Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
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“Señores jueces vamos a terminar este alegato con la palabra de la víctima en el entendimiento de que nuestro trabajo comienza y termina con ellas porque, en definitiva, somos parte de su voz”, dijo el fiscal José Nebbia tras seis jornadas de exposición en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina. La Fiscalía solicitó penas de prisión perpetua para 18 represores y de 10 a 25 años para los cinco restantes.
En el escenario de Colón 80, un video recordó el testimonio de Patricia Gastaldi: “Estoy profundamente conmocionada porque muchos años esperamos para poder declarar ante los jueces de la Nación. Y siento que durante todos estos años mi palabra también estuvo desaparecida y hoy aparece y puedo narrar los horrores no solo que viví yo, sino que vivió mi marido y todos los compañeros. Y que es un momento muy especial donde siento profundamente la reparación del Estado”.
Miguel Palazzani, previamente argumentó un “pedido especial” como parte de la reparación integral a las víctimas, para que se aplique un “derecho a réplica colectivo” y la parte resolutiva de la sentencia se publique en “un lugar visible y destacado” del diario de la familia Massot. “No hay ninguna razón o derecho para que sus historias queden contadas y fijadas en el diario La Nueva Provincia como historias de delincuentes terroristas enemigos del pueblo argentino”.
“Las víctimas, los familiares, sus afectos y amigos, el pueblo bahiense, de la región y argentino tienen derecho a que ese diario repare en algo el daño. Al menos en este caso que publique que los asesinos, torturadores y desaparecedores han sido condenados. Que publiquen el nombre de sus víctimas y las penas que deberán seguramente purgar. Eso en una pequeña medida traerá justicia y alivio. Seguramente les ocupe solamente una página de verdad contra tantos años de mentiras. Pero por sobre todo y por primera vez La Nueva Provincia publicará la verdad acerca de lo que sucedió”, afirmó.
Los fiscales postularon que debe aplicarse el “derecho de réplica colectivo titularizado por este Ministerio Público” dado que “someter a las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos y de genocidio, y también a sus familiares, a la litigación individual contra La Nueva Provincia, además de empujarlas a un camino judicial interminable, significaría revictimizarlas”. “A eso se le suma que hay víctimas que están imposibilitadas de ejercerlo porque se encuentran desaparecidas o fallecidas y tienen derecho a que se repare su historia biográfica”.
En el petitorio, Nebbia y Palazzani requirieron la revocación de la prisión domiciliaria de los acusados que vienen gozando ese beneficio: “Hemos visto cómo leían los diarios, cómo conversaban largamente, como reían; y cómo, cuando fueron indagados, sus aspectos y actitudes cambiaron abruptamente: fueron entonces personas minusválidas”.
Los fiscales pidieron al TOCF que “requiera a los organismos que integran Memoria Abierta que realicen trabajos de prospección necesarios en el predio cautelado de la Séptima Batería, a fin de recolectar prueba relativa a los hechos investigados, así como para determinar si allí no existieron enterramientos clandestinos”.
También, solicitaron la extracción de copias sobre las declaraciones de dos testigos para denunciarlos por falso testimonio y solicitaron que las condenas se comuniquen a los ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación, y al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para que se dé cumplimiento al procedimiento de baja por exoneración y/o destitución de los acusados, según corresponda.
En el juicio, que comenzó el 8 de julio del año pasado, se juzgan crímenes ordenados por la cúpula de la Armada contra 66 víctimas, perpetrados en el crucero ARA 9 de Julio, amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.
Los 24 acusados que inicialmente habían comenzado el debate -dos fueron apartados por problemas de salud y luego se incorporó un prófugo capturado- llegaron a juicio por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios. Durante las audiencias, con la nueva prueba testimonial recabada, los fiscales reclamaron y lograron que se ampliara acusación a 19 de ellos por delitos sexuales, que en el alegato fueron calificados con el tipo penal de abuso deshonesto.
Al final del juicio, llegaron diez ex miembros de la Armada, siete del Ejército, cuatro de la Prefectura Naval, uno del Servicio Penitenciario Bonaerense y uno de la Policía bonaerense.
El derecho a réplica
En el final de su exposición, cuando requirieron que la sentencia se publique en el diario La Nueva Provincia, Nebbia y Palazzani recordaron que “durante todo el debate y también en los otros dos juicios que se desarrollaron en esta jurisdicción” se pudo ver cómo el diario “manipulaba, escondía, encubría, tergiversaba, deformaba y falseaba los hechos en Bahía Blanca”.
En efecto, recordaron la sentencia de este mismo TOCF tras el primer juicio oral llevado a cabo en aquella ciudad entre 2011 y 2012, por crímenes cometidos en el ámbito del V Cuerpo del Ejército, en la que, al referirse al conglomerado mediático, los jueces suscribieron: “Encontramos que la expresión de la verdad en el estricto marco de lo acontecido en este juicio, fue seriamente afectada por una comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no sólo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.
En el alegato los fiscales evaluaron que “esas conductas, lejos de ser el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, fueron conductas perfectamente proyectadas junto con los altos mandos militares que eran esenciales e indispensables al plan criminal”.
“Fueron acción psicológica, fueron parte del entramado criminal, y parte esencial, sin la cual no pudo haberse llevado a cabo el genocidio en Bahía Blanca y la región con el grado de profundidad y encubrimiento que lo fue”, enfatizaron. Al respecto, explicaron que “el crimen de Estado se facilitó y se profundizó con la acción psicológica y el encubrimiento mediático”.
Por eso, dijeron que “se impone hacer otro análisis y dar un paso más en la reparación completa a la biografía de las víctimas” y señalaron que el pedido “es un paso más en ese camino reparatorio y progresivo de reconstrucción de la memoria y la historia”, pues “la única posibilidad de conocer la verdadera versión de los hechos en esta ciudad, una versión probada, rigurosa, indubitable, son estas sentencias”.
Nebbia y Palazzani, quienes vienen reclamando en otras causas el procesamiento del director del diario, Vicente Massot por su participación en crímenes de lesa humanidad, refirieron que el medio reprodujo “el guión y el relato del genocidio en su faz de acción psicológica y encubrimiento mediático”, ambos “indispensables para lograr la concreción del exterminio con el grado de violencia e impunidad que se hizo”.
“En la ponderación entre el derecho del diario a publicar lo que le venga en gana y el derecho a la reparación biográfica de las personas que fueron victimizadas y difamadas en esas páginas, entre el derecho del diario y el derecho de la sociedad a informarse verazmente; en definitiva, entre el derecho del diario y el derecho a la verdad acerca de graves violaciones a los derechos humanos, se debe priorizar siempre éste último”, fundamentaron.
Los pedidos de pena
Los fiscales requirieron prisión perpetua para los siguientes acusados, por los hechos, grados de autoría y calificaciones que se detallan a continuación:
- Ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi (89), como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en 31 casos; 10 homicidios agravados (nueve de ellos bajo la modalidad de desaparición forzada), y ocho casos de abuso deshonesto.
- Ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons (72), como coautor de privación ilegal de la libertad agravada en 16 casos; imposición de tormentos en 16 casos; 9 homicidios agravados (8 bajo la modalidad de desaparición forzada), y siete casos de abuso deshonesto.
- Ex capitán de navío Enrique de León (70), como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravada en 18 casos; once casos de homicidio (tres en la modalidad de desaparición forzada), y siete casos de abuso deshonesto.
- Ex capitán de navío Oscar Alfredo Castro (85) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados en 31 casos; dos homicidios agravados, y dos casos de abuso deshonesto.
- Ex capitán de navío Alberto Gerardo Pazos (76) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados en tres casos; cuatro homicidios calificados, bajo la modalidad de desaparición forzada, y dos casos de abuso deshonesto.
- Ex capitán de navío Edmundo Oscar Núñez (90) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada en 31 casos; imposición de tormentos en 28 casos; 10 homicidios agravados (nueve bajo la modalidad de desaparición forzada), y ocho casos de abuso deshonesto.
- Ex capitán de fragata José Luis Ripa (80) coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en tres casos; cuatro homicidios agravados bajo la modalidad de desaparición forzada), y dos casos de abuso deshonesto.
- Ex capitán de navío Tomás Hermógenes Carrizo (76) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en 26 casos -en uno, como cautor directo-; seis casos de homicidio agravado (cinco bajo la modalidad de desaparición forzada), y ocho casos de abuso deshonesto.
- Ex capitán de navío Leandro Marcelo Maloberti (76) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos en doce casos; nueve homicidios agravados (ocho bajo la modalidad de desaparición forzada), y cuatro casos de abuso deshonesto.
- Ex prefecto Francisco Manuel Martínez Loydi (72) como coautor mediato de privaciónilegal de la libertad agravada en 32 casos; 30 casos de imposición de tormentos agravados; doce homicidios agravados (dos bajo la modalidad de desaparición forzada), y ocho casos de abuso deshonesto.
- Ex prefecto Néstor Alberto Nougues (73) como coautor de privación ilegal de la libertad agravada en 32 casos; imposición de tormentos agravados en 22 casos; y cuatro homicidios agravados (uno de bajo la modalidad de desaparición forzada), y tres de abuso deshonesto.
- Ex prefecto Luis Ángel Bustos (66) como coautor de privación ilegal de la libertad agravada en 39 casos; imposición de tormentos agravados en 29 casos; y nueve casos de homicidios calificados (seis bajo la modalidad de desaparición forzada), y cuatro casos de abuso deshonesto.
- Ex coronel Carlos Andrés Stricker (77) como coautor mediato de siete casos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados; un caso de homicidio calificado, y un caso de abuso deshonesto.
- Ex teniente coronel Óscar Raúl Otero (70) como coautor mediato de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados en siete casos; un caso de homicidio calificado, y un caso de abuso deshonesto.
- Ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont (73) como coautor mediato en dos casos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados con homicidio agravado y un caso de abuso deshonesto.
- Ex suboficial mayor del Ejército Víctor Raúl Aguirre (68) como coautor de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados con homicidio agravado en tres casos y un caso de abuso deshonesto.
- Ex suboficial Felipe Ayala (78) como coautor de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados con homicidio agravado en dos casos.
- Ex suboficial del Ejército Raúl Artemio Domínguez (75) como coautor de la privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados con homicidio agravado en un caso, y abuso deshonesto en un caso.
De 10 a 25 años
Los fiscales además requirieron las siguientes penas para las personas que se enuncian a continuación:
- Ex prefecto Pedro Alberto Pila (76) a la pena de 25 años de prisión como coautor mediato de la privación ilegal de la libertad agravada en 26 casos e imposición de tormentos agravados en 17 casos.
- Ex oficial Alejandro Lawless a la pena de 19 años de prisión como coautor de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados en seis casos, y un caso de abuso deshonesto.
- Ex jefe de la Unidad Penal N°4, Héctor Luis Selaya (82), a la pena de 18 años de prisión como coautor mediato de privación ilegal de la la libertad e imposición de tormentos agravados en cinco casos.
- Ex capitán de navío Domingo Ramón Negrete (85) a la pena de 17 años de prisión como coautor mediato de privación ilegal de la libertad en dos casos; un caso de imposición de tormentos agravados, y uno de abuso deshonesto.
- Ex comisario mayor Víctor Oscar Fogelman (71), a la pena de diez años de prisión como coautor de un caso de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados.
Los fiscales además acusaron por integrar una asociación ilícita a Fracassi, Castro, Pazos, Núñez, Ripa, Negrete y Selaya.
Fuente: FM De la Calle y fiscales.gob.ar
“Vemos con agrado que se haya flexibilizado la posición del Papa al otorgar el perdón, más allá de que no todas las católicas tengan que pedir perdón”, dijo a FM De la Calle Marta Alanis, responsable de Relaciones Inter institucionales de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD Argentina).
“Hay mujeres que se sienten culpables, que se sienten arrepentidas, y ellas pedirán perdón. Las que tomaron esa decisión haciendo uso de la libertad de conciencia, habiendo podido reflexionar, resolviendo el dilema ético con madurez no tienen que pedir perdón. El perdón es cuando está la culpa o tienen la conciencia de haber cometido algo malo. De todas maneras es la primera vez que en un año de jubileo se tenga misericordia con las mujeres”, opinó.
Según Alanis, la declaración “le da la facultad de absolver a las mujeres a todos los sacerdotes, no solamente a los obispos, como era antes. Ahora son todos los sacerdotes, incluso aquellos que dependen de obispos que se opongan a esto”.
“Hay sectores que se oponen a esta apertura moderada del Papa. Hay que entender que es un avance y que no es una cuestión solamente religiosa, el Papa es un líder religioso y es un actor político por excelencia. Entonces es bueno que el Papa ponga este tema en agenda”.
“Dentro de la comunidad católica el discurso oficial fue muy condenatorio para las mujeres. También yo creo que la Iglesia y la jerarquía tienen que pedir perdón por la estigmatización de las mujeres con el aborto, acusándolas de delincuentes, cuando ponen la vida potencial por encima de la vida de la mujer, con la maternidad que debía ser aceptada en cualquier situación, aun en caso de que la mujer haya sido violada”, explicó.
Las declaraciones del cura argentino que gobierna el Vaticano tuvieron gran repercusión. En este sentido, Alanis expresó que “lo bueno es que se pone el tema desde el poder simbólico de un líder religioso y actor político mundial como una apertura. Una apertura que no va a cambiar ni la doctrina ni el Código Canónico pero que va ser saludable”.
Legal, Seguro y Gratuito
En un comunicado que emitió esta organización, quienes la integran se preguntan, teniendo en cuenta que “si el mismo Papa no condena a las mujeres que abortan ¿Por qué nuestros/as Representantes se escudan en reparos religiosos para eludir debatir la inmoralidad de la criminalización penal que todavía subsiste en nuestra legislación?”
Católicas por el Derecho a Decidir sostiene que “legalizar el aborto es la única estrategia democrática que permitirá resguardar la libertad de conciencia y la toma de decisiones éticas de las mujeres, en un país respetuoso de los derechos humanos”.
Aborto y fe católica
“Los porcentajes de mujeres católicas que abortan son los mismos que los porcentajes de otros credos o de las que no tienen credo. Las mujeres abortan más allá de su pertenencia a una fe religiosa. Lo que ensaña la doctrina son enseñanzas general. Pero cada persona, conociendo las enseñanzas de la Iglesia, tiene que resolver los problemas éticos en el aquí y el ahora, en la realidad concreta. La mujer que resuelve ese tema y lo concilia con su fe religiosa, lo hace. No lo hace con alegría, pero puede estar en paz. Hay otras mujeres que están tan estigmatizadas por los sectores de la Iglesia que permanentemente condenan o castiga y hacen presión sobre los gobiernos para no permitir la ampliación de derechos, que lo viven con mucha culpa. Esas mujeres merecen el perdón y merecen acogerse a este perdón y es un acto de liberación en cuanto a la fe católica”, finalizó.
Foto: Radio Universidad de La Plata
(Notas.org) Desde las seis de la mañana y hasta las 20, en todo el país se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) durante el período 2015-2019. Más de 250 mil afiliados están habilitados para votar y lo harán en 2880 urnas distribuidas a lo largo y ancho de la Argentina. Delegados internacionales, que representan a distintas centrales sindicales de América Latina, el Caribe y Europa, actuarán como observadores de todo el proceso.
Esta elección es crucial en muchos aspectos. Para empezar se trata de un sindicato histórico – fue fundado en 1925 y tiene la personería gremial número dos – y de una magnitud en términos de afiliación que vuelve al proceso electoral un hecho relevante en sí mismo, sea cual sea el desenlace. Por otra parte, el elemento distintivo en esta ocasión pasa por una ruptura al interior de ANUSATE, la agrupación que viene hegemonizando la vida de ATE desde la recuperación democrática en 1984.
Las diferencias públicas entre Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma, y Víctor De Gennaro, referente histórico del gremio y reciente pre-candidato presidencial por el Frente Popular (que no superó las PASO) son lo que más ha resaltado mediáticamente en este escenario que se ha configurado en el plano nacional.
A su vez, el cambio de etapa que se avecina en el país tras 12 años de kirchnerismo es un dato no menor para un sector de trabajadores y trabajadoras que ha crecido sustancialmente en esta larga década, pero que también ha estado expuesto a altos niveles de precarización laboral y a salarios que, en la foto actual, no recuperan lo perdido tras la gran crisis de principios de siglo.
En 1984, con el retorno de la democracia, los sindicatos retomaron su vida activa y ATE, que durante la dictadura se mantuvo en manos de Juan Horvath, un colaboracionista del régimen, no fue la excepción. ANUSATE (Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de ATE), que se forjó en esos tiempos de oscuridad, se impuso en los comicios de ese año y lo siguió haciendo, siempre con la vinculación al color verde, hasta la fecha.
En aquella oportunidad Víctor De Gennaro fue electo secretario general del Consejo Directivo Nacional y Germán Abdala del Consejo Directivo Provincial. Tiempo después, serían dos de los principales impulsores (y ATE en su conjunto) de la fundación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en 1991. Esa fue una de las páginas más importantes en las que inscribió su sello ATE, un sindicato reconocido por su nivel de democracia y pluralidad y que sobre todo durante la década del 90 tuvo un rol destacado en las luchas contra la privatización en diferentes esferas del ámbito público.
Los datos de la última elección continuaron con la tendencia de los 25 años precedentes y marcaron un triunfo abrumador de la Lista Verde, que obtuvo el 90% en todo el país. El panorama de la elección de este miércoles dista mucho de esa contundencia.
Hugo “Cachorro” Godoy (Provincia de Buenos Aires) y Julio Fuentes (Neuquén) enrocan sus actuales cargos (adjunto y general) y se presentan por la lista Verde ANUSATE, con el aval de la figura de Víctor De Gennaro. Nando Acosta, secretario general de ATE-Jujuy y Miguel Pelandino, con el mismo cargo pero en Entre Ríos, se referencian en la Lista Verde y Blanca y expresan un armado que es afín al kirchnerismo, a pesar del buen vínculo entre Acosta y Pablo Micheli, y cuyo impulso está dado por el actual diputado nacional Edgardo Depetri, que se presenta como vocal.
Las otras tres listas que se presentan son La Bermellón, encabezada por Raquel Blas (secretaria general de Mendoza) y donde se nuclean diferentes expresiones de la izquierda tradicional e independiente; la Naranja-Lila y la Gris, también con identidades a la izquierda.
Hasta el momento el favoritismo parece estar del lado de Godoy, aunque se vislumbra una elección pareja y muy disputada en varias seccionales. Lo que ha cruzado la previa son variadas denuncias de irregularidades, principalmente vinculadas a la confección de los padrones, que han sido desestimadas por el juzgado laboral número 3.
Además de la disputa nacional, se renovarán los 23 Consejos Directivos Provinciales, el Consejo Directivo de la Capital, las 152 Seccionales, el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados, los 22 Centros de Jubilados y Pensionados provinciales y los 41 Centros de Jubilados y Pensionados locales. Asimismo, cada provincia elegirá Congresales Nacionales y Provinciales de acuerdo a su número de afiliados.
De todo lo antedicho, que implica nada más ni nada menos que 6315 cargos electivos, resalta la disputa del Consejo Directivo de Capital, aún más feroz que la Nacional. Allí La Verde va dividida en tres listas.
Una de ellas la encabeza el actual secretario general José Luis Matassa y se presenta con boleta corta, sin anclaje nacional pero con el apoyo decidido de Pablo Micheli. En tanto Rubén Mosquera, actual paritario de ATE, y Rodolfo Arrechea (ex secretario adjunto de ATE Capital) van con el sello de La Verde, Celeste y Blanca, que va pegado a Godoy. Finalmente, Daniel Catalano y Juan Manuel Sueiro representan a La Verde y Blanca, el armado kirchnerista en Capital, lógicamente vinculado a Nando Acosta. El posible resultado es incierto y desde varios sectores incluso hablan de “triple empate”. La Bermellón también tendrá expresión porteña con la candidatura de Mariano Skliar, de Promoción Social, como secretario general.
Para los y las estatales nucleados en ATE será un día más que importante. Para la lista ganadora, sea quien sea, todavía más. Tendrá la tarea de reconstruir un sindicato tan importante como debilitado en los últimos años, entre las diversas disputas internas que lo han erosionado. La condición actual de los trabajadores y trabajadoras del Estado y el escenario que se avecina amerita una herramienta gremial fuerte, con capacidad de conquistar avances y profundizar organización en cada sector de trabajo.
La semana próxima las asociaciones de base de la CONADU HISTÓRICA elegirán a lxs congresales que participarán el 18 de septiembre en las elecciones para renovar la Mesa Ejecutiva y la Comisión Revisora de Cuentas de la federación universitaria. En Bahía Blanca, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur resolvió llevarlas a cabo los días miércoles 9 y jueves 10 en cinco mesas distribuidas entre la UNS y sus Escuelas Medias.
ConaduH llamó a la docencia universitaria y preuniversitaria a participar activamente “en aras de su fortalecimiento como verdadero espacio pluralista, democrático, antiburocrático y respetuoso de las soberanas decisiones del movimiento docente. Herramienta imprescindible – al igual que lo es la CTA para el conjunto de la clase trabajadora – para continuar la lucha por la recuperación de los derechos que nos resta conquistar y poner de pie a las UUNN, hoy entregadas a las políticas mercantilistas”.
Lxs afiliadxs podrán optar entre dos listas. La Nº1, Frente de Trabajadores Docentes “1ro. de Julio”, tiene como referentes de ADUNS a Sergio Zaninelli como candidato a secretario adjunto y Liliana Granero candidata a secretaria de Niveles Preuniversitarios suplente.
En tanto la Lista 4 “Unidad de los Trabajadores Docentes de las UUNN” propone como referentes bahienses a Juan Cappa, candidato a secretario de Relaciones Internacionales suplente, y Eugenia Fermento quien competirá como tercera Revisora de Cuentas titular.
Las Mesas de votación que estarán habilitadas en Bahía Blanca serán las siguientes:
MESA 1: EMUNS – 11 de Abril 445 -de 8 a 20- Votan docentes EMUNS (excepto EAyG) y totalidad jubiladxs EMUNS. Ver padrón aquí.
MESA 2: Escuela de Agricultura y Ganadería -de 8 a 18- Votan docentes EAyG. Ver padrón aquí.
MESA 3: Complejo Alem – Hall Central Alem 1253 -de 8 a 18- Votan docentes de los departamentos de: Biología, Bioq. y Farmacia, Ciencias de la Salud, Ciencias e Ingeniería de Computación, Física, Geología, Ingeniería, Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, Ingeniería Química, Matemática y Química. Ver padrón aquí.
MESA 4: Edificio 12 de Octubre -de 10 a 20- Votan docentes de los departamentos de: Humanidades y Geografía. Ver padrón aquí.
MESA 5: Complejo Altos de Palihue -de 8 a 18- Votan docentes de los departamentos de: Agronomía, Economía, Ciencias de la Administración y Derecho. Ver padrón aquí.
El 18 de septiembre se elegirán los/as integrantes de la Mesa Ejecutiva (Secretaría General y Adjunta más 9 Secretarías Titulares y 9 Suplentes) y Comisión Revisora de Cuentas (3 Titulares y 3 Suplentes) de la Federación para el período 2015-2018. Esta será la tercera elección nacional desde la obtención de la Personería Gremial en el año 2008 y la quinta desde la fundación de la entidad.
Finalizado el acto, la Junta Electoral pondrá en posesión de sus cargos a la nueva conducción, asegurando la representación de las minorías mediante la distribución de los cargos de la Mesa Ejecutiva y la Comisión Revisora de Cuentas según el Sistema D’Hont. Las Secretarías General y Adjunta se adjudicarán a la Lista que haya obtenido más votos en el Congreso.
Alumnxs del Instituto de Formación Docente Nº86 continúan reclamando la construcción de un edificio propio para desarrollar las actividades que hoy se reparten en distintas sedes. Una de ellas, el Club Liniers donde se realizan prácticas de la carrera de profesorado de educación física, fue motivo de polémica meses atrás por atrasos en los pagos convenidos con la provincia.
Días atrás se realizó un plenario de comisiones en el Concejo Deliberante en el cual se informó que si bien existe un espacio asignado en D’Orbigny y 14 de Julio, en el lugar funciona una escuela de fútbol y el terreno se redujo sensiblemente en su capacidad. La búsqueda se centra en un área cercana al Parque de Mayo, o en el interior del mismo, ya que facilitaría el traslado de las y los estudiantes.
“Para delimitar la zona de Parque de Mayo el municipio extravió un expediente que tiene que ver con un pedazo cedido a la provincia para la construcción de la Secundaria 24 y teníamos un problema con la delimitación. Se coordinó una reunión para el viernes 11 a las diez de la mañana cuando, en teoría, ya desde la Muni nos podrían decir cuál sería el área que nos pueden destinar para construir”, dijo a FM De la Calle la presidenta del centro de estudiantes Lucía Mérida.
Una vez resuelto el conflicto dominial del terreno, el Concejo Deliberante podría disponer una partida del Fondo Educativo para comenzar la construcción del edificio.
Además del centro de estudiantes, de la reunión participaron concejalxs integrantes de las comisiones de Educación, Cultura y Acción Social; de Interpretación, Asuntos Legales, Derechos Humanos y Garantías; y de Obras Publicas Urbanización y Vivienda; el secretario de la Agencia Urbana, Alberto Carimati: la presidenta del Consejo Escolar, Liliana Aglietti y autoridades del I.S.F.D. N°86.
Las Abuelas de Plaza de Mayo informaron con enorme alegría que encontraron a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro, nacida durante el cautiverio de su madre en marzo de 1978. Walter y Gladys fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977 en Godoy Cruz, Mendoza. En ese momento, la joven cursaba el sexto mes de embarazo y desde entonces no se supo nada más de ellxs.
Las dos abuelas, María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, y el tío paterno Osiris Rodolfo Domínguez, viajaron desde Guaymallén, Mendoza, para compartir la felicidad de este encuentro y la conferencia de prensa realizada en la casa de las Abuelas.
Gladys nació el 23 de noviembre de 1953 en la ciudad de Guaymallén. Walter nació el 30 de marzo de 1955 en la capital de esa provincia. La joven estudió Diseño y él Arquitectura, ambos militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista.
En noviembre de 1976, cuando Walter terminó el servicio militar, se casaron. Gladys trabajaba en una panadería y el joven era chofer de una línea de micros. El 9 de diciembre de 1977, en un operativo a cargo de supuestos policías pero que, en realidad, fue montado por militares, el matrimonio fue secuestrado en su casa de la localidad de Godoy Cruz y nunca más se supo de ellos ni del hijo o hija que esperaban para marzo de 1978.
Desde el momento de la desaparición de los jóvenes, las familias Domínguez y Castro emprendieron la búsqueda. Fueron al arzobispado, al comando IV Brigada Aérea, a la SIDE, presentaron hábeas corpus, y en ningún lugar recibieron respuestas.
Al enterarse de otros casos como el suyo, la abuela María Assof viajó por primera vez en su vida a Buenos Aires y se contactó con las Abuelas de Plaza de Mayo, donde se radicó la denuncia sobre la desaparición del matrimonio y se emprendió la búsqueda colectiva del niño o niña. A partir de entonces, las dos familias viajaron regularmente a Buenos Aires a aportar datos o preguntar cómo venían las investigaciones, y siempre que desde la Asociación visitamos Mendoza nos reciben con los brazos abiertos.
En 1994 el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza envió a las Abuelas una denuncia anónima sobre una joven nacida en marzo de 1978 que apareció en el hogar de una pareja mayor, de un día para otro. La joven, a pesar de haber sido inscripta como hija propia, sabía que no era hija biológica de quienes la criaron, pero nunca pensó en acercarse a Abuelas. La dificultad para reconstruir las huellas que el terrorismo de Estado borró impiadosamente, hicieron que el hallazgo de la hija de Gladys y Walter se demorara 21 años más.
A mediados del año 2009, la denuncia -junto con información que las Abuelas compartimos con el Estado para la búsqueda de nuestros nietos apropiados- fue derivada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para que pudieran investigar, con el ímpetu impreso desde 2003 a resolver los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. En este sentido, en abril de 2014, por decisión de la secretaría de Derechos Humanos se crea en CONADI un equipo de aproximación a posibles hijos de desaparecidos, como el que ya venía funcionando desde 2006 en Abuelas.
Este equipo de trabajo, inmediatamente se puso a investigar casos de jóvenes denunciados como posibles hijos de desaparecidos, que aún no han decidido acercarse voluntariamente a las Abuelas o CONADI. Fue así que en febrero de este año llamaron a la mujer -hoy flamante nieta restituida- para contarle que la CONADI contaba con información que arrojaba posibilidades de que podría tratarse de hija de desaparecidos y la invitaron a realizarse el estudio de ADN.
La nieta de María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, accedió inmediatamente a realizarse el estudio que se concretó el 16 de julio. El jueves último, 27 de agosto, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó a la CONADI que la joven es hija de Walter y Gladys. Desde nuestra Asociación se le comunicó la noticia a las dos abuelas, mientras que la CONADI informó a la nueva nieta que con beneplácito recibió la noticia.
El derecho a la identidad se recupera una vez más en este país, con la colaboración de un Estado empeñado en promover derechos y de gran parte de la sociedad que no quiere volver a sufrir los atropellos de dictaduras terroristas. Sólo resta que el abrazo esperado 37 años por las familias Domínguez y Castro se materialice en estos días. Bienvenida nieta 117 a la verdad.
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo.
Los choferes titular y suplente de la combi que trabaja con alumnos y alumnas de la Escuela Especial 509 están de licencia. Por este motivo, unos 20 estudiantes no pueden asistir al establecimiento desde el 7 de julio.
“Hay chicos que no han empezado las clases este año. Ahora el chofer está con problemas de salud muy serios y está con una licencia. Y el chofer que estaba de reemplazo creo que también”, dijo a FM De la Calle Roxana Belleggia, mamá de uno de los alumnos afectados.
“Acá hay que tomar una medida fuera de lo normal. Hay que olvidarse de lo que es la burocracia. No puede ser que no se abrieron los cargos en La Plata. Yo estoy trayendo todos los días a una vecinita, con el riesgo que ello conlleva, que vive a seis cuadras de la escuela. Porque esta nena si no va a venir más hasta el año que viene. Eso un disparate. A alguien le tiene que importar esto”, expresó.
Además, Belleggia explicó que “no hay otra escuela de estas características para nuestros hijos, hay que hacer que esta escuela funcione porque no tenemos opciones. Yo no puedo cambiar a mi hijo de escuela”.
“Hoy vamos a decidir, junto a los padres, cuáles son los pasos a seguir. Si hace falta viajar a La Plata lo haremos”, finalizó.
El Consejo Escolar expresó que no dispone reemplazo. Las comunicaciones con autoridades de La Plata fueron igual de infructuosas.
Los próximos 5, 6 y 9 de noviembre se desarrollará el juicio por el abuso sexual padecido por una adolescente, interna del Patronato de la Infancia, en 2008. El caso derivó en una innecesaria polémica sobre el aborto no punible por la intervención de sectores “pro vida” quienes, amparados por el juez de familia Eduardo Longás, obstaculizaron la interrupción del embarazo producto de la violación. Además, destapó la mala atención que recibían las niñas y los niños y la oscura administración del organismo.
En el banquillo habrá un solo imputado de tres, dado que uno falleció y el otro está prófugo. “Si bien llega un poco a destiempo, sentir la ratificación y el avance de la justicia siempre es reparador, en este caso para mi ahijada que es la víctima de esta situación. Por el buen manejo que ha tenido la Fiscalía a través de instrumentos como la Cámara Gesell tuvo el menor contacto con la cuestión judicial pero es un paso importante”, aseguró la abogada Fernanda Petersen.
Si bien la fecha de inicio no está definida, el viernes 14 de agosto se realizó la audiencia preliminar en la cual las partes expusieron sus pruebas. El delito imputado “es abuso agravado por el parentesco que tenía y por su situación de discapacidad. Ella tiene un retraso madurativo que si bien en este momento tiene 24 años y en el de los hechos 18, según los informes de los peritos, su edad madurativa es entre ocho y diez años. Obviamente eso hace que el abuso sea agravado porque fue su situación la que generó mayor posibilidad de vulneración de sus derechos”, explicó Petersen.
Recordó que “junto con mi hermana hicimos una denuncia por abandono de persona porque cuando mi ahijada comenta esta situación primaria en la institución se labra un acta, no se da a conocimiento ni a nosotras, en mi carácter de madrina y de familia que la acompañábamos, ni al juzgado de menores”. De esta manera, la chica siguió en contacto con sus familiares biológicos entre quienes se encontraban sus abusadores.
Respecto al equipo técnico del Patronato “consideramos que había una situación delictiva, se configuraba el abandono de persona porque ellos eran los guardadores. Esto es una institución pública o, si bien no dependía formalmente del municipio o provincia, recibía becas del Estado”. Por ello, están imputados en otra causa el ex director Antonio López (en la foto junto al abogado Miguel Asad), el psicólogo Esteban Godia, la maestra coordinadora Susana Camblor y la trabajadora social Verónica Godoy.
“El 22 de julio la Fiscalía de la dra. (Olga) Herro pidió formalmente la elevación de la causa a juicio y, en este momento, se está notificando a los defensores y a todas las partes intervinientes para que formulen las oposiciones que correspondan. Luego deberá decidir la jueza de Garantías, Gilda Stemphelet, si considera que hay que elevar la causa o no a juicio. Pero hoy formalmente todo el equipo técnico y directivo del Patronato está imputado por abandono de persona”, aseguró.
Para Petersen “el hermano o el tío o el cuñado o quien fuera del grupo familiar que abusó de mi ahijada, obviamente que contó con la complicidad de estas personas porque si alguien se acerca a una institución y reconoce indicios o alguna situación que debe alarmar al equipo técnico o la víctima habla o no se validan sus dichos, lo que se está haciendo es ser cómplice con los abusadores”.
Ante el embarazo originado por la violación, se solicitó en el Hospital Penna un aborto no punible tal como lo establece el art. 86 del Código Penal. Sin embargo, el juez Eduardo Longás aceptó el planteo de un matrimonio que pretendía adoptar al futuro bebé y “en virtud de los derechos de la persona por nacer se plantea la interrupción del aborto que se estaba llevando adelante”. En instancias superiores, la justicia resolvió en favor de la adolescente abusada.
“También hicimos una denuncia que no prosperó, porque considerábamos que se estaba violando el artículo 86 claramente. En este tema se ha avanzado por suerte con el nuevo protocolo de interrupción voluntaria del embarazo que en el caso de abuso, las víctimas pueden presentarse en el Hospital Penna y con una sola declaración jurada, la justicia no tiene posibilidad de intervenir”, destacó la abogada.
Finalmente, Petersen comentó que mantienen al tanto de cada paso procesal a su ahijada y que “para ella es muy aliviante sentir que, más allá de que quienes estamos cerca de ella y su familia le creímos siempre, la justicia respalde lo que ella dijo. Hoy por hoy tiene una vida completa, con actividades, con grupo de amigos, está muy bien pero es un hecho que está para siempre”.
Además de las causas derivadas del abuso sexual, a partir de un detallado informe en defensa de los derechos de lxs niñxs del Patronato realizado por el entonces fiscal general Hugo Cañón, se terminaron las becas y subsidios estatales para la institución y se reubicó a lxs internxs en otros hogares.
“El Patronato fue una imagen muy concreta del Estado ausente sin ningún tipo de control. Sacar hasta los alfajores de un grupo de chicos, de niñas, que están en un lugar al resguardo de esas personas habla por sí mismo. De ahí para arriba pueden hacer cualquier cosa, el informe era lapidario, había bienes que no se sabía dónde estaban y había empleados que no podían cobrar sus indemnizaciones”, concluyó Petersen.
Las actas labradas por las autoridades de La Nueva Provincia para apretar a sus trabajadores durante el más duro conflicto sindical de su historia, fueron expuestas esta semana en el alegato de la Fiscalía sobre los casos de los secuestros y asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.
El tribunal oral de Bahía Blanca juzga a más de veinte represores que actuaron durante el terrorismo de Estado bajo control operacional de la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina. El alegato de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani se extenderá por dos audiencias más, el martes y el miércoles próximos, en Colón 80.
“Estas actas confeccionadas para entregárselas a la Inteligencia de la Prefectura y para perseguirlos de manera laboral y echarlos sin pagar la indemnización, paradójicamente hoy nos sirven como prueba en la reconstrucción precisa hasta del detalle horario de la historia”, afirmó Palazzani.
El representante del Ministerio Público aseguró que el contexto del caso de los obreros muestra los componentes militares del terrorismo de Estado y “atraviesa horizontalmente toda la traza de complicidad civil en Bahía Blanca. No solamente la complicidad empresarial sino también vamos a ver que los familiares peregrinaron por los tribunales provinciales, los federales y por altos estamentos de la Iglesia Católica”.
Aquellos secuestros, torturas y homicidios calificados tuvieron “su génesis en el conflicto gremial con la patronal del grupo empresario Massot-La Nueva Provincia”. Fueron precedidos “por un período de varios meses de persecución como correlato directo de la actividad gremial desarrollada y los conflictos laborales existentes desde 1973, entre los trabajadores sindicalizados y los propietarios y directivos de la empresa. Resulta acreditado por un sinnúmero de documentos la existencia del conflicto y las negociaciones entre los representantes sindicales y los miembros de la familia Massot”.
Entre la abundante documentación de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) se destacan dos fichas a nombre de Loyola y tres correspondientes a Heinrich, informes sobre su actividad en la comisión directiva del Sindicato de Artes Gráficas, pedidos de intervención al Ministerio de Trabajo, el señalamiento de los obreros desde el “núcleo duro” del clan Massot hacia las fuerzas armadas y los domicilios de los cuales luego iban a ser chupados.
La Fiscalía destacó que “los asesinatos no son producto de ningún espasmo de la fuerza de seguridad” y desarrolló la reconstrucción paralela entre la militancia gremial de los trabajadores, su registro en informes de inteligencia y el “hostigamiento permanente” de La Nueva Provincia desde sus editoriales.
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Los hechos
(Por Astor Vitali) El año pasado se sancionó la Ordenanza de Espacios Culturales. Fue antes de que Sergio Raimondi renunciara al cargo de Director del Instituto Cultural, dado el cambio de color político decidido por el intendente, sin que medie sufragio.
Hace más de dos meses el Honorable Concejo Deliberante puso al aire, en los medios que decide financiar, un spot publicitario cuyo objetivo es reivindicar la labor legislativa local, a través de la difusión de la mencionada ordenanza. “Más espacio para la cultura”, reza la publicidad.
Sin embargo, el sábado 22 de agosto la Municipalidad de Bahía Blanca tomó la decisión de clausurar La Casa del Pueblo. Se trata del viejo local del PS, hoy de Socialistas para la Victoria, quienes ceden la gestión de actividades al grupo Perro Azul, conocido por la organización de El Semillero, un encuentro de formación de gran impacto.
Los testimonios
“El sábado estábamos en lo que son las varietté del Semillero, haciendo un nuevo encuentro. Se apersonaron unas cinco o seis personas entre ellos oficiales, gente de la municipalidad. Decidieron labrarnos un acta por una supuesta denuncia de algún vecino”, dijo a FM De la Calle el actor y dramaturgo Nicolás Caminiti. “Éramos 30 personas y un chico que vino de Buenos Aires tocando la guitarra. Nos parece raro que haya una denuncia porque a nuestros costados no tenemos vecinos y con los de enfrente nos manejamos bastante bien. Es lamentable que se cierre un espacio cultural”, sostuvo.
“El acta es casi graciosa. Dice que se pasa a clausura del lugar porque está realizando una actividad cultural con 30 personas, 1 músico y malabarista, con música baja. Por esto clausuran el espacio. Estamos en una incertidumbre, en una situación complicada”.
“Hoy no se avizora para ningún espacio cultural independiente una posibilidad de habilitación a corto plazo. ¿Qué va a ser de todos estos grupos de teatro, de música y de danza que encuentran en estos espacios un lugar de expresión? Si la municipalidad genera otra alternativa sería otra cuestión”, reflexionó.
Por su parte, el poeta Marcelo Díaz, quien integró el Gabinete de Planificación de Políticas Culturales durante la gestión de Sergio Raimondi en el Instituto Cultural, explicó el proceso de confección de la vigente Ordenanza de Espacios Culturales. “Se dio por la situación de que se había empantanado en el Consejo Deliberante la habilitación de cinco espacios, en ese momento. Ahí se retomó la idea, que es un reclamo de parte del sector artístico de hace rato, de tener una normativa especial y no de andar viendo en cada caso en particular”.
“El primer problema que nos topamos es que estos espacios entraban en la categoría de la ordenanza que regula a los lugares de nocturnidad. Lo que se les pedía eran una serie de requisitos propios de un local que tienen una actividad comercial de otros tipos. Entonces lo que se trató fue de trabajar con las características particulares de los espacios culturales, para generar una categoría que los contemplara sólo a ellos. Se visitó a los que estaban con la habilitación pendiente con una comisión con un inspector de cada área, un inspector de Habilitaciones, Bromatología, Defensa Civil y Electricidad y Mecánica. Nosotros notamos que de parte de los inspectores había un gran tipo de desconocimiento de qué tipo de espacio estaban inspeccionando”.
“A partir de ese proceso, en base a otras normativas de otras ciudades y analizando la situación en Bahía se fueron sacando una serie de elementos. Que el proceso de habilitación no fuera tan largo” dado que hay quienes para recibir subsidios requieren adjuntar en la documentación presentada la habilitación del espacio. “Entonces lo que se generó en la ordenanza es un paso intermedio que es un permiso de funcionamiento, que son de seguridad. Por ejemplo, la inspección de Electricidad y Mecánica y que esté determinado el factor de ocupación, que estén los mata fuegos y que haya un plan de evacuación”.
“A la vez, se hablaba de hacer un plan para ir renovando el permiso. La idea era que en ese tiempo se podían ir recibiendo subsidios del Instituto Cultural para ir haciendo esas obras hasta tanto se llegara a la habilitación”, finalizó.
Por su parte, la titular del IC, Marcela Sainz, sostuvo que se comunicó con Caminiti “el domingo. Primero le ofrecí mi solidaridad y mi ayuda. Le ofrecí que venga a verme el lunes (pasado) a la mañana con la clausura. Cuando vino, él nunca había hecho ningún tipo de inscripción en ningún lado. No tenía hecho ni el primer trámite inicial para habilitar un espacio. Le expliqué como era. Ya lo veníamos charlando. Viste cuando dejás para mañana. Ahora ya se llevó la primer parte. Me tiene que traer los planos así empezamos con la habilitación de bomberos. Lamentablemente no estaba inscripto con el trámite iniciado”.
A su vez, “la ordenanza lo que hace es alivianar las condiciones que se solicita para cualquier otro tipo de espacio de nocturnidad. Tenemos representantes de cada una de las áreas, hacen todo el informe que es gratuito y aparte tenemos un fondo que podemos dar como subsidio para que, por ejemplo, si tiene que cambiar la electricidad, tengan una ayuda económica desde el municipio para poder arrancar y poder hacer las obras”.
La funcionaria explicó que los integrantes de la mesa que estipula la ordenanza “están designados. Hemos hechos reuniones separadas, no en conjunto”.
¿Cómo sigue?
Si bien la Ordenanza exige requisitos de menor exigencia que la normativa no específica que regulaba al sector, las inversiones que requieren para verse habilitados son de carácter edilicio, y en general, se trata de montos de decenas de miles de pesos, como mínimo. Hasta el momento, si bien según aseguró Sainz, la mesa tiene designada su conformación, luego de la aprobación de la ordenanza la normativa no tuvo aplicación práctica y no existió voluntad política para poner en marcha los mecanismos que estipula, ni los beneficios que la publicidad del cuerpo legislativo difunde.
Resulta llamativa la decisión municipal de aplicar rigurosidad a un espacio pequeño, donde se llevan a cabo actividades culturales y en cambio hacer la vista gorda hacia otros locales de carácter comercial que incumplen normativas y están a la vista de cualquiera. ¿Todos los restaurants céntricos tienen acceso para discapacitados?, por ejemplo. ¿Cuántos locales hay que no reúnen las condiciones de habilitación y no son molestados por el gobierno municipal?
El 3 de septiembre Caminiti se presentará ante el Tribunal de Faltas, citado por el juez Ricardo Germani. La Casa del Pueblo convocó a una actividad en el playón de la Universidad Nacional del Sur para el día domingo 6 de septiembre, en reclamo de normalizar la situación.
Diferentes espacios culturales comenzaron a intercambiar opiniones en función de establecer una posición común ante la clausura y respecto de cómo seguir adelante. A su vez, en los próximos días la mesa que estipula la Ordenanza de Espacios Culturales tendría su primera reunión.
(Por Julio Gambina) Con preocupación se conoció en estas horas la suspensión de la producción de General Motors para el 28 y 31 de agosto, y 4 días en septiembre. La explicación se concentra en la menor demanda brasileña, agravado con que el 70% del armado local tiene destino en la exportación. Imposible cubrir en el mercado interno esa producción orientada al mercado externo, por límites en la capacidad de consumo local.
Al mismo tiempo, empezaron a llegar los telegramas de preaviso a los trabajadores de Paraná Metal, también asociado a la crisis automotriz. El comunicado oficial de la empresa señala que “teniendo en cuenta los cambios en el sector automotriz a nivel mundial, y en particular del Mercosur, la empresa toma el desafío de redefinir su plan estratégico al nuevo contexto. Paraná Metal trabaja en el sector de autopartes desde hace muchos años y buscará adaptarse a los cambios que el mundo y el mercado le van proponiendo. Se tomará el lapso de 60 días para evaluar el futuro de la compañía. Durante este plazo, se preavisará a los empleados de la posible finalización del vínculo laboral entre las partes”.
Los preocupados directos con la situación son 205 trabajadores y sus familias, especialmente los operarios, unos 150. La posibilidad del cierre está sugerida por la comunicación de la patronal para fines de octubre.
Son informaciones, ambas, en el mismo momento que las estadísticas oficiales sugieren datos de recuperación de la actividad industrial, que evidentemente no alcanza para estos casos. Hace casi dos años que se procesa una baja de la producción industrial, especialmente en el sector automotriz. La incidencia en la economía fue morigerada por la expansión del sector agrícola y en los servicios. El impacto directo se asocia en el deterioro del empleo y los salarios. Las estadísticas oficiales no reflejan cabalmente el fenómeno y la cruda realidad de estos casos hacen visible el ajuste de la economía y sus perjudicados directos.
Lo real es que la combinación de la situación de crisis mundial se asocia a la lógica empresarial, concentrada en la ganancia presente y escasa vocación inversora, asunto que denuncian los trabajadores para el caso de Paraná Metal. Tampoco se consideran para este caso procesos de reestructuración de una planta con tecnología obsoleta y un contexto recesivo en el ámbito local, regional y mundial. Eso requeriría voluntad empresaria e inversiones en tecnología y preparación de la fuerza de trabajo, tanto como búsqueda de nuevos mercados y disputa asociada a sus propios trabajadores por reorientar el modelo productivo hacia una industrialización no dependiente.
Es mucho pedir para una burguesía con el solo objetivo de ganar y acumular. En ambos casos y como siempre, los perjudicados son los trabajadores. Las empresas tuvieron su fuerte expansión en el ciclo de bonanza económica entre 2002 y 2007, incluso en 2010 y 2011 y no promedian años en alza con otros en baja. La preocupación es por el rédito actual y la resolución siempre pasa por el eslabón más débil.
La crisis la pagan los trabajadores
Por eso, resulta interesante en este marco leer a David Harvey, que en su libro “El enigma del capital y las crisis del capitalismo” publicado en 2010 y en alusión a la situación de crisis mundial vigente remite a que “Fábricas, altos hornos, panaderías y cervecerías, en otro tiempo rentables y llenos de vida, se ven obligados a cerrar. El capital fijo incorporado a ellas se ve así devaluado, y las crisis locales enturbian la vida de los habitantes de esos lugares caídos en desgracia. Durante la década de los ochenta las acerías de Sheffield perdieron alrededor de 60.000 puestos de trabajo en solo cuatro años. La enorme acería de Bethlehem en Pensilvania ahora no es más que una concha vacía y silenciosa en la ciudad que en otro tiempo dominaba, aparte del edificio que se ha convertido en un estridente casino de juego.”
Esa mención al casino de juego puede asociarse a la situación de la empresa situada en Villa Constitución y cuyo propietario está fuertemente vinculado al rubro del juego. Pero más allá de ello, la cita es importante, porque el geógrafo británico nos pone en situación de los antecedentes de la crisis capitalista contemporánea, visible desde el 2007 con epicentro en EEUU y que se generalizó a escala global. Son escritos del 2010, en pleno despliegue de la lucha de los trabajadores de Paraná Metal en crisis, ante el cambio de proveedor de la Ford Brasil.
En ese tiempo, entre 2008 y 2010, más de 900 trabajadores de la autopartista impulsaron un plan de lucha en demanda de la continuidad de la empresa y lograron la solidaridad de la comunidad. Por esos tiempos, el imaginario gubernamental ejercía un discurso que colocaba al país afuera del escenario de la crisis mundial, algo similar a la percepción del gobierno brasileño y otros en la región. Eran los tiempos en que Sudamérica crecía por encima de la media mundial, bastante distante del 0,4% previsto por CEPAL para este 2015 y con Brasil en un retroceso previsto del -1,5%.
Todo apuntaba a localizar la crisis en ciertos países o regiones, sin comprender que el propio crecimiento de la región era parte de la búsqueda de rentabilidad del gran capital y por ende, el fenómeno del crecimiento regional integraba a su modo la crisis mundial. Las automotrices acumularon grandes sumas de dinero y ante la menor dificultad, cargan contra los trabajadores.
Vale recordar que en el plan de lucha de hace un lustro, entre los trabajadores y la dirigencia de la UOM Villa Constitución se analizó la posibilidad, derivada de conversaciones con funcionarios y técnicos del INTI, de una reingeniería de la empresa ante la obsolescencia tecnológica y la pérdida del comprador monopólico. La condición de posibilidad era desde la autogestión, algo que vuelve a rondar en los debates asamblearios de estas horas.
La opción en aquellos años de crisis fue por la expectativa que generaba en los trabajadores la perspectiva de nuevos titulares de la empresa. Leandro del Greco, delegado de los trabajadores y de la CTA Autónoma relata que “luego de la lucha de 34 días continuos de corte de autopista sobreviene la extorsión de Cristóbal López para despedir a 500 trabajadores y bajar en promedio el 50% del sueldo sino no reabría la Planta. 18 meses después de haberla cerrado abrió cuando logró esas dos condiciones.”
Agrega del Greco que “no falta producción, todo viene de Brasil, entre el 75 y el 80% del “auto nacional” del relato viene de Brasil. El sector fundición de autopartes está en crisis, Paraná Metal es el más visible porque nosotros lo hicimos visible con la lucha”.
Si se recorre la realidad de otras metalúrgicas se encuentra una situación similar. La información señala un déficit comercial de más de 3.000 millones de dólares para las autopartistas, que se triplica para el conjunto del sector automotriz, con un déficit de 9.000 millones de dólares. La aspiración sería que la lucha visible sea asumida por el conjunto de los trabajadores, no solo del sector automotor, sino por el movimiento de trabajadores, algo que desafía al sindicalismo clasista, anticapitalista y antiimperialista.
La fuerte reducción de personal se asocia a despidos y chantaje de la patronal. Por eso ahora el conflicto se concentra en los 205 trabajadores actuales. El cambio de titular de la firma no se propuso la reingeniería. La apuesta fue al desgaste con futuro de cierre y sus consecuencias en cesantías. El empresario amigo del gobierno, Cristóbal López, conocido por sus acciones en el juego es responsable directo junto a una política económica de afirmación del ensamble y la dependencia en el sector industrial. Por eso no sorprenden los telegramas que empiezan a llegar y se frustran las expectativas esperanzadas de una salida laboral tradicional.
Crisis y propuestas más allá del capitalismo
No es nueva nuestra consideración sobre la crisis capitalista, que en estas horas se exacerba y especialmente cuando al comienzo de la semana se habló de lunes negro ante la caída de las bolsas en China y su generalización en el ámbito mundial.
La preocupación viene por los ajustes que tienden a generalizarse en países que hasta hace muy poco parecían afuera de la crisis mundial, caso de China y Brasil, principales socios comerciales de la Argentina.
Reiteremos que se trata de una crisis mundial, y la Argentina es parte del mundo, sin perjuicio de sus especificidades y problemas propios.
El debate actual entre los trabajadores de Paraná Metal apunta a pensar en soluciones más allá de la lógica de la empresa, situación a la que se enfrentaron los trabajadores en la crisis del 2001 y 2002 y que dieron lugar al proceso de ocupación y recuperación de empresas.
Quizá, el gran aporte teórico y práctico del fenómeno de ocupación y recuperación de empresas consistió en hacer evidente el carácter innecesario del organizador capitalista, el empresario. Además, la cuestión en sí misma, supone propuestas que intentan ir más allá de la lógica de la ganancia que sustenta el orden del capital.
Se cumplieron tres meses del asesinato de Katherine Gabriela Moscoso, quien fue hallada sin vida en un médano de Monte Hermoso el 23 de mayo.
“Como familia seguimos en la lucha, mi abuela ya cambió de abogado. Recibimos amenazas, nos tiraron una camioneta encima, estoy segura que quienes hacen esto son responsables de la muerte de Katherina”, dijo Wanda Banegas, prima de la víctima, a FM De la Calle.
Una vez anoticiados del crimen, vecinos de la localidad lincharon a Juan Carlos “Canini” González, uno de los sospechosos, ocasionándole la muerte. ”Está mal que este hombre haya muerto. Él sabía mucho de lo que le ocurrió a mi prima”.
Wanda afirmó que “mi hermano sigue preso, fue el único que se hizo cargo de esto. Los del incendio van quedando el libertad”
El secretario de Seguridad, Ricardo Triches, está con licencia por problemas personales. “Está muy sucio, va a volver y lo van a seguir apañando”, aseguró.
La prima de la víctima pide justicia y que no se repitan hechos de estas características. “Éramos un pueblo tranquilo, ahora se oculta todo”.
Las marchas seguirán en la ciudad balnearia durante los festejos de la primavera. ”Vamos a aprovechar esos días, la gente de afuera se preocupa más que los montermoseños, me cuesta creer esto”, finalizó.
El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca no se presentó hoy a la indagatoria convocada por el juez federal Alejo Ramos Padilla para defenderse de la imputación fiscal por sus supuestos vínculos con la Triple A y su complicidad con el terrorismo de Estado.
“El dr. Montezanti presentó una recusación al juez y al Ministerio Público. Se contestó, el juzgado resolvió rechazarla y luego manifestamos que por las razones que dio para no venir, que fueron funcionales, tenía algún trámite en la Cámara, entendíamos que no había razones válidas o importantes como para postergar un acto de tal trascendencia procesal. Así que solicitamos que se fije inmediatamente nueva audiencia y que se comunique esa situación al Consejo de la Magistratura”, dijo a FM De la Calle el fiscal Miguel Ángel Palazzani.
La indagatoria estaba convocada para las 11 en el juzgado de Alsina 317 donde se manifestaban organizaciones políticas y estudiantiles y cuyo frente lucía afiches que denunciaban la pertenencia del magistrado al Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 y pedían su expulsión de la Universidad del Sur.
“No me extraña, Montezanti es un cagón que se escondió durante cuatro años en la universidad, primero fue una cautelar, después una recusación a consejeros de Derecho, después del Consejo, etcétera, y es lo que está haciendo ahora. Con estas recusaciones lo único que pretende es prorrogar todos los plazos. Es muy importante hacer visible todo esto y que no queden estas cuestiones en los tribunales sino que trasciendan a la sociedad”, opinó Dante Patrignani al cierre de la transmisión especial de FM De la Calle.
Alberto Rodríguez se mostró sorprendido porque “un juez de la Cámara Federal no se haga a justicia, es un caso extraño donde tiene todas las posibilidades de demostrar su inocencia, donde podría refutar todas las acusaciones que contra él tenemos y los testigos que hay para probar su participación en la Triple A. Se ve que los tribunales le caben para juzgar a los demás pero no para defenderse, cosa que no pudieron hacer los compañeros asesinados”.
Consultado acerca de las particularidades del trámite penal para un imputado que a su vez es camarista federal, Palazzani explicó que “tienen un régimen diferente, cualquier imputado que no concurra a una convocatoria de este tipo si no tiene razones fundadas se lo puede hacer comparecer con la fuerza pública. En el caso de los magistrados esa situación no es posible por sus fueros, pero las razones que dio fueron funcionales, que tenía otra actividad en la Cámara, con lo cual permite que el juez fije otro horario para que concurra, puede ser hoy a la tarde”.
Si las ausencias de Montezanti se repiten con razones infundadas como las planteadas este mediodía, el representante del Ministerio Público aseguró que “claro que tiene que comenzar ese proceso (de desafuero)”.
Las agrupaciones Cultura Ciclística y Quiero Ciclovías en Bahía se quejaron de que a un mes de celebrada la audiencia pública sobre el Proyecto Red de Ciclovías “nada más se ha dicho al respecto”.
“Luego de la presentación de este proyecto serio y completo en el que participaron profesionales y funcionarios públicos, el cual asimismo recibió el aporte de ideas y alternativas por parte de vecinos interesados, nos preguntamos qué cuestiones están demorando la presentación de dicho Proyecto para que sea tratado por el órgano deliberativo de nuestra ciudad, atento la necesidad de pensar en su concreción a fin de que pueda ser incluído en el próximo presupuesto anual municipal”, dijeron en un comunicado y subrayaron que “si la condición del tránsito fuera más propicia a la seguridad de los ciclistas” se sumarían muchxs más a sus filas.
Para las agrupaciones “el cambio está al alcance de la mano” si se diagraman ciclovías “demarcadas con pintura llamativa (amarillo y verde claro por ejemplo) a lo largo y ancho de la ciudad (el total de las cuatro etapas de la red proyectada) tendría por efecto un masivo reconocimiento de la presencia de la bicicleta como medio de transporte, de la mano del ciclismo urbano como fenónemo social y cultural que viene siendo adoptado por quienes en primera persona experimentan la eficacia, practicidad y economicidad de tiempo y dinero que proporciona la bicicleta en la ciudad”.
“En el entendimiento de que los cambios significativos requieren el compromiso de quienes pueden generarlos, apelamos a la buena voluntad política de nuestros representantes locales, y solicitamos se expidan respecto al futuro próximo del Proyecto de Ciclovías”, concluyeron.
Historias de la bici
Las bicicletas fueron muy populares en las décadas de 1890, 1950 y 1970. Actualmente están experimentando un nuevo auge, creciendo notablemente su uso en Bahía Blanca y todo el mundo.
En este contexto, el historiador bahiense Francisco Daniel Panizoni presenta ‘Historias de la bicicleta’, una charla abierta sobre la bici, sus orígenes y presencia en la región. Será el próximo viernes 4 de septiembre a las 18 en la Sala Juvenil de la Biblioteca Rivadavia.
El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, rechazó ayer los cargos que le reprochan siete denuncias unificadas en un pedido de juicio político que analiza la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura.
Su vinculación con la Triple A, haber integrado los servicios de inteligencia del terrorismo de Estado como personal civil, la reivindicación de la pena de muerte y el maltrato a empleadxs judiciales son algunos de los motivos de las reiteradas quejas en su contra.
El primero de ellos le valió un llamado a indagatoria en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad de la banda parapolicial que deberá concretarse mañana a las 11 ante el juez Alejo Ramos Padilla. El segundo, fundamentó su suspensión preventiva como docente de la UNS y la realización de un juicio académico.
El camarista evitó la exposición y volcó su descargo en un extenso escrito. Calificó como “calumniosas” las imputaciones de una supuesta “brigada acusadora” y aseguró que “se da una triple identidad de persona, objeto y causa entre las aquí planteadas, tanto respecto de la supuesta pertenencia del firmante a la Triple A, como de su breve desempeño, treinta y cuatro años atrás, como ‘asesor universitario’ en calidad de personal civil de inteligencia”.
Para comenzar el juicio político se necesitan dos tercios del plenario del Consejo de la Magistratura. Aunque antes, el trámite deberá obtener el respaldo de la mayoría absoluta de la Comisión de Acusación y Disciplina presidida por el académico Jorge Candis e integrada por los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes, el representante del Poder Ejecutivo Julián Álvarez, Adriana Donato por lxs abogadxs de la matrícula federal y los senadores Ruberto Godoy y Ángel Rozas.
“Se ha demostrado, con el fallo judicial pertinente, que la infame acusación de pertenencia a la Triple A, ya ventilada en esta sede, fue objeto de sentencia judicial luego de exhaustiva investigación, con total rechazo. También se destacaron las insalvables contradicciones del testigo (Juan Pedro) Tunessi respecto de un supuesto diploma de la organización ilícita, entre lo declarado en sede judicial y ante este organismo”, sostiene Montezanti.
Por su presunta participación en la Alianza Anticomunista Argentina y su complicidad en el plan criminal que se implementó entre 1976 y 1983 los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani pidieron su indagatoria, ordenada por el juez Ramos Padilla para este jueves a las 11. Tiempo atrás, la justicia correccional identificó al camarista junto a los matones del ex diputado nacional Rodolfo “Fito” Ponce que tomaron la UTN en 1974. Fue en el fallo de una querella que el ex PCI entabló contra el militante Alberto Rodríguez, quien lo denunció durante una sesión del Consejo Superior de la Universidad del Sur.
La semana pasada, el mismo órgano universitario aprobó por unanimidad la suspensión preventiva del docente del Departamento de Derecho hasta que culmine un juicio académico solicitado casi cuatro años atrás. “Clon de la acusación obtenido por la brigada acusadora de siempre, se ha señalado que está en curso sin haberse establecido siquiera tribunal, en sede distinta, sin que puedan influirse ambas causas, y se ha pedido prueba al respecto de los descargos, para equilibrar la expuesta en el texto en conteste”, rezongó su señoría.
Las doctrinas que propiciaba el abogado en sus escritos solían destacar el “altísimo valor moral y preventivo” de la pena de muerte como “un instrumento más de los muchos de que la sociedad dispone para neutralizar a la delincuencia” y que “la derogación formal de la pena capital introduce un proceso regresivo en la sociedad, tornando cobardes y pusilánimes a los magistrados”.
En su descargo manifiesta su supuesta evolución ideológica, paradójicamente proponiendo la muerte de la pena de muerte e invita al consejero y autor del dictamen, Julián Álvarez, a leer su “producción en los últimos 35 años y otros textos que ponen en su lugar esta peregrina acusación”.
¿Fobia antisindical?, se pregunta más adelante el juez y se responde que es una “palmaria falsedad” considerada en su mayor parte en una causa anterior “usada, ajada y abusada como todas las propuestas” en el dictamen que propone su enjuiciamiento y que configura una “ofensa al decoro”.
“Se ha señalado el tono y estilo de Gran Inquisidor ideológico que prevalece en el texto en conteste, que acusa al firmante hasta de ‘procacidad’, como solía ocurrir con los impíos sometidos al processus inquisiotionis, inadmisible en esta sede”, mencionó antes de pedir el rechazo “de plano” del juicio político.
Para “derrumbar el tinglado acusatorio” ofreció como testigos a las secretarias Previsional de la Cámara Federal, Marianela Abrieu, y penal del Juzgado Federal Nº2 Rosana Noemí Peti; a la jefa de despacho de la Cámara Federal Julieta Mateos; a la empleada pública provincial Magdalena Cizler y al jubilado Francisco Gastañaga.
Mañana habrá elecciones en la Asociación Judicial Bonaerense. La Departamental de Bahía Blanca comprende desde Gonzales Chaves hasta Carmen de Patagones. El candidato a Secretario General por la Lista Azul n°5, Néstor ‘Chacho’ Alende, dijo a FM De la Calle que tienen “una gran expectativa. Hemos trabajado bastante en esta campaña. Hemos recorrido la mayor cantidad de dependencias, teniendo en cuenta que tenemos el tiempo acotado”.
La agrupación, que es oficialismo en la provincia y oposición en la ciudad, propone un “modelo de gremio que aspira a poder cubrir las necesidades en cuanto al respaldo a los compañeros en las situaciones de violencia laboral y de postergación. Vemos sobre todo en el Ministerio Público que hay muchísima presión. Tenemos que volver a las asambleas masivas donde se discutía, se resolvía y lográbamos los puntos que nos proponíamos. Queremos un gremio de puertas abiertas donde el afiliado se sienta perteneciente al gremio y por lo tanto que participe”.
Apuntado al personalismo en las conducciones sindicales, el trabajador judicial adelantó que “en la comisión directiva, si bien alguien tiene que encabezarla, vamos a trabajar en equipo. Decidiremos las cosas en base a los debates. Hemos conformado un equipo con gente que venimos trabajando hace muchos años, con otros nuevos. A su vez formar nuevos dirigentes para futuros mandatos”.
Otro aspecto señalado fue la situación edilicia en que desempeña sus tareas el sector que aspira a representar. “Hay oficinas donde se trabaja en condiciones de absoluto hacinamiento, rodeados de causas, a veces hasta cuesta caminar por entre ellas, y ojalá nunca caiga un fósforo prendido, porque será muy difícil la posibilidad de salir de algunas oficinas. Esto no es de ahora. Lleva muchos años y no se abordó el tema. Si ganamos nos vamos a encontrar con un motón de situaciones y esperamos que nos traigan. Va a costar mucho remontar porque hay situaciones que viene de muchísimo tiempo. Pero la cuestión es empezar”, finalizó Alende.
Foto: CTA Buenos Aires
