El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, Lucas Beier, analizó en FM De la Calle el fallo condenatorio contra el polo petroquímico y otros entes gubernamentales. “Las empresas gastaron más en los peritos a los que les pagaron para que confeccionen los informes técnicos que en el monto que van a terminar desembolsando por condena de contaminación ambiental”.
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El Juzgado Contencioso Administrativo condenó a empresas del polo petroquímico, ABSA, Azurix, el Consorcio de Gestión del Puerto, la Municipalidad y la Provincia por el perjuicio ambiental que provocaron al estuario. Deberán presentar planes de remediación y control, modificar parámetros de monitoreo y generar un fondo de 20 millones de pesos por daño moral colectivo. (Por Mauro Llaneza)
La bióloga Verónica Odriozola lideró la investigación de Greenpeace que, en 1998, concluyó con la denuncia contra empresas del polo petroquímico por contaminar la ría. 24 años después, habló con FM De la Calle sobre el acuerdo que benefició al ex gerente de Dow PBB, Jorge Bornemann, con la suspensión del juicio a prueba a cambio de una multa de 500 mil pesos.
Gabriel González da Silva, fiscal ante el tribunal oral, explicó a FM De la Calle las razones por las cuales aceptó la suspensión a prueba del juicio al ex gerente de Dow PBB, Jorge Bornemann, imputado por el vertido de líquidos contaminantes en la ría bahiense.
El biólogo Pablo Petracci afirmó que el proyecto de Equinor y el gobierno nacional utiliza “una técnica muy peligrosa que genera un impacto irreversible”. Detalló las afectaciones que podrían sufrir las especies marinas -como la ballena franca y el delfín franciscana- y advirtió los riesgos para los pescadores artesanales bahienses por el impacto que podría tener en El Rincón.
Comunidades costeras se manifestarán este martes en contra de la explotación petrolera en el Mar Argentino entre Mar del Plata y Bahía Blanca. Desde las 10 habrá una concentración en en San Martín y Vélez Sársfield de Ingeniero White.
El tribunal federal rechazó la prescripción de una causa penal contra Jorge Bornemann, ex director de Dow PBB, imputado por el vertido de metales pesados al estuario. La investigación comenzó a fines de la década del 90 con una denuncia de Greenpeace contra Dow Chemical y Solvay Indupa y podría llegar a juicio en el primer trimestre de 2022.
Fracasó otra instancia de conciliación entre las empresas del polo petroquímico, la Fiscalía y la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría. Las multinacionales debían responder si aceptaban o no financiar una planta de reuso de líquidos cloacales como reparación al daño ocasionado al estuario.
El encuentro virtual se frustró por problemas de conectividad de la Fiscalía aunque las respuestas llegaron por escrito. El abogado Lucas Beier comentó a FM De la Calle que “dicen que en el estuario no hay daño que reparar, que en el caso de que hubiera no son ellas las responsables de repararlo porque no lo causaron”.
“Lamentablemente las que dirigen todo, fijan política, determinan qué hacer y qué no son las empresas. Tanto funcionarios políticos como judiciales le piden a las empresas por favor hagan algo. Las empresas dicen no vamos a hacer nada y eso me contestan los funcionarios a mí. (…) ABSA es el único que quiere hacer la planta pero dice que no tiene plata. El Consorcio no opina y la Municipalidad tampoco, así estamos”, describió.
Beier manifestó que “desde el momento en el que (Santiago Martínez) hizo convenios particulares con las empresas consideramos que tenían que cerrar esta etapa. Más aun cuando la Cámara revocó esos acuerdos. Creo que esta fue la última carta que se jugó el fiscal. Ahora sí no le va a quedar otra”.
El abogado recordó que la causa avanzó a instancias del fiscal Alejandro Cantaro y el juez Walter López da Silva, quienes habilitaron la toma de muestras y su análisis por parte de la Facultad de Agronomía de la UBA y la Policía Federal.
Martínez y la jueza Gabriela Marrón se encontraron con la prueba y “pese a que la Cámara reconoce que el estuario está contaminado y que algo hay que hacer, ellos dicen que no está probado”.
En 2019, la Cámara Federal ordenó que las partes acuerden un plan de inversiones que “establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente». Fue a partir de la pericia que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.
La «constante y prolongada carga de contaminantes, aunque pareciera que dentro de los parámetros autorizados por la reglamentación vigente (aunque no por la ley provincial de pesca) ha generado una bioacumulación en las especies que viven en el estuario de un grado tal que no solo generan un notorio perjuicio en la sanidad de la vida marina, sino además un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies», afirmaron los expertos.
La querella presentará nuevamente en las próximas horas un pedido para que se clausure la etapa conciliatoria. “Espero que el fiscal de una vez por todas se aboque a probar el delito. (…) Que vea el expediente, si considera que falta algo por probar que pruebe y si no que cite a indagatoria y la causa avance”, dijo Beier.
En una audiencia prevista para el 5 de agosto las empresas responsables de la contaminación del estuario deberán responder si aceptan o rechazan una oferta económica para reparar el daño que hicieron.
Los pescadores artesanales propusieron a la justicia que se hagan cargo del costo de la planta de tratamiento para el reúso de líquidos cloacales, la cual no solo mejoraría la calidad ambiental de la ría sino que aliviaría el abastecimiento de agua potable de la ciudad.
“Hace tres años que está acreditada la contaminación y la cruel realidad es que no hay ninguna resolución sobre este tema”, dijo a FM De la Calle el abogado Lucas Beier. Los trabajadores realizaron cortes y protestas en Ing. White y las empresas respondieron con denuncias penales.
La Cámara Federal dictó la nulidad de una serie de convenios que el fiscal Santiago Martínez y las empresas firmaron sin participación de la querella ni la fiscalía especializada. Siguieron días de protestas y negociaciones frustradas dentro y fuera de los ámbitos judiciales.
Uno de los intentos involucró a la Unión Industrial, entidad integrada por varias de las empresas imputadas, ante cuyas autoridades se ofreció a mediar. “Respondieron que no quieren hacer ningún arreglo, que van a dejar que siga la vía judicial. El Consorcio (de Gestión del Puerto) dijo que si las empresas no participan ellos tampoco”.
Las multinacionales apuestan a llegar a la última instancia judicial, trámite que les podría garantizar una década más de impunidad y avanzar con la ampliación de algunas plantas.
“Queremos que el Poder Judicial tome esto seriamente y dicte de una vez por todas una cautelar más seria, no tratar que se llegue a un arreglo sino tomar decisiones e imponer obligaciones. Así como la jueza de Garantías en menos de 48 horas obligó a los trabajadores a levantar las manifestaciones también podrían obligar a las empresas a intentar ir mejorando el tema ambiental”, afirmó Beier.
Las investigadas son Unipar (Solvay Indupa), TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, Dow (PBB Polisur), Azurix Buenos Aires, la Municipalidad y la provincia.
Hace dos años, la Cámara Federal le impuso al fiscal Martínez un plazo de 90 días para que disponga la formulación de «un plan concreto» para «diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente».
En los próximos días, la vía del “consenso” tendrá una última oportunidad. “Las empresas tienen que manifestar si, además de lo que propusieron que era mejorar el sistema de tratamiento -que ellas dicen que es óptimo- en un plazo de 18 meses, aportan dinero para sanear el ambiente cumpliendo con los parámetros de la Cámara”.
La querella considera “suficiente” que se hagan cargo del financiamiento de una planta para la reutilización de líquidos cloacales. “El fiscal consideró que correspondía, les dio traslado y el 5 de agosto tienen que decir si están de acuerdo. Si no están de acuerdo definitivamente se cierra la etapa de conciliación y si dicen que sí habrá que empezar a trabajar en eso”, afirmó el abogado.
El estancamiento de la causa impuesto por Martínez y la jueza Marrón es funcional a la prescripción de la acusación contra los empresarios y funcionarios denunciados. “La causa no prescribiría nunca porque es un delito de ejecución continua -en este momento están arrojando desechos industriales-, a no ser que dejen de arrojarlos y empezaría a correr el plazo. Pero sí corre sobre la persona que deja de ser director. Denunciamos a diez empresas, cada directorio estaba formado por veinte personas, son 200 personas”.
Por último, Beier se refirió a la reciente captura de peces ulcerados. “No es lo cotidiano que salgan tan visibles pero recordemos que todos los peces analizados en la pericia salieron con úlceras cancerígenas que, según el Departamento de Delitos Ambientales de la Federal, es consecuencia directa del alto grado de contaminación del estuario, no es normal”.
“Dijeron claramente que consumirlos es peligroso para la salud, no es posible el desarrollo de la biodiversidad dentro el estuario. Ninguna de las pericias fue impugnada ni declarada nula pero pasaron tres años y todo sigue como si nada”.
“Las empresas en vez de hacer tantas cuestiones de responsabilidad social empresarial, donando plata o construyendo placitas, se tendrían que hacer cargo del saneamiento del estuario y dejar de contaminar. Es principalmente un reclamo a los funcionarios del Poder Judicial, Legislativo, administrativo, al Concejo Deliberante, al intendente. Cuando salió la pericia hubo un poco de revuelo y después nadie más habló de este tema”, dijo el abogado.
La Cámara Federal denegó a Mega S.A. un recurso de casación y ratificó la anulación del convenio firmado por el fiscal Santiago Martínez y su apoderada en el marco de la causa por contaminación del estuario.
Ante las quejas de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría y la Fiscalía General, el tribunal había descartado las propuestas de las empresas del polo petroquímico. Las mismas contaban con el aval de la jueza federal Gabriela Marrón.
Mega sostuvo que la Cámara había “equiparado un acuerdo programático sujeto a verificación de su cumplimento con una homologación anticipada que se computa como existente”.
Calificó la medida como “arbitraria” porque pretendería “introducir requisitos o condiciones que no estaban previstos en la resolución cautelar” y afirmó que la querella “intervino previo a la homologación del acuerdo por lo que se respetó la bilateralidad y la participación de las partes”.
Por último, aseguró que su plan cuenta con un “informe técnico”, que “garantiza la intervención de los organismos de contralor” y que “ningún órgano del Poder Judicial puede imponer la intervención de la UFIMA, sino que es una competencia del Ministerio Publico Fiscal”.
Los camaristas Pablo Candisano Mera y Roberto Amábile argumentaron que no existe una sentencia definitiva que habilite la queja ante el tribunal superior y, en relación a la alegada arbitrariedad, manifestaron que la apoderada de la empresa se limitó a plantear su “disconformidad con el análisis” de la Cámara.
Integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ria se reunieron con autoridades de la Unión Industrial, entidad a la cual están afiliadas las empresas investigadas por la contaminación del estuario.
Luego de once años de trámites judiciales y con las causas estancadas en el fuero federal y el contencioso administrativo, los trabajadores comenzaron una serie de cortes y manifestaciones para visibilizar la problemática.
Un grupo de pescadores y el abogado Lucas Beier fueron recibidos esta mañana por Marcela Guerra y Roberto Elissamburu, directora institucional y director Industrial de la UIBB, respectivamente.
“Les dijimos que traten de interactuar ya que la Unión Industrial tiene como principales asociados a empresas del polo o afines al polo. Necesitamos una solución urgente, desde los empresas de manera individual no nos reciben, no están dispuestos a escucharnos. Necesitamos una solución inmediata, para mañana, del daño que han generado a estas familias desde hace 11 años”, dijo Beier a FM De la Calle.
Semanas atrás, la Cámara Federal anuló los convenios firmados por el fiscal Santiago Martínez y apoderados de empresas del polo petroquímico, por no haber incluido en la discusión a los pescadores ni a la UFIMA, unidad de la Fiscalía especializada en medio ambiente.
Beier comentó que intentan “alguna negociación extrajudicial que derive en un acuerdo judicial. Pero en forma inmediata se necesitan una respuesta, están bastante firmes en su postura, van a seguir con los cortes”.
En cuanto al Consorcio de Gestión del Puerto, organismos que también está denunciado ante la justicia, el abogado destacó que “venimos con buen diálogo hace mucho tiempo, desde hace un año y medio, pero hasta ahora ninguna respuesta concreta”.
“Los pescadores llegaron a un momento de saturación, no quieren escuchar más que hay reuniones. Lamentablemente las causas judiciales están muy lentas y la expectativa es que se demore muchos años más. 2 pescadores fallecieron, algunos se están poniendo viejos y necesitan una respuesta ya”.
Esta semana la jueza Gabriela Marrón rechazó citar a indagatoria a empresarios y ex funcionarios. “No lo van a hacer, dicen que no hay pruebas suficientes y no dicen cuáles faltan. En el delito penal hay una acción típica: dice el que arroja sustancias nocivas, peligrosas para la salud. Ya está demostrado por una pericia que dice que los peces tiene 40 veces más que lo permitido por el Código Alimentario. Faltaría demostrar quién lo arroja: esta más que acreditado por los informes del Comité Técnico Ejecutivo que dice quién y qué sustancias. Hay dos informes en la causa con la nómina de todos los directores. No lo entiendo, le vengo diciendo que si cree que no están identificados que produzca la prueba que tenga que producir”.
“Cuando es una persona jurídica la responsable de arrojar sustancias, los responsables son los directores, lo dice la ley. Parece que acá la jueza quiere que yo pueda acreditar que Juan Pérez un día dio la orden de abrir la canilla. No lo pide la ley, no lo pide la jurisprudencia”, enfatizó Beier.
“Estamos perdiendo el estuario”
“El Consorcio nos atendió pero nos mintió, el Municipio nunca nos atendió, estamos viendo que nos atiendan para llegar a un acuerdo como la gente. Hasta que no haya una solución en concreto vamos a seguir con esta lucha. Van 11 años de tomada de pelo”, dijo Héctor Seijas frente a la sede de la UIBB al móvil de FM De la Calle.
Miguel Córdoba señaló que “la justicia siempre va por debajo de la mesa, siempre quedamos afuera de todas las conciliaciones. A nuestros abogados los atienden mientras nosotros hacemos medidas de fuerza”.
“En este juicio hace 11 años que estamos reclamando por una fuente laboral que teníamos, me pude hacer mi casa, vivía dignamente, le daba una buena vida a la familia. Después del 2008 que se cortó todo tuvimos que reinventarnos”, agregó Fabián Torres.
Córdoba recordó que “había 60 embarcaciones con 7 tripulantes, sumále las familias, los negocios que vivían de los pescadores. De esas 60 lanchas quedan 4 en el agua, el resto las compró el Consorcio. Los permisos de pesca tienen un solo dueño: el Consorcio compró todas las lanchas para desarraigar los pescadores, las compró cuando ya los dueños no sabían qué más hacer para tener esa lancha a flote. Todo eso lo perdimos gracias al Consorcio y las empresas”.
“Que la gente de Bahía tome conciencia de que la contaminación afecta a toda la ciudad, que miren a White, todo lo que viene para acá, estamos perdiendo el estuario. El puerto es lindo para tomar mates el domingo que es lo que le muestra el Consorcio… que metan la mano en el agua”.
Integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría realizaron esta mañana un corte en el acceso a Unipar (ex Indupa) ante la falta de respuestas por parte de la justicia y de las autoridades políticas.
Días atrás se movilizaron desde Ingeniero White hacia la Municipalidad, donde no fueron recibidos por el intendente ni ninguno de sus funcionarios. También cortaron durante algunas horas el acceso al puerto.
“Cansados, saturados, golpeados por la realidad que les tocó, hoy vuelven a la lucha activa. Decidieron volver a hacer algo que no les gusta, que no están acostumbrados, cortar calles, manifestarse, impedir que los que a ellos le hicieron tanto daño, puedan seguir su actividad como si nada pasara”, aseguró uno de los abogados de la asociación.
Lamentó que haya personas “que solo entienden de este modo y han arrastrado a los pescadores hasta el fondo, lugar donde no se merecen estar y seguirán luchando para salir”.
Las causas judiciales en el fuero federal y el contencioso administrativo llevan 11 años de trámite. Están denunciadas las empresas del polo petroquímico y organismos estatales como el Municipio, ABSA y el Consorcio de Gestión del Puerto.
“Ese es el tiempo que llevan 52 familias de pescadores artesanales de Ingeniero White luchando para lograr que el Estado (en cualquiera de sus estamentos) les reconozcan lo evidente, que la contaminación provocada por el polo petroquímico y la actividad portuaria ha destruído su única fuente de trabajo”.
Desde la Asociación de Pescadores Artesanales reconocieron que “los avances judiciales han sido muchos y muy buenos pero la justicia es lenta”.
“Pese a ello, sabiendo los funcionarios públicos que el estuario local se encuentra altamente contaminado (40 veces más que el permitido legal), nada hacen y siguen dejando que las empresas contaminen”.
Pescadores artesanales se movilizaron desde el puerto hasta el Municipio para pedir una respuesta luego de más de diez años de iniciada la causa por contaminación en la ría. Son 52 familias que perdieron sus fuentes laborales.
“Supuestamente el intendente se iba a hacer cargo de nuestro tema y nunca lo hizo. Estamos hartos de falsas promesas, hace 3 años que la causa esta archivada por el fiscal (Santiago Martínez) y la jueza (Gabriela Marrón), que creo no son gente idónea para estar en esta causa, esto debería estar solucionado”, comentó a FM De la Calle Héctor Seijas.
Agregó que “acá cada vez se contamina más y todos miran para el costado. A nosotros nos sacaron de nuestro puesto de trabajo peor que a los perros, nos mandaban a Prefectura, nos sacaban los materiales y hasta nos podrían meter presos”.
Seijas dijo que “se sigue contaminando, la jueza y el fiscal firmaron que en 18 meses iban a arreglar la ría, no podés arreglar en 18 meses la macana que te mandaste durante 30 años”.
Al respecto, la Cámara Federal revocó semanas atrás todos los convenios firmados entre el fiscal Martínez y apoderados de las empresas por no haber dado intervención a la querella, a la Fiscalía ni a organismos técnicos y de control. Previamente, los acuerdos habían sido homologados por la jueza Marrón.
Seijas recordó que “en el Consorcio (de Gestión del Puerto) se firmó un acuerdo por 6 meses, hasta el día de hoy no tuvimos respuesta. Dicen que trabajan pero no vemos avances de nada, que dejen de contaminar las empresas, que dejen de tirar desechos cloacales a la ría”.
Por último, enfatizó: “Estamos mal lamentablemente, haciendo changas, viviendo como se puede y con la pandemia peor. A veces no podemos salir ni a ganarnos el pan, se nos re complica”.
Ante el fracaso de la mediación con las empresas que contaminan el estuario bahiense, la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría reclama avanzar con el juicio y citar a indagatoria a gerentes y funcionarios.
“Ya no hay más nada que hacer, ya está la prueba en el expediente. Eso es beneficioso para todas las partes, tanto para el denunciante porque ven que no va a prescribir la acción penal y, por otra parte, garantiza el derecho de defensa de los eventuales contaminadores. (…) Luego se puede llegar a un acuerdo: dejar de contaminar y reparar”, dijo a FM De la Calle el abogado Luis Arellano.
La semana pasada la Cámara Federal revocó una serie de acuerdos individuales entre el fiscal Santiago Martínez y apoderados de las firmas investigadas y reprochó la demora de más de una década que lleva el trámite de la causa. Horas después, Martínez planteó a la jueza Gabriela Marrón que quedó “claramente en crisis” su continuidad en el caso.
Para el representante de los pescadores artesanales, con las resoluciones de la Cámara Federal “se abre una nueva instancia para ver si de una vez por todas podemos, todas las partes involucradas, sentarnos en una mesa común a discutir este tema y no jugar a las escondidas”.
“El motivo fundamental por el que habíamos apelado –los acuerdos con las empresas- era porque se habían hecho a espaldas de la parte querellante. Es el primer argumento que tiene en cuenta la Cámara. Después hay otros, la falta de un adecuado control técnico, el no citar a los peritos, decir que intervino la UFIMA, la oficina fiscal especializada en temas ambientales, que se dice que fue consultada y no es cierto”, detalló.
¿Falta un análisis técnico serio respecto a lo que propone cada una de las empresas?
El estuario no es un ambiente sencillo y los aportes contaminantes tampoco lo son, entran aportes cloacales e industriales. No se puede resolver atomísticamente con cada uno de ellos como si fueran una isla y no tuviera nada que ver con los demás. Hay que hacer un estudio de cómo cada actividad de las empresas contribuye a un mejoramiento global. No se puede hacer individualmente.
¿Para la Asociación de Pescadores cuál el camino que debería seguirse a partir de estas resoluciones de la Cámara?
Establecer una línea de base, que ya está bastante bien establecida por la pericia de la FAUBA y la Policía Federal Argentina, y lo que hay que hacer para revertir este proceso es evitar estas emisiones, bajar la carga contaminante o eliminarla como establece la Ley de Pesca, dice que está prohibido arrojar sustancias nocivas a las aguas, no hay ningún guarismo, es cero, no se pude arrojar sustancias nocivas al estuario. Eso hay que revertirlo.
Va a tener que ser un proceso, que va a llevar varios años hasta que podamos lograr que los aportes de residuos al estuario sean inocuos para la biología marina. Eso es un proceso que requiere aporte de técnicos de primer nivel, han sido dejados de lado acá el organismo ambiental de la provincia, el organismo del agua, el Comité Técnico que tiene gestión en Bahía. Tenemos que volver todos en un trabajo muy complejo, en una misma mesa, con un soporte técnico científico adecuado para establecer un plan que involucre a cada cosa y saber cómo interactúan.
¿De aquella mesa ordenada por la Cámara Federal a estos acuerdos anulados no hubo nada en medio?
Lo que pasó fue que el fiscal, con muy buena voluntad, intentó juntar a las partes varias veces después de esta medida cautelar. Luego sobrevino a la pandemia, tuvimos varios zoom donde comparecimos la Fiscalía y la querella, las empresas estaban invitadas a participar y no vinieron ni a uno. Salieron corriendo a la noche, hicieron un documento de 4 o 5 carillas diciendo cómo iban a arreglar ellos el estuario y lo presentaron para evitar que la causa siga avanzando, el camino es el llamado a indagatoria y, por otra parte, es mi visión, frenar la causa civil que los va a condenar a reparar. Es otro punto que no tienen en cuenta las homologaciones que están siendo revocadas. No se tiene en cuenta la reparación.
Aparte de tener la voluntad de no seguir cometiendo el delito hay que reparar los efectos. Pueden tener su mejor buena voluntad de dejar de verter sustancias nocivas al agua, han dicho durante 30 años que no vierten pero ahora vienen a decir vamos a mejorarlos, ¿en qué quedamos?
Por otra parte, un punto que muchas veces está en tela de juicio, dicen la Cámara y los abogados piden una reparación de perjuicios suponiendo que pedimos plata para los pescadores o para alguien. Lo que hay que conformar en realidad es un fondo de reparación ambiental que tiene que ser destinado a beneficios comunitarios, a un fideicomiso, a la Municipalidad. Esa es la reparación que se exige.
Sí existe en la causa civil en la que los pescadores piden que se los indemnicen por la merma de la pesca, están en todo su derecho, no es ningún pecado al reclamar la indemnización de un daño.
Otro punto que destaca la Cámara es el que da cuenta de la demora de la causa de más de 10 años incluso de la demora de la cautelar. ¿Qué significa la última parte que dice que “es dable señalar que la ejecución de la medida cautelar no suspende el proceso principal por lo que sin perjuicio de los eventuales acuerdos que se suscriban nada impide el impulso de la acción penal pública frente a la hipótesis delictiva”? ¿Tiene relación con la falta de respuesta de las empresas a las convocatorias a buscar soluciones?
No, porque eso sería parte del acuerdo. Lo que está diciendo la resolución es que los juicios penales tienen como destino obtener sentencia condenatoria o absolutoria. Nosotros queremos una sentencia condenatoria, que se condene a los responsables a una sanción penal. Ahí tiene que apuntar este juicio.
En estos dos años que estamos dando vueltas con este acuerdo, hemos presentados distintos escritos al juzgado penal diciendo “señora jueza la causa no está suspendida y el siguiente paso por la prueba que se ha recolectado es citar a indagatoria a los responsables”. Ya no hay más nada que hacer, ya está la prueba en el expediente. Eso es beneficioso para todas las partes, tanto para el denunciante porque ven que no va a prescribir la acción penal y, por otra parte, garantiza el derecho de defensa de los eventuales contaminadores. A partir de la indagatoria se dispara el derecho de los eventuales delincuentes de defenderse. Las empresas no han podido acceder al expediente hasta ahora y no va a ocurrir hasta que los citen a indagatoria. Es una garantía constitucional. Luego se puede llegar a un acuerdo: dejar de contaminar y reparar.
Respecto a la prescripción, ¿cómo están los tiempos?
Mal, estos trámites no implican una suspensión del curso de la prescripción. No tengo el cómputo, el plazo va a depender de cuál sea el delito que definitivamente se les impute. La causa lleva más de 10 años.
¿Es habitual que la Cámara se exprese de esta manera?
No, para nada. La Cámara se expresa con idioma correcto pero es un severo tirón de orejas esta resolución.
La Cámara Federal continuó con la anulación de convenios firmados entre el fiscal Santiago Martínez y apoderados de empresas del polo petroquímico. Habían sido homologados por la jueza Gabriela Marrón en la causa que investiga la contaminación de la ría. Involucran a Dow (PBB Polisur), Oiltanking y Mega.
Tal como ocurrió con Profertil, se los revocó, entre otros motivos, por no haber incluido en la discusión a la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría y a la UFIMA, unidad de la Fiscalía especializada en medio ambiente. Resta resolver la apelación referida a Unipar (Indupa).
La Cámara afirmó en todas las resoluciones que los convenios no cumplen con los estándares que fijó en junio de 2019 cuando ordenó “lograr la minimización del daño ambiental a través de un mecanismo alternativo que promueva la participación de los distintos actores involucrados, tanto de las empresas que realizan sus actividades comerciales e industriales en la zona, como así también de los querellantes, de los organismos con funciones de control (municipales y provinciales), de gestión y de profesionales técnicos en la materia”.
El objetivo es “la concreción de un plan sustentable para la Ría de Bahía Blanca en pos de dar cumplimiento con la manda impuesta por el art. 41 de la Constitución Nacional que consagra el derecho a un ambiente sano y equilibrado y establece que las actividades productivas no deben comprometer la atención de las necesidades de las generaciones futuras”.
Los fallos referidos a Dow (PBB Polisur) y Mega S.A. fueron firmados por Roberto Amábile y Pablo Candisano Mera y, en el caso de Oiltanking y Profertil, por este último y Silvia Fariña.
Destacaron que si bien la jueza Marrón designó al IADO para controlar la ejecución de las supuestas mejoras “no se advierte que efectivamente se le haya puesto en conocimiento” de la medida.
¿Qué proponen las empresas?
Dow apunta a la reutilización de agua de efluente en riego y la renovación de intercambiadores de agua por unos de mayor capacidad y mejores materiales para disminuir el efluente y el consumo.
Por otro lado, pretende modificar los patrones de consumo de energías sustituyendo las actuales por renovables, realizar acciones para la sostenibilidad consistentes en promover y facilitar la transición hacia una economía circular donde los residuos se incorporen a nuevos productos y servicios.
Compañía Mega S.A. ofrece reducir a cero –“en condiciones normales”– el vertido de los efluentes líquidos tratados que la empresa actualmente descarga a las aguas del estuario desde su Planta Fraccionadora y reutilizarlos para el riego de espacios verdes dentro de su predio “con la consecuente reducción en el consumo de agua potable que actualmente es utilizada para riego”.
Oiltanking Ebytem S.A. plantea incorporar “un nuevo tanque para realizar separación primaria en un recipiente cerrado con los correspondientes sistemas para control y manejo operativo así como de control de incendio”. Así, afirma, reduciría “hidrocarburos en el efluente final y el riesgo de eventual ignición de vapores combustibles en el espacio abierto, como asimismo, el control de las demandas químicas y bioquímicas de oxígeno; y un ambiente de trabajo más seguro para las personas y autoridades que se acercan a la terminal”.
Profertil, por su parte, pretende mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de recursos hídricos y un «compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA».
La Cámara Federal revocó el convenio firmado por el fiscal Santiago Martínez y un apoderado de Profertil en el marco de la causa por contaminación del estuario.
El acuerdo había sido homologado por la jueza Gabriela Marrón a pesar de no haber participado a la querella, a la Fiscalía General ni a organismos técnicos y de control. Se espera que las presentaciones de otras empresas -como Dow, Mega y Oiltanking- corran la misma suerte.
La camarista Silvia Fariña y su par, Pablo Candisano Mera, destacaron la demora de más de una década que acumula la investigación y el “estancamiento” del diseño del plan de inversiones que exigieron en 2019. Por otro lado, advirtieron que “sin perjuicio de los eventuales acuerdos que se suscriban, nada impide el impulso de la acción penal pública frente a la hipótesis delictiva”.
La fábrica de fertilizantes había propuesto mejorar la calidad del efluente; mantener parámetros de vuelcos más rigurosos a los exigidos por la normativa medioambiental vigente, optimizar la utilización de recursos hídricos y un «compromiso de alto impacto condicionados al proyecto de ampliación + UREA».
La Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría denunció que «se ha dado a Profertil un trato privilegiado, discriminatorio del resto, casi secreto, otorgándole audiencias privadas sin noticia de nadie y en abierta contradicción con la letra y el espíritu de lo ordenado por la Cámara Federal». Ahora, el tribunal resolvió que la negociación del fiscal Martínez con Profertil “no cumple con los estándares oportunamente fijados”.
El fallo sostiene que “aun cuando se trate de un compromiso individual, un plan superador tendiente a cumplir con el objetivo de recomponer el daño colectivo ambiental provocado en la zona, debió contar previamente con un mínimo respaldo de información actualizada brindada por los profesionales técnicos y/o peritos que tuvieron intervención en autos, así como la efectiva participación de los organismos que tienen funciones específicas de contralor, tales como el Comité Técnico Ejecutivo (dependiente de la Municipalidad de Bahía Blanca), la Autoridad del Agua o el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que den cuenta de la factibilidad de las propuestas homologadas”.
En ese sentido, Fariña y Candisano Mera recordaron que la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) ya intervino en la causa y podría elaborar un dictamen fundado. “Pese a lo afirmado por la jueza de grado, no se observa del presente legajo la oportuna intervención de dicha unidad especializada en torno a la viabilidad del convenio en particular”.
“La complejidad de los asuntos que se abordan en el marco de la causa hace necesario contar con saberes técnicos especializados previos a la toma de una decisión de tal calibre. Sin esos recursos no es posible realizar un seguimiento y análisis adecuado sobre la ejecución del caso, máxime cuando se excluye de la concreción del mismo a la unidad especializada en la problemática”.
La Cámara concluyó que “teniendo en consideración la pluralidad de intereses de las personas involucradas en la causa, el diálogo y la oportuna participación de los mismos debe ser garantizada a fin de dar previsibilidad y un adecuado control periódico a las propuestas que se formulen. Es necesario establecer pautas claras acerca del ejercicio para regular, fiscalizar y sancionar las conductas potencialmente dañosas, donde los organismos con funciones de control no pueden ser obviados”.
Siguiendo el camino abierto con Profertil, el fiscal Santiago Martínez avanzó en la firma de acuerdos unilaterales con los abogados de Dow (PBB Polisur), Mega y Oiltanking. Los convenios fueron homologados por la jueza federal Gabriela Marrón y recurridos por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría.
El querellante Luis Arellano dijo a FM De la Calle que las empresas accedieron a firmar los convenios porque está próxima la resolución de la causa que busca resarcir a los pescadores por la pérdida de su fuente laboral. “Las pruebas son abrumadoras, la sentencia civil ambiental va a salir condenatoria, están tratando de dar un barniz de mejora, para luego ir a decirle al juez contencioso administrativo: nosotros arreglamos la situación, archive la causa”.
“La ría está contaminada, todo el mundo lo sabe, y una parte es reparar las consecuencias del delito. Se violó la ley, hubo actitudes antijurídicas que ocasionaron que la ría esté contaminada. Eso tiene que ser reparado. Estamos hablando de cuestiones comunitarias más allá de indemnizaciones particulares”.
El representante de los pesadores destacó que “esta etapa de acuerdo ha transitado en la más absoluta soledad, nadie se enteró, aparecieron un día en el expediente los acuerdos, propuestas de cuatro o cinco páginas firmadas por un abogado sin aval técnico. No es viable y descalificaría el trabajo de hace once años en los fueros federal y provincial. Estaríamos tirando todo a la basura si los arreglos terminan de esta forma”.
“Un eventual acuerdo por el saneamiento, remediación y finalización de la contaminación merece un interés y participación más importante de los actores que ya están en ese proceso judicial para que opinen respecto a soluciones técnicas que advertimos en los acuerdos homologados son pobrísimas”.
Arellano subrayó que en el expediente hay pruebas relevantes como la aportada por la Facultad de Agronomía de la UBA o las realizadas por Delitos Ambientales de Policía Federal. “Han sido totalmente dejadas de lado y se le dio el 100% de veracidad y procedencia a las manifestaciones de las empresas sin haber consultado con nadie”.
“Es sorprendente que pase esto cuando hay mucho material para hacer algo mejor. El estuario es un ambiente complejo, no solo desde lo biológico y ambiental sino desde los aportes cloacales e industriales. No están todos los actores metidos en un acuerdo, no está la provincia, ¡ni siquiera siquiera está el OPDS!”.
Consultado respecto a las expectativas de la querella en cuanto a las medidas de reparación del estuario, Arellano sostuvo que “para que haya algo sustancioso primero tiene que estar ABSA porque el principal aporte es el cloacal y, luego, las empresas que aportan el material químico contaminante más peligroso. Han dicho durante once años que no arrojan nada, que no tienen que rendir cuentas”.
Fiscalía General: es “imposible” y “contradictorio” un acuerdo sin la querella
El fiscal general Horacio Azzolín dictaminó en contra del acuerdo firmado por el fiscal Santiago Martínez y un abogado de Profertil, el cual fuera homologado por la jueza Gabriela Marrón. La querella ya había solicitado su nulidad.
Azzolín dijo que no hay explicación a la falta de intercambio entre los sectores involucrados en la causa, “entre los que hay órganos estatales con funciones de control- y la Fiscalía Federal interviniente o la UFIMA”.
La jueza repitió en cada homologación que le resultaban razonables los dictamenes del fiscal Martínez “cuya actuación entiendo está avalada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA)”.
Sin embargo Azzolín advierte que “tampoco surge que haya intervenido nuestra UFIMA, no se establecen mecanismos de control del avance de los proyectos propuestos, reparaciones de ningún tipo, ni sanciones para un eventual incumplimiento”.
El fiscal general mencionó que los acuerdos no cuentan con “aval previo de organismo técnico alguno con conocimientos específicos en la materia” y que sería “fundamental” la participación de organismos de control “tanto para avanzar en modificaciones normativas, opinar sobre la pertinencia de las propuestas que se realicen y monitorear luego su cumplimiento en el ámbito de su competencia”.
“Reconociendo que la problemática de contaminación en el estuario de Bahía Blanca excede ampliamente a una firma, si de acuerdos individuales se trata, deberían realizarse acuerdos con cada una y someter ese conjunto a una eventual homologación”.
Por último, Azzolín dictaminó que “en cualquier caso, el intercambio con OPDS, ADA, CGPBB y Municipalidad de esta ciudad, además de la intervención de la querella, deberían garantizarse de algún modo”.
La Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría pidió la nulidad del “convenio ambiental” entre el fiscal Santiago Martínez y un abogado de Profertil en el marco de la causa que investiga la contaminación del estuario.
Los trabajadores denunciaron que “se ha dado a Profertil un trato privilegiado, discriminatorio del resto, casi secreto, otorgándole audiencias privadas sin noticia de nadie y en abierta contradicción con la letra y el espíritu de lo ordenado por la Cámara Federal”.
El escrito firmado por el abogado Lucas Beier sostiene que la empresa “ha anunciado que invertirá 150 millones de dólares en una ampliación al doble de su planta ubicada en la zona portuaria, por lo que tiene que comenzar sus procesos aprobatorios y necesita sus ‘salvoconductos ambientales’. Pero está involucrada en cinco juicios ambientales, cuatro del fuero provincial y éste. Por algún lado debe empezar”.
El “galimatías de cinco hojitas” presentado por la multinacional fue homologado por la jueza Gabriela Marrón. “Algo tan complejo como esto necesitaría dictamen de algún especialista. Ni el fiscal ni la jueza han pedido que sea revisado por algún organismo ni por los peritos designados en la causa. (…) La jueza dice que cumple los parámetros científicos, no sé cómo lo sabe, tal vez ella tenga conocimiento en materia de tratamiento de líquidos industriales, yo no los tengo y no consta ningún informe técnico”, dijo Beier a FM De la Calle.
La apelación afirma que “Profertil viene contaminando hace más de 25 años, existe prueba científica de esto, pero ahora dice que en los próximos 18 meses mejorará sus sistemas de tratamiento de residuos industriales y para el fiscal corresponde extinguir la acción penal, es decir, no sancionar la conducta delictiva cometida. Y TODO ESTO SIN PAGAR UN SOLO CENTAVO EN REPARACIÓN DEL DAÑO”.
“¿Acaso cualquier (ante un) ciudadano que cometió un delito, si se compromete a no cometerlo más, tanto la fiscalía como la jueza también entenderán que debe extinguirse la acción penal?”, se preguntó el abogado.
A pesar de desconocer la existencia de aluminio, cobre, cromo, plomo, mercurio, cadmio y otros contaminantes en sus procesos, la empresa promete volcar sus efluentes a la ría con parámetros “más rigurosos”. “Si ahora, en la urgencia de la aprobación estatal de la ampliación industrial, saldría corriendo Profertil a hacer cosas que no necesita hacer porque siempre hizo todo bien, corresponde afirmar que siempre mintió”.
El representante de los pescadores insistió en que previo al acuerdo cuestionado, a contramano del fallo de la Cámara, “no se coordinó ninguna reunión de trabajo, no se escuchó a ningún técnico, no se convocó a los peritos, nada; por el contrario, se trae a juicio a alguien ajeno al proceso, el Instituto Argentino de Oceanografía, cuando ya la FAUBA y la Policía Federal Argentina son peritos de éste juicio y ha estudiado en profundidad la problemática del caso.
Por último, en cuanto a la “precariedad” de la oferta de Profertil, advirtió que “no dice qué, dónde, cuánto, cómo arrojará en el futuro al estuario. Menos dice quién, cuándo y cómo ha evaluado en forma imparcial e independiente la calidad y eficacia de hipotéticas instalaciones y procesos futuros que no detalla ni identifica (más allá de una elemental enunciación en unos pobres párrafos)”.