Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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(Por Matias Detrocchi & Cristian Jacobo) Utilizan el humor como medicina complementaria para lxs enfermxs de hospitales. Se los denomina “Payamédicos”.
Son una Asociación Civil sin fines de lucro (ONG) constituida en el año 2003 en la ciudad de Buenos Aires, fundada con el objetivo de “desdramatización del medio hospitalario”. Está formada por unas 3000 personas que, como payasxs, desarrollan su labor en hospitales de la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Neuquén, Salta,, Bariloche, Entre Ríos, Misiones, Puerto Madryn, Córdoba y Rosario.
En nuestra ciudad, desde enero de 2008, participan de forma voluntaria en distintos hospitales de la ciudad (Penna y Municipal). Estos locos de “narices rojas”, buscan incorporar el humor como medicina creativa.
Los payamédicos, trabajan (con pacientes, familiares y el medio hospitalario interno).
Antonella Camponi dijo al programa Un clásico de barrio en FM De la Calle que “hay que estar seguro que la risa cura”.
Por su parte, la payágrafa Natalia sostuvo que su “idea es desdramatizar el ambiente hospitalario. Los médicos nos ven coloridos, y le tienen miedo al ridículo”.
Surgían las preguntas ¿Por qué están acá? ¿A que vienen?
Para la formadora Milagros Piro, “los médicos tienen esa carga hospitalaria, los hacemos reír (como ‘payasearlos’). Ellos necesitan hacer ese descargo personal”.
Damián Dorado, quien también se desempeña como formador, contó que “a veces nos dicen, no vayas a esa habitación porque no quieren hablar con nadie!! Pero muchas veces no quieren hablar con nadie, pero con un ´Paya´ si”.
La formación que ofrece la asociación brinda herramientas como psicología, música, técnicas de clown, juegos, magia y arte, entre otras. También forma en el espíritu de poder resolver con solvencia diferentes situaciones que pueden suceder en un hospital.
La tarea se realiza al lado de la cama del paciente, pidiendo siempre su consentimiento antes de la intervención. Dado que cada paciente es único, se genera un vínculo entre ambos que es especial. Con el objetivo de ofrecer momentos de distracción, recuperando los aspectos sanos de la persona que está hospitalizada, nos denominamos “traficantes de alegría”.
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Fuente: Un Clásico de Barrio (Lunes de 21 a 22 hs)
Este jueves se presentará Pablo Lasala en el Ciclo de Solistas de la Unión de Músicxs del Sur en el Bar Don Osvaldo del Centro Cultural La Panadería (Lamadrid 544).
“Es una alegría saber que voy a estar ahí en el Don Osvaldo”, dijo a FM De la Calle el pianista, cantante, docente y compositor.
A su vez, el músico contó que está “escribiendo bastante en tres franjas. Una tiene que ver con el grupo (por su cuarteto), otro con el cantar solista, como voy a hacer el jueves, y hay todo un trabajo que estoy haciendo que tiene que ver con la posibilidad de abrir a nuevos estímulos y a nuevos permisos de la palabra, de la forma en cómo se dice. Hay distintos lenguajes dentro del lenguaje”, refiriéndose a trabajos que realiza en el ámbito de lo audiovisual.
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El viernes pasado una asamblea extraordinaria del SUTEBA Bahía Blanca resolvió adherir al paro de 24 horas que organiza la CTA de la provincia de Buenos Aires para este martes 29 de septiembre. En nuestra ciudad se sumarán a la medida de fuerza la Asociación Judicial Bonaerense, la Asociación de Trabajadores del Estado, la Asociación de Profesionales del Hospital provincial Penna y la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal.
La jornada de lucha se realiza “contra las políticas de ajuste y precarización del gobierno provincial, por el pago íntegro de todos los salarios adeudados y la reapertuta de paritarias”, según difundió la asociación de docentes en un comunicado.
Por otra parte, se habrá una asamblea convocada por la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego convocando a participar a “todos los sindicatos que adhieren a la medida”. Será a las 9 30 en la sede de la AJB.
Las propuestas electorales de oficialistas y opositores
Desde el SUTEBA Bahía Blanca afirman que “programas como Terminar la secundaro (más allá de la validez del título en la ciudad y la provincia) es parte delos planes precarizantes que hemos venido denunciando. Precarización por doble vía: en lo pedagógico para los estudiantes por el vaciamiento de contenidos y en lo laboral para los docentes por el desconocimiento de los derechos estatutarios”.
En este sentido, la titular del sindicato sostuvo que “desde hace 4 años que venimos diciendo el problema del no cobro, el problema de la infraestructura en las escuelas, pero sobre todo el tema de los proyectos pedagógicos educativos que son parte, no sólo de este gobierno, sino también de los anteriores. Hubo una continuidad con algunos nombres distintos pero el contenido es el mismo. Así que, en ese sentido y relacionándolo con lo que después hemos sacado con respecto a terminar la secundaria, queremos decir que éste plan y el FinEs es exactamente lo mismo”.
“Lo que pasa es que todos estos programas, con una propuesta para que finalicen los estudios secundarios aquellos que no lo pudieron hacer en tiempo y forma. En un principio comenzó siendo una propuesta para gente que se ha quedado con una o dos materias, y después terminó siendo para gente que en todo caso no ha podido transcurrir no solo esas dos materias sino años de la secundaria y lo están terminando a través del plan FinEs. O sea, compite con la educación de adultos, con el bachillerato de adultos, con las propuestas que se hacen más sistematizadas, que tienen otro formato, que tienen una asistencia regular, clases como cualquier secundario. En cambio el del FinEs es por encuentros, por tutorías. La calidad es muy inferior y reciben el mismo título secundario que cualquier otro chico o persona que haya transcurrido los 4 o 5 años según la modalidad, de cursada de todos los días. Es por esta cuestión que decimos que es más matricula pero menos conocimiento”, afirmó.
SUTEBA señaló que “ambos sectores (PRO; FRENTE PARA LA VICTORIA), comparten propuestas (en este caso, sí podemos decir ofertas) y objetivos en cuanto a la educación pública, aunque el gobierno lo enmascare con un discurso “progresista”. La propuesta de Masa va en el mismo sentido con el agravante de intentar introducir un sistema de premios y castigos para los docentes que demuestren más ‘productividad’.
Otras resoluciones de la asamblea
* Acompañar a la movilización de la Coordinadora de Estudiantes por el Boleto estudiantil Gratuito, el día jueves 1 de octubre a las 1430 horas. En la misma se demandará al Concejo Delieberante que el Municipio adhiera a la ley provincial.
*Invitamos a participar el día lunes 28/9 a las 18 hs a la concentración frente a la Unión Industrial Argentina (UIA) en Brown al 400, para protestar por la precarización laboral y contra los despidos de trabajadores y en particular contra el despido como forma de persecución política contra Mauro Vargas ( militante del PTS y el FIT).
*La asamblea se solidariza con el pueblo de Jáchal ante el derrame de más de un millón de litros de agua con cianuro por responsabilidad de la empresa Barrick-Gold y el aval de los gobiernos para con los proyectos de megaminería a cielo abierto altamente contaminantes.
El cineasta Gustavo Gzain visitó FM de La Calle e invitó a los y las bahienses a ver su última producción audiovisual “La Livertá”. Cultura y Extensión de la UNS organizó esta charla-debate el pasado 16 de septiembre en el Aula Magna de calle Colón 80.
Cuando era un adolescente llegó a las manos del guionista y director, Gustavo Gzain, La Patagonia rebelde. Esa obra lo acercó mucho a las realizaciones de Bayer, generándole una profunda admiración, principalmente por su entrega a los sectores más necesitados.
Uno de los objetivos de esta película-documental fue mostrar aspectos invisibilizados de la vida de Bayer. Hay mucho contado sobre su militancia en la Argentina, previa y posterior al exilio forzado en 1975. Sin embargo, poco se sabe sobre su activismo político en Alemania así como tampoco de la familia que conformó en ese país y visita dos veces al año. “Traté de hacer algo que vaya de lo más íntimo a lo público. Trate de mostrar los dos mundos: Alemania y Argentina, después del exilio forzado por la Triple A. En la película se ve lo que se pasó en Alemania, cómo militó allí, las conferencias que realizó. En Argentina puse varias cosas, de los pueblos originarios, cosas con sus amigos muertos por la dictadura militar”, expresó Gzain.
“Yo tomo de él el tema de un exilio permanente, como concepto, porque para él, el exilio no termina en el ’83 cuando vuelve. Porque su familia queda allá, sus hijos se casan allá y hasta los 88 años tiene que cruzar dos veces por año el Atlántico para ver a su familia y estar en su Argentina querida donde quiere militar. Es una marca que no eligió”, agregó.
El nombre de la película fue un hallazgo de Bayer durante las investigaciones de los sucesos de la Patagonia Rebelde. La frase ‘la livertá’ aparece grabada en una cruz de madera que está en una tumba de los obreros libertarios fusilados en 1921. Se conoce que la escribió algún obrero que luchaba por la libertad y probablemente no había ido a la escuela.
Por otra parte, el director privilegió transmitir el contenido de la película con un tono diferente al que acostumbra a usar Bayer. “Busqué un Osvaldo que de un mensaje crudo de la historia argentina y, a su vez, poético. Llega mucho de su tono informativo y periodístico, por eso busqué un tono más íntimo. Por todo lo que vivió era importante mostrar momentos de alegría y un humor muy particular que tiene, tal vez como contrapunto de los procesos traumáticos de la realidad argentina. También hay un Osvaldo Bayer bailando”.
El film ‘La livertá’ contó con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). La realización de la película se extendió por 5 años y ya se proyectó en Berlín y Roma.
Durante el rodaje de la película, Gzain conoció a Marlies Joos. “Ella también fue perseguida, sufrió cárceles y exilio. Era una gran traductora, y mantenían una relación de pareja que te puede resultar extraño por la libertad con la que la concebían, cada uno hacia lo que quería hacer y siempre estuvieron juntos”, agregó el director haciendo referencia a la compañera de toda la vida de Osvaldo Bayer, quien falleció el pasado 3 de septiembre.
Al cierre hubo una charla-debate para discutir sobre uno de los hilos conductores de la película que es el genocidio nazi, el de los pueblos originarios y el de la dictadura. “Los debates son fundamentales, sobre todo para no caer en ideas que achaten”, finalizó.
El aumento del empleo luego de la contracción de 2014, que a su vez fue precedida por un período prolongado de estancamiento, y la disminución de la desocupación son los hechos sobresalientes del panorama laboral del aglomerado Bahía Blanca-Cerri (BBC) en el segundo trimestre de 2015.
La conclusión surge de la comparación con igual período del año pasado realizada en el marco del proyecto de investigación “Problemática laboral del aglomerado Bahía Blanca-Cerri” dirigido por Gustavo Burachik, docente de la UNS e integrante del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS-CONICET).
“La magnitud del aumento del empleo en BBC no deja de ser una sorpresa cuando se tienen en cuenta otros indicadores locales y nacionales. La evolución laboral del aglomerado BBC resultó, según el INDEC, más favorable que la del promedio nacional. El segmento laboral más dinámico fue el de los trabajadores de hasta 29 años. Los datos también muestran un aumento de la subocupación, lo que puede ser interpretado como un indicio sobre las características de una parte de los nuevos puestos de trabajo creados”, afirma el boletín.
En los últimos trimestres, explica el documento, “la tasa de desocupación de la fuerza de trabajo femenina de hasta 29 años en el aglomerado BBC, ha tendido a igualarse con la tasa nacional, situada actualmente en torno al 16%. Esta convergencia ya se había evidenciado para los varones en dicho tramo de edad. Esto explicaría por qué la tasa de desocupación bahiense ya no se sitúa sistemáticamente por encima del promedio nacional, como solía ocurrir. Conviene tener presente que pese al aumento del empleo, la desocupación de las mujeres jóvenes sigue superando al promedio del aglomerado (120% más alta) y lo mismo ocurre con los varones de ese tramo de edad (62% mayor al promedio)”.
“La evolución laboral según sexo y tramo de edad en el promedio de los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH fue muy diferente. En contraposición con el aglomerado BBC, el segmento más dinámico fue el tramo de 30 a 64 años, mientras que el empleo entre los jóvenes de ambos sexos se contrajo. La población activa se movió, como cabría esperar, en sintonía con el empleo: se redujo entre los jóvenes de ambos sexos, donde las oportunidades de empleo disminuyeron y se mantuvo o incrementó entre los trabajadores de entre 30 y 64 años para los que las chances de inserción fueron más favorables”, agrega.
En un apartado referido a la situación laboral de lxs jóvenes, Burachik y su asistente Nicolás Saguí repasan las principales actividades de lxs bahienses de entre 18 y 29 años. El comercio destaca como único sector de fuerte peso tanto entre las mujeres como entre los varones. Las demás actividades muestran cierta especialización por género. Entre las mujeres jóvenes predominan los empleos en hoteles y restaurantes, servicio doméstico, enseñanza y sector salud. Entre los varones, en cambio, predominan los puestos de trabajo en la construcción, la industria, el transporte y la administración pública.
En el período 2011/14 la cantidad de mujeres jóvenes ocupadas parece haber disminuido, en especial en los primeros dos rubros principales. En el mismo período el volumen de ocupación de jóvenes varones se incrementó levemente y, a diferencia de lo ocurrido con las mujeres, sin un perfil sectorial definido.
“Los datos permiten observar que la principal forma de precarización o desprotección laboral de los jóvenes no reside en el carácter limitado del tiempo de contratación (empleos con tiempo de finalización) sino en la falta de cobertura de obra social, descuentos jubilatorios y derechos como el aguinaldo y los días por enfermedad. Mientras que 11% de las mujeres y 17% de los varones tienen empleos con tiempo de finalización, un 40% de los varones y un 44% de las mujeres jóvenes ocupadas carece de obra social o de descuento jubilatorio”.
El informe destaca que “una parte sustancial de los puestos de trabajo creados entre 2007 y 2014 para los trabajadores masculinos correspondió a la categoría cuenta propia” y que “la contracción del empleo femenino y joven afectó enteramente a los puestos de trabajo en relación de dependencia; sorprendentemente, en medio de este ajuste, las ocupaciones por cuenta propia se mantuvieron estables”.
Por último, los números indican que el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan “se ha estabilizado en un nivel elevado”. Mientras que para el total de los aglomerados se observa una leve disminución tanto entre las mujeres como entre los varones, los indicadores de lxs ni-ni para Bahía Blanca y Cerri “lucen también bastante resistentes a una baja sustancial”.
“Desde que empezamos con esta lucha hace casi un año anuncios hubo miles, y siempre, luego de cada anuncio, nos encontramos con la decepción de que esa promesa, de que ese anunció se cayó, o se congeló”, dijo a FM De la Calle Franco Baier, beneficiario de PROCREAR. Un conjunto de vecinxs se movilizó este jueves en derredor de la Plaza Rivadavia, en reclamo de soluciones.
“Desde un principio el ANSES con el municipio habló del programa movilidad de suelos. Ese programa al día de hoy, que se aprobó en enero/marzo del 2014, no generó un solo lote. Lo habían presentado como que era la solución al problema del acceso a la tierra para la gente del PROCREAR. Después vino el intento de compra de tierras a privados por parte de ANSES, luego una licitación pública, que la propia ANSES lo dejó caer teniendo alternativas que incluso eran vendidas por debajo del valor”.
Para lxs vecinxs “se lo dejó caer porque se pudo tener acceso a las tierras del ejército, que eran totalmente gratuitas para el Estado nacional. En cambio las otras había que comprarlas. Las tenía que comprar pero después ese costo de compra y de urbanización iba a estar cargado en el precio de venta de esos lotes a los beneficiarios, por lo tanto no es que iban a perder plata”.
Sin embargo, “las tierras del ejército tienen una ventaja para ellos que es ‘no nos cuesta nada, a nosotros ANSES, y después las podemos hacer dinero cuando las vendamos a los beneficiarios del PROCREAR’. Eso es lo que vimos. Nos da la sensación que esas cuentas sacaron. Si no no se explica cómo dejaron caer ciertas ofertas que realmente eran muy baratas, por debajo de la tasación oficial. Eso es mucho decir. Si hubieran comprado esas tierras, hoy estaríamos ya seguramente construyendo. Sin embargo, se decidió anunciar las tierras del ejército, descartar esas tierras y, no obstante, hace un año que se anunciaron las tierras del ejército y no se avanzó absolutamente nada tampoco”.
Aun si prosperaran las negociaciones con las tierras vinculadas al ejército, no cubre la totalidad de beneficiarios del plan. “No nos consta que esté prosperando, porque ya hace un año que las anunciaron. Después, creo que fue en marzo que dijeron ‘no esas tierras del ejército no son, son otras’. Bueno, bien. Después vinieron las tierras de provincia, pensemos que ANSES dispone hoy de tierras provinciales que fueron cedidas y ya pertenecen al fideicomiso PROCREAR. Eso es lo que nos da mucha bronca. Porque PROCREAR tiene en sus manos la chance de darnos una solución concreta, real y urgente ya a todos nosotros, porque tiene las tierras del ejército, las tierras de provincia. Sin embargo, hay una decisión política de no avanzar con ninguna tierra por fuera del ejército para primero ver qué pasa”.
“Primero se anotan las familias al sorteo, y si quedan pocas familias sin poder acceder a la tierra, por ejemplo, esas familias no encontrarán la solución. Entonces la idea es apuntar a solucionar la cuestión con las tierras del ejército y después se verá. Si quedan mil familias, bueno, quizás se avance con las tierras de provincia. Ese es el discurso de ellos mismos”, sostuvo
La dilación de las gestiones gubernamentales tiene un efecto desalentador en las personas que se inscriben en planes de vivienda. “Incluso hay como un intento, como un deseo de que sean pocas familias las que se anoten. Quiere decir que hay un deseo que muchas familias se hallan quedado en el camino, que hallan desistido, que saquen cuentas y digan ‘bueno, no me conviene meterme en PROCREAR, porque los costos que tengo que pagar por encima del crédito que me dan son muy altos’. Entonces parece como que fuerza una situación para que hallan familias que se bajen de la posibilidad de acceder a PROCREAR”.
La movilización exigió que toda persona beneficiada a través del sorteo puede tener acceso al crédito y que se entregue en carácter de urgencia. También plantean que, habiendo pasado 2 años, “el valor del crédito pierde mucho poder de compra”.
Asimismo Baier expresó que “los únicos ganadores de estos últimos años son claramente los especuladores de inmobiliarias, que a partir de la desesperación de las familias de no poder acceder a las tierras a valores razonables, a valores PROCREAR y terminan sobre endeudándose y haciendo malabares para pagar a un especulador un dinero muy alto que convierte a las familias en deudores ya antes de comprar los materiales para empezar a construir. No queremos que esa situación se generalice, que atenta contra el derecho a la vivienda, claramente”.
Además, lxs beneficiarixs denunciaron “la conducta del municipio durante todo este tiempo, que hoy por hoy, tiene cajoneado un proyecto de ordenanza para habilitar la venta de tierra privada, que sería vendida a valores PROCREAR, cosa que hoy no se consigue en ningún lado. Seria tierra que se vendería a valores PROCREAR, por lo tanto sería otra solución más que aportaría a terminar con este tema y sin embargo lo tienen cajoneado”.
Plan Federal II
Por su parte, Ariel Bravo, beneficiario del Plan Federal de Viviendas correspondientes al barrio UOM, fue una de las 50 personas que este viernes recibieron la llave de su casa. “La verdad que muy felices por parte de mi familia y de todos los vecinos, porque se hizo lo que estábamos esperando durante tanto tiempo, la entrega de las casas, no la cantidad que habíamos hablado en la Municipalidad. Pero bueno, por lo menos ya son 50 y el panorama va cambiando”.
“Va a seguir todo el tema. La semana que viene, entre martes y miércoles nos vamos a ir juntar con gente de la municipalidad y con gente del gremio, porque en la semana que viene se entregarían 12 casas más de la otra manzana. También existen 70 viviendas que quedaron ahora colgadas, las tienen que terminar y licitar. Vamos a estar con los vecinos apoyando y acompañando”.
Si bien los medios de comunicación estuvieron invitados al acto de entrega de viviendas, la organización gremial y lxs beneficiarixs definieron que la magnitud de la ceremonia no sea de gran escala para que no “se confunda que con este acto estamos haciendo campaña para alguien”
Por su parte, el vecino informó que la semana pasada viajó el secretario de Obras públicas a Buenos Aires para gestionar para la segunda etapa. Están faltando 39 millones” de pesos para culminar la segunda etapa. “Desde el Municipio nos dijeron que si, que van a llegar. Ahora existen 70 casas que eran las que se iban a entregar” de la primera etapa. “La segunda etapa se va a continuar ni bien se terminen las 70 viviendas y culminar con las 130 que queden”.
(Por Francisco J Cantamutto) El lunes pasado el candidato presidencial del FpV presentó su plan de gobierno, acompañado de un extenso libro donde su equipo se explaya sobre el programa económico propuesto.
Parece que la estrategia de Massa de tomar definiciones en sus propuestas llegó al candidato oficialista Daniel Scioli, quien el día lunes presentó en el Teatro Ópera su plan de gobierno. El mismo está basado en un extenso análisis de la Fundación DAR, plasmado en el libro “Lineamientos para el desarrollo económico y productivo”. Ante la crítica de falta de definiciones del candidato del kirchnerismo, este plan se presenta como una contundente respuesta, de palmaria claridad.
Los cimientos
Naturalmente, el eje de la propuesta es “profundizar lo logrado”, pasar a la etapa del “desarrollo estructural” como segundo momento de la recuperación iniciada entre Duhalde y Kirchner (hay un cuidado sumario de no clarificar este doble origen). El think tank neodesarrollista ha sido la fuente de inspiración para un marco de propuestas con claros fundamentos teóricos y programáticos, tal como se detalla en el texto. El enfoque es una reunión entre la macroeconomía keynesiana y el estructuralismo cepalino, fortalecida por algunos años de debates y formación de técnicos, en lo que se ha dado en llamar neodesarrollismo. La crítica simplista que circula entre medios masivos de que se trata de pura improvisación tiene cada vez menos asidero: es necesario debatir las ideas y propuestas reales.
Esta reunión tiene varios elementos constitutivos, pero su eje central puede presentarse como: la necesidad de intervención permanente del Estado en el estímulo a la demanda agregada –a través de inversión pública e impulso al empleo- es el eje del crecimiento y ulteriormente, el desarrollo. A diferencia de lo que en el debate más ramplón le acusan a su adversario Macri, no se trata de una discusión entre Estado versus mercado. La intervención que promueven no implica desplazamiento del capital privado, sino al contrario, su sostén, guía y respaldo: cómo, a través de “inteligentes” operaciones, se podría tentar al capital de invertir productivamente en el país. Ni abandonar toda la política económica a las decisiones privadas, y reemplazarlas por una lógica burocrática. No hay, en tal sentido, ni regreso al neoliberalismo más crudo, ni horizonte de cambio de las relaciones de propiedad más básicas. Hay regulación y asociación público-privada.
Éste es el origen de la relación histérica entre el kirchnerismo y el capital. El gobierno ha hecho lo imposible por hacerle entender a los dueños de los medios de producción que su mejor opción es invertir productivamente y generar empleo en el país, partiendo de garantizarle elevadísimas tasas de ganancias. Pero el capital se niega a responder a los beneficios, y mantiene sus comportamientos lascivos: fuga de recursos, falta de inversión, desajustes estructurales, empleo informal, etc. La apelación de Kirchner a la burguesía nacional sentía –quizás con convicción- que por nacer aquí a algunos empresarios les importaba más la patria que el negocio. El capital ha reconocido los favores del gobierno, pero se niega a que le digan qué hacer con lo que asume que es suyo. Un gobierno empeñado en convencer al capital de cuál es su mejor negocio.
Si bien algunas organizaciones de base aceptan al kirchnerismo como un espacio heterogéneo, en disputa, las planas mayores muestran una y otra vez un pensamiento sin contradicciones. El balance hasta aquí es: “hay muchos logros, y quedan cuentas pendientes; si nos dan el tiempo suficiente, las iremos resolviendo”. No hay, no puede haber, elementos contradictorios, es decir, que constituyan una relación interna al proceso pero se muevan en sentido opuesto al propuesto. Sólo por dar un ejemplo, que en la última década se haya consolidado la tendencia extractivista y primarizante del perfil exportador del país, no parece hacer mella en el discurso de industrialización.
Las propuestas
La presentación del plan de gobierno tuvo frases contundentes como prometer “pleno empleo y crecimiento”, la llegada de “30.000 millones de dólares de inversión por año”, “las 250.000 viviendas por año”, entre otras. Pero sin dudas la que se llevó el laurel de slogan fue que su gobierno no quiere “un paraíso financiero, ni fiscal, sino que la Argentina sea un paraíso productivo”.
Para ello, lo que dijo y mostró rodeado de gobernadores, intendentes, diputados y militantes fue que le ofrece al capital “gobernabilidad, certidumbre y previsibilidad”. El kirchnerismo garantizó lo primero desde que atajó la crisis del 2001, pero los dos siguientes puntos habrían sido esquivos durante el gobierno de Cristina Fernández, debido a su forma de construcción política a través de antagonismos cambiantes. El capital concentrado le había dejado muy en claro a los candidatos que ésta era su preocupación central, como ya explicamos aquí. Scioli ofrece una “etapa superior” del kirchnerismo en este sentido, al combinar lo conseguido con lo faltante, en una síntesis novedosa.
Scioli enfatizó que resolvería los desajustes de la macroeconomía (inflación y faltante de dólares a la cabeza) sin ajuste. Gradualismo es la palabra clave aquí, y su propuesta está centrada en un eje: movilizar la inversión, local y extranjera. Para impulsar la inversión, además de su garantía de estilo de gobierno, propuso impulsar a partir de la banca pública un banco de desarrollo, al estilo del BNDES brasilero. Asimismo, en relación a las divisas, no desestimó tomar deuda en lo inmediato, dejando muy en claro que –como siempre explicó la presidenta- el objetivo del desendeudamiento era volver a los mercados de crédito en condiciones más razonables.
Asimismo, esa inversión debería estar dirigida en un sentido claro. Si Macri explicó que quería un país lleno de fábricas de pasta y galletitas, el equipo de Scioli hiló mucho más fino. Presentaron el lunes un detalle de 14 cadenas de valor a priorizar, por su impacto en el empleo y en la generación de divisas, entre las que se encuentran la automotriz, alimentaria, textil, química y petroquímica, cuero y calzado, metalmecánica, farmacéutica. Dejó en claro, además que para proveer de divisas a la industria, no debía retacearse gestos al agro, responsable de las exportaciones. Para ello, como había planteado, garantizará la rentabilidad de todos los sectores.
La inversión productiva permitiría incrementar la masa de recursos disponibles, para moderar la disputa distributiva. Pero para impulsar la inversión, no se esperan salarios reales al alza. Este futuro no auspicioso se buscará contener a través de los acuerdos con las dirigencias burocráticas, y las promesas a los movimientos sociales de Ministerios de Derechos Humanos y de Economía Popular. Otros candidatos no pueden prometer esta gobernabilidad al capital, es decir, la contención institucional de las demandas populares.
La pregunta que se sostiene es si estas propuestas de “kirchnerismo ordenado” serán suficientes para tentar al esquivo capital. Y en caso que lo fueran, sigue pendiente saber por qué nos deberían entusiasmar.
Al parecer, el plan nacional de desarme no ha calado hondo en la justicia de Bahía Blanca. Santiago Ulpiano Martínez, el apenas secretario letrado que hasta junio pasado subrogaba el juzgado federal 1 de Bahía y tenía bajo su guarda a todos los aproximadamente 70 represores bahienses, mantenía a más de una docena de ellos detenidos en sus casas y con armas cargadas en el placard. Quedaron al descubierto el mes anterior, cuando Alejo Ramos Padilla, el juez subrogante que reemplazó a Martínez, cruzó los nombres de los reclusos que tenían detención domiciliaria con el registro de portadores de armas que lleva el R.E.N.A.R.
Así comprobó que dieciséis detenidos por violaciones a los derechos humanos en la ciudad portuaria del sur gozaban de ese riesgoso privilegio. Expeditivamente, ordenó los allanamientos, pero los resultados no fueron los mejores: sólo en cinco de los dieciséis casos las fuerzas de seguridad dieron con las armas de fuego que los reos habían declarado tener. El panorama fue detallado en un informe que el juzgado incorporó a un incidente de la causa 15000005/2007, al que accedió Infojus Noticias.
Santiago Ulpiano Martínez y el abogado Claudio Pontet fueron apartados por el Consejo de la Magistratura en junio de este año, denunciados por poner palos en la rueda de los juicios por delitos durante la última dictadura y por fallos exprés favorables para algunos sospechosos de fuste como el empresario mediático Vicente Massot. Cuando Ramos Padilla asumió la subrogancia, encontró al juzgado en una situación alarmante: los plazos de muchas prisiones preventivas y sentencias estaban vencidos, había indagatorias pendientes hasta de dos años antes, y se encontraron más de 40 panes de droga en la terraza del juzgado y más de ochenta pistolas, revólveres y escopetas, algunas con municiones, sueltas por el despacho.
Pero el caso de los condenados o procesados por crímenes en la última dictadura fue la gota que rebalsó el vaso. Ramos Padilla ordenó quitarle las armas y revocar la prisión domiciliaria, excepto a quienes por su estado de salud tienen razones de fuerza mayor. Tener armas, “acredita objetivamente un incremento de envergadura de los riesgos procesales, ya sea de entorpecimiento de la investigación o del peligro de fuga”, concluye el magistrado.
Los cinco presos armados
Raúl Oscar Otero era un oficial del Batallón de Comunicaciones 181 que lideraba la compañía de Combate. Tenía bajo su mando un grupo de soldados especialmente entrenados para la “lucha contra la subversión”. Entre sus hombres más certeros, estaba el subteniente Videla y un cabo primero de apellido Peralta a quien apodaban “el loco de la guerra” porque siempre estaba lleno de armas entre sus ropas. Otero tenía la credencial de Legítimo Usuario vencida, y estaba inhabilitado desde el año 2013 por el R.E.N.A.R.
El ex cabo José Marcelino Casanovas fue detenido en noviembre de 2013 en la ciudad patagónica de Zapala, acusado de varios secuestros agravados y un homicidio. La fiscalía federal de Bahía Blanca le imputa, además, haber ejercido violencia sexual sobre una mujer secuestrada. Entre las armas que tenía en su poder, había una Bersa calibre 22 con balas en la recámara. El R.E.N.A.R. no había hecho la inhabilitación preventiva.
Alberto Magno Nieva, ex Sargento de Infantería del Quinto Cuerpo de Ejército, integró el “Equipo de combate” y está procesado, además de por secuestros y torturas, por el homicidio calificado de Luis Alberto Sotuyo, Dora Rita Mercero de Sotuyo, Roberto Adolfo Lorenzo y Nancy Griselda Cereijo. Desde 1976 hasta 1978, obtuvo 100 puntos sobre 100 en los informes de calificaciones firmados por los generales René Azpitarte y José Antonio Vaquero: tenía muy buena puntería. El conscripto Norberto Cevedio lo oyó decir —y lo declaró en la justicia— que “había limpiado” a Sotuyo y por eso no quería ser visto por los familiares de la pareja que iban al V Cuerpo de Ejército buscando información sobre su destino. Nievas, con un estado de salud estable, tenía una credencial de legítimo usuario vencida desde 2002. Una de las armas registradas no fue hallada mientras revisaban su casa y tenía un arma Ballester calibre 22 cargada.
Walter Bartolomé Tejada fue condenado a prisión perpetua el 6 de noviembre de 2012. Se le probó ser responsable de sustracción, retención y ocultamiento de menores; cientos de privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos y homicidio calificado por alevosía de tres personas. No tenía credencial de legítimo usuario y estaba inhabilitado por el R.E.N.A.R. desde el año 2013.
Pedro José Noel es un oficial retirado de la Policía Bonaerense que fue apresado en febrero de 2012. Hasta 2011 había tenido trabajo: era el director de la Biblioteca Popular “José Hernández” de la localidad de Cerri, cercana a Bahía Blanca. Al igual que Casanovas, Noel fue acusado por haber ejercido violencia sexual sobre dos mujeres. El hombre tenía una credencial de legítimo usuario vencida desde 2005, y estaba inhabilitado por el R.E.N.A.R. Una de las armas que le encontraron —una Taurus calibre 38— estaba lista para disparar.
Los once que “no las tenían”
Los once presos restantes, ensayaron excusas más o menos insólitas para explicar por qué no tenían las armas declaradas. A seis de ellos —Juan Manuel Bayón, Oscar Lorenzo Reinhold, Mario Alberto Gómez Arenas, Gustavo Abel Boccalari, Vicente Antonio Forchetti, Luis Alberto Farías Barrera—, les revocaron sus prisiones domiciliarias. Bayón —condenado a prisión perpetua— y Gómez Arenas respondieron varios días más tarde, a través de sus abogados, que las armas estaban bajo la custodia de sus hijos.
Boccalari mostró un documento privado, de un traspaso informal de las armas a la casa de su garante. A Forchetti, que está alojado en el penal de Ezeiza y pidió la prisión domiciliaria, será difícil que se la acepten. Farías Barrera jura haber extraviado cinco armas de fuego registradas a su nombre, pero ni siquiera hizo la denuncia. Reinhold ni siquiera se molestó en dar explicaciones.
Los otros cinco mantuvieron sus prisiones domiciliarias. Luis María Delaico explicó que sus armas fueron secuestradas por el Juzgado de Instrucción 26 de la C.A.B.A. Enrique Braulio Olea demostró que una inhibición general de bienes del Juzgado Federal n° 2 de Neuquén le impide traspasarlas. José María Martínez devolvió sus tres revólveres a la Delegación Bariloche del R.E.N.A.R. Osvaldo Antonio Laurella Crippa se acogió a la entrega voluntaria del Programa Nacional del R.E.N.A.R. Y Carlos Andrés Stricker aportó documentación que prueba que entregó las suyas al R.E.N.A.R.
Fuente: InfojusNoticias.
Foto: Sol Vázquez.
(Por Julio Gambina) Allá por el año 1997 desde la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA se convocó a discusiones por un Nuevo Pensamiento, generando debates en todo el territorio nacional durante tres años.
La convocatoria confrontaba con el hegemónico pensamiento único que sostenía en los 90 la política neoliberal, de apertura económica, flexibilización laboral y privatizaciones. Las desregulaciones y el aliento a la iniciativa privada, especialmente extranjera era la lógica imperante en los gobiernos previos al estallido del 2001.
No solo el poder ejecutivo impulsaba esas políticas, sino que la burocracia política, sindical, empresaria y mediática estimulaban con argumentación apologética para diseminar un consenso mayoritario en la sociedad.
La hegemonía neoliberal era contundente y explicaba el triunfo del menemismo en el segundo turno desde 1995 sin escamotear argumentos favorables al falso libre comercio, en rigor dominado por monopolios transnacionales. Pero también explicó el triunfo de la Alianza en 1999 privilegiando la estabilidad del tipo de cambio contra la masividad de la miseria extendida, el desempleo y la caída del nivel de vida de la mayoría empobrecida de la población.
En aquella convocatoria de la CTA coincidían los argumentos anti neoliberales y otros anticapitalistas. El mensaje que unificaba apuntaba a derrotar al pensamiento neoliberal, hegemónico y responsable de la situación social de empobrecimiento y un desenlace recesivo desplegado entre 1998 y 2002. Las diferencias se dejaban para otro tiempo.
¿Por qué la evocación?
Porque el Ministro de Economía acaba de sostener en un encuentro de economistas heterodoxos[1] la necesidad de un pensamiento económico nuevo latinoamericano, sobre la base de las experiencias desarrolladas en estos años en buena parte de la región y que tienen en común la crítica al proceso neoliberal de los 90. Señaló Kicillof la necesidad de dar “cuerpo a una teoría económica que corone este proceso de crecimiento que experimentó América Latina”.
Más allá del balance de política económica y la discusión sobre los aspectos estructurales del orden contemporáneo, el debate sigue sustentado en lo discursivo en la crítica al neoliberalismo, sin cuestionar al régimen del capital.
Por definición, la heterodoxia contiene en su seno a diversas corrientes que discuten con la hegemonía neoclásica en sus distintas versiones, monetaristas, ortodoxos, los que imponen más énfasis teórico en el imaginario del libre cambio (como si existiera).
En la heterodoxia confluyen keynesianos, neo-keynesianos, pos-keynesianos y una diversidad de corrientes que disputan la orientación del orden capitalista, pero sin salirse del marco capitalista. Ese colectivo de pensamiento confluye y debate con otras varias corrientes del pensamiento crítico, algunos de los cuales se reconocen en la tradición de Carlos Marx y que asumen como sentido principal de sus enfoques la crítica al capitalismo.
Hace dos décadas, en los encuentros por un Nuevo Pensamiento, se discutía contra el neoliberalismo, hegemónico y en el gobierno. Hoy se vuelve a esgrimir la misma necesidad en un contexto de cambio político en la región, con fuerte crítica discursiva al neoliberalismo pero escasa transformación estructural de la economía, por lo que se asume la reiterada convocatoria a unir fuerzas contra la hegemonía global neoliberal, que subsiste en la orientación principal del orden mundial, aun con el capitalismo en crisis.
Ir más allá de la crítica neoliberal
Por eso, nuestro interrogante apunta a pensar que es lo que ocurre en nuestra región, que pese al cambio político desde el comienzo del Siglo XXI, el cambio económico continúa siendo una asignatura pendiente.
El modelo productivo y de desarrollo, es decir, la extranjerización y transnacionalización de nuestras economías no se han modificado y la característica de la dependencia se profundiza. Claro que hay matices entre los distintos procesos en la región, pero el núcleo de la dominación transnacional mantiene su capacidad de orientar el rumbo.
En un análisis sobre Bolivia se sostiene que “También la economía fue transformada por el proceso de nacionalización de varios sectores estratégicos. La nacionalización de los hidrocarburos del año 2006 generó un enorme flujo de ingresos para el país, resultado de la retención del excedente económico originado en este sector. El Estado, por la vía de nacionalizaciones del capital transnacional, estatizaciones del capital privado nacional y la apertura de nuevas empresas públicas productivas, se ha fortalecido y hoy controla el 35% del producto interno bruto del país. Así hemos dejado atrás el modelo neoliberal en el que, como sabemos, cuanto menos Estado mejor para los capitalistas; hemos pasado a un modelo con decisiva presencia reguladora y redistributiva estatal, aunque todavía dentro del sistema capitalista.” El texto continúa señalando: “Creo que aquí radican las tareas, en lo económico, que deben llevarnos a la profundización de este proceso: seguir fortaleciendo al Estado con nuevas nacionalizaciones, al mismo tiempo que potenciamos al sector social y comunitario de la economía transfiriendo hacia él una parte del excedente recuperado. Ésta será la vía para salir del capitalismo y comenzar la construcción de un nuevo socialismo comunitario y el Vivir Bien.”[2]
Es interesante asumir la hegemonía capitalista, como el rumbo anticapitalista y afirmar que las acciones anti-neoliberales tienen rumbo en el socialismo comunitario y el Vivir Bien; algo distinto a la prédica anti-neoliberal para un capitalismo nacional, serio o normal.
Homenaje a Theotonio dos Santos
Es curioso como el homenajeado en el encuentro de los economistas heterodoxos ha sido Theotonio dos Santos, uno de los iniciadores de la Teoría de la Dependencia en los 60. Una concepción teórica que suponía mirar a la economía mundial desde Latinoamérica y por ende, se intentaba completar a Lenin que había promovido la teoría del imperialismo desde el estudio de los fenómenos expresados en el capitalismo desarrollado.
Cien años se cumplirán el próximo 2016 de la publicación del famoso texto del revolucionario ruso, donde se ejemplificaba con la Argentina al típico proceso de independencia política y dependencia económica. Allí sugería que la tarea de la independencia política requería para completarse de la independencia económica, y con él, nosotros insistimos en superar el cambio político regional con el cambio económico.
Los teóricos de la dependencia en los 60 discutían la posibilidad del desarrollo bajo el signo de la dependencia. Fernando Henrique Cardozo, luego presidente de Brasil con ejercicio de política económica neoliberal, sostenía que si se podía impulsar el desarrollo aún en dependencia. Theotonio dos Santos lo confrontaba y sostenía una posición crítica al orden capitalista y a la dependencia. Otros heterodoxos de la época, como Celso Furtado, también criticarían al desarrollismo, que alentaba expectativas en el progreso basado en las inversiones externas y la industrialización e inserción en el capitalismo de entonces. Eran tiempos de bipolaridad y la discusión incluía a pensadores de fuerte tradición en Marx como Rui Mauro Marini en Brasil, o Agustín Cueva en Ecuador, los que fundamentaban el horizonte socialista como solución para nuestros países.
En nuevas condiciones, el debate ahora vuelve a presentarse, y se convoca a debatir por un nuevo pensamiento económico. Bien vale interrogarse si se trata de una crítica al capitalismo en crisis, o si solamente se trata de recrear la crítica al orden neoliberal y a la ofensiva más descarada del gran capital por la liberalización de la economía. No es que sea poca cosa la crítica a la hegemonía, pero la situación demanda marcar el rumbo más allá del capitalismo.
Sin perjuicio de la articulación diversa de concepciones críticas al neoliberalismo, el problema radica en los instrumentos que se utilizan para resolver los problemas del presente. No se trata solo de enfoques teóricos, sino que desde esos diagnósticos emergen las políticas económicas concretas para materializar objetivos solo anti neoliberales o en la perspectiva socialista.
El comentario apunta a la confianza en la radicación de inversiones sustentadas desde los críticos al neoliberalismo, para impulsar la industrialización y el modelo productivo en nuestro tiempo y por otro lado, el pensamiento crítico alentando las transformaciones de las relaciones de producción en la búsqueda de una lógica económica, social y cultural contra y más allá del capital.
Queda claro que siempre se trata de una cuestión política, de correlaciones de fuerza, pero resulta imprescindible asumir la batalla de ideas por la hegemonía de la heterodoxia. De lo contrario se puede caer en el posibilismo. La lucha cotidiana de trabajadoras/es y sectores empobrecidos demandan enfoques teóricos que potencien la crítica al capitalismo y aporten sustento para hacer realidad la transformación y emancipación social.
Días después que el Tribunal Oral Federal bahiense absolviera a Juan Suris y una decena de personas imputadas por tráfico de drogas gracias a una deficiente investigación y mal uso de las escuchas telefónicas, el juez correccional José Luis Ares advierte que “el problema con los narcotraficantes no es si se los castiga con veinte años de prisión o con perpetua, el problema es que no se los atrapa, y sólo caen los que se dedican a la venta de droga al menudeo, que serán reemplazados de inmediato; o peor aún, los adictos que son víctimas y necesitan ayuda y no represión, como lo ha puesto de resalto la Corte Nacional”.
“Los publicitados secuestros de drogas sólo representan el 10 % del total que se trafica. Entre otras cosas es necesario cortar el circuito económico del narcotráfico mediante el estricto control del lavado de activos”, sostiene el profesor de Derecho Procesal Penal (UNS)y agrega que “se puede inundar las ciudades de policías pero si no se los capacita adecuadamente ni se ataca decidida y sistemáticamente la corrupción, nada se logrará”.
“Yo veo el futuro repetir el pasado.
Yo veo un museo de grandes novedades”.
“El tiempo no para”, Cazuza (1958-1990).
Así como un Estado debe tener una política seria, coherente y a largo plazo en materia económica, sanitaria o educativa, también debe poseer una política criminal, es decir un conjunto de medidas que se deben implementar para la lucha contra el delito. Se trata de un manojo de decisiones y de normas, a fin de poner en acción instrumentos y estrategias con objetivos a mediano y largo plazo. Así como el delito es multifacético, multicausal y dinámico, también dinámicas deben ser las políticas públicas en esta materia. No es lo mismo el robo a un comercio por parte de un solitario ladrón que la sustracción organizada de automotores para comercializar sus autopartes; no es lo mismo la violencia de género que el tráfico de drogas ilegales.
Si bien no se encuentra incluido estrictamente en las decisiones de política criminal, es necesario revertir la pobreza y la marginación, a través de la inclusión, el trabajo y la educación. Sin embargo, el fenómeno delictivo no es un asunto inherente a la pobreza, sino que la criminalidad a gran escala está organizada por sectores que no pertenecen precisamente a los guetos marginales, contando en muchos casos con protección o complicidad activa oficial. Por eso, las decenas de mercados ilegales se pueden y se deben atacar de muchas maneras no estrictamente penales, como por caso a través de controles administrativos, aun cuando el delito se vaya “corriendo”, pues el delincuente busca la impunidad y la actividad que resulte más sencilla, más rentable y menos riesgosa. Por ejemplo, si se controlan estrictamente los desarmaderos suelen reducirse los robos de automóviles; es una obviedad que si nadie comprara televisores o celulares de procedencia dudosa, disminuirían los robos de estos objetos pues no habría donde colocarlos, y esto se relaciona con problemas éticos y de educación.
Alberto Binder sostiene que a falta de políticas de seguridad se desarrollaron estrategias de doble pacto. Es decir, un primer pacto de la dirigencia política con las fuerzas de seguridad, y un segundo pacto de éstas con organizaciones o sectores criminales para mantener cierto equilibrio, permitiendo la gobernabilidad y obteniendo beneficios. Según el mismo autor, esto se ha vuelto impracticable, entre otras razones, porque la policía no puede asegurar ya el control territorial de la criminalidad. Otra de las disfunciones consiste en la autonomía de las fuerzas policiales, sin efectiva conducción política.
A falta del diseño de una política criminal seria, constante en sus grandes líneas pero dinámica en atención a la mutación del delito, desde ciertos sectores políticos, en especial en tiempos electorales, se simplifican las cuestiones y se proponen soluciones sencillas para problemas complejos, tales como la baja de la edad de imputabilidad, el aumento de penas, la restricción de la excarcelación, más policías, patrulleros y cámaras de video vigilancia.
El aumento de penas ya se implementó varias veces, en especial con las “leyes Blumberg” de 2004. ¿Hasta dónde se puede llegar?, ¿hasta que casi todos los delitos tengan la pena del homicidio?, ¿hasta que todo delito grave se castigue con prisión perpetua? Al margen que ello violaría la Constitución, ya el Marqués de Beccaria -en el siglo 18- escribía: “la certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible pero unido a la esperanza de la impunidad…”. El problema con los narcotraficantes no es si se los castiga con veinte años de prisión o con perpetua, el problema es que no se los atrapa, y sólo caen los que se dedican a la venta de droga al menudeo, que serán reemplazados de inmediato; o peor aún, los adictos que son víctimas y necesitan ayuda y no represión, como lo ha puesto de resalto la Corte Nacional. Los publicitados secuestros de drogas sólo representan el 10 % del total que se trafica. Entre otras cosas es necesario cortar el circuito económico del narcotráfico mediante el estricto control del lavado de activos.
La muletilla de la “puerta giratoria” no tiene correlato con la realidad; se han construido nuevas cárceles y éstas desbordan de presos, con serias deficiencias, afectando la dignidad de las personas y sin que la mayoría de los internos pueda acceder al trabajo y a la capacitación, que aleja la probabilidad de recaída en el delito (véase al respecto el documento de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, “Aspectos salientes de la problemática penitenciaria en la Pcia. de Bs. As.”, junio de 2015, en www.reddejueces.com). En realidad, existe un abuso de la prisión preventiva de presuntos inocentes, generalmente de sectores vulnerables, que piden fiscales y otorgan jueces y no por cierto de delincuentes de “cuello blanco” (expresión acuñada por Edwin Sutherland). Esto ha sido puesto de resalto por el Papa Francisco en cuanto aludiera a la forma abusiva de la detención preventiva previa a la condena como adelanto de pena.
La rebaja en la edad para perseguir a los menores es otro fuego de artificio de mercadotecnia, pues la intervención de adolescentes de 14 y 15 años en delitos graves resulta insignificante, y los de 16 ya son punibles. Asimismo, el procesar a un menor no implica mandarlo a la cárcel pues -por mandato de normas constitucionales- la prisión resulta la última opción y por el más breve plazo. Por otro lado, varios de los países más violentos de nuestro continente han fijado la edad de persecución penal en 12 años, sin ningún resultado en los índices delictivos (ej. Venezuela, Honduras, El Salvador, México).
Se puede inundar las ciudades de policías pero si no se los capacita adecuadamente ni se ataca decidida y sistemáticamente la corrupción, nada se logrará. La prensa ha acuñado el neologismo “narco-policías”, refiriéndose especialmente a los escandalosos casos de altos jefes cordobeses y santafesinos. Sin ir tan lejos, ¿no tuvimos en esta ciudad a los “comisarios del millón de dólares” condenados por sentencia firme?, ¿alguien podría poner en duda que ese dinero era la paga por protección e impunidad, y que se repartiría en otras esferas? Existe también, muchas veces, deficiencias y demoras en las investigaciones criminales (con enormes dosis de hechos graves no esclarecidos), excesiva delegación en la policía, y afectación a la duración razonable de los procesos, especialmente en los tribunales superiores.
En definitiva, creo que el diseño de políticas públicas en materia de seguridad es una tarea ardua y compleja que requiere de la intervención de personas especializadas y experimentadas. Es necesario contar con información fidedigna del fenómeno delictivo en los distintos lugares y en sus diversas modalidades; se requiere planificación, coordinación y control para evitar abusos y asegurar eficacia. Resulta imprescindible, finalmente, coordinar los distintos niveles, sin olvidar el sensible problema carcelario y la inserción social del expresidiario.
Los argentinos no deberíamos dejarnos engañar nuevamente. No hay soluciones mágicas ni sencillas para problemas complejos; no se puede hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Más prisión no es más seguridad, sino lo contrario. Existe una tensión permanente entre el Estado de policía y el Estado de Derecho, que es ni más ni menos que cumplir la constitución, el reglamento del juego democrático. Es falsa la contradicción entre garantías y eficiencia. Se puede ser eficiente en la prevención y represión del delito sin desmedro de las garantías que resguardan a la persona humana, y asegurándose, a través de múltiples controles, que se condena con absoluta certeza al culpable.
Diez días hábiles. Ese es el lapso que tiene el suspendido magistrado Néstor Montezanti para contestar y, a la vez, ofrecer prueba que refute las acusaciones en su contra, luego de haber sido notificado sobre su juicio político. Además, podrá realizar otro tipo de presentaciones aunque, por el momento, Montezanti –que presidía la Cámara Federal de Bahía Blanca– no recusó a ninguno de los integrantes del tribunal que deberá juzgarlo.
“Ayer se notificó al juez acusado del traslado de la acusación y tiene diez días hábiles para contestar los cargos y ofrecer prueba”, explicaron fuentes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a Infojus Noticias. También se conocieron los nombres de los abogados que el juez designó para su defensa: se trata de Ignacio Irigaray y de Gastón Yaryura Tobias.
Irigaray fue uno de los abogados del fiscal de Saavedra, José María Campagnoli –el otro era Ricardo Gil Lavedra–, en el juicio político inconcluso que se llevó adelante contra Campagnoli en el Ministerio Público. Ahora, ya aceptó oficialmente el cargo para representar a Montezanti, mientras que Yaryura Tobias no lo hizo aún pero puede hacerlo “en cualquier momento”, explicaron.
Desde el tribunal, indicaron que según los tiempos que se manejan, el debate podría iniciarse en diciembre próximo. Hay que recordar que según el artículo 115 de la Constitución Nacional el Jurado de Enjuiciamiento tiene 180 días para emitir una sentencia en el proceso.
El 10 de septiembre pasado, el Consejo de la Magistratura suspendió y envió a juicio político a Montezanti por mal desempeño en sus funciones. El magistrado está acusado de haber pertenecido a la Triple A y de haberse desempeñado como agente de inteligencia durante la última dictadura.
El dictamen que lo envió a juicio político le endilga al magistrado “haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos” y la “falta de idoneidad moral y de vocación democrática”. Además del hecho de “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes” e incluso con los consejeros.
La semana pasada, el juez federal Alejo Ramos Padilla le prohibió la salida del país a Montezanti en la causa en la que está siendo investigado por delitos de lesa humanidad, ocurridos en la última dictadura cívico–militar.
Entre otras cosas, a Montezanti se lo investiga por su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y secuestro de Jorge Omar Riquelme Esparza, en 1977. Riquelme Esparza trabajaba en el Hospital municipal de Bahía Blanca como enfermero hasta donde llegaron policías y miembros del Ejército que se lo llevaron al Comando del Ejército.
Allí, fue interrogado sobre su ideología y sus contactos y habría sido obligado a punta de pistola por el entonces abogado apoderado de UOM –el hoy juez Montezanti–, quien le habría hecho firmar unos documentos. Abogado por aquellos años, Montezanti tenía entre sus clientes a las 62 Organizaciones Peronistas, el movimiento sindical de la ortodoxia del PJ.
El viernes de la semana pasada juraron los últimos miembros que faltaban y el tribunal para juzgarlo quedó formalmente constituido. Ésta está integrado por los jueces Miguel Caminos, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3; y Otmar Osvaldo Paulucci, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario N° 1; las senadoras Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elias de Pérez (UCR); los diputados Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); y el abogado Santiago Pini.
Lucas Vaca integra la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, la cual desde hace dos años impide con un acampe la construcción de la planta de granos de Monsanto más grande de Latinoamérica. “Hay tantas Malvinas Argentinas que no sabíamos bien a cuál iba a ir, en qué ciudad se instalarían. Empezamos a buscar información y encontramos cosas positivas, como la oportunidad de empleos. Cuando empezamos a profundizar, las cosas empeoraron. Comenzaron los aprietes, las presiones, luego la represión. Desde el Municipio no saben nada, no nos dan respuestas”, dijo Vaca a FM De la Calle.
“Queríamos saber con profundidad, solo eso. Desde Monsanto siempre fueron negativas y con respecto al municipio y al Concejo Deliberante, las respuestas solo fueron que los permisos estaban. Nosotros sabemos más que ellos”, afirmó Vaca.
El asambleísta comentó que “los inicios fueron de vecinos auto-convocados, se sumaron más de 300, ahí las presiones aumentaron. Tuvimos ocho represiones, una compañera casi pierde la vida”, sumó, “por suerte otras agrupaciones nos están acompañando”.
A modo de reflexión, Lucas Vaca se lamentó la segmentación que esto ocasionó en el pueblo a razón de la tentación económica que puso sobre la mesa la empresa. “Han generado una división, están tratando de comprar al pueblo. Nos miramos entre nosotros como si fuéramos enemigos”.
“Queremos evitar que siga el deterioro de la salud del pueblo. Mi hermana perdió un hijo por esta problemática, somos un pueblo fumigado con agrotóxicos, por eso le decimos NO a Monsanto”. Vaca manifestó la postura de los vecinos y añadió, “independientemente del partido político que esté o del que suba, esto es una cuestión de la salud y de la vida”.
Para comprender los delitos sexuales en los campos de concentración debemos saber que “la familia fue el pilar social y blanco privilegiado de la lucha contra la subversión”, afirmó la abogada querellante Mónica Fernández Avello durante su alegato en el juicio Armada Argentina – BNPB. La “reorganización” nacional genocida incluyó la revisión de la vida familiar “como uno de los pilares de continuidad de la existencia social y del mantenimiento de nuestros valores occidentales y cristianos”.
La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresó su “satisfacción por la madurez y responsabilidad” del tribunal que interpretó la violencia sexual como crímenes de lesa humanidad y adhirió al pedido de ampliación de la imputación realizado por la Fiscalía contra la mayoría de los represores. Resaltó la palabra de las víctimas por “la enorme valentía y entereza” de recordar situaciones traumáticas, no solo ante el jurado sino -en muchos casos y por primera vez- ante sus propios familiares.
“El abuso sexual a las mujeres formó parte del plan sistemático, generalizado y continuo. Y aunque no podemos afirmar que ha existido una orden expresa de violar o abusar de las detenidas, lo que sí existió fue una orden de aniquilar y eso involucró una cantidad impresionante de delitos que fueron organizados, ordenados, ejecutados, consentidos, alentados, propiciados desde el propio Estado”, denunció Fernández Avello.
El lunes 28 y el martes 29 de septiembre desde las 8:30 completarán los alegatos de la querella Walter Larrea, en representación de la APDH, y César Sivo por la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, Julieta Mira, Matías Russin y el Equipo Nizkor.
“La familia era considerada como forma natural de organización, sus rasgos característicos eran la sumisión a la autoridad paterna por parte del obediente resto -mujeres e hijos- y la vigilancia policial constante entre todos, pero de manera especial sobre los niños, niñas y jóvenes que tanto por cuestiones ideológicas como biológicas pueden alejarse del ideal familiar. Cada familia se convierte en un eslabón fundamental del desarrollo social propuesto por el gobierno militar, ejerce una tarea sanitaria, contiene posibles desbordes de algunos de sus miembros, controla y vigila el entorno”, explicó.
La abogada citó al ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, quien afirmó en junio de 1976: “Una advertencia, padres, madres e hijos, las ideas nefastas de la izquierda marxista atentan contra nuestras familias, nuestra bandera, nuestra patria y nuestra libertad, sepamos defenderlas”. Según la querellante, “las pocas veces que el discurso militar se orienta de modo especial hacia la mujer, lo hace para marcar su lugar dentro de la familia en el papel de ama de casa y esposa, pero por sobre todo como madre”.
“El discurso autoritario de la dictadura trabaja para ocultar y naturalizar ciertos fenómenos sociales, sobre todo los relacionados al rol de mujer dentro de la familia y la sociedad. De esta forma el sistema autoritario se experimenta como una intensificación del orden patriarcal que representa una interpretación sumamente tradicional de las divisiones genéricas. El rol definitivo de la mujer se relaciona a la maternidad y sus autosacrificios por el bien del futuro de la Nación, donde la esfera familiar refuerza los binarismos genéricos para preservar la moralidad social”, sostuvo.
Entonces, el núcleo del funcionamiento familiar que pretendía imponer la dictadura era “la mujer”, ella debía atender los trabajos domésticos y relegarse al espacio privado, al “hogar”. “Debido a esta visión tradicionalista de la mujer y su papel en la jerarquía sociopolítica, ella no debía asociase con lo político, el activismo político en la esfera pública llegó a ser conectado con la prostitución, lo cual es la representación máxima del ejemplo de la mujer mala y transgresora por no ser madre ni esposa”.
“La mujer militante que penetra esta esfera considerada pertenencia de los hombres se convierte en un monstruo, una aberración y una desviación de la regla natural. Activista equivale a mujer promiscua, la amenaza que ella representó tenía más que ver con la destrucción del patriarcado. Ya que este argumento no constituía una razón suficiente para atacar públicamente a la mujer políticamente comprometida, el gobierno militar tuvo que inventar un mito con el fin de justificar y legitimar sus acciones en contra de ellas”. Para aquellas que “desafiaron” el orden patriarcal causando “un innecesario caos en la sociedad” el Estado intervino para encerrarlas nuevamente en sus “hogares” o “eliminarlas para evitar la propagación de modelos peligrosos para la estabilidad familiar”.
“Esperaban pacientemente a que las mujeres que ya sabían que su destino era la muerte parieran para apropiarse de sus hijos, porque esas mujeres o esas familias no podían criar a esos hijos en los ideales de la familia occidental y cristiana”, manifestó la querellante y destacó que “la historia y la vida” demostraron su error, “no solamente porque las luchas emblemáticas por los derechos humanos las han realizado mujeres” sino que “esos niños y niñas apropiadas y criadas por apropiadores o no, conjuntamente con los que sobrevivieron a la muerte de sus padres, fundaron HIJOS que junto con Madres y Abuelas están a la vanguardia de la lucha por los derechos humanos”.
Fernández Avello alegó que la violencia sexual “tenía un sesgo disciplinador ya que el sistema patriarcal promueve el aprendizaje social de propiedad del cuerpo de las mujeres por parte de los varones. Por lo que la violencia política sexualizada viene a reforzar ese aprendizaje. (…) Como lo expresa Carole Sheffield, la violencia contra las mujeres es poder expresado sexualmente”.
“La violencia hacia las mujeres en los centros clandestinos de detención tuvo un carácter rutinario y extendido desde que todas las víctimas refieren algunas de estas manifestaciones: manoseos, amenazas de violación, burlas y humillación de contenido sexual, desnudez forzada y expuesta, violación con acceso carnal, violaciones grupales, violaciones con objetos, servidumbre, mutilación, abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo, golpes y descargas eléctricas en genitales, etcétera”, describió.
La abogada expresó que “vivimos en una sociedad atravesada por la ideología del patriarcado que al decir de Judith Butler es el sistema social que se inscribe en la relación asimétrica entre los sexos y basada en la dominación y subordinación de las mujeres a los hombres. Y por supuesto las prácticas judiciales responden a ello e históricamente se han resistido a la investigación de estos delitos, lo que pone en evidencia -considerando que la mayoría de las víctimas son mujeres- a la discriminación por género que anida en las concepciones y prácticas judiciales desde siempre”.
Sin embargo, en el juicio Armada a partir de las declaraciones de las y los testigos, fiscales y jueces avanzaron en la posibilidad de juzgar los crímenes sexuales. “No se me escapa que tanto la Fiscalía como el Tribunal está compuesto por hombres, lo que pone de manifiesto que el sistema patriarcal es una ideología política que nada tiene que ver con los sexos y no les quede duda señores jueces que este es un reconocimiento que dignifica a las víctimas”.
“El abuso sexual a las mujeres formó parte del plan sistemático, generalizado y continuo. Y aunque no podemos afirmar que ha existido una orden expresa de violar o abusar de las detenidas, lo que sí existió fue una orden de aniquilar y eso involucró una cantidad impresionante de delitos que fueron organizados, ordenados, ejecutados, consentidos, alentados, propiciados desde el propio Estado”, denunció Fernández Avello.
Siguió: “Tampoco existió una orden expresa de robar, de dañar, de extorsionar, de saquear, de apropiarse de niños y niñas, cambiarle las identidades. Pero la historia nos indica que esos delitos se cometieron al igual que los abusos y violaciones sexuales que hemos escuchado denunciar a las víctimas y otros testigos. Quienes ejercían funciones de mando y dirección tenían un cabal conocimiento de todo lo que la maquinaria represiva producía, nada quedaba fuera de su previsión. Los mandos medios y altos sabían perfectamente cuál era el accionar de sus subordinados y los efectos que estos producían en las víctimas y en la sociedad porque formaban parte de la planificación”.
Sobre el final recordó el testimonio del ex colimba Aníbal Américo Agotborde, destinado a la guardia del Buque ARA 9 de Julio, quien “nos heló la sangre” al escucharlo denunciar el nacimiento de un bebé en el centro clandestino naval. “¿Saben lo terrible que es para la familia estar buscando un nieto, un hermano, un primo? Les recomiendo vean la escena final de la película La Historia Oficial donde el apropiador descubierto llega a su casa y le pregunta a su mujer dónde está su hija y la mujer le responde: ¿Viste que terrible que es no saber dónde está tu hija? Tal vez por un segundo puedan ponerse en el lugar de esta familia y decir lo que saben”, dijo a los genocidas.
Hace dos miércoles se organizó de un día para el otro un recital del músico Fósforo, quien vive en Monte Hermoso y estaba de paso por Bahía Blanca. A la cita asistieron un grupo de músicos y músicas bluseros.
En las noches del Centro Cultural La Panadería cada persona es mecha de un horno que multiplica ideas ricas. Así es que esa noche, música y brindis mediante, lxs músicxs decidieron que los próximos miércoles el Bar Don Osvaldo será testigo de Encuentros de Blues abiertos al público.
El horno del blues
“Vino Fósforo que es un músico de Mar del Plata. Estuvo viviendo un tiempo en Tigre, en Monte, ahora está en Sierra de la Ventana. Nos conocimos en un festival en Monte Hermoso. Lo invitamos. Ser armó algo de un día para el otro así que llamamos a amigos. Vinieron casi todos músicos. Terminando tocando todos. Se generó un clima muy lindo además el bar da para eso” contó la música y docente Cecilia Epherra a FM De la Calle.
“Empezamos a pensar esa idea de peña, o de zapada o de jam, como un espacio que está muy interesante para sostenerlo. Y, charlando con otros músicos, finalmente dijimos ‘vamos a armar un ciclo’ para que se sepa que todos los miércoles va a haber blues y estará abierto a todos los músicos que quieran venir”.
“Hay muchísima gente haciendo blues. Bandas sólo de blues hay poquitas. Creo que hay más de la zona. Pero músicos que hagan blues hay un montón. Nos encontramos muchos ese miércoles con Juan Cruz Trussi, por ejemplo”, dijo la cantante.
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Juliana Ramadori, coordinadora del Área Audiovisuales de los Museos de Arte, visitó el estudio Heinrich y Loyola de FM De la Calle. Entre los días 23 y 27 de septiembre se llevará a cabo en nuestra ciudad el Bafici Bahía.
“El Bafici es un festival de cine independiente internacional que se hace en la ciudad de Buenos Aires hace 17 años. Este es el quinto año que llega a Bahía. Es una versión itinerante, no sólo viene a Bahía sino que viajan por ejemplo a Rosario, Tucumán, Mendoza. Básicamente son películas que están por fuera del sistema comercial. Funcionan dentro de un circuito de exhibición de festivales”, explicó.
“Para nosotros es un placer poder contar con estas películas porque no las vamos a poder ver en otros lados”.
Hace cinco años comenzó la edición local del festival a través de una iniciativa de “Cultura y Extensión de la Universidad (Nacional del Sur). Este año los museos de arte MBA-MAC deciden sumarse a la organización”.
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Trabajadorxs de la salud de la provincia realizarán un paro este miércoles en los 78 hospitales bonaerenses. Desde la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal informaron que acompañan los reclamos pero atenderán normalmente en el Municipal y las unidades sanitarias.
“Estamos pidiendo al gobierno que se produzca un nuevo diálogo en relación al tema de salarios, por lo tanto, estamos pidiendo la reapertura de paritarias. Además, el cumplimiento de unas cuantas cosas que se acordaron en principio en paritaria o fuera de ella y que no se han cumplimentado”, dijo esta mañana a FM De la Calle el presidente de CICOP Fernando Corsiglia.
El dirigente agregó que las demandas están “englobadas en una cuestión central que tiene que ver con el presupuesto para salud que se empezará a discutir en breve en la legislatura provincial”.
La medida de fuerza coincidirá con la que ya fue anunciada ATE, en el marco de un plan de lucha organizado a nivel nacional en rechazo a todo tipo de trabajo precarizado.
“Tenemos ingresos con un salario bastante bajo y eso implica que no sea atractivo para quienes van ingresando al sistema, tenemos muchas dificultades para conseguir profesionales para las guardias, inclusive para algunos sectores de planta. Las condiciones de nuestro trabajo en los hospitales no son buenas y si a eso le sumamos los salarios y los episodios de violencia, resulta muy poco atractivo ingresar al sistema público de la provincia de Buenos Aires y eso es un problema que debe ser abordado y solucionado”, explicó Corsiglia.
Finalmente, el médico anunció que la próxima semana CICOP se plegará al paro general con movilización a la Casa de Gobierno bonaerense definido por la CTA provincial para el martes 29 de septiembre, en demanda de salarios dignos, estabilidad laboral, nombramiento de personal, más y mejores políticas sociales y mayor intervención del Estado para mejorar las condiciones laborales en el sector privado.
