a poco de cumplirse los 40 años del golpe genocida, se coloca claramente junto a los represores que tiñeron de sangre la historia de nuestra tierra”.
(Por Julio Gambina) La creciente insatisfacción social ante múltiples medidas de ajuste contra los trabajadores y la mayoría de la población, apuró anuncios del gobierno Macri sobre modificaciones al mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
Una reivindicación de larga data en el país y que motivó importantes movilizaciones en los últimos años, incluidos varios paros nacionales, arrancando compromisos de campaña de todos los candidatos con posibilidades de gobernar.
La insatisfacción se asocia a las restricciones en los ingresos populares por encarecimiento de precios, y eso que aún no impacta el aumento de las tarifas eléctricas.
Pero la desconformidad proviene también de la gigantesca transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía, derivados de la devaluación continua, con un dólar a más de 15 pesos y sin techo previsible, aun cuando el BCRA tuvo que vender 40 millones de dólares para evitar un alza mayor.
La gota que rebalsó la copa fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras, beneficiando a las grandes empresas transnacionales asociadas al saqueo y la depredación de los bienes comunes. Agravado con la difusión de la medida en San Juan, cuando aún está latente en la memoria social el derrame tóxico de septiembre pasado sobre las aguas del río de una provincia que sufre por escases de agua.
Hasta sectores asociados al gobierno señalaron la incongruencia entre este beneficio a las mineras y la postergación de medidas contra la inequidad por el mantenimiento del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores.
El gobierno pretendía discutir desde marzo en el Parlamento el tema del impuesto a las ganancias y el impacto sobre los asalariados. Era una cuestión de mediano plazo, pero el clima de inconformidad en el marco del inicio de las negociaciones colectivas por el salario, aceleró los tiempos de la actualización del mínimo no imponible.
Anuncios en la disputa del consenso
La iniciativa política en la disputa del consenso social mueve al gobierno, no hay duda, y por eso separa del INDEC a una funcionaria que pretendía organizar un trabajo profesional, haciendo evidente que la “política” (autoritaria) se impone también en esta etapa sobre la seriedad y la profesionalización de la información estadística.
Necesitan un dato ahora, sin importar el grado de rigurosidad del mismo, sin gran diferencia que lo argumentado hacia el 2006/7 y el desarme del sistema estadístico de la Argentina hasta el presente.
Por eso se imponen ahora los cambios anunciados en el impuesto a las ganancias, y es parte de lo que demandan los dirigentes sindicales más cercanos al gobierno y que son privilegiados a la hora del dialogo con las autoridades. Estos sindicalistas son expresión de organizaciones que nuclean a parte importante de los trabajadores de mayores ingresos, y por ende sujetos del impuesto a las ganancias.
El Presidente dice que el anuncio es solo “un primer paso” para contentar a quienes demandan actualizaciones de las exenciones y al reducir la imposición sobre los asalariados, se puede mejorar la capacidad de compra de ellos y sus familias.
La realidad es que la actualización está muy lejos de lo que se había sugerido, pues los 30.000 pesos mensuales de mínimo no imponible son relativos al ingreso bruto de los trabajadores. Por lo que los ingresos netos eximidos de pago al impuesto son por 25.000 pesos mensuales al trabajador con cargas de familia y 18.880 para el soltero sin hijos.
Son cifras importantes en una franja minoritaria para un promedio salarial que ronda poco más de 7.000 pesos al mes, pero menos de lo reclamado.
Al ser un impuesto que actúa sobre ingresos anuales, la medida es retroactiva a enero 2016 y se eliminan todas las disposiciones que habían servido de parche desde el 2013, por lo que algunos pagarán menos impuesto, y otros, que antes no tributaban, ahora podrán ser sujetos del tributo.
En el imaginario de la discusión previa se aludía a una eximición desde los 30.000 pesos mensuales netos.
No se modifican las escalas ni está prevista una actualización regular de estos nuevos valores del mínimo no imponible, con el argumento que eso requiere ser modificado por ley y que se llevará al Parlamento para su discusión.
Claro que ni hablar de la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores, argumento sustentado de que los salarios no son ganancia, sino el pago a la venta de la fuerza de trabajo.
Mucho menos en tiempos de déficit fiscal y que la medida anunciada supone una merma de recaudación. Disminución que parcialmente será compensada por el mayor consumo que genere entre los que se beneficien con estos nuevos mínimos.
Claro que no todo irá al consumo y una parte puede derivarse hacia la especulación, inducida por altas tasas de interés y la regular variación al alza de la divisa estadounidense.
Compensaciones insuficientes
Los grandes beneficios de la política económica de Macri apuntan a satisfacer el programa del capital más concentrado y en ese marco, se ofrecen solo compensaciones parciales e insuficientes a los sectores de ingresos fijos.
Vale adicionar que los anuncios se quedan cortos por no incluir a los trabajadores por cuenta propia, que son parte de la informalización del empleo en los últimos años.
Lo que sí se incluye es la actualización de las asignaciones familiares para compensar a sectores de menores ingresos y que no son sujetos del impuesto a las ganancias.
Estos anuncios intervienen para facilitar a la baja la negociación de las paritarias por actualización de salarios, que una vez producida dejarán desactualizadas las correcciones ahora informadas por la AFIP y el gobierno.
El reclamo de fondo por la eliminación del impuesto al salario, equiparado a las ganancias, es un tema actual y constituye parte esencial del programa de reivindicaciones democráticas del movimiento sindical.
Claro que el propósito de Macri es contener la conflictividad y ganar consenso para su política, aun cuando el privilegio sea servir al objetivo central del programa de los capitales más concentrados.
Por eso las compensaciones, aun limitadas y parciales, suponen algunos ingresos mayores para una franja de trabajadores.
Pero junto a la disputa del consenso, se promueve el protocolo de la represión a la movilización popular, dispositivo que goza de apoyo de la sociedad, en parte motorizado ideológicamente desde los medios de información y comunicación. El consenso se disputa y manipula.
El mensaje gubernamental es claro: se asegura un determinado sentido de la política, para la concentración y la dominación del gran capital, con compensaciones limitadas; y ante la conflictividad, se ejerce la represión y la criminalización de la protesta.
En rigor, no solo interviene la iniciativa del gobierno o la del poder económico, sino también la que se ejerce desde otros sectores sociales y políticos, con otros sentidos y para otros objetivos.
Como siempre, lo que interesa discernir es quien terminará definiendo el sentido común.
“Primero que este es un proceso que han solicitado desde los movimientos sociales. En Bolivia existe la posibilidad de que las iniciativas populares y sociales sean tramitadas en la legislatura. Esos movimientos populares pidieron que la legislatura trate la reforma constitucional para permitir la re postulación del presidente y el vicepresidente”, dijo a FM De la Calle el Vicecónsul del Estado Plurinacional de Bolivia para la Patagonia argentina, Guido González Paz
En el referéndum se gana por mayoría simple. Son dos opciones: por el sí o por el no. “Lo único que tiene que hacer el boliviano que vive fuera de Bolivia será acercarse al consulado, aquellos que ya se inscribieron en las elecciones del 2014 o el año pasado para este referéndum”.
Solamente se ejercerá el derecho al voto en las ciudades donde existe un Consulado permanente. Según cálculos oficiales, habría unxs “30 mil bolivianos en la Patagonia argentina”.
Para el funcionario, el motivo por el que los movimientos sociales impulsan la continuidad de Evo Morales como presidente es que “la situación de todos los compatriotas que viven en Bolivia con el gobierno del presidente Morales ha dado un giro de 180 grados. Si vemos las cifras económicas, sociales, educativas y de salud estamos hablando de otra Bolivia. La inversión pública se ha quintuplicado”.
Según el González Paz, el gobierno del MAS generó estabilidad para los distintos estratos sociales. “El presidente Morales, en lugares donde antes no tenía acceso su partido, ha ganado en las últimas elecciones. No solamente los beneficios han sido para las clases más olvidadas sino que el beneficio recibido durante esta última década alcanza a las regiones con mayor desarrollo económico”.
Por otra parte, el proceso político también sufrió desgajamientos internos dentro de los sectores que bregan por el socialismo comunitario boliviano. “Ha habido referentes del MAS originarios que se han ido retirando por intereses personales propios y otras veces porque no han estado de acuerdo con ciertas políticas del ejecutivo de ese momento”.
Consultado acerca de las deudas del programa de gobierno, el Vicecónsul dijo que “el presidente ha planteado todo el proyecto de la agenda del bicentenario donde fundamentalmente se habla de la inversión en recursos humanos. Esto es la profundización de los beneficios en los sectores más olvidados de la sociedad. Para eso se establece una Bolivia digna, soberana y autosuficiente. Bolivia como centro distribuidor de energía para toda la región. Y en el debate interno es el tema de la lucha contra la corrupción”.
Algunos procesos políticos progresistas de la región apostaron fuertemente a liderazgos unipersonales y no lograron o no quisieron construir cuadros en condiciones de asumir la continuidad del proyecto político. Al respeto, el funcionario sostuvo que “dentro del partido de gobierno, existe otro instrumento político que es el IP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos). Éste fomenta los liderazgos políticos a nivel interno. Yo creo que existen liderazgos muy fuertes dentro del MAS, solamente que las caras más visible de ese movimiento son el presidente Morales y el vicepresidente García Linera. Entiendo que nuestros países son muy caudillistas. Todos: no solamente los movimientos populares o los gobiernos progresistas de la región”.
Por otra parte, González Paz recalcó que “esta posibilidad más que del caudillismo creo que es un ferviente deseo de los movimientos sociales: que el presidente Morales continúe en este camino, más allá de definir si hay o no otros liderazgos. Es importante destacar que esta es una propuesta desde los movimientos sociales y no desde el poder ejecutivo”.
Refiriéndose a la relación entre los gobiernos boliviano y argentino, el diplomático explicó que “el presidente Morales lo dijo: nosotros con la Argentina tenemos una unión fraternal que trasciende más allá de los gobiernos. La relación con el presidente Macri es la misma que tenía antes con el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner. Intentamos ir conociéndonos para afianzar más la relación. Los asuntos del país continúan por la misma vía. Por ejemplo, con el tema del gas”.
Escuchá la nota completa:
Santiago Marino es Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación (FSOC-UBA). Dirige la Maestría en “Industrias Culturales: políticas y gestión” de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). En diálogo con el programa En Eso Estamos, que esta semana comenzó su octava temporada en las mañanas de FM De la Calle, analizó las primeras medidas del gobierno nacional en el ámbito de las comunicaciones y sus consecuencias.
Días antes de la entrevista, Marino firmó un manifiesto junto a un grupo de académicxs vinculados al estudio de las relaciones entre los medios, las tecnologías de la comunicación y la política democrática, en el cual se sostiene que “el relajamiento de los límites a la propiedad generará consecuencias importantes sobre un sector fuertemente propenso a las economías de escala, beneficiará a los mayores grupos y, con toda probabilidad, consolidará la dominación del sector por parte de muy pocos conglomerados, lo que no constituye solo un problema que afecta la competencia económica, sino que atañe a la libertad de expresión y a la calidad de nuestra democracia”.
-¿Qué balance podrías hacer a modo de síntesis de lo que ha sido este verano en materia de políticas de comunicación?
Nos hemos manifestado muy preocupados con el conjunto de investigadores de distintas universidades, incluso algunos que residen en el exterior del país pero que trabajan estos temas, ante las decisiones que ha tomado Mauricio Macri en el momento de su asunción y hasta estos días en torno a la regulación del sistema de medios en general.
Si uno tuviera que hacer una síntesis, lo primero que diría es que por un lado se ha afectado el corazón de la ley audiovisual estableciendo cambios específicos sobre los topes a la concentración que planteaba aquella ley y sobre, por ejemplo, la composición institucional del organismo de aplicación que era la AFSCA y que tuvo esa novela de fin de año que conocimos que fue la permanencia de Sabbatella en el organismo defendiendo esta situación que está judicializada.
Pero mientras tanto el DNU avanzó y hoy tenemos un nuevo organismo de aplicación que su mayor problema es que tiene siete miembros: cuatro ya fueron designados directamente por el Ejecutivo y los otros tres serán designados por el Congreso cuando comience a funcionar. Uno de ellos corresponderá también a la minoría que representa el gobierno nacional allí, pero además, todos pueden ser revocados sin explicación de causa por el Poder Ejecutivo. Con lo cual hay una dependencia central del PE de este organismo de aplicación, hemos vuelto a una situación casi precámbrica.
El Ejecutivo controlando el organismo que administra la relación con el sistema de medios y tomando decisiones en torno a favorecer a los grandes grupos concentrados. En ese marco el gobierno de Macri anuncia que enviará, tal vez lo haga en próximos días en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, una nueva ley que reemplace tanto la ley audiovisual como la de Argentina Digital, que supuestamente estará basada en una visión novedosa en términos tecnológicos porque su argumento y el de su propio ministro es que Argentina está atrasada tanto el términos tecnológicos como regulatorios.
Ese es el tercer gran problema. No me parece mal que haya una nueva ley y que la ley salga por el Congreso, de hecho lo manifestamos en el documento, pero el problema es que los cambios que estableció el decreto a la ley audiovisual son cambios que van a ser permanentes, no momentáneos hasta que haya una nueva ley. Por ejemplo, haber frenado la adecuación de los grupos concentrados.
Pero el otro problema es que el gobierno opera sobre un argumento falaz que es el de la novedad o desarrollo tecnológico como central para la regulación. Porque si eso fuera así en el momento en que sancioné la ley va a quedar vieja, la tecnología cambia permanentemente.
Hay que interrogarse en torno a si el gobierno opera en base a una mirada comercial y privada de la comunicación y cierta ignorancia sobre el tema en el que están trabajando, sobre todo el ministro de Comunicaciones que no parece ser un experto en el área, o bien si tiene una mirada más compleja, que desconocemos su objetivo final, y que responde a una planificación integral cuyos elementos desconocemos.
-Respecto a las primeras medidas tomadas por el ENACOM, recién mencionabas el tratamiento de distintos proyectos de adecuación que habían presentado grandes grupos que estaban pendientes, ¿cuál fue el criterio que se tomó y qué se resolvió?
Lo que se decidió concretamente es dar de baja todos los planes de adecuación. Porque como el decreto 267, que es el más relevante, el que cambió centralmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por un lado cambia los topes a la concentración de la propiedad, allí donde había que tener diez licencias por medio ha sido cambiadas, pero además, excluye a la TV por cable de la ley audiovisual y ya no se regula más el mercado de distribución de televisión por cable por esa normativa sino que queda bajo la órbita de lo que todavía queda vigente de Argentina Digital. Mediante una resolución de ENACOM aprobada por los cuatro directores que designó el Poder Ejecutivo se dieron de baja toditos los planes de adecuación.
Ahí tendría que hacer una aclaración más que es quiénes son esos directores de ENACOM. No es un asunto personal con ellos, de hecho a algunos los conozco y pude intercambiar y dialogar sin ningún problema aunque no acordemos, pero si uno se fija de dónde vienen encontraremos que hay un representante de Cadena 3, uno del Grupo Clarín, uno de Telefónica y uno del gobierno concretamente. Cuando me refiero a representante me refiero al gerente hasta noviembre de Telefé. Este colectivo designado por el Poder Ejecutivo y con ese origen es el que tomó la decisión de dar de baja a los planes de adecuación de la ley audiovisual.
-Muy en línea con el resto de la composición del gabinete.
Claro, uno puede componer esa serie, gerentes y CEO’s de distintas cuestiones en el mismo marco. Uno se entera que el gobierno de Macri llamó a una licitación para importar petróleo por primera vez en su gestión y la gana frente a una compulsa de dos empresas aquella en la cual era gerente hasta diciembre el actual ministro de Energía, y entonces entiende de qué hablamos cuando hablamos del gerente de Telefé suspendiendo los planes de adecuación de la propia empresa.
-También hubo avances en algunos negocios que pretendía hacer Clarín en el marco de la convergencia.
Fue conocido a final del año pasado que Clarín compró la empresa Nextel, que provee el servicio de telefonía móvil con una tecnología peculiar que usa 2G y funciona también como sistema de radio, pero lo cierto es que fue el camino de entrada al mercado de telecomunicaciones que es donde no estaba y necesita estar prontamente el Grupo Clarín.
El ENACOM había aprobado en primera instancia esa compra, que no es tan significativa en términos económicos como simbólicos porque es el punto de entrada a ese mercado. Digo esto porque Nextel controla solo el tres por ciento del mercado de la telefonía móvil, el 97 restante se reparte entre las tres empresas Movistar, Claro y Personal, es decir, Telecom, la empresa mexicana y Telefónica España que además opera en TV abierta.
Ese ingreso le va a significar a Clarín una erogación importante de dinero para adecuarse al mercado porque la red de Nextel no está desarrollada plenamente para la tecnología 3 y 4G que es el futuro de la telefonía móvil pero es el mecanismo de un proceso que estimo culminará, en algún momento, con la compra de Telecom que es lo que pretende Clarín y supuestamente generó su pelea con el gobierno anterior y fundamentalmente con Néstor Kirchner.
-En cuanto a los medios sin fines de lucro el macrismo desde el principio y hace poco en una reunión con las redes de medios comunitarios decía que en varios aspectos no había habido modificaciones por lo cual debería quedar todo igual. Es muy difícil pensar en avanzar en la entrega de licencias ante un panorama como el que estás planteando y con un espectro finito por repartir.
Sí, dividiría la respuesta en dos planos. Por un lado, es cierto, los aspectos que regulan al sector comunitario o sin fin de lucro no fueron cambiados de la ley audiovisual pero también es cierto que el gobierno asegura que la va a reemplazar por otra, yo tengo una mirada negativa respecto a cuántos de los derechos reconocidos por la ley audiovisual para el sector sin fin de lucro se contemplen en esa nueva normativa.
También habría que dar cuenta que en esa reunión que tuvieron las organizaciones, si bien es cierto que lo que le plantearon es nada negativo en torno a sus demandas tampoco es que recibieron una respuesta positiva, les dijeron por ejemplo que los fondos concursables que se desarrollan para el sector comunitario y que tan bien funcionaron, es de lo poco que ha funcionado muy bien en la ley audiovisual, en la Universidad de Quilmes hemos hecho un estudio al respecto y lo destacamos, no están frenados, bueno, pero tampoco está abierta ninguna convocatoria de ninguna línea y algo que no se ha dicho en esa reunión y que me toca decirlo, lamentablemente, es que como el decreto 267 excluye a la TV por cable de la ley audiovisual también la excluye de los aportes que tiene que pagar en caso de multas, erogaciones, etcétera. Y eso es parte fundamental de lo que financiaba los Fomeca, con lo cual esperar que el Fomeca continúe del mismo modo que antes se me vuelve un tanto difícil.
En ese escenario estamos y sin embargo la reunión fue aparentemente amena y los reclamos fueron atendidos y supuestamente habrá respuesta en una próxima reunión. Insisto en que estaría muy advertido en tanto si efectivamente hay una nueva ley, cuánto de los elementos que reconoce la ley audiovisual serán contemplados.
Además, creo que la discusión sobre la finitud del espectro, que es cierto, se mantiene como finito, puede ser con la visión que manifiesta este gobierno respecto al desarrollo tecnológico puesta en duda u opacada a partir de que como la discusión será la convergencia y todo el mundo podrá tener triple play, no hay un problema para que los comunitarios tengan su licencia.
Tengo una mirada muy negativa respecto del futuro porque la ley audiovisual no solo establecía aquel reconocimiento sino que lo hacía en todas las bandas y frecuencias. ¿Por qué no podía haber una cooperativa que brinde todos los servicios? Es una asociación sin fin de lucro y que gestiona el proceso desde otro modelo económico. Creo que eso no se va a contemplar en la ley propuesta por el gobierno de la Alianza Cambiemos en tanto el decreto 267 estableció, por ejemplo, que se pueden transferir las licencias ahora, algo que prohibía la ley audiovisual, incluso planteó que si se transfieren hay que avisarle al Estado y si el Estado no responde en 90 días queda aprobado, pero las cooperativas no pueden vender servicios. Ese es un problema, hay una desigualdad ante la ley. Son el único actor que podría competir con un servicio de calidad a empresas que controlan el 97 por ciento del mercado.
Oscar de Isasi, secretario general provincial de ATE y la CTA Autónoma, dialogó con FM De la Calle sobre los despidos masivos de trabajadorxs del Estado, el contexto político y económico y el plan de lucha gremial para enfrentar el ajuste.
-¿Qué sectores fueron los más afectados por los despidos y cuántas personas han sido cesanteadas?
Los despidos más masivos fueron en los municipios, alrededor de ocho mil o nueve mil. Algunos fueron reincorporados porque son empleados hechos y derechos y también, por la presión de nuestra organización sindical.
-¿Y en provincia de Buenos Aires?
En la provincia, de los que nosotros hemos detectado, ha habido entre 200 y 300 despedidos, el pico fue en la Dirección de Escuelas donde tenemos 29 trabajadores con probadas condiciones laborales, no tienen con qué darle con el tema de ñoquis pero al día de hoy no han sido reintegrados. Estuvieron ocupando el organismo de manera pacífica para ir a una negociación que esperamos tenga el resultado que tenga que tener, que los trabajadores que trabajan tienen que seguir trabajando y cobrando su sueldo.
-Hay preocupación respecto a lo que pueda suceder a fines de marzo, ¿no?
Sí, porque en realidad lo que uno olfatea es que a fines de marzo se intente una nueva ofensiva en ese sentido. Estamos convencidos de que el gobierno nacional e irradiando a los gobiernos provinciales y municipales más allá de su signo político, porque también hay despidos en Santa Cruz donde gobierna Alicia Kirchner, algunos diciendo no me queda otra y otros de manera entusiasta, lo que se está haciendo es descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables.
Si uno observa el presupuesto de la provincia de Buenos Aires uno va a ver como vuelve a reducirse la partida de salud, de desarrollo social, de niñez. ¿Quiénes son los que más necesitan las áreas sociales? Son los que menos tienen, que necesitan que se recupere a través del Estado el circuito de vida digna. Se ha reducido esas partidas, se ha precarizado las condiciones laborales, ni siquiera hay un cargo nuevo en el Estado provincial, más allá del operativo mediático que se hizo diciendo que iba a haber 40 mil cargos nuevos, lo cierto es que lo que hicieron fue blanquearlos. O sea, congelamiento de vacantes reales, sobrecarga de trabajo.
Estos dos datos duros hablan de que hay un desfinanciamiento en las áreas que más necesitan los que menos tienen y que hay un desfinanciamiento en el tema de los trabajadores. Si uno tiene en cuenta que la última oferta salarial es del 22.8 en cuatro cuotas, que termina siendo 14.7 anualizado y que no merece ni siquiera reflexionar sobre eso, uno se da cuenta que quieren que haya un aumento salarial muy por debajo de lo que fue la devaluación de los salarios. Los despidos son parte de este combo. En nombre de los ñoquis, están generando un fantasma, lo que se hace en realidad es trata de achicar el Estado en materia del número de trabajadores y se lo hace generando la sensación de que sobra personal y que esos son todos vagos.
Los números duros no mienten, Buenos Aires es una de las provincias que más necesita de la participación del Estado, porque hay miles de trabajadores sin trabajo que están por debajo de la línea de pobreza asentados en el conurbano bonaerense y al costado de las grandes ciudades del interior y además porque es uno de los Estados que tiene menor cantidad de trabajadores por habitante.
Cuando uno habla del Estado y de las áreas sociales y dice que es necesario más presencia en educación, salud, alimentación, uno no habla de robots, no puede reemplazar a un médico, un enfermero o un trabajador social por un robot, habla de privilegiar la incorporación de recurso humano para que los trabajadores sociales hagan encuesta en las barriadas, para que los médicos generalistas estén en las unidades sanitarias, para que los enfermeros en lugar de trabajar 14 o 16 horas para sacar un manguito más, solo por la falta de personal, estén trabajando seis horas con cuatro pacientes a cargo y puedan brindar mayor cantidad de atención.
-Más allá del 22.8% ofertado en la paritaria, ¿con qué demandas habían llegado?
Veníamos planteando que es necesario abordar políticas de recuperación del poder adquisitivo. Por un lado, hay que abordar la urgencia, lo que hemos perdido. En 2014 y 2015 con la carrera inflacionaria donde hemos perdido un 12% y contemplar una proyección inflacionaria mínima del 33 %, eso nos da el 44% de bolsillo que deberíamos recuperar. La mayoría de nuestros representados cobra 7300 pesos a partir de septiembre porque el último aumento fue en cuotas, la canasta básica, la que te pone por encima de la línea de pobreza, no la que te hace feliz, según la ciudad de Buenos Aires -o sea que no merecería discusión porque son del mismo signo político- está en 15600 pesos. Un salario mínimo en la provincia de Buenos Aires puede comprar el 48% de la canasta para sobrevivir, entonces un 44% de aumento sobre ese salario todavía nos pone por debajo. A finales del 2007, el salario mínimo de un empleado de Provincia era igual a la canasta básica, esto lo ponía sobre la línea de pobreza.
-¿Cómo viene la construcción de la medida de fuerza del próximo miércoles y el camino que empieza a recorrerse en forma conjunta con la Central de Trabajadores de la Argentina que conduce Yasky? ¿Es posible empezar a ver la unidad con la Central Autónoma en la calle?
En primer lugar, el paro y movilización a la Plaza de Mayo que vamos a hacer el día 24, que va a ser masivo, que vamos a construir un dato que entendemos que debería hacer reflexionar a Macri y los gobernadores, es un paro de los gremios estatales de la CTA Autónoma y otros gremios también estatales que han decidido transitar el camino de la lucha por los salarios dignos, por la reincorporación de los despedidos, contra la criminalización de la protesta y exigiendo la libertad de Milagro Sala y por la defensa de la seguridad social. Hay algo que no se habla pero en Córdoba y en Tierra del Fuego se está desguazando en pocos días de gestión.
Han adherido las centrales sindicales y muchos otros gremios y organizaciones sociales están dispuestas a solidarizare marchando con los gremios estatales. Ese va a ser un paro de estatales en construcción a lo que creo yo necesitamos que es un paro de las centrales si esto no cambia.
La unidad, lo que vos referías a las dos CTA que también podría ser aplicable a otras centrales, no se hace por arriba con dos dirigentes, hay que construirla por abajo, hay que trabajar con los compañeros docentes, estatales, empezar a hacer asambleas conjuntas que nos permitan fortalecer la unidad por arriba pero que no sea una unidad de supervivencia de algunos sino una unidad sólida donde en cada escuela, en cada hospital, en cada organismo, se tenga la fortaleza para poder sostener esa unidad en función de lo que necesitamos que es la masividad y la contundencia para parar el ajuste y para ir por una más justa distribución de la riqueza en un país donde el destino no es ser pobre sino un país inmensamente rico cuyo problema es que la riqueza está concentrada en pocas manos.
Texto: Diego García.
(Por Francisco J Cantamutto) El jueves pasado, el Gerente de la Nación Macri anunció cambios en el impuesto a las ganancias que benefician a una minoría y nos perjudican al resto del pueblo.
El día jueves Macri anunció el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, de los $15.000 vigentes a $30.000. La medida se corresponde con la propuesta de campaña de Cambiemos y el Frente Renovador, y es retroactiva al 1 de enero.
La decisión de otorgar el aumento llega tras el fuerte incremento de los precios de los primeros 70 días y de cara a las paritarias por venir. De hecho, la cifra anunciada se corresponde exactamente con lo pedido por Hugo Moyano tres días antes. La cúpula de la CGT viene reuniéndose con el Gerente de la Nación de cara a las negociaciones paritarias de este año: buscando obtener privilegios para sí, le ofrecen a Macri un intento de contención social, en el marco de un ajuste social de gran escala. La oferta del Gerente encontró buen eco en los representantes de camioneros, bancarios, petroleros y portuarios: se trata de los gremios donde casi la totalidad de sus representados paga el impuesto. Sin embargo, la realidad para el conjunto del pueblo trabajador es otra
El impuesto
El debate por el impuesto a las ganancias viene candente desde hace varios años. Se trata de un tributo relativamente común en el mundo y de carácter progresivo, excusas utilizadas para justificar su aplicación. Se trata de una excusa, porque al eximir del impuesto la mayor parte de las ganancias generadas en operatorias financieras, el tributo redistribuye entre los propios trabajadores. Por eso, el debate está ligado a lo que en Argentina se conoce como cuarta categoría, que son los asalariados en relación de dependencia y jubilados.
Todos y todas quienes superen un monto mínimo de ingresos se ven obligados a pagar por este impuesto. El cálculo exacto es complejo, pues depende de diversos descuentos considerados y distintas tasas (alícuotas) aplicadas. El mínimo es relevante porque es el salario a partir del cual comienzan a pagar. Durante la Convertibilidad, concretamente en 1992, se prohibió indizar este monto, lo que se consolidó una década más tarde, con la Ley de Emergencia Económica de Duhalde. En la medida en que los salarios comenzaron a recuperar poder adquisitivo perdido por la inflación, fueron lentamente acercándose al mínimo que previamente fuera elevado. Así, a partir de 2008, el tema apareció en la agenda como un reclamo gremial, lo que –por cierto- ganó la simpatía del empresariado, siempre de acuerdo con reducir impuestos a las ganancias.
Al no ser actualizado de manera automática, el mínimo no imponible fue modificándose por decreto, según las necesidades fiscales y políticas del gobierno anterior. Las últimas modificaciones fueron en 2013 (decreto 1.242) cuando se estableció que pagarían el impuesto quienes hubieran ganado $15.000 por mes entre enero y agosto de ese año, y en 2015 (resolución 2.437), cuando se redujeron las escalas para sueldos menores a $25.000.
La falta de actualización del mínimo jugó como parte superior de una “tijera” para los asalariados, cuya parte inferior era la corrida contra la inflación: si en las paritarias se lograban mejoras salariales contra la inflación, se caía en el impuesto a las ganancias, poniendo así un tope de hecho. De modo creciente, trabajadores de diversos sectores de actividad fueron cayendo en esta situación. Se trata del segmento del tributo con mayor crecimiento en los últimos 5 años, muy por encima de lo pagado por las empresas. La propia presión de los gremios por pelear contra la inflación aumenta la base imponible, elevando la recaudación sin esfuerzo fiscal. El total de lo recaudado por este impuesto equivalía a casi el 7% del PBI a mediados del año pasado. En enero de este año, significó un 25% de los recursos tributarios totales.
Qué cambió
Con el nuevo mínimo, pasarían a pagar el impuesto los trabajadores solteros que ganen más de $18.880 o los casados con hijos que ganen más de $26.000, en ambos casos en términos netos (“de bolsillo”). Los cambios en las escalas serán enviados para debatir al congreso en marzo.
Actualmente, esto implica a un 10% de los asalariados ocupados en condiciones formales (poco más de un 6% de los ocupados totales) tributan por este impuesto. Desde la AFIP se calculó en 180.000 personas (un 2% de los ocupados) dejarán de pagar con esta modificación, pero la estimación es inexacta, porque se desconoce cuántos trabajadores alcanzaron el mínimo en el lapso de los más de dos años sin ajuste de este valor.
El anuncio de Macri se produce justo antes de las paritarias, porque su rol es el mismo que durante el gobierno previo: funcionar como techo para los gremios de mejores salarios, y a través de ese límite, operar como techo para el resto de las paritarias. Pero no sólo por funcionar como techo en las negociaciones este anuncio es un problema para la mayoría de los trabajadores. El costo fiscal estimado de esta medida está estimado por la AFIP en $49.000 millones. Al igual que la quita de retenciones, impuestos a las importaciones, a los autos de alta gama o al champagne, este cambio contribuye a aumentar el déficit fiscal que el gobierno dice combatir. En la misma lógica, el aumento de gastos ligado a la propuesta de pago a los fondos buitres va contra el argumento utilizado para despedir injustamente miles de trabajadores estatales. En este sentido, esta medida erosiona los recursos del Estado disponibles para políticas públicas.
El anuncio de gobierno no debe tomarse como una buena noticia: se trata de un nuevo ardid oficial en el marco de un brutal ajuste social.
Hoy a las 22:00 vuelve “Uno nunca sabe” al Bar Don Osvaldo del Centro Cultural La Panadería (Lamadrid 544). Se trata de un trabajo en base al cuento homónimo de Roberto Fontanarrosa.
“Es una obra que tiene muchos años con diferentes elencos. Se estrenó en Buenos Aires (en 2008), en el Bar ‘El Tano de Arriba’, de Almagro. Fue con la participación de Rocío Ameri y otro actor de Bahía Blanca que se llama Adrián Mengarelli. Después yo me vine para acá y ellos siguieron. Pero, a su vez, yo la estaba montando acá con Alexis Mondelo y Cecilia Arnaudo” dijo a FM De la Calle el actor, director, docente y Delegado General de Asociación Argentina de Actores, Leonardo Fabrizi.
La formación actual la constituyen Ricio Ameri, Alexis Mondelo y nuestro invitado.
“Hemos tenido muy buena temporada el año pasado y el anterior también”. La obra también giró por distintos festivales y desde la apertura del Centro Cultural La Panadería en Bahía Blanca se mantiene en cartel. “Son de esas obras que nunca te cansás de hacer”, ratificó.
La puesta se realiza en el Bar Don Osvaldo, lo que hace que tenga un escenario natural y el público participe un poco como parroquiano y otro poco como espectador. “El texto original propone todo en el mítico bar ‘El Cairo’, donde se juntaba el Negro Fontanarrosa con sus amigos en Rosario”.
Además, Fabrizi anunció que re estrenarán el 24 de marzo la obra Arturo Ui (Bretch) que “habla del ascenso de la derecha al poder”. Luego a partir de abril permanecerá en cartel los días sábados en la casa del grupo NuevoDrama.
Por último, en su calidad de Delegado General de la Asociación Argentina de Actores, se refirió al estado de situación de la Ley del Actor y los debates actuales a nivel local luego del cambio de gobierno y de director de Instituto Cultural.
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(Por Astor Vitali) Los días sábado 27 y domingo 28 de febrero se llevará a cabo el Festival Música en la Ventana en Saldungaray y Sierra de la Ventana, respectivamente.
En esta oportunidad realizarán una retrospectiva sobre la obra de José Luis Merlín que comprenderá clases e interpretación de algunas de las obras del repertorio del prestigioso compositor y guitarrista a cargo de diferentes formaciones de intérpretes (grupos de cámara, flauta y guitarra, voz y guitarra, guitarra solista, orquesta de guitarras).
El Seminario está dirigido a instrumentistas de las seis cuerdas y grupos de cámara que incluyan la guitarra en su formación, de todos los niveles, con repertorio libre y comprende dictado de clases, conferencias, presentaciones de discos y libros.
Se encuentra abierta la inscripción para el seminario hasta el día 19 de febrero de 2016 inclusive.
Este evento ha sido declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y de interés municipal por los municipios de Tornquist y Bahía Blanca.
El enfoque sobre los repertorios
El Maestro Alberto D´Alessandro es el creador y director artístico del festival. Esperando la séptima edición del seminario, el músico dijo a FM De la Calle que “uno ve los seminarios o encuentros internacionales con una tónica bastante común que es traer los grandes guitarristas del ambiente académico del mundo. Yo eh tratado de satisfacer algún tipo de anhelo diferente: dar a conocer música argentina y sobre todo latinoamericana, que por ahí no es tan conocida”.
En este sentido, cada edición del seminario abre con con una charla – debate abierta en la que participan docentes e instrumentistas abocada al problema de la “legitimación del repertorio”. ¿Por qué el mercado, la academia y los medios homogeneizan, canonizan y difunden unas obras y silencian, ocultan o deslegitiman otras? Es la pregunta que atraviesa el intercambio.
“Siempre en la educación formal hay una tendencia a estereotipos musicales y de pronto el que estudia y escucha siempre escucha los mismos intérpretes y compositores. Pero yo con esa impronta de dar a conocer compositores que todavía no están legitimados a nivel masivo o académico eh hecho todos estos encuentros”.
José Luis Merlín
El director Música en la Venta explicó que en el año 98 lo “llamaron de la Orquesta Sinfónica para hacer una obra de José Luis Merlín que se llama ´Travesía´. Es la historia de la guitarra en los 5 siglos. Me pareció maravillosa esa experiencia”.
José Luis Merlín “es un profuso compositor de obras para guitarra, en grupos de cámara y también con canto. Por ello me propuse hacer una retrospectiva” sobre su obra, “con el propósito de dar a conocer” las creaciones de Merlín.
Esta vez no estará presente el autor al que se dedica la clásica retrospectiva del seminario. Cuestiones de financiamiento acotaron el encuentro (cuya duración es, en general, de cuatro o más días de duración).
Por otra parte, “este seminario va a ser homenaje a Abel Carlevaro porque se cumplen los cien años del nacimiento”. A sus 28 años, D´Alessandro cursó estudios con el prestigioso Maestro uruguayo cuyo método formó generaciones de guitarristas.
La comisión organizadora del encuentro se ocupa también, año tras año, de gestionar becas para que lxs alumnxs que deseen asistir puedan hacerlo sin distinción de situación económica.
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La Comisión Provincial por la Memoria y la gobernadora María Eugenia Vidal se reunieron esta tarde y acordaron continuar trabajando en una agenda que atienda las deudas pendientes en materia de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. “Juicios de lesa humanidad, desclasificación de archivos de la represión, situación carcelaria, policía bonaerense, policía judicial, políticas de niñez y salud mental”, enumeró Pérez Esquivel sobre los temas que exigen una intervención inmediata y políticas estructurales que se sostengan en el tiempo.
Durante la reunión, la CPM expuso el trabajo que viene realizando como organismo de monitoreo de los lugares de encierro y control de las políticas de seguridad y prácticas judiciales, como así también su labor en la gestión y preservación de archivos, investigación y educación. Al mismo tiempo, le llevó a la gobernadora Vidal un documento que contiene seis puntos centrales de la agenda de derechos humanos y las políticas de memoria en la Provincia: política de seguridad democrática, política penitenciaria, niñez y adolescencia, salud mental, justicia y políticas de verdad, justicia y memoria. El acuerdo fue seguir cada tema en articulación con el ministerio correspondiente.
“Centralmente, le transmitimos la gravedad y preocupación permanente por los hechos de torturas como una práctica sistemática en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en los institutos de jóvenes, los neuropsiquiátricos y en el despliegue policial en el territorio. Para transformar esta situación extrema de violaciones a los derechos humanos, es necesario democratizar las fuerzas de seguridad y generar ámbitos para su control, entre otras medidas que requieren de una firme decisión política para transformarlas”, explicó el integrante de la CPM, Roberto Cipriano García.
“También planteamos el desacuerdo con la designación de Fernando Díaz al frente del SPB y nuestro rechazo a las declaraciones de emergencia en seguridad, tanto a nivel provincial como nacional”, agregó Cipriano García.
Asimismo, la Comisión planteó la necesidad de iniciar una verdadera lucha contra la corrupción policial y penitenciaria, y solicitó el cumplimiento del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura.
En el marco de esta reunión y atendiendo a los puntos conversados durante el encuentro, Pérez Esquivel precisó que “la Gobernadora nos encomendó que diseñemos tres propuestas concretas de nuestra agenda de trabajo para promover políticas públicas que puedan ser implementadas y evaluadas de acá a fin de año”. Al mismo tiempo, valoró el “compromiso de Vidal para acompañar los juicios por los delitos de lesa humanidad”.
Entre los temas tratados, Pérez Esquivel también destacó la posibilidad de firmar “un convenio para que los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos sean digitalizados y preservados por la CPM”. Esta línea de trabajo ya había sido expresada durante la visita del Secretario Santiago Cantón a la CPM el martes pasado, así como también en la necesidad de seguir trabajando en la apertura de distintos archivos estatales vinculados con la dictadura.
En el documento presentado a la Gobernadora está expuesta también la preocupación por las políticas de niñez y adolescencia, el desfinanciamiento de todo el sistema de promoción y protección, la criminalización de la protesta social, la ley antiterrorista y un planteo de la creación de una comisión investigadora para saber qué pasó con Jorge Julio López.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó al Consejo de Seguridad Interior los alcances del “protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”. “No vamos a tolerar la extorsión”, advirtió la funcionaria tras su aprobación.
La iniciativa considera manifestaciones públicas a las “concentraciones pacíficas de personas, que se expresan con un fin o motivo en común, las que podrán ser programadas o espontáneas, y que se desarrolla por un período limitado de tiempo”.
En el caso de las programadas, las autoridades de seguridad jurisdiccionales deberán tomar “contacto con los líderes de la manifestación, a fin de que se encauce la misma en el marco del presente Protocolo y las leyes vigentes” y coordinar la protesta “de acuerdo a las características para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la justicia”.
El protocolo establece que las fuerzas de seguridad “deben garantizar la libre circulación de personas y bienes –sea en calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales, corredores de transporte público y de los principales accesos y avenidas centrales de los ejidos urbanos y rurales”, enumera como ejemplo aunque deja a “criterio” de los uniformados “la táctica a utilizar” sugiriéndoles “atención preferencial” hacia niñxs, adolescentes, mujeres embarazadas, adultxs mayores y personas con discapacidad.
El procedimiento propuesto por el macrismo comenzará con el aviso a las autoridades políticas por parte de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de “un espacio de negociación para que cese el corte”, seguido por el aviso judicial.
Más allá del resultado de la “negociación”, se escucharán las “frases cortas y claras” del jefe del operativo de seguridad “a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz” ordenando a lxs manifestantes “desistir de cortar las vías de circulación de tránsito”, “retirarse” y “ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales”. “El personal de las fuerzas de seguridad no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”.
Si la protesta persiste, se habilitará la criminalización mediante el art. 194 del Código Penal que promete de tres meses a dos años de prisión a quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
“Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”, amenaza el protocolo.
Tras el acuerdo o la represión, las autoridades políticas de la jurisdicción designarán personal para “establecer una instancia de negociación con el líder o representante del grupo de manifestantes, a los fines de canalizar sus reclamos a las áreas que correspondan”.
Quienes “inciten a la violencia” o “porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo, o utilicen fuego, combustibles, elementos explosivos o inflamables, agentes químicos, pirotecnia, o cualquier otro artículo que pudiere dañar la integridad de las personas”, bienes o “el medioambiente”, serán “identificados” y “aislados”.
Si existiesen daños durante la manifestación, se detendrá a sus autores y se accionará civilmente en su contra, así como la de “la entidad con personería jurídica o gremial a la que pertenezca, sus representantes legales o administradores de hecho y/o contra quien corresponda”.
A contramano de lo actuado en sus dos meses de gestión, durante los cuales hubo balas y golpes tanto para trabajadorxs despedidos como para niñxs murgueros, el gobierno sostiene que “el uso de la fuerza” y de “armas no letales” debe limitarse siempre al mínimo posible”, inspirados en los principios de “legalidad”, “oportunidad”, “último recurso frente a una resistencia o amenaza” y “gradualidad”. En tanto, la prensa será ubicada en una zona determinada “donde se garantice la protección de su integridad física y no interfiera con el procedimiento”. Ya de filmar y fotografiar a lxs militantes deberán encargarse los uniformados, que para eso tienen experiencia.
El concejal del Frente para la Victoria Gustavo Mandará afirmó en FM De la Calle que la declaración del quiosquero Fernando Reta en la cual se ubica como único responsable de la estafa a la Sapem Transporte mediante la comercialización de saldos de tarjetas con cargas de miles de millones de pesos “no resiste el menor análisis”.
“Estamos tentando a los márgenes de la casualidad y a los índices probabilísticos, creo que Stephen Hawking se haría una panzada. La tarjeta esa le cayó justamente al quiosquero que más pasajes vende en Bahía”, dijo. El próximo viernes el Concejo Deliberante realizará una reunión plenaria convocada por la Comisión de Tránsito y Transporte para analizar el tema con la presencia de las autoridades actuales de Sapem y de quienes la integraban durante el gobierno de Gustavo Bevilacqua y de la empresa Eycon -creadora del software-.
Mandará reprochó al intendente Héctor Gay la “gafe” cometida al asegurar que el descubrimiento de la maniobra “se debe a una auditoría que se hizo. No, no, no se hizo ninguna auditoría en la Sapem, si hubiera habido una auditoría seria esto hubiera saltado mucho antes de lo que saltó. Ahora dicen que van a hacer una auditoría seria, externa, de acuerdo a lo que son los estándares mundiales para una empresa de este tipo. Hay muchas cosas en la Sapem que no se saben”.
“¿Quiénes trabajan y por qué? ¿Cuál ha sido el mecanismo de ingreso? ¿Quién lo reguló? ¿Hubo concursos o capacitación previa? ¿O era un lugar al que por allí se podía ingresar en base a contactos políticos? No afirmamos ni una cosa ni la otra simplemente queremos saber”, manifestó.
El edil repasó que según las declaraciones del gerente de Sapem, Adrián Saschgorodsky, el año pasado se detectó una diferencia entre la cantidad de pasajerxs y el dinero que ingresaba a la empresa. “Pensaron que podía ser algún tema en el sistema de reposición y allí empezaron a ver en el quiosco que más pasajes supuestamente vendía (que) las cargas a la Sapem eran muy chiquitas. Ahora, la pregunta que se cae de madura es: ¿esto lo empezaron a ver en abril de 2015, empezaron a tener las primeras certezas en agosto y recién en enero de 20116 salta?”. Por ello, el concejal subrayó la necesidad de “un esclarecimiento político” además de las responsabilidades penales que deberán establecerse.
Días atrás el FpV propuso anular el aumento del boleto del transporte suponiendo que el impacto de la estafa en el estudio de costos pudo haber desvirtuado su resultado. Desde la comuna se retrucó que esa afectación no fue tal por la distribución en el tiempo de los montos no ingresados.
“Cuando te dan los argumentos matemáticos te dicen que tres millones y medio de pesos en dos años realmente inciden poco. Lo que no nos pueden negar es que es plata pública que se perdió. Andá a decirle a una institución de bien público, recuerdo cuando este año peleamos el tema del presupuesto en el Concejo Deliberante la discusión monumental que hubo para asignar subsidios de diez mil pesos, ¿y resulta que tres millones y medio no importan?”, finalizó Mandará.
Esta mañana nos visitó el flamante Director de Programas y Proyectos de Formación y Capacitación, Esteban Uset, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales. Durante la entrevista explicó los objetivos de la nueva área de gobierno.
El docente fue sacerdote entre los años 1989 y 1993. Integró la Comisión Directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) entre los años 2006 y 2012. Desde el 2014 promovió el ciclo “Rock en la escuela”, un certamen que tuvo como objetivo el encuentro y fomento de jóvenes músicxs de las escuelas en festivales itinerantes que recorrían distintos establecimientos educativos.
Uset dijo a FM De la Calle que la Dirección “surge a partir de una propuesta que me hace algunos meses atrás, concretamente Fabio Pierdominicci. El reúne un grupo de gente con la idea de armar un proyecto vinculado a las políticas sociales. Siempre quedó claro mi relación extrapartidaria. Le pareció interesante algunos aportes desde lo técnico de cómo imaginaba una gestión desde algún área vinculada a la educación”.
Según el reciente folletín publicado por la Subsecretaría de Formación y Promoción Educativa, a cargo de Morena Llanca Rossello, bajo cuya órbita se encuentra la dirección que nos ocupa, desde el municipio se ofrecerán “cursos y talleres de inclusión educativa, laboral y social y capacitaciones municipales”.
“El Estado municipal no puede ser ajeno a que quienes van a las escuelas de las provincia de Buenos Aires son los hijos de los vecinos de la ciudad. Por eso definimos la idea cuya denominación sea de promoción educativa. Es decir, una serie de acciones de marcado tinte político territorial como acción del Estado promoviendo la educación como un valor y promoviendo acciones que favorezcan la inclusión en el ámbito educativo, laboral y social desde nuestro aporte como formadores”, argumentó el director.
En este sentido, desde la Subsecretaría anunciaron que ofrecen capacitaciones “en delegaciones municipales, sociedades de fomento, centros comunitarios, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil”.
“La función es cumplementaria, no supletoria” del sistema de educación formal, según Uset.
“Nosotros no podemos quedarnos expectantes mirando lo mal que funciona la provincia. En algunas cuestiones corresponde, está normado. Pero hay otras desde donde el Estado municipal es el Estado. Hoy coinciden los colores políticos. El Estado tiene que estar presente, anticipándose”.
Respecto de la coordinación del municipio en el marco del Fondo Educativo que se arbitra en el ámbito de la Comisión de Educación, Cultura y Acción Social del Honorable Concejo Deliberante, el funcionario dijo que “una de las cuestiones que tiene que ver con estas tareas de promover la educación es realizar todas las gestiones posibles para que a las escuelas donde van nuestros vecinos no se les caiga el techo encima, no se resfríen, no los muerda una rata. A veces la distancia entre las gestiones provinciales y las municipales hacen que se haga muy difícil”.
Por último, Uset destacó que su intención es “llegar a los barrios”.
Para comunicarse con la dirección dirigirse a la dirección de correo electrónico promoció[email protected] o al teléfono (0291) 4594000 interno 2173.
(Por Astor Vitali) El carnaval en Bahía Blanca tiene una larga historia y mucho trabajo social que se desarrolla durante el año. Febrero es una vidriera de un esfuerzo mucho más prolongado que se encuentra en cada rincón de la ciudad.
FM De la Calle consultó a dos directores murgueros con anclaje en la tradición murguera bahiense.
Augusto, al frente de la Murga La Cucharón y conductor del programa La cucharón radio que se emite los jueves a las 21 por este medio, balanceó que “teniendo ya algunos resultados como los corsos nuestros, los ´A contramano´ de Estomba al 2300, los del centro, vemos que hay una sensación de que no estamos del todo cuidados o que no se hace una verdadera prevención de conflictos. Está raro el clima social. Creo que lo económico tiene que ver fundamentalmente”.
“Nosotros proponemos la alegría. Hay gente que se suma y que comparte. Pero hay un sustrato, desde mi humilde opinión, de laburantes y gente de a pie porque hay una violencia que se trasunta fuera del ámbito murgero y del espectador. Entonces van a las convocatorias estas a descargar bronca”.
Para Augusto “en el aspecto logístico anduvieron bien los corsos barriales en general. Estuvo bueno recuperar la Plaza Rivadavia”.
En pasillos se manejó más de una vez la idea de construir un corsódromo. Sin embargo, muchas murgas se oponen a esta política que consideran reclusiva en tanto alejaría a este movimiento popular de los lugares públicos comunes para confinarlo a un espacio alejado de la comunidad.
En este sentido, Augusto dijo que “Bahía tiene una historia murguera muy grande pero se empieza a visibilizar cuando la murga sale hace 14 años a la calle, corta una circulación vehicular y se apropia para que el murguero baile en la calle”
Por su parte, Guillermo Tellarini, director de la Murga Vía Libre y autor del libro “Bahía murguera” -sobre la historia de la murga local-, dijo a este medio que “la verdad que me sorprende lo que está significando el movimiento murguero en la ciudad, cómo la gente está empezando a leer y a ver las murgas, además de ir creciendo en calidad. Sabemos que tiene su faceta social y su faceta artística. Cómo el público va observando, aprendiendo a leer y saber de qué se trata”.
“También reconozco que hay una puja con la ciudad y con los hacedores respecto de distintas situaciones que se van brindando. Por ejemplo de gente inadaptada que viene a los espacios de corsos a pelearse. Muchos son menores de edad y eso la verdad que nos perjudica a todos”.
Por otra parte, los medios de comunicación social en general no destacan en su agenda la grilla de actividades diversa del carnaval bahiense y el trasfondo que implica pero se ocupan de poner en primera plana los aislados hechos de violencia que se dan en algunas sedes.
Al respecto, Tellarini sostuvo que lo lamenta. “En realidad si pudieran comprender todo lo que hay atrás, la contención que hacemos de las familias de los chicos. Todo el entusiasmo. Todo lo que se trabaja y que se vive todo el año y la felicidad de esos pibes que se muestran y que esto se le muestre a la ciudad. Es una fiesta para la ciudad”.
La periodista Maru Ludueña, vicedirectora de la agencia Infojus Noticias desde su fundación hasta su reciente desplazamiento por parte del gobierno macrista, se refirió en FM De la Calle al borrado de notas ordenado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Trata de personas, violencia de género, nietos restituidos, lavado de dinero, fondos buitre, justicia federal, Tragedia de Once y violencia institucional fueron los temas centrales de los más de once mil artículos ocultados uno por uno.
La censura de la cobertura del juicio político contra el suspendido vocal de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, acusado por su pasado como espía de la dictadura y sus vínculos con la Triple A, fue una de las principales preocupaciones de las nuevas autoridades. “Los primeros días yo fui la encargada de hacer un sumario de notas que debían ser consensuadas, no me parecía mal, lo que me parecía mal era que la mayor parte de las notas no estuvieran siendo aprobadas”.
“Siendo parte de una política pública de acceso a la justicia con el caso de Montezanti estamos cumpliendo un rol importante porque hay mucha gente que no sabe lo que es un jury, el Consejo de la Magistratura, por qué se lo juzga a alguien que cumplió esas funciones. En estos temas que son tan complejos es muy importante ese tipo de estrategia periodística de hablar el lenguaje de la gente y no hacer creer que lo de Montezanti es un asunto como de un grupo o de una casta. Era muy grave que no nos dejaran hacer esas notas y si te fijás no hubo más notas de Montezanti en Infojus Noticias”, aseguró Ludueña.
Como ilustra Cosecha Roja, Infojus Noticias es una agencia creada por el Ministerio de Justicia y DD.HH. en marzo de 2013. Su lema fundacional fue: detrás de los expedientes hay personas. Desde el 19 de abril de ese año hasta el 10 de diciembre de 2015, sus periodistas publicaron 14.098 artículos, la mayoría de ellos de elaboración propia, además de cientos de videos, una decena de informes multimedia y varios ensayos fotográficos. El 10 de diciembre de 2015 asumieron las nuevas autoridades y desplazaron a la conducción de la Agencia. Luego despidieron a una decena de periodistas. En enero, con la agencia muy lejos de su producción habitual, las nuevas autoridades decidieron borrar el 83% del archivo, algo inédito en un medio de comunicación.
Según comentó Ludueña en el inicio de la octava temporada de En Eso Estamos, de comprobarse que las publicaciones fueron eliminadas definitivamente “se constituiría delito porque esas notas no solo son el patrimonio de Infojus Noticias sino de toda la ciudadanía porque se hizo desde una estructura del Estado, es información de un valor documental, testimonial, histórico fuerte, es construcción de memoria, más en los temas a los que nosotros nos dedicábamos que eran temas que en general no tienen demasiada resonancia en los principales medios masivos de comunicación”.
Cómo desmantelar Infojus Noticias
(Publicado por Maru Ludueña en Facebook el 10 de febrero) A diferencia de mis compañeros de Infojus Noticias, de cientos del ministerio y de tantos miles que trabajadores estatales que se enteraron de modo brutal de sus despidos, tuve el privilegio de que me lo dijeran en la cara. Fue el 30 de diciembre, al final de la tarde. Ya casi no quedaba gente en la redacción, se venían los feriados de fin de año, y estaban por empezar mis vacaciones. Los detalles casi siempre me parecen importantes en los relatos.
El último día hábil del año, la nueva directora de la agencia donde trabajé desde su fundación (en marzo de 2013), me llamó a su despacho. Puso cara de circunstancias y dijo que no tenía buenas noticias.
-Pero hace poco, cuando asumiste al frente de Infojus Noticias, aseguraste a toda la redacción que nos quedáramos tranquilos. No iba a haber despidos- le recordé.
-Sí. Son cosas que me exceden. Los de arriba no quieren que la primera línea de la agencia se quede.
Cristian Alarcón, periodista, una de las personas más talentosas y humanas que conozco, generador de proyectos que crean laburo para muchos colegas, capaz de gestos de nobleza pocas veces vistos. Fue despedido sin que nadie se lo haya dicho. A esta altura solo queda pensar que nadie se atrevió a hablar cara a cara con el fundador de la agencia.
A Sebastián Hacher, jefe de redacción, compañero de largas noches cargando especiales de Infojus Noticias, capacidad insana de trabajo e innovación, lo despidieron el 29 de diciembre, antes de irse de vacaciones. Martín Ale, entonces director de Infojus Noticias -visión política aguda como su ojo editor- había renunciado cuando se anunció a la nueva directora.
Ella, Sabrina Santopinto, desembarcó en la oficina el 10 de diciembre, minutos antes de que Macri asumiera la presidencia, junto a otras tres personas: Alvaro Herrero de la Asociación por los Derechos Civiles (el más cortés, se reunió sólo con el director), Soledad Lladó de la Fundación Pensar y Pablo Actlas, mano derecha en comunicación del ministro de Justicia Germán Garavano. Del día del traspaso presidencial quedan anécdotas para compartir en talleres de periodismo y mesas entre colegas. Ya nos podremos reír. Todavía queda cerca, duele.
Aquel 10 de diciembre, tras una breve reunión con el director en su despacho, “la nueva gestión” se instaló en nuestra pequeña oficina. En el televisor Macri empezaba su discurso, y los tres nuevos nos impartían las órdenes con los modos secos, impertérritos con que los patrones tratan a sus súbditos.
-¡¿Por qué no hay buenas fotos de Mauricio?!
-Quiero las claves de acceso a todas las redes sociales.
-Me nombran administrador en las estadísticas.
-¿Cómo que no tienen una agencia privada que mida el flujo de visitas?
Observarlos era entender que ellos se habían conocido hacía poco, tenían su interna.
Editores, redactores, fotógrafos, equipos de video y redes, todos trabajamos con velocidad para producir los materiales que nos fueron pidiendo. Se habrán sorprendido, no éramos el cuco que esperaban, sino profesionales haciendo su trabajo. Ellos también lo hacían, aunque no podríamos asegurar que con criterios periodísticos:
-Bajá estas dos notas-, ordenó la que en pocos días más se convertiría en nuestra directora.
Las dos notas: “Cristina Fernández de Kirchner se despidió de la presidencia” y “Procelac denunció a la empresa que quiere cobrar bonos de la dictadura”. Qué curioso que fueran esas notas las elegidas: daban pistas. Qué curioso: no habían intervenido Télam, ni Radio Nacional, ni la TV Pública. Pero desde el minuto cero, cuatro enviados especiales tomaron el control de la agencia nacional de noticias judiciales.
Cuatro veces la ahora directora de Infojus Noticias tuvo que pedir que bajáramos esos artículos. Hasta que apoyo su índice contra la pantalla de mi monitor. “Sacá esas notas”. Se quedó parada hasta que las oculté de la home, siguen online. Desde ese instante, la agencia que nos daba tanto orgullo no existió más. Retiramos las firmas y las iniciales de los que subíamos las notas, un sistema que visibilizó las tareas de cada quien.
Hoy recuerdo el traspaso presidencial como si lo hubiera visto desde la ventana de un submarino en el fondo del océano. Recuerdo a Macri diciendo ante la asamblea legislativa: “Queremos el aporte de todos”. Diciendo “pluralismo”. A Lombardi hablando de “enormes desafíos en materia de comunicación, que haya pluralidad respeto y tolerancia y calidad desde los medios públicos”. De “todas las voces en un tono de respeto”. Mientras Macri bailaba cumbia en el balcón de la Rosada, las claves del nuevo modelo comunicacional y gubernamental habían desembarcado en la agencia. Obsesión por las imágenes y las redes sociales, maltrato laboral, falta de libertad de expresión, desprecio por el Estado y un sentimiento bastante parecido a la revancha.
Al llegar, “la nueva gestión” pidió tranquilidad: no había nada que temer, la agencia les interesaba mucho, era muy valiosa, querían hacerla crecer. No tuvimos que esperar ningún despido para saber que no iban a cumplir.
Los primeros días me tocó hacer el sumario de notas que la nueva directora consensuaba con sus superiores del Ministerio de Justicia. Aceptaban alguna noticia de lesa humanidad pero rechazaban la cobertura de una muestra de fotos de Abuelas de Plaza de Mayo y el jury a Néstor Montezanti, presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, al que se le imputó mal desempeño en sus funciones, por “conductas incompatibles con la vigencia de los derechos humanos” .
De golpe bajó el caudal de notas. Se terminaron las guardias de fines de semana. La nueva directora transfirió mis tareas a otros. En teoría, seguíamos siendo la jefatura de la agencia pero otra jefa nos había pedido desalojar la oficina. Seríamos los primeros, después vendrían por los demás. Con otros modos y objetivos, ya me había pasado.
A fines de diciembre de 2000, una docena de personas fuimos despedidas de un portal de internet de noticias para mujeres (obsidiana.com), con sede en México, Brasil y Estados Unidos, donde trabajé como editora. Un día, sin más, no pudimos entrar a las oficinas. Debimos retirar los objetos personales con custodia. El Chase Manhattan Bank, dueño del sitio que nos había capacitado en su sede de San Pablo, envió telegramas diciendo que pasábamos las horas “jugando al tarot”. Iniciamos una demanda contra el banco con sede en Nueva York. Nos negaron hasta que fuéramos periodistas (la mayoría de esas personas hoy son muy valoradas en sus ámbitos). Aprendí de esa experiencia. Y este diciembre lo vi venir.
Las semanas de transición resultaron desgastantes para todos los que trabajamos -trabajábamos- en la agencia. Nos reunimos en largas asambleas. Muchas veces no logramos ponernos de acuerdo, otras sí. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Para qué lo queremos? Estas crisis son como la maternidad o la vejez: exacerban lo que había. Y así fueron esos días, controvertidos y agitados. Desde que empezó el desmantelamiento de la agencia, cuando se la vació de contenido, algunos expresamos la necesidad de decir algo públicamente. Se votó esperar.
Un par de días antes de Navidad, la nueva jefa, Sabrina Santopinto me preguntó qué pensaba hacer (yo era subdirectora de la agencia).
-Me sorprendió que los jefes no renunciaran- deslizó con una sonrisa.
-Como el 90% de la gente necesito laburar. Pero soy periodista, quiero saber cómo continúa la agencia y mi tarea. Si habrá notas, si habrá pluralismo, como dijo el presidente el 10 de diciembre.
Me reía de mi, idiota: pidiendo permiso para el pluralismo. Ese día también le pregunté por qué al llegar se había autocensurado haciéndonos bajar dos notas: que CFK terminó la presidencia no es objeto de debate. Dijo que no iba a discutir. Sentí la necesidad de explicarle que mi camino periodístico no había empezado en el ministerio de Justicia. Me advirtió que sabía bien quiénes éramos. Y dijo, sin sonrojarse, que nos habían investigado por internet. Yo también la conocía: ella había colaborado con una nota en Infojus en una oportunidad, un editor le había rechazado con amabilidad una segunda, aún después de darle la chance de reescribirla. Ahora volvía con superpoderes. Quedamos en volver a hablar.
El último día hábil del año, a las seis y media de la mañana, me preparé el mate. Cada mañana, a las siete, tenía los principales títulos leídos, había sintonizado la tele y la radio. Y hablaba con Juan, el redactor que entraba más temprano, para pasar en limpio las primeras noticias del día, para después partir hacia Tandanor.
Esa mañana del 30 de diciembre, conservaba el ritual o la tara, no tenía que pasar ninguna información. La agencia había dejado de subir noticias temprano, mejor dicho: había dejado de subir noticias. Estaba reducida a la difusión de comunicados sobre lo que hizo o dijo el ministro o alguno de sus aliados, salvo excepciones.
Ni bien terminé el primer amargo del día, pispeé algo extraño en la yerba. Algo demasiado oscuro. Me acerqué: había una cucaracha adentro del mate que me acababa de tomar. Tarde para escupir. No supe qué hacer. Presentí que no me esperaba nada bueno.
Cuando llegué a Tandanor, había caras nuevas y muchas miradas atentas a la seguridad en la entrada al edificio. Pensé que vendría Macri, pero alguien comentó: “Viene el ministro”. Me pareció que el ministro no podía venir a Tandanor, una sede importante de su área, como si fuera un lugar ajeno. Al mediodía subí al último piso, donde está el comedor. Sí, era él, Garavano dirigía unas palabras a doscientas personas que sentadas a las mesas habían dejado de comer. Hablaba de fortalecer el acceso a la justicia y de que no tuviéramos miedo a los despidos, su gestión iba a poner orden. Dijo que se había encontrado con un ministerio caótico, donde las dependencias funcionaban desarticuladas, compartimentos estancos. ¿Con qué sentido un ministro se dirige así a los trabajadores cuando les habla por primera vez, y -ya que estamos-, el último día del año? Dudé en acercarme y decirle que los 40 que hacíamos Infojus Noticias funcionábamos como un reloj. Que sabía cómo trabajaban algunas oficinas, en diálogo con diversos sectores. Pero recordé que había desayunado un mate con cucaracha. Insectos que crecen en la oscuridad y son capaces de resistir a la radiación.
Ese día interminable, después de esperar horas, la nueva directora me anunció que estaba despedida. No pudo dar detalles: ni a partir de cuándo, ni cómo, ni cuánto. “Te mando un mail, copio a recursos humanos” (no lo hizo). Le deseé suerte con la agencia: “Cuidala. La hicimos con amor”. Se sorprendió, el día anterior, el jefe de redacción le había dicho lo mismo. La parte más picante fue cuando se ofreció a dar referencias a futuros empleadores, y a explicar que mi “salida” no se debió a nada en particular. Un mes después, en una reunión ante los siguientes diez despedidos, dijo que fue ella la que pidió que echaran a la jefatura.
Tampoco es la idea cargar las tintas contra la directora de Infojus Noticias, una mujer que se escabulle por las escaleras y fue incapaz de dar una respuesta a tantos colegas que la llamaron en los últimos días. Ocupa un puesto donde le toca esta parte horrible, el punto de contacto con los que sí saben cuáles son los objetivos de esta gestión que no para con sus provocaciones. Los que detentan el poder como si fuera un traje caro que se compra con su plata.
Me fui de vacaciones, sí. Después de la muerte de mi padre y la pérdida de mi trabajo – ocurrieron casi sin intervalos entre sí-, sólo podía seguir el plan de rescate emocional y espiritual trazado con familia y amigos, al mismo paraíso secreto donde veraneamos hace años.
Cuando volvía, diez compañeros más fueron despedidos brutalmente. Algunos habían ido durante días a laburar sin saber que ya los habían echado. Hoy somos 14 los que nos quedamos sin trabajo (contando la renuncia del director). Con una editora muy valiosa “devuelta” en enero a la dependencia que había habilitado su pase. Es decir, quince personas menos. Pocos pidieron la reincorporación, los banco y espero puedan lograrlo. Imagino que para quienes continúan la situación es durísima. Aunque no tengo más que unas clases en la facultad, desde que me echaron aclaré no quería la reincorporación. Lo que me desvelaba era el sentido de la tarea. Lo que hubiera querido evitar es el desmantelamiento de la agencia, que se lee en consonancia con el resto de los despidos en otras áreas del Estado, afectando a políticas de Verdad, Memoria y Justicia, pero también de cultura, género, salud, cárceles.
Cuando nos desalojaron de la dirección, no tenía demasiadas cosas que llevarme: todo lo que había hecho era colectivo y estaba online. Me pregunté ¿por cuánto tiempo más? Aquella tarde, mientras cargaba por los pasillos de Tandanor un par de bolsas con papeles, el mate y el termo, pensé que sentía orgullo de esos tres años de agencia. Hundirla les llevó un día. Borrar la mayor parte de su archivo, unas semanas más.
El miércoles pasado, cuando empezó a correr la voz del borrado de notas de Infojus Noticias, comprobamos que lo estaban haciendo selectivamente y en tiempo real. El archivo tenía más de 20 mil notas. Hoy sólo están accesibles menos del 10%. “No sólo nos preocupa la pérdida de nuestro trabajo de tres años, sino que muchas de las notas tenían un fuerte valor testimonial, documental e histórico” dice el comunicado de los trabajadores de la agencia.
Pedimos que todos los archivos vuelvan a estar disponibles en la agencia. Seguimos esperando una respuesta. Llegaron la solidaridad, el reconocimiento y el apoyo de colegas, lectores y referentes. “No se puede borrar la historia, es como querer borrar la memoria” dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a Radio 10. Graciana Peñafort, en una nota en Cosecha Roja, explicó: “Cuando decidís borrar notas que han sido producidas por el Estado, es como quemarlas. No es ordenar tu escritorio, es destruir un patrimonio documental que pertenece a todos”. Peñafort dijo que se trata de una afectación grave del patrimonio documental. De comprobarse que las notas se borraron definitivamente, hay delito. Además de que eliminar estos archivos afecta el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública, también implica un incumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica.
Cuando empezamos a hacer un registro de las notas borradas, repasé algunos de los momentos más intensos y desafiantes. Imposible nombrar todos. El operativo obsesivo de buena parte de la redacción para localizar la tumba de Videla. Cómo nos temblaron las manos cuando dimos la primicia de que estaba enterrado en Pilar. La emoción de haber contado sentencias históricas en juicios por delitos de lesa en todo el país, pero también las historias de las víctimas. Algunas hablaban por primera vez, y en ese gesto el relato se convertía en memoria histórica.
Las restituciones de los nietos. El momento en que un fotógrafo captó el papelito donde Etchecolatz escribió “Julio López”. La cobertura persistente de juicios y memorias de violencia institucional (Masacre de Carcova, Luciano Arruga, Julio López). La represión en el Borda. Los juicios a los que no iba casi ningún medio masivo, como el del crimen de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero. El proceso por encubrimiento del atentado a la AMIA y de la represión 2001. Las notas sobre trata de personas, diversidades, nuevos derechos. La muerte violenta de Diana Sacayán. Las historias de los bomberos que murieron en el incendio de Iron Mountain, y las revelaciones sobre una red de complicidades. Conflictos como el de la imprenta Donnelley, la planta recuperada por los obreros. El juicio por el crimen de las turistas francesas en Salta, contado en la exquisita pluma de Ana Fornaro. Su cobertura desde Nueva York sobre la negociación con los fondos buitre, poniéndole ojos de cronista a los temás más ásperos.
Ese era nuestro trabajo: contar que detrás de los expedientes hay personas, detrás de las personas, historias y tramas complejas. Servir de insumo a los medios con las noticias judiciales, tanta veces encriptadas en el lenguaje para entendidos. Visibilizar las voces de las víctimas. Porque fuimos parte de una política de Estado de acceso a la justicia.
Algunos artículos hacían saltar los servidores y la adrenalina de la investigación periodística, como pasó con la restitución de la identidad de Ignacio Montoya Carlotto, a la que tampoco se pueda acceder. Otros cobraban vida a partir de un dato simple: la muerte de una médica del SAME, la “leona de ambo verde”, una de las más leídas. Y estaban esas que cuesta cubrir y leer, como la muerte de dos hermanitos en el taller clandestino de Flores, que Juan, un redactor, investigó obsesivamente.
¿Cómo contar la singularidad de cada historia, de cada proceso, de cada centro clandestino de detención, y dar cuenta al mismo tiempo de las tensiones en la que se inscribe la trama colectiva? ¿Cómo visibilizamos la compleja trama del lavado de dinero en Nordelta? ¿Y la complicidad económica con la dictadura? ¿Cómo hacemos para narrar que cada juicio a María Julia es diferente? Eran algunas de las preguntas que intentamos responder en esos tres años. Algunas de las respuestas están -estaban- en fotos, ilustraciones, videos y tuits que configuraron una identidad periodística. Cada temática era también un desafío doble: ¿cómo narrar desde el mismo Estado el atentado a la AMIA, las problemáticas de género, de violencia institucional y de discriminación? A las organizaciones y personas que activan las cuestiones que abordamos les debemos enorme agradecimiento por ayudarnos y más por desasnarnos.
Supimos tener colaboradores rápidos y agudos. Redactores y productores que llegaban de una entrevista y preguntaban qué se hace con ese dolor, como si tuviéramos algún conjuro. Quedan los aprendizajes y las batallas. Haber intentado eliminar para siempre el uso del potencial. Luchas por la construcción de una oración, por el uso de una palabra. Hicimos unos especiales por los que valió la pena laburar 20 horas seguidas, como en el caso de AMIA, que aún sigue online. Le pusimos todo lo que pudimos. En mi caso, no fue difícil: fue uno de los trabajos más hermosos que tuve. Me siento muy agradecida. Más allá de la exigencia que significó en mi vida personal: los malabares con mi hijo, mi esposo, mi madre y mi suegra todas esas veces que pasó “algo” y bancaron.
Los aciertos fueron colectivos, las equivocaciones también. Hubo errores, sí. Y fue de lo que más aprendimos. Con el más grave, pasamos noches sin dormir. Repasamos una y otra vez los procedimientos, dolidos y avergonzados. Al entonces director, Cristian Alarcón, le pidieron la lista de los compañeros involucrados en subir esa noticia. Se negó a darlos. Pagó el costo con su nombre, que a algunos medios les encanta ensuciar, y con su desplazamiento. Nos equivocamos, sí. Apenas lo supimos, pedimos disculpas y nos rectificamos. Esa es la diferencia entre el periodismo y la operación.
Hicimos un proyecto periodístico de calidad. No nos despidieron por nuestra capacidad ¿Por qué nos despidieron? ¿Por qué bajaron la mayor parte del archivo? ¿Por qué el ministro Garavano no pudo dar una respuesta consistente? Dijo al Buenos Aires Herald: “Algunos artículos pueden no estar disponibles, pero no fueron borrados” y anticipó que la agencia sufrirá cambios radicales: “no queremos una agencia de activistas”. ¿Por qué quienes tantas veces se erigen en paladines de la retórica de la libertad de expresión siguen sin hablar de esto y publicaron notas que pretendieron ensuciarnos con datos falsos, quizás “preparando el terreno”?
Como decía Ryszard Kapuscinski , “para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias”. Ya lo dijo el maestro en el libro donde está esa cita: los cínicos no sirven para este oficio.
Hace unos días fui a notificarme del despido. Mientras esperábamos junto a Cristian, delante nuestro había tres jóvenes de mamelucos viejos y con restos de pintura, derrumbados sobre los asientos. Eran empleados de mantenimiento, esperábamos lo mismo: que el guardia nos hiciera pasar a una ventanilla a firmar los despidos. Una señora de más de 50 que acababa de firmar el suyo salió caminando despacito y se secó las lágrimas en silencio. Volvió a largarse a llorar cuando nos contó que trabajaba en limpieza y se había enterado ese día. Por otra puerta, al mismo lugar, llegaban los nuevos: jóvenes de camisa y pantalón, que, así como nosotros hace tres años, ese día firmaban su incorporación. Transferencia de recursos. Pensé en la promesa de terminar con la pobreza y en los grandes planes de acceso a la justicia. En la cucaracha en el mate y en el cinismo.
Agustín Lecchi, delegado de TV Pública y secretario de Organización de SiPreBA, habló en FM De la Calle sobre los despidos sufridos por periodistas de distintos medios.
El caso más resonante es el que involucra a cerca de 800 trabajadorxs del Grupo 23. “Los están desmembrando, la primera venta fueron Radio América y Tiempo Argentino al Grupo M de Luxe que es de Martínez Rojas, empresario que jamás tuvo algo que ver con los medios”.
“Hay compañeros que no cobran los sueldos desde hace más de tres meses, ni aguinaldos ni nada, pasaron las fiestas y el verano en esta situación que ya es un contexto de hambre”.
Los conflictos con el gremio de prensa se agudizaron en los últimos tiempos, “se han sumado varios sectores vendidos y algunos de los empresarios que adquieren medios son de procedencia desconocida para nosotros”.
El delegado de TV Pública se refirió a la posición de Sergio Szpolski: “Sabemos que recibió 40 millones de pesos de pauta oficial de este gobierno nacional, como tiempo atrás del kirchnerismo y también del gobierno metropolitano le dieron, y sumado a esto obtuvo pauta privada. (Sin embargo) este tema lo usan de excusa para echar gente”, sentenció.
Con respecto a la precarización laboral de lxs trabajadorxs de prensa, el secretario de Organización comentó el descrédito que tienen los empresarios de medios. “Ellos no cumplieron absolutamente nada de lo que prometieron. Nosotros planteamos que el Estado le saque la pauta oficial a estos empresarios para solucionar la situación de los trabajadores, pero lo único que recibimos es un silencio cómplice”.
El saldo positivo fue la reunión con el ministro de Medios Públicos, Hernán Lombardi. “Logramos hacer una mesa con las diferentes federaciones y pudimos resolver las situaciones de conflicto que había en Radio Nacional. Las charlas con Lombardi fueron buenas”. “Por ahora no hay despidos de trabajadores de Canal 7 ni hay en vista tocar nada que esté relacionado a la fuente laboral ni a las condiciones de trabajo, solo hubo renovaciones lógicas que suceden cuando cambia la administración”.
Con respecto a la vida gremial, Lecchi manifestó que “teníamos armada una agenda más organizativa, tenemos elecciones en breve y no podemos desatender la situación; pero el conflicto nos llevó a la calle”.
Texto: Diego García.