Religión y democracia: cuarta edición del encuentro sobre creencias religiosas
Este martes comienza un nuevo Encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos sobre Creencias Religiosidades y Movilidades en Patagonia en el octavo piso del Departamento de Humanidades.
“Estudiamos temas religiosos en su vinculación con la sociedad y la política”, dijo a FM De la Calle la historiadora Virginia Dominella.
Habrá mesas de diálogo y presentación de libros. Hoy a las 15 se podrá participar de la actividad titulada “Religión y política en contextos autoritarios y democráticos”, mientras que el miércoles a las 9:30 tendrá lugar el debate “Pensar las prácticas religiosas desde el espacio, las movilidades y los territorios”. Más tarde, en el segundo día, a las 14:30 está programada la mesa “Estudios de minorías y diversidades religiosas”.
“El encuentro replica una serie de jornadas que venimos haciendo un grupo de investigadoras e investigadoras de la Patagonia, de Argentina y de Chile” , explicó.
El grupo está compuesto en su mayoría por historiadores e historiadoras.
“En septiembre de 2017 nos reunimos en Bariloche para intentar empezar a trabajar juntos en lo que tiene que ver con la investigación, con la formación de investigadores jóvenes”.
Acerca de la finalidad del evento convocado en el marco de los 40 años de democracia, agregó que “la idea es pensar en lo religioso centrado más en el catolicismo, en la Iglesia Católica, en la transición democrática en los fines de la dictadura e incluso en las décadas más recientes”.
Noticias relacionadas
La jueza federal Gabriela Marrón informó que las conclusiones finales de la autopsia a los restos óseos hallados en Villarino Viejo se conocerá “en un plazo no menor a 40 días, más allá que la identificación de los restos podría saberse entre 10 a 15 días”.
Mediante un comunicado respondió a declaraciones de la querella y manifestó que “ni su juzgado ni ninguno de los peritos oficiales que participaron del examen (…) dio información a la madre del joven sobre las deliberaciones”.
“Solamente se le hizo saber en qué iba a consistir el procedimiento (pasos y plazos aproximados de producción de informes), sin ningún tipo de detalle sobre lo que ocurrió y lo que se iba hablando en el Laboratorio del EAAF”, agregó.
Por último, destacó que “todos los peritos actuantes, incluida la perito de parte, tienen el deber de confidencialidad (guardar secreto), que se hizo saber a todos antes, durante y después de la pericia. Su violación tiene consecuencias penales”.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta su Informe Anual 2020, un balance de la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, signada por las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría y San Miguel del Monte.
Estos hechos fueron el exponente más atroz de las graves violaciones a los derechos humanos que genera el punitivismo. El XIV informe, primero tras la designación de la CPM como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, es también un diagnóstico de una crisis arrastrada por décadas y que requiere cambios profundos en la política criminal; más aún en un contexto marcado por la pandemia del coronavirus que agravó la crisis humanitaria en los lugares de encierro, la sobrepoblación récord en comisarías, la violencia policial y la desaparición de Facundo Castro.
La presentación es este jueves 27 a las 18 horas y con transmisión en vivo por las páginas de youtube y facebook de la CPM.
La política criminal durante el 2019, último año de la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, mantuvo los lineamientos de años anteriores. A pesar de reconocer desde el principio la crisis del sistema penal, durante todo el período no se tomaron medidas para revertir la situación. Ocurrió todo lo contrario, año tras año, y en sintonía con el gobierno nacional, se profundizó el perfil punitivista de las políticas de seguridad y con ello las graves violaciones a los derechos humanos.
El incumplimiento sistemático de las órdenes judiciales y la negativa sostenida por todas las instancias gubernamentales a brindar información dan cuenta del nulo respeto a dos valores centrales de los principios republicanos de gobierno: el respeto a las órdenes judiciales -división de poderes- y el acceso a la información pública.
El informe anual Sistema de la crueldad XIV analiza las políticas de encierro (penitenciarias, de seguridad, de niñez y salud mental) y el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio.
Todos los indicadores empeoraron y se alcanzaron nuevos récords en los índices de prisionización, sobrepoblación, hacinamiento. También las muertes bajo custodia y los casos de torturas alcanzaron valores elevados. La cantidad de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires creció a un promedio interanual de 9%. En diciembre de 2019, había 51.000 personas detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y con monitoreo electrónico. Esta cifra representa una tasa de prisionización de 294 detenidos cada 100.000 habitantes, la más alta del país. Una cifra que duplica la tasa del promedio mundial: 145 cada 100.000.
El correlato directo del creciente encarcelamiento fue el hacinamiento en condiciones inhumanas: la sobrepoblación en cárceles llegó al 118% y en comisarías al 217%. En este contexto, sumado a la falta de atención médica, el riesgo para la vida se naturalizó sin producir reacción alguna de la justicia ni el gobierno. Entre 2015 y 2019, murieron 550 personas bajo custodia del Estado; 11 muertes por mes. El 78% de esas muertes fueron por enfermedades no atendidas, es decir, muertes evitables.
Bajo la falta de reacción, complicidad o silencio judicial y político, también se extiende de manera generalizada y sistemática las torturas y/o malos tratos. En 2019 sólo la CPM registró y denunció 12.594 hechos, relatados por 6.713 víctimas en entrevistas realizadas en las inspecciones a los lugares de encierro y en comunicaciones de personas detenidas o de sus familiares. En todo el período se presentaron 4.448 habeas corpus o acciones judiciales individuales urgentes y 37 acciones o habeas corpus colectivos por situaciones estructurales de violaciones a los derechos humanos. El Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos (RNCT) relevó en detalle 10.709 hechos, 2.358 de ellos el año pasado.
Las comisarías también están atravesadas por otra marca de la ilegalidad y desprecio a los valores jurídicos y humanos. De las 270 dependencias policiales que alojaban personas, 103 estaban clausuradas por orden judicial o resolución administrativa, es decir no podían hacerlo; no obstante, el 36 % de la población en comisarías fue alojado allí.
Durante la última gestión la sobrepoblación en comisarías pasó de 159% a 217% y hubo dos masacres en donde 17 personas bajo cuidado del estado, murieron quemadas: Pergamino y Esteban Echeverría. Una vez más, estas muertes no generaron ninguna conmoción en el poder político y judicial.
La comisaría 3ª de Esteban Echeverría tenía al momento de la masacre seis clausuras judiciales y una ministerial, todas desoídas. El Poder Judicial fue benevolente con los delitos cometidos por los funcionarios públicos que declamaban la defensa de las instituciones republicanas, pero desobedecían sistemáticamente sus órdenes. Cada día el gobierno provincial incumplió 136 sentencias: 33 que establecían cupos en cárceles, y 103 que clausuraban y prohibían alojar personas en comisarías.
En el territorio, la violencia y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad también siguió escalando. Con la legitimación de la “Doctrina Chocobar”, el uso letal de la fuerza policial ocasionó en la Provincia 485 muertes en cuatro años; 1 muerte cada 3 días. De éstas, 21 fueron femicidios. Durante 2019 se registraron 134 muertes en territorio bonaerense, 14 más que en 2018.
Por la brutalidad, por la edad de las víctimas, la operación institucional de encubrimiento montada para proteger a los policías responsables, y el espionaje policial ilegal montado sobre sus familias, la masacre de San Miguel del Monte aparece como uno de los más impactantes del 2019.
A las niñeces y juventudes en peligro, la gestión saliente sólo le respondió con el brazo punitivo del Estado; los dispositivos de encierro para jóvenes en conflicto con la ley también tuvieron una sobrepoblación récord, llegando a 651 jóvenes, lo que implicó un 23 % de sobrepoblación. A la par, los sistemas de promoción y protección de derechos y de responsabilidad penal juvenil se deterioraron de manera crítica, sin financiamiento ni políticas dirigidas a fortalecerlos.
Las personas con padecimiento mental no corrieron mejor suerte entre 2016 y 2019. Las personas internadas tienen escasas posibilidades de insertarse en procesos sustentables de externación. Los datos lo confirman: en el 2019, el 68% de los ingresos a los cuatro hospitales monovalentes de la provincia fueron re-internaciones. En ese contexto, no se cumplió con la Ley de Salud Mental, que disponía el cierre de los manicomios para este año. Las muertes ascendieron a 150 en hospitales neuropsiquiátricos.
Nada de esto es nuevo en la provincia de Buenos Aires. Hace más de dos décadas los gobiernos de distintos signos políticos insistieron en la misma política criminal. Una política de seguridad y de persecución penal basada en el encarcelamiento y el punitivismo selectivo: la captación de los sectores pobres que forman parte de las cadenas más débiles del delito. La denominada “mano dura” ya ha demostrado de sobra la ineficacia para resolver los problemas de inseguridad, sólo provoca mayores violaciones a los derechos humanos, incrementa la violencia social y pone en riesgo a toda la población.
Presentación en vivo
Este jueves a las 18 horas, la CPM presentará públicamente el Informe Anual 2020—Sistema de la crueldad XIV; la transmisión se podrá seguir en vivo por el canal de youtube y la página de facebook.
De la presentación participarán Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, presidentes de la CPM, junto a otros integrantes como Nora Cortiñas, Yamila Zavala Rodríguez, Roberto Cipriano García y Víctor de Gennaro. La coordinación de la mesa estará a cargo de la directora general Sandra Raggio.
El acto contará también con la presencia de los miembros de la CPM el padre Jose «Pepe» Di Paola, Susana Méndez, Víctor Mendibil, Ernesto Alonso, Ana Barletta, Maria Sonderéguer y Carlos Sánchez Viamonte. Además, estará presente el presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazábal.
Esta será la primera presentación del Informe Anual desde que la CPM fue designada el año pasado como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, en reconocimiento a una tarea que el organismo realiza de hecho desde el 2002 cuando creó el Comité Contra la Tortura.
También se presenta con un nuevo gobierno provincial. En este sentido, si bien estos datos corresponden a la gestión anterior, el diagnóstico realizado en este informe persiste. Mucho más aún, la pandemia del coronavirus expuso como nunca antes la precariedad de la vida en los lugares de encierro, la violencia policial y la necesidad de reformas urgentes en el sistema penal.
Vale destacar que la presentación se da también en un contexto signado por la desaparición de Facundo Astudillo Castro. La causa que investiga la presunta desaparición forzada sigue reuniendo pruebas que vinculan cada vez más a la Policía bonaerense en el hecho.
La insistencia en presentar este diagnóstico cada año, y en reiterar las razones que provocan las violaciones a los derechos humanos que denunciamos, alberga la esperanza de que por fin los gobiernos tomen la decisión de encarar otra orientación de la política criminal. Sigue siendo una tarea pendiente para los gobiernos que se han distanciado del paradigma neoliberal abandonar la demagogia punitiva, propia de las derechas. Esta nueva gestión tiene la posibilidad y el deber de hacerlo.
El abogado de la madre de Facundo Castro, Luciano Peretto, aseguró a FM De la Calle que con los resultados preliminares de la autopsia a los restos encontrados en Villarino Viejo “sabemos que es un joven, masculino, cercano a los 22, 23 años”.
“Existe muchísima información -que debe ser procesada, cotejada y compartida por todos los especialistas- para hacer pensar que la muerte ha sido por una mecánica violenta en materia de participación de terceros, descartando de plano la hipótesis de un accidente y/o suicidio”, explicó.
Esta tarde, Cristina Castro declaró ante el Procurador General de la Nación sobre la desconfianza hacia el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y la falta de acompañamiento por parte del Ministerio Público.
El querellante concluyó que, “con la información que tenemos, es la confirmación de un delito de desaparición forzada de personas que se realiza el 30 de abril, en circunstancias donde Facundo circulaba por Ruta 3 entre Buratovich y Origone, y que estos contactos no son declarados por la Policía Bonaerense y, a partir de ahí, comienza una serie de mecanismos de encubrimiento para dotar de impunidad la desaparición de Facundo”.
¿Cuál es el balance de la reunión con el presidente?
A la reunión que tuvo Cristina con el presidente hay que asignarle dos etapas. Una personal, que tiene que ver con una gestión institucional de recibir a la madre de un chico desaparecido. Me parece que es un gesto correcto, que predispone determinadas cosas, no solamente del Ejecutivo Nacional sino la interconexión entre poderes. Es muy importante para que destrabe algunas cuestiones, crea determinada predisposición para la investigación y para la celeridad y la exhaustividad que pide la ONU.
Lo que le planteamos al presidente es que el Estado argentino es responsable ante el mundo por el incumplimiento de la normativa internacional que prohíbe la aplicación de torturas y los convenios internacionales en materia de desaparición forzada de personas y que ha sido denunciado al Comité de los Derechos Humanos de la ONU y ha pedido celeridad y exhaustividad, dos cuestiones que no se vienen cumpliendo en el caso y que nos ha llevado a plantear dos recusaciones.
En este momento estamos en la Procuración General de la Nación, Cristina está declarando ante el procurador todas estas irregularidades que generan desconfianza, esta falta de acompañamiento por parte de quien es titular de la acción del Estado contra los desaparecedores y planteamos que no hay acompañamiento a la víctima. La querella está sustituyendo ese rol del Estado a tracción a sangre, sobre todo Cristina, que traviesa el momento más doloroso de su vida y está lidiando y empujando del carro del Estado para el esclarecimiento de la causa de su hijo.
La segunda parte tiene que ver con nosotros como abogados, haberle pedido que se dispongan todos los mecanismos que sean resortes de su organigrama, para traer tranquilidad a Cristina y a los testigos. Son testigos vulnerables, hay fuerzas de seguridad involucradas, son las causas más complicadas para que una persona sostenga su testimonio y declare.
En ese sentido, empezamos a ver un giro y un tono especial en los últimos días que tiene que ver con el momento crucial en la causa.
¿Qué se puede conocer de la autopsia?
Queremos ser respetuosos con los tiempos. Lo que nos ha permitido que la perito de parte esté en la autopsia es que pueda nutrirse de algunos datos en bruto, sin procesar, y que pueda informarle a Cristina. Al momento de la finalización sabemos que es un joven, masculino, cercano a los 22, 23 años. Existe muchísima información que debe ser procesada, cotejada y compartida por todos los especialistas para hacer pensar que la muerte ha sido por una mecánica violenta en materia de participación de terceros, descartando de plano la hipótesis de un accidente y/o suicidio.
Hay que trabajarlo, pero ha sido objetivo por parte de Virginia Creimer, de especialistas, ha sido indicado en el marco de la autopsia y compartido por el EAAF, que estaba en el lugar. Hoy a las 15 llegaron a Córdoba los elementos con cadena de custodia para la comparación genética, eso va a ser para los primeros días de septiembre. Pero los resultados conclusivos van a estar entre los 15 y 30 días a partir de ayer, hablamos quizás de finales de septiembre.
¿Qué valoración hacen del allanamiento de anoche en la sede de la Policía Local de Bahía Blanca?
Ayer leía muchos titulares, decían ‘allanan una comisaría, se cae la hipótesis de la desaparición forzada’. La verdad que uno no entiende nada. Para allanar una comisaría tiene que haber indicios de la posible comisión de un delito. Están allanando porque había un patrullero que estuvo el día 8 de mayo en el lugar donde se encuentra el cuerpo -presumiblemente de Facundo- fuera de su jurisdicción barrial, distrital, y estuvo 35 minutos detenidos ahí.
Esto quiere decir que tenemos la postura de que en delitos tan complejos interviene una conexión y comunicación entre fuerzas de seguridad. En esto interviene un entramado que vuelve a esta causa del tenor complejo que le conocemos.
En el marco de esa situación lo que puedo decir es que se ha cumplido un allanamiento con secuestro de libros y celulares, porque un patrullero se dispuso el 8 de mayo, 8 días después de la desaparición de Facundo, a una distancia de 800 metros de donde encontraron el cuerpo. Puede decirse que 800 metros es mucho, es mucho en Bahía, en la ciudad son ocho cuadras, 800 metros en un salitral, donde no debería haber nadie en tiempo de cuarentena y menos un patrullero fuera de su jurisdicción, no es mucho. Y 35 minutos detenido, es sugestivo.
Preliminarmente no tenemos información de lo que hay en los vehículos ni de lo que hay en los teléfonos ni en los libros. Son diligencias que se realizarán en las próximas horas y esperamos tener la mayor información posible.
¿Por qué cuestionan la incorporación de la Testigo H?
No cabe duda de que la testigo de identidad protegida no tiene vinculación con Facundo, no puede asegurar haber viajado el 30, dice que viajó a fines de abril, dice que lo hizo para atenderse en un centro médico y en ese centro médico no se atendió el día 30. Dice que llevó a un joven masculino desde la entrada Origone, mientras González que es el agente policial que trata de colocar a esa testigo, dice que lo levanta en el km 750, distante a 7 km de Origone. Dice que González estaba acompañado por un masculino, González dice que estaba solo. Dice que (el patrullero) estaba perpendicular a la ruta, González dice que estaba de manera paralela y que lo vio por el retrovisor.
Todas estas circunstancias desnutren la hipótesis de que la testigo haya levantado a Facundo en ese lugar y lo haya acercado hasta las vías. Sin lugar a duda forma parte de una trama siniestra de encubrimiento, no se descarta el hecho de colocar días posteriores un falso Facundo en la ruta para tratar de torcer estas circunstancia, es un mecanismo bastante usual cuando las fuerzas cometen este tipo de hechos y para nosotros ese testimonio se encuentra vacío de toda veracidad, de toda conexión con la causa.
¿Cómo es el acompañamiento de los organismos como la CPM o Amnistía Internacional?
El de la Comisión por la Memoria es permanente, y están como querellante institucional nuestro, de hecho estamos ahora trabajando juntos en Buenos Aires. Y el de Amnistía Internacional, si bien es reciente, ha colocado el caso en la agenda internacional para interpelar al Estado para que cumpla los mecanismos de garantías y obligaciones que Argentina ha consolidado a nivel internacional. Robustece la posición de la querella y su hipótesis porque no estamos ante un acompañamiento a un chico que se pudo haber patinado de un puente, para que exista este acompañamiento tiene que haber certezas de la hipótesis violatoria de los derechos humanos y en ese sentido, sobre todo Cristina se siente acompañada y respaldada por su postura.
El concejal del Frente de Todos, Gustavo Mandará, confirmó a FM De la Calle la intención del Ejecutivo Municipal de privatizar Bahía Ambiental Sapem.
“Ayer el presidente de Bahía Ambiental Sapem (BAS), Ernesto Aguirre, nos informó oficialmente al directorio de la empresa que hubo una comunicación con el intendente en la que le notificó la decisión de avanzar con la privatización de la empresa”, aseguró.
“Lo que pone de argumento para privatizar son supuestas objeciones del Tribunal de Cuentas, algo que ayer se habló en la reunión y se demostró que no hay ninguna objeción del Tribunal de Cuentas al funcionamiento de BAS. Sí las hay respecto de Bahía Transporte, pero Ambiental es una empresa que, mal o bien, viene cumpliendo el cometido para que fue creada hace 8 años”, explicó.
A su vez, el concejal destacó que “no hay ninguna explicación. Habrá que pedirla. Bahía Ambiental Sapem da pequeñas utilidades: no está perdiendo plata el Municipio con Bahía Ambiental. No es habitual que se requieran inyecciones de capital como sí pasa en Bahía Transporte”.
“¿Si es una empresa que no tiene afán de lucro y trabaja con costos, cómo va a hacer una empresa que no trabaja al costo y que si tiene afán de lucro?”, se preguntó.
Respecto de los trabajadores, el concejal mencionó que “tienen garantizada su fuente de trabajo. Se tienen que hacer cargo en las mismas condiciones, categorías y remuneraciones. Cuando se liquida una empresa hay que indemnizarlos. Tienen que ser tomados por la empresa que venga en las mismas condiciones”.
“Son unos 180 millones de pesos en carácter de indemnización. El activo de Sapem Ambiental asciende a 105 millones, o sea que, liquidando toda la empresa, no alcanzan a pagar indemnizaciones. Por mas que se haga cargo el privado, ponen en duda qué ventaja se puede obtener de todo esto”, finalizó.
(Por Astor Vitali) Hay un intento de correr los límites de los acuerdos a los que la sociedad argentina ha llegado. Es un intento amparado en discursos que, hace pocos años, nadie hubiera pensado que podían tomar encarnadura en países de las dimensiones como Brasil. Uno de esos elementos es el retorno del militarismo, instaurado por estos días por el ex presidente Eduardo Duhalde.
Duhalde opinó “lo ridículo que suena que piensen que va a haber elecciones. No va haber elecciones. Tenemos un record. Entre el 30 y el 83 catorce presidente militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América es porque no conoce lo que está pasando. O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico militar (sic). Sabemos lo que es Venezuela. Sabemos lo que es Bolivia. Sabemos que Chile… no sabemos quién porque son las redes y los movimientos han puesto de espalda al gobierno y quedan nada más como factor de poder los carabineros, como antes y el ejército. Entonces, no va a haber elecciones. No va a haber elecciones. Para que haya elecciones tienen que ser unas elecciones consensuadas”.
Lo primero que hay que decir es que no se trata de exabrupto. Lo dijo durante días en distintos medios. Afortunadamente, el Jefe del Estado Mayor Conjunto salió a cuestionar las declaraciones. Y afortunadamente la democracia argentina está bastante más sólida, en cuanto a sistema de gobierno, que lo que unas minorías pretenden.
Pero lo que no cabe es descartar que, si bien es marginal, hay los que trabajan para generar clima, ir construyendo en un sentido. Que sea marginal no quiere decir que sea inexistente, por lo que, cabe (urge) poner límites claros desde el conjunto de la dirigencia.
Duhalde se basa, en su discurso, en que se va deteriorando el sistema de representación sobre la base de la falta de instrumentos para discutir acuerdos a largo plazo y que la acumulación de descontentos “puede terminar en una especie de guerra civil” sumado a una sociedad en donde se hace más visible “el avance espectacular de las adicciones”. Frente a esto “aparecen los salvadores”, en referencia a los modelos del tipo Bolsonaro.
Desde la presidencia de Menem, se ha sostenido que el partido militar se había terminado en Argentina por el simple hecho de la disminución de los recursos asignados. Por otra parte, el duro golpe simbólico que significó la pelea del movimiento por los derechos humanos en Argentina que devino juicios por la verdad, dieron la sensación de que la publicidad de la verdad sobre el horror que protagonizaron las fuerzas armadas -un horror puesto al servicio de los poderosos- hacían que la institución militar quedara desprestigiada.
Según una encuesta que citó Duhalde, las fuerzas militares serían de las que mejor calificación reciben por parte de la opinión pública.
Es por esto que hay una responsabilidad muy grande de la dirigencia política actual que considera el sistema democrático un ordenamiento social capaz de interpretar la voluntad popular. Hay, por un lado, quienes insisten permanentemente en horadar esa representación porque sus intereses económicos tendrían mucha mayor capacidad de operación sin los escasos controles de este sistema. Pero también hay, por otro lado, la necesidad de que la dirigencia política interprete el riesgo del bolsonarismo como fenómeno y construya espacios de participación real (más allá del momento electoral) para dar vida concreta a la letra muerta de la normativa democrática.
La pregunta es: ¿consideramos que es reversible la falta de participación y de representatividad? Uno cree que la política sigue teniendo la capacidad de enamorar, si estuviera dispuesta a hacerlo. Que para eso no se puede vivir en un sistema de partidos de los amigos de los principales empresarios sino que debe haber un acercamiento a la enorme cantidad de ciudadanos y de ciudadanas que participan de millares de instancias media (comedores, educación formal e informal, salud, sociedades de fomento, instituciones deportivas, espacios culturales, etc.)
Y si es posible dar un contenido real a la cáscara formal de la práctica democrática: ¿qué se está haciendo y qué falta hacer?
Es cierto que hay sectores que buscan mostrar la democracia como un sistema inútil y que sus negocios serían más fáciles de llevar adelante en caso de desarrollarse bajo un gobierno de tipo autoritario. Lo que los sectores populares debemos tener en claro, es que, por más tentados que se puedan sentir algunos por personajes de este tipo (mesiánicos, autoritarios, mano dura) no hay lugar ni capacidad de juego en un esquema de esas características para las organizaciones populares. Sólo habrá lugar para quienes tengan mayor capacidad de recursos económicos y busquen disciplinar con consenso social a quienes luchan.
Para defender la democracia es preciso adoptar el camino de profundizarla, otorgando más poder a las organizaciones y construyendo más instituciones, dentro del sistema de representatividad, en el que tenga lugar la ciudadanía, la gente de a pie, aquellos y aquellas que luchan a diario activamente y muchas veces no tienen el reconocimiento debido por parte del marco actualmente instituido.
En el marco de la investigación por la desaparición de Facundo Castro, hoy continúan las pericias al “material no biológico” encontrado el 15 de agosto junto a restos óseos en Villarino Viejo.
Los estudios se realizan en la sede de la Policía Científica de la Policía Federal de Parque Patricios. Ayer terminó la autopsia a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Se anunció que la jueza María Gabriela Marrón brindará información oficial a través del Centro de Información Judicial (CIJ).
Desde la querella se indicó que durante el martes se tomaron declaraciones testimoniales que refuerzan la hipótesis de desaparición forzada del joven de Pedro Luro.
La Fiscalía Federal emitió este martes un nuevo comunicado en el cual informó sobre el allanamiento a la sede de la Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca y otras medidas que aquí se detallan.
En relación al patrullero sospechoso
También se requirió a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que aportara las fotografías satelitales de alta definición que obraren en sus registros correspondientes al lugar ubicado entre las coordenadas Lat: -38.74265 Lon: -62.40827, correspondientes al 8 de mayo pasado.
Al área de Ciberdelito de la PFA se le solicitó que se constituyera en la ciudad de Bahía Blanca con el objeto de practicar las medidas que podrían surgir de esta línea de investigación.
Al Centro Único de Monitoreo de la Municipalidad de Bahía Blanca se le requirió que, en el término de 24 hs., presentara las grabaciones de las cámaras de seguridad que se encuentren en cercanías a la UPPL ubicada en el Barrio Noroeste de esta ciudad, correspondientes al 8 de mayo pasado.
Otras medidas
El Hospital General Juan A. Pradere de Pedro Luro informó que al igual que el Centro de Asistencia Primaria N° 1 de esa localidad, carecían de ficha odontológica de Facundo Astudillo Castro, por lo cual la fiscalía solicitó a la querella particular que, en caso de ser posible, indicara otro especialista o institución a la que pudiera serle solicitada esa ficha.
Luego de recibirse en la sede de Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) el teléfono celular que le fuera oportunamente secuestrado al oficial Jorge Agustín Galarza, junto con los datos extraídos de dicho aparato, se autorizó al referido organismo para que compulsara el dispositivo y toda la información obtenida, para su posterior análisis e incorporación al informe integral oportunamente encomendado.
Se fijaron nuevas audiencias testimoniales.
La Dirección de Acompañamiento, Orientación, y Protección a Víctimas del Ministerio Público Fiscal de la Nación (DOVIC) informó sobre las profesionales de esa dirección a cargo del acompañamiento de la señora Cristina Castro y remitió un informe interdisciplinario vinculado a las distintas entrevistas sostenidas con uno de los testigos.
La delegación local de Policía Federal Argentina (PFA) remitió actuaciones relacionadas con las tareas de cronometraje realizadas para verificar datos aportados por testigos.
La División Laboratorio Químico de la PFA informó la fecha de realización del peritaje en relación a los elementos encontrados el día 15 de agosto pasado en proximidades de los restos humanos levantados en Villarino Viejo.
El Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA remitió el acta de relevamiento y barrido efectuado sobre la zona donde se hallaran los restos esqueléticos que se encuentran siendo analizados. Durante toda la diligencia se mantuvo una interacción permanente con el director ejecutivo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Luis Fondebrider.
Se requirió a ese Gabinete que por su intermedio remitiera los objetos hallados a la División Laboratorio Químico de la PFA para que en conjunto con la División Rastros de esa fuerza efectuaran un peritaje sobre los mismos, tendiente a verificar si existen rastros biológicos o biométricos de Facundo Astudillo Castro de acuerdo a los registros obrantes en esa repartición.
En atención a la gran cantidad de medidas llevadas a cabo en este segmento inicial del proceso, el fiscal consideró que resultaba ilustrativo evaluar su estado de trámite y/o ejecución para con posterioridad reiterar o instar aquellas conducentes pendientes, reeditar las que fueren necesarias o impulsar nuevas, para lo cual dispuso que el actuario certificara al respecto.
A requerimiento de la querella institucional, se solicitó al Sistema de Prevención de Villarino (SIPREVI) que remitiera las grabaciones por el período comprendido entre el 10 y el 16 de agosto pasados de las cámaras de video dispuestas en el kilómetro 714 de la ruta Nacional Nº 3, a los fines de poder individualizar los vehículos que hubieran transitado por esa zona en ese espacio temporal y con dirección al lugar en el que fueron encontrados los restos humanos.
Asimismo, se requirió a la Planta de Repotenciación de Gas ubicada en esa zona que informara si poseía cámaras de seguridad y, en ese caso, que acompañara las grabaciones correspondientes al período de tiempo señalado.
En la misma línea, se solicitó al Comité Técnico Ejecutivo del Puerto de Bahía Blanca y al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca que aportaran los videos grabados por las cámaras que poseían en el domo de seguridad que monitorea la zona de Ingeniero White.
Además, se requirió a la Comisión Nacional Aeroespacial (CONAE) que acompañara las lecturas correspondientes a los satélites del 30 de abril pasado en la zona aledaña a las localidades de Mayor Buratovich y Teniente Origone.
En búsqueda de un patrullero que tuvo movimientos sospechosos en la zona donde aparecieron los restos óseos que hoy comenzaron a ser peritados por el EAAF, se realiza un allanamiento en la sede la Superintendencia de la Policía Local.
La Fiscalía solicitó la medida al Juzgado Federal a partir de un informe de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad sobre la geolocalización por AVL de la totalidad de los móviles que estuvieron en la zona de la desaparición de Facundo, “entre Teniente Origone y Gral. Cerri y adyacencias”.
“Del análisis perpetrado se detectó un movimiento inusual y sospechoso del móvil patrullero Toyota Etios, número interno 20610, con patente OMP782, asignado a la Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca sito en Pacífico 281”.
El documento agrega que “las señales de GPS emitidas por el patrullero referido, darían cuenta de un recorrido efectuado el 8 de mayo del corriente año varios kilómetros alejado de su rutina, más precisamente, en cercanías del lugar donde se produjo el hallazgo el 15 de agosto. En el punto más cercano a dicho lugar, a unos 800 metros aproximadamente, se habría detenido el móvil durante unos 35 minutos”.
“Se advirtieron anomalías en los registros, en cuanto a que la rutina que estaba cumpliendo el móvil la secuencia de georreferenciación da un ‘salto’ de más de 10 km en apenas 41 segundos para volver con otro ‘salto’ luego de 3 horas y 38 segundos al recorrido de rutina en apenas 28 segundos”.
El secuestro fue ordenado dado que “de momento no se han podido evacuar los cuestionamientos técnicos al respecto” por parte de la Dirección General de Asistencia Operacional. Para el fiscal “existen elementos suficientes atento la gravedad del caso y los indicadores recientemente aportados”. Además del vehículo cuyo GPS deberá ser peritado, se buscan los libros de guardia del destacamento para revisar los movimientos y agentes que prestaron servicio o tenían asignado el móvil el 8 de mayo y los teléfonos celulares de dichos policías, “dispositivos electrónicos del lugar, handys, anotaciones y cualquier otro elemento que pueda resultar de estricto interés para la investigación”.
Por otra parte, se solicitó al Ministerio de Seguridad que aporte las modulaciones de las comunicaciones del patrullero, individualice cuáles son los móviles asignados a la Policía Local bahiense y realice la geolocalización por AVL de todos los que hubieren estado en la zona de la desaparición de Facundo y aparición de los restos óseos.
Cristina Castro y sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, brindaron ayer una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional. Fue horas antes de la autopsia que se realiza a los restos óseos encontrados en Villarino Viejo y luego del encuentro con el presidente Alberto Fernández.
“Estamos conformes con el acompañamiento institucional y con los mecanismos que el presidente ha dispuesto. Pedimos independencia y celeridad en la investigación, que son los dos imperativos que internacionalmente se le está pidiendo al Estado argentino en la causa y que para nosotros es donde radica la clave para poder llegar a la verdad material”, dijo Peretto.
La madre de Facundo afirmó que miró al jefe de Estado a los ojos “para saber si me estaba mintiendo, hablé con él, me ha dejado tranquila. Eso no quiere decir que no vaya a seguir detrás de que todo esto salga rápido a la luz y se sepa la verdad”.
Tras una primera charla entre Fernández y Castro se sumaron los representantes de la querella y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. En diálogo virtual con la prensa la querella repasó las pruebas de la desaparición forzada.
La testigo H
Aparicio afirmó que a la mujer que dice haber llevado a Facundo hasta el cruce entre la Ruta 3 y las vías, identificada como testigo H, “la metieron por la ventana de contrabando y falseando los datos Siomara Flores y Mario Sosa, que tendrían que estar presos”.
Peretto explicó que la testigo “no puede precisar que haya sido Facundo, ni que haya sido el día 30, habla de fines de abril, no se condice el lugar donde lo levanta, refiere que es el km 757 mientras González -el policía mal alumno que no se aprendió la lección y embarró la coartada- dice que lo levanta en el km 750, la testigo H dice que el patrullero estaba perpendicular a la ruta y con dos masculinos y González refiere -cuando se acuerda- que el patrullero estaba de culata a Facundo y estaba solo. Para nosotros es un plan para tratar de encubrir el hecho real que es que cuando llega al lugar González, Facundo está fuertemente golpeado y, para encubrir el hecho, lo traslada hasta el calabozo donde se encontró el objeto de Facundo en Origone”.
Para el letrado, el testimonio busca “derrumbar la hipótesis mayoritaria que, en palabras del juzgado que definió el fuero, es la única sustentable en pruebas hasta la fecha, aunque hacen esfuerzo para tratar de ubicar la hipótesis del accidente. Hay muchas situaciones que no dejan dormir a quienes están operando para que esta circunstancia sea archivada como un accidente como en tantos otros casos”.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO
“Los teléfonos celulares hablan, los silencios dicen mucho más que las palabras; los diálogos que existen entre ellos; las actitudes que tomaron de manera informáticas como presenciales; la sandía en un calabozo de Origone; los AVL de los patrulleros; la falta de respaldo desde el punto de vista de los Motorola de los patrulleros – reconocido por el propio jefe seccional de la Policía, la frecuencia en que hablan milagrosamente se ha borrado-; las contradicciones enormes por parte de personal policial; sin dudas los testigos ubicados en Bahía Blanca, totalmente falaces, quienes tratan de desviar la investigación; y esta aparición dudosa de un cuerpo como una herramienta de desesperación para tratar de fortalecer una hipótesis que día a día se está cayendo por falta de pruebas”.
Aparicio aclaró que falta realizar pericias complementarias a las pruebas técnicas de los teléfonos. “No estamos conformes con las realizadas por la Policía Federal. Siguiendo los lineamientos de la PROCUVIN entendemos que hay que hacer un seguimiento integral. Hay mensajes borrados, una aplicación como Whatsapp desinstalada. Todo lo que podemos decir en ese contexto es parcial y aun así tenemos muchos elementos”.
¿Carta blanca para la policía?
Por estas horas, la querella investiga un nuevo componente del “protocolo de encubrimiento”. Explicaron que es “una especie de carta blanca que tenía la Policía para determinar si comunicaba a la señora jueza federal respecto a si habían o no detenido a una persona. Advertimos que esto fue delegado por la justicia federal a la Policía Bonaerense por una cuestión de comodidad de trabajo”.
“Creyéndoles a los policías, que no le creemos, hay una irregularidad en que a Facundo lo paren y lo dejen seguir. Es otra irregularidad que la hermanastra (de Curuhinca) lo pare y lo lleve a dedo. Es otra que después lo lleven hasta Origone y desde allí llamen a Médanos y le indiquen que lo dejen seguir. Eso en cuanto a lo que la policía dice que fue. Que no fue así”, dijo Aparicio.
Agregó que “tenemos teléfonos secuestrados, casualmente cuando viene Berni a Bahía Blanca y dice que los entregan voluntariamente. Debería saber que Flores desintaló el Whatsapp el 8 de mayo, ocho días después de la desaparición de Facundo, tendría que saber que Sosa y Curuhinca borraron entre veinte y treinta mensajes de texto y omitieron borrar otros. En ese contexto se entendería porqué el fiscal pidió la detención, aunque de manera incorrecta”.
Los testigos que vieron a Facundo y las amenazas de Berni
Aparicio se refirió a “las mentiras de Berni”. Respecto a que la querella “mete testigos porque les conviene” el abogado comentó respecto a quienes vieron a Facundo subirse a un patrullero el 30 de abril que “si (Berni) tiene acceso al expediente provincial habrá sabido que llamaron a la Comisaría de Pedro Luro el 19 de junio y desde ahí les dijeron que ya lo habían visto al chico en Bahía Blanca”. Después se comunicaron con Cristina Castro y luego fueron a declarar ante el fiscal federal.
En cuanto a que “no pasaron hacia Bahía Blanca”, Aparicio explicó que “hay un informe de lectura de patentes del 30 de abril presentado por la Municipalidad de Villarino donde consta la fecha de regreso cerca de las seis de la tarde, totalmente razonable y se puede corroborar con otros medios que ese día fueron a Bahía a hacer una mudanza y retornaron. En ese primer informe, que es incompleto y, por lo tanto, entiendo que es falso, no está la ida de ese coche. Como no se quedaron contentos con eso en el segundo informe no está el auto de los testigos ni yendo ni viniendo. Por eso denunciamos al secretario de Seguridad Ciudadana, Pacheco, y al intendente Bevilacqua”.
Las afirmaciones del ministro son parte de un raid mediático en el cual amenaza a los abogados de la familia de Facundo y acusa a la querella de montar un “show”. Cristina Castro aseguró que “le diría al señor Sergio Berni que como me está tratando a mí está tratando a cientos de papás cuyos hijos han entrado a las comisarías y aparecieron suicidados”.
“Berni se ha encarnizado con nosotros, no le tengo miedo, en vez de andar haciendo un show en televisión debería ponerse a trabajar”, dijo y agregó que “el gobernador (Axel Kicillof) me ha llamado varias veces, me gustaría hablar con él, mirarlo a la cara. Me parece que debería abrir los ojos y fijarse lo que está diciendo su ministro”.
¿Quién encontró el cuerpo?
Sobre el hallazgo de los restos que hoy son peritados por el EAAF, Peretto informó que “a la querella nos han notificado de un pescador que encontró el cuerpo y atemorizado concurrió a la Policía Federal directamente. Pero tomamos conocimiento informal que también hubo otros dos pescadores que podrían haber visto el cuerpo y habrían concurrido a una comisaría de la provincia de Buenos Aires”.
“Es un punto que se tiene que aclarar y va de la mano con el testigo que apareció de manera voluntaria en el marco del proceso y pide garantías para poder testimoniar, garantías que este fiscal sabemos no puede asegurarlas”. Se trata de un trabajador portuario que “habla de algunos movimientos y luces el día martes anterior, en la costa de la Cola de la Ballena. Esto es muy llamativo máxime en invierno, en un lugar absolutamente hostil, en cuarentena y de noche. Ningún pescador elegiría esa oportunidad para poder hacerlo”.
La periodista Sandra Crucianelli analizó los patrones que se repiten en los comunicados oficiales del fiscal Santiago Ulpiano Martínez sobre el desarrollo de la investigación por la desaparición de Facundo Castro.
“Me llama la atención su rol, me parece que la querella actúa como fiscalía y el fiscal actúa como defensor de los sospechados”, señaló a FM De la Calle.
Este ejercicio la periodista lo había realizado con anterioridad cuando, junto a su par Mariel Fitz Patrick, localizaron más de 9 mil decretos secretos de la dictadura. “Se pone ese texto en una base de datos y se empieza a analizar por palabras clave y uso de tiempos de verbos”.
La marcación del perro del perito Herrero
“Una de las primeras cosas que me llamó la atención el 27 de julio es cuando la Fiscalía se refiere a una pericia con perros pedida por la querella sobre los coches de la policía. Participaron los perros de la Federal y el perro del perito de parte Marcos Herrero. Cuando se refiere al hallazgo de Herrero el fiscal dice ‘habría marcado algunos’, este uso potencial tiende un manto de duda sobre la marcación. Esto es un hecho que quedó registrado con cámaras: el perro no ‘habría marcado’, el perro marcó”, apuntó Crucianelli.
Agregó que “después la interpretación es otra cosa, distorsionar una prueba tan contundente como la marcación efectiva por parte del perito de la querella me pareció extraño”.
Testigos y antenas: “Llama la atención que valide estas declaraciones sobre pruebas tan parciales”
“Más extrañó todavía me pareció el comunicado del 7 de agosto en el cual da por cierto todo lo que dicen los testigos sospechados. Por ejemplo, en relación a (Alberto) González, ‘se consideró que sus manifestaciones resultaban verosímiles. Por el momento, pero verosímiles’. Acá dice yo a González le creo, se basa en el dato del AVL”.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO
Crucianelli destacó “la forma en la que Martínez ‘defiende’ a los sospechados. Cuando la querella dice que hay contradicciones en la declaración de González, el fiscal dice ‘podría tratarse de una omisión y no es suficiente para desvirtuar su testimonio'”.
Respecto al testimonio de Siomara Flores dijo: “Declaró que lo levantó 12:30 cuando estaba en Buratovich y el fiscal dice ‘podría ocurrir que la agente haya errado en los horarios aproximados y en realidad lo trasladó más tarde’. Justifica las contradicciones diciendo ‘no es tan grave, nada de eso pone en duda lo que dijeron'”.
Crucianelli subrayó que “lo mismo pasa con la testigo que presentan los policías que dice que lo dejó antes del fitosanitario. ¿En qué se basa para decir que le cree? En la lectora de patentes. Estas pruebas -la lectora de patentes, AVL, antenas- son indicadores de lo que pasa con los autos y teléfonos, no con las personas”.
En relación al impacto de la línea de Facundo en una antena en Ing. White, la periodista afirmó que el fiscal “hace una valoración, dice ‘se podría intuir que Facundo siguió rumbo a Bahía alejándose cada vez más de Origone’. En realidad se refiere a un teléfono y no a una persona, con lo cual esta valoración es una comunicación sesgada. Llama la atención que valide estas declaraciones sobre pruebas tan parciales”.
Aprietes y persecución policial a testigos
Lo que más llamó la atención de Crucianelli es que “en el hostigamiento que narran los testigos, el fiscal dice ‘pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha. Tal proceder se condijo más con la voluntad de hallarlo antes de ocultar la desparición forzada’. ¿De dónde saca la interpretación el fiscal? Eso es de un defensor no de un fiscal”.
“Si es Facundo el cuerpo que se encontró, creo que va hablar, va a ser la única palabra calificada y nadie va a poder poner en duda lo que ese cuerpo dice. Me da tranquilidad que el Equipo de Antropología Forense va a poder ir más allá, hay muchas cosas que el cuerpo va a decir”, sostuvo.
Filtraciones a los medios
“Los periodistas no tenemos acceso a las causas, podemos contar con filtraciones. Podés tener el expediente, escuchas, videos, pero cualquier documento puede decir la verdad o no. No podés cubrir un crimen si no hacés el trabajo de campo, la filtración no te cubre para hacer todo el trabajo. Ese es el punto de partida”, concluyó en referencia a la cobertura mediática del caso.
(Por Astor Vitali) El comentario editorial del día de hoy será breve. Creemos que no se trata, en este caso, de llenarnos de argumentos unos tras otros para justificar una posición determinada. Más bien, las propias declaraciones del funcionario público al que haremos referencia simplifican la tarea: no hace falta agregar más nada.
¿Por qué Berni debería retirarse? Se podrían buscar muchos motivos en sus antecedentes represivos. Pero, para no abundar, refiriéndonos al caso de Facundo Castro, se trata de la máxima autoridad en seguridad de la provincia de Buenos Aires, dedicándose a una feroz campaña sistemática contra la querella, contra las denuncias de Cristina Astudillo Castro, de sus abogados, siendo el responsable de la fuerza de seguridad denunciada por desaparición forzada.
En general, empieza sus declaraciones aclarando que no tiene acceso a la causa federal porque investiga la justicia federal (hecho que tuvo que ser solicitado por la querella) pero, acto seguido, en cada entrevista sostiene las posiciones de quienes buscan desviar el objetivo de la familia que es la investigación por desaparición forzada. Hasta el límite de decir que “fue un gran show haber insistido con una teoría de desaparición forzada” y, en franca contradicción con que no tiene acceso a la causa, sostiene que en los expedientes no hay ningún elemento para vincular a sus policías.
Berni comenzó su show asegurando a Cristina que le iba a “devolver” a su hijo con vida. Esto fue al comienzo de la búsqueda. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué sabía que le permitió escupir semejante aseveración? Si no sabía nada: ¿se pueden hacer declaraciones de este tenor con un tema de estas características? Como si todo lo que sea para la cámara fuera lícito.
Luego comenzó un derrotero sobre el que ya, en lo últimos días, desbarrancó, como hemos señalado. Para Berni, Faundo se tropezó con la vía donde se encontró un cuerpo aún no periciado, sobre el que la querella cuestiona cómo fue hallado y han denunciado la existencia de huellas de un vehículo que lo habría plantado así como la zapatilla en buen estado (a diferencia del excesivo grado de descomposición del cuerpo).
Casi al mismo tiempo que se producía el hallazgo de ese cuerpo, el Ministro jugaba a Los Extermineitor –la caradurez de Francella y el ridículo de Disi- en un videíto en el que se lo ve entrenando y alentando a la tropa (nada menos que a la Bonaerense).
Pero el hecho central es de carácter político. La diferencia del tratamiento estatal se dio hoy por una simple actitud: la empatía de los responsables políticos por las víctimas. A diferencia del gobierno de Mauricio Macri, que persiguió a las víctimas en su período –por caso al entorno de Santiago Maldonado-, el presidente Alberto Fernández hoy decidió recibir a Cristina Castro y darle su respaldo.
Según las declaraciones de Cristina la dejó, el jefe de estado la dejó “conforme, tranquila”. Agregó que “eso no quiere decir que no vaya a pedir que se sepa a la luz. Ha sido muy sincero. Hay muchas cosas que yo no les puedo contar”.
En cambio, la posición de la provincia de Buenos en boca de su ministro de Seguridad, Sergio Berni, es la persecución mediática y el fustigamiento a la familia de la víctima. La posición que intenta Berni es imposible, cuando sostiene que no va a cuestionar el dolor de la madre pero ataca a los abogados, simplemente porque los abogados representan la voluntad de la madre.
En otras palabras, desde el punto de vista institucional, es insostenible que un gobierno democrático mantenga en su cargo a un Ministro que niega las prácticas violentas de su fuerza policial (La Bonaerense) y que fustiga a la querella que denuncia desaparición forzada. Sobre todo cuando va en franca contradicción a las declaraciones del propio gobernador, Axel Kicillof, quien sostuvo que no habrá encubrimiento.
Se ha dedicado a esta campaña mediática tiempo completo haciendo declaraciones que, como sostuvo la perito de parte Virginia Creimer, que no hacen más que “complicar la investigación, confundir a la audiencia y lastimar a esta madre y a todas las madres que pelean”. Es decir, opera interfiriendo con la labor judicial sembrando versiones que nada tienen que ver con lo probado por la actuación judicial en una causa bajo secreto de sumario. Está interfiriendo y esto es grave.
Por esos solos hechos, no puede permanecer adentro de un gobierno democrático. No se puede bancar su campaña y esa campaña no es compatible con la caracterización de un gobierno que se autodenomine popular. Las declaraciones que hizo ya las hizo. Las acciones que realizó ya las realizó.
Berni “no es humano”, dijo Cristina Castro, en el marco de la conferencia de prensa que tuvo lugar ayer bajo el amparo de la sede argentina de Amnistía Internacional.
La institucionalidad democrática debería actuar a través de sus anticuerpos. Se espera que la reunión entre Cristina Castro y sus abogados y el presidente sea una señal en ese sentido. Pero sobre todo la memoria popular -y especialmente el pueblo peronista, que conoce de poner el cuerpo- debería actuar a tiempo como anticuerpos sobre un agente nocivo para el rumbo que el gobernador Axel Kicillof señala que quiere tomar.
Berni va en un sentido. Las declaraciones de Alberto Fernández y las del gobernador en otro. Un funcionario de gobierno en un tema de estas características no puede permanecer en el mismo sosteniendo la posición de quienes persiguen a la víctima y su familia. Más claro: no se puede que el gobernador diga “no vamos a encubrir” y que su ministro de seguridad se aboque (en medio de una compleja situación pandémica) a una campaña full time por medios masivos de comunicación a estigmatizar a la familia de la víctima. No se puede.
(Por Astor Vitali) El presidente Alberto Fernández anunció el miércoles pasado que Argentina será parte de la cadena de producción de una de las vacunas que está en fase 3. Un mensaje que tendió a modificar la subjetividad de que la salida está en un horizonte inalcanzable. Un mensaje que reivindica que, si bien dictadura y menemismo mediante la ciencia y la industria argentinas recibieron golpes sólidos, el país conserva cierta envergadura que le permite confiabilidad tanto para los organismos de salud multilaterales como para la industria farmacéutica privada. Sin embargo, sectores liberales se sintieron en la necesidad de atacar el discurso en la idea de: “¡no!, pero es el sector privado, no es el estado, el estado no hace nada”. Mensaje que sería conveniente para esa ideología si no fuera porque es falso.
¿Cuál es el argumento? Que en realidad se trata de inversiones privadas, más allá de que lo anuncie el gobierno. Que todo bien con que Argentina lo anuncie pero que para desarrollar industria hacen falta inversiones.
En primer término, Argentina lo podría producir porque tiene la capacidad industrial para hacerlo. Aun si fuera cierto que sólo es el sector privado pues entonces hay que tener en cuenta que para el sector privado este país no resulta tan inviable como sostienen los chamanes del privatismo absoluto.
Por otra parte, tiene la capacidad científica de hacerlo. Esos sectores que aplaudieron al gobierno que los mandó “a lavar los platos” a quienes se dedican a la ciencia no tienen la capacidad de reconocer que sin el estado a través de la universidad pública no habría los científicos y las científicas capaces de desarrollar las investigaciones pertinentes. ¿El estado no pone nada? El conocimiento no parece poca cosa. La capacidad científica no parece poca cosa.
La vacuna fue desarrollada por la Universidad de Oxford. Esta universidad es privada. Correcto. Pero lo que no se dice es que la vacuna fue desarrollada por la Universidad de Oxford con inversión estatal británica. Con inversión pública. Según el embajador británico, Mark Kent, “este proyecto entre la Universidad de Oxford y la empresa británica AstraZeneca ha recibido 84 millones de libras del gobierno británico para ayudar a acelerar el desarrollo de la vacuna” contra Covid-19.
El laboratorio argentino mAbxience, del grupo Insud, fabricaría la sustancia y el laboratorio mexicano Liomont completaría el proceso de acabado y empaquetado. Es decir, resultaron necesarias las capacidades de estos países para llevar adelante el proyecto. No es como se dice, que Argentina es un convidado de piedra: es parte del proceso productivo.
No se trata, para quien suscribe, de embanderarse en un discurso nacionalista que salta en dos patas por un anuncio al que aún le falta su desarrollo, que se confirme la efectividad de la vacuna y los plazos de concreción. Se trata de exponer nuevamente al mensaje del liberalismo violento que no soporta la realidad de que el estado es un actor fundamental, mal que les pese.
Huelga señalar la obviedad de que la industria farmacéutica está concentrada y que sería preferible que la misma estuviera enmarcada en un enfoque de salud como derecho y por tanto en el ámbito de lo público, sin que los fines de lucro generen competencias y acuerdos sobre patentes más orientadas a garantizar la renta capitalista que la salud. Huelga señalar que el capitalismo es una cagada que no garantiza lo básico para la supervivencia humana. Por si quedan dudas acerca de desde donde uno habla. De lo que se trata es de analizar un anuncio en un contexto concreto, en este caso, frente a un discurso que busca desdibujar el rol estatal.
Tal como sostuvo Nora Bar en un artículo publicado en La Nación, “ocasiones como ésta, en la que se logra acordar una transferencia de tecnología para que el país produzca una de las vacunas contra el coronavirus, es la respuesta para aquellos que se preguntan de qué le sirve al Estado invertir en formar científicos. Fabricar vacunas es una capacidad de la que, en la región, solo disponen la Argentina y Brasil, y que exige no solo contar con infraestructura, sino también con personal capacitado para cumplir con las normas de altísima exigencia que regulan esa actividad. (Chile, que la tenía hace 20 años, la perdió y debe comprar todas sus inmunizaciones en el extranjero). Esto permite ahorrar sumas ingentes en comisiones, fletes, impuestos, tasas. Y lo más importante: se cuenta con independencia para acceder a un suministro vital en este momento sin depender de las decisiones de productores externos”.
Habría que revisar la idea de inversión. Decir que para algo funcione “hacen falta inversiones” es decir algo evidente. Lo que no es cierto es que el término inversión sea sinónimo de sector privado. Es decir, hacen falta inversiones pero esas inversiones pueden ser (y en el caso de la ciencia lo son en buena medida) emanadas del sector público.
Como quedó dicho, el modelo liberal chileno que tanto levantaron como ejemplo, es incapaz de producir nada. Argentina, tan retrasada y prehistórica para quienes hablan de modernización, no sólo es capaz de llevar adelante el proyecto sino que goza del reconocimiento de su tan mentado mercado.
El sector privado se conoce más por su carácter rapiñero y por su actividad de sistemático desguace de la capacidad industrial que por la inversión a largo plazo.
Sin duda, hace falta invertir. Hace falta invertir la lógica del liberalismo violento en cuyo prontuario no pueden reconocerse aportes comunitarios sostenidos.
La madre de Facundo Castro llegó a Olivos para encontrarse con el presidente Alberto Fernández. “Voy a pedirle respuestas. Traje algunas cosas para decirle. Me gusta mirar a la gente a la cara para ver si me está mintiendo o no”, dijo anoche a FM De la Calle.
En el hotel que se aloja junto a sus abogados, Cristina Castro afirmó que le “desaparecieron un hijo en democracia y esto no tendría que pasar. Sé que mucha gente está conmigo, me escriben. Me dicen ‘mi hijo entró en una comisaría y murió ahorcado, no creo que se haya suicidado’. Yo no sabía de la maldad de la Policía hasta que me pasó esto con Facu”.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO
“Para la Policía si vos tenés entre 24 y 17 años sos un peligro, te tienen que exterminar. Facu militaba en Jóvenes por la Memoria y ha dejado huellas, semillas, esa es la gente que salió primero y nos acusaron de hacer política”.
Respecto a la expectativa ante la autopsia que se realizará mañana, dijo: “Vinimos a buscar la verdad. Esperamos que el cuerpo hable y podamos meter tras las rejas a todos esos delincuentes que por portar un uniforme se han creído que son dioses, dueños de la vida de los demás”.
Cristina relató la discriminación que sufrían Facu y sus amigues en pedro Luro: “Eran los negros de la vía, les llamaban chorros, drogones, los ha tratado mal la gente del pueblo hasta la policía, siempre estigmatizándolos. Fueron años difíciles para nosotros, sacar chicos de la comisaría, no tener dónde denunciar porque en Villarino está la Policía Bonaerense nada más y se creen dios”.
“Estaban muy tristes cuando se disolvió la batucada. La actual gobernación les quitó el lugar, los desalojó. Pintaron los murales que con tanto cariño habían hecho, de un lado estaba el homenaje a las Madres de Plaza de Mayo y en el otro un mural gigante de Santiago Maldonado”.
Facundo desapareció horas después de haber sido infraccionado por violar la cuarentena. “A principios de abril habían parado a un surfer y lo escoltaron hasta la casa, no le tocaron un pelo, pero a Facu lo desaparecieron y lo mataron. Sé que fueron ellos, no tengo la menor duda”.
Cristina aseguró que Facundo pudo haber reclamado por sus derechos y por ello haber sido atacado por la policía. “Cuando veo los mensajes entiendo por qué. Sosa, tan miserable diciendo ‘vieron como salí fachero en la foto’, riéndose, decir que estaban haciendo su trabajo y cumpliendo órdenes del jefe, quién se va a enterar que fuimos nosotros”.
“Las declaraciones de Siomara Flores diciendo ‘qué puede llegar a hacer una negrita que limpia baños’. Un policía en la estación de servicio donde trabajo, yo estaba en una bomba y él en otra, dijo ‘estamos gastando recursos en un pendejo de mierda’. Con Luciano (Peretto) sufrimos las amenazas de un subcomisario que dice cosas desastrosas, una persona sacada, fuera de sí”.
Castro explicó que “en Villarino pasa todo eso” y que no se sabe porque “la Policía Bonaerense trabaja con la política, intendente, delegados municipales. Ellos pensaron que me iban a hacer tener miedo, un comisario diciéndome ‘fijesé señora lo que está diciendo, le está pegando feo a la policía’. Fue al primero que le hice frente. Yo voy a levantar la voz las veces que tenga que levantarla, a mí no me van a venir a mentir ni van a cubrirse entre ustedes. Eso fue lo último que soporte de ellos, salí grité, hablé, hice todo lo que tenía que hacer”.
“Por mi hijo si es necesario voy a dar vuelta la Argentina, la voy a poner patas para arriba, no voy a dejar que Facu sea un desaparecido más. Y más en nuestros pueblos donde la gente es muy tranquila, somos gente de paz, recontra solidarios, no se lo vamos a permitir”, sostuvo.
Castro contó que se le cayó el mundo cuando le mostraron la foto de su hijo frente al patrullero junto a Gabriel Sosa. Fue “en la Comisaría de Pedro Luro cuando hice la denuncia, estábamos buscando una averiguación de paradero. Cuando pido la foto me dicen que había desaparecido. Cuando esto pasa al fuero federal un periodista de Bahía Blanca tenía la foto en color, había accedido absolutamente a todo y el descarado la subió”.
Al ampliar la imagen, Cristina descubrió que Facu “estaba sin la zapatilla izquierda, solo tenía la derecha, está todo revolcado, esposado, estoy segura que tan bien no lo trataron como dice Sosa que se burla hoy en día. Y Jana Curuhinca que es la madre víctima de todas las madres. No les termino de entender tanta maldad, cómo pueden ser tan crudos, tan hijos de puta, esa es la palabra”.
La denuncia
La mañana del 30 de abril, luego de parar a Facundo en la entrada de Buratovich, la Policía la llamó. “Necesitaban certificar el domicilio. Les dije que estaba trabajando, que me acercaba a la Comisaría de Pedro Luro a la noche o si se podían acercar a mi casa. Una chica me dijo que estaba bien”.
“En ese momento empiezo a llamar a Facu y nunca me contestó. 13:33 recibo su llamado y me dice ‘mami no tenés idea de dónde estoy’. Yo estaba tan enojada, dolida, porque se estaba yendo, volviendo a Bahía Blanca, estaba furiosa, no me podía conectar con mi hijo de la impotencia. El Flaco me estaba desobedeciendo, se estaba yendo, estaba juntando multas, yo no capté la señal”.
“Cuando el día 15 me dice Virginia (madre del mejor amigo de su hijo), ‘Facu no responde los llamados’. Yo traté de llamar y me cortaba. Le digo ‘vamos a esperar porque Facu se fue enojado conmigo y yo me quedé enojada con él’. Daniel va a querer hacer la denuncia me dijo. Fue dos veces y no se la quisieron tomar, se rieron en su cara, le tomaron los datos en un papel de rotisería que después tiraron a la basura. En ese momento se empieza a buscar a Facu por redes, con amigos, por teléfono. Cuando yo me presento, una chica que es oficial me trató malísimamente y me dijo ’22 años tiene tu pendejo, vas a tener que esperar a que venga la otra que entra de guardia’. Esperé, la otra chica me pidió disculpas, me dijo que teníamos que esperar para que ellos hicieran algunas averiguaciones porque Facu tenía 22 años y se había ido por sus propios medios”.
Recién le aceptaron la denuncia el 5 de junio. “En Pedro Luro el comisario Grilloni lo primero que me dijo es que no necesitaba un abogado. Luciano me empezó a acompañar cuando salió lo de La Adela, lo buscamos en Santiago del Estero, en Plottier, en La Pampa. Este comisario me decía hemos pedido colaboración en todas las comisarías de la Argentina. Llamé a La Adela y me dijeron ‘no señora acá no hay ni una foto de su hijo ni pedido de colaboración. Ya me estaban mintiendo”.
“El 19 cuando hicimos el rastrillaje con Luciano me di cuenta de lo que estaba pasando. Apareció Siomara Flores, apareció (Alberto) González. Cuando me paré en Buratovich sentí que se me venía la humanidad abajo, Facu me decía ‘buscame acá porque acá me hicieron algo’. Los últimos en verlo con vida a mi hijo fueron ellos. Ellos tenían que dar respuesta”.
Se tomó “dos días para llorar” y vinieron a Bahía Blanca para hacer la denuncia ante la justicia federal. “El señor Ulpiano Martínez lo primero que quería era llamar a Aldo Caminada, el jefe de la Bonaerense. Fue el único día que le vi la cara. Dijo que si no queríamos que sea de esa forma teníamos que ser querellantes. Nos acompañó la gente de la CPM, ellos estaban al tanto de lo que les venía contando, todos me decían no puede ser, salen testigos de la nada, todos oficiales de la policía. González declaró el mismo día a la mañana. Era una tomada de pelo y una basureada en nuestra cara”.
“Cuando empezamos a hacer la denuncia como querellantes, yo llamaba a todos los medios, nadie me atendió nunca. Empezamos a hacer ruido con la gente de derechos humanos, las radios siempre tan compañeras. Cuando explotó esto porque yo había gritado mucho que se apartara a la Bonaerense, el mismo día que venía Berni, me llama Virginia y me dice ‘Cris el intendente mandó uno de sus delegados municipales a pedir tu número’. Antes de eso no había movido un dedo, ni siquiera se había acercado nadie a mi casa. Cuando Berni vino estaban todos los medios. Nunca llegó donde yo estaba, me llamó desde Bahía Blanca y me dijo ‘no se preocupe señora, yo a su hijo se lo voy a devolver bien y vivo’. Berni me dijo que se iba a quedar, estaba con la gente involucrada, dijo que necesitaba hablar cara a cara conmigo, nunca pasó eso. Cuando se despidió me dijo ‘lo siento mucho señora'”.
Para quienes se preguntan por qué la denuncia se realizó más de un mes después de la desaparición, Cristina explicó que fue “el tiempo que esperé, después lo salimos a buscar. Era el tiempo que Facu estaba incomunicado conmigo. Facu estaba muy enamorado, a mí no me gustaba que esta chica lo coartara, lo separara de sus amigos, les sacara a sus amigas, Facu era un pibe libre. Traté de llevarme bien con ella siempre. Facu es mi talón de Aquiles y cuando estuvo con ella era como que no estaba, eran él y ella. Cuando trataba de intervenir me decía ‘Bruja no te métas, es mi vida, ya soy grande. Yo lo respetaba. Cuando decía esto Facu me silenciaba y se volvía para Bahía y estaba a veces quince días sin hablar. Después me llamaba y me decía ‘perdón Bruja, la cagué’. Yo esperé los 15 días y empezamos a buscarlo”.
“Daiana ya había avisado que no llegó a Bahía, tienen que hacer la denuncia decía. Estábamos en el mes de mayo. Me toman la denuncia el 5 de junio recién, estaba furiosa. Ellos me decían, seguro está en Bahía, la mina lo debe tener escondido, debe estar enojado con vos, vos no necesitas abogado, seguro la familia de piba. Me estaban metiendo ideas. Me boludearon muchísimo tiempo. La denuncia no se hizo tarde, la hicimos cuando la teníamos que hacer, si hubiera tenido la cabeza podrida como ellos nos hubiéramos dado cuenta y la hubiésemos hecho antes”.
Tirado en la ruta
Respecto al testimonio del policía Alberto González, de Teniente Origone, Castro afirmó que “dijo que lo llamaron y le dijeron que había un chico caminando sobre el alambrado. Hay testigos que dicen que no fue así, que estaba tirado en la ruta, que estaba golpeado”.
“Este señor dijo que le requisó la mochila a mi hijo, que mi hijo presentó el carnet de conducir como documento y apareció en el teléfono -del que habían borrado todo- la foto del documento de Facundo. Me mintió, mi hijo no puede haber desecho su documento en un par de horas. Se sabía de memoria la dirección de Daiana (la ex novia), la tenía anotada en una libreta, dijo que Facu se alejó caminando, delante de todos, cuando leemos la declaración dijo que se había ido en una Duster Oroch color plata, después la cambia por una Honda”.
Por todos los pibes “suicidados”
Castro pidió la renuncia del ministro de Seguridad, Sergio Berni, porque su policía “es la que está suicidando pibes”.
Al presidente “voy a pedirle respuestas. Traje algunas cosas para decirle. Me gusta mirar a la gente a la cara para ver si me está mintiendo o no. Hablé varias veces con él, tiene una calidez distinta, el día que salía de levantar los restos me llamó y me dijo que rogaba a dios que no fuera y que Facu apareciera con vida. Me pareció sincero. Ahí comparaba, mientras el presidente me llama y se solidarizaba conmigo, asimismo el gobernador Kicillof, nuestro intendente estaba amenazando a Leandro Aparicio”.
“Volví tres de la mañana, a las ocho ya estábamos de vuelta. Prendo la televisión y lo primero que escucho es que era mi hijo y que estaba la mochila enterrada. Hasta el día de hoy ni Berni ni (el periodista Germán) Sasso me dieron explicaciones, yo buscaba la mochila, si estaba era mi hijo. No estaba la mochila ni la documentación ni la ropa, esta gente estaba mintiendo”.
“A toda la gente que le cree a Berni le digo que no se olviden que no es sólo Facundo, pido la renuncia de Berni por todos los chicos que aparecen ahorcados en las comisarías, que no les quieren dar una autopsia a sus padres, por las personas que paró la policía y aparecieron muertas. Hoy me tocó a mí. Mientras yo recorría basurales buscando a mi hijo él estaba sentado en un estudio de televisión. Le pido que encuentre a cada una de las personas desaparecidas y de respuesta a cada uno de los padres suicidados por la policía”, finalizó.
Amnistía Internacional Argentina acompaña a Cristina Castro y sus abogados en su estadía en la Capital Federal. Hasta allí llegaron para reunierse con el presidente de la Nación y participar de la autopsia de los restos hallados en Villarino Viejo.
Semanas atrás el organismo de derechos humanos inició una “acción urgente” en el marco de la búsqueda de Facundo Castro, desaparecido el 30 de abril pasado.
“Consiste en una acción de firmas que realizamos en todo el movimiento internacional que alcanza más de 7 millones de personas. Esto llega a Berni y, en este caso, al fiscal. Es la idea de que el mundo mira a Argentina en un caso de desaparición a ver cómo lo resuelve”, dijo a FM De la Calle la directora ejecutiva de Amnistía, Mariela Belski.
La activista informó que “el caso de Facundo entró en un informe nuestro que relevó distintos casos de abuso policial en todo el país durante la cuarentena, es uno de los casos más relevantes. Ese informe fue enviado a los gobernadores, a Berni y a la ministra de Seguridad”.
“Al día que lo lanzamos nos pidieron reunión la ministra de Seguridad y el secretario de Derechos Humanos. Del ministro de Seguridad de la provincia hemos recibido un ‘recibido’, hemos pedido reunión y no nos la ha dado”.
Por otro lado, comentó que “pedimos protección para la ex novia y su hermano y tomaron nota. Desconozco cómo sigue esa acción. Es muy buen signo que el presidente reciba a Cristina y a sus abogados hoy”.
“A pedido de ellos organizamos una una conferencia, estamos apoyando a la familia en todo lo que podamos y a disposición. Dentro de las cosas que abordamos, no querellamos, pero sí acompañamos. Es importante que una organización internacional apoye y que sepa que estamos con ella. También acompañando a la perito de parte para estar presentes en la autopsia mañana”.
Belski resaltó que “lo más importante es cómo se va a llevar adelante la autopsia. Que el cuerpo ya esté en la ex ESMA con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que haya una perito de parte como Virginia (Creimer) da tranquilidad. Va a llevar tiempo porque el cuerpo está descompuesto, tenemos al mejor equipo para hacer ese trabajo, ojalá de una vez por todas podamos saber qué pasó y tener una respuesta contundente”.
“El Poder Judicial es lamentable. Nunca terminamos de confiar en jueces y fiscales, las víctimas tienen muchísima desconfianza y con razón. Hay muy poca empatía con las víctimas así que es cuestión de esperar a la autopsia”.
En relación al caso de Santiago Maldonado comentó que “estuvimos muy cerca y vimos el dolor de una familia en una autopsia en la que ellos no confían. La diferencia es que el cuerpo de Santiago no estuvo con el EAAF, estuvo en el Poder Judicial. En este caso si bien el cuerpo de peritos del Poder Judicial va a estar en la autopsia, la perito de parte es buena y tiene mucha experiencia”.
Por último, en referencia al informe sobre violencia institucional, la directora de Amnistía detalló que “tenemos un serio problema estructural histórico, la pandemia lo exacerba, les da un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad para hacer lo que quieran”.
“Esto va más allá del gobierno de turno, requiere una solución que penetre y sea horizontal a todas las fuerzas y funcione independientemente de las cabezas. Nos parece que hace falta una ley de violencia institucional, un compromiso interpartidario para generar una política que se comprometa con combatir la violencia institucional”.
(Por Astor Vitali) En general, desde que el término “la grieta” comenzó a utilizarse para leer la realidad a través de un prisma binario inadecuado (macrismo-kirchnerismo), el problema del acceso a la información ha quedado en un segundo plano. La Ley de Servicios de Comunicación Audivisual, que tuvo origen en un debate democrático profundo, fue virtualmente fulminada por el macrismo y se ha construido la idea de que se trata del oficialismo contra Clarín y La Nación y viceversa. Si bien esa pelea existe, la lectura binaria pone en un plano secundario el principal debate: la propiedad de los medios.
Los medios comunitarios, alternativos y populares tenemos una clara pertenencia a sectores sociales vinculados a la lucha popular y nos organizamos de forma asociativa. No hay nada que esconder. Está todo a la vista: financiación, origen de militancia, participación en organizaciones sociales, gremiales o políticas. Sabés quiénes somos. De esta forma, lo único que influye en términos de censura o autocensura en nuestros medios es la presión que las propias bases de esas organizaciones puedan ejercer sobre el medio del cual participan. En decir, se da una puja política democrática abierta acerca de los contenidos y de las formas que se emiten en nuestros medios. Esa puja tiene lugar entre las organizaciones de la comunidad.
En cambio, los medios con fines de lucro tienen la práctica de difuminar la pertenencia de sus integrantes (a espacios políticos o económicos) y de sus comunicadores y se organizan de forma lucrativa. Son muchos los acuerdos económicos y políticos que deben ocultar (dado que si no se les caería la careta de independientes). Pero además, el carácter privado, con fines de lucro, conlleva dos peligros para la comunidad en la que esos medios se desenvuelven (pensar en los medios de la ciudad): por un lado, el principal objetivo es generar ganancia y, por ende, los contenidos se ven moldeados por ese interés. En otras palabras, serán aliados estratégicos de los factores más poderosos de la sociedad que son quienes tienen la capacidad económica de ofrecer grandes sumas en pautas publicitarias. Juegan para los que más tienen. Por otra parte, y esto es igual o aún más riesgoso, los dueños de medios de comunicación, en el esquema actual, no llegan a serlo por una denodada pasión por los productos y servicios comunicacionales: compran medios para generar influencia política, económica y judicial y, a su vez, para proteger sus intereses, o sea, ocultar la información que pueda perjudicar el desarrollo de sus negocios y de sus proyectos de espaldas a la comunidad.
¿Cómo operan? Si hay que levantar un proyecto: títulos de aquí y de allá, dándole para adelante. “Fuentes confiables” salen a respaldar –en general, son las interesadas en que determinada cosa ocurra. Si hay que darle de baja: carpetas y denostaciones a quien haya que castigar tanto del sector público como privado.
En medio de esa marañona, hay trabajadores y trabajadoras de la comunicación que llevan adelante sus tareas de manera responsable y profesional. Pero eso no alcanza, porque la decisión editorial la tienen los dueños y, casi siempre, la oficina del principal editorialista o de los gerentes de noticias están pegadas a la oficina de la gerencia comercial.
Esto en sí mismo hace imposible el desarrollo de la democracia porque no se trata de medios de comunicación que buscan vender publicidad (lo que cual ya implicaría el primer riesgo que señalamos) sino actores de la alta alcurnia de turno que manejan información vital para que la ciudadanía pueda tomar sus decisiones cívicas (electorales y no electorales).
En este escenario, la discusión de la propiedad de los medios, del rol de los medios comunitarios (que por comunitarios no tenemos por qué ser marginales) y de los medios públicos no es sólo una discusión sectorial, es decir, que incumba al periodismo o al mundillo de las comunicaciones. Es un problema central para comprender que no hay democracia posible sin acceso a la información y que estamos leyendo, discutiendo y compartiendo ni más ni menos que la zanahoria informativa que los tipos que tienen más poder, más guita y más vínculos quieren que sigamos como conejos. ¿Dónde está la agenda que importa a cada sector social, a cada barrio, a cada niñe? ¿Quién define lo que es público?
Si bien la discusión no es nueva, lo que existe en la actualidad es un acrecentamiento de este esquema y una encerrona económica a quienes no besen el anillo de los Corleones subdesarrollados.
Uno de los problemas que enfrentamos, es que los partidos mayoritarios hasta ahora han pensado que hay que convivir con este esquema porque si no “te matan” políticamente. Sin embargo, no tomar este problema de raíz no hace más que acrecentarlo.
La cobertura del caso Facundo refleja con creces lo antedicho. Podría ser cualquier tema que afecte intereses poderosos. La política local no debería aceptar que haya que esperar 20 años para saber lo que ocurre en la actualidad. Hacer política a través de la política y no a través de los medios de comunicación que no sirven más que a sus propios intereses, podría ser el camino de ida hacia una calidad institucional al menos soportable. La Nueva Brújula señala caminos viejos. Callejones sin salida para el bienestar comunitario. ¿No es la política el ámbito para cambiar las cosas?
La jueza Gabriela Marrón rechazó por “improcedente” la segunda recusación que las querellas plantearon contra el fiscal de la causa por la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo.
La medida replica la firmada el 29 de julio cuando Cristina Castro pidió por primera vez el apartamiento de Santiago Ulpiano Martínez “por temor de parcialidad”. “Dicha decisión no fue impugnada por la vía de la apelación por ninguna de las dos querellas, lo que implica su consentimiento tácito. Consiguientemente, adquirió firmeza”, sostuvo.
Para la magistrada “los objetivos de eficiencia y eficacia para las investigaciones de delitos complejos se encuentran cumplidos -al menos, hasta ahora-“.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO
La madre de Facundo se quejó, entre otros hechos, por la demora en la habilitación de los rastrillajes del 5 de agosto en cercanías de Buratovich, por “la ausencia de diálogo y trabajo mancomunado” con la Fiscalía y la falta de aviso de algunas medidas como el pedido de detención de les policías Curruhinca y Sosa cuya argumentación sus abogados calificaron como “deplorable”.
Para la Comisión Provincial por la Memoria “en la investigación no se constata la aplicación de una técnica que desarrolle a la investigación penal, como una investigación científica. Deviene imprescindible que el enfoque coloque el foco en la fuerza de seguridad, dado que es la hipótesis dominante, con entidad suficiente para atenderla con urgencia, sin dilaciones y de manera colaborativa con ambas querellas”.
Ulpiano Martínez afirmó que Cristina Castro “persigue una sola hipótesis y todo lo que la empaña forma parte de una conspiración, mal desempeño y hasta un ilícito penal”. “Existe un despliegue mediático y procesal rayano en la obstrucción de justicia, entendida ésta como aquellos actos que perjudican o entorpecen el avance de la presente investigación”, agregó.
Martínez destacó en su defensa que la Fiscalía “persigue varias hipótesis, las cuales tiene la obligación de confirmar o descartar”.
Marrón opinó que la Fiscalía “instó medidas de pruebas –entre las que se halla la gran mayoría de las que propusieron las representaciones de la víctima-, a fin de comprobar o descartar las diversas hipótesis investigativas que ostensiblemente surgen del sumario –no solo una de ellas-, lo que hace al objetivo de averiguar la verdad; no hubo demoras en las diligencias que se practicaron; y permanentemente, se hace intervenir a organismos especializados”.
Cuestionó que las querellas hayan recurrido por segunda vez a la vía de la recusación contra el fiscal cuando niguna de ellas apeló el primer rechazo.
Por otra parte, volvió a rechazar también el pedido de multa y notificación al Colegio de Abogados contra Leandro Aparicio. Martínez manifestó sentirse agraviado por varios términos utilizados en la recusación.
“El contexto de la incidencia que promovió la querella particular, frente al disgusto que la actuación del fiscal le ha causado, conlleva de por sí a la utilización de ciertas expresiones disvaliosas de su trabajo que no constituyen injurias o agravios personales”, dijo Marrón.
La identidad y la causa de la muerte de la persona cuyos restos óseos fueron encontrados el sábado en Villarino Viejo “no podrá saberse de inmediato, toda vez que depende de estudios complementarios” a la autopsia que se realizará el próximo martes.
La misma comenzará a las 9 -pudiendo extenderse al día siguiente- en el Laboratorio de Antropología Forense del EAAF. “La mamá de Facundo, Cristina Adriana Castro Alaniz, corresponde hacer saber que no podrá presenciar la autopsia, siendo su representante la perito de parte, Dra. Emma Virgina Creimer”.
“Sin perjuicio de lo cual, el Laboratorio del EAAF cuenta con una sala -con las comodidades necesarias- donde Cristina podrá permanecer el tiempo que desee mientras se lleva adelante la pericia ordenada, tanto el día martes, como miércoles, o el tiempo que ella demore”, resolvió la jueza Gabriela Marrón.
Agregó que la querellante “será informada en lenguaje claro, en esa oportunidad o cuando así lo desee, por miembros del EAAF, del procedimiento que se llevará a cabo, de los estudios complementarios que se ordenen y de los tiempos estimados para conocer los resultados”.
El estudio genético, por su parte, se realizará en el Laboratorio de Genética Forense del EAAF en Córdoba. La pericia estará a cargo del EAAF y contará con la participación de profesionales especializados de: el EAAF, del Cuerpo Médico Forense, CONICET, Universidad de Quilmes, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la perito de parte, propuesta por la querella. También participará personal auxiliar, fotográfico y operador de video.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE FACUNDO CASTRO ASTUDILLO
La jueza, quien presenciará la medida junto a su secretaria Paula Riganti, prohibió “el uso de celular o cualquier otro medio audiovisual dentro del Laboratorio, que no fuera el previsto para la realización de la pericia”.
Se utilizará un equipo de filmación fijo y móvil, y toma de fotografías, los
que serán operados por personal auxiliar, que documentarán el desarrollo íntegro del procedimiento. Las copias de ese video y fotografías les serán entregadas a cada uno de los peritos intervinientes, junto con el dictamen final al que se arribe.
Todos los nombres de la pericia
Del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) participarán el Dr. Luis Fondebrider, antropólogo forense y director ejecutivo del organismo; la Lic. Analía Simonetto, antropóloga forense, coordinadora del Laboratorio de Antropología Forense; la Dra. Mercedes Salado Puerto, antropóloga forense, coordinadora de Identificación; el Dr. Luis Bosio, médico forense y la Lic. Gala Maruscak, antropóloga forense y asistente/fotógrafa pericial.
En cuanto al Cuerpo Médico Forense (CMF), intervendrán el Dr. Roberto Cohen, médico forense; el Dr. Alejandro Rullan Corna, médico forense; la Dra. Marta Maldonado, odontóloga forense; el Dr. Jorge Pereyra, radiólogo forense, y un técnico en radiología; y la Lic. Mariana Selva, antropóloga forense.
Por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) participará la Dra. Nora Maidana, análisis de Diatomeas.
De la Universidad del Centro, Pcia. de Buenos Aires (UNICEN), participarán especialistas en Tafonomía: Dra. María Amelia Gutiérrez, Ciencias Naturales; Dra. María Clara Álvarez, arqueóloga; Dr. Cristian Ariel Kaufmann, Ciencias Naturales; y como personal auxiliar fotógrafos y operadores de video.
Asimismo, Emma Virginia Créimer, especialista consultora en Medicina Legal, fue designada como perito de parte y aceptó el cargo bajo juramento.
